Introducción

Durante el siglo XX, se generaron múltiples procesos migratorios en Colombia, ocasionados por diversas causas, que van desde el ámbito político hasta el cultural. Dentro de las regiones que mayor flujo migratorio presentaron se encuentra la región Andina y, dentro de ella, especialmente, el altiplano cundiboyacense. En éstos procesos migratorios se vieron impactadas no solo las ciudades, sino los ecosistemas existentes en la región, especialmente las rondas de los ríos y los humedales, los bosques andinos y los páramos, ocasionando principalmente cambios de paisaje y usos del suelo.

En el presente artículo, se reflexiona sobre el proceso de migración generado en Colombia en las décadas que van de 1950 a 1990, algo que conllevó, en parte, la urbanización y el crecimiento de Bogotá durante el mismo período histórico, afectando la red de humedales del Distrito Capital, teniendo como referencia la zona del humedal de Techo, perteneciente a la localidad de Kennedy. Lo que se quiere evidenciar en el presente artículo es la manera como el crecimiento de la ciudad, planificado o no, generó una afectación directa sobre los humedales de la ciudad, lo que en el fondo permite dimensionar la relación que se ha tenido con la naturaleza –a través del tiempo- en nuestra sociedad.

Metodológicamente

Este artículo es resultado de un proyecto de investigación¹ cuya metodología se desarrolló a partir de una revisión histórica, que analizó el proceso de crecimiento de Bogotá durante el siglo XX y las consecuencias sociales y ambientales hacia los humedales de la ciudad, específicamente en el humedal de Techo. De otra parte, y teniendo como guía el método etnográfico (Guber, 2011, p. 77), se desarrollaron grupos focales donde se realizaron entrevistas grupales semi-estructuradas y se construyó una línea del tiempo, para conocer el desarrollo de los barrios vecinos al humedal de Techo. De esta manera, se buscan entender los procesos que llevaron a la construcción de los barrios, durante el siglo XX; de otra parte, es posible conocer parte de las historias de vida de sus habitantes y los procesos de migración que tuvieron que afrontar. Generar una triangulación en las metodologías usadas permitió construir un panorama más completo de las afectaciones que generó la urbanización de estos espacios. Así mismo, la relación naturaleza-sociedad que construyeron sus habitantes, y los impactos sociales que ha tenido el ser vecino de un humedal, dentro del Distrito Capital.

En retrospectiva

Los humedales de Bogotá están considerados como Parques Ecológicos Distritales, en la clasificación del Sistema de Áreas Protegidas, establecido en el artículo 26 del Decreto Distrital 619 de 2000, mediante el cual se adoptó el Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá D.C. En el artículo 16 de este decreto se indica que cada una de las áreas declaradas por el Distrito Capital como parte del Sistema de Áreas Protegidas debe contar con un Plan de Manejo que debe ser aprobado por la autoridad ambiental competente y que, en el caso de los Parques Ecológicos de Humedal, debe ser elaborado por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB).

Dichas áreas también forman parte de la Estructura Ecológica Principal (en adelante, EEP) del Distrito Capital y la Región, y junto con los demás humedales de la altiplanicie cundiboyacense, constituyen una unidad biogeográfica, en el ámbito regional, que se caracterizan por centros de endemismo a nivel de fauna y flora, y por ser lugares de paso de aves migratorias australes y boreales. Las reglamentaciones jurídicas y la caracterización que en la Estructura Ecológica Principal Urbana (en adelante, EEPU) se hace de los humedales, como Parques Ecológicos Distritales, plantea como objetivo fundamental la conservación de sus valores naturales, con el fin de protegerlos, debido a que son ecosistemas frágiles e indispensables para la vida de los bogotanos, junto con los cerros orientales (Andrade, 2005, p. 152).

Sobre estos ecosistemas se generaron fuertes presiones, a partir de los procesos migratorios generados hacia el interior del país, desde la década de 1950, por diversos motivos. Autores como Pécaut (2000), Bello (2004) y Fajardo (2004) coinciden en afirmar que la violencia en Colombia ha sido una constante durante el siglo XX, generando un fenómeno que desdibujó las regiones, cambió identidades y transformó ecosistemas (Márquez, 2001, p. 451)².

Según Pérez Murcia (2004, p. 50), el desplazamiento en Colombia se ha generado a partir de 3 factores fundamentales: en primera instancia, el conflicto armado que ha involucrado a la población civil por múltiples motivos. En segundo caso, se referencia la pobreza, la poca presencia estatal y los modelos de desarrollo aplicados en el país; y finalmente, la dinámica económica, la presencia de recursos naturales estratégicos y la concentración de la propiedad, que se representa en los procesos expropiatorios que, durante el siglo XX, se generaron en la mayoría de las zonas rurales de Colombia y que hoy salen a la luz pública, gracias a los estudios del grupo de Memoria Histórica que la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación ha venido desarrollando en los últimos años.

Los procesos migratorios generados durante el siglo XX, en el país, terminaron afectando múltiples ecosistemas, en zonas rurales y urbanas. En el caso de Bogotá, los humedales, el río Bogotá y los cerros orientales fueron los más afectados. Es cierto que desde el siglo XVI se han presentado conflictos³ ambientales, dados por múltiples motivos de orden económico, político, social y cultural, así como por los imaginarios construidos sobre estos espacios. Imaginarios que se rompen en el proceso de conquista, durante el siglo XVI, y que por ende acabaron con la armonía que los indígenas tenían con estos lugares “sagrados”, dando origen a los procesos destructivos que hasta la fecha siguen vigentes (Ceballos, 1994, p. 20). Y desde finales del siglo XIX, comienzan los procesos de transformación urbana que ha tenido la ciudad y que generó consecuencias en el uso del suelo y en los ecosistemas (Palacio, 2008, p. 202).

Ahora bien, a través de la historia de Bogotá, hemos visto que el Estado no ha tenido, ni tiene, políticas claras con respecto a las condiciones de ubicación y vivienda de los migrantes en el país, razón por la cual es común que la nueva ubicación de estas personas se de en zonas ambientalmente frágiles, como el caso de los humedales o incluso zonas de alto riesgo, como sectores cercanos a canteras, o de posibles inundaciones, como las rondas de los ríos (Osorio, 2007, p. 93).

Esto se evidencia en el humedal de Techo⁴. En esta zona, se ubicaron muchas personas teniendo en cuenta los bajos precios de la tierra; es decir, como única opción para conseguir un terreno propio, donde construir su casa. Esto generó la edificación de múltiples barrios alrededor del humedal, ocasionando una fuerte y continua presión ambiental sobre el ecosistema.

Según Torres (2009, p. 19), los asentamientos de origen informal datan de finales del siglo XIX, generados por la magnitud de la problemática del hábitat, dado que no se tenía claro el modelo de ciudad, la estructura económica y el mercado, convirtiéndose estos en los escenarios fundamentales para la expansión y el desarrollo del hábitat auto-producido.

Los habitantes del barrio Lagos de Castilla⁵, colindante con el humedal de Techo, corroboran lo anterior, mediante la información recolectada en los grupos focales que se realizaron. Se mencionó que, hacia 1936, gran parte de la zona pertenecía a la gran hacienda Techo, donde hoy se ubica el barrio y el humedal del mismo nombre; y pertenecía a los Padres Jesuitas. Luego fue vendida a diversos propietarios y hacia 1992, la Inmobiliaria Colina compró parte de lo que era la hacienda. Ésta inmobiliaria organizó comerciales a través de la radio, en varias emisoras de la ciudad, promocionando la venta de lotes en ese sitio. El proyecto urbanístico comprendió el manzaneo (organización de manzanas) y el loteo (división de cada una de las manzanas por lotes). La inmobiliaria entregó papeles de los lotes, entre ellos la escritura pública y el certificado de libertad; o sea, entregó predios legalizados (Carmen Gómez y Estela Murcia, lideresas comunitarias y vecinas del barrio Lagos de Castilla, comunicación personal, mayo de 2013).

En el barrio Lagos de Castilla se evidencia la coexistencia de construcción formal e informal, se hallan urbanizaciones que cuentan con todos los servicios públicos, mientras que otras, debido a los procesos de autoconstrucción, sin algunos servicios públicos, como gas natural y línea telefónica. Con el transcurso de los años, los propietarios se enteraron de que los lotes comprados por ellos, de forma “legal”, están en zonas que el Distrito ha declarado “ilegales y de alto riesgo”, por colindar con el humedal de Techo.

La situación fue discutida por los propietarios de los lotes, de los predios y por el Distrito, pero nunca se llegó a una solución. En algunos casos, los propietarios de lotes, que aún no habían construido, los vendieron, pues los papeles son legales y están al día. En otros casos, algunos propietarios construyeron sus casas, lo que generó más impacto ambiental hacia el humedal; sin embargo, de existir políticas públicas que regulen la construcción en estas áreas, se podría haber evitado el impacto sobre este ecosistema.

Lo ideal sería que se definieran políticas sociales que permitan mantener un equilibrio entre la sociedad y la naturaleza, pues las condiciones imperantes en la distribución espacial de las poblaciones y el crecimiento natural e inducido de ésta, sigue aumentando el conflicto entre el uso actual del territorio, y que de seguir la misma línea, es factible que se vean comprometida la sostenibilidad y su desarrollo futuro (Palacio, 2002, p. 198); y de esa manera absorber y transformar los conflictos ambientales generados por el proceso de migración, que actualmente sigue viviendo el país, aún ad portas de un posible período de post-conflicto. El Estado debe actuar como agente de desarrollo en éstos grupos sociales y no sólo como árbitro del conflicto social.

En el caso de Techo, se evidencia que la comunidad terminó asumiendo las consecuencias de la falta de claridad en la política pública distrital, a nivel ambiental. Para el momento en el que se comenzó a urbanizar la ciudad, nunca fue clara la delimitación de los humedales, lo que llevó a que muchos de ellos terminaran convertidos en urbanizaciones. La participación ciudadana se ha dado más desde la resistencia social comunitaria, frente a hacer valer sus derechos de propiedad, adquiridos de forma legal, en zonas declaradas más tarde como ilegales por el Distrito, y a su vez demostrar que pueden convivir en armonía con un ecosistema estratégico.

Si se mira en retrospectiva el crecimiento de ciudades como Bogotá, se puede ver que se superponen las diferentes manifestaciones de lo que es la vivienda informal y la formal; donde lo informal ha sido el “gran constructor” de las ciudades en Colombia. Sin embargo, a partir de la Constitución de 1991, el país entró en una nueva etapa de desarrollo del modelo de producción capitalista. Fue una fase de mercado conocida como neoliberal, que impactó todos los ámbitos del desarrollo de la vida nacional y que se evidencia en los cambios generados dentro de los modelos de la gestión de ciudades. Lo anterior tuvo como base la emergencia producida por el aumento del flujo migratorio de población desplazada hacia las ciudades, por el efecto del conflicto interno, la creciente privatización de las empresas públicas incluidas los servicios públicos y la reivindicación de las condiciones ambientales de las ciudades (Hardoy y Satterhwaite, 1987, p. 34; Torres, 2009, p. 21).

Antes de 1960, Colombia era un país conformado por población mayoritariamente rural y con poco desarrollo, en relación con los procesos urbanísticos. Pero a partir de la década de 1960, comienzan los procesos migratorios del campo a la ciudad, ocasionados principalmente por factores sociales, políticos y económicos. Con éste proceso, se genera un déficit de vivienda en la ciudad, lo que ocasiona que se dé un auge en la construcción de barrios legales e ilegales, y que se construyan en zonas no aptas para vivienda, como es el caso de los barrios que están sobre antiguas zonas de humedales, repartidos por toda la ciudad.

Se evidencia también que hacia los años cincuenta, en el sector de Techo existían fincas en las cuales se cultivaba trigo, cebada y avena. Se encontraban algunas zonas pantanosas de los antiguos lagos y humedales, donde la gente de la ciudad pasaba tardes enteras disfrutando de la naturaleza, de manera recreativa. Aunque el proceso de transformación iba aumentando, pues se referencia la presencia de ganado y la importancia de la zona como abastecedora de leche para la ciudad, así mismo, se reporta la presencia de grandes extensiones de eucaliptos (Cabrera, 1998, p. 120).

En menos de 50 años, Colombia se convirtió en un país mayoritariamente urbano. Bogotá presentaba, para finales de los años noventa, una creciente recepción de personas de todo el país, generando no sólo el crecimiento de la ciudad, la conurbación de zonas aledañas, sino también, el aumento en los niveles de pobreza, de marginalidad social, de barrios subnormales y del empleo informal (Del Castillo, et al., 2008 y Torres, 2009, p. 30). En la Tabla 1, se indica la tasa migratoria de Bogotá, entre los años de 1940 y 1965, en cuanto al género, que nos permite ver un equilibrio respecto a la llegada de hombres y mujeres a la ciudad.

Tabla 1
Tasa migratoria en Bogotá. 1940-1965

Adaptado de “Del Castillo et al., Bogotá años 50. El inicio de la metrópoli. Cuadernos de Urbanismo y Arquitectura, Facultad de Artes, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá. 2008, p. 28”.

Año	Total	Hombres	Mujeres
1940	4	4,5	3,6
1945	2,8	3,0	2,7
1950	4,3	4,5	4,2
1955	3,4	3,3	3,4
1960	3,5	3,4	3,5
1965	2,7	2,5	2,9

En esta misma década, el país y principalmente Bogotá, pasaban por la corriente de la modernización: querer dejar un poco la economía de campo y pasar a la industrialización era la apuesta que los gobiernos tenían. El concepto de ser modernos abrió una nueva visión del mundo para diversos sectores de la sociedad colombiana. Para el grupo de pensamiento liberal, la modernización permitiría una inclusión en el mundo moderno, mientras que para los de pensamiento conservador, la modernización permitiría la continuidad de la tradicional élite esa de costumbres imperiales y cristianas. Finalmente para el sector pobre de la sociedad la modernización se convertiría en la salida del atraso y la pobreza, sería la llave a las nuevas oportunidades (Del Castillo, et al., 2008, p. 45).

Se percibe, entonces, que, en Colombia, durante la segunda mitad del siglo XX, se presentó el rápido crecimiento de sus ciudades, ocasionado en parte por la idea de desarrollo y por los conflictos sociales y políticos presentes en el país, desde mediados del siglo XX,

(…) se desplazaban a esta ciudad dirigentes de varias regiones del país en búsqueda de participación en el poder, de educación para sus hijos y de oportunidades de inversión. Familias campesinas también buscaron la ruta de la capital, unas, espoleadas por la violencia rural, otras, buscando la redención de la pobreza (…). (Del Castillo, et al., 2008, p. 10).

Ciudad Kennedy fue uno de esos casos. Inicialmente, se conoció como Proyecto de vivienda Techo, en el marco del programa Alianza para el Progreso, bajo el gobierno de Alberto Lleras Camargo, en 1961. El proyecto fue auspiciado por los Estados Unidos, en cabeza de su entonces presidente John F. Kennedy. Sin embargo, tomó el nombre de Ciudad Kennedy después del asesinato del presidente, en 1963, como una forma de agradecimiento. La propuesta fue construir supermanzanas que albergarían la construcción de 12.000 casas para 84.000 habitantes; la extensión total del proyecto, 2828 has (Cabrera, 1998, p. 187).

Los habitantes de la zona eran obreros, muchos de ellos escapaban de la miseria que la violencia había generado en el campo y otros venían de la misma ciudad, buscando nuevos espacios; lo que vieron en ciudad Kennedy fue la posibilidad de tener una vivien da digna y propia, así como medios para poder subsistir.

En menos de 20 años, Bogotá creció físicamente de una manera sorprendente, pasó de tener 2.154 hectáreas en 1938, a 2.700 hectáreas en 1951 (ver Tabla 2). En 1954, por medio del Decreto 3640, del 17 de diciembre del mismo año, se estableció la ciudad de Bogotá como un Distrito Especial constituido por la ciudad de Bogotá y seis municipios más: Fontibón, Bosa, Usme, Suba, Usaquén y Engativá. Es decir, comenzaba el proceso de conurbación. Para 1958, el nuevo Distrito Especial de Bogotá contaba con 8.040 hectáreas.

Debido a la conurbación de los nuevos municipios a Bogotá, aparecieron nuevos barrios a lo largo y ancho de ciudad, en la zona sur se calcularon alrededor de 26 barrios, en la zona de las Américas barrios como Granjas de Techo o El Paraíso fueron unos de los más importantes. Algo similar ocurrió en la zona norte y occidental de la Avenida Ciudad de Quito y calle 68. Y a finales del siglo XX, la ciudad había crecido en un 60% con respecto al área que tenía en 1810 (Castellanos, et al., 1989, p. 98), debido en parte a que se convirtió en una ciudad industrial, a los procesos migratorios generados desde mediados del siglo XX y al imaginario de la ciudad como posibilidad de un mejor futuro.

A partir de esta mirada retrospectiva, es necesario repensar la ciudad como un organismo vivo y un sistema complejo, en permanente proceso de construcción, que refleja una sociedad en constante transformación, la cual requiere de la activa y real participación de los diversos agentes sociales que en ella interactúan, con el fin de lograr un adecuado desarrollo y consolidación.

Y existe un elemento imprescindible dentro del análisis de las relaciones socio–espaciales, la interrelación que se establece entre la naturaleza y la sociedad mediadas por la cultura, lo que se podría llamarse la dimensión ambiental, y la forma en que la sociedad logra coexistir, preservando o destruyendo a la naturaleza, durante los procesos de producción y consumo (Leff, 2004, p. 83).

Finalmente, para la década de los noventa, la ciudad llegó al punto más alto en su crecimiento y en su colapso ambiental, ocasionado por la ocupación de las áreas libres existentes, sin importar su condición de riesgo, bien fuera que presentara problemas por remoción en masa, inundación o geotécnicos, o porque estuviesen asentados sobre antiguos depósitos de basuras, sobre las áreas de protección y el aislamiento de los tendidos férreos, en zonas destinadas al aislamiento de las redes de alta tensión, en terrenos con pendientes superiores a 45°, entre otros, debido a que el suelo urbanizable comenzó a agotarse.

Se evidenciaron además procesos de erosión y destrucción de los cerros orientales y de los cuerpos de agua de la periferia, por la expansión urbana. La localización de los nuevos barrios legales e ilegales contribuyó al aumento de las condiciones de riesgo de los pobladores, que a su vez convirtieron estas zonas en factores generadores de permanente contaminación.

Tabla 2
Evolución del área urbana en Bogotá, desarrollada en hectáreas

Nota. Adaptado de “Del Castillo et al., Bogotá años 50. El inicio de la metrópoli. Cuadernos de Urbanismo y Arquitectura, Facultad de Artes, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá. 2008, p. 19”.

Año	Área urbana en hectáreas
1900	326
1938	2.514
1958	8.084
1964	14.615
1973	18.985
1985	24.046
1996	29.308
1999	30.401

De manera lamentable, ni en las poblaciones locales ni en los entes gubernamentales ha existido una clara conciencia ambiental. Sólo hasta finales de la actual década comienzan a desarrollarse procesos comunitarios activos, en pro de la recuperación y la protección de los humedales. Sin embargo, el fuerte deterioro de la calidad ambiental y de la vida urbana es una constante que existe desde los años noventa y que continúa hasta la fecha.

Conclusiones

Desde que la historia de Colombia comenzó a escribirse, por la mano de los europeos, existe un común denominador: la violencia. Esto no quiere decir que antes de su llegada a América, no existiera, existía pero con otras connotaciones. Y así como la violencia ha sido una constante en nuestra “historia patria”, las consecuencias de ésta violencia también lo son, entre ellas los movimientos de seres humanos a través del tiempo y el espacio, o lo que desde el siglo XX se denomina desplazamiento y que a la fecha no cesa.

Ya entrado el siglo XX, fueron varias las causas por las cuales los colombianos se desplazaron; desde la violencia hasta los imaginarios que sobre la ciudad se habían construido, como sitio de desarrollo, lo que permitiría mejorar la calidad de vida de las familias campesinas que, por varias razones, querían salir del campo colombiano, llegando a la ciudad, generando nuevas dinámicas sociales y ambientales, entre ellas, la crisis ambiental que se agravó en los diferentes ecosistemas de la Estructura Ecológica Principal de la ciudad.

Los procesos de urbanización legal e ilegal, que incluyeron relleno de humedales, lagos y lagunas en la ciudad, y los procesos de industrialización, generaron un fuerte impacto ambiental en la ciudad y sus ecosistemas, ocasionando el deterioro de éstos, debido a las múltiples prácticas sociales que sobre ellos se desarrollaron. Pero también es evidente que las políticas distritales, en cuanto a planificación de la ciudad se refiere, fueron inadecuadas para estas décadas, por múltiples razones, entre ellas la de no tener en cuenta las consecuencias ambientales, que traerían un crecimiento sin control de la ciudad.

Por otra parte, esta situación permite vislumbrar los elementos que marcaron la crisis ambiental que tuvieron los humedales, durante el siglo XX; donde la relación convivencia-utilización del ambiente se vuelve la base fundamental del debate social. Sin embargo, lo que subyace en estos casos es una situación de complejidad que evidencia una relación de superioridad de la sociedad sobre la naturaleza, aspecto representativo de la cultura occidental, a través del tiempo, en donde se pierden los aspectos culturales y simbólicos de la naturaleza. En este caso, los humedales dejaron de ser sitios sagrados, para convertirse en tierras urbanizables, donde prima la valoración económica sobre la naturaleza.

Sin embargo, a finales del siglo XX, la organización y participación ciudadana en pro de los humedales, comienza a fortalecerse, existe más sensibilización, más conciencia ambiental y mayor organización por parte de los habitantes, de los vecinos a los humedales, como es el caso en el barrio Lagos de Castilla, junto al humedal de Techo, en parte, debido a los procesos jurídicos que han tenido que librar durante décadas con el Distrito, para validar la legalidad de sus predios, lo que ha generado que se apropien del humedal y quieran demostrar que pueden vivir en armonía con él, que no son invasores ni quieren acabar con lo que queda del ecosistema; por el contrario, demostrar que se han convertido en guardianes de éste. Sin embargo, estos procesos se ven coartados por las mismas políticas distritales que existen respecto a los humedales.

Lo anterior le abre las puertas a una nueva discusión en el país; es necesario y urgente comenzar a ver la naturaleza como un sujeto político. El caso más cercano es el de Ecuador, que ha logrado establecer la naturaleza como un sujeto de derecho, donde se reivindique una visión monista de la naturaleza, naturaleza – sociedad como un todo, no como aspectos separados sin ninguna relación. A partir de esta nueva situación política de la naturaleza, se podrían fortalecer propuestas que permitan, en alguna medida, mejorar la situación de degradación ambiental de los humedales, como son los procesos de re-apropiación y re-significación de estos ecosistemas como lugares-patrimonio (Párias y Palacio, 2006, p. 16), con el fin de mejorar las condiciones de vida de los seres humanos que conviven a su alrededor, así como aportar mayor sustentabilidad ambiental a la ciudad. Patrimonializar los humedales de la ciudad permitiría ganar espacios en pro de su protección y conservación, como ecosistemas estratégicos para la ciudad.

Así mismo, se le otorgarían mejores herramientas a las comunidades locales, en la administración y protección de estos ecosistemas, porque estarían respaldados por políticas claras que protejan la naturaleza y que le otorguen derechos como sujeto, para dejar de verla y tratarla como objeto, teniendo en cuenta que solamente se le ha explotado, a partir de las visiones de desarrollo que han regido el país en los últimos siglos. También permitiría que los procesos de re-apropiación y re-significación de estos espacios sean más efectivos, contundentes y positivos, para lograr una relación adecuada entre sociedad y naturaleza.

Sin embargo, es necesario tener cuidado en que el reconocimiento constitucional de la naturaleza, como sujeto de derechos, genere una aplicación real y contundente de las normas ambientales, en cuanto a la protección y conservación de la misma, y no sólo en que sea un aspecto simbólico, escrito sin ninguna aplicabilidad. De todas formas, es necesario iniciar el camino para que la naturaleza se convierta en sujeto y deje su papel como el objeto que ha sido explotado durante cientos de años.

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Notas

Enlace alternativo

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