Fernando Glenza es docente y coordinador de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) (https://www.facebook.com/CatedraLibreDeSoberaniaAlimentaria/). En esta entrevista, da cuenta del trabajo llevado a cabo por ese espacio y hace hincapié en la necesidad de profundizar los caminos recorridos en pos de alcanzar una soberanía alimentaria que permita producir nuestros propios alimentos, en condiciones de equidad, de sostenibilidad ambiental, de justicia social y de precios justos.

Fernando Glenza

En relación con estos aspectos, Glenza destaca el trabajo realizado por los Centros Comunitarios de Extensión Universitaria (cceu) de la unlp en la difusión y en el desarrollo de las diversas experiencias extensionistas realizadas a través de las cuarenta Cátedras Libres de Soberanía Alimentaria que existen en todo el territorio argentino, y resalta la necesidad de jerarquizar la extensión universitaria mediante el reconocimiento de los equipos que trabajan en el territorio y de aquellos espacios que se han transformado en verdaderos bastiones de resistencia frente a las políticas neoliberales que consideran el alimento como una mercancía.

¿Qué es la soberanía alimentaria?

La soberanía alimentaria es una construcción que vienen realizando organizaciones campesinas de pequeños y de medianos productores de alimentos, tanto agropecuarios como pescadores artesanales, pueblos originarios, también, que proponen un modelo distinto al actual sistema alimentario guiado por políticas neoliberales.

¿Cómo se logró difundir la propuesta en las organizaciones sociales?

La propuesta de soberanía alimentaria es difundida en organizaciones sociales y entre millones de pequeños productores de alimentos a lo largo de todo el mundo como el caso de Vía Campesina. Actualmente, constituye una bandera de lucha y de resistencia para que tengamos un futuro mejor. No es posible pensar la soberanía alimentaria sin una reforma agraria integral, y con ello hablamos de un compromiso social, de un uso comunitario de la tierra, así como de una regulación de las condiciones y las características de la producción para que sea sustentable y agroecológica, y una propuesta alternativa al desarrollo actual.

Es interesante mencionar como ejemplo de prácticas sobre experiencias de soberanía alimentaria las acciones que llevan adelante los Centros Comunitarios de Extensión Universitaria (cceu), la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de la Universidad Nacional de La Plata, así como otros colectivos universitarios que vienen desarrollando actividades a través de unidades demostrativas agroecológicas y que constituyen una oportunidad para que estudiantes, organizaciones y vecinos/as participen y puedan vivenciar las dificultades y las satisfacciones del trabajo agrario.

¿Cuál es el rol de la universidad en la visibilización de la cuestión de la soberanía alimentaria?

La universidad tiene que acompañar las políticas que apoyen la soberanía en términos generales: energética, política, alimentaria, educativa. El concepto de soberanía es muy abarcador y se trata de una política de estado que la universidad pública, libre y gratuita debe respaldar siempre, como ha alentado todas las iniciativas de difusión sobre la temática de la soberanía alimentaria dentro de sus claustros, a través del acompañamiento que ha tenido la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de la Universidad Nacional de La Plata.

Hay un fenómeno de reproducción de las cátedras de soberanía alimentaria a nivel nacional. En la actualidad, somos alrededor de cuarenta cátedras libres de Soberanía Alimentaria en las universidades públicas del país –prácticamente, entre una y dos cátedras libres de Soberanía Alimentaria por provincia–, con un alcance geográfico que va desde la Universidad de Tierra del Fuego hasta la Universidad de Jujuy, pasando por Mendoza, Entre Ríos, Misiones, Córdoba, La Rioja y Santiago del Estero.

Este es un fenómeno inédito: la Cátedra de Soberanía Alimentaria de la Universidad Nacional de La Plata nació en 2003 y al poco tiempo se sumaron otras cátedras del ámbito de la Universidad de Buenos Aires. No obstante, en lo que va de 2017 a 2019 el incremento ha sido geométrico. Esto está relacionado con las políticas que se están llevando adelante y con el hecho de que las cátedras se han transformado en espacios de resistencia a las políticas neoliberales.

En ese sentido, apelamos a que las universidades públicas registren y reconozcan el trabajo que están haciendo las cátedras de soberanía alimentaria, las apoyen con presupuesto para trabajar codo a codo con las organizaciones territoriales y sociales, así como en los territorios de influencia de cada una de esas cátedras.

Desde la Universidad Nacional de La Plata trabajamos con organizaciones campesinas en Santiago del Estero y en Chaco. En la actualidad, esa situación se ve mejorada porque en dichas provincias ya existen cátedras de soberanía alimentaria. Por ello, hay que profundizar estos caminos y, fundamentalmente, jerarquizar la extensión mediante el apoyo financiero.

La jerarquización que se espera de la extensión universitaria se relaciona con el reconocimiento hacia los equipos de trabajo que, muchas veces, llevan adelante los proyectos de manera voluntaria y con recursos insuficientes. Es necesario salir de la lógica del voluntarismo que imposibilita sostener las prácticas en el tiempo y darle continuidad a los procesos que hacen que para lograr cambios estructurales tengamos que poner el cuerpo de manera constante y sostenida en el tiempo.

Necesitamos contar con recursos para que los equipos de extensión se formen y se capaciten, tengan reconocimiento y legitimidad, y puedan desarrollar la actividad en los territorios de manera conjunta con las organizaciones sociales y territoriales. Esta idea de la cogestión entre la universidad y la comunidad es posible porque pensamos en una universidad sin muros, de puertas abiertas. Una universidad que es del pueblo y que debe darle soluciones al pueblo.

¿Cuál es el rol del Estado en la defensa de la soberanía alimentaria?

Las acciones que podría emprender el Estado en defensa de nuestra soberanía alimentaria se relacionan con políticas públicas profundas y con decisiones claras en defensa de la soberanía en términos amplios. Por ejemplo: proteger el acceso a la tierra, promover la reforma agraria de forma integral, propiciar la producción de alimentos que nuestros pueblos culturalmente consumen, enfocarse en las economías locales regionales… Y solo después de solucionar el acceso a los alimentos culturalmente apropiados por nuestros países y por nuestras comunidades, abrir la posibilidad de la exportación.

Es decir, primero las comunidades, lo local, lo regional y lo nacional, los alimentos apropiados, nutricionalmente adecuados y saludables, para luego poder decidir sobre los mercados de exportación. Y no encontrarnos regidos por políticas que se llevan adelante desde organismos internacionales o desde empresas transnacionales que condicionan la producción que debemos realizar.

En los últimos años, la Argentina fue designada como productora de forraje –principalmente, soja– destinado a la alimentación de animales en China y en la Unión Europea. De esta manera, no estamos decidiendo qué producir, estamos produciendo soja por una imposición o por un negocio de los mercados transnacionales que decidieron que nuestro país no produzca alimentos sino forraje para los animales que ellos crían.

¿Qué propone el modelo de soberanía alimentaria sobre los derechos de productores y de consumidores?

En la actualidad, los derechos de los pequeños productores y de los consumidores están siendo afectados por las políticas neoliberales de concentración en la producción, la distribución y el consumo de alimentos, lo que conlleva una dificultad en el acceso a sus derechos. La soberanía alimentaria propone reformular por completo el sistema alimentario actual; abandonar la idea de que el alimento es una mercancía, y promover que el acceso y la producción de alimentos se encuentre en manos de los pequeños productores, para mejorar su calidad de vida y el acceso a la tierra, además de propiciar las condiciones de sustentabilidad ambiental que la hagan posible.

¿Qué lugar deben ocupar los productores y los consumidores al momento de definir una política agraria y alimentaria en función de nuestras necesidades?

Los productores y los consumidores pueden aportar a la transformación de una política agraria, pero es fundamental que el Estado intervenga con políticas públicas sostenidas en el tiempo. Para esto, es necesario reestructurar nuestra matriz productiva, retomar la idea de que las personas que quieren trabajar la tierra –por ejemplo, en nuestra región– no tienen acceso a ella y tienen que alquilarla, a sabiendas de que existen territorios estatales que podrían ser otorgados a productores a través de una reforma agraria integral que reactive la producción local.

De esta manera, se podrían reformular el sistema, el mercado y la actividad hortícola, convirtiendo a esta última en una opción de vida para los/as jóvenes y no en una opción de supervivencia para los/as más pobres.

¿Cuál es la situación actual de las pequeñas comunidades agricultoras locales?

Los agricultores locales están atravesando una crisis importante. En principio, están sometidos a un sistema de producción que los entrampa y los endeuda; una producción altamente dependiente de insumos como la fertilización química permanente, el uso de invernáculos costosos y de pesticidas de tipo sistémico que se absorben a través de las raíces de las semillas. Esta situación hace que la producción local de alimentos hortícolas –como las verduras que consumimos– se encuentre llena de plaguicidas que son los causantes de los problemas de salud que presentan tanto consumidores como productores.

El panorama actual en el cordón hortícola platense, el más grande de la Argentina, dista mucho de la imagen idealizada que solemos tener: verduras que provienen de zonas rurales hermosas y limpias, cuando la realidad es que provienen de un sistema de producción industrial.

Es posible cambiar este escenario por medio de prácticas fundamentadas en la agroecología y, para eso, el Estado tiene que proporcionar las herramientas necesarias: en principio, garantizar el acceso a la tierra a los agricultores y que éstos no tengan que pagar más alquiler; después, clarificar la línea de la producción a la venta, para que la concentración y las ganancias no queden solo en manos del intermediario. En síntesis, simplificar la cadena de comercialización para que el productor pueda tener una rentabilidad adecuada y encontrar una posibilidad de crecimiento.

¿A qué nos referimos cuándo hablamos de seguridad alimentaria?

La seguridad alimentaria es un término utilizado por organismos internacionales para definir cuestiones vinculadas a la política alimentaria de los países y está relacionado con el acceso de las poblaciones a los alimentos culturalmente adecuados y con su disponibilidad a lo largo del tiempo.

Sin embargo, la seguridad alimentaria no se refiere a los modos de producción de dichos alimentos, dado que resulta indistinto si se produce localmente o en otra parte del mundo, y esto conlleva innumerables problemas vinculados con la autodeterminación de los pueblos y con el transporte de las mercaderías de un lado a otro.

Tenemos el ejemplo de Haití, un país que es ayudado por paquetes de asistencia y de ayuda alimentaria, lo que significa que tienen seguridad alimentaria en la medida en que tienen los nutrientes suficientes para sobrevivir momentáneamente, pero no tienen autonomía porque no existe una política que los lleve a producir sus propios alimentos.

Entonces, el concepto de seguridad alimentaria es bastante acotado, mientras que el de soberanía alimentaria es más abarcador, pues permite que seamos soberanos en la posibilidad de tener nuestros propios alimentos, de producirlos en condiciones de equidad y de sostenibilidad ambiental, de justicia social y de precios justos.

¿Qué dificultades presenta nuestro país respecto del acceso a la alimentación?

Dentro de las discusiones que venimos teniendo en estos últimos años en relación con los precios de los alimentos y las dificultades de acceso, hay que revisar algunas ideas que fueron implementadas en otras oportunidades y que dieron buenos resultados. No podemos estar sometidos a los vaivenes del mercado internacional de la alimentación y de los granos, donde el alimento es considerado una mercancía más.

Tengamos en cuenta que los valores de los granos cotizan, fundamentalmente, en el mercado de Chicago. Nosotros, que supuestamente producimos alimentos para millones de personas, todavía no podemos asegurar el acceso adecuado de nuestra población a la alimentación. Pondría en duda la cuestión de producir alimentos para 40, 60 u 80 millones de personas, lo que hay que determinar es qué es alimento y evaluar si la exportación de granos sin valor agregado –la soja transgénica, por ejemplo– puede considerarse alimento.

Debemos tener la capacidad de producir alimentos a partir de nuestras materias primas, alimentos con valor agregado para la exportación y no que lo hagan otros. Debemos asegurar alimentos saludables y a costos accesibles para nuestra población y para eso no podemos dejar librado el mercado a los vaivenes de la especulación.

Una de las posibles soluciones para el acceso a la alimentación es que el Estado intervenga en el comercio exterior de granos. Entonces, el productor le vende los granos a las llamadas exportadoras cerealeras –como en el caso del girasol o de la soja– y son estas empresas las que le imponen al productor el precio de adquisición de su producto, y quienes las exportan y se quedan con una parte importante de la ganancia. Si, además, se le aplican retenciones a las exportaciones este costo se traslada a los grandes productores y a los pools de siembra, que también resultan afectados.

En síntesis, es el Estado el que debe regular en el mercado interno los valores de venta de todos estos productos para asegurar, primero, lo nuestro con los valores adecuados para que todos podamos prosperar y para promover, después, la exportación del excedente, recreando las condiciones para que la producción interna mejore en cantidad y en calidad. De ningún modo podemos dejar que las exportaciones estén desreguladas y que sean las empresas transnacionales quienes decidan cuándo vender o cuándo liquidar dólares que pueda necesitar el país.

¿Qué es el oligopolio semillero?

Existe un oligopolio importante, y fundamentalmente transnacional, así como empresas de producción y de mejoradoras nacionales, pensadas para mejorar la calidad en términos de exportación a otros países; principalmente, de semillas de uso animal como el maíz, la soja, el sorgo y el algodón. En este sentido, el oligopolio semillero no está priorizando las semillas que podríamos utilizar para la producción de alimentos. En el caso de la Argentina, por ejemplo, el trigo ha mermado mucho su producción.

En términos de impacto socioambiental, ¿qué perjuicios genera este modelo hegemónico de producción?

El actual modelo de producción trae aparejados numerosos perjuicios ambientales. En principio, se está utilizando una cantidad sin precedentes de herbicidas y de pesticidas. Antes, no se utilizaba tanta fertilización química porque teníamos un sistema de chacras mixtas o diversificadas. Por ejemplo, en una plantación de maíz se rotaban los animales que se alimentaban del rastrojo del maíz lo que aportaba nutrientes a través de la bosta. Este sistema agroecológico desapareció por el avance de la soja transgénica, que prescinde del arado del campo y elimina la pastura que pueda competir con la soja de forma química, pulverizando sobre los territorios toneladas de herbicidas.

Esta situación hace que se contaminen las napas, que se promueva el monocultivo, que se fumigue cerca de las escuelas y de los ejidos urbanos, lo que trae consigo muchísimos problemas de enfermedades a lo largo del país. Hay campañas y organizaciones así como médicos toxicólogos de pueblos fumigados y gran parte de la comunidad científica que están alertando sobre esta cuestión y sobre los alarmantes índices de cáncer en el medio rural a lo que se le suman malformaciones, alergias y diversos inconvenientes a la salud.

¿De qué manera la regulación estatal del comercio exterior puede asegurar el abastecimiento de alimentos para nuestra población?

La regulación estatal del comercio exterior puede asegurar el abastecimiento de alimentos para nuestra población porque el mercado externo condiciona al mercado interno. Si nos hemos convertido en productores de forrajes y de alimentos para animales es porque no hemos regulado adecuadamente el comercio exterior de granos. Nos hemos concentrado en la producción de monocultivos, principalmente soja, homogeneizando nuestra producción en detrimento de una producción diversificada que asegure alimentos apropiados para nuestra población.

Por ejemplo, tenemos un gran potencial para la producción de legumbres para consumo humano, tanto interno como para exportación. Asimismo, es conocido cómo los monocultivos de soja desplazaron otras producciones como la del ganado vacuno, que provoca un aumento de los precios internos. Por esto, el Estado debe intervenir en la regulación del comercio exterior en torno a la prioridad del abastecimiento de alimentos con precios económicos y de calidad para nuestra población.