Recepción: 08 octubre 2024
Revisado: 18 noviembre 2024
Aprobación: 08 enero 2025
Resumen: Introducción: Este artículo realiza una revisión de los diferentes actos administrativos de la entidad territorial del municipio de Segovia, Antioquia, Colombia, centrada en la aprobación del presupuesto de rentas y gastos entre los años 2015 y 2023. Se analiza cómo la categorización municipal, según los lineamientos de la Ley 617 de 2000, ha influido en la gestión financiera y el desarrollo territorial. Metodología: La investigación tiene un enfoque mixto de tipo descriptivo, utilizando fuentes de información primarias y secundarias. Se realizó la revisión de documentos oficiales, la identificación de los índices de vivienda cualitativo y cuantitativo, y la valoración del Índice Multidimensional de Calidad de Vida (IMCV) a partir de la encuesta aplicada por la Gobernación de Antioquia. Resultados: Los hallazgos permiten observar la relación entre los ingresos fiscales y las condiciones de vida del territorio, evidenciando una tendencia que asocia el crecimiento presupuestal con mejoras parciales en los indicadores de bienestar. El ejercicio de triangulación planteado posibilita contrastar la planeación financiera con los niveles reales de calidad de vida en el municipio. Palabras clave: indicadores, categoría municipal, tributos, necesidades básicas insatisfechas (NBI).
Palabras clave: indicadores, categoría municipal, tributos, necesidades básicas insatisfechas (NBI).
Abstract: Introduction: This article reviews the administrative acts of the territorial entity of the municipality of Segovia, Antioquia, Colombia, focusing on the approval of income and expenditure budgets between 2015 and 2023. It also analyzes how the municipal categorization, according to Law 617 of 2000, has influenced financial management and territorial development. Methodology: The research follows a mixed descriptive approach using primary and secondary information sources. Official documents were reviewed, and the qualitative and quantitative housing indices were analyzed, together with the assessment of the Multidimensional Quality of Life Index (IMCV) based on the survey conducted by the Government of Antioquia. Results: The findings reveal a relationship between fiscal income and living conditions in the territory, showing a trend linking budget growth to partial improvements in welfare indicators. The proposed triangulation exercise allows contrasting financial planning with the actual levels of quality of life in the municipality. Keywords: indicators, municipal category, taxes, unsatisfied basic needs (UBN).
Keywords: indicators, municipal category, taxes, unsatisfied basic needs (UBN).
Introducción
El municipio de Segovia, Antioquia, tiene como actividad principal en su economía la exploración y explotación de oro, un recurso no renovable que genera ingresos tanto por el Sistema General de Regalías (SGR) como por los impuestos cobrados directamente a las empresas que desarrollan esta actividad en el territorio. Dichos ingresos han tenido un impacto positivo en el recaudo tributario de la entidad territorial. Sin embargo, cada territorio presenta complejidades y problemáticas específicas que requieren la intervención de la institucionalidad.
El cumplimiento normativo en un Estado social de derecho no constituye solo una concepción teórica de la Constitución Política de Colombia, sino una tarea fundamental de cada entidad territorial, orientada a mejorar las condiciones de vida de sus ciudadanos. Este propósito se materializa a través de proyectos de inversión social en educación, salud, infraestructura y servicios públicos domiciliarios, entre otros. No obstante, dicha tarea requiere no solo talento humano calificado, sino también recursos financieros suficientes.
El presente trabajo analiza el comportamiento de los ingresos de la entidad territorial del municipio de Segovia, Antioquia, y busca establecer si existe una relación directa entre los ingresos y las condiciones de vida. Para ello, se emplean los resultados de la Encuesta de Calidad de Vida realizada por la Gobernación de Antioquia y la Encuesta Multidimensional de Calidad de Vida (EMCV).
Finanzas públicas
Las finanzas públicas de Colombia experimentaron una transformación significativa con la promulgación de la Constitución Política de 1991, al pasar de un manejo centralista y administrativo a un modelo de descentralización fiscal (Rodríguez & Rodríguez, 2019). Este cambio amplió el tamaño del Estado y, en general, incrementó el gasto público, pues fue necesario garantizar el funcionamiento de múltiples entidades descentralizadas para dar cumplimiento al mandato constitucional. A su vez, esto implicó la necesidad de recaudar mayores ingresos que permitieran no solo el sostenimiento institucional, sino también el pago de la deuda pública y la inversión social destinada a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.
El plan financiero constituye un elemento esencial de la planeación del desarrollo, ya que integra instrumentos como el plan plurianual de inversiones, el plan operativo anual de inversiones y el plan anual de caja, entre otros. Estos permiten relacionar los costos totales de los programas y proyectos definidos en el plan de desarrollo del ente territorial (Sánchez & Cárdenas, 2015).
En Colombia, los periodos administrativos tienen una duración de cuatro años, durante los cuales se espera transformar el territorio. Los planes financieros, especialmente los vinculados a programas y proyectos, cumplen la función de determinar los costos necesarios y priorizar iniciativas viables y de mayor impacto social.
Según Ordoñez (2012), “el desligamiento temporal del monto de las transferencias de los ingresos corrientes de la nación (ICN) aseguraría que los mayores recaudos generados por las sucesivas reformas tributarias o por un mejor desempeño de la economía no se tradujeran automáticamente en un mayor gasto del gobierno” (p. 12). Esto indica que, dentro de la política fiscal colombiana, el déficit ha debido compensarse mediante reformas tributarias que incrementan el recaudo de impuestos. Sin embargo, estos recursos se han destinado principalmente al pago de deuda pública, limitando la generación sostenida de valor.
Chávez y Velásquez (2011) sostienen que “la descentralización política, administrativa y fiscal de los municipios de Colombia a partir del año 1986 se ha visto afectada por la alta dependencia de estos procesos del nivel de desarrollo y la capacidad institucional de los municipios”.
Por su parte, Martínez y Pico (2022) afirman que es necesario “determinar qué control parlamentario se puede y debe ejercer en relación con las decisiones de ingresos y gastos que afectan la actividad financiera del Estado”.
Capacidad y fortalecimiento institucional
De acuerdo con Serrano et al. (2019), “los indicadores de desempeño integral se emplean para evaluar las capacidades institucionales orientadas al cumplimiento de tareas como el recaudo de impuestos”. Las proyecciones financieras para cada vigencia ofrecen una radiografía de la situación económica de cada entidad, permiten generar expectativas y definir los objetivos a cumplir.
Como mencionan Escobar et al. (2022), “las entidades territoriales, en sus diferentes niveles locales o nacionales, se encuentran expuestas a la dinámica de lo imprevisto, inscrita en la esfera de la incertidumbre y lo contingente” (p. 5). Según Barión (2021), “la convivencia de distintos grupos etarios puede contribuir a una mayor eficacia organizacional, favoreciendo la creatividad y la flexibilidad al combinar diversas perspectivas y experiencias”. Esto evidencia que la consecución de objetivos, especialmente en temas presupuestales y financieros, requiere la interacción de distintos enfoques y conocimientos que, al integrarse, fortalecen las estrategias y las normas emitidas por el Congreso para su implementación efectiva en las entidades territoriales.
Martínez y Pico (2022) destacan la importancia de “los conocimientos teóricos, las habilidades emocionales y las destrezas sociales y técnicas orientadas a generar valor público”, con el fin de producir resultados, bienes y servicios que respondan a las demandas y expectativas ciudadanas. En esta línea, Romo (2012) señala que ello contribuye a “modelar la visión de una nueva estructura estatal en función de las garantías necesarias para que la libertad y la igualdad de los individuos sean reales” (p. 7).
Finalmente, Chica y Salazar (2021) plantean que “innovar implica asumir la creatividad y la adaptabilidad como capacidades humanas esenciales en el ámbito de la administración pública”.
Metodología
La metodología empleada en la presente investigación es de enfoque mixto y tipo descriptivo. Se realizó una búsqueda en las bases de datos de la entidad territorial del municipio de Segovia, Antioquia, así como en sus actos administrativos, incluyendo los proyectos de acuerdo aprobados por el concejo municipal y las diferentes resoluciones y decretos relacionados con el presupuesto de ingresos entre los años 2015 y 2023. El propósito fue analizar la evolución de estos ingresos y observar cómo la entidad pasó de categoría 6 a categoría 3.
Adicionalmente, se efectuó una triangulación con el Índice Multidimensional de Condiciones de Vida (IMCV) a partir de la Encuesta de Calidad de Vida realizada por la Gobernación de Antioquia en los años 2017, 2021 y 2023. Esta comparación tuvo como objetivo identificar el comportamiento entre los ingresos y las condiciones de vida de los habitantes del municipio de Segovia, Antioquia, y determinar si existe una tendencia entre ambas variables.
Resultados
Colombia es un país organizado como Estado Social de Derecho, de acuerdo con su Constitución Política de 1991. El proceso de descentralización ha permitido que cada territorio, dentro de su ejercicio de identificación de las diferentes complejidades en materia de educación, salud, saneamiento básico, seguridad y otros sectores, pueda generar alternativas de solución viables bajo una evaluación técnica, económica y ambiental rigurosa.
No obstante, diseñar estrategias que generen impactos positivos y contribuyan a resolver estas necesidades no es una tarea sencilla. Es fundamental formular alternativas de solución acordes con las particularidades de cada población y comunidad, y que, además, respondan a una realidad financiera que permita cumplir con los programas y proyectos establecidos. En consecuencia, el recaudo constituye la herramienta principal con la que cuentan las entidades municipales, departamentales y nacionales para avanzar en la ejecución de sus planes de desarrollo.
Como se evidencia en la Tabla 1, los ingresos totales del municipio de Segovia Antioquia tienen una tendencia de crecimiento año a año, el cual pasa de tener $29.000.000.000 en el año 2015 a tener ingresos por $100.386.424.396 en el año 2023, aumentando su capacidad financiera en 246,16%, su composición va desde sus ingresos corrientes entre tributarios y no tributarios, por otro lado, los recursos de capital.
Durante el año 2015 y el año 2021, los ingresos corrientes representaron para la entidad territorial de Segovia Antioquia un promedio de 47%, como se puede verificar en la tabla 2, sin embargo, para los años 2022 y 2023, esta representación pasa a ubicarse en 96,83% y 98,78% respectivamente, situación que indica también un incremento de los ingresos corrientes de libre destinación, lo cual le permite una ubicación diferente en su categoría conforme a la ley 617.
Ahora bien, como parte de la autonomía fiscal de cada entidad territorial, la gestión presupuestal de sus ingresos corrientes mediante los tributos directos e indirectos pueden ser representativos y mejorar su funcionamiento cada año, para el caso de Segovia Antioquia, se puede evidenciar en la tabla 3, que sus ingresos tributarios representan en promedio un 26,43% del total de sus ingresos.
Una de las principales tareas para las entidades descentralizadas es lograr autogestionar sus propios ingresos, ya que en su mayoría los municipios pequeños y medianos en materia presupuestal, dependen de los aportes que reciben del nivel nacional, del mismo modo, la creación de impuestos a través de la normatividad en Colombia ha sido una herramienta fundamental para adquirir mayores recursos, sin embargo, en la tabla 3 se puede ver que para el caso del municipio de Segovia Antioquia aquellos tributos a pesar de representar en promedio un 26,43% del total de ingresos y de tener un tendencia de crecimiento hasta el año 2020, este surte cambios negativos, esta importante permuta se debe a que uno de los rubros presupuestales[2] conocido como el impuesto al oro, ya no lo cobra la entidad, sino que pasa a ser una participación del mismo ante otros municipios productores, este impuesto era el de mayor representación para la entidad territorial en ingresos tributarios, pero a partir del año 2021 pasa a ser el impuesto de industria y comercio.
La dependencia de los giros por parte del nivel nacional hacia las entidades territoriales ha sido un punto fundamental para la ejecución de programas sociales. Según Contreras et al, (2022):
Colombia, pese a haber desarrollado un importante acervo legal que definió los instrumentos y mecanismos de planificación, gestión y financiación del desarrollo urbano, ha tenido un limitado avance en su implementación, ya que las autoridades gubernamentales municipales de los municipios pequeños y medianos aún dependen de las transferencias nacionales. (p. 4)
Esto indica, que en Colombia existe una gran cantidad de municipios, especialmente aquellos clasificados entre las categorías cuarta, quinta y sexta, que dependen en gran medida de transferencias nacionales, las transferencias correspondientes del SGP (Sistema General de Participaciones) es una importante fuente de financiación en el país, especialmente en aquellos municipios de quinta y sexta categoría, ya que su capacidad institucional en recaudo tributario no logra las cifras financieras necesarias, sin embargo, para el caso de Segovia Antioquia, en la tabla 5,se puede denotar que estas representan en promedio un 22,12, indicando que esta no es la principal fuente de ingresos de la entidad y que por ende no es dependiente de esta.
El municipio de Segovia Antioquia, desde su descubrimiento y fundación, su economía se ha centrado en la exploración y explotación del oro, trayendo consigo diferentes empresas mineras, las cuales han generado empleo en la región y dinamizado la economía con otros sectores como son: Comercio, ganadería, producción agropecuaria, etc. Entender la importancia que ha tenido este recurso para la entidad territorial puede ser evidenciado en la figura 1, en el cual el periodo correspondiente al año 2015 y 2020 creció un 119%, pasando de estar en $3.700.685.883 a ingresar un valor de $11.000.000, sin embargo, para el año 2021 y 2022 se puede notar un crecimiento de $ 20.000.000 a un recaudo de $ 40.979.932.324, mostrando una adición de un año a otro de un 104.9%, llegando a representar el 40.82% del total de ingresos. A pesar de tener una gran estabilidad económica y financiera, también puede convertirse en una enorme posibilidad de tener variaciones negativas, esto debido a que el municipio va incrementando su dependencia a este rubro presupuestal, generando problemas en el momento en que este recaudo disminuya.
Categorización municipal:
La categorización municipal en Colombia busca ubicar en diferentes posiciones de acuerdo con los ingresos corrientes de libre destinación, número de habitantes, importancia económica y situación geográfica a los entidades territoriales, esta situación permite identificar y clasificar a las entidades territoriales de acuerdo con su nivel de ingreso y desarrollo, la contraloría general de la Republica menciona que en Colombia aproximadamente el 80% de municipios se encuentran en sexta categoría, situación que presentaba el municipio de Segovia Antioquia hasta el año 2017 como se evidencia en la tabla 6, desde el año 2018 hasta el año 2020 cambia a quinta categoría, siendo el año 2021 cuarta categoría, el año 2022 y 2023 una categoría tercera, situación que no solo corresponde a la población sino también a la cantidad de ingresos; la participación en la explotación del oro no solo permitieron mejorar el recaudo en la entidad territorial, también llevaron al municipio de una sexta categoría hacia tercera.
La categorización municipal no solo busca identificar y ubicar a las entidades territoriales, sino que este también delimita los limites de gastos de funcionamiento de acuerdo con los ingresos corrientes de libre destinación, siendo los municipios de categoría especial quienes solo pueden usar un máximo del 50% para funcionamiento, los de primera categoría el 65%, municipios de segunda y tercera categoría un 70% y municipios de cuarta, quinta y sexta categoría un 80%.
Discusión
Dar cumplimiento a las obligaciones normativas por parte de las entidades territoriales implica un esfuerzo constante orientado a mejorar las condiciones de vida de la ciudadanía. Por ello, la gestión de recursos se convierte en una tarea que requiere no solo respaldo jurídico, sino también fundamentos económicos que garanticen seguridad y estabilidad. Estos elementos son indispensables no solo para el funcionamiento de las instituciones estatales, sino también para la ejecución de inversiones públicas en infraestructura, educación, salud y servicios públicos domiciliarios, entre otros sectores.
El municipio de Segovia, Antioquia, ha registrado un incremento significativo en sus ingresos entre 2015 y 2023, al pasar de 29.000.000.000 a 100.386.424.396 pesos. Este crecimiento del 246 % en solo nueve años ha sido determinante para ampliar la capacidad administrativa y fortalecer la inversión social. La categorización municipal, que considera factores como el nivel de ingresos y el número de habitantes, permite analizar el proceso de autogestión administrativa de recursos, así como el aporte que representa para los ingresos departamentales y nacionales. Según los registros (ver tabla 3), los ingresos tributarios presentaron un incremento constante hasta 2020. En ese año se evidenció una disminución del recaudo debido a la emergencia sanitaria causada por el SARS-COVID-19. No obstante, dado que la minería es la principal actividad económica del territorio y fue uno de los primeros sectores en reactivarse en Colombia, el municipio logró mantener niveles estables de ingresos sin mayores afectaciones. A partir de 2021, la estructura tributaria sufrió un cambio importante: el impuesto al oro dejó de contabilizarse como ingreso tributario y pasó a clasificarse dentro de las participaciones derivadas de la exploración y explotación de este recurso. Esta modificación permitió al municipio disponer de mayores recursos y avanzar a la categoría tercera. En tan solo tres años, Segovia pasó de la categoría quinta (2020) a la cuarta (2021) y posteriormente a la tercera (2022), de acuerdo con lo establecido en la Ley 617 de 2000.
Este progreso también plantea nuevos desafíos administrativos, especialmente en lo relacionado con la ampliación y reestructuración de la planta de personal, que aún opera con la misma capacidad del año 2018. La capacidad institucional y financiera ha contribuido a generar estabilidad en la gestión contable de la entidad territorial. Sin embargo, los retos actuales deben enfocarse en mejorar los procesos internos que se traduzcan en bienes y servicios efectivos para la comunidad. Al comparar los indicadores de calidad de vida, no se evidencia una relación directa que refleje un impacto positivo. Por ejemplo, el índice cualitativo de vivienda fue de 48,06 en 2018 y apenas aumentó a 48,36 en 2021 (ver Figura 2), lo que indica que cerca del 50 % de los hogares aún requieren mejoras en sus viviendas para alcanzar estándares mínimos de habitabilidad.
Adicional a los índices cualitativos, también se pueden encontrar los índices cuantitativos de vivienda, lo cual relaciona la cantidad de viviendas que la sociedad requiere construir en comparación con los hogares que necesitan un alojamiento; si se observa la figura 3, del año 2018 al año 2021, esta situación pasó de 12,42 puntos a 20,5, desmejorando notablemente en un 65,06%.
Los indicadores de pobreza e indigencia, vienen tomados del NBI (Necesidades Básicas Insatisfechas) el cual menciona las condiciones habitacionales de los hogares, mayor poder adquisitivo, condiciones de acceso a la educación, la salud y acceso a servicios públicos domiciliarios, estos conceptos introducidos por la CEPAL[3], no solo han aprovechado el censo de viviendas y de las características demográficas de la población, sino que ha permitido ofrecer datos de gran relevancia que al momento de ser comparados y analizados, deben guardan una relación directa con las finanzas públicas del estado, ya que si las entidades territoriales cuentan con un mayor presupuesto, este también debería traducirse en impactos positivos en diferentes sectores sociales.
De acuerdo con la figura 4, se puede evidenciar que la línea de pobreza del municipio de Segovia Antioquia pasa de 16.52 puntos en el año 2017 a 47.41 puntos en el año 2021 y finalmente a 40.21 puntos en el año 2023, indicando una variación fluctuante en los tres periodos, sin embargo, tuvo un crecimiento de 143%, donde mayor población del municipio de Segovia Antioquia, se encuentra en línea de pobreza, por otro lado, con respecto a la línea de indigencia, esta pasa de 2.64 puntos en el año 2017 a 7.86 en el año 2021 y finalmente se establece en 6.045 en el año 2023, si bien esta brecha tiene una reducción entre el periodo 2021 y 2023, entre los año 2017 y 2023 hay un crecimiento del 128%, cifras negativas que indican una gran cantidad de personas en el territorio no logran acceder a la canasta básica familiar.
El Índice Multidimensional de Condiciones de Vida (IMCV) fue introducido en el departamento de Antioquia y está compuesto por 15 dimensiones, entre las cuales se incluyen acceso a servicios públicos, medio ambiente, escolaridad, movilidad, salud, trabajo y vulnerabilidad, entre otras. Este indicador busca estimar el promedio de la calidad de vida de los hogares mediante una valoración entre 0 y 100 puntos: a medida que el índice aumenta, las condiciones de vida mejoran.
En la Figura 5 se observa que este indicador pasó de 30,03 en 2017 a 29,91 en 2021, lo que representa una reducción del 0,4 % para el municipio de Segovia, Antioquia. Sin embargo, en 2023 el IMCV alcanzó 30,61 puntos, evidenciando un crecimiento del 1,93 % entre 2017 y 2023. Aunque se trata de un incremento mínimo, transcurrieron seis años en los que el presupuesto destinado a inversión por parte de la entidad territorial creció de manera considerable, lo que debería traducirse en un impacto más positivo en los indicadores de calidad de vida.
Financiar el funcionamiento del Estado exige un esfuerzo significativo en materia administrativa, normativa y tributaria. En este contexto, las entidades territoriales, desde un enfoque descentralizado, buscan atender las complejidades de cada territorio en aspectos como infraestructura, educación, salud y servicios públicos domiciliarios. La estabilidad y la calidad de vida de la población deben estar correlacionadas con la estabilidad económica, la cual depende de las políticas monetarias y fiscales fijadas. De esta manera, a través de los impuestos y la participación del Gobierno nacional en distintas empresas, se procura recaudar fondos e invertirlos en acciones que generen indicadores sociales y económicos positivos.
En Colombia existen numerosos municipios que dependen en gran medida de las transferencias nacionales para cumplir con sus obligaciones. Sin embargo, el caso de Segovia, Antioquia, muestra una situación diferente: entre 2015 y 2023 sus ingresos crecieron un 246 %, pasando de la categoría sexta a la tercera. Este incremento, excepcional en el sector público, demuestra la solidez financiera del municipio, aunque también revela una alta dependencia de los recursos derivados de la explotación del oro. Si el recaudo por este concepto disminuyera, podrían presentarse problemas de liquidez para la entidad territorial.
Los indicadores, entendidos como expresiones cuantitativas, observables, verificables y comparables, permiten describir características y comportamientos en distintos momentos y facilitan la toma de decisiones basada en evidencia. En el caso del municipio de Segovia, se presentan dos particularidades: por un lado, un crecimiento exponencial de los ingresos que refleja estabilidad económica; y por otro, indicadores de calidad de vida —como vivienda, pobreza, miseria, indigencia y necesidades básicas insatisfechas— que no muestran una correspondencia directa con ese crecimiento. Esta falta de correlación sugiere que el gasto público no ha sido eficiente desde 2015, según la información del Anuario Estadístico de Antioquia y los datos financieros de la entidad territorial.
Las herramientas del sector público destinadas a la priorización de proyectos de inversión se articulan para alcanzar los objetivos a corto, mediano y largo plazo. En Colombia, los Planes de Desarrollo son instrumentos de planeación estratégica que orientan la asignación de recursos y se vinculan con los Planes de Ordenamiento Territorial, las políticas públicas y los distintos planes de inversión. El ciclo de planificación del desarrollo se compone de tres fases: la primera corresponde a la formulación y aprobación, que surge a partir del programa de gobierno, el plan de desarrollo y el marco fiscal de mediano plazo; la segunda es la fase de ejecución, en la que la inversión se orienta a través del banco de programas y proyectos, el plan operativo anual de inversiones, el plan indicativo y el plan de acción, todos alineados con el presupuesto aprobado por el concejo municipal; y finalmente, la fase de seguimiento, evaluación y rendición de cuentas.
En la clasificación presupuestal de egresos —que se divide en gastos del servicio de la deuda, gastos de funcionamiento y gastos de inversión pública y social— se observa un aumento relevante en la inversión pública: de 22.204.402.300 pesos en 2015 a 71.149.309.923 pesos en 2023, equivalente a un incremento del 159 %. Asimismo, los gastos de funcionamiento pasaron de 6.780.730.500 pesos en 2015 a 22.401.012.974 pesos en 2023, lo que representa un crecimiento del 230 %.
Por otro lado, para el año 2023, teniendo en cuenta el decreto 442 del 30 de diciembre de 2022, mediante el cual se liquida el presupuesto ordinario de ingresos y egresos para la vigencia 2023 de la entidad territorial del municipio de Segovia Antioquia, se evidencia en la tabla 7, que los gastos de funcionamiento pesan 22% del total de gastos, para el servicio a la deuda esta representa un 7% mientras que para el gasto de inversión pública enfocando el cumplimiento de los planes de desarrollo, este representa un 71% del total de egresos, siendo un porcentaje bastante alto e importante para el municipio.
Con el propósito de determinar si existe una tendencia entre los ingresos de una entidad territorial y las condiciones de vida de sus ciudadanos, se realizó una triangulación para este estudio, como se muestra en la Figura 6. En ella se analizan los ingresos percibidos entre 2015 y 2023, tomando como punto de referencia la valoración de la Encuesta Multidimensional de Calidad de Vida (EMCV) elaborada por la Gobernación de Antioquia para los años 2017, 2021 y 2023.
Si bien las condiciones de cada territorio presentan complejidades relacionadas con el acceso a la educación, los sistemas de salud, las oportunidades laborales con condiciones adecuadas y el poder adquisitivo necesario para cubrir las necesidades básicas, los planes de desarrollo constituyen el primer diagnóstico que permite formular alternativas de solución frente a estas problemáticas. No obstante, la limitación de recursos financieros suele convertirse en un obstáculo difícil de superar.
En el caso del municipio de Segovia, Antioquia, esta limitación no se presenta con la misma intensidad, ya que su principal actividad económica —la exploración y explotación del oro— genera ingresos relevantes tanto por el Sistema General de Regalías (SGR) como por la participación en la explotación a nivel nacional.
Durante los años analizados (2017, 2021 y 2023), la categoría municipal pasó de sexta a cuarta y posteriormente a tercera. En ese mismo periodo, los gastos de inversión fueron de 27.443.773.733, 39.652.651.920 y 71.149.309.923 pesos, respectivamente. Sin embargo, al contrastar estos valores con los resultados del IMCV, se observa que este se ubicó en 30,03 en 2017, 29,91 en 2021 y 30,61 en 2023. Aunque hubo una ligera disminución en 2021 y una recuperación posterior en 2023, las variaciones no son significativas, por lo que no se evidencia una tendencia clara entre los ingresos y el IMCV.
Aun cuando la mejora en la categoría municipal —de sexta a tercera según la Ley 617 de 2000— refleja avances administrativos y financieros, las necesidades básicas insatisfechas de la comunidad no muestran soluciones efectivas que garanticen estándares adecuados de calidad de vida en el municipio de Segovia, Antioquia.
Conclusión
La tarea de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos constituye una obligación normativa desde la Constitución Política de Colombia de 1991. Cada entidad territorial debe emplear no solo sus recursos humanos conforme a su estructura administrativa y organizacional, sino también sus recursos financieros. Como señalan Manjarrez y Salazar (2024), “la entrada en vigor de la Constitución de 1991 marcó un punto de inflexión en el proceso de descentralización fiscal en Colombia”.
El objetivo principal de esta investigación fue conocer el comportamiento de los ingresos del municipio de Segovia, Antioquia, entre 2015 y 2023, y evidenciar el notable incremento de estos en tan solo nueve años, periodo en el que el municipio pasó de la categoría quinta a la tercera, según la Ley 617 de 2000. Esta evolución también implicó una limitación de los gastos de funcionamiento en relación con los ingresos corrientes de libre destinación.
De acuerdo con Blanco (2024), “la relación entre la administración pública y la gobernanza resulta ampliamente relevante en el contexto colombiano”. En esta línea, resulta fundamental medir la eficiencia y eficacia de la administración pública y su efecto en las condiciones de vida de los ciudadanos. Para ello, se consideran indicadores como las Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), el Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) y el coeficiente de Gini, entre otros. En el caso de Segovia, se consultaron bases de datos del Anuario Estadístico de Antioquia y la Encuesta de Calidad de Vida, de las cuales se obtuvo el Índice Multidimensional de Calidad de Vida (IMCV). Este indicador fue analizado para los años 2017, 2021 y 2023, mostrando fluctuaciones entre los distintos periodos: pasó de 29,91 a 30,61, un aumento mínimo que no permite afirmar una mejora significativa en las condiciones de vida. Según Sierra y Garzón (2023), “el enfoque tradicional de evaluación de diseño se centra en el análisis de la estructura y diseño de la política”. En este contexto, las políticas, los planes de desarrollo y los marcos fiscales permiten realizar evaluaciones y establecer niveles de cumplimiento. Sin embargo, la triangulación realizada entre ingresos, categorización municipal e IMCV planteó la pregunta de investigación: ¿existe una relación directa entre los ingresos y las condiciones de vida de los ciudadanos en el municipio de Segovia, Antioquia? El análisis de las variables indicó que no se evidenció una correlación directa, pues aunque los ingresos aumentaron de forma considerable, el IMCV no presentó un crecimiento equivalente.
Cada ciudadano tiene un deber constitucional de aportar a las finanzas públicas del Estado, pero su participación debe trascender la crítica y orientarse hacia la construcción colectiva de conocimiento y propuestas de mejora. Como señalan Jiménez et al. (2022), “el empoderamiento, y en especial el empoderamiento socioorganizacional, se considera una estrategia efectiva para estimular la participación social y comunitaria”. Este vínculo con las organizaciones territoriales debe fomentar la creación de modelos de evaluación y calidad que fortalezcan la gestión pública. En la misma línea, Escobar y Escobar (2023) destacan “el análisis de las organizaciones públicas como parte de la calidad y la eficiencia de los modelos de gestión”.
Las auditorías de los órganos de control y las evaluaciones de los planes de desarrollo permiten medir el impacto de la inversión social. En este marco, el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) se consolida como el modelo de gestión de calidad del sector público. Como lo afirma Sierra (2023), “la planeación estratégica es un instrumento que permite la programación y las salidas del direccionamiento estratégico”.
En síntesis, aunque el municipio de Segovia, Antioquia, registró un incremento exponencial en su presupuesto entre 2015 y 2023, este aumento no se tradujo en una mejora proporcional en los indicadores de calidad de vida. Más allá del crecimiento presupuestal, es necesario generar estrategias y políticas públicas que promuevan impactos positivos y sostenibles para los ciudadanos.
Recomendaciones
El municipio de Segovia, Antioquia, ha presentado un incremento significativo en sus ingresos económicos, alcanzando la categoría tercera conforme a la Ley 617 del año 2000. A pesar de la relevancia de las transferencias nacionales, como las provenientes del Sistema General de Participaciones, estas no han sido tan representativas como otras fuentes de financiación. No obstante, este aumento de recursos tampoco se ha traducido en mejores condiciones de vida para los habitantes. Por el contrario, algunos indicadores reflejan un deterioro en las condiciones de los hogares. Esta tendencia contraria evidencia una gestión administrativa que no ha estado suficientemente orientada al bienestar social ni a la mejora de sectores clave como la educación, la salud y la movilidad.
El presupuesto público cumple un papel esencial en las finanzas y en el desarrollo de los programas sectoriales del territorio colombiano. Sin embargo, es necesario reflexionar sobre su propósito fundamental. Aunque la Constitución Política de 1991 establece el deber de contribuir financieramente al presupuesto público nacional para garantizar su funcionamiento, la disposición ciudadana a aportar depende en gran medida de los resultados observables en su entorno. Como menciona Estanislao Zuleta, la aspiración a una convivencia digna y equilibrada se asemeja a “un mundo de cucaña”, ideal y perfecto, difícil de alcanzar. En este sentido, la relación entre indicadores nacionales —como el Índice de Pobreza Multidimensional (IPM), el coeficiente de Gini, la tasa de empleo— y el gasto público permite identificar falencias en las estrategias implementadas. Estas deberían replantearse con el objetivo de lograr resultados tangibles y sostenibles, garantizando obras de infraestructura de calidad y durabilidad, así como procesos sociales que fortalezcan los valores, la educación y la formación de ciudadanos íntegros y capacitados para transformar a las futuras generaciones.
Se recomienda que la programación presupuestal incluya lineamientos e instrumentos que permitan visualizar de qué manera los recursos impactan positivamente los sectores más rezagados. Asimismo, deben promoverse procesos de sostenibilidad financiera y fiscal que contribuyan a mantener unas finanzas públicas sanas. Es importante destacar que la competitividad, especialmente cuando se aprovechan las ventajas comparativas para generar ventajas competitivas, puede dinamizar el crecimiento económico del país.
El proceso de planificación territorial, a través de los planes de desarrollo, debe considerar una línea base que refleje la situación real de los diferentes sectores sociales. Esto permitirá establecer indicadores, metas y estrategias claras para alcanzarlas. Además, debe existir una correlación entre los planes financieros y las alternativas de solución propuestas. Cada proyecto y programa debe ser evaluado una vez finalizado, a fin de identificar el impacto logrado y determinar si debe mantenerse o reformularse para cumplir los objetivos establecidos.
A pesar del incremento presupuestal evidenciado en el municipio, las deficiencias en la calidad de vida sugieren la necesidad de explorar alternativas complementarias. En este sentido, el endeudamiento puede convertirse en una oportunidad para financiar proyectos de alto impacto que corrijan fallas estructurales no resueltas mediante la inversión pública. Experiencias internacionales demuestran que aumentar la inversión en educación, tecnología, innovación y talento humano genera avances sostenibles en los niveles de desarrollo social.
Sánchez & Cárdenas (2015) señalan que “con base en el artículo 346, el gobierno territorial debe formular anualmente el presupuesto de rentas y gastos, que debe corresponder al plan de desarrollo y presentarlo a la Asamblea o Concejo, según el caso”. En este sentido, la formulación presupuestal debe orientarse prioritariamente hacia los planes de gobierno, los cuales recogen las necesidades de la comunidad y proponen alternativas de solución. Si no existe una relación directa entre ambas instancias, será difícil mejorar la condición y la calidad de vida en el territorio. Finalmente, como advierten Escobar et al. (2022), “la eficiencia de los modelos implementados para llevar a cabo adecuadamente y de manera integral la gestión pública puede verse debilitada o limitada cuando no se tiene una misión clara y coherente”.
El análisis económico y financiero actual de Colombia constituye un desafío complejo que exige abordar múltiples factores estructurales para identificar las causas de las desigualdades persistentes y proponer soluciones sostenibles. Hablar de las necesidades básicas insatisfechas se ha convertido casi en un lugar común dentro del discurso público, una tautología que evidencia la incapacidad histórica de traducir los avances normativos y financieros en mejoras reales de la calidad de vida. Aunque las finanzas públicas continúan creciendo y el Estado busca cada año nuevas estrategias de recaudo, los ciudadanos no perciben una correlación efectiva entre este esfuerzo fiscal y un gasto público eficiente, transparente y con resultados verificables.
La situación actual demanda repensar la gestión de los recursos públicos desde una perspectiva integral que supere la simple ejecución presupuestal. Los planes de desarrollo deben dejar de ser únicamente documentos administrativos y convertirse en instrumentos reales de transformación social, con mecanismos claros de seguimiento y evaluación que permitan medir, corregir y rendir cuentas sobre el impacto de las políticas implementadas. Sin esta articulación, la inversión pública corre el riesgo de convertirse en una práctica de gasto sin propósito social definido.
Las condiciones estructurales del país —como los desastres naturales, la inequidad territorial, la informalidad laboral y la violencia interna que por más de cinco décadas ha golpeado las zonas rurales— evidencian la deuda del Estado con amplios sectores de la población. No obstante, el ausentismo institucional no puede seguir siendo la respuesta. Durante décadas se han invertido cuantiosos recursos económicos y esfuerzos humanos para garantizar derechos fundamentales, pero aún existen comunidades sin acceso a energía eléctrica, agua potable, saneamiento básico, infraestructura vial o educación de calidad.
La gestión pública en Colombia debe trascender el cumplimiento formal de metas financieras y asumir su papel como garante del desarrollo humano integral. Los recursos públicos no deben ser solo cifras en informes contables, sino instrumentos de equidad, cohesión y justicia social. La planeación estatal debe enfocarse en resultados medibles que transformen la vida cotidiana de las personas: que una carretera construida no sea solo una obra física, sino el puente que conecta a los campesinos con los mercados; que una escuela no sea solo un edificio, sino el espacio donde se forma la ciudadanía crítica; que un hospital no sea únicamente una infraestructura de salud, sino la garantía concreta del derecho a vivir con dignidad.
En un país donde el progreso económico no siempre se traduce en bienestar social, la gestión pública responsable debe ser el eje articulador entre el crecimiento y la justicia. Invertir en educación, tecnología, innovación y desarrollo territorial no es un lujo, sino una necesidad moral y política. Solo cuando la eficiencia administrativa se traduzca en oportunidades, y cuando el presupuesto público tenga rostro humano, Colombia podrá hablar de un verdadero desarrollo sostenible, de un Estado que deja de medir su éxito en cifras y comienza a hacerlo en vidas transformadas.
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