Quieren más parches, pero no un cambio estructural. Quieren que marche, pero sin tocar su propiedad.

Fuente: (porta voz hip-hop chileno)

Desde comienzos de la segunda década del siglo XXI, Colombia asiste a un nuevo ciclo de movilizaciones sociales populares. Las movilizaciones de protesta comprenden un amplio espectro de actores sociales y de exigencias ciudadanas alrededor de la tierra, el despojo, el territorio, el agua, el medio ambiente, la educación, la salud, los servicios públicos, el empleo, la producción agropecuaria, el medio ambiente, la defensa de las opciones sexuales y los derechos humanos, entre otros. Un enjambre sostenido en el tiempo de protestas sociales protagonizadas por campesinos, afrodescendientes, población LGTBI, ambientalistas, trabajadores agrícolas, desempleados, estudiantes, pobladores urbanos y víctimas; surca el territorio nacional, tanto en el campo como en las ciudades.

El eje aglutinador y detonante de este ciclo vigoroso y múltiple de movilización popular se encuentra en los efectos sociales y económicos perversos producidos por la entrada en vigencia de los Tratados de Libre Comercio y la nueva fase extractivista y reprimarizadora del modelo neoliberal de desarrollo ejecutado por el gobierno de Juan Manuel Santos. Todo lo cual lesiona duramente las condiciones de vida y el medio ambiente de amplios sectores de la sociedad colombiana, especialmente de los históricamente subordinados, agravando situaciones de pobreza y exclusión de muchos más. Este nuevo ciclo de movilizaciones populares se produce además bajo condiciones extremas de criminalización de la protesta social, determinadas por un degradado y prolongado conflicto armado interno, en el que destaca el terrorismo de Estado y la acción del paramilitarismo, que ha destruido y destruye el tejido social popular y los liderazgos ciudadanos.

En los últimos años, además de la gran movilización universitaria de 2011 contra la reforma educativa del gobierno de Santos y la defensa de la universidad pública, descolla la amplia y poderosa movilización social agraria de 2013 y 2014, convirtiéndose en epicentro de este nuevo ciclo de protesta y movilización social. Desde la década del setenta del siglo pasado, durante la cual el movimiento agrario colombiano protagonizó históricas movilizaciones sociales, con tomas de tierra y paros cívicos locales, Colombia no había presenciado un despliegue de acción y de protestas agrarias, como las desarrolladas durante 2013 y parte de 2014. Teniendo en cuenta el papel protagónico que este sector social ha jugado en este nuevo ciclo de la protesta social, en este artículo intentaremos efectuar un análisis acerca de sus desarrollos y potencialidades en el corto y mediano plazo.

Para comprender el auge de la movilización social agraria en el año inmediatamente anterior y los intentos de configuración de un movimiento agrario en Colombia, se hace necesario ubicar algunos de los elementos históricos que determinaron dicho auge. Por esta razón, proponemos hacer una mirada retrospectiva de los últimos seis años, con el fin de identificar los acontecimientos más relevantes que permitan analizar el hilo conductor de las movilizaciones sociales agrarias en Colombia.

En primera medida, cabe mencionar que si bien los diversos autores que abordan el tema de los movimientos sociales en Colombia hacen referencia a momentos totalmente distintos para comprender el curso actual de los mismos, nos basamos en la premisa de que los acontecimientos acaecidos a partir de finales del 2008 representaron elementos de ruptura y continuidad, que dieron pie a una serie de movilizaciones sociales que hoy en día se reflejan como frutos para las luchas del sector agrario. De esta forma, nos proponemos mostrar cómo las protestas de los y las campesinas entre el 2013 y el 2014, fueron el punto culmen de un proceso de acumulación de fuerzas, que posibilitó que tales movilizaciones adquirieran la contundencia que alcanzaron. Así mismo, que es necesario entender que las movilizaciones sociales agrarias en Colombia de los últimos 15 años se han visto transversalizadas por dos procesos económicos relevantes: las políticas extractivistas y la firma de los Tratados de Libre Comercio, ambos enmarcados dentro de la fase de desarrollo neoliberal del modo de producción capitalista.

De acuerdo con esto, partimos metodológicamente del año 2008 como elemento clave para la comprensión de las tres movilizaciones más representativas que se llevaron a cabo en el año 2013 por parte del movimiento agrario en Colombia: el paro cafetero, el paro del Catatumbo y el paro nacional agrario, las cuales desembocaron en un salto cualitativo hacia la construcción de un movimiento agrario: la Cumbre Nacional Agraria, étnica y popular.

“En los últimos años, además de la gran movilización universitaria de 2011 contra la reforma educativa del gobierno de Santos y la defensa de la universidad pública, descolla la amplia y poderosa movilización social agraria de 2013 y 2014, convirtiéndose en epicentro de este nuevo ciclo de protesta y movilización social”

El movimiento social agrario colombiano: una retrospectiva de los últimos seis años.

Como antecedente inmediato nos remitimos a los hechos acaecidos en el 2008, en especial al paro de los corteros de caña más conocido como la huelga de los machetes caídos, y a la gran jornada de protesta indígena, configurándose este año como un referente de suma importancia para el análisis de la movilización social agraria en Colombia durante la última década.

El 15 de septiembre de 2008 se dio inicio en el Valle del Cauca a la huelga de los machetes caídos, un paro sin precedentes en el país, pues pocas veces en la historia colombiana los trabajadores de caña de azúcar eran protagonistas de una movilización de semejante magnitud. Con una duración de dos meses, el paro fue la plataforma para la reivindicación y la exigencia de mejoras en la estabilidad y la igualdad laboral, por parte de unos dieciocho mil trabajadores en este departamento ubicado al suroccidente del país. Los reclamos planteaban un alza en los salarios, la afiliación y prestación de la seguridad social y la contratación colectiva directa por encima de la tercerización de la mano de obra.

De acuerdo con Gloria Montoya (2011: 104), “el paro de corteros evidencia una reivindicación de los derechos laborales, un conflicto de clase, a su vez se patentizan alternativas de cara a la exclusión e inequidad. Igualmente, están cuestionando el modelo de Estado, el ejercicio del poder y los efectos de la crisis económica bajo el neoliberalismo”. Por tal razón, esta movilización se configuró como unas de las acciones de protesta más reveladoras en la coyuntura social y económica del país durante los últimos seis años, pues representó el levantamiento de los trabajadores agrícolas frente a las condiciones laborales indignas sobre las que se erige el “agro-negocio” propio del modo de producción capitalista en su fase de desarrollo neoliberal.

La minga indígena por su parte, tuvo lugar el 12 de octubre de 2008 en el departamento del Cauca, un territorio histórico de disputa entre los actores de la confrontación armada que vive Colombia y escenario de luchas de resistencia de los indígenas paeces por el respeto a su cultura, territorio y autonomía. En esta ocasión, cerca de 12 mil indígenas se dispusieron al cierre indefinido de la vía Panamericana, la cual conecta a los países de Colombia y Ecuador. Los y las indígenas se movilizaron en relación a temas como el “Tratado de Libre Comercio, pasando por terror y seguridad democrática, legislación de despojo, acuerdos incumplidos y carencia de democracia y participación real”^[1]. Entre las exigencias de la movilización, la minga planteaba que era importante “avanzar en el cumplimiento de los acuerdos firmados desde 1988 entre el Gobierno y diferentes pueblos, principalmente indígenas y campesinos. Entre ellos, el arreglo amistoso pactado como reparación de la masacre de El Nilo, Cauca, en 1991, por la cual el Estado reconoció su responsabilidad; el pacto que selló la masiva movilización indígena y campesina de 2005” (PNUD, 2009: 4). El diálogo y la firma de “acuerdos” con los movimientos sociales de protesta, que luego incumple, ha sido una estrategia desmovilizadora recurrente utilizada por los gobiernos de turno, casi siempre cuando las protestas tienden a salírseles de las manos.

De esta jornada de protesta indígena salió a relucir, más que su variado y creativo repertorio de acción, el llamado a la unidad del movimiento social, al alzar el pueblo indígena su voz para gritar “solos no podemos”; convocando así a la configuración de la minga de resistencia social, como una plataforma articuladora de diferentes sectores y organizaciones, que correspondiera con nuevas formas de construcción social y política y de trabajar con la gente, marcadas por la construcción desde abajo y con referentes de autodeterminación, soberanía y trabajo popular.

El cardiógrafo de la movilización: no en datos pero sí en vitalidad

Tomar el ritmo de un movimiento como el agrario es la posibilidad de ubicar el orden acompasado y zigzagueante en la sucesión o acaecimiento de hechos y acontecimientos, en donde lo fundamental es hallar aquellos momentos que se podrían denominar como vitales, relevantes o desencadenantes. Además de la confluencia casi simultánea en tiempo y espacio entre el paro de los corteros de caña y la minga indígena, en el 2008 fueron también protagonistas otras expresiones sociales como, por ejemplo, el paro de trabajadores de la rama judicial de mediados de agosto, que duró aproximadamente 40 días. Así mismo, entre el 2009 y principios del 2011, hace presencia una serie de movilizaciones sectoriales como las de la salud y los transportistas. Esta irrupción social, nacional, regional y local, se convierte en caldo de cultivo para que surjan así mismo nuevos agrupamientos de izquierda, como Marcha Patriótica y Congreso de los Pueblos, integrados por fuerzas sociales y políticas múltiples y plurales, en estrecha conexión con este nuevo ciclo de protestas.

El cardiógrafo de la protesta social intensificó su ritmo durante el 2011, año en el que las protestas universitarias inundaron las calles de las grandes ciudades colombianas, exigiendo educación pública gratuita y de calidad para todos. Había aprendizajes mutuos y efectos repotenciadores entre las múltiples manifestaciones de protesta, pese a la inexistencia o escasa coordinación entre ellas. Según Cristian Rodríguez y Luis Alexander Díaz, directores del documental El sur de la universidad, el movimiento estudiantil tomó este fuerte impulso gracias a la movilización indígena del 2008.

No obstante, el 2013 es sin lugar a dudas el año de mayor conflictividad social y movilización de las últimas cuatro décadas en la historia del país. De acuerdo con el Centro de Investigaciones y Educación Popular – CINEP (2014), en el 2013 se presentaron 1.027 protestas, registro que demuestra la convulsión social del momento, aunque el dato aislado no evidencie la contundencia o vitalidad misma de los acontecimientos.

Los elementos anteriormente expuestos, nos llevan a preguntarnos cómo se enlazan los acontecimientos que desde el 2008 han dado lugar al movimiento social colombiano actual y, en especial, a la movilización social agraria.

Movilizaciones sociales del sector agrario en el 2013

El año 2013 fue epicentro de una multiplicidad de luchas populares que exigen al gobierno nacional, a la cabeza del presidente Juan Manuel Santos, la configuración de una política agraria integral, que llegara al fondo y diera solución a la crisis del sector agrario en Colombia. Esta crisis emanaba de un enfoque neoliberal en el que resaltaban: 1) la producción minero energética como eje fundamental de desarrollo propuesto desde el gobierno anterior hasta el actual, y que trajo consigo la concesión de grandes extensiones de territorio a empresas privadas multinacionales y nativas para la explotación de minerales y el monocultivo de caña y palma aceitera para la producción de bio-diesel; y 2) la entrada en vigencia de Tratados de Libre Comercio con varios países, principalmente con Estados Unidos, tratados que se dieron en condiciones desiguales y que implicaron, según los mismos sectores movilizados, un detrimento de la producción agropecuaria nacional debido a la importación directa de productos sin aranceles. Teniendo como trasfondo la tradicional estructura latifundista de la propiedad agraria y el despojo de cerca de 8 millones de hectáreas de pequeños y medianos campesinos a manos de grupos paramilitares y latifundistas.

La disminución de la producción del café da cuenta de la caída del dólar en relación al peso, la reducción de las utilidades en las exportaciones y la ausencia de precios y subsidios de sustentación, desencadenaron el paro cafetero acaecido entre los meses de febrero y marzo de 2013, el cual buscaba llamar la atención del gobierno nacional en temas fundamentales como la regulación del precio del grano, el establecimiento de subsidios para la producción y un considerable freno de las importaciones del café en el país.

El paro cafetero tuvo varias particularidades a resaltar. La primera de ellas es que aún ante las propuestas de diálogo planteadas por el gobierno nacional y la Federación Nacional de Cafeteros, los caficultores optaron por movilizarse, dando inicio al paro el 25 de febrero en 21 puntos de concentración territorial distribuidos en los departamentos del eje cafetero: Huila, Cauca, Valle del Cauca, Tolima y Nariño. La segunda es que si bien la Federación Nacional de Cafeteros calificó el paro de injustificado, los grandes empresarios cafeteros participaron de la movilización “[…] por cuanto sabían que serían los principales beneficiados al obtener un subsidio estatal al precio de compra de café (PIC). Por eso ayudaron apoyando económicamente las movilizaciones y bloqueos” (Dorado, 2014: 4). De esta manera se logró recoger al grueso del gremio cafetero, siendo partícipe del paro tanto los grandes propietarios como los pequeños y medianos caficultores, gracias a que las exigencias radicaban en el precio del café, y no de acuerdo a la extensión del área sembrada.

Por su parte, aunque el paro cafetero no encontraba en su hacer un sustento político, sino por el contrario, correspondía a un proceso reivindicativo con orientación económica; diferentes sectores políticos, tanto de derecha como de izquierda, intentaron instrumentalizarlo políticamente con miras a las elecciones presidenciales y legislativas del 2014. Todo lo cual no interfirió ni su autonomía como tal ni la legitimidad social de sus exigencias. De esta movilización surgió como organización “las Dignidades Cafeteras”, propuesta que reunía a los dirigentes cafeteros y que luego se extendería a otras ramas de producción como la papera y la cacaotera. El 8 de marzo culminó el paro cafetero, luego de días de negociaciones con el gobierno nacional, dejando como resultado la concesión de un billón de pesos en subsidios para la producción. El paro cafetero, además de despertar grandes sentimientos de solidaridad a lo largo y ancho de la región cafetera, fue la base sobre la que se configuró la oleada de protestas agrarias devenidas a lo largo del 2013, gracias a los efectos ejemplarizantes producidos.

La otra gran movilización agraria se produjo en el Catatumbo, al nororiente del país. El paro del Catatumbo que tuvo lugar entre los meses de junio y julio de 2013 en el departamento Norte de Santander, zona limítrofe con Venezuela, representó igualmente un punto de quiebre para el gobierno nacional en relación con las políticas neoliberales y sus efectos sobre lo agrario. Como zona de encuentro de diversos grupos armados, epicentro de gran actividad petrolera, y vía para el tránsito de drogas entre ambos países, el Catatumbo es la ejemplificación de las crisis sociales que afronta la sociedad civil en aquellos territorios en los que la presencia del Estado ha sido nula.

Dando comienzo el día 11 de junio, en este paro confluyeron pequeños cultivadores no organizados y la Asociación de Campesinos del Catatumbo, instaurada en el 2009. Inicialmente, el paro del Catatumbo encontraba como principal exigencia el cese de la erradicación no concertada de los cultivos de coca^[2], actividad agrícola que era fuente vital de ingresos y recursos para gran parte de la población –por no decir la única–; argumentando que el gobierno nacional les quitaba el sustento, pero que al mismo tiempo no les proponía alternativas de vida.

Ante el abandono estatal y la ausencia de otras alternativas de sobrevivencia, la erradicación de tales cultivos significaría condenar al hambre y la miseria a decenas de familias campesinas. Por tal razón la convocatoria del paro obtuvo un respaldo generalizado y unánime entre los campesinos y labriegos de la región. Habiéndose iniciado en la zona rural del municipio de Tibú, la voz del paro se regó como pólvora por veredas y pueblos de siete municipios más, que poco a poco y en forma entusiasta se fueron sumando al torrente de la movilización. Desde el inicio, el paro adoptó la forma del bloqueo y el cierre de vías y carreteras, acompañado de una formidable presencia de masas en permanente movilización (Nieto, 2013: 6).

Eventualmente, se fueron sumando a las peticiones la creación de una Zona de Reserva Campesina, contemplada en la ley 160 de 1994, proyectos productivos de sustitución, subsidios al agro, entre otras peticiones que habían sido recogidas en la propuesta Zona de Reserva Campesina del Catatumbo, la cual pretendía ofrecer al gobierno nacional una alternativa al problema de los cultivos ilícitos. No obstante, éste fue reacio ante la propuesta, lo que derivó en la prolongación del paro, a pesar de la desembozada represión militar a que fue sometido por los grupos policiales de choque del gobierno nacional.

Al igual que el paro cafetero, lo acontecido en el Catatumbo se convirtió en detonante de la protesta social para otros actores colectivos del país, que paulatinamente se fueron sumando frente a la necesidad de reclamarle al gobierno sus agravios e inconformidades.

Casi inmediatamente después del levantamiento del paro del Catatumbo, se desencadena el paro nacional agrario, que articuló una multiplicidad amplia y plural de gremios y actores, que buscaban de manera unificada hacer sentir su descontento generalizado frente al gobierno nacional, dando pie a un cese de actividades el 19 de agosto. Los persistentes intentos de deslegitimación de la protesta agraria por parte de los entes gubernamentales y los medios de comunicación, atribuyéndoles un carácter “subversivo” a las movilizaciones y la famosa frase desafiante “el tal paro agrario no existe” expresada por el presidente Santos a los medios, generó altos grados de indignación nacional tanto del sector agrario como de la población de las áreas urbanas y otros actores sociales, lo que le imprimió una fuerza social descomunal al paro, encontrando a su vez un respaldo importante por parte de la opinión pública.

Pese a que la construcción de los pliegos de peticiones de la protesta agraria significó un intento sustancial por consolidar una propuesta unitaria en la que se vieran representados los diversos sectores agrarios, el paro desde su organización no encontró una forma efectiva de articular a los dirigentes y las zonas en las que se focalizaban las acciones. Además, al plantear dentro de los pliegos la renegociación de los Tratados de Libre Comercio como una de las principales reivindicaciones, los grandes empresarios y terratenientes que inicialmente se vincularon al paro, se echaron para atrás y decidieron no apoyar la movilización. Ello se reflejó en la débil participación de los pequeños productores que, por falta de organización, dependían del apoyo económico de los grandes cafeteros para poder sostener el movimiento (Dorado, 2014).

Al establecerse finalmente las mesas de diálogo a lo largo del país como estrategia de desmovilización del gobierno nacional, en las que cada gremio negoció por separado, se debilitó fuertemente la contundencia de las manifestaciones y se fragmentó el movimiento, lo que le facilitó el trabajo al gobierno nacional para lograr pequeñas victorias y cooptar algunas de las expresiones, reduciendo así considerablemente cualquier intento del sector agrario por configurarse como un movimiento de carácter político.

Como se planteó en líneas anteriores, enmarcar procesos coyunturales en miradas de larga duración implica necesariamente preguntarse por los elementos de continuidad y ruptura, que dan pie a transformaciones estructurales. En este sentido, cabe mencionar que la constitución del Frente Nacional a mediados del siglo XX configuró nuevos repertorios de acción en lo político, en la medida en que los partidos políticos dejaron de ser los sujetos de la representación y de la acción política, como idea fundamental de la democracia liberal (Nieto y Beltrán, 2011: 146). Diversos autores han argumentado que el Frente Nacional (1957) produjo una serie de cambios en el espectro político que redefinieron la articulación entre los partidos políticos, el Estado y la sociedad. Al respecto, Pizarro (1991) plantea que como consecuencia del pacto bipartidista, la sociedad no tuvo un papel real dentro de la configuración de las estructuras estatales y de los aparatos políticos, viéndose así reducida a asumir su rol dentro de un juego de contraprestaciones, lo que impidió la consolidación de una cultura política representativa. Esta democracia sin pueblo, conllevó a la necesidad de buscar espacios de acción e influencia dentro de los “estrechos marcos de participación definidos en las instituciones y partidos políticos colombianos” (Pizarro, 1991: 304), por parte de las nuevas fuerzas políticas y capas sociales que iban emergiendo.

Las movilizaciones agrarias confirman esta tendencia larga de desarticulación entre lo político y lo social. Es así como las movilizaciones sociales agrarias que surgieron de manera espontánea en el 2013 empezaron a adquirir un papel protagónico y autónomo, pues no se veían representadas por las cabezas visibles de los gremios hasta ese momento –como la Federación Nacional de Cafeteros– y mucho menos por la clase política tradicional. De esta manera, podría hablarse de un resurgimiento de nuevas formas de hacer y vivir la política por parte de los sectores subalternos, expresiones que no están ya mediadas por los partidos, ya que no encuentran en el espectro político una alternativa para hacer valer sus reclamaciones.

Del paro a la cumbre y otra vez al paro: intentos de construcción de un movimiento agrario en Colombia

Luego de este panorama de movilización que podríamos definir como regional-sectorial, en el que cada rama del sector agrario luchó por reivindicaciones propias, las cuales en algunos puntos iban incluso en contravía de otras propuestas, aunado a las negociaciones regionales; hacia el 2014, diferentes organizaciones intentaron generar una articulación que permitiera la construcción de un pliego nacional único y la posibilidad de instaurar una mesa nacional de diálogo para negociarlo. De esta manera, empezó a tomar forma lo que se denominó como la Cumbre Agraria que además intentó acercar sectores indígenas y afro-descendientes, pobladores urbanos, entre otros.

Esta cumbre fue la muestra de la experiencia adquirida por los sectores populares en los años pasados, entendiendo la organización como una de estas experiencias, haciendo presencia como impulsoras de esta cumbre la Marcha Patriótica y el Congreso de los Pueblos y otras organizaciones sociales y políticas con gran experiencia de lucha como la Organización Indígena de Colombia (ONIC), el Proceso de Comunidades Negras (PCN), el Coordinador Nacional Agrario (CNA) y la Mesa de Interlocución Agraria (MIA), entre otros^[3].

La cumbre se consolidó entonces como el resultado de las movilizaciones anteriores y fue fruto del análisis hecho por los diferentes sectores. Se resalta en este punto el carácter democrático de estas construcciones, gracias a la realización de precumbres regionales que desembocaron en la Cumbre Nacional del mes de marzo en Bogotá y en la que participaron cerca de 4000 líderes sociales y de base; hablamos de democrático desde una perspectiva de democracia directa y popular, en la que los diferentes asistentes a nivel nacional participaron de manera abierta y donde se pretendía la construcción de consensos. De esta manera, como objetivo central de la cumbre estaba la construcción de un pliego nacional unificado de exigencias y la convocatoria a un nuevo paro nacional.

La crisis de representación política ha traído consigo varios movimientos que han planteado la consigna de no nos representan, proponiendo una forma de hacer política en la que cada quien se represente a sí mismo, es decir, una democracia directa o asambleísta de singularidades. Para el caso colombiano, y como fruto de estas discusiones y reuniones, surgieron acumulados políticos que más que exigidos al gobierno fueron cumplidos por las mismas comunidades que los desarrollaron, emergiendo así el término mandato o proceso constituyente, que salieron como partes fundamentales del pliego en el proceso de la Cumbre Nacional.

Titulamos este apartado como intentos de construcción de un movimiento agrario en Colombia por varios puntos: 1) la articulación regional-nacional; 2) el intento de superación de los segmentos de producción por un movimiento agrario, étnico y popular; y 3) la construcción de un pliego que en varios puntos rebasó lo meramente reivindicativo.

Frente a la articulación regional-nacional la Cumbre Agraria tomó la experiencia de los paros pasados y, basándose en los elementos negativos de estos planteó nuevos pasos. Por ejemplo, frente a las negociaciones regionales y por ramas de producción que hicieron que las ganancias políticas para los campesinos fueran pocas, la Cumbre Agraria planteó que “no es con la fragmentación de nuestras luchas, sino con la comprensión de nuestras experiencias, que daremos fuerza a la transformación de nuestro país” (Comunicado Cumbre Agraria, 2013), proyectando la articulación de los diferentes procesos, organizaciones, movimientos de carácter regional en un proceso nacional; poniendo además como prioridad la instauración de una mesa nacional de negociación con el gobierno, en la que se aborde la totalidad del pliego construido en el encuentro en Bogotá.

El pliego de la cumbre agraria, fruto de varios encuentros regionales y un encuentro nacional, se agrupó en ocho ejes temáticos que partían de un enunciado general, desde el cual se exigían y mandataban varios puntos. Como ya se indicó, el tema de mandatar implica no sólo delegar en el Estado el cumplimiento sino que es entendido como un ejercicio de soberanía, autodeterminación y legislación popular, sino que además el pliego se convierte en punto de disputa que rebasa lo meramente reivindicativo, llegando a esbozar incluso un modelo de economía propia, planteando:

La transformación del modelo productivo del país, apuntando a una política económica planificada y agroecológica que regule el mercado, basada en el fortalecimiento de la economía campesina, indígena y afrocolombiana. Ese nuevo modelo debe impulsar un sistema de economía campesina que desarrolle una política pública para recuperar el campo colombiano de la quiebra generada por las políticas aperturistas y de libre comercio”.

Además del modelo económico, se plantearon a su vez temas de tierras, territorios colectivos y ordenamiento territorial, economía propia contra el modelo del despojo, minería, energía y ruralidad, cultivos de coca, marihuana y amapola, derechos políticos, garantías, víctimas y justicia, derechos sociales, relación campo-ciudad, paz, justicia social y solución política.

Estos puntos comenzaron a generar articulación nacional, haciéndose el llamamiento a un nuevo paro nacional para el primero de mayo de 2014. A la par, se conformaron comités de paro regionales, se empezó a trabajar en la logística necesaria para el paro, se crearon comisiones de derechos humanos, entre otras planificaciones, que permiten vislumbrar los intentos de organización y superación de la espontaneidad y dispersión de las movilizaciones anteriores.

En cuanto a las formas como se desarrolló este paro agrario, hay que decir que no se distanciaron mucho de los anteriores, donde el repertorio de acción fue muy amplio, partiendo de la amenaza de dejar perder la cosecha cafetera hasta los bloqueos de vías y la toma indefinida de carreteras principales y secundarias en los diferentes departamentos colombianos. Hay que advertir de igual forma que ante esta medida de presión la respuesta del gobierno fue desmedida incluso mandando tanques de guerra para desalojar las barricadas, además el Escuadrón Móvil Anti Disturbios (ESMAD) adscrito a la policía nacional tuvo una respuesta feroz y desmedida contra los campesinos.

“Frente a la articulación regional-nacional la Cumbre Agraria tomó la experiencia de los paros pasados y, basándose en los elementos negativos de estos planteó nuevos pasos”

Las movilizaciones agrarias anteriores a la cumbre estuvieron marcadas por la espontaneidad en la medida que no había puntos de concentración definidos, no había criterios claros de exigencia del paro ni de negociación. Además, los apoyos de otros sectores se dieron en parte a raíz de los atropellos por parte del Escuadrón Móvil Anti Disturbios (ESMAD) hacia los campesinos, lo que conllevó a que pobladores urbanos convocaran varios tipos de movilizaciones, como marchas, plantones, cacerolazos, entre otros; las cuales rebasaron por completo las posibilidades de la fuerza pública para controlarlas. Ese carácter disperso y la negociación por partes y sin muchas claridades, implicó que, si bien el impacto mediático fue muy amplio por los cortes de vías, el desabastecimiento, entre otros; las ganancias para los sectores agrarios fueron pocas.

En otro sentido el paro de la Cumbre Agraria tenía más organización con puntos claros de concentración y movilización, este hecho sumado a la capacidad de aprendizaje de los diferentes sectores posibilitó una nueva respuesta estatal frente a la movilización, lo que a su vez hizo que las concentraciones y los cortes de vías no fueran de la magnitud que se esperaba, aunado al uso de gases lacrimógenos, balas y tanquetas, el no dejar pasar la comida a los puntos de concentración . Sin embargo estas estrategias fueron incompletas y amplios sectores se lograron movilizar, pudiendo avanzar en varios puntos como la instauración de la mesa nacional para negociar el pliego, algunos términos para los subsidios, quedando aún pendientes de discusión los puntos más gruesos del pliego construido en la Cumbre.

Conclusiones

Las movilizaciones sociales agrarias que han encontrado cabida desde el 2008 hasta 2013 tensionan la crisis del neoliberalismo y cuestionan de manera concreta el curso que viene tomando la economía nacional, en relación a la reprimarización de la misma.

Así mismo, estas movilizaciones se desarrollaron en un marco de criminalización y estigmatización de la protesta, así como de represión estatal. De esta forma, se lanzaron acusaciones de infiltración guerrillera dentro de las estructuras organizativas de las movilizaciones, por parte de miembros de ministerios y de altos mandos militares, pretendiendo con esto deslegitimar las reivindicaciones sociales, por de más justas, de campesinos y agricultores, y derivando eventualmente en fuertes enfrentamientos entre los manifestantes y la fuerza pública.

Frente a los intentos de organización y la espontaneidad de los paros anteriores, sería interesante incluir dentro del análisis los impactos y los alcances de los mismos. Como se mencionó anteriormente, la espontaneidad en las movilizaciones sociales agrarias de 2013 posibilitó un gran impacto pero limitó sus alcances. Por su parte, si bien el paro de la Cumbre Agraria no tuvo mayor trascendencia para la opinión pública, en términos de alcances fue más significativo.

Sobre el balance y el significado del paro agrario nacional las valoraciones son diversas. Para algunos, las movilizaciones agrarias fueron “[…] masivas, beligerantes, sacrificadas, importantes pero no contundentes. Representan un destacado auge de las luchas populares en Colombia pero la división y dispersión del movimiento debilitaron su accionar y le mermaron la fuerza que hubiera podido tener si se combinara la unidad con la claridad política” (Dorado, 2014: 2).

Para otros, pese a sus evidentes limitaciones, las movilizaciones agrarias de 2013 y 2014 marcan un hito en la historia de las luchas y protestas de los sectores subalternos en Colombia. Bien lo anota Nieto:

Después del Paro Cívico Nacional del 14 de septiembre de 1977, convocado por las cuatro centrales sindicales de la época, el país no había vivido un despliegue de la protesta social con las dimensiones, intensidad, radicalidad y cobertura socio espacial como el que se acaba de vivir con el paro nacional agrario de los meses de agosto y septiembre. Es cierto que el paro agrario de este año no tuvo los alcances del paro cívico de 1977, tampoco sus protagonistas fueron los mismos; sin embargo, vale resaltar que uno y otro tuvieron en común una formidable e inusitada movilización de fuerzas y sectores sociales comprometidos con la protesta, adquiriendo ambos características propias de la huelga general de masas como rasgo distintivo. Lo vimos igualmente en el Catatumbo, como paro de carácter regional. Típicos episodios de lucha de clases, en los que lo social y lo económico reivindicativo aparecen entrelazados con lo político (Nieto, 2013: 7).

A un año del paro de agosto-septiembre de 2013, y ante el incumplimiento de los acuerdos firmados por el Gobierno Nacional con los líderes agrarios, la Cumbre Agraria Nacional se apresta para el lanzamiento de un nuevo paro agrario nacional para el mes de septiembre de 2014.

Referencias

Centro de Investigación y Educación Popular – CINEP 2009 La protesta social 2002-2008. En cuestión las políticas públicas de Uribe Vélez (Bogotá: CINEP).

Centro de Investigación y Educación Popular – CINEP 2014 Las luchas sociales en Colombia 2013 (Bogotá: CINEP).

Dorado, F. 2014 “Balance de las luchas populares 2013” en Semanario Virtual Caja de Herramientas (Colombia) Nº 00384, semana 24-30 de enero.

Montoya, G. I. 2011 “El paro de corteros de caña en el Valle del Cauca – Colombia: una acción colectiva de cara al modelo económico” en Sociología 7 (Colombia).

Nieto, J. R.; Beltrán, M. A. 2001 “Sociedad y política en Colombia. La experiencia del Frente Nacional” en Latinoamericana. Anuario de Estudios Latinoamericanos, 34.

Nieto, E. 2013 “Leyendo el Catatumbo” en El Topo (Medellín) N° 13, septiembre.

Pachón, J. D. 2009 La minga indígena: los caminantes de Colombia en busca de la nómada justicia, en: https://prensarural.org/spip/spip.php?article2078.

Pizarro, E. 1991 “Democracia restringida y desinstitucionalización política” en Medellín Torres, Pedro La reforma del Estado en América Latina (Colombia: Fescol).

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. 2009 Hechos del callejón (56). Las apuestas de la minga. En: http://www.pnud.org.co/hechosdepaz/echos/pdf/50.pdf.

Ruiz, C. 2013 “Las luchas sociales en el periodo del gobierno de Santos” en El Topo (Medellín) N° 13, septiembre.

SINALTRINAL 2008 El futuro es nuestro. ¡Viva el paro cañero! En: http://www.redcolombia.org/oscar/vallecauca/NegozioCanna_Sinaltrainal_es-pdf.

Notas