Introducción

En este trabajo, quiero compartir dos o tres variaciones, para situar una serie de posibilidades y contrapuntos para el oficio de lxs trabajadores del campo de las políticas sociales, situando un breve diálogo en perspectiva histórica entre las metamorfosis del desarrollo de la comunidad y la consigna hoy dominante de trabajo en los territorios. Especialmente para preguntarnos qué sucedió en la semántica discursiva, en los usos comunes, en los cambios de época, en este pasaje de un concepto clásicamente sociológico y solidariamente colectivo y este concepto más geográfico y activista de intervención en los territorios.

En ese sentido, dos o tres hipótesis de trabajo. En primer lugar, el territorio desde hace un tiempo bastante largo, se ha vuelto un concepto llave y un elemento que sumó a la renovación de las energías utópicas y la reducción de daños de las dinámicas del desprecio que se instalaban en las comunidades en las que trabajábamos. En segundo lugar, se ha vuelto cotidiano hablar de “la defensa del territorio” o de movimientos o frentes de base “territorial”, en escenarios de segregación urbana, en movimientos sociales de desempleados, en la defensa del medio ambiente, en los grupos y organizaciones de base.

En vez de seguir hablando de comunidades se operó un desplazamiento al de territorios, debido a que aquellas ya no eran un dato tan comprobable, debido también a las múltiples violencias del neoliberalismo -históricas y en curso-, ya que las comunidades habían perdido centralidad como sujetos de la acción colectiva, frente a las violencias en los márgenes, la fragmentación y avance del deterioro del tejido social, la violencia estructural del desempleo, los narco-mercados, las zonas marrones, los femicidios y la criminalización de las politicidades comunitarias.

Igualmente, si bien fue una necesidad de tipo político fundamental, valorizo la solución de compromiso de una de las cátedras de la UBA, que titula a su materia territorios y comunidad. Y en ese sentido, en términos de un uso de memoria selectiva, no puedo de dejar de rememorar el texto de Norbert Lechner en otros tiempos y frente a otras barbaries, que se titulaba “A la búsqueda de la comunidad perdida”³. Ahora, este reencantamiento o mejor dicho esta rehabilitación del concepto de la comunidad, no es ingenuo o por lo menos no quiere recuperar sus formas más conservadoras, refugiadas en la identidad y en la solidaridad mecánica, sino a otros usos posibles: la comunidad como herramienta práctica para la reconstrucción de lazos sociales desgarrados, como la pasión comunitaria de la participación en la vida pública y comunidad también cómo escenario utópico de un futuro superador de las miserias del presente, porque también se escuchó de algunos liderazgos de base un planteo y un reclamo, ahora ya no nos llaman más comunidad, pasamos a ser territorios.

Y con este objeto, permítanme discurrir no tan brevemente y hablar un poco más en detalle y con mayor neutralidad valorativa sobre la polivalencia estratégica del territorio⁴ tan presente en la semántica discursiva de lxs trabajadores sociales. Particularmente me interesa dar cuenta de por lo menos tres lógicas diferentes o tres usos del territorio en el tratamiento de la cuestión social, materia prima del oficio⁵ según nuestros consensos básicos y la importancia de leer que usos y prestamos cruzados se fomentan entre estas tres alternativas, que en forma a veces banalizada se resume con el concepto de disputas en él territorio.

Las políticas sociales territoriales

La primera versión o el primero de los usos -y acá me voy a detener con más detalle-, las políticas sociales territoriales -porque tiene que ver más con nuestro oficio-, que es una de las estrategias de reducción de la cuestión social a una cuestión local y a la gestión de las poblaciones en riesgo.

Sería también la versión más dulce del Estado -la razón humanitaria- en los márgenes, las políticas sociales en territorio como los gestores de la política social y los formadores de opinión las nombran cotidianamente. De forma sintética, la territorialización de lo social supone una búsqueda de los medios de ir más allá de la atomización social y un Estado más presente en el territorio. Estas políticas de proximidad y territoriales revalorizan las formas de cooperación comunitaria, la promoción de formas de economía social y un enfoque de cuidados, bajo las palabras de orden de integralidad y transversalidad frente a las viejas políticas del Estado Social, sectoriales y categoriales, reivindicando cierto enfoque de derechos.

Pero paralelamente, como refiere lucidamente Mejed Hamzaoui (2005), este confinamiento de lo social a territorios problemáticos, delimitados geográficamente y fácilmente identificables, corre largamente el riesgo de generar protecciones discriminantes. En este nuevo marco las desigualdades sociales se refieren cada vez más a los territorios, olvidando que las causas del agravamiento de las desigualdades y del deterioro de las condiciones de vida, son extraterritoriales y las podríamos sintetizar en la degradación de la condición salarial, el debilitamiento de las políticas públicas y la fragilización de las protecciones sociales, es decir en una sociedad que toma la decisión de decirle adiós al trabajo.

Esta perspectiva de gestión social que reintroduce el territorio para rehabilitar especificidades geográficas en las políticas sociales, considera los problemas sociales como problemas espaciales, pero se sabe que, aunque necesariamente existe una correspondencia entre las desigualdades sociales y espaciales, también es cierto que los factores de precarización y exclusión son estructurales y en un punto desterritorializados.

Como refiere recientemente en una entrevista el sociólogo Denis Merklen, producto de su trabajo de investigación sobre las políticas territoriales y de proximidad en Uruguay:

“Esa presencia institucional en esos barrios tan pobres es valiosísima, pero no vence a la pobreza. Porque esa intervención, que llamamos territorial y de proximidad, interviene en los lazos sociales locales, en las relaciones inter e intrafamiliares, en el vecinazgo, en la solidaridad barrial; crea nuevos lazos sociales y eso no es siempre prístino: a veces contribuye y a veces perturba. Pero la pobreza se vence en otro terreno, no allí donde el Estado va a los territorios. Se vence interviniendo en las relaciones laborales, modificando las estructuras de relaciones sociales que producen la pobreza… el trabajo y la vivienda siguen siendo en Uruguay el gran talón de Aquiles de la cuestión social” (Merklen, 2019).

La presencia del Estado Gendarme en los territorios

La segunda versión, otro de los usos y formas de gobierno que no debemos desconocer en forma vergonzante y que lo que podríamos denominar la presencia del Estado Gendarme en los territorios -sin el monopolio de la violencia legítima y con baja capacidad de pacificar los barrios- se transforma por acción u omisión en uno de los principales productores de las violencias en los márgenes de forma asociada al narco-mercado y en la disputa del territorio, de hecho, estas intervenciones territoriales de la policía y gendarmería significan también la reducción de la cuestión social-especialmente en el caso de los jóvenes desafiliados- a una cuestión de seguridad y selectividad penal en los barrios. Las prácticas intermitentes, selectivas y contradictorias como sintetiza Auyero (2013) de este estado en los márgenes y de excepción, que se comporta como un ejército de ocupación en los territorios, aumentan la segregación urbana de las comunidades frente al deterioro combinado de los servicios públicos, las políticas salud, educación y los programas sociales.

Como también deriva Auyero en su trabajos de campo, no es menor el papel ambivalente y el refugio en la solución penal a la cuestión social en los territorios, si bien se ha prestado mucha atención a la acción estatal abierta que castiga y disciplina a los pobres, no se han considerado tanto las intervenciones clandestinas del estado en los territorios de relegación urbana, comprender esta forma de acción estatal ilícita es imperativo si queremos comprender mejor no solo lo que el estado es y lo que hace en los márgenes urbanos, sino también algunas de las fuentes de violencia interpersonal menos examinada entre los destituidos, que alimentan la otra guerra contra la pobreza. Guerra contra la pobreza y en un punto de pobres contra pobres, que necesitamos leerlas en clave de la economía política feminista, como sintetiza la autora que lee los efectos del neoliberalismo desde abajo, me estoy refiriendo a Verónica Gago y la potencia de su diagnóstico:

“Hoy las economías ilegales están organizando el reemplazo del trabajo asalariado en muchos espacios: proveen empleo, recursos y pertenencia como modo de afirmación de una autoridad masculina que se debe ratificar en el control del territorio a diario. Esto supone un pasaje acelerado en los umbrales de violencia que estructuran el día a día. No es casual que la otra vía de recomposición de esa autoridad masculina sea a través del reclutamiento (única oferta laboral más amplia) en las fuerzas de seguridad estatales. De este modo fuerzas de enfrentamiento legal y paralegal sustituyen el modelo mayoritario de la autoridad asalariada, contribuyendo de modo decisivo a la implosión violenta de los hogares y las familias. Hay que agregar una economía más, en auge y creciente: las iglesias que ofrecen también vías de acceso a empleo y promesas de prosperidad porque logran tejer una red de recursos en situaciones cada vez más críticas” (2019, p. 74).

La política de los gobernados

Y la tercera versión, la política de los gobernados: “sin movimiento social, no hay política social”. Y es el momento en que podemos hacer más justicia con la convocatoria del panel, la inscripción territorial de los movimientos sociales, que se diferencia en parte de las trampas de la inclusión, promueven formulas artesanales de resindicalización de los precarizados y entre la urgencia y el proyecto, trabajan entre la negociación y distintas formulas de militancia barrial, en una agenda de trabajo -que con más o menos clientelismo- dan respuesta a cuestiones alimentarias, a problemas urgentes, a formas populares de economía social, reclamos por la entrada y la permanencia de los servicios públicos, en defensa y ocupación de la tierra frente a la exclusión urbana, el cuidado de los jóvenes frente a la violencia institucional.

Al respecto, no es menor y para nada periférico el papel que ha tenido y tiene en la políticidad de los sectores populares la defensa y la resistencia a los recortes de las políticas sociales y en las estrategias de resistencia frente al neoliberalismo en las calles y no solo en los territorios. Pero además la demanda principal de la economía popular es sostener la demanda social del derecho al trabajo y el rechazo a divorciar al pobre del trabajador. Como refiere uno de los referentes intelectuales de la CTEP en uno de sus últimos análisis de coyuntura para el caso argentino:

“Cientos de miles tomando semana a semana las calles de todo el país, conflictos diversos, resistencias, organizaciones y reorganizaciones de los sindicatos y el movimiento social. Sin todo eso es imposible explicar la actual situación de Macri y su incapacidad para avanzar con reformas más profundas. Pocas de esas movilizaciones terminaron con triunfos reivindicativos, algunas sólo pusieron límites a un retroceso mayor, pero todas fueron limando la legitimidad y la fuerza del proyecto neoliberal. Las chances crecientes de una derrota electoral de Cambiemos se forjaron también en esas noches de desasosiego en las que, tras una marcha, una toma o corte de calle tragábamos el sabor amargo de los esfuerzos que parecían carecer de sentido. Lo tenían” (Ogando, 2019, p. 13).

Un tema no menor también es el largo trabajo de la historia en el acortamiento de la distancia entre una serie de movimientos sociales y los territorios, en donde también se puede visualizar un terreno minado de resistencias y conflictos, enfrentando cotidianamente una coyuntura adversa para las mayorías y nadando contra la corriente, con el apoyo de las organizaciones de los derechos humanos, los sindicatos, las luchas de las mujeres contra los femicidios, por la legalización del aborto y por el reconocimiento de sus derechos, de los viejos trabajadores precarizados hoy peleando el derecho a la jubilación, por los derechos de los pueblos originarios y la defensa de sus expresiones culturales, por el derecho a una educación y salud pública de calidad y no para pobres, demandas más o menos fragmentadas y más o menos articuladas, pero subalternamente conectadas.

Conclusiones posibles

Ahora volviendo a los prestamos cruzados cuales pueden ser las contribuciones, sin mesianismos ni fatalismos, para como trabajadorxs sociales no ser parte de la pata humanitaria de las políticas de la inseguridad civil y social presente en los territorios.

En este punto poner entre paréntesis el concepto de intervención social, para rehabilitar una serie de viejos conceptos, la idea de servicio público y hospitalidad en las micropolíticas cotidianas parece central, ya que no debemos olvidar que los habitantes de los barrios y los territorios se enfrentan con un buen número de instituciones públicas en las que trabajamos de las que dependen tanto para su propia supervivencia como sus posibilidades de proyectarse al futuro. Y en este aspecto es fundamental encontrar formulas de trabajo en común con las organizaciones de base y los movimientos sociales en los territorios en la defensa de la recuperación del Estado como instrumento para la redistribución social en beneficio de los sectores populares.

Dos temas no son menores en esta construcción de fórmulas, una es renovar nuestros vínculos con la Educación Popular, superando la lectura de los sujetos con los que trabajamos como usuarios de políticas, lo cual oscurece su pertenencia colectiva en cuanto a trabajadores desocupados y apoyar su movilización y organización, en la defensa de sus derechos y en una política de inversión del estigma, en que se valorice el repertorio de acción colectiva de las organizaciones de desocupados, frente a las dinámicas de los viejos y nuevos racismos que se instalan en el sentido común también de los territorios y los trabajadores de las políticas sociales.

Y otra afinar nuestras herramientas de trabajo, las más clásicas inclusive y contribuir con la información relevada a por un lado sumar información publica a las organizaciones y por el otro, mostrar las dimensiones públicas de las demandas cotidianas que llegan a nuestros lugares de trabajo. Un breve ejemplo, la potencialidad estratégica de los informes ambientales, esa vieja herramienta producida en tiempos de la primer medicina social y urbana.

De forma cotidiana hoy nos referimos a conflictos socio-ambientales en relación a los distintos extractivismos y la gramática de los conflictos en los territorios donde están asentados los sectores de las economías del mal desarrollo, pero menos enfocamos las condiciones de vida y sanitarias con las cuales cotidianamente conviven los sectores populares en los territorios urbanos y en ese punto, nuestra contribución desde los informes ambientales, en tanto y en cuanto no suponga la fiscalización de la pobreza o la reindividualización de lo social, sino la colectivización de las condiciones de vida y la necesidad de sus transformaciones.

Tenemos en el oficio una saludable tradición de discusión pública y del buen uso de las controversias respecto de renovar regularmente las preguntas sobre ¿Como los procesos de trabajo-en el caso de las instituciones de política social- limita o promueve la protección y reparación de derechos en los territorios? ¿Cuál es el papel de la mano izquierda del estado y el rol de les trabajadores del Estado y las organizaciones sociales?

En este punto quiero proponer la lucidez de los grupos de trabajo de comunicación social, de la Asociación Trabajadores del Estado, quienes frente a la retórica del discurso anti-empleado público de las viejas y nuevas derechas de los medios empresarios de comunicación, propusieron una consigna de base “Mi trabajo son tus derechos”, con cierta estética postsoviética, pero que permite situar la importancia de lo público estatal para la vida cotidiana de las mayorías y que también nota que puede haber Estado sin ciudadanos, pero más difícilmente haya ciudadanos sin Estado.

Igualmente, para resituar una breve periodización histórica, debemos reconocer en nuestras memorias de izquierda y nac&pop, la desconfianza hacia el propio Estado, el Estado en la región ha perseguido, maltratado y matado a sus ciudadanos, aún hoy parte de sus funcionarios y trabajadores violan derechos cotidianamente, o ensayan pequeñas tiranías en la producción de contra derechos en los servicios públicos. Los latinoamericanos hemos padecido distintos ciclos y experiencias neoliberales, sea en su formato autoritario, sea en su formato liberal democrático, solo con otros ciclos, a partir de la serie de experiencias de gobiernos democráticos populares y solo con el restablecimiento de la centralidad de los derechos es que podemos detenernos a experimentar en la defensa y la reconstrucción de las comunidades que trabajamos, en donde instituciones públicas comprometidas y comunidades movilizadas, rompen el hechizo de los recursos de las propia comunidad y aumentan sus capacidades para producir bienes públicos y construir paso a paso el derecho a la ciudad y a políticas públicas y programas sociales, luchando dignamente para que no se transformen en pobres y precarizadas políticas para los territorios.

Decíamos en otro momento, y como parte de las conclusiones poner entre paréntesis el concepto tan habitual de intervención social entendiendo por fin su legitimidad problemática, como una especificación de nuestro trabajo por el NO, parte de los argumentos los sintetiza Denis Merklen, si bien para otros escenarios, pero con el cual tenemos fuertes afinidades electivas:

“La movilización y el conflicto ponen en evidencia un sentimiento contradictorio. Por un lado, los habitantes quieren más Estado, más servicios públicos y más espacio público en el marco de una demanda de integración de su espacio vital a la ciudad; por otro lado, rechazan la exterioridad de la decisión y de la autoridad que se les impone a través de quienes controlan los presupuestos, que son garantizados por ley. Se trata de la fuerza pública, que siempre cerca, decide cuando los conflictos superan ciertos límites. De esta manera, el conflicto puede ser situado en un marco “poscolonial”, en que el Estado es caracterizado como una especie de fuerza de “intervención” extranjera, lo que socaba largamente sus bases de legitimidad” (Merklen, 2016, p. 355).

Referencias

Auyero, J. y Berti, M. F. (2013). La violencia en los márgenes. Una maestra y un sociólogo en el conurbano bonaerense. Buenos Aires: Katz Editores.

Castel, R. (2010). El ascenso de las incertidumbres: trabajo, protecciones, estatuto del individuo. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.

Foucault, M. (1991). Saber y Verdad. Madrid: Ediciones La Piqueta.

Gago, V. (2019). La potencia Feminista o el deseo de cambiarlo todo. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Ediciones Tinta Limón.

Hamzaoui, M. (2005). El Trabajo Social Territorializado. Universidad de Valencia: Nau Libres Editores.

Lechner, N. (1990). A la búsqueda de la comunidad perdida Documento de Trabajo FLACSO. Programa Chile. Serie Estudios Políticos, N° 2. Disponible en: http://flacsochile.org/biblioteca/pub/memoria/1990/000245.pdf

Merklen, D. (2019). Entrevista a Denis Merklen. Periódico La Diaria.

Merklen, D. y Filardo, V. (2019). Detrás de la línea la pobreza: la vida en los barrios populares de Montevideo. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Ediciones Gorla.

Merklen, D. (2016). Bibliotecas en llamas: cuando las clases populares cuestionan la sociología y la política. Los Polvorines: Ediciones de la Universidad Nacional de General Sarmiento.

Ogando, M. (2019). Una formula, una relación de fuerza y múltiples desafíos. Buenos Aires: Ediciones Periodismo Popular.

Notas