La extraña geopolítica de Jair Bolsonaro y la COVID-19

The strange geopolitics of Jair Bolsonaro and the COVID-19

El proceso de contraofensiva neoliberal llevado a cabo en la República Federativa de Brasil en la segunda mitad del segundo decenio del siglo xxi por las fuerzas políticas de la derecha, representada primero por el gobierno golpista del Presidente Interino Michel Temer y, posteriormente, por el actual Presidente Jair Bolsonaro, estuvo impregnado por los intereses geopolíticos de Estados Unidos en el Hemisferio Occidental.

El objetivo de Estados Unidos en promover la destitución de la Presidenta Dilma Rousseff y la derechización del proceso político en Brasil era interrumpir el exitoso proyecto socialdesarrollista que priorizara una integración regional basada en la soberanía de los pueblos y la solidaridad entre estos. Esta integración era incompatible con los intereses de Estados Unidos, entre otras razones, porque reconocía al gobierno legítimo y constitucionalmente elegido del Presidente Nicolás Maduro en Venezuela y promovía la cooperación con ese país en diversos ámbitos, además de consolidar los lazos de cooperación con Cuba mediante la labor de varios miles de colaboradores cubanos de la esfera de la salud en territorio brasileño, en el marco del Programa Más Médicos.

Dada la histórica obsesión imperialista de Estados Unidos por apoderarse de Cuba, así como las potencialidades del proyecto bolivariano en Venezuela y de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP) el proyecto socialdesarrollista implementado en Brasil por los gobiernos de los Presidentes Lula y Dilma, obviamente representaba una amenaza para los intereses geopolíticos de Estados Unidos en el hemisferio. Ya que al fortalecer la unidad soberana del bloque suramericano, este podría llegar a actuar con mejores potencialidades en pos de un mundo multipolar y antihegemónico, perjudicando las ambiciones imperialistas de Estados Unidos en el ámbito regional y global.

Por tanto, Estados Unidos tenía como meta, emanada de su carácter imperialista, el derrocamiento del proyecto socialdesarrollista en Brasil. Con eso obstaculizaría el fortalecimiento de Suramérica como bloque soberano, en primera instancia. No obstante, para ralentizar su relativa pérdida de hegemonía en la subregión, necesitaba asegurar la contención de los intereses de China en la región, cuya influencia en Brasil se había incrementado de forma vertiginosa, especialmente a partir del primer mandato de la Presidenta Dilma Rousseff. Esta tendencia se ha evidenciado, por ejemplo, en el aumento de las inversiones extranjeras directas de China dirigidas a Brasil, principalmente a partir de 2010 (año de inicio del primer mandato de Dilma Rousseff), en detrimento de la proporción preponderante anteriormente ostentada por Estados Unidos en la composición de los principales países inversionistas de Brasil. Aunque durante el segundo decenio del siglo xxi, Estados Unidos siguió siendo el inversionista con la mayor cantidad de proyectos de inversión, ostentando el grueso (40 %) de estos entre el resto de las inversiones extranjeras directas dirigidas a Brasil, en términos de volumen China ha superado las inversiones extranjeras directas estadounidenses (Fig. 1).

Fuente: Ministério da Economía da República Federativa do Brasil, 2019.

Fig. 1. Inversiones extranjeras directas dirigidas a la República Federativa de Brasil, 2003-2019, en millones de dólares norteamericanos.

La referida expansión de China representaba una amenaza para la competitividad de las empresas estadounidenses y para los intereses geopolíticos de Estados Unidos en la República Federativa de Brasil y, consecuentemente, en la subregión suramericana. Las preocupaciones de Estados Unidos en el contexto brasileño, no obstante, no se habían agotado en el creciente volumen de inversiones extranjeras directas chinas dirigidas a Brasil. El Banco de Desarrollo de China y el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) poseían portafolios de préstamos que superaban los del Banco Mundial, controlado por Estados Unidos, lo cual agasajaba a los dos polos emergentes –Brasil y China– de potencialidades para proyectos de gran envergadura en cualquier ámbito.

Asimismo, mantener bajo control la actuación conjunta de los miembros del BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica), tanto en plataformas del ámbito multilateral como a nivel de la subregión suramericana constituye un importante objetivo geopolítico de Estados Unidos. Entre sus causas se destaca el hecho de que el Banco del BRICS, inaugurado en Shanghái con un capital de 100 000 millones de dólares, no solo representaba una alternativa frente al Banco Mundial, pero también una amenaza para la futura existencia de ese organismo financiero internacional, ya que la ayuda por esa nueva institución sería concedida en condiciones mucho más favorables para los países beneficiarios que la otorgada por el Banco Mundial.

Todo esto evidencia la existencia de motivaciones geopolíticas de Estados Unidos tras el protagonismo que este había ejercido en la promoción y ejecución del proceso de cambio del proyecto socialdesarrollista por un régimen netamente neoliberal en Brasil y su consolidación. Para cuyo propósito, una vez más en la historia del gigante latinoamericano, Estados Unidos encontró apoyo en los sectores más reaccionarios de la gran burguesía brasileña y, en particular, en las figuras de los presidentes Michel Temer y, posteriormente, del ultraliberal Jair Bolsonaro, respectivamente.

DESARROLLO

La geopolítica de Bolsonaro y los intereses que lo sustentan

El carácter ultraliberal de Bolsonaro y su alineación ideológica a Estados Unidos y a los dictados del Consenso de Washington era evidente ya durante su campaña electoral y se confirmó desde sus primeras medidas, anunciadas al día siguiente de su toma de posesión como Presidente de la República. Entre estas medidas se incluyeron la reducción del salario mínimo y una reforma de seguridad social perjudicial para los jubilados, así como aquellas dirigidas a la libre tenencia de las armas de fuego y la privatización de la empresa estatal de electricidad Eletrobras. Asimismo, extinguió al Secretariado de la Diversidad, Alfabetización e Inclusión del Ministerio de Economía, así como al Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional encargado de dirigir la lucha contra el hambre.

En materia de política exterior, Bolsonaro se comprometió con Estados Unidos para luchar contra Venezuela, Cuba y Nicaragua, además de confirmar el traslado de la Embajada de Brasil de Tel-Aviv a Jerusalén. No tardó en reconocer al fracasado mercenario golpista de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), Juan Guaidó, como Presidente legítimo de Venezuela.

El alineamiento estadounidense de Bolsonaro lo evidencia también el acuerdo militar firmado por Brasil y Estados Unidos el pasado 8 de marzo de 2020 en Miami. Este acuerdo está encaminado a ayudar a “enfrentar amenazas regionalmente”, como las que, según el jefe del Comando Sur de Estados Unidos, Craig Faller, “la crisis de Venezuela representa para Estados Unidos”.

En efecto, Bolsonaro fue el primer mandatario brasileño en visitar esa institución militar dedicada a las operaciones de Estados Unidos en América Latina y el Caribe. Consecuentemente, el 2 de mayo de 2020, en menos de dos meses después de la firma del acuerdo, el Canciller brasileño, Ernesto Araújo, sin previa negociación con el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y violando la Convención de Viena, anunció, sin más explicaciones, la expulsión de Brasil, con carácter urgente, de los 34 miembros del Cuerpo Diplomático y Consular de la República Bolivariana de Venezuela acreditados en ese país.

Asimismo, el voto de Brasil en la Organización de las Naciones Unidas contra el Informe de Cuba sobre la Resolución No. 73/8 de la Asamblea General de las Naciones Unidas titulada “Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos de América contra Cuba”, igualmente evidencia el carácter servil de su administración y la inclinación proestadounidense del mandatario brasileño.

Sin embargo, resulta extraña la actuación de Bolsonaro en relación con China ya que no parece ser coherente con su alineamiento a Estados Unidos. Frente al distanciamiento que se esperara entre Brasil y China durante el mandato del proestadounidense Bolsonaro, el mandatario brasileño siguió intensificando sus relaciones con el país asiático.

El antecedente de esta evolución de las relaciones entre Brasil y China durante los dos primeros años de la administración de Bolsonaro radican en el incrementado peso de China en la economía brasileña y, consiguientemente, la disminución del relativo peso de Estados Unidos en esta, como tendencia vigente desde los gobiernos socialdesarrollistas que se ha acentuado especialmente a partir del segundo decenio del siglo xxi. En este periodo, según datos del Consejo Empresarial Brasil-China (CEBC), las inversiones chinas acumuladas en Brasil ascienden a 57 000 millones de dólares estadounidenses, abarcando a 145 proyectos de inversión. La mayor parte de estas inversiones ocurrió a partir de 2017, con el programa de privatizaciones y otorgamiento concesiones del gobierno golpista de corte neoliberal de Michel Temer. No obstante a su fama de ser un político ultraneoliberal, la geopolítica del presidente Jair Bolsonaro ha sido continuidad de las políticas emprendidas por su último antecesor, si bien con matices propios emanados de su personalidad.

Conforme a ello, en 2019, durante su visita oficial a la República Popular China, el presidente Bolsonaro invitó al gigante asiático a participar en la licitación del Pre-sal,¹ cuya apertura al capital transnacional se remonta a la época del proceso de destitución vía golpe parlamentario de la Presidenta Dilma Rousseff y la asunción de su cargo por el Presidente interino Michel Temer.

En medio del proceso de golpe de Estado parlamentario contra la Presidenta Dilma Rousseff, el 24 de febrero de 2016 el Senado brasileño aprobó una ley impulsada por el senador José Serra, la cual eximía a la empresa estatal Petrobras de la obligación legal de tener una participación mínima del 30 % en la explotación del Pre-sal. En octubre de 2018, el gobierno de Temer puso en licitación la explotación de ocho áreas delimitadas del Pre-sal, de las cuales seis fueron otorgadas a empresas extranjeras. Entre estas ya había tres empresas chinas: Sinopec, CnoocPetroleum y Cnodc, además de otras gigantes del mercado mundial como Shell, Exxon Mobile, Total, Repsol, Qatar Petroleum y British Petroleum, aunque Petrobras también participó y ganó en tres de las áreas por las que compitió. No obstante, sin la obligatoriedad de que Petrobras participara de los consorcios contratistas, conforme a la anteriormente referida ley, las principales zonas quedaron bajo absoluto dominio extranjero.

Estas licitaciones, sin embargo, fueron apenas un modesto preludio de la ola de privatizaciones que el gobierno Bolsonaro emprendiera en lo que va de su mandato. Para el año 2020, su administración propuso la recaudación de 150 000 millones de reales, 50 % más que el año pasado, mediante la privatización total o parcial de 300 empresas brasileñas con propiedad estatal (Sant´Ana, 2020), de entre las 624 en las cuales el Brasil todavía posee participación en alguna modalidad.

Todo lo anterior evidencia que la actuación de Bolsonaro sigue los dictados del gobierno de Washington, entregando el patrimonio público de la nación brasileña al capital financiero transnacional. En función de ello, Bolsonaro le ha brindado numerosas concesiones a Estados Unidos en franco detrimento de la soberanía de Brasil. Entre estas se encuentran, por ejemplo, el permiso para la explotación por Estados Unidos de la Base Espacial de Alcántara, situada en el estado brasileño de Maranhao, así como la exención unilateral concedida por Brasil relativa a la entrada al país de turistas estadounidenses, sin que eso implique reciprocidad para la entrada de turistas brasileños a territorio estadounidense.

Asimismo, el afán de Bolsonaro por lograr el ingreso de Brasil al “club de los países desarrollados”: la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), para lo cual cuenta con el apoyo del gobierno de Trump, igualmente persigue favorecer a los intereses de Estados Unidos, pese a los perjuicios que su adhesión ocasionaría a Brasil, sobre todo en el ámbito del comercio internacional.

Unidos

Los intereses de estos sectores no siempre son del todo homogéneos, pues estos están divididos entre el capital estadounidense, más influyentes en los medios de difusión masiva de noticias, y el capital transnacional de otro origen, entre ello, el chino. El capital transnacional, por tanto, está disputando el mercado brasileño, donde los diferentes sectores de la gran burguesía local ejercen su influencia sobre las decisiones gubernamentales, de acuerdo con sus propias preferencias, intereses y sus respectivas cuotas de poder. Esto explica que el gobierno de Bolsonaro finalmente haya decidido autorizar la participación de la empresa china Huawei en el desarrollo de la tecnología 5G en Brasil, como resultado de las presiones provenientes del sector militar por acceder a esta tecnología cuanto antes. Todo lo cual le otorga un carácter ambiguo a la geopolítica de Bolsonaro, debido a las relaciones de Brasil con la República Popular China.

Esta ambigüedad se originó en el contexto de la guerra comercial entre China y Estados Unidos desde 2017, y provocó la disminución, aproximadamente a la mitad, de las importaciones chinas de productos agrícolas desde Estados Unidos. Esto favoreció al agronegocio brasileño, convirtiendo a Brasil en el mayor suministrador de soya de la República Popular China, pese a que la demanda china de ese producto se haya reducido considerablemente debido a la peste porcina que eliminó casi el 40 % de su rebaño.

Como consecuencia de lo anterior, la República Popular China resultó ser el primer socio comercial de Brasil en lo que el Presidente Bolsonaro va de mandato. El intercambio comercial de Brasil con el gigante asiático en 2019 (al igual que el año anterior) superó los 65 000 millones de dólares estadounidenses (MDIC, 2020), la cifra más alta del intercambio entre ambos países en la historia de Brasil.

Las importaciones de la República Popular China le proporcionaron a Brasil un intercambio comercial superavitario con el país asiático en los últimos años, basadas esencialmente en la exportación de productos primarios (preponderantemente, soya) al país asiático. Asimismo, contribuyeron en gran medida a que la balanza comercial de Brasil en 2019 haya sido positiva, con un saldo de 39 404 millones de dólares (Jornal Estado de Minas, 2020), cuyo 77,9 % es atribuible a su intercambio comercial con China (Busch, 2020).

A pesar del pragmatismo del mandatario brasileño ultraliberal y proestadounidense, en materia de las relaciones de Brasil con la República Popular China, más allá de la referida coyuntura, tiene su explicación en el compromiso de Bolsonaro con los sectores de la gran burguesía brasileña y del capital transnacional dedicados al agronegocio, pese a que este sea un modo de producción perjudicial al desarrollo integral del país, así como para los intereses de la clase trabajadora brasileña y para el medio ambiente, entre otros.

El agronegocio está basado en el monocultivo agrícola, en que cada hacienda se especializa en un solo producto como la soya, la caña de azúcar, pasto o el eucalipto. Su proporción en la producción agrícola brasileña es considerable, ya que en Brasil el 80 % de las tierras cultivables se dedican a la producción de apenas estos cuatro cultivos (Stédile, 2014).

Bolsonaro, desde su campaña electoral, prometió privilegiar a los grandes hacendados dedicados al agronegocio. En función de este compromiso, a inicios de su mandato, aprobó un decreto haciendo responsable al Ministerio de Agricultura de la toma de decisiones respecto a tierras reclamadas por pueblos indígenas. En esas tierras las actividades comerciales estaban prohibidas hasta entonces y los asuntos relacionados con la identificación, delimitación, demarcación y registro de tierras indígenas estaban en manos de la Fundación Nacional del Indio (FUNAI), vinculada al Ministerio de Justicia. El traspaso por Bolsonaro de la sensible cuestión de la demarcación de tierras indígenas al Ministerio de Agricultura ha sido una “patente de corso” para el gran capital transnacional del agronegocio, debido a las profundas concatenaciones entre este sector y la referida dependencia gubernamental. Como consecuencia de esta medida se verán amenazados las culturas, el modo de vida y la subsistencia de más de 800 000 indígenas que viven en Brasil, pertenecientes a 305 etnias que hablan 274 lenguas diferentes. Lo anterior no forma parte de las preocupaciones del mandatario racista, tal y como no le preocupa que la medida también perjudica a los intereses de la clase trabajadora de su país.

La razón de los múltiples perjuicios para el pueblo radica en que el agronegocio, en lugar de usar mano de obra, es un sector de uso intensivo de máquinas agrícolas y de venenos, controlados por las empresas transnacionales y depende del capital financiero transnacional.

Igualmente, el agronegocio representa los intereses de los grandes propietarios de tierras, del capital financiero y de las empresas transnacionales. Estas empresas transnacionales dominan en 70 % del agronegocio de Brasil. Los ingresos provenientes de este sector, por mucho que decoren los indicadores macroeconómicos brasileños, difícilmente serán reinvertidos en el desarrollo industrial, tecnológico del país o en la preservación del medio ambiente y en la lucha contra las enfermedades y pandemias como la COVID-19, ya que para los capitalistas les resulta más atractivo producir soya que medicamentos, pues su único interés es maximizar sus megaganancias.

Bolsonaro y la COVID-19

Ante el apoyo desmedido de los intereses del agronegocio y del capital transnacional por Bolsonaro, no resulta sorprendente su falta de compromiso para con la salud de la población brasileña en medio de la pandemia de la COVID-19.

Esta pandemia desatada a finales de 2019 ha agravado aún más, a nivel global, la crisis general sistémica del imperialismo neoliberal: la forma hegemónica actual del modo de producción y consumo capitalista. Ante esta emergencia sanitaria el sistema capitalista global ha demostrado una vez más su profunda disfuncionalidad.

La aplicación de políticas neoliberales en muchos países, incluso en algunos de los más ricos y desarrollados del planeta, conllevó a la calamidad pública ante esta emergencia sanitaria. Su causa radica en que, en esos países, maximizar las ganancias de la gran burguesía es más importante que prestar una debida atención y dedicar suficientes recursos a un sistema de salud pública funcional y capaz de enfrentar situaciones como la actual pandemia de la COVID-19.

En materia de políticas neoliberales en detrimento de la salud pública Bolsonaro es de vanguardia, destacándose mediante las privatizaciones efectuadas en el sector de la salud pública de Brasil, así como por medio de su arremetida contra los profesionales de la salud cubanos quienes laboraban en Brasil antes del inicio de su mandato. Los 20 000 médicos cubanos que prestaban sus servicios en el marco del programa Más Médicos iniciado por la Presidenta Dilma Rousseff, entre 2013 y 2018 atendieron a 113 millones de pacientes en Brasil. Gracias a ellos, 700 municipios brasileños tuvieron por primera vez un médico. En 1 100 municipios ellos garantizaban el 100 % de la atención médica básica.

No obstante, la campaña difamatoria y las ofensivas declaraciones de Bolsonaro, junto con la imposición por su gobierno de condiciones totalmente inaceptables que violentaban los acuerdos firmados entre la Organización Panamericana de la Salud, el gobierno de Brasil y el gobierno de Cuba, conllevaron a la retirada de la brigada médica de Cuba de ese país. Sin embargo, los puestos de trabajo de los galenos cubanos, pese a varias convocatorias, se mantienen vacantes, ya que ellos no radicaban en las grandes ciudades, sino donde otros médicos no han ido nunca: en el norte semiárido, en los asentamientos poblacionales de bajo índice de desarrollo humano, en la periferia metropolitana y los municipios alejados de las zonas urbanas, así como en los distritos indígenas donde atendían el 90 % de su población.

Como consecuencia de la agresividad de Bolsonaro contra los médicos cubanos, más de 100 millones de brasileños, cerca de la mitad de la población, perteneciente a las capas más pobres de la sociedad, dejaron de beneficiarse de la atención médica gratuita que los servicios de salud del personal médico cubano les garantizaba.

Las medidas de Bolsonaro, los indicadores del sistema de salud de Brasil, después de los considerables logros emprendidos durante el periodo de los gobiernos de Lula y Dilma en el área, han resultado un enorme retroceso. Esto quedó reflejado en el Informe al Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, publicado en abril de 2020 por dos relatores independientes de esa organización, quienes afirmaron que las políticas económicas y sociales irresponsables de Brasil ponen a millones de vidas en riesgo.

El Informe señala que solo el 10 % de los municipios brasileños poseen camas de terapia intensiva y el Sistema Único de Salud (conquista implementada por los gobiernos del Partido de los Trabajadores) no posee ni la mitad del número de camas hospitalarias recomendadas por la Organización Mundial de la Salud. Asimismo, destaca que el sistema de salud de Brasil está debilitado y sobrecargado, ya que los recortes de financiamiento gubernamental violaron los patrones internacionales de Derechos Humanos, incluso en las áreas de la educación, vivienda, alimentación, agua, entre otros. Estas debilidades acentuaron los adversos impactos de la COVID-19 y agravaron las consecuencias de la enmienda constitucional adoptada durante el gobierno de Michel Temer que congelara el gasto público por periodo de 20 años. Los Relatores del Informe recomiendan que Brasil cese las medidas de austeridad e incremente con efecto inmediato el gasto público para combatir la desigualdad y la pobreza extrema exacerbada por la pandemia de la COVID-19.

A la insuficiente red hospitalaria, insuficiente personal de la salud e insuficiente gasto público destinado al ámbito de la salud, se suma la falta de capacidad de Brasil por producir los insumos médicos debido a la poca inversión en el sector y al propio esquema sistémico dependiente de la propiedad privada, máxime cuando el agronegocio resulta más atractivo para los capitalistas que la producción de medicamentos y equipos médicos.

Frente a los grandes volúmenes de productos primarios que el agronegocio brasileño produce para aumentar las ganancias de unas pocas familias de la élite, solo hay tres empresas en Brasil que fabrican ventiladores pulmonares. No obstante, estas solo tienen capacidad para producir 4 000 unidades al año de ese importante equipo, cuando según Carlos Gadelha, ex Secretario de Ciencia, Tecnología y Insumos Estratégicos del Ministerio de la Salud de Brasil, durante el gobierno del Presidente Lula, sería necesario fabricar al menos 15 000 (Drummond, 2019). Al mismo tiempo, la importación de estos equipos es en extremo complicado, ya que 78 países imponen barreras para su exportación.

Esta compleja situación sanitaria de la población brasileña ahora se agrava aún más con la pandemia de la COVID-19, en cuyo asunto el Presidente Bolsonaro resultó ser una réplica fiel de su homólogo estadounidense, Donald Trump. No es casual, por tanto, que la evolución de la tasa de mortalidad por motivo de COVID-19 en Brasil siga el patrón de Estados Unidos, actual epicentro de la pandemia a nivel mundial. La trágica evolución de la pandemia en esos dos países condujo al colapso de sus hospitales. No obstante, Bolsonaro, igual que Donald Trump, a quien el mandatario brasileño llama “su amigo”, se opuso a decretar en el territorio brasileño la necesaria cuarentena para disminuir el riesgo de la propagación del nuevo coronavirus SARS-CoV2. En lugar de aislamiento social, instó a las instituciones y a la población a regresar a la vida laboral, dando muestras nuevamente de que mediante sus medidas ultraneoliberales prioriza el lucro frente a la salud del pueblo.

La irracional y antihumana posición de Bolsonaro ante la COVID-19, sin embargo, no solo es perjudicial para la situación sanitaria de su país. También ha sido motivo de tensiones entre su país y la República Popular China, su principal socio comercial, cuando dejó pasar reiterados comentarios públicos del Ministro de Educación de Brasil, Abraham Weintraub y del Ministro de Relaciones Exteriores, Ernesto Araújo, relativos a la pandemia del coronavirus SARS-CoV-2 como “algo que no pasa de ser de una conspiración comunista proveniente de China para dominar el mundo”.

En el plano nacional, las contradicciones, en el contexto de la COVID-19, entre la irresponsable y criminal posición de Bolsonaro, por un lado, y la defensa del aislamiento social por el Ministro de Salud de Brasil, Luiz Henrique Mandetta, por el otro, condujeron a la destitución de Mandetta y su equipo. Su salida del gabinete de Bolsonaro, sin embargo, es apenas un hecho más que señala el creciente autoaislamiento del actual mandatario tanto al interior de su país como en la esfera internacional.

En el creciente rechazo que rodea la actuación de Bolsonaro por su conducta en todas las plataformas posibles, su trato de la pandemia de la COVID-19 ha sido el “colofón” de sus políticas antihumanas de corte ultraneoliberal y neofascista. Todo lo cual ha sido una chispa para el inicio de un juicio político de impeachment en su contra, en cuyo marco, hasta el 23 de abril ya habían registrado 24 solicitudes de destitución ante las instancias correspondientes en Brasil.

Las solicitudes de impeachment presentadas contra Bolsonaro contienen argumentos relacionados con su actitud frente a la COVID-19, tales como el incumplimiento de las orientaciones de la Organización Mundial de la Salud y del Ministerio de la Salud de Brasil relativas a la adopción de medidas para la prevención del SARS-CoV-2. Sin embargo, entre las acusaciones figuran, además, delitos de responsabilidad por haber incentivado actos contra el sistema legislativo y judicial, mediante el intento de cerrar el Supremo Tribunal Federal, entre otros. A todo lo que se suma la dimisión del Ministro de Justicia Sérgio Moro, anteriormente hombre de confianza de Bolsonaro y responsable del proceso de destitución de la Presidenta Dilma Rousseff y del encarcelamiento sin pruebas del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, y sus acusaciones sobre otros delitos y posibles crímenes cometidos por Bolsonaro y su clan.

El proceso de impeachment contra Bolsonaro señala que hasta los sectores de la propia base aliada del mandatario brasileño demandan una nueva etapa en la conducción de las políticas de su país. Sus razones radican en el hecho de que la gran burguesía brasileña, pese a su heterogeneidad y sus contradicciones internas, al elegir a Bolsonaro como Presidente, actuó con oportunismo, dando su voto a quien mayores lucros les pudiera garantizar en una coyuntura dada.

Algunos sectores integrantes de esta clase social ya se habían beneficiado del auge de las relaciones económicas de Brasil con la República Popular China, desde los años de los gobiernos de Lula y Dilma, y posteriormente, del pragmatismo del proestadounidense Temer. Las concatenaciones de la gran burguesía brasileña con el capital transnacional no han discriminado al capital por su procedencia. Especialmente, porque la coyuntura, primero, la crisis multidimensional global desatada en 2008, luego la guerra comercial entre Estados Unidos y China desde 2017, les permitió enormes ganancias a estos sectores, gracias a la demanda china de productos básicos.

La política exterior de Bolsonaro responde, ante todo, a su compromiso con los sectores de la gran burguesía brasileña. Sin embargo, la composición de esta clase social es muy heterogénea, por cuya razón, además de los sectores proestadounidenses que la integran, también tiene importantes sectores que se han beneficiado de las fructíferas relaciones con la República Popular China. Este país asiático ostenta el estatus de ser el principal socio comercial de Brasil durante el mandato de Bolsonaro. Lo anterior evidencia que la política exterior de Bolsonaro ha sido pragmática, pese a su alineamiento ideológico proestadounidense. En función de lo cual, sin embargo, el mandatario brasileño ha seguido los dictados del Consenso de Washington, mediante las privatizaciones y la venta del patrimonio nacional brasileño al capital transnacional, incluido, el de origen chino, entre otras medidas antipopulares y perjudiciales para la soberanía nacional y los intereses del pueblo brasileño.

Sin embargo, la posición antihumana de Bolsonaro en el enfrentamiento a la pandemia de la COVID-19 ha creado tensiones entre Brasil y su principal socio comercial, la República Popular China, demostrando que el mandatario brasileño reproduce las políticas de su ídolo, el Presidente Donald Trump, en los más esenciales aspectos. En particular ambos coinciden en aplicar medidas que priorizan el lucro de los capitalistas en detrimento de la vida y la salud de su pueblo, oponiéndose a decretar el tan necesario aislamiento social para evitar la propagación del nuevo coronavirus SARS-CoV-2. Todo lo cual agrava aún más la situación social de Brasil: un país desprovisto de un sistema de salud, donde la atención médica universal, gratuita y accesible para toda la población es apenas mera utopía.

Actualmente Brasil contabiliza la mayor cantidad de fallecidos por causa de la COVID-19 en la subregión de América Latina, siendo uno de los países que más casos de infección y mayor velocidad en su propagación presentan en el mundo, junto con Estados Unidos.

De este modo, sin el debido aislamiento social recomendado por la Organización Mundial de la Salud, sin suficientes médicos ni capacidad hospitalaria, sin insumos médicos ni medicamentos suficientes, ni capacidad tecnológica y, mucho menos, voluntad política de la Administración de Bolsonaro para producirlos, la COVID-19 seguirá cobrando muchas vidas en Brasil.

CONCLUSIONES

La geopolítica de Jair Bolsonaro se basa en su compromiso con el gran capital financiero, reflejado por medio de su apoyo desmedido al agronegocio y al extractivismo, mediante sus políticas públicas ultraneoliberales emanadas de su alineamiento ideológico proestadounidense.

Todo esto perjudica la soberanía de la nación brasileña, la que ha ido en detrimento del tan necesitado sector de la salud de su país, poniendo en peligro la vida y el futuro de millones de brasileños.

La trágica situación sanitaria en Brasil tras la pandemia del nuevo coronavirus SARS-CoV-2 es consecuencia directa de la hegemonía de las políticas neoliberales a nivel global y al interior de ese país, y agravada por las absurdas medidas antihumanas de Jair Bolsonaro. Estas medidas emanan de su geopolítica oportunista al servicio del imperialismo estadounidense y del capital financiero transnacional, a los cuales el mandatario brasileño subordina los legítimos intereses de la población brasileña.

Los excesos antihumanos de Bolsonaro, tras la llegada a Brasil de la pandemia de la COVID-19, acentuaron los problemas sistémicos en el contexto nacional brasileño, han propiciado que representantes de amplios sectores descontentos con su gestión, incluso, pertenecientes a su propia base aliada: la gran burguesía brasileña, presentaran solicitudes de impeachment contra el mandatario.

Sin embargo, el proceso de juicio político para la destitución de Bolsonaro, iniciado con el apoyo de la propia derecha, no significa el verdadero cuestionamiento, ni mucho menos el fin del modelo político, económico y social hegemónico –el neoliberal– en ese país. Este proceso es apenas el reflejo del enfrentamiento entre los disímiles sectores de las élites, concatenadas con el capital transnacional de diversa procedencia, que van disputando sus cuotas de poder para aprovecharse de lo que les pueda rendir la coyuntura de la COVID-19, e incubando los cambios y una nueva geopolítica de su país, que sea de su conveniencia.

La crisis sanitaria y multidimensional del capitalismo, acentuada por la pandemia del nuevo coronavirus SARS-CoV-2 ha demostrado, una vez más, el fracaso del modelo neoliberal. Máxime, en los tiempos actuales, cuando la supervivencia de la especia humana en cualquier país de nuestro planeta globalizado, requiere la solidaridad y colaboración entre los pueblos del mundo. Todo esto implica la necesidad de poder contar, en cada uno de los países, con políticas sociales y sistemas de salud capaces de anteponer la vida humana frente a los intereses del capital.

Para lograrlo, sin embargo, no basta con procesos de impeachment contra mandatarios neofascistas como Bolsonaro, ni con políticas reformistas que, a largo plazo, no hacen más que salvaguardar las relaciones capitalistas de producción y consumo.

El grave fracaso del sistema capitalista, evidenciado, en esta ocasión, por su impotencia ante la emergencia de la COVID-19, demostró que la supervivencia de la humanidad requiere un nuevo modelo de producción y consumo, así como un orden mundial completamente diferente al capitalista. Y eso urge transformaciones políticas, sociales y económicas profundas que cambien de forma radical las relaciones de propiedad hegemónicas a nivel global, a favor de las mayorías: la clase trabajadora.

Al mismo tiempo, son precisamente los mecanismos emanados de las reglas del libre comercio impuestas por los países más ricos en el marco de la Organización Mundial del Comercio los que colocan a Bolsonaro en un aparente dilema entre su alineamiento a Estados Unidos y su compromiso con el capital transnacional de cualquier origen, incluido el chino. Esto hace que la geopolítica de Bolsonaro parezca ambigua, cuando en realidad solo se trata de un pragmatismo en su política exterior ideológicamente alineada con Estados Unidos, para corresponder a los intereses de los diferentes sectores de la sociedad brasileña, provenientes de la gran burguesía cada vez más transnacionalizada que Bolsonaro se propuso representar.

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