Presentación

El envejecimiento poblacional y la revolución de la longevidad son parte de los grandes retos del siglo XXI. Así pues, cada vez somos más quienes nos dedicamos a la investigación sobre estos fenómenos y sus corolarios. En este marco, en el presente artículo procuramos reconstruir el “estado del arte”³ de las investigaciones sociales que, atendiendo al caso argentino, cruzaron los temas de la ciudadanía, las políticas sociales y el envejecimiento, examinando la tensión entre la ciudadanía y la cuestión social en la vejez. Consideramos, siguiendo a Molina Montoya (2005), que la realización de estados del arte dentro de un área específica de conocimiento es relevante, por cuanto permite la circulación de la información, da cuenta de múltiples posibilidades en la comprensión de un mismo problema y genera una nueva demanda de conocimiento.

El artículo se compone por tres partes. En la primera, antes de adentrarnos en la tarea de reconstrucción del estado del arte, a modo de introducción, contextualizamos el surgimiento y desarrollo de las investigaciones científicas sobre el envejecimiento y, en particular, de la gerontología social en Argentina. En la segunda, nos dedicamos ya concretamente a las investigaciones de nuestro interés, las ordenamos y reseñamos, observando sus abordajes teóricos y metodológicos y sus principales resultados. En la tercera, realizamos algunos comentarios de cierre, dirigidos fundamentalmente a la identificación de las áreas de vacancia en este campo de investigación.

A modo de introducción

El interés por el envejecimiento se ha producido a lo largo de toda la historia de la humanidad y en diferentes civilizaciones, aunque no siempre con carácter científico. El libro más antiguo que se conoce dedicado a la vejez, “De senectute o Cato maior”, diálogo compuesto por Cicerón (106-43 a de C.), consistió en un tratado de moral en el que el filósofo describió las virtudes que debe tener el hombre en esta época de la vida, refutando la idea de la edad como causa de infelicidad y señalando a las costumbres como las responsables de las desdichas (Dabove Caramuto, 2002). Existe cierto consenso en situar los inicios de la investigación científica sobre el envejecimiento en la obra de Francis Bacon, “History of Life and Death” (1613). Reconocido por ser uno de los pioneros en el pensamiento científico moderno, Bacon planteó que la vida humana podría prolongarse en la medida en que mejorasen las condiciones de higiene, médicas y sociales.

Mucho tiempo ha transcurrido desde esa primera indagación y las investigaciones en el campo han adquirido un prominente volumen, por lo que algunos autores se han dado a la tarea de ordenarlas. En la propuesta de Carbajo Vélez (2008), se distinguen tres grandes momentos históricos en la investigación científica sobre el envejecimiento. A saber: el primero, denominado “fase de arranque”, se caracterizó por el surgimiento de la Geriatría durante el siglo XIX y las investigaciones de orientación médica, que consideraron los aspectos del declive biológico de las personas mayores. El segundo, denominado “fase de desarrollo”, estuvo signado por la aparición de la Gerontología durante el siglo XX y las investigaciones médicas sobre las causas y condiciones del envejecimiento y los cambios de comportamiento en la vejez. El tercero, igualmente en el siglo XX, se distinguió por el surgimiento de la Psico-gerontología y las investigaciones psicológicas sobre la vejez.

En el ámbito de la teoría social, sucesivas generaciones examinaron diferentes aspectos del envejecimiento. También aquí encontramos trabajos de corte meta-teórico dirigidos a sistematizar los principales aportes de la gerontología social. Según Díaz Tendero Bollain (2011), las primeras teorías surgieron desde la psicología social, hacia los años 1960, fundamentadas en el envejecimiento individual. Éstas propusieron explicaciones “adaptativas”, centradas en la capacidad de interacción del individuo con el medio social. Dentro de esta generación, se situaron la “teoría de la desvinculación o el desapego”, la “teoría de la actividad”, la “teoría de la continuidad”, entre otras. Una segunda generación de teorías, provenientes de la sociología funcionalista y de corte macro o estructuralistas, analizaron el impacto de la organización social sobre el envejecimiento y las cohortes envejecidas. Fueron representantes de esta generación, por ejemplo, la “teoría de la modernización” y la “teoría de la estratificación etárea”. Ya en las décadas de 1980 y 1990, surgió una tercera generación que vinculó las dos teorías anteriores, en línea con el auge de la integración en la sociología. En este grupo, se ubicaron la “teoría del ciclo vital”, la “teoría del construccionismo social” y la “teoría de la economía política del envejecimiento”, entre las más importantes.

A partir de 1945, se abrió un período de expansión institucional de la gerontología. Fueron creadas asociaciones nacionales e internacionales a los fines de profundizar el conocimiento sobre el envejecimiento y divulgar las investigaciones científicas. A partir de los años 60’, se celebraron las primeras conferencias nacionales e internacionales sobre la vejez. En 1977, bajo el patrocinio de la Asamblea General de la ONU, se constituyó la Asamblea Mundial del Envejecimiento, que en adelante brindó apoyo institucional a la investigación gerontológica; y de cuya labor se destacó la redacción del Plan de Acción Internacional de Viena sobre el Envejecimiento (1982) y del Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento (2002) (Dabove Caramuto, 2002). Así, los organismos internacionales y, en especial, las Naciones Unidas han venido impulsado los estudios en el campo. Para el caso de América Latina y el Caribe, se destaca la labor realizada desde los años 2000 por el CELADE y la CEPAL, mediante la División de Población. Se trata de producciones que describen los procesos de envejecimiento en los países de la región, con tendencias prospectivas. Se sitúan en el enfoque de derechos y analizan la institucionalidad y las políticas públicas en la materia (Acosta González, Picaso Risso y Perrota González, 2018).

En las últimas décadas, la investigación sobre el envejecimiento se convirtió en uno de los campos de mayor interés para la academia. Sin embargo, la mayoría de los trabajos contemplan aspectos relacionados con la biología, la medicina y la psicología, siendo las ciencias sociales las de menor presencia en el campo (Fundación CSCS, 2016). Por otra parte, hay quienes sostienen que los desarrollos recientes se explican por la presión que el grupo social de personas mayores ejerce en tanto segmento demandante de servicios y políticas sociales específicas y, a la vez, potencialmente influyente desde el punto de vista político y electoral. Por ende, en términos generales, las investigaciones se habrían dirigido más a una búsqueda de conocimiento pragmático para resolver los emergentes del envejecimiento poblacional, que al desarrollo de una teoría explicativa (Pérez Ortiz, 1997).

Ahora bien, ¿cuál fue el lugar de las ciencias sociales argentinas en este devenir? Las primeras investigaciones en gerontología social se remontan a fines de la década de 1960. La mayoría de las contribuciones pioneras provinieron de la sociología y el trabajo social. Gastrón (2011) relata el desarrollo de la gerontología social en clave histórica. De acuerdo con la autora –quien fue también protagonista de este proceso-, entre los años 1948 y 1971, la gerontología se encontraba “en gestación”. Comenzaba a atisbarse entre los profesionales sociales la preocupación por el envejecimiento, al calor del reconocimiento de los Derechos de la Ancianidad y su presentación ante la ONU.

Hacia el año 1971 y hasta el golpe de Estado del 76, la gerontología argentina atravesó su etapa “contestataria”. En ese período, se creó el INSSJyP. También el PAMI, que se convirtió en un “semillero de jóvenes profesionales” los cuales dieron impulso a la nueva especialidad. El contexto era el de la “reconceptualización” en el trabajo social y el auge en la sociología de teorías basadas en el conflicto. No eran muchos los que se dedicaban al envejecimiento y, en general, se orientaban a la planificación de proyectos sociales en municipios o en el INSSJyP. La idea de “interdisciplina” se hacía lugar de la mano de algunas personalidades de la psicología y la psiquiatría que insistían en la necesidad de que los profesionales de distintos campos se vinculasen. A la par, en 1974, se creó el Centro de Estudios Gerontológicos de Buenos Aires, el cual, aunque sin ser una institución formal ni contar con sede propia, logró convertirse en un centro de formación para el trabajo en equipo y cuestionó la hegemonía médica.

Durante los años de la dictadura, el desarrollo de la gerontología fue “latente”. Muchos de los que se habían dedicado al envejecimiento en organismos oficiales tuvieron que renunciar. Además, la formación académica y la investigación fueron obturadas y desfinanciadas. Fue la época de la “universidad de las catacumbas”. En 1979, el Servicio Nacional del Anciano realizó la Primera encuesta nacional sobre recursos para la atención del “problema de la ancianidad”. Ya en 1982, tuvo lugar el primer curso para la formación de equipos en Carcarañá, cerca de la ciudad de Rosario. Ese mismo año se fundó AIGGRA, que dominó la escena interdisciplinaria al “interior” del país. Progresivamente, Rosario se volvió sede de cursos y seminarios de especialidad. En paralelo, se crearon las primeras revistas específicas en la temática, tales como: “Sinopsis de Geriatría”, “Medicina para la Tercera Edad”, “Cuadernos del Ente Coordinador de Instituciones Asistenciales de la Comunidad Judeo-Argentina”.

A partir de 1983, fue posible el despliegue de la gerontología “democrática” y “académica”. Los trabajadores sociales y los sociólogos crearon consejos profesionales y profesionalizaron su actividad. En el año 1984, se fundó en la Universidad Nacional de Entre Ríos el Departamento de Mediana y Tercera Edad, dando lugar a un ensayo inédito en el país, en contacto con instituciones de otros países de las denominadas “escuelas y universidades para la tercera edad”. Entre 1985 y 1987, se abrió la “Cátedra de Psicología de la Tercera Edad y Vejez” en la Facultad de Psicología y el “Seminario Envejecimiento y Sociedad” en la Facultad de Ciencias Sociales, ambas de la Universidad de Buenos Aires; también se incorporó la asignatura “Gerontología Social” en la carrera de trabajo social en Luján. Estas fueron pioneras en la formación de grado profesional en gerontología social. En cuanto al nivel de posgrado, la primera experiencia fue la Maestría en Gerontología de Universidad de Córdoba. A partir de los años 80’, el CONICET comenzó a financiar proyectos a profesionales en formación y el inicio de carreras de investigación afines.

Actualizando la descripción de Gastrón, podemos señalar que en los últimos años la gerontología se consolidó como disciplina en la Argentina. Se multiplicaron los cursos de grado específicos en distintas universidades nacionales públicas. En el ámbito privado, en el año 2000, comenzó a funcionar la Licenciatura en Gerontología de la Universidad Maimónides, primera en el país. También se crearon nuevos cursos y carreras a nivel de posgrado, destacándose la experiencia de la “Especialización en gerontología comunitaria e institucional”, enmarcada en el Plan de Acción Para las Personas Mayores (2011-2016). Este proceso sigue abierto, así, recientemente se inauguró la Maestría en Derecho de la Vejez en la Universidad Nacional de Córdoba. También se abrieron centros de investigación específicos, como el Centro de Investigaciones en Derecho de la Ancianidad de la Universidad Nacional de Rosario, en el ámbito público; o el Centro de estudios sobre el Envejecimiento Activo y Longevidad de la Universidad ISALUD, en el ámbito privado. A la vez, se multiplicaron los eventos científicos en la temática, por ejemplo, el Seminario Norberto Bobbio en la Universidad de Buenos Aires hacia el 2015.

La nota distintiva de nuestro tiempo es el surgimiento de nuevas miradas, ligadas a posturas políticas y epistemológicas que enfatizan la condición de las personas mayores como sujeto de derechos y los aspectos positivos y potencialidades del envejecer, ya sea a nivel individual o colectivo. A este desarrollo suele aludirse, tanto desde la academia como desde la política, con la idea del nacimiento de un “nuevo paradigma” sobre el envejecimiento. En efecto, como señala Yuni (2011), el sustrato básico de la producción teórica gerontológica son los distintos saberes y conocimientos científicos y no científicos que circulan en la trama social en un momento determinado. En este caso, las nuevas formas de comprender la vejez, que persiguen la superación de los estereotipos tradicionalmente asociados a las personas de mayor edad y los prejuicios viejistas.

Desarrollo

Luego de esta introducción, nos concentramos en las investigaciones que, desde las ciencias sociales y referidas a la Argentina, cruzaron los temas de la ciudadanía, las políticas sociales y el envejecimiento, examinando la tensión entre la ciudadanía y la cuestión social en la vejez. Observamos que las indagaciones de nuestro interés, a pesar de estar sustentadas en diferentes enfoques teóricos y abordajes metodológicos, convergieron en una de tres aproximaciones al problema, que van desde: el estudio de las políticas públicas orientadas a la protección social de las personas mayores, hasta el de la condición de ciudadanía como plexo de derechos y deberes y de los derechos humanos en la vejez, pasando por el de las condiciones y modos de vida de los mayores y sus familias en diferentes contextos. Además, notamos cierta cronología en la trayectoria recién descrita. Proponemos, entonces, una revisión de la mismas ordenándolas en tres grandes grupos. Dada la limitada extensión de este artículo, sólo citamos algunos ejemplos para cada uno de ellos. Reseñamos dichas producciones observando su abordaje teórico y metodológico y sus principales resultados. Veamos.

1. Las investigaciones sobre políticas sociales de vejez

Un primer grupo de investigaciones abordó la tensión entre la ciudadanía y la cuestión social, poniendo la lupa en las acciones que diseña e implementa el Estado en pos de garantizar la protección social de las personas mayores. Podemos reconocer antecedentes de este tipo de trabajos ya hacia la década de 1980. Cuando se trata de “políticas de vejez” (Huenchuan Navarro, 2003) suele predominar una visión negativa y alarmista del envejecimiento, que interpreta el incremento de la cantidad de personas mayores como una “carga social”. Por ende, su preocupación central remite a cómo lograr la optimización de los recursos y/o alcanzar la racionalización de su gestión. Pero, de acuerdo con lo que venimos sosteniendo, atendemos aquí a aquellas investigaciones que superaron esta visión y contemplaron la discusión sobre la ciudadanía. Coexisten dentro de este conjunto, diferentes tipos de estudios: sectoriales, comparados y en perspectiva histórica.

Uno de los trabajos pioneros fue el publicado en el libro “Políticas sociales para la tercera edad” (1983) de María Inés Passanante. Desde la sociología, examinó “las respuestas dadas por diferentes sociedades a los problemas suscitados por una numerosa presencia de personas de edad (…) orientándose hacia la formulación de sugerencias para una posible política social para la ancianidad” (p. 15). Para ello, comparó las alternativas adoptadas en un grupo de “naciones desarrolladas” (Bélgica, Dinamarca, EE.UU., Finlandia, Noruega, Reino Unido y Suecia) con la argentina. Concluyó que la situación argentina era “desventajosa”, en tanto predominaba el criterio de institucionalización en establecimientos geriátricos. El sector privado suponía la mayor parte de la oferta de servicios y se encontraba exento de controles por parte del INSSJyP. En cuanto a las necesidades de salud, éstas eran cubiertas a través de las prestaciones del PAMI impartidas en los hospitales generales y se limitaban a la atención médica (diagnóstico y hospitalización). Los “nosocomios con unidades geriátricas” eran muy escasos en Capital Federal y la región del Litoral e inexistentes en el resto del país. Ante este escenario, recomendó propiciar sistemas que incentiven la responsabilidad familiar y comunitaria y propuso la realización de “políticas de integración”, promotoras de la actividad y la participación social de las personas mayores. Asimismo, subrayó la importancia de crear sistemas alternativos a la internación, orientados al cuidado domiciliario de las personas de edad avanzada. La obra de Passanante es un antecedente valioso, en la medida en que realiza una comparación y caracterización del estado de situación de las políticas sociales de la época, convirtiéndose en una rica fuente de datos empíricos. No obstante, posee una visión tradicional de la vejez -acorde con la perspectiva de la época en la que fue escrita, aunque hoy ya superada- y defiende una lógica de intervención familista y comunitarista, sin perspectiva de género.

Otro trabajo que podemos incluir dentro de este grupo es el titulado “Estado, política y vejez. La política social para la tercera edad en Argentina desde el Virreinato del Río de la Plata hasta el año 2000” (2009), de Gustavo Mariluz. Su autor realizó un análisis de los proyectos legislativos ingresados reglamentariamente en la Cámara de Diputados de la Nación sobre la “cuestión de la vejez”, observando el espíritu de los mismos y la consideración y significación social que tuvo el Legislador para con el tema. Observó que, hasta los años 1940, coincidentes con el gobierno justicialista, no hubo una intervención decidida del Estado como regulador de las demandas sociales. A partir de entonces, se legisló en temas relativos a la Justicia y Ayuda Social y se incluyeron los Derechos de la Ancianidad en la Constitución Nacional. Se asistió a una expansión de la condición de ciudadanía, ligada a los derechos de los trabajadores. No obstante, durante la década de 1970, comenzó el desmantelamiento de los servicios de la seguridad social. La vejez pasó a ser vista como un problema económico. A la vez, se produjo una mercantilización de los bienes y servicios sociales, lo que llevó a reemplazar el estatus de ciudadano por el de cliente. Esta fue una fase de transición entre el “Estado de Bienestar Asegurador” y el “Estado Neoliberal”, que se consolidó hacia los años 90’. Con respecto al análisis de los proyectos legislativos, el autor encontró que: del total observado (47), la mayor parte correspondían a los decretos (21) luego le seguían los Proyectos de Ley (11), las leyes (6), los Proyectos de Resolución (5), los Proyectos de Comunicación (3) y, finalmente, los Proyectos de Declaración (2). Por otra parte, descubrió una contradicción: a mayor consideración social con respecto a la vejez, se registró un menor interés del Estado. Esta investigación nos permite comprender la ideología que operaba en los años estudiados, la concepción de sujeto (político, ciudadano, viejo) y las prácticas políticas que las sostenían. Sintetiza el devenir histórico político del Estado argentino mirado desde la óptica de las políticas sociales para las personas mayores, poniendo en juego, además, una concepción de estas últimas como “acción social”.

Centrada en el análisis de las políticas previsionales, encontramos también la indagación llevada a cabo por Sergio Fiscella, publicada en el libro “Estado, ciudadanía y política social. Estudio sobre los sistemas de jubilaciones y pensiones” (2005). Desde la teoría de las políticas sociales y en base a técnicas de análisis documental y entrevistas en profundidad, reconstruyó “para los casos de Argentina, Brasil, Chile y Uruguay, la relación Estado/sociedad, en los momentos históricos en los que se observan cambios en las formas de Estado, analizando dentro de esta relación el desenvolvimiento de la ciudadanía” (p. 16). Para ello, tomó la concepción de Marshall (1950) sobre la ciudadanía. Fiscella revisó los aspectos socio-históricos de la relación entre Estado y sociedad, identificando tres formas históricas de Estado: oligárquico, de compromiso y neoliberal, y sostuvo que los cambios ocurridos en las formas de estado a lo largo del siglo XX redefinieron los ámbitos de lo público y lo privado. Ello, a su vez, incidió en las políticas sociales y en los derechos de ciudadanía. Así, con el Estado de compromiso se instauró una “ciudadanía incluyente regulada”, mientras que con el Estado neoliberal una “ciudadanía excluyente regulada”. Para entender este proceso, introdujo la idea de Giddens (1996) –complementando la lectura de Marshall- sobre que los derechos son áreas de disputa vinculados a particularidades del poder. Por ende, el carácter con el que se implementan estas políticas refleja la relación de fuerzas que entablan los diferentes actores involucrados, ampliando o restringiendo la ciudadanía. Argumentó que en las políticas previsionales es posible ver el tipo de ciudadanía alcanzado y el interjuego entre ampliación y restricción de derechos de ciudadanía. Finalmente, basándose en las recomendaciones de la OIT, propuso un modelo de previsión social acorde a una concepción de ciudadanía plena. Este trabajo aporta un modo de abordar las políticas previsionales superador de la visión econometrista prevaleciente en la bibliografía especializada y, a la vez, introduce la discusión sobre los derechos ciudadanos en perspectiva histórica y comparada.

También dedicada a las políticas previsionales, desde un enfoque que cruza protección social, ciudadanía y derechos, hallamos la investigación publicada en el libro “Envejecer protegidos. ¿Una utopía?” (2018) de Sol Minoldo. El estudio se introduce en una reflexión teórica sobre los fundamentos de la protección social de la vejez y los sistemas que la instrumentan, sus objetivos y principales características. Parte de constatar que, en la mayor parte del mundo occidental, éstos se basan en un modelo contributivo, sustentado en los paradigmas histórico-políticos de seguridad social: bismarkiano y/o beveridgeano, que implica una modalidad de financiamiento, pero también una determinada mecánica de acceso a la protección y distribución entre los beneficiarios del sistema. En base al caso argentino, la autora problematizó el acceso restringido a la protección social en la vejez, la inequidad de las prestaciones previsionales y las dificultades de financiamiento del sistema, sosteniendo que la centralidad del carácter contributivo existente es en gran parte responsable de causar (o al menos profundizar) estos problemas. En efecto, el modelo contributivo resulta problemático en distintos niveles: se respalda en una concepción que limita los derechos a la figura del trabajador asalariado formal; plantea restricciones de acceso y una protección estratificada y establece inequidades en la calidad de los beneficios prestados; y se funda en una lógica contributiva que convierte al envejecimiento demográfico en un factor de insostenibilidad del sistema. Frente a ello, Minoldo argumentó la necesidad de replantear el paradigma previsional mismo, encuadrándose en los enfoques de derechos humanos y derechos ciudadanos. La virtud de este trabajo reside en que profundiza en los fundamentos teóricos del sistema previsional reivindicando el universalismo y la equidad. Asimismo, contempla los años recientes y, con ello, los mecanismos excepcionales de acceso a la protección instaurados hacia el año 2004 y sus efectos en la reducción de las inequidades de acceso, tanto de género como socio-económicas.

2. Las investigaciones sobre condiciones y modos de vida de las personas mayores

Un segundo grupo de investigaciones abordó el problema de la ciudadanía y la cuestión social en la vejez a partir de la consideración de las condiciones y modos de vida de las personas mayores y sus familias en diferentes contextos. Éstas se inauguraron hacia la década de 1990, en relación a la preocupación por el crecimiento de la pobreza. Se trata de estudios que focalizaron su atención en la situación de los sectores sociales más vulnerables. Dentro de este grupo, encontramos tanto trabajos cualitativos, que indagaron en profundidad sobre un caso concreto; como también, trabajos cuantitativos, que buscaron explicaciones más generales.

Ubicamos en este grupo a la investigación de Nélida Redondo, publicada en el libro “Ancianidad y pobreza. Una investigación en sectores populares urbanos” (1990). Al igual que aquella de Passanante, se trató de una de las pioneras en el campo. En este trabajo, la autora presentó los resultados de un estudio de casos que llevó adelante durante los 1986 y 1988, con el objetivo de comprender la realidad social de la población anciana residente en uno de los “bolsones de pobreza urbana” de la ciudad de Buenos Aires, el barrio La Boca. Constituyó una aproximación exploratoria, realizada desde el enfoque sociológico del curso de la vida. Aplicó técnicas metodológicas cuantitativas y cualitativas. El foco de atención estuvo puesto en las condiciones materiales de vida y las características del envejecimiento para la población empobrecida en el ámbito urbano. Los resultados demostraron que la mayoría de las personas mayores eran pobres y dependían de la seguridad social y de las ayudas familiares o comunitarias. Si bien la cobertura social era alta, la calidad de las prestaciones era homogéneamente baja. El 85% vivía en hogares con necesidades básicas insatisfechas. Los ingresos se destinaban a la vivienda y la alimentación prioritariamente. La atención de salud se realizaba mediante la cobertura que brinda el INSSJYP y el PAMI. Esta investigación puso de relieve cómo se imbrican el tiempo biográfico y el histórico y cómo las características del barrio y del grupo social de pertenencia inciden en el curso de vida y en el envejecer de las personas, advirtiendo, además, diferencias en torno al género.

En el ámbito del trabajo social se destacó la investigación de María del Carmen Ludi, publicada en el libro “Envejecer en un contexto de (des) protección social. Claves para pensar la intervención social” (2005). Ésta se propuso objetivos en dos ámbitos, uno relacionado con el conocimiento y otro con el campo profesional. En relación al primero, indagó en la configuración de “situaciones de vejez” en relación con las condiciones materiales y simbólicas de vida de personas mayores de sectores pobres de la ciudad de Paraná, Entre Ríos. En relación al segundo, sus esfuerzos de dirigieron a la revisión de los estereotipos acerca de la vejez. Para ello, utilizó una metodología cualitativa. En cuanto a la perspectiva teórico-conceptual, concibió la vejez como una construcción socio-cultural y al envejecimiento como un proceso complejo. La autora sistematizó sus hallazgos en torno a las diferentes situaciones de vejez a partir de los que consideró como sus principales aspectos: familia y vida cotidiana, salud y envejecimiento, protección social y vejez, identidad y participación social y proceso de envejecimiento y significados atribuidos al envejecer. El aporte de esta investigación residió en demostrar que, ante la falta de una política social efectiva, la vida cotidiana y los procesos de envejecimiento particulares se configuraron con dificultades, condenando a vastos sectores a envejecer en un contexto de desprotección. La situación de pobreza involucró a personas que siempre vivieron en un contexto de pobreza (“viejos pobres”) y a otras que fueron empobreciendo durante su proceso de envejecimiento (“viejos empobrecidos”). De este modo, es evidente que el lugar de cada quien en la división social del trabajo es lo que condiciona el acceso a bienes y servicios, que se traduce en modos de vivir.

A las anteriores, podemos sumar la investigación “Capacidades y necesidades frente al envejecimiento. Situación de los Adulos Mayores en la Argentina en los Aglomerados urbanos (2004-2006)” (2009), de María Alejandra Arlegui. Ésta analizó la incidencia de la pobreza y la vulnerabilidad de los adultos mayores y su correlación con la calidad de los activos disponibles. El marco teórico combinó los enfoques del curso de la vida y el de la vulnerabilidad/activos-capacidad de respuesta. Se trató de un estudio cuantitativo. Los resultados indicaron que existe una correlación positiva entre la degradación del capital social y la pobreza/vulnerabilidad, particularmente vinculados a la baja inserción en la seguridad social del adulto mayor observado o de su red familiar, así como también una correlación negativa entre capacidad económica del adulto mayor y capacidad económica del resto del hogar. Desde el punto de vista del bienestar, la pobreza tuvo mayor incidencia en los hogares sin personas mayores; mientras que en los hogares con personas mayores fue más intensa cuando éstos eran multigeneracionales. Desde la perspectiva de la vulnerabilidad, el nivel de exposición a la pobreza fue homogéneo para todos los estratos generacionales a lo largo de todo el período estudiado. Por otra parte, los hogares unipersonales o multipersonales unigeneracionales denotaron mayor capacidad económica, pero tendieron a ser vulnerables desde el punto de vista gerontológico, ya que carecían de soporte funcional. En cuanto a los activos, el primer lugar lo ocupó el acceso al ingreso individual suficiente. La educación apareció como un factor asociado a la capacidad de inserción laboral y previsional. Además, se constató que los hogares vulnerables poseen baja capacidad de ayuda económica por parte de la red familiar, siendo el ingreso de la persona mayor un aporte fundamental al hogar. Por último, el tamaño de la red familiar es un activo relevante respecto de la fragilidad del adulto mayor. Este trabajo colabora en la comprensión de la situación de las personas mayores en Argentina, aportando datos estadísticos de amplio alcance e identificando cuáles son los recursos movilizables disponibles para intentar su mejoría.

3. Investigaciones sobre la ciudadanía y los derechos humanos de las personas mayores

Por último, un tercer grupo de investigaciones pusieron en el centro la condición de ciudadanía y de sujetos de derechos de las personas mayores. En general, se trata de investigaciones recientes (años 2000 en adelante), que reconocen un marco de orientación general en el derecho constitucional y en el derecho internacional. De aquí que, en su mayoría, se encuentran permeadas por las concepciones y recomendaciones de los organismos internacionales sobre el ejercicio de la ciudadanía en la vejez, siendo hegemónico el ideal del “envejecimiento activo”. Así, un punto en común de este conjunto de trabajos es que enfatizan la necesidad de empoderamiento y la importancia de la participación social y política de las personas mayores.

El estudio “Ciudadanía y derechos fundamentales de las personas mayores: de las políticas gerontológicas al derecho de la vejez” (2013), de María Isolina Dabove Caramuto, indagó en los problemas derivados de los paradigmas sobre la vejez empleados en las políticas sociales y en el derecho, que se originaron en el siglo XIX y resultan insuficientes ante la nueva realidad social. Partió de considerar a la política y el derecho como herramientas culturales, construidas a lo largo de la historia, con el fin de resolver la problemática de la asociación humana en pos del intercambio de bienes que satisfagan necesidades y encaucen la convivencia:

…desde la Política y el Derecho, la sociedad puede muy bien ser considerada una comunidad distributiva, dentro de la cual, los hombres compartimos, dividimos e intercambiamos bienes y cosas, aspiraciones, deseos, posiciones, debilidades, poder y afectos, que nos van constituyendo como sujetos y objetos de la misma (p. 21).

Utilizó la metodología de las teorías integrativistas del derecho y la política, en las que se reconocen cuatro dimensiones de análisis: histórica, sociológica, normativo y valorativa. La autora argumentó que, en la actual era de la globalización, la discriminación negativa por edad avanzada no logra ser revertida por la sola implementación de las políticas gerontológicas, ya que éstas no son perdurables y tampoco cuentan con garantías jurídicas que velen con eficacia por su cumplimiento. Hace falta, entonces, un modelo de ciudadanía iusfundamental en la vejez. En otras palabras, se requiere hacer un pasaje desde el modelo asistencial de las políticas gerontológicas al “Derecho de la Vejez”, rama jurídica construida sobre el reconocimiento de los derechos humanos de las personas de edad. Este sería el camino hacia la construcción de una comunidad distributiva en la cual las personas mayores no ocupen el lugar de ese “otro”, de ese “no ciudadano”. Rescatamos de este trabajo su planteo con respecto a la conveniencia de revisar los paradigmas sobre la vejez en los que se sustentan las políticas sociales y el derecho, ya que invita a redefinir los criterios de distribución dentro de la comunidad, de modo que se vuelvan más justos para todos sus miembros.

En diálogo con el anterior, encontramos el trabajo “El rol del Estado frente a los derechos sociales para los adultos mayores” (2016) de Cristina Marzioni y otras. Desde los enfoques de los derechos humanos y ciudadanos, analizó el rol del Estado frente a la desigualdad social, propia de las sociedades contemporáneas, en particular respecto de los adultos mayores, comprendidos como un grupo vulnerable, de y en riesgo. En particular, las autoras examinaron el acceso a la justicia de las personas mayores como parte del empoderamiento ciudadano. Observaron que, si bien existían dispositivos técnicos procesales obstaculizadores del acceso a la justicia, también se registraron avances dada labor de la jurisprudencia de la CSJN y la derogación legislativa de normas que les dificultaban hacer valer sus derechos. El estudio pone sobre la mesa la discusión respecto al acceso a la justicia como un derecho humano fundamental, el cual debe ser garantizado en todo sistema democrático con pretensiones de consagrar la igualdad de derechos de sus ciudadanos, pues, cuando éstos son violados, constituye la vía legítima para reclamar su cumplimiento.

Por otra parte, podemos mencionar la investigación colectiva “Ejercicio de la ciudadanía de los Adultos Mayores en la Ciudad de Buenos Aires, a partir de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores (2015)”, desarrollada durante el año 2016 en el CEIPSU-UNTREF. Christian Arias, Eliana Gamez y Julieta Lecot (2017) ahondaron en el concepto de participación en los tratados internacionales y en los planes nacionales de Argentina, Chile y Uruguay. Para ello, realizaron un análisis documental circunscripto al enfoque cualitativo-inductivo, utilizando la teoría fundamentada. Los autores hallaron que, el Plan de Acción Internacional de Viena sobre el Envejecimiento (1982), contempla a la participación de las personas mayores en el proceso de desarrollo de la sociedad como fuente de bienestar. Postula diferentes ámbitos de participación: la familia, las organizaciones comunitarias y las organizaciones de personas de edad. El Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento (2002), reconoce que las personas de edad no constituyen un grupo homogéneo y remarca la participación de las mujeres. También incorpora la tecnología como concepto y dispositivo que promueve la participación y la necesidad de una interacción intergeneracional para la plena integración. A la vez, reconoce a la persona mayor como un sujeto político y su participación en actividades sociales, económicas, culturales y recreativas. En la Convención Interamericana de los Derechos Humanos de las Personas Mayores (2015), el concepto de participación tiene menos presencia. Sin embargo, se reconoce que, a medida que envejece, la persona debe seguir involucrada activamente en las esferas económica, social, cultural y política. También se subraya la responsabilidad del Estado, de la familia y de la comunidad en la integración de los mayores. En cuanto a los planes nacionales, el argentino y el uruguayo priorizan la participación política, mientras que el chileno coloca el acento en la participación económica, principalmente de las mujeres. Esta investigación demuestra que, desde la perspectiva de estos documentos, el ejercicio de la ciudadanía en la vejez y el “buen envejecer”, es decir, la calidad de vida y el bienestar, implican la participación activa de las personas mayores, ya sea económica, política, social o comunitaria.

Comentarios de cierre

En este artículo intentamos una reconstrucción del estado del arte de las investigaciones sociales que examinaron la tensión entre la ciudadanía y la cuestión social en la vejez para el caso argentino. A la vez, propusimos una forma de ordenarlas, puesto que identificamos tres grandes aproximaciones al problema de nuestro interés y una aparente cronología en su devenir. Dada la limitada extensión de este artículo, sólo citamos algunos ejemplos para cada grupo. No concebimos esta forma de ordenar las investigaciones en cuestión como la única posible, ya que como todo intento de sistematización conlleva cierta arbitrariedad. A pesar de lo anterior, esperamos que pueda servir a quienes están interesados en la investigación científica sobre el envejecimiento y preocupados por las formas que asume la ciudadanía en la vejez ante la pobreza y la desigualdad social.

Son muchos los desafíos a futuro. Si bien la aproximación desde el estudio de las políticas públicas al problema de la ciudadanía y la cuestión social en la vejez es la que posee más recorrido en cantidad de años, aún son pocas las investigaciones que superan la visión que caracterizamos como negativa, alarmista, del envejecimiento y dejan de lado la lectura económica de la intervención social del Estado, centrada en sus costos y sostenibilidad. En su lugar, podrían aportarse nuevos abordajes enfocados en el proceso de producción de las políticas públicas, atentos a las dinámicas relacionales entre los diferentes actores del sistema político, las pujas de intereses y los dilemas a los que éstos se enfrentan; como así también, descripciones densas, sobre el funcionamiento real del Estado y la incidencia de sus políticas sobre las condiciones y modos de vida de las personas mayores. Por otra parte, entre las investigaciones que van más allá de lo económico, la mayoría analiza las políticas sociales de vejez a nivel nacional y gran parte de ellas las reduce a las políticas previsionales. Es así que, se descuida el análisis de las acciones que llevan adelante otros niveles del Estado, en un contexto en donde la producción y distribución del bienestar social de la ciudadanía compete más que nunca antes a los gobiernos locales. También, se olvidan otras posibles acciones, diferentes a las de previsión social pero igualmente importantes como las de cuidado, accesibilidad, ocio y participación, para mencionar algunas.

En relación al segundo grupo, notamos que son escasas las indagaciones sobre las condiciones y modos de vida de las personas mayores en el “interior” del país y en contextos rurales o rururbanos. Además, entre los estudios que proponen un abordaje cualitativo de estas cuestiones, sería interesante contar con aproximaciones que ponderen la voz de las personas mayores, dando mayor lugar en el análisis a las cuestiones simbólicas y a sus subjetividades. Por otro lado, no encontramos trabajos que expresen una intención de comprender la situación de la totalidad de la población en edad avanzada, sino que los existentes centran la atención en los sectores sociales más vulnerables. Sin pretensiones de quitarle mérito a estos ejercicios, que son necesarios para conocer y comprender la situación de los más postergados de nuestra sociedad, sobre todo en momentos de alta criticidad social, como fue el de los 90’ o es el actual, sostenemos que sería oportuno indagar también en la situación de otros sectores sociales. Sobre todo teniendo presente que, dada la amplia desigualdad social, no existe una forma única de envejecer (Gastrón, Oddone y Lynch, 2011). En este sentido, estas investigaciones podrían brindarnos un panorama más claro de las “vejeces” en nuestro país y, tal vez, los casos de envejecimiento “exitoso”, servir al diseño de estrategias de acción que mejoren la situación de quienes se encuentran en desventaja.

Por último, respecto del tercer grupo, conformado por investigaciones más recientes, queda por explotar la aproximación que complemente la interpretación jurídica sobre la ciudadanía -aquella que la caracteriza como un plexo de derechos y deberes igualitarios y universales- analizando cómo éstos se concretan en la realidad de la vida cotidiana de las personas mayores. Algo similar sucede con la idea del envejecimiento activo. Es un concepto técnico, con fuerte contenido instituyente en términos imaginarios y políticos, que promueve la adhesión a un modelo de envejecimiento en donde la posición de las personas mayores sea “proactiva” (Yuni, 2011). Sin dudas supera a las concepciones previas, pero debe evitarse el planteo simplificador de una “madurez dorada”, cuando este escenario es accesible para unos pocos; más bien, la realidad de las personas mayores es multiforme y desigual (Subirats, 2016). Si la investigación social se aleja de las lecturas normativas, puede contribuir a indagar estas diferentes realidades y descubrir los constreñimientos económicos, sociales, culturales que obstaculizan el logro de esta meta. Finalmente, también en relación a este tercer grupo es necesario sumar esfuerzos dedicados al estudio de lo que acontece en el “interior” del país o en los niveles locales.

Referencias

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Notas