INTRODUCCIÓN

Existen severas confusiones con relación a dos fenómenos sociales de nuestro tiempo: la movilidad migratoria y el tráfico de drogas. Se trata de dos asuntos en apariencia distintos en su origen, inconexos en sus dinámicas, con objetivos y medios de reproducción en principio ajenos, pero que en realidad interactúan y se refuerzan mutuamente.

En el caso de la migración, los diversos equívocos sobre este fenómeno son variados. Para comenzar, no hay un consenso sobre su definición conceptual y apenas hay algunos intentos por definir sus variables (Urbano, 2015). Por citar ejemplo, en la expresión de ilegal, que ha dado pie a la construcción de una idea del migrante como un sujeto no elegible para la protección de las normas jurídicas, pues para muchos actores sociales la condición de ilegalidad se asume no como un tipo jurídico que delimita los derechos que corresponden a la persona no nacional, sino como una expresión no jurídica que tolera e incluso auspicia el diseño de acciones de exclusión social (Crepeau, Nakache, 2009). Appadurai (2001) explica que

[…] las migraciones en masa (ya sean voluntarias o forzadas) no son un fenómeno nuevo en la historia de la humanidad. Pero cuando las yuxtaponemos con la velocidad del flujo de imágenes, guiones y sensaciones vehiculizados por los medios de comunicación masiva, tenemos como resultado un nuevo orden de inestabilidad en la producción de las subjetividades modernas (pp. 19-20).

Y, por supuesto, la asociación de la migración con la delincuencia, la inseguridad, la inestabilidad económica e incluso la instrumentalización de tales equívocos (Carrino, 2009) como recurso político-electoral que ha permitido la emergencia de movimientos extremistas que están en auge gracias a la explotación de una imagen que dota al extranjero (especialmente el no regular) del papel de enemigo de una nación imaginada, pues, como menciona Appadurai (2006):

Ninguna nación moderna, por más benigno que sea su sistema político, por más elocuentes que sean sus voces públicas respecto a las virtudes de la tolerancia, el multiculturalismo y la inclusión, está libre de la idea de que su soberanía nacional se halla construida sobre una suerte de genio étnico (p. 16).

En otras palabras, la migración no pertenece al espacio natural del diseño de la política pública. Es un proceso (el flujo migratorio) que se interpreta desde las élites políticas como ajeno a la responsabilidad interna y el actor (el migrante) se pretende identificar como inconexo a las políticas de atención, protección e integración.

La migración pertenece a los ciclos económicos y a las dinámicas sociales desde el principio de los tiempos de la humanidad. Cada economía, de renta alta, media o baja, tiene en su devenir la presencia de los inmigrantes, ya sea en su carácter de naciones de origen, tránsito o recepción. No hay una sola nación que ayer u hoy pueda negar un papel relevante a las poblaciones en movimiento. Poblar o perecer, postulaban algunos países como estrategia de sobrevivencia; atraer inmigrantes para sostener el aparato de guerra en la primera y la segunda guerras mundiales (Geronimi, 2004); vincularse a los migrantes, pues de ellos dependen cifras millonarias en dólares de remesas que sostienen economías enteras, pues los datos más conservadores ubican montos por encima de los 600,000 millones de dólares anuales, la mayor de los cuales se transfieren de las naciones ricas a las naciones pobres, en dirección opuesta a la movilidad migratoria (Migration and Remittances, 2018); la inmigración como recurso para diferir el envejecimiento de naciones que sufren para mantener un equilibrio demográfico endógeno o la captación de talento (Bailey y Mulder, 2017) que no se formó en el país de recepción, pero que sí es explotado a partir de esquemas flexibles en los países huéspedes en detrimento de las naciones que los capacitaron.

Ahora bien, la inmigración que invoca la mayor preocupación en el sistema global es aquella que se desplaza en condiciones de graves desventajas sociales: comunidades perseguidas por las guerras, por la inestabilidad política, por sus posiciones ideológicas o por su pertenencia a ciertos grupos, es la inmigración expulsada por la exclusión y la pobreza y que transita, a su pesar, en contra de las normas regulares y sujeta a toda clase de vejaciones y peligros.

En el caso del tráfico de drogas, las confusiones son incluso más preocupantes. Asumido como un problema ajeno, se le vincula con la violencia, la inestabilidad, la corrupción o la impunidad (Bergman, 2016). Un equívoco frecuente se relaciona con las confusiones que trae su enunciación. En el caso de México, uno de los referentes de análisis más importantes a nivel global, la política pública en la materia se instrumentaliza desde una lectura securitaria pues diseña acciones de represión contra el crimen organizado transnacional que produce, transporta y distribuye drogas ilegales, y al mismo tiempo reduce a una mínima expresión los medios para prevenir el uso de drogas y atender la farmacodependencia. Son dos procesos diferenciados que en la política pública son definidos como asuntos de competencia de una estrategia única, de ahí la criminalización no sólo del tráfico, sino del consumo:

“El narcotráfico es un problema típico de crimen organizado, vinculado con corrupción del Estado y sus instituciones. Las drogas son un problema de salud pública, de marginación social, de exclusión y de desigualdad de ingresos. Mientras el narcotráfico cuestiona al Estado, las drogas cuestionan a la sociedad” (Emmerich, 2015).

El narcotráfico como delito transnacional tiene características básicas: no tiene metas políticas; tiene una estructura jerárquica y una membresía limitada; es una actividad continuada; usa la violencia, la amenaza de la violencia y el soborno; tiene una división clara de trabajo; es monopólico y está regido por reglas específicas, además de que ha alcanzado una dimensión transnacional que le permite tener la capacidad de penetrar al Estado (Chabat, 2005). Estas características juegan un papel relevante en las localidades depauperadas, ya que reconfiguran roles y prácticas sociales que fortalecen la capacidad de los narcotraficantes, pues éstos dominan dos espacios clave: un territorio y un espacio comunitario. Por ello, estas “conquistas” dotan al narcotráf

El narcotráfico como delito transnacional tiene características básicas: no tiene metas políticas; tiene una estructura jerárquica y una membresía limitada; es una actividad continuada; usa la violencia, la amenaza de la violencia y el soborno; tiene una división clara de trabajo; es monopólico y está regido por reglas específicas, además de que ha alcanzado una dimensión transnacional que le permite tener la capacidad de penetrar al Estado (Chabat, 2005). Estas características juegan un papel relevante en las localidades depauperadas, ya que reconfiguran roles y prácticas sociales que fortalecen la capacidad de los narcotraficantes, pues éstos dominan dos espacios clave: un territorio y un espacio comunitario. Por ello, estas “conquistas” dotan al narcotráfico de la capacidad de constituirse en un competidor social del Estado.

El tráfico de drogas es anterior al inicio del proceso de globalización. Sin embargo, en sus dimensiones actuales es —al igual que la movilidad migratoria— un fenómeno hijo de la modernización de los procesos productivos, de la apertura de fronteras, de los avances técnicos, científicos e incluso de las guerras. Hasta aquí una primera conexión entre traslado de drogas y migración.

La apertura de fronteras tuvo entre sus diversos impactos el tráfico legal e ilegal en masa del opio, que allanó el camino a la movilidad de la heroína, la cocaína, la morfina y la cafeína, dinámica que se consolidó con la irrupción de una industria farmacéutica que se apropió de una buena parte del proceso productivo que antes estaba en manos de la industria artesanal (Cardinale, 2018).

Una segunda conexión entre estos dos fenómenos se identifica en el diseño de las políticas públicas. Por ejemplo, en la operación de las estrategias de orden restrictivo en los Estados Unidos, la llamada Ley Harrison postulaba tres premisas básicas que buscaban argumentar contra el consumo de drogas. La primera, de orden puritano, estima las drogas como riesgo a los valores familiares; la segunda, defendía la necesidad de velar por la salud pública y la tercera, define las drogas como una amenaza (Castles, 2010) originada fuera de las fronteras nacionales (Castles, 2014), de ahí que son los extranjeros los portadores de tal riesgo: “Los actores clandestinos transnacionales han sido redefinidos como nuevas amenazas de naturaleza estratégica, justificando con ello un incremento de los controles de frontera y de los poderes de policía vinculados a ellos” (Campesi, 2012).

En cierta medida, la correlación entre la migración y las drogas es difusa en las primeras décadas del siglo XIX en que se busca armonizar un estándar a nivel nacional, especialmente por la preocupación derivada de la falsificación de las medicinas (US Pharmacopeia en 1820); la Food and Drugs Act hacia 1907 que sostenía la necesaria colaboración de los responsable de estas áreas; las modificaciones en la regulación de la calidad de alimentos y manufactura de drogas (Federal Food, Drug and Cosmetic Act de 1938 o la Dangerous Drugs Act de 1920 (Seddon, 2010). La Primera y Segunda Guerras Mundiales darán un cambio sustancial a la regulación de las drogas, especialmente por su uso evidente entre los militares en estos estos conflictos (Kamiensky, 2016). En realidad, el vínculo entre la migración y el tráfico de drogas parece consolidarse con el inicio del siglo XXI, especialmente con el fortalecimiento de las estrategias de contención fronteriza y la narrativa de la securitización, en los años posteriores al evento terrorista de las Torres Gemelas de Nueva York.

La tercera correlación viene de la democratización de la producción y el consumo de las drogas. La compañía Merck comercializa hacia el primer tercio del siglo xix la morfina, que, junto a la invención de la jeringa y la aguja hipodérmica, permitieron su uso masivo por parte de miles de soldados durante la Guerra de Secesión en los Estados Unidos. La producción de la heroína (diseñada por la empresa Bayer), era mucho más potente que la morfina y fue libremente adquirida hasta la primera década del siglo xx, tiempo durante el cual generó decenas de miles de farmacodependientes. La legislación posterior en la Unión Americana trató de restringir, desde el prohibicionismo, un mercado consolidado, sólido y una demanda consistente, que fue satisfecha por dos

La tercera correlación viene de la democratización de la producción y el consumo de las drogas. La compañía Merck comercializa hacia el primer tercio del siglo xix la morfina, que, junto a la invención de la jeringa y la aguja hipodérmica, permitieron su uso masivo por parte de miles de soldados durante la Guerra de Secesión en los Estados Unidos. La producción de la heroína (diseñada por la empresa Bayer), era mucho más potente que la morfina y fue libremente adquirida hasta la primera década del siglo xx, tiempo durante el cual generó decenas de miles de farmacodependientes. La legislación posterior en la Unión Americana trató de restringir, desde el prohibicionismo, un mercado consolidado, sólido y una demanda consistente, que fue satisfecha por dos procesos: por un lado, la internacionalización de la producción de drogas (Luna-Fabritius, 2014), en este sentido se entiende la internacionalización al proceso en el cual se diversifica la producción, innovación y diseño de nuevas sustancias. Por ejemplo, entre fines del siglo XIX y principios del XX en Alemania se crearon diversos centros de investigación que literalmente diseñaron drogas, más allá de las que se encontraban en la naturaleza y la consolidación de Estados Unidos como el primer productor global de drogas químicas (61% del total global), seguido muy por detrás por Suiza (8%), Alemania (6%); 5% del Reino Unido o el 3.5% de Francia (Courtwright, 2001).

por otro lado, la creación de un mercado clandestino operado, entre otros, por ciertas comunidades de inmigrantes italianos que aprovecharon la situación para convertirse en importantes proveedores de la droga ilegal. Aquí la inmigración de grupos específicos es uno de los dinamizadores de la producción, distribución y consumo.

Una cuarta correlación viene de la propia naturaleza del tráfico de drogas. La estructura de intercambio, traslado, producción y consumo se origina regularmente desde un territorio específico, caracterizado por cierta identidad nacional/regional/local. Las mafias se identifican en el mundo por su nacionalidad y por su ubicación regional (Cártel de Cali, Cártel de Sinaloa, etc.) y esa estructura criminal interactúa con otras de características similares estableciéndose en su vínculo una relación entre nacionalidades, las cuales operarán sus negocios en diferentes partes del mundo desde una identidad local/regional/nacional, por lo que la migración —todo fenómeno social tiene efectos negativos— es el proceso que da sentido operativo a la movilidad de drogas. Por supuesto, las diásporas, los enclaves productivos de los inmigrados y las propias redes migratorias juegan un papel decisivo.

Sin embargo, y a pesar de estas comunidades, la migración y el tráfico de drogas se ponderan como fenómenos externos a una política territorializada y endogámica. Al ser problemas o amenazas exógenas, en amplios grupos sociales, políticos y de otra índole, existe una percepción de que no existe responsabilidad o compromiso moral (Bauman, 2016) en su atención. Y ahí radica precisamente el problema, falla o intencionalidad de la acción estatal: presentar estas dos agendas como asuntos que no caben en un supuesto de diseño integral e integrado de política pública, lo que a su vez habilitará a ésta para dotarle de características securitarias al migrante y al narco, con las consecuencias ya conocidas.

Un acercamiento a la realidad de la migración y el narcotráfico. Una visión desde el ser humano

Más allá de sus interacciones —que no de sus motivaciones u objetivos— la migración y el tráfico de drogas parecen convivir como fenómenos que convergen, pero quizá la representación más evidente de su conexión sea el costo humano que supone su propia dinámica. En estos espacios convergen seres humanos expulsados del bienestar (Sassen, 2015). No son excluidos, esto es, personas que el sistema ignora en la distribución de bienes. Ellos son expulsados, personas que en algún momento pertenecieron a una dinámica en la distribución de bienes y cuya expulsión fue el resultado del agotamiento de sus medios para sostener su pertenencia a dicho espacio de bienestar.

Nótese el proceso en la siguiente crónica registrada en trabajo de campo en el estado de Tabasco en 2015. Se trata de un joven no mayor de 16 años; él debería estar en la escuela, viviendo los dilemas emocionales de un joven promedio, procesando las decepciones amorosas de la juventud, afirmando sus lealtades con los hermanos, los padres, los amigos del aula o de la calle. Pero su realidad es otra: es un halcón, un vigía de narcotraficantes que tiene bajo su responsabilidad la vigilancia de los operativos de seguridad; este halcón avisa a los jefes de plaza de la llegada, salida o tránsito de las fuerzas del Estado. En otro testimonio recabado en 2017 en un camino hacia la zona purépecha en el estado de Michoacán se recabaron datos que dan cuenta de la gravedad de este fenómeno: de 3000 a 5000 pesos por semana recibe otro joven por este empleo (250 dólares); por supuesto ya abandonó la escuela, y todo indica que su perspectiva de vida será no mayor a cinco años a partir de su ingreso al crimen organizado.

En un testimonio recabado en junio de 2019 en una zona agrícola en el estado de Michoacán se oye decir a un joven de la localidad: “Prefiero vivir cinco años chingón (muy bien) que 20 o 30 años en la mierda” es una expresión común entre los jóvenes de esta comunidad, la mayor parte de ellos surgidos de familias disfuncionales en las cuales prima la violencia intrafamiliar, las agresiones sexuales, la semiesclavitud o, simple y llanamente, de donde hay ausencia de incentivos para salir adelante que eviten que este joven termine desvinculado o separado de la red familiar, situación idónea para que la otra familia (el crimen organizado) lo integre a su dinámica.

Posiblemente las razones de su deserción o expulsión sean más simples y, por ello, más dramáticas. En este sentido, el rompimiento del tejido familiar es un proceso lógico derivado de la falta de opciones de progreso. Algunas de las dinámicas descritas a continuación corresponden a trabajos de campo realizados en Oaxaca, Puebla y Veracruz en 2017 y 2018 y que muestran una misma lógica. El padre no tiene trabajo, la madre es un ama de casa que nunca ha pertenecido al mundo laboral; viven en una comunidad alejada de los centros de desarrollo, ignorada por décadas por los políticos y por las políticas de la caridad. La falta de fertilizantes y los efectos del cambio climático tienen efectos devastadores en el sector agrícola de subsistencia, aunque esto no es privativo del campo; esta situación les deja una cantidad ínfima de la cosecha, que regularmente es para autoconsumo. Sus perspectivas de vida son casi nulas a menos de que opten por dos salidas igualmente riesgosas: migrar hacia los Estados Unidos buscando que la suerte les permita pasar a trabajar y con ello salvar a la familia del hambre, o integrarse al único empleo seguro que se oferta en el pueblo: transportista de droga, halcón, sicario, enganche de mujeres para la prostitución o una amplia variedad de labores que ofrece el único proveedor de bienes en el pueblo: el crimen organizado.

Signo y síntoma de los problemas del Estado y de la política pública: el crimen organizado se constituye en un competidor social de la política pública de desarrollo. El narco provee de libretas, mochilas, arregla espacios educativos, celebra fiestas infantiles en las cuales los infantes del pueblo ven por primera vez un juguete nuevo que les pertenece; y en retribución la comunidad le dota al narco de legitimidad, de cobijo, de protección, por eso se vuelve complicado para las fuerzas de seguridad (aquellas que sí quieren atrapar al delincuente) dar con estas personas: ellos, los señores del narco, son posiblemente la única alternativa de movilidad social (Emmerich, 2011), de protección, de seguridad, de pertenencia e incluso de poder.

Esta situación se asienta y florece sobre la base de un negocio boyante, en plenitud y con un poder corruptor proporcional a sus dimensiones globales. El informe Mundial de Drogas 2018 indica que en el año 2016 se incautaron 87 toneladas de opiáceos farmacéuticos, responsables de 76% de las muertes vinculadas al consumo de drogas psicoactivas; la producción mundial de cocaína alcanzó en ese mismo año la escalofriante cifra de 1,410 toneladas; de opiáceos la cifra alcanzada entre 2016 y 2017 fue de 10,500 toneladas, además de que se tiene registro de consumidores de marihuana por arriba de los 192 millones que afirmaron haber consumido esta droga al menos una vez en el año 2016, ello sin contar con una cifra global en aumento: 275 millones de personas (5.6% de la población mundial) que afirma haber consumido drogas por lo menos una vez al año.

FUNDAMENTO TEÓRICO

Ponderación de las dimensiones y los impactos de la droga en el mundo.

La vulnerabilidad o riesgo de caer en el consumo de drogas es muy alto en las edades tempranas de los jóvenes, especialmente entre los 12 y 14 años; de los 15 a los 17 y de los 18 a los 25 según las Naciones Unidas en su informe global sobre lucha contra las drogas. Estas edades se corresponden casi a la perfección en lo que se refiere a los riesgos de establecer un vínculo “laboral” entre los jóvenes y el crimen organizado. Exactamente la misma edad en que los potenciales migrantes deciden acometer la experiencia de la movilidad.

El otro mundo, el de los migrantes, tiene exactamente el mismo origen: la exclusión, la expulsión o la desestructuración de las redes familiares y comunitarias, de su espacio vital. En los migrantes se distingue el fenómeno más injusto que pueda ocurrir a un ser humano: la generación de un proceso de triple exclusión (Urbano, 2015), que se puede resumir de la siguiente forma: en su nación de origen la exclusión nace de la violencia, la pobreza, la mala gestión de los cambios generados por el cambio climático; la segunda exclusión se verifica en su tránsito, en el cual padece la desprotección del Estado y la agresión del crimen organizado, entre otros. La tercera exclusión se identifica en el país de acogida, donde el inmigrado inicia la lucha por su integración. Mientras eso sucede, padecerá las consecuencias de su indocumentalidad: explotación, desprecio, semiesclavitud, racismo, xenofobia (Zapata-Barrero, 2009).

Desde esta perspectiva, el migrante internacional sufre una triple exclusión, una triple expulsión, y se le integra en un mundo paralelo, un mundo en el cual la transición entre la figura de ilegal y la de ciudadano de plenos derechos se pospone indefinidamente y este espacio temporal convoca a los interesados en la explotación del inmigrado (Ruiz López, 2001) para aprovechar, valga el juego de palabras, las ventajas de su desventaja social.

Pero esta explotación no es sólo responsabilidad ni autoría del Estado. De hecho, es posiblemente la ciudadanía la que someta a las mayores agresiones a estos seres humanos. Pensemos en la apacible señora que, sentada en los últimos días de agosto de 2019 a las afueras de su comercio, ubicado en la zona de tránsito en Tierra Blanca, Veracruz, mira pasar cotidianamente a cientos de migrantes, especialmente de Tegucigalpa, San Pedro Sula o Comayagua en Honduras. Muchos pasan a este comercio a comprar agua, a proveerse de alimentos o medicinas. Durante los trabajos de campo que se realizaron a bordo de la bestia en 2017 en la ruta migratoria de Tenosique, Tabasco a Coatzacoalcos, Veracruz, se pudieron detectar situaciones de explotación hormiga. Una persona, que normalmente cobra a los ciudadanos nacionales 10 a 15 pesos (50-60 centavos de dólar) por agua, a los migrantes se las cobra a 60 (2.5 a 3 dólares); o el taxista que traslada a personas nacionales por una ruta de 30 kilómetros al precio de 20 pesos (90 centavos de dólar) y que al migrante le cobra 200 pesos (8-9 dólares). Todos y cada uno de ellos establecen una relación de subordinación en perjuicio del migrante, lo que supone que tal persona estará sujeta al oportunismo de una ciudadanía que, en sus acciones, reproduce la exclusión que el Estado instrumentaliza en sus estrategias de contención y represión (Márquez Covarrubias, 2012). El migrante es un mercado, es una fuente de plusvalía, y estos beneficios sólo son posibles bajo la condición de que transiten en la irregularidad. Dicho de otra forma, la clandestinización de su viaje es requisito ineludible para su explotación.

Signo y síntoma. La estilización del desprecio por la vida. En los dos casos, tanto en el caso del narcotráfico como en el caso de la movilidad migratoria internacional, opera una valoración de las más graves consecuencias para las poblaciones migrantes y aquellas vinculadas al narcotráfico: la estética de la violencia o la estética de la explotación:

La violencia empieza en las cosas y se prolonga a las personas, en una realidad social en la que todo se transmuta en objetos y estos en potenciales mercancías. No están desvinculadas las formas de consumos conspicuos que generan islas de desechos y las formas de la violencia que producen fosas comunes (en las que yacen cuerpos desprovistos de nombre y biografía) (Inclán, 2018).

El narco ha establecido una estrategia de dominio de las rutas de movilidad migratoria. El acecho de las fuerzas de seguridad le ha obligado a diversificar el negocio para diversificar riesgos. La ruta migratoria es un espacio idóneo para lograr este objetivo. Cobrar el derecho de paso de los traficantes de personas, establecer estrategias conjuntas para aumentar el negocio; secuestrar a migrantes para pedir dinero a cambio de su libertad o de su vida tienen, si cabe, un agravante: la estética determina el grado de utilidad del propio migrante. Valga un ejemplo: para un narcotraficante vinculado a la trata (CNDH, 2019), una mujer de baja estatura, morena, con sobrepeso, es una persona que sólo puede ser usada para labores de limpieza o trabajos de ese perfil; para el mismo narcotraficante, una mujer con un cuerpo estético, sin sobrepeso, de cierta nacionalidad, supone la posibilidad de una explotación más diversificada: trata, explotación sexual, etc. Para una y para otra se establece un costo, un tabulador diferenciado y una temporalidad de explotación y plusvalía distinto. La estética en este caso determina el destino de cada una de las mujeres captadas. Su cuerpo es valorado de tal forma que se establece algo que podemos denominar un itinerario de uso y un tiempo de rentabilidad.

Para el hombre migrante, con sus diferentes modalidades, la estética de la violencia opera de la misma forma, pero con una diversificación menos “atractiva” para su explotación. Frecuentemente su “uso” se refiere al reclutamiento para formar parte del crimen organizado,[i] como una especie de salida laboral, dadas las dificultades crecientes para cruzar la frontera del país de destino. Otra salida es su integración en la logística del transporte de la droga en zonas fronterizas, esto es, obligarlos a pasar la droga por zonas no vigiladas a cambio de un paso relativamente seguro. Algunos de estos jóvenes migrantes refieren la necesidad de ponerse la alfombra: colocarse, literalmente, partes de una alfombra en la suela de los zapatos a fin de no dejar huella en la zona desértica y pasar la droga sin interferencias.

El migrante no es un narcotraficante, el narcotraficante no coincide con la lógica ni con los objetivos de los y las migrantes. Sin embargo, se cruzan en sus caminos, en la ruta de desplazamiento; son ajenos en sus motivaciones, pero coinciden en la instrumentalización de sus cuerpos, en la rentabilización de sus frustraciones y en el aprovechamiento de su clandestinidad: “La exclusión de la diferencia constituye la negación de lo humano y, por ende, la deshumanización de la vida sobre las consignas del odio y el repudio” (Arcila y Vargas, 2017).

Evidencia de la convergencia de caminos entre el narcotráfico y la movilidad migratoria

El testimonio se documentó en el año 2017 y corresponde a una persona inmigrada en México reconocida como refugiada. Se trata de una mujer en El Salvador, madre soltera, abandonada por la pareja luego del segundo embarazo. Ella —casi analfabeta, trabajadora del hogar y con dos hijos de nueve y 13 años— es abordada en su hogar por miembros de una de las maras que extorsionan, secuestran y trafican con drogas en el país y que dominan literalmente esta comunidad salvadoreña. Se le invita a integrar a su hijo mayor a la clica, la familia de las maras. Es el tiempo del joven de 13 años. La madre se niega a entregar a su hijo y como respuesta recibe una amenaza: “mañana regresamos por él, si no lo entregas lo matamos”, reza el aviso.[ii]

Se cumple el día y los mareros regresan al hogar de la madre. Ella sigue insistiendo en no entregar a su hijo. Frente a ella el adolescente es ejecutado. Nuevo aviso a la madre: “mañana venimos por el niño. Si no lo entregas los matamos a los dos…” frente a este escenario de terror, la madre opta por una opción apenas diferente a la de la violencia ejercida por los mareros: enviar a su hijo solo o con alguien apenas conocido a la frontera con México para que trate de salvar su vida mientras ella se esconde en algún lugar alejado de su casa, pues debe cuidar las pocas pertenencias de su patrimonio. El jovencito de nueve años es enviado en el autobús con apenas el equivalente a 20 dólares y sin ninguna red de protección. La exposición a los traficantes, secuestradores o tratantes es alta. En esta correlación perversa entre el narcotráfico y la migración, el crimen organizado es el responsable del agravamiento del fenómeno de los niños no acompañados. Sólo entre enero y abril de 2019, Unicef identificó a 15,500 niños no acompañados, muchos de ellos desplazados por los mismos motivos que los de la familia descrita anteriormente.

El otro lado del proceso. Una celebración en uno de los muchos pueblos de la sierra de Michoacán.[iii] Hay más de 1,000 personas congregadas en la plaza cívica; la mayor parte son niños menores de 12 años; hay más mujeres que hombres, quienes se encuentran en las labores agrícolas. No falta nada: comida, juguetes, despensas para las amas de casa, todo ello cortesía del patrón. A la par de los juguetes, mochilas, libretas, lápices, loncheras. El patrón pensó en todo aquello que fortalece la lealtad de los pobladores, que toca su itinerario de vida: comida, salud, educación, diversión.

La crónica y el testimonio de vida que se presenta corresponden al diálogo con dos jóvenes de la purépecha michoacana entre 2014 y 2015. Los más jóvenes han migrado, los más viejos están en el campo, las mujeres y los niños son lo único que queda del tejido social que sostenía a las familias tradicionales. Todo ese entramado social ha sido sustituido por una lealtad condicionada a la prebenda o la amenaza; las prácticas sociales están definitivamente asociadas a la migración, producción y distribución de la droga y a la transferencia de remesas: “cuando sea grande quiero ser narco”, “cuando termine la primaria me voy para el norte”. La migración o la pertenencia al crimen organizado son las únicas dos alternativas de movilidad social en los jóvenes de primaria. El Estado y su política pública no aparecen, salvo en las épocas en las que se requiere su voto para preservar en el poder al partido en turno.

Disociar la correlación entre migración y tráfico de drogas, dotarle de adjetivos y valores cuya idea general es definir a estos asuntos como externos y ajenos al supuesto del diseño de política de desarrollo, eximir a la sociedad y a la política pública de la responsabilidad por su atención para colocar estos temas en la agenda securitaria es el terreno propicio que permite el ejercicio de diferentes tipos de violencia, entre ellas las del crimen organizado. Ahí la intencionalidad estatal.

Por supuesto, un camino alternativo vendría de la construcción de una valoración integral y no disociada en el diseño de las políticas de desarrollo en ambos casos:

Atender a las normas y estándares internacionales, especialmente los que se originan de la Agenda 2030 sobre desarrollo sustentable e integrarlos a la política de desarrollo local. El gobierno de este país ha aceptado los términos de la Agenda sobre Desarrollo Sustentable y por ello las organizaciones de la sociedad civil y los gobiernos locales tienen herramientas para negociar con el centro una posible ampliación de medios para dar seguimiento a la operatividad de tales compromisos.

En materia de política educativa se requiere un retorno a las materias de formación cívica en un contexto global, que integren la materia migratoria (tolerancia, diversidad) y de tráfico de drogas (salud, integración) para que los niños y los jóvenes del futuro sean formados en el reconocimiento de la migración como un asunto natural de la evolución de la sociedad y consideren el problema de las drogas como un asunto de responsabilidad compartida. Por esto, una primera estrategia corresponde a iniciativas de orden legislativo que rediseñen el itinerario formativo de los alumnos.

Se trata de estrategias de largo plazo. El narcotráfico está tan imbricado en el funcionamiento del sistema de naciones que ya no se entiende su funcionamiento sin la aquiescencia, falla o intencionalidad de los actores directamente asociados, entre ellos obviamente el Estado. De la misma forma la migración, cuya dinámica contemporánea no se puede analizar sin la modulación que le ha impreso la política migratoria estatal desde hace por lo menos un siglo. Ambos fenómenos requieren dos estrategias en apariencia discordantes, pero profundamente complementarios: que el Estado retome la iniciativa en la restauración del tejido social desde la premisa de la recuperación del territorio, es decir, volver a la localidad. Algunas de las acciones más urgentes pasan por un nuevo pacto fiscal que reconozca la vulnerabilidad diferenciada ente estados ante estos retos; el fortalecimiento de los criterios de políticas de desarrollo anclados al índice de movilidad migratoria; la recuperación de las iniciativas educativas en aquellas zonas azotadas por el narco; la renovación de los acuerdos bilaterales de movilidad migratoria (Guatemala y Canadá) para ampliar su cobertura; por el otro lado, que se fortalezcan los mecanismos de vigilancia que permitan verificar el cumplimiento de la integración de tales asuntos en la agenda de desarrollo social (Agenda 2030), es decir, internacionalizar las herramientas de vigilancia de las políticas locales de desarrollo. En otras palabras, desecuritizar la migración y el tráfico de drogas.

MÉTODO

La presente investigación parte de una estrategia de orden comparativa. Se define la comunidad y la sincronía de los procesos que intervienen en el desarrollo y evolución de los fenómenos de referencia; su utilizan dos herramientas esenciales: el acervo documental (estadísticas, análisis, informes) y se busca darle coherencia y sincronía a partir de la presentación de experiencias de vida. No hay criterios de exclusión ni de inclusión pues la investigación no tiene poblaciones focales.

Diseño

En la presente investigación hay trabajo de campo en el marco de proyectos de organización social y emprendimiento. Su solidez se origina en proyectos sustentados en un marco lógico y en organización participativa. Derivado de estas herramientas de intervención y gestoría, se logran acumular experiencias de vida de los actores locales. A tal efecto, debe resaltarse que tales testimonios no son ex profeso para la investigación, sino son resultado de otras iniciativas sociales que han sido usadas para fortalecer el proyecto presente. Las entrevistas fueron realizadas en la comunidad de La Patrona, en el estado de Veracruz, durante labores de apoyo en la estancia gestionada por el colectivo Las Patronas; en el Albergue La 72, en Tenosique, estado de Tabasco; en el albergue Casa Tochán en la Ciudad de México, además de testimonios recabados durante el viaje en el tren de carga llamado La bestia, realizado por el autor. Todos estos eventos se realizaron en diversos años, que van desde 2004 y hasta 2019.

Instrumentos

La técnica es esencialmente documental, no hay entrevistas sino testimonios pues la investigación no pretende la elaboración de estudios basados en entrevistas; el trabajo de campo es sólo complementario y derivado de otras experiencias; se ha usado para dar sentido y coherencia desde una perspectiva social y local, a dos fenómenos inicialmente interpretados como ajenos en sus dinámicas.

Procedimientos

Las fases de trabajo en la presenta investigación son básicas: a) organización y diseño del proyecto; b) estructuración; c) búsqueda y organización de la documentación; d) sistematización de la información acopiada; e) análisis y redacción; f) organización de resultados. Se reitera que los testimonios de vida son resultado de proyectos precedentes pero que han sido utilizados para complementar los análisis.

CONCLUSIONES

La movilidad migratoria y el tráfico de drogas son fenómenos inconexos, vista la intencionalidad de los actores centrales (migrantes y narcos), pero a la vez se construyen sólidos vínculos y sincronías, que se consolidan sobre la base de los resultados de una política de gestión estatal que clandestiniza a la movilidad migratoria, lo que dota a este fenómeno de la condición de riesgo o amenaza. Esta misma dinámica opera para la política de lucha contra el narcotráfico y es precisamente en este proceso en que convergen tales fenómenos: la ilegalidad como expresión de rechazo desde una lectura punitiva (narcotráfico) y de ilegalización como expresión que justifica la restricción de derechos y el rechazo social (migración). México como una de las naciones más afectadas por ambos fenómenos, sufre de esta asincronía en el diseño de la política pública en ambas materias. Tanto la política de prevención, atención y reducción de la farmacodependencia, como la política de gestión de fronteras, acompañamiento, protección y desarrollo asociado a la migración se manifiestan en tiempos y objetivos profundamente diferenciados.

En segundo lugar, la localidad es el espacio en que se verifica en su sentido instrumental esta correlación. La pobreza, la exclusión, el racismo y la violencia entre otros marcan una dinámica en que emergen los incentivos a la movilidad humana, a la vez que dicha situación se vuelve terreno fértil para la aparición del narcotráfico como un competidor social de la política pública. La vulnerabilidad social provee materia al narcotraficante (personas desempleadas, violentadas, excluidas) para fortalecer su presencia en la localidad. El migrante potencial o el que ha emprendido el proyecto de movilidad, se constituyen en dos pilares básicos para su fortalecimiento. Algunos estados en esta situación son aquellos que se ubican en el circuito de movilidad migratoria en el Golfo de México como Oaxaca, Tabasco, Veracruz y Tamaulipas, entre otros. Por este circuito transitan poblaciones migrantes cuyo perfil es en términos generales: de origen campesino, jóvenes en plena edad productiva e integrados recientemente a una red migratoria entre algunas de las características más importantes.

Ciertamente en este proceso de sincronía en que el migrante aparece como objeto de explotación se identifica claramente la idea de adiaforización (Bauman, 2016) en que la sociedad y la política pública se eximen de responsabilidad por el bienestar y la vida de los y las migrantes, dejando espacio abierto para que otros actores hagan uso de su vulnerabilidad, ejerciendo sobre ellos la violencia sobre sus cuerpos, fuente de alta rentabilidad para el narcotráfico.

Acometer una nueva gestión sobre estos dos fenómenos sociales equivale a darles un sentido de eventos sincrónicos, correlacionados, cuya primera acción sería la recuperación del territorio, en que la localidad sea recuperada como espacio de fortalecimiento de las políticas de desarrollo, dando énfasis al criterio de alta intensidad migratoria. Las políticas de incentivo fiscal, de descentralización, capacitación y certificación serían instrumentos pertinentes a la situación, especialmente porque en el México existen estados cuya migración es apenas marginal, en tanto que en otras hay una verdadera sangría de poblaciones. Por ejemplo, Guanajuato, Oaxaca, Zacatecas, Michoacán, Guerrero o Puebla se resaltan por ser los primeros expulsores de migrantes, estados para los cuales se requieren políticas de atención prioritaria. Del lado opuesto, entidades como Baja California, Quintana Roo o Baja California Sur, tienen índices residuales de movilidad migratoria, para las cuales no se requiere una política migratoria amplia En muchas de ellas convergen la alta migración con la presencia del narcotráfico.

Otra vertiente de atención a estas problemáticas descansa en la sincronía entre la política de desarrollo local, la migración y los criterios planteados por las convenciones internacionales en materia de migración. La Agenda 2030 para el Desarrollo Sustentable ha marcado una ruta de trabajo en que el migrante ha sido reconocido como actor relevante en los procesos de desarrollo global. Aterrizar dicha agenda en las políticas de desarrollo local es estratégico por dos razones: por un lado, que se trabaja desde estándares internacionales y, en segundo lugar, que se diseña una política de desarrollo local sujeta de revisión internacional.

Adicionalmente, es necesario que futuras investigaciones acometan el diseño de criterios de intervención en las localidades invadidas por el narcotráfico y que a su vez tienen altas tasas de movilidad migratoria. Los niveles de tensión identificados en estos espacios obligan a una presencia más sólida y consistente del Estado, pero dando menos peso a las acciones de securitización y confrontación, y más a las políticas de desarrollo. De la misma forma, será de la mayor relevancia el estudio sobre un itinerario de retorno, es decir, las acciones que permitirían que los jóvenes, la población más afectada por el reclutamiento del narcotráfico, retornaran a una vida social digna. Las becas o la transferencia monetaria son ineficientes si antes no se mejoran las condiciones socioeconómicas de la localidad, además de quitar el papel de competidor social al crimen organizado, proceso que ciertamente debe medirse por décadas y no por sexenios.

En el comienzo de la segunda década del siglo XXI, el sistema de naciones ha visto aparecer la expresión pandemia en un sentido global. Durante décadas asociada a las regiones pobres y valorada como síntoma de los problemas propios del subdesarrollo, la pandemia del Covid-19 ha venido a democratizar aunque sea momentáneamente, la incertidumbre, el miedo y la inestabilidad en naciones ricas y pobres por igual. Es cierto que después esa igualdad ha dado paso a la ratificación de las diferencias de capacidad a través de las estrategias de acaparamiento de vacunas y del fortalecimiento del papel de las empresas transnacionales dedicadas a la investigación contra el virus en las naciones hegemónicas, en tanto las regiones atrasadas quedan a la espera de un reparto de las vacunas que desde un principio se establece como profundamente inequitativo, propio de la asimetría de poderes entre estados.

En este escenario de pandemia global se abre paso, como en otros momentos históricos, la construcción de una necesidad de cierre de fronteras. Razones, pretextos o coyunturas, la política de restricción es un patrón de comportamiento de los países de tránsito o recepción que nada extraña, salvo que ahora el objeto de la paranoia sea el Covid-19 como en otros momentos lo ha sido el terrorismo, las crisis económicas, los conflictos fronterizos o la inestabilidad interna de los estados de origen, entre otros muchos.

Por ello, debemos ser cautos a fin de no apresurar resultados sobre un presunto agravamiento de los problemas de la movilidad migratoria. En todo caso debemos cuestionarnos sobre el Covid-19 como parte de los factores que han venido a legitimar ante la opinión pública de los países receptores, las acciones de rechazo a los y las inmigrantes. Además, no debemos olvidar que hacia el exterior las herramientas de protección como el refugio ya estaban en crisis antes de la pandemia, además de que las muertes se habían elevado exponencialmente en el Mediterráneo desde la crisis de Libia y Siria, años antes del Covid-19. En realidad, la pandemia, más que agravar la situación de los flujos migratorios, ha venido a ratificar las políticas de retracción de fronteras y de una baja de los movimientos migratorios, situación que va a cambiar a partir del cambio de narrativa en política migratoria de parte de la administración Biden, además de la pérdida de poder de fuerzas de extrema derecha en países referentes que en su momento han liderado las políticas de criminalización de las poblaciones inmigradas. Los y las migrantes viven cotidianamente en graves problema de exclusión, violencia y explotación; en todo caso lo que ha cambiado es la razón de su rechazo, no las graves condiciones estructurales que propician su movilidad misma.

Lo mismo sucede con el narcotráfico. Como todo negocio organizado, con seguridad estará buscando diversificar sus riesgos, tratando de identificar fuentes alternas de ingresos, pero entre tanto, el tráfico y la trata son mercados prósperos que aumentan sus ingresos paralelamente al cierre de las fronteras, es decir, la retracción derivada del Covid tiene efectos en el aumento del costo de traficar migrantes. El virus al parecer le concede nuevas ventanas de oportunidad a uno de los negocios más boyantes del crimen transnacional. Hemos de ratificar: gestionar a la movilidad migratorias sin enfrentar adecuadamente al tráfico de drogas desde la dimensión de la salud, la prevención, y por supuesto la seguridad, es el escenario ideal para el mantenimiento de la prosperidad de ambos mercados, en detrimento de la integridad de los y las migrantes internacionales.

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Notas

Notas de autor