EL SISTEMA INFOCOMUNICACIONAL DE LA PROVINCIA DE MENDOZA UNA CARACTERIZACIÓN DEL SISTEMA DE PROPIEDAD EN RELACIÓN A LA PLURALIDAD INFORMATIVA

Intersecciones en Comunicación

Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, Argentina

ISSN: 1515-2332

ISSN-e: 2250-4184

Periodicidad: Anual

vol. 1, núm. 14, 2020

intercom@soc.unicen.edu.ar

Recepción: 02 Junio 2020

Aprobación: 07 Julio 2020

URL: http://portal.amelica.org/ameli/jatsRepo/216/2161047007/index.html

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En el presente artículo nos proponemos trabajar sobre el sistema infocomunicacional de Mendoza a fin de relevar y caracterizar los medios existentes en relación a su sistema de propiedad. Estos datos nos permitirán iniciar un proceso de investigación en el que podremos evaluar cómo es la relación entre el sistema de medios y la pluralidad informativa en la provincia (Rincón, 2017) [ii].

El proceso de investigación se guió por los siguientes objetivos: 1) Relevar los diversos actores que componen el sistema infocomunicacional de la provincia; 2) Caracterizar estos actores en relación a su sistema de propiedad y el lugar que ocupan en el campo; y 3) Poner en relación estos actores, las políticas nacionales de comunicación y la pluralidad de voces en la provincia.

¿Cómo es hoy el sistema infocomunicacional de Mendoza? ¿Qué servicios ofrecen los medios de comunicación? Para trabajar sobre dichos objetivos e interrogantes partimos de comprender que el avance de la Sociedad de la Información trajo aparejado un acelerado proceso de convergencia en el campo de las comunicaciones: nuevos soportes de producción, almacenamiento, tratamiento y difusión de la información tienden a uniformar tanto rutinas de producción como de consumo, transformando así las dinámicas del sector info-comunicacional en todo el mundo (Becerra, M. y Mastrini, G., 2009) . En términos de Williams (1962) , diremos que en el actual contexto las industrias culturales han intensificado la producción de bienes inmateriales y contenidos simbólicos.

En este período se desdibujan los límites entre la tecnología de la información y las comunicaciones, lo que da lugar a nuevos procesos políticos, sociales y económicos (Van Cuilenburg, J. y McQuail, D., 2003) . Estas acciones tienen impacto directo sobre la vida democrática del país y es por ello que resultan de gran importancia para el estudio del derecho a la comunicación en el país.

En relación a las Políticas de Comunicación, tendremos en cuenta los aportes de Luis Ramiro Beltrán (1976) quien las definió como un “conjunto de prescripciones, comportamientos aislados que se interesan por determinadas partes o aspectos del sistema y procesos de comunicación social” (pág. 4) . Para este autor, las políticas se generan como resultado de las negociaciones (conflictivas) entre los intereses de los propietarios de medios de comunicación, el Estado y profesionales de la comunicación. agregamos aquí otras organizaciones de la Sociedad Civil como sindicatos, medios cooperativos, redes de medios comunitarios, que participaron en el debate público por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual Núm. 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual (en adelante Ley SCA) de 2009.

Al respecto, Van Cuilenburg y McQuail (2003) incluyen entre las metas u objetivos que deberían perseguir estas políticas valores, contenidos, la diferente distribución de los servicios y los mecanismos de implementación y control de las normativas. A partir de dichas reglas, veremos cuál es la posición del Estado, mercado y Sociedad Civil en el sistema de comunicación y las disputas que se dan por el uso del espectro radioeléctrico (a través de la titularidad de licencias)[iii].Al ocupar un lugar en el espectro, los medios pueden acceder a nuevas tecnologías (equipamientos), mayor financiamiento (aportes, canjes, publicidad y pauta oficial) y ampliar las audiencias y/o conseguir clientes, dependiendo de la multiplicidad de servicios que pueda ofrecer cada actor. En función de esto, y a los fines analíticos, tendremos en cuenta la propiedad de los medios oferentes de servicios en Mendoza, aunque algunos son parte de empresas que ofrecen servicios junto a otras nacionales y/o de capitales internacionales. Se considerarán los sujetos jurídicos previstos en el artículo 21 de la Ley SCA: prestadores de derecho público o estatal (Estado), prestadores privados con fines de lucro (empresas) y prestadores privados sin fines de lucro (Sociedad Civil) (Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, 2013). Asimismo, debido a que el crecimiento de los medios en nuestro país excede a todas las normativas que hemos tenido, incluiremos en nuestro relevamiento aquellos medios audiovisuales que estén operativos tengan o no licencia del Ente Nacional de Comunicaciones.

La permanente dinámica en las alianzas, negocios y el surgimiento de nuevos (y no tan nuevos) actores en el sector es permanente por lo que, a los fines de este artículo, tomamos como período de estudio un plazo muy breve entre septiembre de 2019 y marzo de 2020, caracterizado por el cierre de las políticas de un partido de gobierno nacional saliente y el inicio de uno nuevo entrante. La asunción de Alberto Fernández por el Frente de Todos, generó expectativas aunque vinculadas a la plena aplicación de la Ley SCA, pero aún no se han llevado adelante grandes acciones.

A fin de relevar la información aquí presentada recurrimos a una metodología cualitativa, priorizando un abordaje descriptivo. Se utilizaron diversas técnicas de investigación: análisis documental de artículos periodísticos nacionales y provinciales, informes publicados en revistas académicas, decretos, leyes, mensajes gubernamentales y documentos de organismos públicos. También empleamos la observación simple (audicionado y visionado de medios) y técnicas conversacionales. Una dificultad que encontramos para la realización de este trabajo es que los datos ofrecidos por el ENACOM corresponden sólo a emisoras autorizadas y los medios operativos constituyen un número mayor, por lo que recurrimos a fuentes directas (sitios webs, trabajadores de los medios) y fuentes indirectas (artículos periodísticos).

A partir de la sanción de la Ley SCA se estableció que la administración del espectro debe tener en cuenta la diversidad de actores del sector, y por ende resguardar frecuencias (art.89) a fin de garantizar un sistema más democrático en base los principios de acceso y participación (Rossi, 2016). Uno de los ejes que regulaba esta Ley era el monopolio del capital económico a través del establecimiento de límites a la propiedad de los medios (arts. 45 y 161), puntos que fueron judicializados por parte de grupos de telecomunicaciones con mayor poder en el campo y que dan cuenta del sistema de ´lobbys´con el que se implementan ciertas políticas, poniendo en riesgo la democracia (Llorens Maluquer, 2001).

De este modo, la aplicación de la Ley SCA se llevó adelante con fuertes contradicciones y los conglomerados mediáticos se fortalecieron en Argentina pese a lo establecido por la misma normativa. El proceso se profundizó en diciembre de 2015 cuando el gobierno nacional de Mauricio Macri generó modificaciones en las reglamentaciones del campo infocmunicacional: emitió tres Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) (13, 267 y 236) que atacaron directamente puntos de la Ley SCA que ponían límites a la concentración. Desde entonces, el campo infocomunicacional de nuestro país se caracteriza por la profundización de las relaciones entre el Estado y las empresas de medios y telecomunicaciones, permitiendo una mayor concentración en el control de la distribución de las industrias culturales, actividad incluso más rentable que el de la producción audiovisual (Mastrini, G., y Mestman, M., 1996). Al respecto, Mastrini y Becerra (2017) sostienen que durante los últimos años en Argentina se abrió una etapa de políticas públicas de comunicación de carácter conservacionista, proteccionista y anticoncurrencional.

Como veremos en este trabajo, el caso de Mendoza pone de manifiesto la continuidad en el modelo de concentración de medios tanto en relación a la Ciudad de Buenos Aires como de centro y periferia mismo dentro de la provincia. La zona donde se concentran los servicios de comunicación es la de mayor población: Gran Mendoza (Mendoza Capital, Guaymallén, Las Heras, Godoy Cruz, Maipú y Luján de Cuyo) y los departamentos de San Rafael y San Martín. Allí, las empresas privadas comerciales desarrollan sus servicios y hacia los departamentos más alejados, operan a través de repetidoras o servicios extendidos (Smerling, 2012; Tosoni, 2018). Hacia los extremos norte y sur encontramos menor población y desarrollo del sector de medios.

De acuerdo al relevamiento realizado, se localizan en la provincia al menos siete grupos de multimedios y telecomunicaciones. El grupo Grupo América Medios (ex UNO Medios S.A.) que hegemoniza la región y constituye el segundo multimedio más grande del país con presencia en 17 provincias. Es uno de los más estudiados a nivel nacional y su estructura societal y de propiedad ha sido caracterizada por Media Ownership Monitor Argentina (2019). En Mendoza opera en televisión abierta Canal 7 analógico (existente desde 1961 y con tres repetidoras en toda la provincia), su canal espejo en el 31.1 de la Televisión Digital Abierta (en adelante TDA) y en el 31.2 con América Mendoza. El grupo también posee Canal 6 de San Rafael, Canal 8 de San Juan y TVO y A24 de noticias en la televisión por cable. En radio retransmite Radio La Red (con treinta repetidoras en todo el país), Radio Nihuil AM 680 (con retransmisión en FM) y seis FM líderes en las mediciones de audiencia de Mendoza. La programación de los medios provinciales del Grupo América está supeditada a lo producido en la Ciudad de Buenos Aires, desde que el grupo se concentró en el trabajo de América Medios esto se profundizó, y dejó para la producción local los informativos de los horarios del mediodía y la noche.[iv]

El segundo grupo más grande de la provincia es Cuyo Servycom S.A., perteneciente a Sigifredo Alonso. Posee las señales Canal 9 en analógico, 28.1 de TDA (con cinco repetidoras en toda la provincia) y la señal 28.31 de televisión móvil. A su vez, el grupo posee tres radios FM, la empresa de publicidad Nexo y el portal de noticias digital El Sol. Si bien este grupo no ha adquirido medios ni empresas de telecomunicaciones a comparación del grupo anterior, afirmamos que es uno de los más influyentes en las audiencias ya que los magazines e informativos de producción propia registran los puntos de raiting más altos de la provincia en los últimos años (Misetich, 2018). El resto de su programación es principalmente retransmisión diaria del Grupo Telefé (canal de la Ciudad de Buenos Aires, actualmente vendido la multinacional Viacom).

En tercer lugar ubicamos el Grupo Álvarez, con el portal de noticias Sitio Andino, canal 13 analógico y su espejo en el 32 digital bajo la sigla Sapiens TV, de la Fundación Sapiens Desarrollo Educativo Argentino. Su programación se compone principalmente de la retransmisión de Canal Encuentro (perteneciente a Contenidos Públicos Sociedad del Estado). Asociado al Grupo Electroingeniería con base en Córdoba, en 2011 el empresario enfrentó un conflicto por la señal 13 con Giramundo TV Comunitaria (canal sin fin de lucro) que emitía en la misma señal[v].

Existen además en la provincia otro grupos con negocios nacionales e internacionales. El Grupo Terranova perteneciente a Osvaldo Terranova, exsocio de Vila-Manzano en Supercanal, dueño de MDZ Radio FM 105.5, el portal de noticias Online MDZ y la empresa de publicidad en la vía pública Sarmiento, con presencia en más de 20 provincias del país y en ciudades de América Latina. El Grupo Clarín (nacional y de telecomunicaciones) es dueño de Radio Mitre Mendoza y el 80% de Diario Los Andes, hoy único diario local de tirada provincial en papel. Por su parte, el Grupo La Jornada S.A. opera Radio Jornada FM 91.1, el Diario La Jornada y la revista Entorno Económico, que originalmente pertenecían al periodista Roberto Suárez, hermano del actual Gobernador, pero en diciembre de 2019 se desprendió de las acciones de las empresas.

El grupo Grupo Cooperativa pertenece a Jorge y Emilio Luis Magnaghi[vi], nuclea las radios FM 102.7 (La Coope, operada por Inversora Corporativa S.A.), FM 105.9 y FM 94.9[vii], la Coope TV Canal 36.1 de la TDA, todas del departamento de Godoy Cruz y con programación principalmente de música comercial. Si bien los medios de este grupo nacen vinculados a la Cooperativa Eléctrica -y de ahí su nombre- las licencias de las radios están a nombre del prosecretario y el canal aún no cuenta con permiso de emisión (ENACOM, 2019). En la web el grupo es dueño de los portales de noticias El Ciudadano, El Ciudadano Sur (a través de la firma Axon Life SA) y Club Social Mendoza. El último gran negocio del grupo fue asociarse a CNN Radio Mendoza FM 91.7, perteneciente a la cadena CNN Internacional, que en Argentina tiene acciones de empresarios del ámbito de la comunicación, banqueros, consultoras y grupos financieros (Espada, 2019).

La novedad en multimedios es Zafiro Contenidos, que funciona bajo la firma Zitro Producciones S.A, empresa surgida en 2017 y cuyo director general es Marcelo Ortíz, ex periodista de Canal 7 (Grupo América). La empresa nuclea la radio Estación Zafiro FM 89.5 Mhz en Ciudad y FM 91.7 Radio Libertad en el departamento de San Martín. Hacia fines de 2019 el empresario puso a prueba la señal Zafiro HD y se encuentra operativa en el canal 35.1 de la TDA.

Además, encontramos en Mendoza más actores dentro de los con fines de lucro por tratarse de personas físicas o Jurídicas, como Sociedades Anónimas o de Responsabilidad Limitada (SRL) que poseen uno o más medios de comunicación pero que no constituyen grupos de medios (MDZ, 2019). Es el caso de unas de 300 radios registradas por el ENACOM (2020) y tres canales de televisión relevados para esta investigación: TV Diez Canal 10 de San Rafael, Canal 3 de San Martín (40.2 de la TDA), Latina TV (canal 33.1) asociado a FM Cumbre, y la señal 32.1 Kingdom TV, el cual comenzó sus transmisiones en abril de 2020 y es parte de Shalom SRL junto a una FM, ambos medios emiten contenidos religiosos y pertenecen a Héctor Bonarrico, pastor evangélico y legislador provincial.

De acuerdo a lo establecido en la Ley SCA, la reserva de frecuencias del espectro radioeléctrico se realiza para medios del Estado Nacional, provincial, municipal, y públicos universitarios y de Pueblos Originarios. En el caso de Mendoza, previo a la sanción de la Ley ya se enontraban al aire las radios públicas del sistema de Radio y Televisión de la Argentina (RTA): LV8 Nacional El Libertador AM 780 (operativa desde 1953) (Molina, 2014), LRA6 FM 97.1 Mendoza, LV4 Radio Nacional San Rafael AM 620 (1938), LV19 Radio Nacional Malargüe AM 790 (1965). La Televisión Pública Argentina retransmite los contenidos de la Capital nacional a través de cuatro plantas transmisoras que se extiende por la provincia. Hoy se suman a este sistema Mirador TV[viii] y los canales de Contenidos Públicos Sociedad del Estado: Encuentro, Paka-Paka y Depor-TV.

A más de 10 años de la implementación de la Ley, se otorgaron frecuencias radioeléctricas para medios públicos locales (art. 89 inc. b) a través de lo que se reconocieron 13 radios municipales en la provincia (ENACOM, 2019). Por el momento Mendoza no cuenta con una radio provincial. En televisión recién el 12 de diciembre de 2013 se puso al aire el canal provincial Acequia TV en la señal 29.1 de la TDA. Sus estudios y planta transmisora se encuentran en el Espacio Cultural Julio Le Parc, aunque su antena está instalada en el Cerro Arco, junto a las antenas de los canales comerciales y públicos, ya que es el punto más alto de la Ciudad. Su alcance es de aproximadamente 100 kilómetros y utiliza un equipo de transmisión de la empresa Empresa Argentina De Soluciones Satelitales Sociedad Anonima (Ar-Sat). Las dificultades centrales del canal son dos: alcance y producción. En relación a lo primero, Acequia peleó un lugar en la cablera Supercanal y hoy se puede ver en los canales privados 11 y 25 en toda la provincia. Sin embargo, no ha logrado que lo suban al sistema de televisión satelital de Direct TV, como sí lo hicieron los canales del grupo América y Cuyo Servycom S.A. Es por ello que Acequia TV se transmite vía streaming por acequia.tv para el resto de la provincia. Desde 2015 el canal enfrenta problemas en el financiamiento y no puede sostener producciones audiovisuales propias y locales. [ix]

Dentro de las frecuencias que reserva el artículo 89 se encuentran además las destinadas a universidades nacionales. En Mendoza encontramos tres radios al aire de este tipo, aunque todas creadas previas a la sanción de la Ley SCA: FM UTN 94.5 de la Universidad Nacional Tecnológica (inició sus tramisiones en 1993), Radio Universidad FM 96.5 de la Universidad Nacional de Cuyo (al aire desde 1992) y Radio Abierta FM 107.9, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la misma universidad (transmite desde 2008). Bajo la aplicación del la Ley se creó en 2013 el canal 30.1 Señal U de la TDA, el cual forma parte de del Sistema de Medios de la UNCuyo, junto a Edición U (revista online), Señal U Académico y Deportivo (canales de Youtube). El canal se sostiene con una planta mínima de trabajadores/as de la universidad y becarios/as que realizan sus prácticas en los programas informativos y magazines. Su alcance es de aproximadamente 40 kilómetros y cubre el área de mayor población urbana. Al igual que las radios, en el resto de la provincia no tiene cobertura ni repetidoras.[x]

En los últimos años se han otorgado frecuencias de manera directa por artículo 37 de la Ley SCA a radios de pueblos originarios de la Comunidad Huarpe Guentota (Puerto Hortensa, departamento de Lavalle) y Comunidad Huarpe Elías Guaquinchay (El Retamo, Lavalle). Estas radios se encuentran trabajando con sus comunidades aunque con serias dificultades en la sostenibilidad de sus proyectos, problemas que se profundizan por las distancias y la falta de un buen sistema eléctrico y conexión a internet, por ejemplo, para hacer trámites a distancia y presentarse a las líneas de Fomento para Medios Audiovisuales del ENACOM.

Si bien la Ley SCA promovió la creación de medios estatales y públicos, este universo constituye aún en número menor en la provincia en relación a los medios privados con fines de lucro. Situación similar es la que atraviesan los medios sin fines de lucro que, como veremos a continuación, pese a que se les reserva el 33% de “las localizaciones radioeléctricas planificadas” (Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, 2013, pág. 174), el acceso es aún dificultoso y poco efectivo.

Con la sanción de la Ley SCA, los actores privados sin fines de lucro, como el sector más invisibilizado de las industrias culturales, dio una fuerte pelea para incidir en las políticas de comunicación y pasar así a ser considerado como sujeto de derecho en el terreno de la comunicación pública (Linares y otros, 2017). Si bien su lugar sigue siendo subordinado, esto es relevante ya que su existencia incide también en los consumos de cultura y comunicación ciudadanos (Tosoni, 2018). Dentro de los formatos existentes hay quienes adoptan un carácter de micro empresa, con una dirección fuerte y verticalista, otros tienen un perfil de proyecto social y dependen de instituciones más amplias, y existen otros medios ligados a organizaciones de la economía social y solidaria (Monje, D. y Rivero, E., 2018).

En Mendoza poseen licencia de radiodifusión para FM la Cooperativa Eléctrica de General Alvear, el Sindicato de Trabajadores Estatales (actualmente fuera del aire) y medios de asociaciones o fundaciones dependientes de instituciones religiosas como la Asociación Civil Remar Argentina (centros cristianos benéficos), que además de una radio FM opera Solidaria TV en la señal 44 de TDA (aún sin reconocimiento), ambos parte del sistema de medios de la ONG Remar Internacional y la iglesia Cuerpo de Cristo.

Por otra parte, encontramos emisoras que se autodefinen como comunitarias más allá de los términos en los que se establecen en el art. 4 de la Ley SCA: “su característica fundamental es la participación de la comunidad tanto en la propiedad del medio, como en la programación, administración, operación, financiamiento y evaluación” (Ley SCA, art. 4). Se referencian como comunitarias, alternativas y/o populares y, si bien las nociones de comunitario, popular y alternativo están en permanente debate, podemos afirmar que surgen como experiencias y expresiones culturales emergentes, están vinculadas a las definiciones de sus proyectos político-comunicacionales, y proponen prácticas periodísticas y organizacionales que se identifican con una perspectiva autogestiva y garante de la pluralidad de voces (Kejval, 2018).

Según los relevamientos de medios comunitarios realizados en los últimos años por el colectivo Radio x Radio (2014 - 2020), Segura y otros (2018), la Red de Investigadores en Comunicación Comunitaria (Agosto de 2019), el listado de operadores del Ente Nacional de Comunicaciones (2020) y un relevamiento propio para este trabajo, en Mendoza se registran los medios que se detallan en el Gráfico 1.

Gráfico 1
Fuente: elaboración propia.

De todos estos medios, los únicos que han logrado tener su licencia de transmisión son las radios que se encuentran en zonas donde el espectro radioeléctrico no presenta conflicto (Ley SCA, art. 49) y la radio más antigua, luego de sufrir varias interferencias y denuncias por parte de emisoras con fines de lucro, se encuentra en proceso de tramitar su licencia a partir de los concursos públicos realizados por la resolución número 4951 del 2018 del ENACOM para emisoras con Permiso Precario Provisorio[xi]. El resto de los medios comunitarios aún se encuentran en un estado de “ilegalidad tolerada” y a la espera de que se llame a concurso público respetando el resguardo del 33% del espectro radioeléctrico para los medios sin fines de lucro (Segura, 2014).

Los medios registrados a su vez forman parte de redes de medios comunitarios nacionales y del Colectivo de Medios Comunitarios de Cuyo (Comecuco), una red de trabajo local que les permite fortalecer sus proyectos y generar estrategias de cooperación y solidaridad tanto en la producción informativa como en el mantenimiento técnico, financiamiento y en la programación de sus medios (Iovanna Caissón, 2019). La necesidad de nuclearse surge como estrategia de sostenibilidad pero también de incidencia en políticas públicas como la pauta publicitaria, los Fondos de Fomentos Concursables, el debate por el texto de la Ley SCA y reclamos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en defensa de la misma normativa (Segura M. S., 2018). En los últimos años, el retroceso de políticas de fomento para el sector complicaron su sostenibilidad: no hubo concursos para acceder a nuevas licencias, se sub-ejecutaron y se redujeron los fondos de fomento concursables, aumentaron los costos de los servicios y se redujeron programas y proyectos estatales con los que estos medios trabajaban (Vinelli, 2017). El ahogo económico provocó la salida del aire de algunas emisoras, la merma de participantes en otras y la reorganización de estrategias de sostenibilidad en la mayoría a fin de garantizar continuidad en los proyectos. Actualmente ninguna de las emisoras ofrece otro servicio de comunicación pero debaten la construcción de redes de internet libres y comunitarias [xii], como un mecanismo más para garantizar el acceso a una comunicación democrática.

A lo largo del relevamiento identificamos que en Mendoza, pese a que el espíritu de la Ley SCA establecía la desinversión y limitaba la propiedad de las empresas, el sector de medios privados con fines de lucro se ha desarrollado en los últimos años más que los públicos, estatales y los sin fines de lucro. De acuerdo a lo investigado, encontramos que los cuatro principales grupos mediáticos del mercado en la provincia están vinculados con otras empresas nacionales o internacionales que ofrecen servicios multimediales, de telecomunicaciones y tienen acciones u operan el sector energético: América, Alonso, Álvarez y Terranova. Asimismo, analizamos el avance del Grupo Clarín y de la empresa CNN sobre los medios locales, lo que afecta no sólo al sistema de propiedad de los medios sino a la producción de contenidos. Estas empresas tienen sede central en la Ciudad de Mendoza o en la Zona del Gran Mendoza. Desde allí desarrollan sus servicios informativos, lo que los lleva a adoptar una visión centralista dentro de la misma provincia. Además, retransmiten programación de los principales multimedios del país generando dependencia de las producciones con Buenos Aires. Este cruce entre concentración geográfica, informativa y de propiedad “afecta el pluralismo y la diversidad debido a que genera uniformidad de agendas y de contenidos informativos” (UNESCO, 2014 en Becerra, M. y Mastrini, G, 2017).

Por otro lado, este trabajo identificamos el surgimiento de nuevos actores estatales, públicos, universitarios, de pueblos originarios, religiosos y sin fines de lucro, promovidos por el espíritu democratizador de la Ley SCA. Sin embargo, su desarrollo es menor y no fue acompañado por la plena aplicación de políticas de comunicación. Todos ellos enfrentan dificultades en la sostenibilidad económica y en la producción de contenidos. Además, los medios sin fines de lucro tienen problemas en el acceso licencias, medio por el cual podrían acceder a otros programas y planes para la creación de fuentes laborales o de promoción y producción audiovisual, lo que da cuenta de un fomento desigual en desarrollo de los diversos actores en el sistema.

Si bien este estudio se centró en los medios provinciales, visibilizar el sistema nos permite pensarlo en relación con el mapa nacional ya que las políticas de comunicación son diseñadas por el gobierno nacional. No obstante, consideramos que los gobiernos locales también sostienen políticas públicas de comunicación promoviendo el desarrollo de uno u otro sector de medios a través de su participación en las comisiones legislativas en las que se tratan las normativas sobre derechos comunicacionales, la creación de planes de fomento provinciales a la producción local y la distribución de la pauta oficial. Esta última constituye un punto central en la disputa económia de los medios de comunicación ya que es importante en el financiamiento de todos los actores que logran acceder a ella. Pero al no haber normativa que regule su distribución, se establecen criterios que dependen de la voluntad política de turno y, en muchos casos, se torna una herramienta de censura indirecta con medios no oficialistas (Aguirre, F. N., Caro, M. A., y Olagaray, F. A., 2019).

En conclusión, en el presente trabajo ofrecimos un espacio de reflexión que se propone continuar en investigación. El ejercicio de caracterizar el sistema infocomunciacional de Mendoza nos ayuda a identificar los procesos de concentración no sólo de medios sino de discursos puesto la restricción del acceso y participación en la diversidad de espacios de expresión “debilita tanto la libertad de expresión como a la democracia, ya que restrinje el libre flujo de información e ideas de la sociedad” (Becerra, M. y Mastrini, G., pág. 49). En este sentido, la intervención del Estado no ha sido suficiente y, frente a la aceleración de los movimientos del mercado, deberemos pensar nuevas regulaciones antimonopólicas de tipo horizontal para el entorno convergente el desarrollo sostenible de actores plurales (Llorens Maluquer, 2001, pág. 256). Asimismo seguirá siendo necesario poner el acento sobre el acceso y la participación de la ciudadanía en el sistema de comunicación a fin de garantizar formas de producción y circulación de diversas ideas, discursos y sentidos que habiliten nuevos debates públicos.