Introducción

Estudiar el concepto de campo, es remitirse a buscar todo un discurso que se permea como dispositivo de control mediante la política y la economía internacional liderado por los países desarrollados hasta llegar a configurar la gobernanza de ciertos países en desarrollo alrededor del mundo; y nuestro país no es la excepción. La Organización de Naciones Unidas (ONU) y algunas agencias como la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), entre otras, garantizan la imposición de modelos emancipadores de carácter transnacional, siendo estos financiados por diversas entidades, como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, logrando un discurso proveniente del Sistema-Mundo para apoyar y fortalecer supuestamente los sistemas educativos en varias regiones del globo terráqueo, en especial en países en vías de desarrollo, pero la realidad del panorama es el tener el control y el dominio de la soberanía de estas naciones.

Hacia la década del setenta del siglo pasado aparecen las primeas políticas del Estado colombiano han establecido una estructura muy incipiente para fortalecer la educación, promoviendo el desarrollo de la ciencia y la tecnología; y así se ha dado respuesta al agenciamiento internacional promulgado por modelo capitalista a escala mundial. Se inicia entonces, la regulación de las universidades por parte de Estado, viéndose obligado a crear no solo políticas públicas e institucionales, sino también el diseño y el desarrollo de sistemas de información para la gestión del conocimiento mediante la investigación en áreas de la ingeniería, en primera instancia; y luego va apareciendo la importancia de trabajar con las ciencias sociales y humanas, siendo inicialmente reconocidas por las agencias que promulgan el discurso de la educación propio del sistema capitalista a mediano plazo, es decir, mejorar los indicadores económicos del país, los cuales demuestran el atraso en la educación nacional comparados con algunos países de la región; ni qué decir con los países del primer mundo. Los procesos de investigación en la educación superior del país se han desarrollado en cuatro momentos o períodos comprendidos desde 1969 hasta nuestros días.

Primer período: de 1969 a 1979. Este primer momento comprende desde 1969 a 1979, caracterizado por la promulgación del desarrollo económico, insertado como discurso condicionante en los niveles educativos del país y su proyección hacia la competitividad a escala mundial, promulgando la primera política en Ciencia y Tecnología hacia el año 1969 dentro de la conferencia magistral que se realizó en la ciudad de Medellín, titulada ?La Ciencia aplicada y la Tecnología en la política de Desarrollo?, a cargo del doctor Edgar Gutiérrez Castro. Este ejercicio fue convocado por el Departamento de Planeación Nacional1 de esa época. Esta política trató de apalancar la generación y la búsqueda del conocimiento por parte de las universidades, sus centros y laboratorios para hacer proyectos de investigación financiados por el Estado, y con recursos provenientes de cooperación internacional de países desarrollados. Siguiendo con la puesta en marcha de la política nacional en ciencia aplicada y el uso de la tecnología, se requería la obtención de diversos recursos no solo económicos y financieros, sino también pensar por la formación del recurso humano en programas de formación tecnológica, profesional y posgrados, como maestrías y doctorados en el exterior desde la década de los setenta, principalmente en áreas de la ingeniería, la producción de alimentos y la industria metalúrgica. Toda esta estrategia se hace para alcanzar el número de profesionales científicos que siempre ha adolecido el país al compararlo, y así disminuir la gran dependencia en transferencia de tecnología desde otros países que presentan alto impacto científico, como también reconociendo las necesidades de adaptación en la industria nacional ( Gutiérrez Castro,1969).

Segundo período: 1980 a 1989. Este período comprende toda la década de los ochenta, apareciendo otra política nacional de Ciencia y Tecnología, propendiendo por el desarrollo de actividades para la generación de conocimiento científico, pero esta vez involucrando al sector productivo con el propósito de posicionar la economía nacional en los mercados internacionales con productos y servicios de calidad (DNP & Colciencias, 1980). Todo este proceso facilitó un mejor aprovechamiento de las ventajas comparativas mediante las siguientes áreas prioritarias: 1. formación de recurso humano de investigadores y creación de incentivos para su desarrollo por parte del sector empresarial, 2. difusión de conocimientos científico-tecnológicos, 3. omento a la investigación en las universidades y centros de investigación no solo de índole oficial, sino también privada, interactuando con el sector productivo y 4. mejoramiento de la docencia y la investigación en ciencias básicas. Por otro lado, aparece un primer proyecto de índole interestatal y regional 2 para fomentar el mejoramiento de la educación escolar en ciertos países latinoamericanos, estableciendo así los requerimientos mínimos de funcionalidad pensada a la preparación de los sujetos hacia productividad de las organizaciones, es decir un discurso netamente mercantilista.

Tercer período: 1990 a 2007. El tercer período es caracterizado por un sistema de educación pensado no solo desde el desarrollo de las ingenierías como se venía trabajando desde los años setenta, sino que también se inserta el aporte de las ciencias humanas y sociales en el país. Ahí entran la educación como ciencia para estudiar las dinámicas del diseño instruccional del currículo, como modelo propio de la escuela americana; como de igual manera el surgimiento de la didáctica proveniente del contexto europeo, como disciplina que estudia las formas de enseñar en diversos espacios educativos, tanto en la escuela como en la educación superior y en espacios no escolarizados. Todo lo anterior, es un discurso propio de la educación y la pedagogía. En este período de tiempo, Colombia inserta el discurso de las ciencias de la educación mediante la formación doctoral impartida por las facultades de Educación de las universidades estatales del país. Con esto, se da inicio al desarrollo educativo a nivel nacional. Lo anterior, ha tenido el apoyo de agencias y demás organismos interestatales acreditados por la ONU, para el fomento de actividades para el desarrollo científico y tecnológico al interior del país. Tal es el caso de la Ley 29 de 1990, la cual fomenta a la investigación científica y al desarrollo tecnológico nacional, cumpliendo con el artículo 76 de la Constitución de 1886 ³ de ese entonces, y responsabiliza al Estado en la promoción y orientación en el adelanto científico y tecnológico, incorporando un presupuesto estatal y la promoción por parte del sector empresarial, para la ejecución de planes y programas de desarrollo económico y social, como también actividades de desarrollo tecnológico por parte de las universidades estatales con previa evaluación de proyectos de investigación a cargo del Fondo Colombiano de Investigaciones Científicas y Proyectos Especiales Francisco José de Caldas a mediano y largo plazo.

De igual manera, en el mismo año de 1990, el Estado organizó el Sistema Nacional de Información en Ciencia y Tecnología del país. El gobierno colombiano reglamentó la forma como sus representaciones diplomáticas y consulares en el exterior contribuirían a la actualización de metodologías y técnicas de la investigación científica y tecnológica a escala mundial, pero en este tema no se adelantó mucho debido a la incorporación de tecnologías internacionales sin previo conocimiento para mantenerlas. Por otro lado, el Gobierno nacional asignó espacios permanentes para la divulgación científica y tecnológica mediante publicaciones y revistas institucionales a escala nacional. De igual manera, en el mismo año, se desarrolla otro proyecto regional entre Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador, España, Panamá, Perú y Venezuela, restructurando la Organización Convenio Andrés Bello para la consolidación de programas de formación doctoral.

Ya con la nueva Constitución Política, en el año 1991, se reconoce con el artículo 67, que la educación es un derecho de la persona, el cual busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica y a los demás bienes y valores de la cultura. En este orden de ideas, desde la carta constitucional del país se garantiza la autonomía universitaria, por lo cual el Estado fortalecerá la investigación científica en las universidades oficiales y privadas, como también ofrecerá las condiciones especiales para su desarrollo. Con la ley 30 de 1992 se organiza todo lo relacionado con el servicio público de la educación superior. Los objetivos de esta etapa de formación están dados junto con algunas instituciones que la conforman en relación con la formación científica y tecnológica, por medio del desarrollo de programas de formación integral de los colombianos dentro de las modalidades y calidades establecidas para la educación superior, a partir del desarrollo científico, cultural, económico y ético a escala nacional y regional. Ahora los programas de pregrado también pueden ser de naturaleza multidisciplinaria, mientras que los de postgrado, tales como las especializaciones, las maestrías, los doctorados y los postdoctorados, especialmente los últimos tres, tienen a la investigación como fundamento y ámbito necesarios para su desarrollo no solo académico, sino de producción intelectual; y para poder contribuir a resolver los problemas sociales de la región. Los programas de doctorado están concebidos en la formación de investigadores a nivel avanzado, tomando como base los conocimientos adquiridos en los niveles anteriores de formación; y debe culminar con la producción de una tesis. Para Eco (2014: p. 14), una tesis de doctorado es un trabajo mecanografiado de una extensión media que varía entre las cien y las cuatrocientas páginas, en el cual el estudiante trata un problema referente a los estudios en que quiere doctorarse.

En este orden de ideas, son universidades las reconocidas y acreditadas para su desempeño con el criterio de universalidad en la investigación científica o tecnológica; para la formación académica en profesiones o disciplinas y la producción, desarrollo y transmisión del conocimiento y de la cultura universal y nacional. Estas instituciones están igualmente facultadas para adelantar programas de formación en ocupaciones, profesiones o disciplinas; programas de especialización, maestrías, doctorados y posdoctorados, de conformidad con la presente ley. El panorama en investigación a finales del siglo XX no fue alentador, ni lo es a inicios del XXI para los programas de doctorado, debido a que no se desarrolla ni se apoya sus investigaciones por parte del Estado. Toda esta serie de actividades no han tenido un impacto significativo en la educación. Como se puede evidenciar, dentro de este período de tiempo, la aparición de criterios de evaluación en la educación como estrategia para continuar con el discurso emancipador del programa internacional de la Unesco. Dentro de sus apuestas se encuentra el desarrollo profesional como proceso preponderante en la formación y la integridad de los sujetos en la enseñanza secundaria general y superior, enfocada en la preparación de los sujetos para el mercado laboral como mecanismo de estandarización y control del pensamiento humano. En este orden de ideas, a la educación superior le queda todavía mucho camino por recorrer, debido a que se debe emprender nuevos retos en educación frente a las nuevas necesidades que devienen por el cambio de siglo.

Cuarto período: 2008 hasta nuestros días. No obstante, desde el año 2008 aparece el cumplimiento de procesos de acreditación internacional en educación superior en América Latina. Por ende, aparece la Ley 1188, de 2008, con el objetivo de regular todos los aspectos de operación y condiciones de programas de educación superior, los cuales pretenden validar no solo su producción intelectual como nuevo conocimiento, sino que además se establece la manera como se debe gestionar el conocimiento, es decir, el desarrollo de prácticas sustantivas al interior de los programas académicos, como la investigación, docencia y el currículo, y el acercamiento e impacto en la sociedad. Ahora con la Ley 1286, de 2009, se modifica la Ley 29, de 1990, transformando a Colciencias en departamento administrativo, como también se fortalece el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. No obstante, se propone lograr un modelo productivo sustentado en la ciencia, la tecnología y la innovación, así como darle valor agregado a los productos y servicios de nuestra economía y propiciar el desarrollo productivo y de la nueva industria nacional. El Decreto 1295, de 2010, reglamenta el registro calificado de que trata la Ley 1188, de 2008, frente a la oferta y el desarrollo de programas académicos de educación superior con condiciones de calidad. Siguiendo en esta línea, se establece la evaluación de las condiciones de calidad de los programas académicos, tanto a nivel de pregrado como de posgrado, pues toda institución de educación superior debe presentar información que permita verificar aspectos en el proceso de investigación, entendida esta como el desarrollo de actividades que creen una actitud crítica y una capacidad creativa para encontrar alternativas en el avance de la ciencia, la tecnología, las artes o las humanidades en el país, de acuerdo con las orientaciones de cada programa académico.

Para la adecuada formación de los estudiantes, también se debe plasmar la existencia de ambientes de investigación, innovación o creación, lo cual exige políticas institucionales, en la materia, que contribuyan a la organización del ejercicio investigativo mediante cronogramas de actividades claros con recursos asignados institucionalmente, y así alcanzar resultados significativos para el aporte a la ciencia, la disciplina o el ejercicio interdisciplinario que se dinamiza al interior del programa académico. Con esta reglamentación, queda abierto el trabajo en el ámbito de las ciencias sociales y humanas, lo que significa que se tiene el interés de humanizar el desarrollo de la investigación científica y tecnológica en el país, contando con apoyo directo para su realización por medio de diversos mecanismos. El sector educativo del país cuenta con diversos dispositivos de control en la formación de sujetos en la educación superior. Los resultados de las investigaciones de los estudiantes en este nivel de formación deben contribuir al avance en la ciencia, la tecnología, las humanidades o las artes del país. Para terminar, se hace necesario pensar acerca de la necesidad de indagar en cuanto a lo que se está investigando al interior de los doctorados en Educación del país para responder a esta pregunta: ¿se podría afirmar que hay un campo de la investigación que se está suscitando y desarrollando en los doctorados en Educación? Esta investigación mostrará el discurso, por parte de los doctorados en Educación, muy distante de lo requerido y esperado por las instituciones de Poder por parte del Estado, que no tienen en su discurso la importancia de resaltar las ciencias de la educación.

Problematización de la investigación

Tal como lo señala Díaz (1994: 9), estudiar la producción discursiva es estudiar en sí el discurso no solo como institución social, sino también como un sistema de acción entre múltiples fuerzas, afectadas y condicionadas en algunos casos por el sistema de relaciones sociales. Es de gran importancia estudiar las tensiones que surgen entre los grupos de intelectuales, académicos y profesionales, que se enfrentan unos a otros por la autonomía discursiva, por la hegemonía, estatus y el poder en otros. El interés de esta investigación es analizar algunos de los programas de doctorado en Educación y los doctorados en ciencias de la educación de Colombia como objeto de estudio, a partir de tres categorías: discurso, prácticas y saberes frente a lo que se produce intelectualmente en beneficio al desarrollo educativo del país.

Estos doctorados en Colombia podrían ser concebidos como organizaciones de gestión del conocimiento a partir de la investigación. Nacidos a finales del siglo XX con el propósito de contribuir al desarrollo educativo propio de nuestra realidad. Pero parte de la realidad en países latinoamericanos, sobre lo que se investiga y lo que se genera como nuevo conocimiento, aún depende de la validación por parte de las agencias de grupos o colectivos de investigadores elites, es decir reconocidos a nivel internacional. Este último es concebido como el conjunto de dispositivos no solo de intelectualidad, sino también políticos y económicos de la sociedad de occidente, el cual penetra en el establecimiento de la regionalización de algunos países mediante bloques políticos regionales, como también en las políticas públicas del país para el desarrollo de la investigación, con la interacción de tres actores sociales clave: el apoyo del Estado como mecanismo de legitimación; la universidad como centro de pensamiento intelectual; y el sector económico, siendo el gran beneficiado del eslabón del sistema capitalista, debido a que la educación está condicionada para preparar los sujetos al mercado laboral y productivo. El aporte conceptual y epistemológico de la investigación se hace desde diferentes enfoques y corrientes filosóficas en educación del siglo XX.

En el año 1994, se pensó inicialmente la construcción de un programa doctoral en el campo de la educación o la pedagogía por parte de la Universidad de Antioquia, la Universidad del Valle y la Universidad Nacional Pedagógica. Pero luego, estas universidades decidieron cada una estructurar sus propios programas. Ya hacia 1998 se inicia la oferta de seis doctorados en el campo de la educación, con aprobación del Ministerio de Educación Nacional, con diferentes denominaciones; unos, doctorados en Educación, y otros, doctorados en Ciencias de la Educación, los cuales fueron ofertados por 15 universidades del Estado. Los primeros programas de doctorado en Educación los ofertaron la Universidad de Antioquia, la Universidad Industrial de Santander, la Universidad Pedagógica Nacional y la Universidad del Valle. Ahora, los doctorados en Ciencias de la Educación los ofertaron la Universidad de Caldas, la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y la Red de Universidades Estatales de Colombia (Rude Colombia). Esta red fue la primera en ofertar el doctorado en Ciencias de la Educación de carácter interinstitucional, con 9 universidades estatales: Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, Universidad del Atlántico, Universidad de Cartagena, Universidad del Cauca, la Universidad del Magdalena, Universidad de Nariño, Universidad del Quindío, Universidad del Tolima y Universidad Tecnológica de Pereira (ver tabla 1). Estos programas fueron concebidos para ser desarrollados de manera presencial a lo largo de tres años, tienen alrededor de 80 créditos académicos; y acreditar su titulación implica que el investigador en formación debe hacer un aporte original al conocimiento, bajo la dirección de un tutor. Es decir, que este proceso de formación del talento humano requiere que el estudiante tenga disponibilidad de trabajar a tiempo completo en su investigación durante el programa.

Transcurrido 7 años, es decir, en el 2006, el Ministerio de Educación renueva los registros de algunos programas. Tal es el caso del doctorado en Educación de la Universidad de Antioquia y del doctorado en Ciencias de la Educación de la RudeColombia. En el mismo año, la Universidad del Valle, la Universidad Pedagógica Nacional y la Universidad Distrital-Francisco José de Caldas decidieron no renovar sus programas doctorales, sino estructurar una nueva oferta académica, conformando el segundo doctorado interinstitucional en Educación aprobado por el Ministerio de Educación (ver tabla 2). El Ministerio no permitió la renovación del doctorado en Educación de la Universidad Industrial de Santander, como tampoco el de Ciencias de la Educación de la Universidad de Caldas.

En el año 1994, la ?Misión de Sabios? ⁴ proponía sacar al mercado 800 doctores por año; a eso se debe el aumento de la oferta de programas de doctorado por parte de las universidades del Estado, como de igual manera el aumento de convenios con universidades extranjeras para formar colombianos en programas doctorales. En un informe realizado por Colciencias en el año 2008, se planteó la meta de formar 500 doctores anualmente: 300 doctores formados en programas nacionales y 200 formados en el exterior con la necesidad de retornar al país una vez finalizados sus estudios (Consejo Nacional de Acreditación, 2008: p. 16). Estas cifras se podrían alcanzar a partir de la capacidad instalada que tenían no las universidades, sino los programas de doctorado del país del sector público, sumado a ubicar estos nuevos doctores en el verdadero sector que les correspondería. Se puede evidenciar el aumento de programas de doctorado en Educación en todo el país hacia el año 2010 (ver tabla 3). No solo se permite a las universidades del sector público ofertar este tipo de programas, sino también las de carácter privado, ya sean las constituidas por la sociedad civil o las pertenecientes a la Iglesia católica. Tal es el caso de la Universidad Santo Tomás, la Universidad Pontificia Bolivariana, la Universidad de La Sabana, la Universidad del Norte, la Universidad de San Buenaventura, la Universidad de La Salle, la Universidad de Los Andes, la Universidad Antonio Nariño, la Universidad Católica de Manizales y la Universidad Simón Bolívar. Hacia el año 2014, aparece de nuevo la Universidad de Caldas, que es de carácter público, pero en esta ocasión ofertando el doctorado en Educación. Dos nuevas universidades del mismo sector empezaron a ofertar el doctorado en Educación y en Cultura Ambiental, la una es la Universidad Sur colombiana, y la otra la Universidad de La Amazonia.

Con esta oferta de doctorados en Educación y afines, se ve reflejada la manera como se desarrolla la formación en investigación al interior de cada programa. Este proceso se da mediante la formulación y ejecución de los proyectos que se enmarcan en las tesis de investigación por parte de los doctorandos, siempre bajo la asesoría de un profesor investigador vinculado en el programa. Este profesor-asesor debe contar con experiencia demostrada en investigación; no solo se refiere a tener titulación doctoral en el campo de la educación o afines, sino también al desarrollo de investigaciones y publicaciones científicas en revistas indexadas nacional e internacionalmente. Además, estas tesis deben estar ancladas a líneas investigativas propias de cada doctorado, concebidas como énfasis y colectivos investigativos para la discusión, desarrollo y validación de las tesis. Toda tesis doctoral no debe sobrepasar 5 años para su desarrollo, esto con el propósito de que las universidades puedan retribuir rápidamente a la nación con el número de científicos que requiere. Todos estos indicadores son parte de la respuesta que el país está dando a las medidas de la globalización impuestas por los países desarrollados, como también con la intención de figurar en los indicadores que posicionan a las mejores universidades a escala mundial. Frente a los indicadores relacionados con la producción científica proveniente de las tesis de los doctorandos y su impacto, el más importante, por no decir el único de todos, es el de los artículos científicos que aparecen en revistas indexadas en bases de datos internacionales, tales como WoS (antes ISI), SCiELO, y algunas otras bases de datos, por ejemplo, Scopus.

Los doctorados en Educación contribuyen de manera significativa al desarrollo educativo en Colombia, y esta frente al resto del mundo, a partir de verdaderos diagnósticos sobre la problemática educativa del país; para así propender al campo de la educación que se ha venido configurando en Colombia. Tal como lo señalaba Díaz (1993: 64), el surgimiento del campo intelectual de la educación en Colombia es algo más que un cambio en la forma del discurso; es desde las bases disciplinarias como la Sociología, la Antropología y la Economía y de los análisis de la educación. Y es en este sentido que entra la investigación educativa a analizar las problemáticas de sus disciplinas. Con lo anterior, se plantean las siguientes preguntas: ¿los doctorados en Educación del país están configurando su propio campo científico e investigación?, ¿la formación de sujetos mediante estos programas contribuye al desarrollo educativo del país; a partir de las investigaciones que desarrollan los doctorandos?

El problema de la investigación se apoya en una argumentación del sociólogo Bourdieu en relación con la consolidación del campo científico mediante una política estatal; y en lo que tiene que ver con su implementación en una sociedad (1979: p. 110). Cabe anotar que las políticas de Estado en investigación contribuyen a la generación y consolidación de una cultura, una cultura anclada en el territorio y apalancada por el sistema de poder. Lo anterior, es la promulgación de política pública a escala nacional y las políticas institucionales de las universidades frente a las formas de investigación que se están desarrollando al interior de los doctorados en Educación, con base en las intenciones de la cultura, ya que esto atraviesa a los doctorandos, como sujetos que están en su formación. Por tanto, no se logra la articulación entre las políticas públicas sobre educación y ciencia con la producción intelectual de los 17 doctorados en Educación ofertados por 27 universidades oficiales y públicas de Colombia. Por eso, es importante localizar los programas de doctorado en Educación para reconocer las intenciones y prácticas investigativas al interior de estos programas de educación superior avanzada, por medio del desarrollo de líneas de investigación, referentes epistemológicos que configuran la producción intelectual que se suscitan al interior de cada uno. Esto conlleva al planteamiento de más interrogantes: ¿existe una configuración del pensamiento intelectual en los doctorados en Educación de Colombia?, ¿bajo qué paradigmas y discursos epistemológicos se han construido los programas de doctorado en Educación de Colombia?

Propósito de la investigación

Esta investigación tiene como propósito analizar la construcción del campo de la investigación de los programas de doctorado en Educación y afines de Colombia. Para alcanzar el propósito de la investigación, se plantean los siguientes objetivos específicos: 1. Comprender la forma cómo las políticas públicas del Estado colombiano y las políticas institucionales de las universidades que ofertan doctorandos en Educación han configurado el discurso intelectual e investigativo de la educación en Colombia.

2. Reconocer los paradigmas filosóficos, el abordaje de los problemas epistemológicos, las líneas de investigación y las dinámicas de los enfoques de las investigaciones realizadas al interior de los programas doctorales en Educación. 3. Identificar las formas institucionales de los doctorados en mención, para el fomento y el desarrollo de la investigación.

Método

Como el tema central de la investigación es el campo de la investigación en los doctorados en Educación de Colombia, y con base en los antecedentes históricos de las políticas públicas frente a lo concerniente a la investigación en la educación superior identificados en líneas anteriores; sumado a investigaciones realizadas en Colombia del tema en mención, es decir, el estado del arte, se puede visualizar que todo corresponde a identificar los discursos y prácticas mediante la consolidación de un archivo. Por tanto, establecer una relación entre dos campos: campo de poder y campo intelectual e investigativo. La manera para hacerlo es analizar por medio de categorías conceptuales del campo intelectual, plasmado por el discurso proveniente del poder de Estado colombiano, y por prácticas investigativas y saberes generados en los doctorados en Educación. Una vez analizados los dos campos, se establecerán los debates teóricos, conceptual, de posiciones, de relaciones y de contextos que diferencian los dos campos en juego. Posterior a todo esto, se reflexiona y se analiza el contexto de este debate para mostrar que en los dos campos existen concepciones. Luego, se posiciona la concepción de investigador en relación con el campo investigativo desde el poder y las prácticas encaminadas a la producción del saber. Para hacer esto, se apoya en las tesis doctorales que están configurando el campo intelectual de los doctorados en Educación en Colombia. Además, se analizan los grupos de investigación que legitiman las prácticas de investigación, como también su producción intelectual, que se han referido a este debate de validación de esos saberes.

Este proyecto de investigación no tiene una metodología condicionada, lo cual permite recolectar y analizar información de manera controlada, flexible y estructurada, logrando explorar, en profundidad y con riqueza interpretativa, frente al proceso del agenciamiento de la política internacional que promulga procesos de investigación en la educación superior. Este trabajo tiene un enfoque descriptivo y utiliza la recolección de datos sin medición numérica para el proceso de análisis e interpretación, que tiene la característica de fases simultáneas, permitiendo la descripción detallada de situaciones, eventos a escala internacional y nacional; como también políticas y leyes sobre el tema de investigación; y personas clave que hacen parte de los programas de doctorado en Educación y afines.

Primeras conclusiones

El sistema político y económico internacional y nacional tiene concebido la institucionalización de la educación hacia un discurso de la Ciencia y Tecnología (C&T), la cual atiende desde la formalización apalancada por la universidad. Los sujetos de estudio, concebidos por los súbditos de ese agenciamiento, están ubicados en escenarios de la educación superior avanzada, como los doctorados, en nuestro país. Dentro de este panorama se requiere un alto nivel de producción de conocimiento, a partir de procesos de contextualización regional, nacional e internacional, pero que de nada sirven al ser condicionados por las políticas hegemónicas del sistema-mundo, en donde se pierde los procesos contextualizados, para ser condicionados desde lo internacional a lo local, a través de dispositivos de control. Un claro ejemplo es como se encuentra la estructura de los requisitos de los registros calificados; la evaluación de los procesos de alta calidad tanto en las universidades, instituciones de educación superior y programas académicos, la categorización de los grupos de investigación que miden el nivel de producción en masas, a partir del dinamismo de las líneas de investigación. Vélez de la Calle (2014, p. 51) afirma que todo enfoque está en función a dar respuesta a pensamientos instituyentes, mas no de conocimiento que responda al discurso propio de Latinoamérica.

Quiceno (2006) publicó un capítulo de libro resultado de investigación titulado ?Tendencias tesis doctorales en educación, países del Convenio Andrés Bello?, cuya metodología fue de tipo cualitativo, en el cual analizó las temáticas abordadas en 725 tesis doctorales en Educación de 13 países iberoamericanos: Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Cuba, Chile, Ecuador, España, México, Panamá, Paraguay, Perú y Venezuela, realizadas entre 1969 y 2005. Dentro de las tesis analizadas, se encontraron temáticas como formación docente, política pública, tecnologías, cultura, procesos de enseñanza y aprendizaje e historia de la educación. En este sentido, estos programas se concentran en estudios comparativos a escala regional frente a la cultural, la cual ya han sido temas investigados en otras latitudes (Quiceno, H. et al., 2006: p. 144). Sin embargo, las universidades del Convenio deben construir una propuesta de integración doctoral, esto quiere decir que se deben articular las dinámicas sociales propias de Latinoamérica en conexión con Iberoamérica; la modernización y globalización en consolidación hacia una sociedad del conocimiento. Los resultados de las tesis a partir del desarrollo de las temáticas abordadas deben ser expuestos y socializados a los entes gubernamentales para vincularlas a los planes de desarrollo local, nacional y poder incidir en la reconstrucción de una política regional para temas de educación.

La diversidad de trayectos de los doctorados, en aras de su propia producción intelectual, hace que se invite al desarrollo y apuestas investigativas pensadas no solo en lo nacional, sino también hacia la consolidación de un discurso pensado desde lo regional y el posicionamiento en contextos a escala internacional, generando con ello la posibilidad de unir los procesos que lo transitan: 1. la emergencia de prácticas formativas doctorales instituyentes mediante la incorporación espacios desescolarizados; 2. la creación y desarrollo de doctorados con fuerte dinamiza la formación y la pedagogía científica; 3. la didáctica mediática, ya que la nueva doctora o doctor se enfrenta a una sociedad del conocimiento, implicando el desarrollo de este tipo de capacidades, donde se erige como constructor de métodos entendidos como caminos, 4. la consolidación de una cultura de la autoevaluación que trascienda la valoración del producto académico doctoral, 5. la instauración de lógicas investigativas instituyentes en el marco de la investigación instituida en lo institucional y lo formativo, y 6. la adopción de las voces de la internacionalización. Otro horizonte que convoca a la universidad es el de concebir sus propuestas doctorales desde la crítica a los discursos de la calidad educativa mediante la revisión de un modelo académico propio y de la acreditación y evaluación de sus programas, lo cual permite establecer tejidos de investigación y redes de conocimiento nacional e internacionalmente, con el fin de ir a la vanguardia de la sociedad latinoamericana actual.

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Notas

Enlace alternativo

URI: http://hdl.handle.net/11298/962 (uri)