Dado que la normativa local y la normativa internacional es similar para el reconocimiento inicial y la medición posterior, el impacto principal resultante del presente estudio analiza la variación del deterioro de valor del activo financiero principal (cartera de créditos).

La NIIF 9 (IASB, 2014) indica que el enfoque del deterioro de valor, ya no es necesario que ocurra un suceso relacionado con el crédito antes de que se reconozcan las pérdidas crediticias. En su lugar, una entidad contabilizará siempre las pérdidas crediticias esperadas, así como los cambios en dichas pérdidas crediticias esperadas. El importe de las pérdidas crediticias esperadas se actualiza en cada fecha de presentación para reflejar cambios en el riesgo crediticio desde el reconocimiento inicial y, por consiguiente, se proporciona información más oportuna sobre las pérdidas crediticias esperadas. Establece que, en cada fecha de presentación, una entidad deberá medir la corrección de valor de las pérdidas de un instrumento financiero por un importe igual a las pérdidas crediticias esperadas durante el tiempo de vida del activo, si el riesgo crediticio del instrumento se ha incrementado de manera significativa desde su reconocimiento inicial.

Si el riesgo de crédito de un instrumento no ha incrementado significativamente desde su reconocimiento inicial, la entidad deberá medir la corrección de valor siendo esta el importe por pérdidas crediticias esperadas para los próximos 12 meses.

El Comité Global de Políticas Públicas (2016) de representantes de las seis grandes firmas de contabilidad propone formas de implementación de los requerimientos de deterioro de la NIIF 9 en los bancos. El mismo, establece un enfoque sofisticado para la metodología de las pérdidas de crédito esperadas, en base a las mejores prácticas regulatorias de la industria, basando la medición de PCE en cuatro componentes:

1. 1. Probabilidad de no pago [Probability of Default (“PD”)]
2. 2. Exposición ante el no pago [Exposure at Default (“EAD”)]
3. 3. Pérdida dada el no pago [Loss Given Default (“LGD”)]
4. 4. Tasa de Descuento (aplicada en LGD)

El periodo de estimación del PCE se basa en el supuesto del incremento significativo de riesgo de crédito (RC), desde su reconocimiento inicial o desde la última presentación de estados financieros. De acuerdo a lo establecido la NIIF 9 (2014) y Basilea (2015), hemos considerado el reconocimiento de los siguientes 12 meses (Fase 1: sin incremento significativo del RC) para aquellas operaciones sin mora o con una mora menor a 30 días, y el resto de la vida útil del activo (Fase 2: incremento significativo del RC) para aquellas con una mora entre 31 y 90 días. Aunque es poco común en los segmentos de crédito concedidos de nuestro enfoque, se considerará también una pérdida esperada al 100% (Fase 3: eventos de deterioro severos) para operaciones con mora mayor a 90 días.

Adicional, en nuestro análisis tomamos como referencia una importante institución financiera de Chile cuyas políticas contables establecen que, aunque no exista deterioro alguno, el PCE debe ser 0.5%, indistinto del caso. Consideramos esto una buena práctica a implementar en nuestro modelo. Para acoplar el mencionado porcentaje en nuestro entorno económico, comparamos el riesgo país promedio para el año 2017 de Chile y Ecuador, concluyendo que Ecuador poseía 4.77 veces más riesgo. Por tanto, el porcentaje de LGD mínimo considerado como adecuado para nuestro modelo resultó en 2.39% para mantener una postura conservadora en cuanto a parámetros de solvencia.

En base a las consideraciones y componentes antes mencionados hemos creado un modelo integrando las variables que intervienen en el proceso de concesión de un crédito, la determinación de sus riesgos y su posible deterioro como activo financiero.

Para nuestro análisis, se identificaron los datos generales del crédito concedido, como: monto, tasa de interés efectiva, saldo al corte, periodicidad de pago y vencimiento; obtuvimos un listado financiero que incluía: monto de garantías constituidas por operación y/o cliente, y calificación de riesgo del cliente. Para estimar los gastos legales del proceso se utilizaron valores razonables, o de mercado, de acuerdo a la gestión legal pertinente para cada caso individual.

La obtención del monto a provisionar por operación de crédito, se basa en la combinación propuesta por el GPPC (2016) en su metodología cálculo del PCE, ilustrada en la fórmula 2.1, resultado de la multiplicación de los tres componentes principales antes mencionados. La forma de cálculo de los tres componentes de la ecuación (1) se detalla a continuación.

(1)

La NIIF 9 indica que para el cálculo de este componente se debe usar una metodología reconocida a nivel global, refiriéndose a un método estadístico robusto y usado estudios previos.

Basados en lo requerido por la normativa aplicaremos el análisis de las probabilidades de cambio de una calificación de riesgo a otra. Esto se logra con matrices de transición también conocidas como “matrices de migración de crédito” que, como lo señala la calificadora de riesgos Pacific Credit Ratings (PCR) en su estudio “Matrices de transición de crédito / incumplimiento (2016), son una herramienta clave al momento de realizar un análisis del riesgo crediticio”.

PCR (2016) menciona además que: “En el campo regulatorio, el nuevo Acuerdo de Basilea requiere estimaciones de capital de acuerdo con el comportamiento de la migración de calificación. Respecto a las inversiones, estas matrices permiten la comparación y el pronóstico del nivel de exposición a pérdidas causadas por incumplimiento y devaluación debido a movimientos de difusión crediticia. Consecuentemente, son puntos cardinales para aplicaciones financieras tales como la administración de riesgo de portafolio o la valuación de bonos e instrumentos derivados”.

La modelación de una matriz de transición se detalle a continuación.

Tabla 2
Matriz de Transición

Fuente: Superintendencia de Bancos Elaboración: Los autores

1. 1. La primera columna de lado izquierdo se detalla las calificaciones de riesgo al inicio del periodo, basados en los créditos otorgados en número de operaciones.
2. 2. En primera fila se detallará las calificaciones de riesgo al final del periodo.

   En primera fila se detallará las calificaciones de riesgo al final del periodo

3. 3. La intersección son las calificaciones de riesgo que se mantuvieron.
4. 4. Las probabilidades debajo de la intersección significan la probabilidad de que las calificaciones mejoren.
5. 5. Las probabilidades por encima de la intersección significan la probabilidad de que las calificaciones empeoren.

Las matrices de transición tienen ciertas condiciones para su desarrollo:

• No puede haber elementos negativos, es decir, Pij > 0

• La suma de cada fila debe ser igual a 1.

• Pij representa la fracción de créditos que después de un periodo tendrá calificación j.

• Para obtener Pij se dividirá el número de créditos que se movieron a la categoría ij para el número de créditos que iniciaron en la categoría i. 𝑃𝑖𝑗 = 𝑁𝑖𝑗𝑁𝑖 . Es decir, es la probabilidad de que un deudor con la calificación crediticia i pueda moverse a otra calificación crediticia j en un periodo de tiempo dado.

En este caso, usamos la información histórica procesada y consolidada por la Superintendencia de Bancos. En un informe trimestral de riesgo de cartera, se indica un histórico de cambios en las calificaciones de riesgo para cada segmento de cartera para todo el sistema financiero bancario nacional. Dado nuestro enfoque, nos concentramos en las transiciones de créditos comerciales prioritarios y productivos al 31 de diciembre del 2017. En la tabla 3.1.1 se detalla el consolidado de valores usados el modelo propuesto.

Tabla 3.
Matriz de Transición a diciembre 2017

Fuente: Superintendencia de Bancos. Elaborado por: Los autores.

Al realizar los pasos descritos en el procedimiento, consideramos la suma de las probabilidades de que una calificación baje. Por ejemplo, si es una calificación A3, debería sumarse por arriba de la intersección las probabilidades de que exista una transición de A3 hacia B1, B2, C1, C2, D o E.

Para este ejemplo, la PD resultaría en 13.94% sumando desde la intersección hacia el resto de calificaciones menores.

Conocida como la exposición en riesgo, es uno de los componentes necesarios en el cálculo para encontrar la pérdida esperada y un posible requerimiento de capital / liquidez por parte de la institución financiera. Es definida por la NIIF 9 como la deuda pendiente de pago al momento de darse el incumplimiento del cliente. Casi siempre la exposición de una operación coincide con el saldo de la misma. Mide la exposición actual y las futuras durante la vida de la operación.

En nuestro análisis, se toman los flujos de efectivo contractuales que la institución espera recibir durante el resto de la vida útil del activo financiero. Es decir, la exposición vendría a ser la totalidad de los dividendos (capital más intereses) pendientes que tiene la institución financiera por cobrar a sus clientes a la fecha de corte establecida.

Según la NIIF 9 (2014), el LGD es la pérdida esperada de los flujos pendientes de cobro. Se calcula el valor presente de los flujos esperados netos para el periodo sobre el que se estima. Los flujos esperados netos se refieren a los flujos contractuales menos los gastos que pudieren ocasionarse para la recuperación de los mismos. El LGD se considera como una razón de los flujos no recuperados sobre la exposición al momento del incumplimiento (EAD).

Como gastos de recuperación, consideramos el cálculo de los gastos legales por exposición analizada, dependiendo el tipo de garantía y operación. Para empezar, se verifica que los valores de las garantías se encuentren avaladas por un perito autorizado. Si la garantía cubre gastos legales y valor presente de los flujos esperados a perder, no se considera una pérdida en caso de materializarse el riesgo de incumplimiento. Caso contrario, la proporción del valor no cubierto con relación al saldo remanente (EAD) se considera como porcentaje de LGD a la fecha de corte.

Por ejemplo, si mantengo un crédito cuyo saldo pendiente de cobro bordea las 60,000 U.M.; el valor presente de los flujos esperados a perder resulta en 50,000 U.M.; los gastos legales y de recuperación estimados en 7,000 U.M.; y, mantengo una garantía a favor de la institución financiera valorada razonablemente en 42,000 U.M., mi pérdida efectiva real sería de apenas 15,000 U.M. a considerar para la proporción entre el saldo remanente. Esto resulta en una razón del 25% de LGD.

Este componente es un factor determinante para el LGD por cálculo del valor presente de los flujos perdidos. En tanto que la normativa NIIF (2014) establece que en la mayoría de casos la tasa de descuento más adecuada es la tasa de interés efectiva (EIR) utilizada para el cálculo de los intereses en el préstamo. En ocasiones suele variar el porcentaje para obtener una ganancia adicional. Otras consideraciones son hechas para instrumentos financieros más avanzados; sin embargo, para nuestro modelo consideramos el EIR dada la simplicidad de los activos financieros a ser analizados.

A nivel local, después del Art. 28 del Reglamento de la LORTI, la normativa tributaria indica casos se puede aplicar los impuestos diferidos, concepto que se origina de la NIC 12 (IASB, 2010).

La normativa local tributaria es muy específica en cuando a qué casos se permite la aplicación de impuestos diferidos a diferencia de la normativa internacional que es necesario registrarlos, sin importar su validez en el país. Para que las instituciones financieras apliquen NIIF tendrían que registrar los impuestos diferidos sin importar la recuperación o no cuando el gasto sea efectuado.

Entre los casos que permite la normativa y que aplican para las entidades bancarias, que permite la normativa tributaria se encuentran:

1. 1. El valor del deterioro de propiedades, planta y equipo que sean utilizados en el proceso productivo del contribuyente.
2. 2. Las provisiones diferentes a las de cuentas incobrables, desmantelamiento, desahucio y pensiones jubilares patronal.
3. 3. Las ganancias o pérdidas que surjan de la medición de activos no corrientes mantenidos para la venta.
4. 4. Las pérdidas esperadas luego de la conciliación tributaria, de ejercicios anteriores, en los términos y condiciones establecidos en la ley y en este Reglamento.
5. 5. Los créditos tributarios no utilizados, generados en períodos anteriores, en los términos y condiciones establecidos en la ley y este Reglamento.

Un punto a considerar en el análisis, es que la normativa tributaria no permite muchos pasivos por impuestos diferidos, como por ejemplo la revaluación de propiedad, planta y equipo; que, para el caso de los bancos, puede verse afectada por los bienes adjudicados y demás.

Habiéndose analizado a la fecha de corte, se presentaron las siguientes variaciones por cuenta contable, donde 1401 es comercial prioritario y 1405 es productivo.

Tabla 6
Variaciones en cuentas contables.

Elaboración: Los autores.

Tabla 7
Variaciones en cuentas contables.

Elaboración: Los autores.

Se consideraron los principales indicadores financieros de cartera antes y después del análisis bajo las NIIF, enfocados en la suma de las carteras comerciales prioritarias y productivas.

Tabla 8
Indicadores Financieros

Elaboración: Los autores.

A continuación, se presenta la comparación entre una conciliación tributaria según normativa local y una aplicando NIIF.

Tabla 9.
Conciliación tributaria comparativa.

Elaboración: Los autores.

Los cálculos de la provisión de cartera según NIIF dieron como resultado un aumento de la provisión, es por ello, que los efectos tributarios son significativos debido a que, la normativa tributaria sólo permite la deducibilidad del gasto de provisión según los parámetros establecidos por la junta política monetaria y financiera, quienes son los que definen los porcentajes de provisión según el riesgo del cliente. Por lo tanto, cualquier incremento en la provisión de cartera, será considerado un gasto no deducible, y, como consecuencia de ello, se verá incrementado el impuesto a la renta causado.

Según el ejemplo indicado, el gasto aumenta 13%. Como consecuencia disminuye la utilidad a repartir a los trabajadores, aumenta el gasto no deducible en un 1702% y el impuesto causado aumenta en un 10%.

Estas implicaciones se dan debido a las normas actuales que no contemplan provisiones según NIIF, pero si en el Ecuador aceptaran las normas internacionales en el cálculo de los tributos, podrían considerar aceptar la totalidad del gasto de provisión según NIIF debido a que toma más variables reales con respecto a los préstamos que ha realizado a sus clientes.

La administración tributaria podría autorizad la creación de un activo por impuesto diferido para el exceso de provisiones por incobrabilidad de cartera que favorezca a las instituciones financieras. Este incentivo podría incorporarse al artículo enumerado después del art. 28 del Reglamento de la LORTI, indicando que “las provisiones de las cuentas incobrables de las instituciones financieras, que excedan al límite establecido por la junta de política monetaria y financiera, serán consideradas no deducibles en el periodo en el que se registren contablemente; sin embargo, se reconocerá un impuesto diferido por este concepto, el cual podrá ser utilizado en el momento en que el contribuyente se desprenda efectivamente de recursos para cancelar la obligación por la cual efectuó la provisión”. De esta manera, la institución podría declarar esta diferencia como un gasto no deducible en el periodo en el respectivo periodo, pero beneficiarse de la misma a futuro en caso de que el riesgo nunca se materialice y, por supuesto, cuando se haya recuperado la totalidad de los flujos contractuales.

Consideramos que este incentivo fomentaría la responsabilidad y transparencia al momento de evaluar el nivel de provisión requerido individualmente por cada una de las operaciones de la institución.

Para la institución, sería necesaria la creación de una política contable para estandarizar de manera óptima el uso de los componentes para determinar el PCE. Como en otras instituciones que aplican NIIF 9, sus políticas contables establecen cuál sería el mejor porcentaje para el PD y el LGD en base a la calificación de la operación.

Cabe recalcar que, para lograr estandarizar estos niveles de información será necesaria la aplicación de un modelo robusto para la determinación de los mencionados componentes en base a la información histórica; y para esto, la información utilizada deberá ser razonable y sustentable según lo menciona la NIIF 9.