CONCEPCIÓN DE LA DEMOCRACIA

Desde su origen en la antigua Grecia, la democracia fue considerada como una forma de gobierno donde las decisiones eran tomadas por la mayoría, es decir, el poder era ejercido por el pueblo.

Para Aristóteles y Platón la democracia fue una forma de gobierno negativa, y la razón de esto, fue que la consideraban como un poder ejercido sólo para ventaja de los pobres, y aunque eran la mayoría, no eran la totalidad. No obstante, se practicó, ya que la idea era ir sobre el principio de distribuir –como forma opuesta a las monarquías– el poder y no sólo concentrarlo en una sola persona. La igualdad de poder significaba en aquellos tiempos dignidad política. Sin embargo, en las ciudades Estado de la Grecia clásica, la república romana y algunas comunas italianas, en donde se practicaron los principios de democracia ideal, [2] la participación popular en los asuntos públicos no era contundente del todo, puesto que el número de ciudadanos estaba reducido por la exclusión de las mujeres, esclavos y en general de las personas que no tuvieran propiedades.

Actualmente, analizar en sí lo qué es la democracia y todo lo que ésta conlleva, sería ahondar en un tema que, no en vano, ha sido materia de estudio de reconocidos autores que han navegado en esta sencilla, pero a la vez compleja palabra denominada democracia; que proviene de la palabra griega demokratia, demos “pueblo” y kratos “autoridad”, y partimos del supuesto de que significa el gobierno de las mayorías en una unidad política.

La mayoría de los pensadores políticos, desde la antigua Grecia, como Aristóteles y Platón, hasta los más recientes como Hans Kelsen, Norberto Bobbio, Giovanni Sartori, entre otros, han sido muy críticos con la teoría y la práctica de la democracia; mientras el discurso sobre la democracia de los antiguos es simple, el discurso de los modernos es complejo, pues es una forma de gobierno difícil de crear y sostener; como lo establece Sartori:

Definir la democracia es importante porque establece qué cosa esperamos de la democracia. Si vamos a definir la democracia de manera irreal, no encontraremos nunca realidades democráticas. Y cuando de vez en cuando declaramos –esto es democracia– o –esto no lo es–, queda en claro que el juicio depende de la definición o de nuestra idea sobre qué es la democracia, qué puede ser o qué debe ser (2000, p. 3).

De igual manera, Sartori señala que:

El término democracia aparece por primera vez en Herodoto y significa, traduciendo literalmente del griego, poder (kratos) del pueblo (demos). Pero desde el siglo III a. de JC hasta el siglo XIX la “democracia” ha sufrido un largo eclipse. La experiencia de las democracias antiguas fue relativamente breve y tuvo un recorrido degenerativo.[3]

Partiendo de la concepción de Sartori, para el caso de México, es curioso observar sobre cómo se practica el ideal de la democracia, tomando en cuenta que no es aplicado actualmente como en sus orígenes; basta decir que hoy la democracia se vale de instituciones y partidos políticos, situación que en la democracia antigua no existía. Hoy en día, la democracia sólo puede existir si los individuos se agrupan de conformidad con sus afinidades políticas, con el objeto de orientar la voluntad general hacia sus fines e intereses políticos, de manera que entre el individuo y el Estado se inserten las formaciones colectivas que, como partidos políticos[4] reasuman la igual voluntad de los individuos (Sartori, 2000).

Luego entonces, en un país como México, y a diferencia de cómo se aplicaba la democracia en sus orígenes, hoy, la mejor manera de lograr que la democracia fructifique, es la de acercar cada vez más a la representatividad de las corrientes políticas que operan en una sociedad, para que se reduzcan al mínimo las fricciones; esto es, que las diferentes partes acepten dirimir controversias a través de acuerdos, siendo de esta manera que la democracia no sólo se alimenta del consenso, sino también del disenso en un escenario de políticas públicas.

En este sentido y continuando con la premisa, es pues, “el método democrático un sistema institucional para llegar a las decisiones políticas, en el que los individuos adquieren el poder de decidir por medio de una competencia por el voto” (Schumpeter, 1983, p. 343).

Pero el panorama actual se muestra problemático. Actualmente se vive una época de confusión en cuanto a la concepción de la democracia, ya que a veces se entiende a ésta como la forma de gobierno ejercida por el pueblo o como sinónimo de doctrina que tiende al nivelamiento en todos los aspectos de la sociedad; a veces, como la resultante del voto, o bien, como el crecimiento de la evolución social hacia la igualdad que barre todos los privilegios, principalmente en el ámbito de las instituciones políticas. Sin embargo, la teoría democrática tiene sus raíces en la naturaleza del hombre y en su vida en sociedad; la democracia supone una forma de vida de comunidades humanas, donde se atiende fundamentalmente a la participación. Por ello, es necesario reforzar un régimen democrático que acreciente el interés público y en donde exista mayor participación ciudadana.

PRINCIPIOS Y VALORES DEMOCRÁTICOS

Los valores actúan como principios, y son a partir de éstos, los que regulan las conductas y sirven como guía para los individuos y el grupo social. Los valores forman parte del comportamiento selectivo, cuya característica principal, es la de generar acciones intencionadas encaminadas hacia un objetivo; ambos aspectos fundamentales en la acción político-cultural.

Toda sociedad organizada tiene como meta la realización de un valor supremo que dé sentido al cuerpo social; ese valor es lo que se denomina bien común; es la meta que se desea alcanzar y que puede traducirse como el anhelo de bienestar para toda la sociedad.

Para asumir las implicaciones del concepto democracia, es pues necesario delimitar tres valores fundamentales: libertad, igualdad y justicia.

La libertad se manifiesta en aquellas situaciones donde el hombre pueda tener la posibilidad de seleccionar entre distintas alternativas y optar por alguna de ellas para su realización individual. Para tal efecto, la concepción democrática supone entonces, la libertad de “poder hacer” dentro de un marco de responsabilidad, donde esté dado el espacio público que permita y garantice, tanto el libre ejercicio de las facultades de la persona como el de los procesos políticos y sociales. [5]

La igualdad –elemento clave de la democracia y establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos– hace referencia al principio jurídico por el cual se reconoce a todos los ciudadanos sin distinción de clase, raza o religión. En un sistema democrático se pretende que la igualdad responda a criterios de proporcionalidad, equidad, mérito y acceso a las mismas oportunidades. Signos de desigualdad, como la pobreza, generan desconfianza y violencia e impiden la libre participación en la vida política.

En este sentido, según el Índice de Desarrollo Democrático de México[6] se contrajo en 2017 debido a la violencia, la corrupción y la desigualdad, y alcanzó su punto más alto desde 2010, presentando de esta manera un retroceso ante la vigencia de estos flagelos. Este dato significa que la igualdad de oportunidades en las sociedades democráticas no se refiere a la distribución de las distintas posiciones en la sociedad, sino en hacerlas accesibles a todos los ciudadanos por igual, desde un mismo punto de partida, y desde el cual, se pueda alcanzar el objetivo en función de la propia competitividad.

Finalmente, tenemos la justicia, ésta, como valor, es un estado que se desea (meramente como deseo) alcanzar y está vinculada estrictamente al valor supraindividual del bien común. Incluye la justicia legal, social e internacional, como también la esfera individual de la justicia distributiva.

Aunado a todo lo anterior, los valores obran como una brújula que guía ideal democrático y son fuente de inspiración de las leyes fundamentales. Por su parte, los principios obran como supuestos fundamentales de ese ideal y son los que imprimen la dinámica propia del ejercicio democrático. Hay tres principios que no pueden dejar de estar presentes en un supuesto sistema democrático: la legitimidad, el consenso, la representación y la educación.

La legitimidad se manifiesta a través de tres características:

1. La comunidad política, que es la representada y a su vez la que ejerce el reconocimiento de la legitimidad.

2. El régimen que constituye la estructura organizativa del poder político y está formado por las instituciones que responden a los valores democráticos.

3. El régimen, que constituye la estructura organizativa del poder político y está formado por las instituciones que responden a los valores democráticos.

Un sistema democrático es legítimo, cuando la mayor parte de la población ha manifestado por intermedio de los mecanismos pertinentes, conformidad y aceptación con respecto a las personas y a las instituciones que la representan.

El consenso es la actitud de un conjunto de personas que se traduce en la aceptación o en el comportamiento convergente y articulado con respecto a un fenómeno específico. En los regímenes democráticos tiene particular significación, ya que reviste de legitimidad a sus instituciones en cuanto posibilita la aceptación común de las leyes, reglas y normas que aquellas promulgan; de acuerdo y sustento a un sistema de creencias compartido. De igual forma, el consenso permite la previsibilidad de la conducta de una sociedad, y es fuente de eliminación y prevención de conflictos. Su misión fundamental es la de mantener el orden público. Como en la sociedad no puede haber consenso universal, el consenso parcial preponderante, es lo que da legitimidad a las instituciones y lo que facilita el equilibrio propio de los regímenes democráticos.

El principio de representación es ejercido por los gobernantes en las funciones públicas jurídicamente autorizadas. Representan a los ciudadanos que los eligen, cuya voluntad se expresa a través del voto. Este principio va asociado a conceptos que lo fundamentan: soberanía popular, legitimación, control político, participación permanente y transmisión de las demandas políticas. Mientras que el voto, el multipartidismo y el constitucionalismo son los elementos más aptos para hacer realidad aquellos valores y principios que son esencia de la democracia.

Por último, la educación como instrumento fundamental para la democracia, como forma de gobierno y forma de vida, será una mera mención retórica si no va acompañada del único instrumento que la hace posible: la educación cívica y moral de todos y cada uno de los miembros de una sociedad. Educar es la acción de perfeccionar intencionalmente las aptitudes específicas humanas, tendiente a lograr el desarrollo de sus potencialidades y llegar a la plenitud para la que el hombre está dado. Por lo cual, educar en una sociedad que aspire a alcanzar formas democráticas de convivencia, surge como un imperativo para dar respuesta a esa necesidad.

La democracia no sobrevivirá a futuro si no se transmiten a las sucesivas generaciones los valores que le sustentan. Educar para la democracia, es el medio más apto para hacer realidad los valores fundamentales del hombre con vistas a la máxima realización social: alcanzar el valor supraindividual del bien común para una convivencia en justicia, orden y paz.

ESQUEMA DE LA DEMOCRACIA

Es aquí́ donde se mencionan las diferentes esferas que conforman el esquema de la democracia, siendo éstas: la representativa, la participativa, políticas democráticas o públicas, y finalmente, la estructura de la calidad de la democracia como elemento evaluativo.

ESFERA DE LA DEMOCRACIA REPRESENTATIVA

Esta esfera implica un “sistema de gobierno que comprende a funcionarios electos que asumen la representación de los intereses y opiniones de los ciudadanos en el marco de un Estado de derecho” (Held, 1992, p. 20).

La sociedad, a finales del siglo XV y principios del XVI, se ve representada por nuevas formas de organización política. El sistema estamentario y corporativo es sustituido por grupos políticos organizados en el parlamento, con reglas claras y con mecanismos de rotación de la clase política. Los partidos políticos[7] vienen a ser la característica principal de la democracia representativa, y se convierten en canales de comunicación entre la sociedad civil y la sociedad política o Estado; los cauces de intercambio son el parlamento, los partidos políticos y la opinión pública. En este tipo de democracia, el Estado se caracteriza por:

· La legitimidad de un régimen es resultado de la voluntad de la mayoría de los ciudadanos mediante la elección de funcionarios electos y sobre los cuales se deposita constitucionalmente el control sobre las decisiones gubernamentales.

· No impera la voluntad arbitraria de una persona, sino de las leyes, a partir de un sistema de pesos y contrapesos[8] del poder.

· Los funcionarios públicos son de tipo temporal en sus puestos y de carácter rotativo.

· Los individuos participan en los asuntos públicos por medio de sus representantes y con derecho a expresarse.

· La constitución de un pacto federal donde existan entidades libres y soberanas.

· La representación federal de los ciudadanos se deposita en la Cámara de Diputados, y la de los Estados en la Cámara de Senadores.

· “Los partidos políticos son los articuladores de los intereses sociales y median entre grupos de la sociedad y el Estado; participan en la lucha por el poder político y en la formación de la voluntad política del pueblo, principalmente a través de los procesos electorales” (Cárdenas, 1996, p.12).

Los teóricos de la democracia representativa consideran que la democracia no implica necesariamente una participación directa y constante de los ciudadanos, “los ciudadanos no necesitan hablar o actuar para desempeñar un papel mínimo, nunca insignificante, en el juego del poder, sólo con que los gobernantes teman que en cualquier momento pueden hacerlo (...) no necesitan ejercer un control deliberado, o incluso darse cuenta de que lo ejercen (Hirschman, 1997, pp. 22-23).

La democracia representativa se caracteriza porque las formas de participación política de los ciudadanos se dan principalmente mediante grupos de interés y partidos políticos.[9] Por medio de éstas, se agregan las preferencias y valores individuales y se convierten en demandas políticas que son representadas a organismos individuales. El argumento de la democracia representativa es que las diferencias entre las personas[10] son filtradas de manera democrática cuando se implementa el principio de un hombre, un voto; esto favorece a las masas y no a las élites; la democracia representativa es vista como un método mediante el cual se forman gobiernos y se legitiman políticas.

La democracia, además de esquemas necesarios de representación mediante elecciones periódicas, implica la participación de todos los ciudadanos en la elaboración, aprobación y aplicación de las políticas; es necesario que se fortalezcan otros mecanismos de participación, tales como: la opinión pública, formación de organizaciones de ciudadanos para al defensa de intereses colectivos. En democracia, la esfera pública es competencia de todos y la participación de los ciudadanos es condición indispensable para la reproducción del sistema.

En suma, la necesidad de impulsar procesos de democracia participativa se basa en la innovación en la articulación de nuevas formas de gobierno local y del desarrollo de la soberanía popular; la utilización de técnicas adecuadas definidas por la misma comunidad; la cogobernabilidad y corresponsabiliad como principios básicos de la democracia participativa; creación de reglas de participación ciudadana al interior de sus gobiernos; creación de consejos de participación ciudadana, exhortándolos a decidir y definir proyectos de participación en materia de asuntos públicos de la ciudad[11] y aplicación de instrumentos tecnológicos de información y comunicación.

ESFERA DE LA DEMOCRACIA PARTICIPATIVA

Se hace referencia a la democracia participativa en sus orígenes (en las ciudades griegas), como el modelo de la democracia directa practicada, donde la diferenciación entre participación y representación no existían como tales, sino que se realizaban asambleas de los que reunían el carácter de ciudadanos y tomaban las decisiones por consenso. Es aquí donde el espíritu original de la democracia es precisamente el de la soberanía popular en manos del pueblo; es decir, es éste el que debe elaborar, modificar y establecer las leyes que regulan el funcionamiento del Estado y de la sociedad. De aquí que lo importante, no sea la constitución de un gobierno para el pueblo, sino el modo en que se constituye y se legitima el gobierno, como lo establecía Abraham Lincoln: “es el gobierno del pueblo, para el pueblo y por el pueblo”.

“Los conceptos de democracia participativa de nuestros días surgen como resultado de los trastornos políticos de los años setenta, de los debates internos en la izquierda y de la insatisfacción con la herencia de la teoría política, liberal y marxista” (Held, 1992, p. 307).

La democracia participativa implica necesariamente la democratización del Estado en general y el perfeccionamiento de mecanismos de participación en particular. Pero la democratización va más allá; implica la generación de normas e instituciones dentro del marco representativo en temas antes mencionados, sobre partidos políticos, y agregó, en: órganos y procedimientos electorales, pluralidad en congresos y ayuntamientos, y, sobre todo, la coexistencia de gobiernos encabezados por distintas fuerzas políticas. En este sentido, Bobbio concibe al régimen democrático como “un conjunto de reglas de procedimiento para la formación de decisiones colectivas en las cuales está prevista y facilitada la participación más amplia posible de los interesados” (1984, p. 12).

En la democracia (participativa) son los ciudadanos que, haciendo uso de sus derechos políticos participan en la constitución de la voluntad colectiva, es decir, el pueblo es a la vez objeto del gobierno y sujeto que gobierna. Los teóricos de la democracia participativa (Macpherson, 2003; Poulantzas, 1984 y 2001) consideran que la teoría liberal ignora las asimetrías de poder y afirman que los recursos de los individuos afectan el significado de libertad e igualdad en las relaciones cotidianas; ello ocasiona que las grandes masas vean limitada por falta de recursos y oportunidades, su participación activa en la vida política y social.

De igual forma, Bobbio establece que:

(...) la democracia participativa fomenta el desarrollo humano, intensifica un sentido de eficacia política, reduce el sentido de enajenación respecto a los poderes centrales, nutre el entusiasmo por la preocupación de los problemas colectivos y contribuye a la formación de una ciudadanía, capaz de tomar un interés más perspicaz por las cuestiones de gobierno (Bobbio, 1984, p.311).

Es decir, partiendo de la concepción de Bobbio, las características de la democracia participativa son:

· Participación directa de los ciudadanos en la regulación de las instituciones clave de la sociedad.

· Funcionamiento de los “partidos participativos” en la estructura parla- mentaria o del Congreso.

· Reorganización del sistema de partidos.

· Mantenimiento de un sistema institucional abierto que garantice la posibilidad de experimentar con formas políticas.

Complementando lo anterior, las condiciones para lograr lo antes mencionado, son:

• Una mejora directa de la escala base de recursos de muchos grupos sociales.

• Un sistema abierto de información que garantice decisiones informadas.

• Una reducción en la vida pública y privada del poder burocrático no responsable ante los ciudadanos.

• Mayor participación de las mujeres (Held, 1992, pp. 315-316).

Es este el tipo de democracia que se debe fomentar e implementar. Se trata pues, de buscar la manera en que los ciudadanos se conviertan en jueces del gobierno; que sea un método que garantice arreglos institucionales para llegar a las decisiones políticas, legislativas y administrativas,[12] pero evitando también los excesos.[13]

Si se toman en cuenta las premisas señaladas, en México, la democracia participativa se ha dado de manera virtual y en función de una transformación de la idea de soberanía popular por la defensa de los derechos del hombre, y en especial, en el derecho a elegir a los gobernantes; en México, la participación en democracia se ha remitido meramente al proceso electoral, así como al apoyo y fortalecimiento de estructuras partidistas como ejes de la conformación de la misma.

ESFERA DE LAS POLÍTICAS DEMOCRÁTICAS O POLÍTICAS PÚBLICAS

Las políticas públicas son indispensables para la democratización, y son hoy en día, una característica fundamental de la democracia; es decir, las políticas democráticas son las políticas públicas, las cuales se basan en las querencias y necesidades de la ciudadanía por un lado, y por otro, en los consensos y acuerdos de los diferentes grupos sociales; son el instrumento que debe ser legitimado por la ciudadanía y los grupos sociales, lo cual trae consigo la citada corresponsabilidad con el gobierno y gobernabilidad. Las políticas públicas llegan a México aproximadamente hace diez años, actualmente, ya forman parte y actúan (o empiezan a actuar) en regímenes como el nuestro.

El esquema de las políticas públicas se entiende de la siguiente manera:

Cuadro 1. Efectos de las políticas públicas
Fuente: (De Castro Andrade, 1994).

Según el cuadro 1, las políticas públicas, como curso de acción que involucra a todo un conjunto complejo de decisores y operadores, es una estrategia de acción colectiva, deliberadamente diseñada y calculada, en función de determinados objetivos. Para Majone (1997), el diálogo y la discusión abierta son los elementos constitutivos de la elaboración de las políticas; una política es producto de la discusión y persuasión recíproca de muchos actores políticos participantes en su formulación, aceptación y puesta en práctica, es decir, el diseño y desarrollo de las políticas donde convergen, luchan y conciertan las fuerzas políticas.

En este mismo sentido, Méndez propone diferenciar las políticas públicas en cuatro niveles:

1. Inacción pública. Situaciones en las que el Estado no reconoce un problema y, por lo tanto, ni siquiera existe una decisión consciente de no tomar acciones específicas.

2. Decisión Pública. Eventos en los que el Estado reconoce un problema, elabora un diagnóstico, establece un objetivo e inclusive una estrategia, pero decide no ir más allá, es decir, no tomar acciones específicas o de corte estratégico para solucionar un problema.

3. Política Pública. Situaciones en las que el Estado, ante un problema determinado, ejecuta una estrategia o programa de acciones dirigidas a su solución a través de ciertos incentivos (monetarios, legales, de organización, etc.) y formas (gestión pública directa, gestión semipública, sub-contratación, etc.).

4. Resultados Públicos. Un estado social, económico y/o político que no sólo se deriva de una inacción, decisión o política pública sino de una combinación de éstos y otros factores (Méndez, 1993, pp. 111-144).

La política pública es algo más que una decisión; es decidir la existencia de un problema; decidir qué se debe o no resolver; decidir la manera de proceder; decidir legislar sobre el tema. Por ello, el esquema de las políticas públicas está basado en el cuestionamiento constante sobre la manera en que se percibe y se definen los problemas; los intereses afectados; el grado de organización; el acceso a los canales representativos; la consecución del estatuto propio del tema a incluir en el programa o agenda de actuación de los poderes públicos; la formulación de una solución o de una acción de respuesta; el establecimiento de objetivos y prioridades; los soportes políticos, presupuestarios y administrativos de la solución propuesta; la implementación o puesta en práctica de esa política; la evaluación y control de los efectos producidos; el mantenimiento, revisión o terminación de esa política (Subirats, 1998, pp. 173-197).

Al respecto, Aguilar señala: “Se percibe una relación entre gobierno y ciudadanos; la complejidad y multidiversidad, exige gobernar por políticas y con sentido público; esto es, a problemas específicos, políticas específicas, donde las decisiones se construyen a partir de las expectativas múltiples y a la luz pública: acceso franco a la decisión de gobierno y carácter franco de la decisión (1992, p. 22).

LA CALIDAD DE LA DEMOCRACIA; SU ESTRUCTURA

Una vez que se ha hecho referencia a los esquemas de democracia representativa, participativa y políticas democráticas-públicas, como partes fundamentales de la calidad de la democracia, es necesario conocer su estructura.

Como el ejercicio democrático no se reduce a ciertos periodos, sino que es una experiencia que se recrea cotidianamente, la calidad de la democracia la podemos entender por el grado en el que dentro de un régimen democrático, una convivencia política[14] se acerca a las aspiraciones democráticas de su ciudadanía.

Para analizar dicha concepción, cabe señalar que la calidad de la democracia se caracteriza por los componentes que la forman, entre las cuales encontramos:

· El grado de acercamiento: como la capacidad de la ciudadanía para desarrollar cierto tipo de prácticas (democráticas y/o políticas públicas[15]) deseables en la gestión pública.

· El régimen democrático: sin éste no habría calidad de la democracia, ya que el régimen democrático establece el marco institucional en el que se norman las prácticas ciudadanas.

· Convivencia política: éstas incluyen las prácticas políticas donde los ciudadanos establecen cotidianamente entre sí, y es en donde lleva a cabo la gestión de los asuntos públicos. Estas prácticas político-ciudadanas, pueden a su vez ser de diferentes formas:

1. Las prácticas que se desarrollan durante los procesos electorales, que presupone la institucionalización de elecciones libres y competitivas.

2. Prácticas que se desarrollan en la relación entra las instituciones del Estado y la ciudadanía, que, dentro de una democracia, estas relaciones deben de ser respetuosas de los derechos y obligaciones civiles y políticos.

3. Las prácticas que se desarrollan entre los ciudadanos para organizar su participación en los asuntos de interés público. Todo este conjunto de prácticas, incluye la formación y funcionamiento de las organizaciones de la llamada sociedad civil

· Aspiraciones democráticas: como aquella característica de la vida democrática de un país considerada deseable por los ciudadanos.

· Ciudadanía: entendida como aquella que el marco constitucional establece como aquellas personas mayores de dieciocho años nacidas en el país o naturalizadas.

Consecuentemente, la democracia se refiere a la cuestión sobre qué tan democrática es la vida política en una democracia y que esta cuestión, a su vez, implica los métodos y técnicas para medir la calidad democrática, la existencia de un régimen político democrático, una convivencia política determinada y la definición de criterios para evaluar su contenido democrático.

En México, que se cataloga como país democrático y ante la supuesta transición democrática que vivimos, es necesario desarrollar una masa crítica de acción cívica para ensanchar la vida democrática, cimentando las instituciones políticas, la cultura cívica y ampliando el ejercicio de los derechos y obligaciones de los ciudadanos, ya que la democracia que vivimos actualmente se ha constituido de regímenes políticos inestables y fuertes dificultades para lograr el desarrollo humano, y esto evidentemente, ha generado un profundo desencuentro entre la ciudadanía y las instituciones políticas que impactan al régimen democrático.

Los problemas políticos y el desarrollo humano se resuelven con más democracia, con más participación de la sociedad civil, a través de prácticas que se acerquen a las demandas de la sociedad; es necesario articular visiones políticas e instrumentos innovadores para incidir eficazmente en el reforzamiento del vínculo entre democracia y desarrollo humano. Esto es en suma las características de una democracia con calidad.

GOBERNABILIDAD Y DEMOCRACIA

El término gobernabilidad es relativamente nuevo; años setentas, coincidiendo con las crisis de las economías desarrolladas, nuevos movimientos sociales y la caducidad del Estado Benefactor. También, porque es en esta etapa donde surge la polémica de la gobernabilidad de las democracias. Se le asocia principalmente como un término problemático dentro de las sociedades complejas y la emergente preocupación por la gobernabilidad de las democracias.

Gobernabilidad es “el desarrollo de capacidades para regir a la sociedad” (Guerrero, 1995, p. 33). “Es entendida como la capacidad de presentare implementar decisiones políticas mediante cauces institucionales y reglas del juego establecidas en los regímenes democráticos; como un atributo sistémico, una capacidad y se confiere su existencia a la rama ejecutiva del gobierno y al sistema político en su conjunto” (Sánchez, 2002, pp. 307-308). Por lo tanto, gobernabilidad democrática está asociada a los conceptos de orden, estabilidad, eficacia y legitimidad política basada en la democracia (Sánchez, 2002, p. 307).

En sentido contrario a los elementos descritos, para el caso de México, y ante los escenarios políticos-gubernamentales, se concibe pues, una crisis de gobernabilidad, ya que en los tiempos actuales existe una conjunción de desequilibrios inesperados y/o intolerables entre demandas sociales y respuestas gubernamentales.

Actualmente, el vínculo entre gobernabilidad y democracia radica en el principio de soberanía popular, así como en las elecciones periódicas (este es el elemento clave de la vinculación de la democracia con las elecciones: la repetición periódica de la manera en que el pueblo pueda enjuiciar por medio del voto a los gobernantes) y participación ciudadana. Sin embargo, en este contexto, los sistemas democráticos sufren a mayor o menor grado problemas de gobernabilidad, ya que, en un país como México, existen cantidad de demandas que el gobierno ya no puede resolver, y resulta ser que la resolución plena de los problemas de gobernabilidad puede rebasar el ámbito propio de la democracia política.

Lo ideal sería que la gobernabilidad y la democracia se influyan provechosamente para propiciar gobiernos democráticos y legítimos, eficientes y responsables. Pero he aquí la gran dicotomía cuando se habla de gobernabilidad en la concepción referida de José Juan Sánchez. Pero cuando hablamos de democracia, la mejor virtud de ésta no es la prontitud, sino la libertad que se consigue con el concurso de los ciudadanos; si bien es cierto que la democracia es una forma de gobierno, la gobernabilidad es un estado, una propiedad o una cualidad que indica el grado de gobierno representado por un nivel de equilibrio dinámico entre las demandas sociales y capacidad de respuesta gubernamental.

Dentro de esta relación dicotómica, para que la democracia como forma de gobierno pueda ser aplicada coyunturalmente con la gobernabilidad, se puede afirmar, según Norberto Bobbio (1984), que la democracia hace referencia a un conjunto de reglas fundamentales que establecen quién está autorizado a tomar decisiones, bajo qué procedimientos y en qué condiciones.

GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA: AGENDA Y RETOS

Teniendo ya una visión de la gobernabilidad democrática dentro de una relación y la gran dicotomía, se puede inferir que existen retos que implican constituir una ardua agenda:

1. La garantía del orden público, ya que la gobernabilidad supone una capacidad del gobierno para mantener o restaurar rápidamente el orden público, hacer cumplir la ley y hacer acatar las políticas gubernamentales.

2. Redefinición del esquema de relaciones entre Estado, mercado y sociedad civil; es decir, el mantenimiento de adecuadas condiciones de gobernabilidad depende del alto grado de la capacidad del gobierno para llevar adelante una gestión eficaz y una satisfactoria promoción del bienestar social.

3. Fortalecimiento de las instituciones del liderazgo político, el flujo eficaz y legitimado de las decisiones políticas.

4. Fortalecimiento de los partidos políticos, es decir, es necesario que los partidos se adapten a las cambiantes necesidades e intereses de un electorado más exigente y sofisticado.

5. Refuncionalización de los mecanismos de representación, ya que no existe un sistema electoral óptimo, y que la combinación entre principios de representación (mayoritario y proporcional) e instrumentos de configuración del sistema impactan de manera diferencial en la configuración del sistema de partidos y conformación de gobierno (Franco, 1991, pp. 169-193).

Los desafíos de la gobernabilidad democrática, hoy en día, provienen de la necesidad de corregir y perfeccionar las instituciones democráticas, con el fin de superar problemas inherentes a su propio funcionamiento y complementar sus mecanismos de representación y agregación de intereses. Se trata de desarrollar una estructura institucional que impida caer en déficits generados por la fragmentación del poder producto de la partidocracia.

De igual manera, es necesario que las instituciones clásicas de la democracia representativa sean complementadas con una serie de esquemas de agregación de intereses, de mecanismos de toma de decisiones, de acuerdos y pactos que doten al gobierno, a los grupos estratégicos y a los propios ciudadanos de instrumentos eficaces y legítimos de intervención política en los problemas de la sociedad. Se trata pues, de gobernar privilegiando factores reales de poder tales como corporaciones, empresarios, sindicatos; aparte del sistema de partidos, ante una ciudadanía que muestra crecientes niveles de activación y capacidad organizativa.

De este modo, al pensar en las condiciones para una adecuada gobernabilidad democrática, es preciso entender que las instituciones propias de la democracia representativa constituyen una porción del problema de la gobernabilidad, pero no bastan para garantizarla. El logro de una adecuada gobernabilidad se basa en una serie de acuerdos básicos destinados a resolver los problemas de gobierno; para lograr esto, digamos los acuerdos, es necesario tener presente el nivel de cultura política, el nivel de instituciones y políticas públicas.

¿TRANSICIÓN A LA DEMOCRACIA EN MÉXICO?

Para iniciar este recorrido, hay que señalar, en primer término que, más allá del debate teórico que ha suscitado el tema de la transición democrática en nuestro país, se han presentado confusiones, excesos, y claro, una actitud maniqueísta de los políticos, quienes, al conocer el término de la llamada transición, enriquecieron su vocabulario demagógico, pero nunca su capacidad a favor de la democracia.

Entre los aspectos que ha tenido la transición mexicana, no sólo se encuentra el uso convenenciero que se le ha dado a este fenómeno. La transición llegó a nuestras vidas, o por lo menos, al vocabulario habitual de políticos, académicos y medios de comunicación, y resultó que no había mejor pretexto para justificar su uso para y por la transición democrática.

Sin embargo, existen espacios y avances en este trayecto democrático que no podemos negar. Efectivamente hemos arribado a un escenario más democrático, a una transición (por así decirlo) concluida en cuanto a un nuevo régimen político se refiere, y por supuesto, ante el hecho de haber rebasado diversos obstáculos y prácticas que se habían erigido como verdaderos obstáculos hacia el paso de un régimen democrático. Lo que no es válido, es pensar que la transición democrática en México es un hecho concluido y que sólo se puede limitar a los aspectos político-electorales.

Quedan piezas sueltas del rompecabezas que forman parte total de la transición; por ejemplo, la llegada del Partido Acción Nacional (PAN) en el 2000 y el reciente triunfo del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena). Estas alternancias sin duda pueden significar la culminación de la transición, pero se ha olvidado que la democratización de nuestro país va más allá de la alternancia en Los Pinos, pues la democracia es un ente complejo que incluye, no sólo al gobierno o partidos políticos sino diversas instituciones, y principalmente, la participación de la ciudadanía.[16]

De todo lo anterior, resulta pertinente repasar la siguiente reflexión de Meyer:

La experiencia mexicana en materia de cambio político es de consistencia trágica. Por diversas y complejas razones –entre ellas la ausencia de una base social adecuada–, las transformaciones de régimen en los siglos XIX y XX terminaron muy lejos de sus metas originales: la Independencia no dio paso a la nación fuerte y unida que prometió el Plan de Iguala, la Reforma no logró la democracia que la Constitución de 1857 suponía, ni la Revolución Mexicana el sufragio efectivo y la justicia social (1998, p. 45).

Al respecto, Jesús Silva Herzog Márquez cita:

Ha concluido la transición porque el antiguo régimen está muerto. Descanse en paz, nuestra señora la transición. El atractivo de la noción es su promesa. Seguir cultivando la fábula de la transición inconclusa, es ofrecer un hermoso territorio por conquistar. El problema es que el guión de esa película no captura ya las peculiaridades de nuestro presente. Se- guir hablando de la transición es insistir en que la lucha política tiene como objetivo central la demolición de un sistema autoritario. En otras palabras, la receta que se desprende de esta obsesión es apalear a un cadáver (1999, p. 138).

De tal manera que, la transición política de México en cuanto al abandono de un régimen autoritario sustituido por uno nuevo de corte democrático y emanado además de la gran voluntad popular, es un hecho y que no podrá refutarse por un buen tiempo.

La democracia es todo un entramado que puede extenderse hacia las diversas instituciones y órganos de un Estado, como también, hacia los medios de comunicación, hacia la política económica que se dicta desde las esferas gubernamentales, y por supuesto, hacia los partidos políticos. Por ende, la tarea democratizadora en México aún tiene un largo camino por recorrer.

VACÍOS DE LA TRANSICIÓN MEXICANA

De los vacíos o asuntos pendientes de la transición, sobresalen:

1. La profunda reforma interna que necesitan emprender los partidos políticos para que actúen como auténticos representantes de la ciudadanía, o, mejor dicho, como verdaderas entidades de interés público, así como su financiamiento; esto, con la finalidad de erradicar el juego perverso de intereses mezquinos que rebasan el interés nacional.

2. La ausencia de un proyecto nacional congruente con las necesidades y expectativas de un país complejo e inmerso en una serie de urgencias económicas y sociales, así como de un auténtico Estado de Derecho, es decir, ningún país democrático supone estar apartado del respeto de la ley, a sus instituciones y órganos de su respectivo Estado y claro, sin un so- metimiento y rendición de cuentas de sus gobernantes y gobernados. En México, como en muchos países, la democracia y el Estado de Derecho no han convivido adecuadamente. No se puede avanzar por un supuesto terreno democrático en donde el reino de la impunidad, la violencia, el crimen organizado y la constante transgresión a la ley se conviertan en parte inherente de nuestra existencia. Continuar con un Estado petrificado en lo concerniente a la aplicación de la ley, sería como permanecer en la orfandad del cambio político y democrático de este país.

3. Otro vacío de la transición en México son los medios de comunicación, ya que serán siempre un referente de discusión y análisis, pues en ellos se informa, debate y analiza la realidad política, económica y social del país.

4. Otro saldo pendiente es el que queda con millones de mexicanos en el área de la justicia social, ya que para desgracia de los más necesitados y de un amplio espectro de la población, las políticas económicas emana- das de diversas administraciones no han sido eficaces para atemperar la pobreza y conseguir un marco más equitativo y justo de los ingresos.

Es claro que el tema de la transición democrática continuará vigente en cuanto a los saldos que se tengan con la democratización del país. Todos estos vacíos son sólo una aproximación de algunos aspectos que son considerados piezas importantes para el fortalecimiento de la transición. De igual forma, no son asuntos nuevos, de hecho, hay quienes los han explorado de forma independiente sin ligarlos forzosamente al ámbito de lo que ha sido la transición democrática mexicana, pero sí su nexo con un escenario democrático.

Sea pues, bienvenida la transición mexicana al nuevo régimen, al igual que a sus nuevos actores. Ojalá que pronto le demos la bienvenida a la verdadera consolidación de este proceso democrático y a un nuevo esquema y plan económico para una nación que lo ha exigido afanosamente durante los últimos años.

REFLEXIONES FINALES

· Se necesita propugnar una democracia participativa-representativa en la cual los representantes jueguen el rol que les corresponde, pero que también existan mecanismos alternativos en los que los ciudadanos manifiesten sus inconformidades y canalicen sus propuestas de gobierno; es decir, que los ciudadanos no solamente sean instrumentos atractivos para los políticos en épocas electorales, sino que lo sean en todo el proceso social.

· ¿Cómo incorporar a la mayoría de los conciudadanos en sus decisiones, tomando en cuenta las diferencias y limitaciones entre ellos, sin que esto le afecte al implementar su proyecto de nación, y que le permita gobernar en un clima de legitimidad, estabilidad y cooperación social?

· Es necesario reafirmar el compromiso social de educar para consolidar nuestra democracia y sus valores, tales como: tolerancia, equidad, pluralismo, solidaridad, respeto a la ley y participación.

· Es necesario crear y dirigirnos hacia una cultura de la gobernabilidad democrática, tomando en consideración la relación compleja entre gobernabilidad y democracia; el compromiso estatal; la inserción en el sistema mundial (globalización); responsabilidad ciudadana; así como la integración de valores. Dicha cultura, tendría que estar definida por un conjunto de ideas y valores capaces de determinar los límites, mediaciones, posibilidades y los intercambios entre el gobierno, el mercado y la sociedad civil en un mundo globalizado. Se trataría de una cultura que habría de incorporar a los valores tradicionales de la democracia, las condiciones exigidas por las necesidades de gobernar a las sociedades complejas; una cultura de pesos y contrapesos, de demandas ciudadanas responsables frente a un Estado obligado a rendir cuentas, pero también, de una participación ampliada mediante canales institucionalizados; una cultura que tolere diferencias y que fomente decisiones unificadoras; una cultura que logre integrar orden, libertad, justicia y eficiencia dentro de un marco democrático y de desarrollo socioeconómico equilibrado.

· Es necesario el análisis y diseño de las políticas públicas para que se abran diversas estrategias de acción que incorporen al gobierno y a la sociedad. El análisis de políticas públicas ayuda a desestatizar la sociedad y reconstruir el sentido público del Estado.

· La democratización implica ir más allá de los procesos electorales, así como la creación de condiciones necesarias para atender con eficiencia los problemas y necesidades de los ciudadanos. Con la implantación de la democracia no se garantiza la eficiencia de los gobiernos, pero sí la probabilidad de políticas adecuadas y gestión eficiente al incorporar pluralidad y el debate en la elaboración de las mismas.

· Es necesario continuar con un examen permanente de las acciones gubernamentales y de los actores políticos y sociales que forman parte de los cambios nacionales. No es suficiente con el cambio de personajes en la presidencia, ni experimentar una nueva geografía electoral, si los actores políticos, instituciones y demás miembros de la llamada sociedad civil, se aferran a prácticas prehistóricas del quehacer político que tanto lesiona el desarrollo de México.

· Hay una creciente pérdida del monopolio de lo político por parte de los partidos políticos. Las actuales formas de organización del sistema político requieren profundos cambios, porque ya no dan una adecuada cuenta de las crecientes demandas provenientes de las nuevas formas de ciudadanía.

· No son suficientes los principios de la democracia representativa: división de poderes del estado, alternancia en el poder, procesos temporales electorales, radicación de la soberanía en el pueblo; sino que se requiere diseñar e introducir nuevos principios que aseguren una real y efectiva democracia. Es necesaria la configuración de un sentido fuerte de ciudadanía con la construcción y defensa de lo público, mediante la participación democrática.

· Fortalecer a la democracia mediante la creación de espacios públicos, en donde la sociedad, cada vez más demandante, actúe como fiscalizadora del Estado. Esto no se podrá lograr sin el urgente fortalecimiento de las instituciones, cuya funcionalidad está más que deteriorada y erosionada.

· La rebeldía social, ante la inminente pérdida de sensibilidad del Estado-Gobierno para lograr consensos, y, por lo tanto, exista ingobernabilidad, no es una salida en una consolidación democrática. Los ciudadanos son el eje de las políticas públicas en el marco de la democracia participativa. La participación ciudadana es un elemento indispensable, por lo que se deben establecer mecanismos que la incentiven y conviertan no sólo en un instrumento eficaz de gobierno, sino también en un ingrediente a tomar en cuenta en la elaboración de políticas públicas. Actualmente, las sociedades abiertas propician una actitud ciudadana de mayor involucramiento en la toma de decisiones para la preservación y extensión de prácticas democráticas de representación y participación en la vida cotidiana del gobierno.

REFERENCIAS

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Notas