Aproximaciones al abordaje de los procesos migratorios contemporáneos en la Argentina

El estudio de las migraciones en la Argentina en esta segunda década del Siglo XXI constituye un desafío, no sólo por las complejidades que presenta como objeto de investigación, sino sobre todo por la dinámica que presenta el contexto socio, político y económico en que se inscriben. En pocos años, se revierte la tendencia que podría caracterizar a la política migratoria como de gestión de las migraciones (Domenech, 2007), a una clara política de control de ingresos, agudizada por una fuerte impronta xenófoba que atraviesa los discursos mediáticos y políticos.

En este contexto, ni siquiera las instituciones internacionales son consideradas en la agenda política cuando abordan específicamente la situación de derecho de las poblaciones migrantes³. Paralelamente, la movilidad territorial de la población es un hecho constante de las sociedades contemporáneas que -aunque se pretenda desde los discursos oficiales- no puede ignorarse, con impactos significativos en las economías locales, sobre todo en su condición de mano de obra precarizada.

Como señalan varios autores, (Castillo García, 2000; Sassone y Yepez del Castillo, 2014; Domenech, 2017), es evidente que la globalización y las formas que adquiere el capitalismo en la actualidad propician estos procesos, pero en la actualidad las migraciones muestran una trama causal y motivacional muy compleja, que excede una perspectiva de análisis sólo en torno a las relaciones económicas. Si bien en una primera instancia aparecen las motivaciones laborales como principal causa de desplazamiento, éstas se hallan asociadas a otros factores, que se evidencian explícita o implícitamente, tales como los familiares (revinculación o reunificación familiar, estrategias de cuidado), sociales (religiosos, culturales, ambientales, de accesibilidad, entre otros) y políticos (aquellos que derivan de situaciones de violencia, persecución o inseguridad). Esta mutipluralidad de factores incide en el aumento de la dificultades analíticas que presenta el abordaje de las migraciones contemporáneas, sobre todo en países como Argentina, ya que -tal como plantea Castillo García (2018)- estos factores no se presentan de forma aislada: confluyen en forma combinada, de manera que no es fácil -desde el punto de vista metodológico- abordar específicamente la importancia relativa de cada uno de ellos, y en consecuencia, como interactúan y se condicionan en las trayectorias de vida de los sujetos.

Por otra parte, se observa que en el plano microsocial, los movimientos de población representan un escenario de cambio / crisis para los sujetos que los viven, no sólo por lo que implica el desarraigo, sino -y sobre todo- por los efectos que tiene en relación a la redefinición de los vínculos y la relación con su contexto, pudiendo encuadrase como estrategias específicas colectivas, familiares o individuales, de satisfacción de necesidades, que requiere de enfoque teóricos y metodológicos desde una perspectiva interdisciplinaria.

Para los sujetos, el nuevo medio, que se constituye como lugar y territorio para la consolidación de estas trayectorias personales, familiares o colectivas, se presenta como desconocido y reacciona con diversas formas de resistencia al que llega. Esto implica que la migración sea vivida por los sujetos como una situación de alta vulnerabilidad, donde los accesos a los servicios básicos se hallan altamente comprometidos y la apropiación del territorio, como espacio de prácticas sociales, se halle atravesada por la tensión existente entre la necesidad de inclusión y la redefinición de identidades.

Si bien existen numerosos trabajos que señalan la relevancia de la dimensión territorial más allá de la dimensión espacial, es interesante considerar la incidencia que presenta esta perspectiva del territorio -con sus implicancias sociales y políticas- para el estudio de los procesos migratorios. Ello permite abordar con mayor profundidad la relación existente entre las intervenciones (o las ausencias) del Estado a nivel local con respecto a esta problemática, con las tensiones y contradicciones que atraviesan la accesibilidad a las políticas públicas en el cotidiano de la población migrante. Si bien se han encontrado algunos autores (Coraza de los Santos, 2018; Castillo García, 2018) que planean este abordaje, sería interesante explorar más en profundidad las formas en que la población migrante se “apropia” -en un sentido integral- del territorio y el lugar que representan las organizaciones colectivas en su proceso de reificación social.

Las migraciones en la Argentina durante el Modelos Agroexportador y el Modelo de Sustitución de Importaciones⁴

Varios autores (Devoto, 2009; Novick, 2014; Calvelo, 2007; Domenech, 2000; Benencia, 2007, entre otros) analizan las características de las inmigraciones en la Argentina durante el Siglo XIX, hasta mediados del Siglo XX. El fenómeno migratorio en la Argentina presenta un papel preponderante no solo en torno a las dinámicas demográficas y al crecimiento poblacional, sino también en la construcción del ideario que sustentaron la constitución del Estado durante el Siglo XIX: crisol de razas, granero del mundo, nociones con que el imaginario popular caracterizaron la conformación de la sociedad argentina, exaltando el fenómeno migratorio y velando sus claroscuros y lo que representaba en términos sociales la nueva conformación de la estructura social que implicaba la inserción de la población migrante.

La migración de masas ultramar fue uno de los fenómenos que caracterizaron la estructura poblacional argentina entre me­diados del Siglo XIX y principios del Siglo XX, Dicho fenómeno no fue privativo de nuestro país, ya que Devoto (2007) refiere que se estima que más de 55 millones de europeos se desplazaron hacia América entre 1820 y 1924, flujo que continúa -aunque en menor medida- hasta después de la Segunda Guerra Mundial. Argentina aparece como un destino prioritario: los migrantes llegaban a nuestro país desde una Europa agobiada por el malestar político y la depresión económica de las décadas de 1870 y 1880, particularmente en los países del sudeste (Italia y España principalmente), en cierta manera buscando paliar los efectos más álgidos del capitalismo, a través de la “colocación” de mano de obra en otras tierras, y la consecuente creación de nuevos mercados de consumo.

Rapoport (2010) refiere que existen también un conjunto de causas internas que favorecieron este proceso, tales como la disminución de las guerras internas, el surgimiento y consolidación del comercio y consumo en nuestro país, y la subordinación productiva al mercado externo, que generaron la consolidación del Modelo Agroexportador (Torrado, 2010). Este es el momento de mayor flujo migratorio de la historia argentina, que se expresa cuantitativamente en el segundo Censo Nacional (1895), donde se observa que el 25,4 % de los habitantes son extranjeros, continuado la tendencia de aumento hasta el año 1914, donde un 29,9 % de la población es extranjera. Cabe aclarar que durante el mismo período, se observa una importante movilización de argentinos entre provincias vecinas (Reboratti, 1995).

La crisis del ’29 incide en el flujo de las corrientes migratorias internacionales, impactando como es de prever en la Argentina: el saldo migratorio se reduce considerablemente y se modifica el origen de los extranjeros (principalmente de Alemania, Polonia y URSS), derivado de la Segunda Guerra Mundial.

En 1945 se inicia un período de ampliación y consolidación del mercado interno, que se caracteriza por el cambio del flujo de la corriente migratoria: la migración pasa a ser fundamentalmente interna, con un incremento continuo del flujo de inmigrantes de países limítrofes (fundamentalmente bolivianos, paraguayos y chilenos) que se asientan principalmente en los grandes centros urbanos (Gran Buenos Aires y zona Metropolitana, Córdoba y Rosario), atraídos por un mercado de trabajo formal y en expansión en el momento de auge del Modelo de Sustitución de Importaciones. En este período continúa el flujo de migración interna, que alcanza durante los años 1960- 1970, una tasa anual del 11,5 por mil (Reboratti, 1995).

En ambos Modelos, en términos de política pública, la variable población es percibida como parte integrante de la política global de desarrollo, y como un elemento clave para la concreción del proyecto político. Tal como señala Novick (1997), a diferencia de otros países de la región, Argentina presenta una trayectoria extensa y temprana en la formulación de políticas migratorias, que fluctúa entre distintas perspectivas sobre el migrante. Al respecto, Domenech plantea:

“A lo largo de más de un siglo de inmigración en el país, el discurso oficial del Estado argentino ha oscilado entre una visión que contempla la inmigración como contribución o aporte y otra que la concibe en términos de problema o amenaza, lo cual configura, en cierta forma, un sistema de clasificación que distingue entre potenciales admitidos o rechazados, ya sea para ingresar y permanecer en el territorio o para formar parte de la nación. Esto no significa que la relación entre locales/inmigrantes o nacionales/ extranjeros se reduzca simplemente a una relación aceptación/rechazo. Pero más allá de la política permisiva o restrictiva desarrollada en el país, distintas fórmulas de exclusión han tenido lugar a lo largo de toda la historia migratoria argentina y al Estado como uno de sus principales promotores. Hubo siempre una notable preferencia por las corrientes migratorias europeas (a su vez, algunas de ellas en particular) frente a las latinoamericanas y los criterios de clasificación se basaron no sólo en el origen de los flujos migratorios, sino también en su composición: los enfermos, los viejos, los discapacitados y los anarquistas engrosaron también la lista de los inmigrantes indeseables” (2007, p. 75).

No obstante ello, durante el Modelo de Sustitución de Importaciones, la idea de integración latinoamericana fue uno de los argumentos que legitimaron la política de amnistías en materia migratoria iniciada por los gobiernos justicialistas, que fue continuada por los gobiernos democráticos del período (Novick, 1997). Con posterioridad al gobierno de Frondizi, se inicia una etapa donde se profundiza la estrategia de inmigración selectiva, basada más en cuestiones político-étnicas que en una estrategia específica de desarrollo. Se observa aquí como una política explícita de población incide en la consolidación de perspectivas discriminatorias sobre el inmigrante que persisten hasta la actualidad.

El impacto del Modelo Aperturista en las migraciones

Durante el proceso de apertura económica que se inicia a mediados de la década del 70 se observa una transformación en la composición del flujo migratorio, en consonancia con las modificaciones estructurales que comienzan a gestarse. El cambio en la estructura del empleo impacta en una creciente feminización de las corrientes migratorias, provenientes de zonas del mismo país afectadas por el desempleo y la precarización laboral, y de los países limítrofes y Perú, impactados también por los efectos del Neoliberalismo. Aparece, asimismo, un incremento de la emigración -sobre todo de sectores medios hacia países más europeos-.ante el aumento de la desocupación y la flexibilización laboral y la incertidumbre que brindaba el contexto recesivo.

En el marco de las profundas transformaciones económicas modificaciones económicas que impone la implementación del Neoliberalismo, la temática migratoria constituye para el gobierno militar uno de los temas de agenda. En el año 1977, a través del Decreto 3938, comienzan a plasmarse modificaciones concretas en este sentido, partiendo de la idea de que era necesario el crecimiento de la población argentina para lo cual se necesitaba de la población inmigrante, pero introduciendo ciertos criterios de selectividad bajo el lema de que era necesario que los nuevos inmigrantes sean culturalmente integrables.

En 1981, La Ley Nº 22.439, Ley General de Migraciones y Fomento de la Inmigración (Ley Videla) regla expresamente la expulsión de extranjeros. La autoridad de migración podrá “conminar a hacer abandono del país en el plazo que fije, o disponer la expulsión, de todo extranjero que no cumpla o viole las disposiciones de la presente y de las respectivas reglamentaciones”. Se plantea la expulsión en dos situaciones: a aquellos que teniendo residencia legal la pierden, y a aquellos que desde el ingreso no cumplen con los requisitos para permanecer en el país, estipulando asimismo la ilegalidad del ingreso y acentuando la situación de indefensión del inmigrante y reduciendo a su mínima expresión sus derechos. Como señala Lelio Mármora:

“… habilitando la detención sin orden judicial, así como los allanamientos de hogares donde se sospechaba que se encontraban migrantes irregulares, obliga a denunciar a aquellos extranjeros sin la documentación requerida para residir en el país, restringe el acceso a la salud, educación y trabajo a los migrantes en situación irregular, y limita las posibilidades de realizar trámites de radicación a aquellos migrantes que deseaban hacerlo una vez instalados en el país” (2004, p. 60).

La década de 1990 significó la consolidación de este nuevo modelo socioeconómico, que no sólo supuso nuevos patrones de inserción del país en la economía global, sino también nuevas formas de relación de los hogares con el mercado de trabajo y con el Estado, que impactaron dramáticamente en la estructura social argentina, a través de las modificaciones producidas en el mercado de trabajo. La precarización en las condiciones de trabajo, la pérdida del poder adquisitivo del salario, el aumento de la desocupación, impactan en la composición del flujo migratorio, que si bien merma, persiste atento al impacto del Neoliberalismo en los demás países de la región.

En efecto, para los inmigrantes la situación en el mercado laboral tuvo un fuerte impacto, ya que la construcción, el servicio doméstico y la manufactura -lugares de inserción por excelencia de los inmigrantes limítrofes y Perú- se constituyen en las fuentes principales de expulsión de mano de obra, pero a su vez la sobrevaluación de la moneda local sobrevenida a partir del Plan de Convertibilidad, constituyó un foco de atracción fundamental para los inmigrantes, que enviaban remesas a sus países de origen, aceptando condiciones de trabajo aún más precarias que en la década anterior. Paralelamente, se observa un resurgimiento del ideario de la inmigración como “problema” o “amenaza” de la mano de políticas de exclusión que impactan también en el campo de las políticas de población. Eduardo Domenech señala:

“Durante los años noventa, la inmigración latinoamericana (…) sirvió de pretexto para explicar distintas situaciones sociales por las que atravesaba el país y legitimar una serie de medidas económicas enmarcadas en las políticas de ajuste estructural del programa neoliberal que se pretendía consolidar. Fue desde determinados ámbitos del Estado, especialmente aquellos más próximos a la problemática migratoria, que se asociaron los problemas sociales y económicos a la inmigración, encontrando en los inmigrantes limítrofes los responsables de aquellos efectos provenientes de las reformas económicas implementadas en la Argentina bajo el paradigma neoliberal. Como se ha señalado en reiteradas ocasiones, los inmigrantes de países vecinos –especialmente bolivianos, paraguayos y peruanos– fueron interpelados básicamente como una amenaza al trabajo, la sanidad y la seguridad… mientras las causas estructurales de la crisis económica y social fueron desestimadas en gran parte del debate público hasta que finalmente se hiciera evidente. Esta retórica de la exclusión se plasmó en políticas restrictivas y en prácticas de carácter persecutorio y represivo dirigidas a la inmigración limítrofe fundadas en la Ley General de Migraciones y de Fomento de la Inmigración (Ley 22439) de 1981 instaurada por la última dictadura militar (1976-1983) y mantenida vigente hasta el año 2003 durante los sucesivos gobiernos democráticos (2007, p. 75-76).

En términos de política migratoria, en esta etapa -además de continuar en vigencia de la Ley Videla- comienzan a celebrarse convenios con Perú y Bolivia y algunas acciones regulatorias con Paraguay. No obstante, las restricciones continuaban vigentes, lo cual se manifestaba en las dificultades de los migrantes para acceder a la regularización de la situación y en muchos casos las modificaciones establecidas implicaron una profundización de los controles.

La aguda crisis vivida por la Argentina durante el 2001, que hizo su máxima emergencia en el mes de diciembre de ese año, profundiza un proceso de polarización social, incidiendo profundamente en la conformación de la estructura social argentina. Así, los inicios del nuevo siglo mostraban un alto porcentaje de nuestra población enfrentada a condiciones de vida cada vez más desfavorables, en un contexto social muy diferente al que tuvieron generaciones anteriores y con perspectivas de reversión -y de movilidad social ascendente- muy difusas (Diloretto, 2009), situación de la cual no era ajena la población migrante.

Consideraciones sobre la Inmigración en el periodo post 2002

Durante la primera década del Siglo XXI, se observa un giro significativo en las posiciones y el discurso del Estado respecto a la inmigración, que es trasladado al marco normativo y a las políticas referidas a las migraciones internacionales. Esta tendencia -que se visualiza también sobre la diversidad cultural- podría encuadrase dentro de lo que Nancy Fraser (2008) denomina políticas de reconocimiento, y que ha sido una perspectiva incipientemente desarrollada en el transcurso de los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández.

Domenech () señala que esta mirada propone un discurso basado en la inclusión, donde prevalecen los derechos humanos, la ciudadanía comunitaria y el pluralismo cultural, en contraposición al centralismo de la exclusión, que predominante en los noventa.

“A diferencia de las décadas anteriores, el discurso oficial del Estado actual no se apoya, al menos abiertamente, en la figura de la inmigración limítrofe como problema o amenaza. Por el contrario, ahora se destaca el aporte o la contribución que han hecho y hacen los inmigrantes, principalmente en el campo de la economía y la cultura, reconociendo la inmigración como una necesidad” (2007, p. 76).

En términos normativos, se aprueba la nueva ley de migraciones (sancionada en diciembre de 2003 y promulgada de hecho en enero de 2004), la ley 25 871, que deroga la denominada Ley Videla, que -como se ha dicho- si bien fue sancionada en 1981, continuó vigente por más de veinte años, más allá de gobiernos democráticos. En ella se establece que los ciudadanos de países miembros del MERCOSUR o de Estados allegados pueden obtener residencia legal en la Argentina sólo mediante la acreditación de su nacionalidad y la carencia de antecedentes penales. (Cerrutti, 2009). A partir de su promulgación, se creó un programa con el objetivo de regularizar la situación migratoria de la población migrante ya residente en el país, a través de un operativo denominado “Patria grande”. Al 31 de diciembre de 2007, se había regularizado la situación de residencia de más de quinientos mil inmigrantes (Cerrutti, 2009).

Pero a pesar del viraje de observado en las políticas públicas en la década pasada (con una perspectiva más inclusiva, en contrapunto con las tendencias de los noventa), las sucesivas crisis económicas y sociales de la región incidieron no sólo en un profundo proceso de empobrecimiento y exclusión social de los sectores más desfavorecidos, sino en un dramático aumento de la desigualdad (Diloretto y Lozano, 2016), que impacta sobre todo afectando las condiciones de vida de la población más vulnerable e incidiendo sensiblemente en la accesibilidad a la satisfacción de sus necesidades (Carballeda y Diloretto, 2017). La población inmigrante no ha sido ajena a estos profundos cambios que han afectado a la estructura social argentina, donde las transformaciones que afectaron el mercado de trabajo en los ´90, no pudieron ser estructuralmente revertidas, a pesar del cambio de tendencia de las políticas públicas en el período 2003 – 2015, y tampoco la creciente consolidación de un núcleo duro de pobreza, que Clemente (2014) denomina pobreza persistente.

Esto incide indudablemente en nuevas modificaciones del flujo migratorio, con una prevalencia de mujeres y niños, en contraste con las tendencias anteriores, donde el empleo formal atraía sobre todo a la población masculina en edad económicamente activa.

En consecuencia, una de las causas de los procesos de feminización de la inmigración en la Argentina puede asociarse al tipo de demanda de trabajo, vinculada a las actividades relacionadas al servicio doméstico, el cuidado de niños y de ancianos, principalmente:

“Esta creciente representación femenina se vincula tanto con un aumento general en la proporción de mujeres en casi todos los colectivos de inmigrantes; y con el aumento de grupos migratorios en los que tradicionalmente la presencia femenina ha sido elevada, como es el caso de la migración paraguaya y la peruana (….), la motivación laboral es central en la migración limítrofe a la Argentina. Entre dos tercios y tres cuartos de los varones que inmigraron a la Argentina provenientes de Bolivia, Paraguay, Uruguay y Chile declararon que se fueron de sus países por falta o problemas de trabajo” (Cerrutti, 2009).

Los cambios en las políticas migratorias: endurecimiento; derechos humanos y vulnerabilidad de los migrantes

En Diciembre del año 2015 asume la Presidencia de la Nación el Ing. Mauricio Macri. A partir de allí se observa un cambio de viraje en el modelo de acumulación comenzado a desarrollar en el período anterior, que se traduce en un aumento de la desigualdad⁵, combinada con reorientación del gasto público, que conlleva el relegamiento en áreas esenciales -tales como la educación y la salud-, un aumento marcado de la inflación y una desocupación que alcanza los dos dígitos después de un largo tiempo⁶.

Estas medidas han tenido efectos inmediatos sobre las estrategias de subsistencia de amplios sectores de la población, la cual ya atravesaba situaciones de vulnerabilidad social y problemas de accesibilidad para satisfacer sus necesidades (Diloretto, 2009). En otros términos, los cambios estructurales y la falta de presencia del Estado asegurando la accesibilidad a los servicios básicos, presentan consecuencias en los planos micro y mesosocial, ya que afectan no sólo a los hogares, sino también a las comunidades (Castillo García, 2000). Estas transformaciones en el campo económico y de las políticas públicas, conllevan necesariamente una redefinición de las estrategias familiares y comunitarias de los grupos más vulnerables, dentro de los que se pueden situar a los migrantes recientes, para los cuales la movilidad territorial constituyó de por sí una alternativa para la mejora de sus condiciones de vida.

En el mes de Enero del año 2017, el Poder Ejecutivo Nacional modificó a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) N° 70, la Ley 25.871 de Migraciones, habilitando la utilización de procedimientos de detención y deportación diferenciales de los extranjeros sometidos a cualquier tipo de proceso judicial de carácter penal y también de quienes hayan cometido faltas administrativas en el trámite migratorio, como, por ejemplo, no haber acreditado el ingreso al país por un lugar habilitado. Los jueces y fiscales tienen la obligación de notificar a la Dirección Nacional de Migraciones (DNM) la existencia de causas judiciales que involucran a migrantes. Este aviso desata el inicio del trámite de expulsión de manera inmediata, sin contemplar si tiene familia, lazos sociales, arraigo o un plan de vida en la Argentina

No es casual la promulgación de medidas de este tipo: en el marco del advenimiento de un modelo socio – económico basado en la desigualdad y en una perspectiva meritocrática, es clave poder construir un “otro” responsable e instalarlo en la agenda pública como prioritario, a fin de derivar la atención del público en general de las causalidades de la crisis⁷.

Pese a la retórica conservadora de preocupación que se expresa en frases tales como “vienen a sacar trabajo”, “vienen a estudiar gratos”, “no se les cobra la atención en los hospitales”, el peso relativo de la población extranjera en nuestro país es relativamente bajo. Según datos del Censo de Población del 2010 sólo el 4,5 % de la población es extranjera (INDEC, 2019)

Varios autores (Domenech, 2017; CELS, 2017; Galoppo, 2017; Canelo y otros, 2018) se han referido a la tendencia generalizada de endurecimiento de las políticas hacia la inmigración en este período. Como se ha visto, las expresiones de ese endurecimiento se ubican en varios niveles, retórico, normativo, pero también tiene correlación con el debate tácito que existe en la sociedad civil sobre ciertas miradas y preconceptos sobre los inmigrantes, que aparecen expresados en la agenda política actual del país, asociado a fenómenos como la inseguridad, la violencia, el narcotráfico. En este contexto, resulta preocupante el incremento de las violaciones de derechos humanos de los inmigrantes (CELS 2017).

Algunas reflexiones sobre el tema

En la somera revisión realizada, se intentó esbozar la importancia que han tenido las migraciones internacionales para la estructura social argentina, a partir de su abordaje en los distintos Modelos de Acumulación, con la intención de poner de manifiesto la importancia de analizar el rol del Estado, la construcción de políticas públicas en relación a la temática y las distintas perspectivas político- ideológicas que la atraviesan.

Una de las primeras cuestiones que surgen después de esta mirada sobre el tema, es el cambio que han sufrido los flujos migratorios en la Argentina, en concordancia con las tendencias político, sociales y económicas de cada uno de estos modelos. En efecto: entre me­diados del Siglo XIX y principios del Siglo XX, los migrantes llegaban a nuestro país desde una Europa empobrecida, en cierta manera buscando paliar los efectos más álgidos del capitalismo, a través de la “colocación” de mano de obra en otras tierras, y la consecuente creación de nuevos mercados para la producción (Diloretto y Lozano, 2016). Más tarde, comienza a observarse un movimiento de las po­blaciones entre los países vecinos, favorecido por las características diferenciales que presentaba el empleo en la Argentina de mediados del Siglo XX, con el auge del Modelo de Sustitución de Importaciones. Los ’90 y el proceso de precarización laboral que trajo consigo el Neoliberalismo, subieron las tasas de desempleo a valores que desalentaron nuevos flujos migratorios externos y que en algunos casos fomentaron el retorno. Esta tendencia pareció revertirse a en los primeros años del Siglo XXI, de la mano no sólo de mejores oportunidades laborales, sino -y cabe subrayar particularmente este aspecto- de mejores accesos. A partir del 2016, el retorno de políticas más regresivas y conservadoras y el aumento de la desigualdad social, implican un endurecimiento de las políticas migratorias, que muestra una clara tendencia al control social de ingresos y permanencia.

En parte por esto, el fenómeno migratorio representa una dualidad muy interesante: por un lado, evidencia las particularidades de la estructura social: sus contradicciones y el grado desigual de desarrollo de las sociedades. Por otro, aparece la perspectiva microsocial: un sujeto migra por las dificultades que encuentra en el lugar donde nació y creció, para lograr en otro, una vida acorde a sus expectativas.

Finalmente, cabe señalar la dimensión política de las migraciones, que conlleva un amplio abanico de problemáticas, tales como las relacionados con los derechos políticos de los migrantes, su arraigo, la (re)construcción de la ciudadanía (Castillo García, 2010). Esta dimensión implica también la formulación de políticas dirigidas a los migrantes y el posicionamiento de la sociedad civil hacia el “otro”. La pertinencia y jerarquización de las políticas migratorias en las agendas gubernamentales no puede estar ligada sólo al volumen y el crecimiento del flujo migratorio, sino también debe contemplar aspectos más cualitativos, como su inserción de determinadas ramas productivas, sus particularidades culturales, su proceso de integración, su participación y presencia comunitaria. En otros términos, políticas que no condicionen la vida cotidiana y el acceso a derechos de los inmigrantes y los contemplen en su dimensión de sujetos por sobre prejuicios y miradas segregacionistas.

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Notas