I. INTRODUCCIÓN

Producido en el seno de la institucionalidad del Estado, el presente documento representa un esfuerzo por describir algunas de las características socio-demográficas de la población miskita nicaragüense radicada en San Juan de Pavas en San José,² Costa Rica, a la luz de la responsabilidad de la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME) y del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), como parte de un Estado que cuenta con múltiples instrumentos internacionales y nacionales para la protección de los derechos humanos y normativa para atender de manera específica a la población indígena migrante, donde la materia migratoria es declarada de interés público. Tomando en cuenta que existen deberes y derechos, se examinan las posibilidades que ofrece la actual normativa para que la población indígena miskita nicaragüense, con sus condiciones de pobreza, baja escolaridad, nichos ocupacionales específicos y arraigo en nuestro país, pueda acceder a un estatus migratorio regular y trabajo formal.

Una integración estructural³ efectiva de esta población en la sociedad receptora pasa necesariamente por contar con un Documento de Identidad Migratoria para Extranjeros (DIMEX) vigente que abra las puertas a una variedad de servicios estatales, además de la posibilidad de procurar los ingresos suficientes para hacer frente a los costos de regularización migratoria y a la satisfacción de necesidades de las familias, en muchos casos binacionales⁴.

Este documento hace un recorrido por la normativa tanto internacional como nacional para el abordaje de las migraciones y la temática indígena en Costa Rica, enfatizando tanto en derechos como en deberes. Luego se hace una breve contextualización del origen de los miskitos y de su llegada a Costa Rica; para pasar a la descripción de un acercamiento interinstitucional e intersectorial a la población miskita en Costa Rica que produjo por primera vez un cuerpo importante de información socio-demográfica sobre esta población, y que debe ser visto como una buena práctica por su contribución a la visibilización de esta población y a la toma de decisiones acerca de los procesos de su necesaria integración en el seno de nuestra sociedad; para concluir con una caracterización socio-demográfica de la población miskita en San Juan de Pavas y en la Región Autónoma del Atlántico Norte (RAAN), su lugar de origen mayoritario.

Cabe mencionar que los datos que dan pie al análisis aquí presentado fueron recopilados a partir de diversas fuentes. La primera de ellas fue el diseño y aplicación interdisciplinaria e intersectorial (con la importante participación del IDESPO-UNA) de la primera encuesta dedicada específicamente a población miskita en Costa Rica, llevada a cabo en San Juan de Pavas, en noviembre del 2014. Dicho instrumento es equiparable con los utilizados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). Una segunda fuente fue una visita, entre finales de 2015 y principios de 2016, a la RAAN de Nicaragua, específicamente las comunidades de Bilwi, Haulover y Tuapí. También se trabajó el tema de la población miskita a través del asesoramiento de estudiantes del programa Associated Colleges of the Midwest (ACM) en Costa Rica, que hicieron trabajo de campo en San Juan de Pavas durante el 2016. Por último, este documento se basa en información recabada a través de múltiples visitas a la comunidad de San Juan de Pavas desde el 2014 y de la atención personalizada a población miskita en la DGME desde 2015.

II. ABORDAJE DE LA POBLACIÓN INDÍGENA EXTRANJERA DESDE EL ESTADO COSTARRICENSE

En primera instancia es necesario acotar que a partir de la experiencia de trabajo con instituciones del Estado costarricense, queda claro que se hace necesaria la búsqueda de una combinación de capacitación técnica sobre las responsabilidades que acarrea el cumplimiento de los instrumentos internacionales y nacionales de derechos humanos, y empatía entre los funcionarios a cargo de atención al público y de la toma de decisiones que afectan directamente la vida de los usuarios indígenas migrantes que acuden a las instituciones. A continuación se hace un recuento precisamente de la normativa que como representante del Estado, los funcionarios públicos deben respetar y aplicar.

Normativa internacional

Es importante destacar que en su doble condición de indígena y migrante, a la comunidad miskita en Costa Rica le asiste la protección de derechos a través de normativa internacional y nacional tanto en materia migratoria como indígena. Además, dependiendo del género y edad de las personas indígenas migrantes, a su condición es necesario agregar elementos de derechos de las mujeres, la niñez y la adolescencia.

A nivel internacional, el país ha firmado y ratificado una gran cantidad de instrumentos para la protección de los derechos humanos de la población migrante y refugiada que radica en el país. Según la Sala Constitucional [sentencia núm. 343592 (1992) y aclaración núm. 5759-03 (2003)], esta normativa internacional no solo tiene un valor similar a la Constitución Política, sino que en la medida en que otorgue mayores derechos o garantías a las personas, priva por sobre la Constitución (Consejo Nacional de Migración, 2013, p. 13), lo cual resulta de especial interés para el análisis de los parámetros legales que enmarcan la atención de la población migrante que se encuentra en el país (cuadro 1).

Cuadro 1.

Instrumentos internacionales de protección de derechos humanos ratificados por Costa Rica

Política Migratoria Integral para Costa Rica 2013-2023 y elaboración propia

Con respecto a la normativa internacional para el abordaje de las poblaciones indígenas migrantes, Costa Rica es uno de los Estados signatarios del Convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes, adoptado por la Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en 1989. Este convenio reconoce las aspiraciones de los pueblos indígenas en diversos sentidos: desde controlar sus propias instituciones, formas de vida y desarrollo económico; pasando por mantener y fortalecer sus identidades, lenguas y religiones dentro del marco de los Estados en que viven; por la necesaria la visibilización de la particular contribución de los pueblos indígenas y tribales a la diversidad cultural, a la armonía social y ecológica de la humanidad; hasta la necesidad de suscitar la cooperación y comprensión internacionales. Esta normativa establece, en su artículo 20, que los gobiernos deben adoptar medidas para garantizar a los trabajadores indígenas una protección eficaz en materia de contratación y condiciones de empleo, evitar cualquier discriminación hacia los trabajadores indígenas en la esfera laboral y garantizar que los trabajadores estacionales, eventuales y migrantes empleados en la agricultura o en otras actividades, así como los empleados por contratistas de mano de obra, gocen de igualdad en las condiciones de protección que la legislación y la práctica nacionales ofrecen a otros trabajadores de las mismas ocupaciones (OIT, 1989). Como se verá más adelante, muchos miskitos trabajan como mano de obra asalariada, así que les asiste la protección mencionada.

Por otro lado, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas establece que los individuos y pueblos indígenas tienen derecho a disfrutar plenamente de todos los derechos establecidos en el derecho laboral internacional y nacional aplicable. Además, no deben ser sometidos a condiciones discriminatorias de empleo o salario (artículo 17) y tienen derecho a la determinación de su propia identidad o pertenencia conforme a sus costumbres y tradiciones (artículo 33) (ONU, 2007). De nuevo, el Estado costarricense tiene la obligación de procurar el respeto de los derechos laborales de los trabajadores miskitos, empezando por facilitar el acceso a la regularización migratoria por medio de permisos de trabajo, cuando así proceda.

Como se verá a continuación, esta normativa internacional es la base sobre la cual se construye el marco legal nacional para, en el caso específico de la DGME, atender la regularización migratoria de la población indígena extranjera radicada en Costa Rica.

Normativa nacional: derechos y deberes

La Constitución Política de Costa Rica establece los mismos derechos y deberes para personas extranjeras y nacionales, así como la igualdad ante la ley en derechos y garantías individuales, sin discriminación alguna contraria a la dignidad humana y salario igual para trabajo igual (Arts. 19, 33, 57, 68) (Constitución política de la República de Costa Rica, 1949).

Por otro lado, la Ley General de Migración y Extranjería No. 8764 (LGME 8764), vigente desde el 2009, declara de interés público la materia migratoria en el país (Art. 2) y señala que las personas extranjeras gozarán de los derechos y las garantías individuales y sociales reconocidos para las personas costarricenses en la Constitución Política, salvo las limitaciones que esta establezca. Además, aclara que las normas relativas a los derechos fundamentales de las personas extranjeras se interpretarán conforme a los convenios en materia de derechos humanos y a los tratados y acuerdos internacionales ratificados y vigentes. Plantea también que toda persona extranjera tendrá derecho de acceso al sistema judicial en todas sus manifestaciones y al sistema de seguridad social costarricense, de acuerdo con la legislación vigente y su categoría migratoria. Asimismo, establece el deber de las personas extranjeras de contribuir con la sostenibilidad del sistema de seguridad social y de contribuir con los gastos públicos (Arts. 2, 31) (Ley General de Migración y Extranjería, 2009).

La Ley 8764 crea además el Consejo Nacional de Migración, en el que participan tanto Ministerios como otros órganos de gobierno y la sociedad civil, con el fin de asesorar al Poder Ejecutivo, al Ministerio de Gobernación y Policía y a la DGME en la toma de decisiones relacionadas con la temática migratoria (Arts. 9, 10) (Ley General de Migración y Extranjería, 2009). Este ente fue el encargado de elaborar la Política migratoria integral para Costa Rica 2013-2023 (PMICR). La Política se elaboró para “promover, regular, orientar y ordenar las dinámicas de inmigración y emigración, en forma tal que contribuyan al desarrollo nacional por medio del enriquecimiento económico, social y cultural de la sociedad costarricense”. Incluso se establece en qué campos específicos de la sociedad costarricense se debe fomentar la integración de las personas extranjeras: se trata de los procesos “económicos, científicos, sociales, laborales, educativos, culturales y deportivos” (Arts. 6, 7) (Ley General de Migración y Extranjería, 2009).

Como se deduce de las líneas anteriores, al ser la migración materia de interés público, en estos esfuerzos de integración se ven implicadas muchas instituciones del Estado costarricense, que deben ajustar sus normativas internas para poder ofrecer, con los requisitos que consideren pertinentes, el acceso a sus servicios por parte de la población migrante, con la atención a grupos vulnerables (incluidos los indígenas) como un eje estratégico y con la corresponsabilidad entre sus principios rectores (Consejo Nacional de Migración, 2013). Es importante hacer hincapié en el tema de la corresponsabilidad, incluido tanto en la LGME 8764 como en la PMICR, ya que la población migrante tiene una serie de deberes para con la sociedad costarricense que la acoge.

Para acatar sus responsabilidades de integración de la población migrante y refugiada en la sociedad costarricense, la DGME creó en 2011 la Dirección de Integración y Desarrollo Humano (DIDH), cuyos objetivos son: procurar el cumplimiento de derechos sociales, civiles, políticos, económicos y culturales de migrantes y refugiados, según el marco legal del Estado; integrar las diversas propuestas institucionales del sector público relacionadas con la integración de nacionales, migrantes y refugiados; y promover la participación comunitaria conjunta de estas tres poblaciones. La DIDH está encargada entonces de diseñar e implementar estrategias y programas interinstitucionales e intersectoriales (incluyen instituciones del Estado, organizaciones de sociedad civil, organismos internacionales y comunidades) para dar respuesta a las necesidades de integración de las distintas poblaciones que componen la sociedad costarricense.

Además de trabajar con la población indígena ngäbe panameña, la DIDH, a partir del acercamiento con la comunidad miskita de San Juan de Pavas y del contacto directo con sus líderes (a partir de 2014), ha aprovechado para lograr un mayor conocimiento por parte dicha comunidad de la normativa migratoria especial que tienen a su disposición, ya que antes de esa fecha hacían los trámites como nicaragüenses mestizos, con los costos y requisitos adicionales que esto implicaba. Además, se da asesoría personalizada, resolución más expedita de las solicitudes de residencia permanente de personas miskitas y se cuenta con un sistema de citas rápidas para servicios de documentación. Se ha atendido aproximadamente 200 casos de miskitos desde 2015 hasta la fecha.

Con respecto al tema de niñez y adolescencia migrante en Costa Rica, existe una Comisión Tripartita de Niñez y Adolescencia conformada por la DGME, el Patronato Nacional de la Infancia (PANI) y el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto (MREC) que se ha abocado a la atención interinstitucional de casos prioritarios y a la elaboración de varios protocolos de actuación para la atención y protección de las personas menores de edad extranjeras que se encuentran en nuestro país (DGME-PANI, 2012a, 2012b, 2012c, 2014a, 2014b; DGME, 2012a).

Los protocolos fueron diseñados tomando en cuenta la Convención de los Derechos de la Niñez, la Política Nacional de Niñez y Adolescencia (2009-2021), el Código de Niñez y Adolescencia y el Reglamento de Personas Menores de la DGME. En este momento se tiene proyectada la elaboración de un protocolo específico para la atención de personas menores de edad indígenas migrantes, dado que en los grupos familiares miskitos representados en la encuesta aplicada en San Juan de Pavas se reportó un 32% de niños, niñas y adolescentes. A estos datos se debe agregar la gran cantidad de personas menores de edad ngäbes que ingresan con sus familias como parte de los flujos migratorios relacionados con el sector de agroexportación en Costa Rica.

El Título V del Reglamento de Extranjería de la DGME, creado en 2012 específicamente para atender la regularización migratoria de la población indígena extranjera, tomó como base el Convenio 169 de la OIT, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y el artículo 98 de la LGME 8764. En su momento se basó en las necesidades de regularización migratoria de la población ngäbe y buglé panameña, ya que no se visibilizaba la presencia de población miskita en Costa Rica. Este reglamento establece que la DGME brindará tratamiento especial a las poblaciones indígenas, tomando en cuenta sus condiciones específicas (Art. 250) (DGME, 2012b). En ese sentido, tanto los costos como los requisitos de regularización son menores para la población indígena, siendo que, por ejemplo, para optar por una residencia permanente, un migrante no indígena debe invertir alrededor de $475 (sin tomar en cuenta el costo de varios trámites en el país de origen), y para un indígena el trámite cuesta $135, más el costo del certificado de nacimiento apostillado de su respectivo país de origen. Otro ejemplo consiste en que la renovación del DIMEX cuesta $30 para un residente permanente indígena, comparado con $123 que debe invertir cualquier otro residente permanente. Como parte de los esfuerzos por ajustar la normativa migratoria a la realidad de este fenómeno en el país, la DIDH está preparando la modificación del Título V del Reglamento de Extranjería para que incluya categorías que se ajusten mejor a las características socio-demográficas y laborales de la población miskita que cuenta con arraigo en el país.

Por último, la DGME debe atender las recomendaciones del Departamento de Migraciones Laborales del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (DML-MTSS) que establecen las ocupaciones en las que se pueden otorgar permisos de trabajo a personas extranjeras. Para efectos de la población miskita de San Juan de Pavas, muchos de los nichos laborales que han ocupado históricamente en Costa Rica, se encuentran entre las ocupaciones no autorizadas por la normativa vigente a agosto del 2018: “agente de seguridad y vigilancia privada”, “trabajadores calificados y no calificados del sector construcción”, “peón agrícola”, “ayudante de cocina”, “electricista o ayudante”, “mecánico automotriz o ayudante”, “cocinero o ayudante de cocina”, “conserje y misceláneo”, “operador de montacargas”, “mucama”, “niñera”, “dependientes en comercios y pequeños establecimientos” y “servicios de parqueos para vehículos (administradores, cajeros y lavadores)”⁵ (MTSS, 2017).

III. BREVE CONTEXTUALIZACIÓN DE LA LLEGADA DE LOS MISKITOS A COSTA RICA

La inmigración contemporánea de población indígena hacia Costa Rica está principalmente constituida por cantidades todavía inciertas de personas ngäbes procedentes de Panamá [algunas estimaciones indican entre 10 y 14 mil (OIM, 2012) y otras plantean una cifra de entre 20 mil y 30 mil personas (OIT/UNICEF, 2012) según GESO (2017, p. 84) y en menor medida de miskitos nicaragüenses. La inmigración ngäbe es estacional en relación con el trabajo agrícola (aunque un grupo cada vez más numeroso termina quedándose en Costa Rica), ocupándose de labores de recolección de productos dirigidos a la exportación como café y banano. Según cita el Diagnóstico del contexto migratorio actual en Costa Rica (GESO, 2017, p. 84), los estudios realizados acerca de las condiciones de la inmigración indígena ngäbe (Loría, 2014; Caamaño, 2012) señalan considerables necesidades en cuanto a su integración normativa, socioeconómica y sociocultural en la sociedad costarricense.

En cuanto a los mizkitos, para el año 2001, había alrededor de 100,000 en el área localizada entre río Tinto en Honduras y Pearl Lagoon en Nicaragua. En su mayoría viven en pueblos pequeños en las costas del Mar Caribe y en los lagos y pequeños ríos en el interior. Otros viven en pueblos pequeños a lo largo de la orilla nicaragüense del río Coco, actual frontera con Honduras. En los pueblos costeros tanto la agricultura como la pesca son importantes, pero en los pueblos cercanos a los ríos, la agricultura provee la única fuente confiable de subsistencia (Jamieson, 2001, p. 258). A partir de la observación in situ en Bilwi, capital del departamento de Puerto Cabezas en la RAAN, se pudo constatar la producción agrícola para autoconsumo y venta en el mercado local, así como la importancia de las industrias de pesca, procesamiento y comercialización de recursos marinos, con la presencia de una planta de procesamiento, de capital extranjero, en playa Bocanita. Además, se constató la existencia, en dicha localidad, de elementos de economía terciaria, como pulperías y taxis.

Figura 1.
Pescado secándose en el puerto de Lamlaya, Bilwi, RAAN.
Foto por Felipe Sol.

Figura 2.
Economía del sector terciario (pulpería), Bilwi, RAAN.
Foto por Felipe Sol.

Este tipo de organización habitacional y socioeconómica contrasta en gran medida con la realidad que viven las familias miskitas en una zona urbano-marginal del Gran Área Metropolitana (GAM) costarricense, tanto por la necesidad de vivir “enrejados” para proteger sus bienes y sus hogares, como por el tipo de ocupaciones a las que se dedican en San José, que no están relacionadas ni con la pesca ni con la agricultura, como se verá más adelante.

Un elemento de cohesión y reconfiguración identitaria para esta población incluso fuera de su país de origen es a religión protestante morava, considerada como uno de los pilares de la cultura miskita. Esto se debe a que desde su introducción en la RAAN en los últimos años del Siglo XIX por parte de misioneros alemanes y norteamericanos (Jamieson, 2001, p. 259), esta denominación religiosa reemplazó la prestación de servicios básicos (salud y educación formal, por ejemplo) que debían proveer las autoridades coloniales españolas y más tarde las republicanas nicaragüenses, dado el abandono que sufría (y sufre) la región de la mosquitia desde tiempos coloniales. En Costa Rica, cuenta con al menos dos iglesias en San José de Costa Rica (San Juan de Pavas y San Francisco de Dos Ríos). Los líderes religiosos y los ancianos de la iglesia en muchos casos fungen como consejeros de los miembros de la comunidad para resolver situaciones de la vida diaria, incluyendo la intermediación entre los miskitos y las instituciones del Estado costarricense.

Durante la década de los años 80 del siglo pasado, las relaciones de este grupo indígena con el mundo anglo-parlante se estrecharon aún más con la participación de insurgentes miskitos armados en la Contra, patrocinada en Nicaragua por Estados Unidos (Bourgois, 1986; Hale, 1996). Luego de su participación en la guerra civil nicaragüense, los miskito sufrieron, a partir de 1979, la violencia estructural y simbólica del sandinismo, el cual no fue capaz, en su dogmatismo ideológico, de reconocer las especificidades de la cultura miskita, llevando a cabo procesos de alfabetización en español, de nacionalización de tierras comunales miskitas y de reubicación forzosa de estas poblaciones (Bourgois, 2009, pp. 20-23).

Como consecuencia de esta situación, algunas familias miskitas empezaron la emigración hacia Costa Rica, donde les fue otorgado el estatus de refugiados y estuvieron inicialmente en campamentos administrados por el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y el Ministerio de Gobernación y Policía. Es ahí donde inician algunos de los procesos de asentamiento de familias miskitas en distintos puntos del territorio costarricense.

Los pueblos principales de la región de origen de este grupo indígena (Puerto Cabezas, Waspam y Puerto Lempira) cuentan con una mayoría de población miskita, mientras que hacia el sur y el oeste se encuentran en menor cantidad en Bluefields, Corn Island, El Bluff, Managua, Kukra Hill, y los pueblos mineros de Bonanza, Rosita y Siuna (Jamieson, 2001, p. 258). Actualmente los flujos migratorios miskitos hacia Costa Rica, procedentes mayoritariamente de la RAAN y asentados principalmente en San Juan de Pavas y La Carpio en San José, son de carácter económico, formando parte del contingente nicaragüense que compone el 75% de la población extranjera en Costa Rica (INEC, 2011) así como de la tendencia hacia una mayor concentración de inmigrantes en la región central del país (66% de los extranjeros residen en la GAM) (Morales, 2014, p. 16). Este dato es importante en términos de ampliar la cobertura geográfica del Título V del Reglamento de Extranjería (DGME, 2012b), ya que no existe una categoría migratoria para trabajadores indígenas ubicados fuera de las regiones transfronterizas.

IV. ACERCAMIENTO INTERINSTITUCIONAL A LA POBLACIÓN MISKITA EN COSTA RICA

Si bien los miskito tienen ya alrededor de 30 años de estar inmigrando hacia nuestro país, la institucionalidad del Estado costarricense adolecía, y todavía adolece de información sobre este grupo indígena, que no le permite asumir su completa responsabilidad para la protección de los derechos y comunicación de los deberes de esta población.

Dado que dicha falta de información no permitía atender las distintas necesidades en educación, salud y regularización migratoria de los miskitos, surgió un proyecto en el seno de la Red Local de Protección de la Niñez y la Adolescencia de Pavas, y la Comisión Local de Salud de los Pueblos Indígenas de Pavas (COLOSPI) coordinadas por el PANI y el Ministerio de Salud respectivamente, de las que forma parte la DGME, destinado a diseñar y aplicar una encuesta a la población indígena miskita nicaragüense radicada en San Juan de Pavas. Este proceso representa una buena práctica de coordinación interinstitucional, ya que el cuestionario fue diseñado en conjunto con el programa Estudios de Población para la Equidad con perspectiva de Género y Diversidad Cultural del Instituto de Estudios Sociales en Población (IDESPO) de la Universidad Nacional de Costa Rica (UNA). También se incorporó al proyecto la Fundación Konrad Adenauer (KAS, por sus siglas en alemán), a través de su oficina en Costa Rica y Panamá.

La encuesta, aplicada en la comunidad de San Juan de Pavas en noviembre del 2014 con la activa mediación cultural de líderes, adultos mayores y jóvenes miskitos nicaragüenses (estos últimos con formación universitaria en su país de origen), contiene apartados relacionados con características de las viviendas, características sociodemográficas, migración, uso y valoración de las lenguas miskita y castellano, discriminación, participación ciudadana, redes de apoyo y situación laboral. Se entrevistó a 115 jefes de familia, que representan alrededor de 435 personas en total.

En el siguiente apartado, se analizan algunos de los resultados la encuesta, además de dar algunas pistas sobre el lugar de origen de la mayor parte de las familias miskitas representadas en dicho instrumento. Es importante tomar en cuenta que el IDESPO cuenta con una base de datos con información todavía sin analizar, que debe servir de referencia para para futuras investigaciones sobre la población miskita radicada en San José.

V. BREVE CARACTERIZACIÓN SOCIODEMOGRÁFICA DE LA POBLACIÓN MISKITA EN SAN JUAN DE PAVAS Y EN LA RAAN

Se debe tomar en cuenta que si bien el esfuerzo interinstitucional para recolectar información socio-demográfica sobre la población miskita logró convocar a 115 jefes de hogar en Pavas, existe todavía más población miskita dentro de la misma GAM (sin tomar en cuenta otros puntos geográficos donde se sabe que hay familias miskitas asentadas, como las regiones Huertar Norte y Huetar Atlántica del país), que no ha sido encuestada todavía y que sería potencial usuaria de servicios institucionales a población inmigrante. A partir de la información disponible hasta el momento, se ubicaron 350 personas en San Juan de Pavas cuya adscripción étnica es la de afroindígena miskito, es decir, un 77% del total de las personas identificadas en la encuesta (gráfico 1).

Gráfico 1.
Autoadscripción étnica
Elaboración propia a partir de datos del programa “Estudios de Población para la Equidad con perspectiva de Género y Diversidad Cultural” IDESPO, UNA

A continuación, se presentan datos del Instituto Nacional de Información de Desarrollo (INIDE) de Nicaragua sobre el Municipio de Puerto Cabezas (cuya ciudad capital Bilwi y comunidades de Tuapí y Haulover fueron objeto de visita a finales de 2015 y principios de 2016) y de la encuesta realizada en el distrito de San Juan de Pavas en San José, Costa Rica a manera de referencia. Si bien permiten un acercamiento a las condiciones socioeconómicas que caracterizan la vida cotidiana de la población miskita a uno y otro lado de la frontera para explorar algunos elementos detrás de su inmigración hacia Costa Rica, estos datos no son estrictamente comparables, dadas las diferencias en la categorización de variables entre el INIDE y el INEC, las diferencias en unidad territorial (municipio y distrito), así como las diferencias temporales entre la captación de datos en Puerto Cabezas (2008) y en Paas (2014).

Según el INIDE, Puerto Cabezas, lugar de procedencia de la mayor parte de las personas encuestadas en San Juan de Pavas, es el municipio con mayor incidencia de pobreza extrema en Nicaragua, con 71% de hogares en esta condición. La ciudad de origen de la mayor parte de los encuestados, Bilwi, cuenta con un 64% de hogares en pobreza extrema. Como referencia, un 77% de los hogares miskitos se encuentran bajo la línea de pobreza en San Juan de Pavas.

Con respecto a nivel educativo, el analfabetismo reportado por el INIDE para Puerto Cabezas es similar al que se detectó entre la población emigrada a San Juan de Pavas: 20% (gráfico 2); esto comparado con un 7% a nivel nacional en Costa Rica (INEC, 2014). Sin embargo, hay un mayor porcentaje de población en Puerto Cabezas con estudios universitarios (10%) con respecto a los miskitos encuestados en Pavas (4%); comparado con un 17% de personas que han tenido acceso a nivel nacional en Costa Rica. Esto se debe al mayor acceso a educación superior a través de la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense (URACCAN).

En cuanto a otros niveles educativos y acceso a la educación (gráfico 2) por parte de la población miskita mayor de cinco años representada en la encuesta realizada en Pavas, la mayor parte cuenta con secundaria incompleta (40%), en comparación con un 19% entre la población general de Costa Rica. El segundo nivel educativo más representado entre la población miskita de San Juan de Pavas es la primaria incompleta (23%), comparado con un 18% entre la población general de Costa Rica (INEC, 2014). Con respecto a primaria completa, un 8% de la población miskita cuenta con este nivel educativo, en comparación con un 22% entre la población nacional. Por último, el 8% de la población miskita ha podido completar la secundaria y entre la población costarricense, un 12% ha completado este nivel académico.

La información anterior permite afirmar que la población afroindígena miskita representada en las entrevistas realizadas en San Juan de Pavas cuenta con niveles educativos que, en comparación con otras poblaciones con las cuales compite en el mercado laboral costarricense, no le permiten romper el ciclo de pobreza en que se desenvuelven sus familias (recordemos que la pobreza es de un 77%). Una escolaridad principalmente de secundaria incompleta y un elevado analfabetismo implican menores posibilidades de acceso a ocupaciones de mayor calificación, lo cual limita, a su vez, las capacidades de las familias para asumir los costos relacionados con la reproducción de la vida familiar, así como la regularización migratoria, para acceder a otros servicios del Estado costarricense que mejorarían su calidad de vida en el país.

Más del 90% de la población económicamente activa de Puerto Cabezas está ocupada temporal o permanentemente, con mayores proporciones en el sector terciario (la observación in situ en 2015-2016 arrojó la existencia de numerosas pulperías y taxis). En el caso de Pavas, un 73% de las jefaturas de hogar miskitas indicó trabajar en una actividad que genera ingresos y alrededor de un 70% de la población representada en la encuesta se encuentra en edad productiva (gráfico 9). Estas personas se desempeñan principalmente como operarios o peones de construcción (27%), como empleadas domésticas (24%), albañiles (10%), misceláneos(as) (8%) y guardas de seguridad (5%). Otras ocupaciones mencionadas en menor medida (agrupadas en un 26%) son el cuido de niños, cocinera(o) en restaurante, fontanería, carpintería, recolección de café, taxista, programación informática, pastor en iglesia morava, artesana/ instructora de pintura y ventas informales (gráfico 3). Es importante resaltar que estas personas forman parte de la fuerza laboral que aporta a la economía costarricense y a la hora de regularizar su situación migratoria, si no tuviesen hijos o cónyuge costarricenses, estarían solicitando permiso laboral, categoría migratoria que, como se mencionó anteriormente, no está disponible en este momento para trabajadores indígenas que residen permanentemente en la GAM.

Gráfico 2.
Nivel educativo
“Estudios de Población para la Equidad con perspectiva de Género y Diversidad Cultural” IDESPO, UNA

Gráfico 3.
Ocupación jefaturas de hogar Ocupación jefaturas de hogar
Elaboración propia a partir de datos del programa “Estudios de Población para la Equidad con perspectiva de Género y Diversidad" IDESPO, UNA

El perfil de la población miskita encuestada en San Juan de Pavas no se aleja mucho de los nichos laborales ocupados por la población extranjera en general en Costa Rica, ya que la agricultura, el comercio, los servicios y la construcción mantienen la mayor demanda de trabajadores y trabajadoras extranjeros, donde en el 2013, el segmento de mayor concentración de tales trabajadores fue el comercio, con un 16,4% de trabajadores inmigrantes, seguido por la agricultura con 15,7%, el servicio doméstico remunerado (14,2%) y la construcción (10,7%). En las actividades de la agricultura y la construcción se concentran los grupos de varones, entre tanto, los servicios domésticos, el comercio e, inclusive, en restaurantes y servicios de alojamiento, se concentran las mujeres (Morales, 2014, pp. 16-19).

Es interesante notar que a nivel latinoamericano se manifiestan perfiles laborales parecidos a los que se muestran en el nivel nacional y local en Costa Rica, ya que “la migración [indígena] concierne a hombres y mujeres que salen de las diferentes comunidades en busca de mejores oportunidades de trabajo. La actividad es esencialmente en construcción, en el caso de los varones, y de servicios domésticos o como empleadas en industria textil, en el caso de las mujeres” (IWGIA, 2014, p. 176).

Con respecto a la fuerza laboral general de Costa Rica, las y los trabajadores extranjeros tienen mayor representación en toda la fuerza de trabajo del servicio doméstico remunerado, pues el 23% de las trabajadoras domésticas eran extranjeras en el 2013. En segundo lugar, se ubica el sector de la construcción, donde los trabajadores extranjeros constituían el 20% del total que laboraban en esa actividad en el año 2013. También en las actividades vinculadas al turismo, el sector inmobiliario y la agricultura, así como otras del sector servicios, los trabajadores extranjeros superan al 10% en relación con el total de la demanda de trabajadores en cada una de ellas (Morales, 2014, pp. 16-19).

Tal y como explica Abelardo Morales, si bien los datos muestran menos empleo para migrantes en agricultura que en otros sectores, es posible que en ciertas temporadas la demanda sea mayor, situación que podría convertir a esa rama de actividad en el principal destino de trabajadores extranjeros (2014). Las familias miskitas asentadas en las regiones Huetar Norte y Huetar Atlántica de nuestro país, muy probablemente dependen para su sustento del trabajo de sus jefaturas como empleados y empleadas de empresas dedicadas a la agroindustria.

Estos datos sobre el peso de la fuerza laboral extranjera con respecto a la nacional en Costa Rica, son importantes de tomar en cuenta a la luz de las recomendaciones del DML-MTSS sobre a las ocupaciones en las que la DGME está autorizada para brindar permisos de trabajo a personas extranjeras. A excepción de las trabajadoras domésticas, la mayor parte de los puestos de trabajo que ocupan las jefaturas de hogar miskitas encuestadas en San Juan de Pavas se encuentran en la lista de ocupaciones no recomendadas por el DML-MTSS(2017), por lo que, de no contar con algún vínculo con costarricense (cónyuge/hijo/hija) que les permita solicitar residencia, los casos de estas personas deben tomarse en cuenta, junto con muchos otros en que la mano de obra extranjera definitivamente no está desplazando la costarricense, para una eventual negociación con el MTSS sobre los mecanismos mediante los cuales se definen las ocupaciones no recomendadas.

Si la DGME no está autorizada para otorgar permisos de trabajo en áreas en que la mayor parte de la mano de obra es extranjera, se cierran las puertas de la regularización migratoria a muchas jefaturas de hogar que cuentan con un profundo arraigo en Costa Rica y que no tienen posibilidades de reasentarse con sus familias en sus países de origen luego de décadas de vivir en nuestra sociedad y de aportar a la economía costarricense. De esta manera, se verán afectadas las posibilidades de vida digna y de acceso a servicios del Estado, de muchas familias binacionales, cuyos niñas, niños y adolescentes son ciudadanos costarricenses.

Con respecto al tipo de aseguramiento por la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) que tienen los hogares miskitos representados en la encuesta, un 39% no cuenta con seguro (gráfico 4). En el caso de los hogares con miembros extranjeros, la falta de acceso al aseguramiento se podría deber, aparte de la situación de pobreza, a la falta de un estatus migratorio regular en el país. La LGME 8764 establece en su artículo 7, que uno de los requisitos para obtener el DIMEX, es demostrar que se está al día con la CCSS (Ley General de Migración y Extranjería, 2009).

Gráfico 4
Tipo de aseguramiento
Fuente. Elaboración propia a partir de datos del programa “Estudios de Población para la Equidad con perspectiva de Género y Diversidad Cultural” IDESPO, UNA

En cuanto a las condiciones de las viviendas, hay un mayor porcentaje en “mal estado” en San Juan de Pavas que en Puerto Cabezas; 10% carecen de fluido eléctrico en Puerto Cabezas y casi la totalidad cuenta con este servicio en San Juan de Pavas; un 9% carece de inodoro en Puerto Cabezas y un 17% carece de alcantarillado/fosa séptica en Pavas. Un 56% carece de servicio de agua potable en Puerto Cabezas y esta situación se mantiene en Pavas por la falta de escritura de las tierras sobre las que las familias han construido sus “ranchos” y casas, lo que imposibilita el trabajo de Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) en la comunidad.

Para mayor detalle, las características de las viviendas de las jefaturas de hogar encuestadas en Pavas denotan que un 50% son alquiladas, un 53% tienen paredes exteriores de zinc (en un 25% de los casos dichas paredes exteriores se encuentran en mal estado), un 24% de las viviendas tienen el techo en mal estado y en un 19% de los casos el piso está en mal estado. Por otro lado, un 36% carece de refrigeradora, un 54% carece de radio o equipo de sonido y un 70% no tiene microondas. En cuanto a tenencia de computadora (portátil o de escritorio) y automóvil, la mayor parte de los hogares encuestados en San Juan de Pavas no cuenta con estos bienes, con un 85% y 97% de carencia, respectivamente (gráficos 5 y 6). Esta información denota el grado de vulnerabilidad en que residen las familias miskitas en la comunidad urbano-marginal San Juan de Pavas y la necesidad de intervención de instituciones como el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), el Banco Hipotecario de la Vivienda (BANHVI) y el AyA, quienes no pueden atender población en estado migratorio irregular o con problemas de escritura de sus tierras. De ahí la urgencia de que estas familias tengan acceso a alguna de las categorías migratorias que ofrece la DGME.

Gráfico 5.
Tipo de vivienda
Elaboración propia a partir de datos del programa “Estudios de Población para la Equidad con perspectiva de Género y Diversidad Cultural” IDESPO, UNA

Gráfico 6.
Carencias de las viviendas
Elaboración propia a partir de datos del programa “Estudios de Población para la Equidad con perspectiva de Género y Diversidad Cultural” IDESPO, UNA

Para efectos de la encuesta aplicada en San Juan de Pavas, un hogar se definió como la persona sola (hogar unipersonal) o grupo de personas, con o sin vínculos familiares, que son resientes habituales de la vivienda, que comparten y participan entre sí de la formación y/o utilización de un mismo presupuesto, que llevan una vida en común, que elaboran y consumen en común sus alimentos

Un 9% de los hogares en Puerto Cabezas tienen miembros que han emigrado a otros países y un 12% reciben remesas. El hacinamiento en Puerto Cabezas (30%) es mayor que el experimentado por los miskitos de San Juan de Pavas (20%); un 13% de os hogares cocinan con leña en Puerto Cabezas y 4% en Pavas; un 96% de los hogares carece de servicio de recolección de basura en Puerto Cabezas, donde a través de observación in situ se constató la presencia de grandes cantidades de desechos (figura 3).

Figura 3.
Desechos en playa Bocanita, Bilwi
Foto por Felipe Sol

Entre los tipos de hogar representados en la encuesta de Pavas, un 35% consiste en familias extendidas (pareja, hijos y otros familiares) no solo viviendo bajo un mismo techo, sino que, compartiendo un mismo presupuesto, seguido de los hogares formados por una pareja y sus hijos (26%), de hogares monoparentales que comparten techo y presupuesto con otros familiares (10%) y hogares monoparentales (9%) (gráfico 7). En total, un 45% de los hogares miskitos incluyen “otros familiares”, y en promedio, hay alrededor de 4 personas por hogar. En la mitad de estos casos de viviendas compartidas, estas albergan dos hogares. Un 25% de las viviendas compartidas alberga 3 hogares, un 20% alberga cuatro hogares y un 20% alberga cinco hogares (gráfico 8). El hecho de vivir en familias extendidas podría representar una característica cultural entre los miskitos de San Juan de Pavas o representar más bien condiciones de vulnerabilidad.

Gráfico 7.
Tipo de hogar
Elaboración propia a partir de datos del programa “Estudios de Población para la Equidad con perspectiva de Género y Diversidad Cultural” IDESPO, UNA

Gráfico 8.
Hogares por vivienda
Elaboración propia a partir de datos del programa “Estudios de Población para la Equidad con perspectiva de Género y Diversidad Cultural” IDESPO, UNA

Según los resultados de la encuesta aplicada en San Juan de Pavas, de las personas auto-identificadas como miskitas, el 43% son mujeres y un 57% hombre y la mayoría tienen edades de 25 a 39 años (30%), 19 a 24 años (16%), 0 a 6 años(15%) y 40 a 49 años(12%) (gráfico 9). Como se mencionó anteriormente, la mayor parte de esta población está en edad productiva.

Gráfico 9.
Edad
Elaboración propia a partir de datos del programa “Estudios de Población para la Equidad con perspectiva de Género y Diversidad Cultural” IDESPO, UNA y la mayoría tienen edad.

Los datos de edad de las personas miskitas coinciden con las edades de la población extranjera reportadas para el 2013 en Costa Rica, donde cerca de un 84% se encuentra entre los 15 y 65 años, reforzando así el planteamiento de un pronunciado énfasis en los flujos migratorios laborales hacia el país, por sobre otras motivaciones que impulsan a las personas extranjeras a establecerse en Costa Rica. El nivel de ocupación es más alto entre las jefaturas de hogar encuestadas en San Juan de Pavas si se compara con el de la población extranjera en general, que para el 2013 era de un 57% (Morales, 2014, pp. 16-17).

Con respecto a las personas menores de edad (0-18 años), estas conforman un 32% de la población miskita representada en las encuestas realizadas, para un total de 111 personas que podrán ser atendidas por la Comisión Tripartita de Niñez y Adolescencia (DGMEPANI-MREC) a través del Protocolo para la atención de las personas menores de edad indígenas migrantes.

Gráfico 10.
Ingresos mensuales por familia
Elaboración propia a partir de datos del programa “Estudios de Población para la Equidad con perspectiva de Género y Diversidad Cultural” IDESPO, UNA

En cuanto al nivel de ingresos familiares, según se puede observar (gráfico 10), un 42% de los hogares viven con entre 200000 y 300000 colones al mes⁶, 42% de los hogares entrevistados vive con menos de 200000 colones al mes⁷ y un 77% de las familias se encuentran bajo la línea de pobreza, según los parámetros establecidos por el INEC para 2014. Si se considera que los trámites de regularización migratoria tal y como están establecidos en la actualidad pueden llegar a costar $475 por persona (sin tomar en cuenta la inversión de mandar a traer documentos apostillados de su país de origen), la situación socioeconómica afecta de manera directa la capacidad de las familias miskitas de San Juan de Pavas para hacer frente a gastos de regularización migratoria, sobre todo cuando se trata de grupos familiares con un promedio total de cuatro integrantes y donde la mayor parte de las uniones maritales o de hecho, son entre personas de nacionalidad extranjera (gráfico 11).

Gráfico 11
Cónyuges por lugar de nacimiento en jefes de hogar extranjeros
Elaboración propia a partir de datos del programa “Estudios de Población para la Equidad con perspectiva de Género y Diversidad Cultural” IDESPO, UNA

VI. CONSIDERACIONES FINALES

La población miskita nicaragüense tiene alrededor de 30 años de estar inmigrando mayoritariamente desde la RAAN hacia la GAM y regiones Huetar Norte y Huetar Atlántico de Costa Rica. Si bien ingresaron como refugiados debido a su participación en la Contra durante la guerra civil en su país de origen, en la actualidad sus flujos migratorios responden a motivaciones económicas. Se detecta que las condiciones de vivienda, de los hogares y de pobreza son similares entre el lugar de origen y el de destino de la mayor parte de estos migrantes indígenas. Sin embargo, una diferencia en los sa (menores) con respecto a los de Costa Rica podría jugar un papel importante en su decisión de migrar hacia nuestro país.

Hasta hace muy poco, las instituciones del Estado y la sociedad costarricense no tenían en su imaginario la presencia de este grupo indígena en su seno. Por ende, hasta el momento no se ha visualizado con suficiente claridad la necesidad de propiciar la integración efectiva de esta población en los distintos procesos económicos, científicos, sociales, laborales, educativos, culturales y deportivos que se desarrollan en nuestra sociedad, para que desde ahí sigan aportando activamente, como lo han venido haciendo (es innegable que forman parte del engranaje de la sociedad y economía del país receptor), pero en mejores condiciones.

Costa Rica tiene el deber, a través de los compromisos internacionales y nacionales adquiridos, de proteger los derechos humanos y velar por el cumplimiento de los deberes de las poblaciones extranjeras que radican en el país. Al ser la migración materia de interés público según la LGME 8764, en estos esfuerzos de integración se ven implicadas muchas instituciones del Estado costarricense, que deben ajustar sus normativas internas para poder ofrecer acceso a sus servicios por parte de la población migrante. En ese sentido, el diseño y aplicación de la primera encuesta a población miskita en Costa Rica (IDESPO, DGME, KAS, Red Local de Protección de la Niñez y la Adolescencia de Pavas y COLOSPI), aplicada en noviembre de 2014 en San Juan de Pavas con la intermediación cultural de líderes, adultos mayores y jóvenes miskitos, es un claro ejemplo de coordinación interinstitucional e intersectorial que debe ser asumido como una buena práctica desde la cual hacer frente al cambiante panorama migratorio que vive Costa Rica como sociedad receptora, de tránsito y expulsora de diversas poblaciones. Además, constituye un importante esfuerzo de producción de datos cuantitativos socio-demográficos sobre la población miskita en Costa Rica, contribuyendo así con su necesaria visibilización y con la toma de decisiones por parte del Estado con respecto a este grupo.

A partir de la información ahora disponible⁸, se recomienda, como un primer paso, la modificación de la normativa migratoria existente para la atención de población indígena (diseñada en su momento atendiendo las características socio-demográficas y laborales de la población ngäbe panameña) y laboral: se debe facilitar el acceso de los miskitos a la regularización migratoria como población indígena, así como a un trabajo formal. Por ejemplo, un DIMEX vigente abre la puerta a muchos de los servicios estatales (IMAS, BANHVI, CCSS, etc.) que les ayudarían a romper el ciclo de pobreza y lograr una mejor integración estructural en la sociedad costarricense.

También se recomienda, a partir de la experiencia de trabajo con instituciones del Estado costarricense, la búsqueda de una combinación de capacitación técnica sobre las responsabilidades que acarrea el cumplimiento de los instrumentos internacionales y nacionales de derechos humanos, y empatía entre los funcionarios a cargo de atención al público y de la toma de decisiones que afectan directamente la vida de los usuarios indígenas migrantes que acuden a las instituciones.

Por último, es importante tomar en cuenta que en el IDESPO (UNA) se cuenta con una base de datos con información todavía sin analizar, producida a partir de la aplicación de la encuesta en Pavas y que debe servir de referencia para para futuras investigaciones sobre la población miskita radicada en San José.

Para cerrar, algunas preguntas para futuras investigaciones: ¿Cuáles son los imaginarios que se construyen entre los miskitos de la RAAN alrededor de la emigración hacia Costa Rica? ¿Cuáles son las implicaciones para la construcción de identidades e imaginarios a nivel de sociedad costarricense, de la presencia de población miskita nacida en este país? ¿Cuáles son las implicaciones para la construcción de identidades e imaginarios a nivel de nuestra sociedad, de la presencia de indígenas urbanos en Costa Rica? ¿Cómo percibe la población miskita su integración a la sociedad costarricense más allá del tema de la regularización migratoria y del acceso a un empleo formal? ¿Cómo es su acceso a la salud, a vivienda digna y a los distintos niveles de educación formal, profesional y técnica que ofrece el Estado costarricense? ¿Cómo perciben el desarrollo de la lengua miskita en Costa Rica?

BIBLIOGRAFÍA

Bourgois, P. (1986). The Miskitu of Nicaragua: Politicized Ethnicity. Anthropology Today, 2(2), 4-9.

Bourgois, P. (2009). Recognizing Invisible Violence. A Thirty-Year Ethnographic Retrospective. In L. W. Barbara Rylko-Bauer, Paul Farmer (Ed.), Global health in times of violence (pp. 18-40). Santa Fe, NM: School of Advanced Research Press.

Consejo Nacional de Migración.(2013).Política Migratoria Integral para Costa Rica 2013-2023.San José, Costa Rica.

Constitución Política de Costa Rica (1949). San José, Costa Rica.

Convenio No. 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en países independientes (1989). Ginebra, Suiza.

Declaración sobre los derechos de los pueblos indígenas (2007). Nueva York, EEUU.

DGME-PANI. (2012a). Protocolo de regularización de la permanencia de las personas menores de edad extranjeras bajo la protección del PANI.San José, Costa Rica: UNICEF.

DGME-PANI. (2012b). Protocolo para la atención de las personas menores de edad extranjeras, cuyos padres, madres, familiares o personas responsables se encuentran sometidas a un proceso de deportación. San José, Costa Rica: UNICEF.

DGME-PANI. (2012c). Protocolo para la atención y protección de las personas menores de edad extranjeras no acompañadas o separadas, fuera de su país de origen. San José, Costa Rica: UNICEF

DGME-PANI. (2014a). Protocolo de actuación de los funcionarios de DGME-INA-PANI para la regularización de personas menores de edad estudiantes extranjeros. San José, Costa Rica: UNICEF.

DGME-PANI. (2014b). Protocolo para la detección, atención y protección integral de las personas menores de edad que requieren protección internacional, sean solicitantes de la condición de refugiado, refugiadas o apátridas. San José, Costa Rica: UNICEF.

DGME. (2012a). Protocolo interno para la repatriación de niños, niñas y adolescentes víctimas de trata de personas de la Dirección General de Migración y Extranjería. San José, Costa Rica: UNICEF.

DGME. (2012b). Reglamento de Extranjería, Decreto No. 37112-GOB C.F.R.

FLACSO. (2017 en prensa) Acciones y ejecución de los proyectos de promoción de la integración apoyados por el Fondo Social Migratorio. San José, Costa Rica.

GESO. (2017 en prensa). Diagnóstico del contexto migratorio actual en Costa Rica. Dirección General de Migración y Extranjería. San José

Hale, C. R. (1996). Resistance and contradiction: Miskitu Indians and the Nicaraguan state, 1894-1987: Stanford University Press.

Helms, M. W. (1970a). Matrilocality and the maintenance of ethnic identity: the Miskito of eastern Nicaragua and Honduras. Paper presented at the Verhandlungen des XXXVIII Internationalen Amerikanisten Kongress.

Helms, M. W. (1970b). Matrilocality, social solidarity, and culture contact: Three case histories. Southwestern Journal of Anthropology, 197-212.

Helms, M. W. (1976). Domestic Organization in Eastern Central America: The San Blas Cuna, Miskito, and Black Carib Compared. Western Canadian Journal of Anthropology, 6(3), 133-163.

INEC. (2011). Censo nacional de población San José: INEC.

INEC. (2014). Encuesta Nacional de Hogares. Retrieved from San José, Costa Rica:

IWGIA. (2014). Convenio 169 de la OIT. Los desafíos de su implementación en América Latina a 25 años de su aprobación (J. A. L. Tamburini Ed.). Copenhague: IWGIA.

Jamieson, M. (2001). Masks and madness. Ritual expressions of the transition to adulthood among Miskitu adolescents. Social Anthropology, 9(03), 257272.

Ley General de Migración y Extranjería, Ley No. 8764 C.F.R. (2009).

Morales, A. (2014). Migraciones y desarrollo humano en Costa Rica. Retrieved from San José, Costa Rica:

MTSS. (2017). DNE-DML-OF-245-2017. Recomendación genérica. Trabajador de ocupación específica. Ocupaciones con oferta registrada en Costa Rica. San José: DLM-MTSS.

Notas

Notas de autor

Información adicional

Citar como: Villalobos, M. (2017). La población indígena Miskita nicaragüense y el Estado costarricense: regularización migratoria y empleo formal, Trama, revista de ciencias sociales y humanidades, Volumen 7, (1), págs. 10-26.