Introducción

En Colombia, los niveles de abstención electoral se han convertido en un elemento inquietante de la cultura política. La baja participación de los colombianos en el ejercicio de elección de sus representantes, ubica al país como uno de los Estados de América Latina con las cifras más altas de abstención electoral (entre 50% y 68%). Entre 1978 y 2010, tan solo el 45.99% de los ciudadanos registrados ejercieron su derecho al voto, un promedio que invita a la apertura de diversas líneas de estudio sobre las posibles causas y consecuencias del fenómeno (Barrero Escobar et al, 2013; Blais, 2011; Torres, 2013)

Al analizar los factores contextuales (que incluyen representaciones políticas, institucionales, históricas, sociales y económicas a nivel macro) que puedan dar luz a la existencia de estos altos niveles de abstención electoral (García, 2016), se distingue de manera singular la situación de violencia política vivida en el país desde hace ya más de 60 años. Colombia padece el conflicto armado interno más largo de América Latina, caracterizado por la confrontación irregular, compleja y prolongada de diversos grupos armados (guerrilla, paramilitarismo, narcotráfico, agencias de Estado, entre otros), que ha llevado a una situación de creciente inestabilidad política, económica y social y ha afectado negativamente la cotidianidad de la población civil y la legitimidad del Estado (Tawse- Smith, 2008).

En este sentido, un nutrido grupo de investigadores ha indagado en las dinámicas electorales en contextos de conflicto armado (Barrero, 2011, García, 2010; García 2016; Gómez, 2009), y coinciden, mayoritariamente, en la existencia de una fuerte relación entre los niveles de participación electoral de la sociedad y los contextos violentos. Entre estas investigaciones se destaca la de Barrero Escobar et al. (2013) donde se concluye que el control violento de un grupo armado sobre una población o territorio puede conducir a que los ciudadanos se inclinen a actividades privadas y prefieran no participar activamente en los ejercicios políticos y electorales. De igual manera, Fernández y Aguilera (2010) analizan la afectación psicológica de la violencia en el comportamiento electoral de los ciudadanos y su filiación política en el departamento de Santander en los comicios de 1992, evidenciando la necesidad de ampliar el estudio sobre la correlación específica de los hechos de violencia que se registran en los territorios y el abstencionismo.

electorales proporcionados por la Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia y la base de datos de hechos de violencia del Observatorio de Memoria y Conflicto del Centro Nacional de Memoria Histórica, de donde se aislarán las particularidades referentes a la última década en el suroccidente colombiano, con el fin de examinar el impacto que pueda tener el número de hechos violentos dentro del conflicto armado en los niveles de abstención electoral, específicamente, durante las elecciones departamentales a gobernación y Cámara de Representantes del suroccidente colombiano entre 2002 y 2015.

Así pues, la presente propuesta atiende la necesidad de estudiar más escenarios que respondan a las características contextuales propias del conflicto armado para analizar la relación con la baja participación electoral y, de esa forma, generar un aporte a la reflexión nacional alrededor del fenómeno de la abstención. La intención es crear una pieza más del rompecabezas, para contribuir al entendimiento de una parte de las dinámicas sociopolíticas del país. En conformidad con esto, la investigación realiza un estudio de corte cuantitativo de tipo correlacional / longitudinal, utilizando los datos de abstención de 24 procesos electorales proporcionados por la Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia y la base de datos de hechos de violencia del Observatorio de Memoria y Conflicto del Centro Nacional de Memoria Histórica, de donde se aislarán las particularidades referentes a la última década en el suroccidente colombiano, con el fin de examinar el impacto que pueda tener el número de hechos violentos dentro del conflicto armado en los niveles de abstención electoral, específicamente, durante las elecciones departamentales a gobernación y Cámara de Representantes del suroccidente colombiano entre 2002 y 2015.

Marco Teórico

Participación electoral en contextos de violencia

Las expresiones de violencia política, tales como los asesinatos selectivos y sistemáticos de líderes políticos, sociales y de opinión y la coerción a la libre participación electoral, debilitan irremediablemente los procesos por medio de los cuales los ciudadanos conocen y ejercen sus poderes democráticos para actuar y tomar decisiones sobre las situaciones que los afecta a sí mismos y a su entorno (Rojas et al, 2012; Torres, 2013). Esta situación pone a los ciudadanos en una posición en la que deben planificar su comportamiento político y electoral de manera estratégica, priorizando la auto protección frente al contexto amenazante y no los intereses generales y políticos de la región o localidad (Fernández et al, 2010).

La participación ciudadana a través de los ejercicios electorales constituye la forma más frecuente y generalizada de la participación política en las democracias contemporáneas, debido a que no requiere altos niveles de información, iniciativa y esfuerzo por parte de la población (Baralt, 2006). En este sentido, la participación electoral coincide con la participación política en cuanto busca explicar, demandar, influir o tomar parte en el proceso de decisiones políticas. Sin embargo, la participación política engloba una cantidad de actividades, interacciones, comportamientos, acciones y actitudes, mientras que la participación electoral se identifica comúnmente con una actividad puntual, el voto (De Mantilla, 1999).

Existen diversos elementos que pueden afectar la participación ciudadana en relación con el ejercicio del voto, entre ellos se ha conferido especial atención a los factores contextuales, que incluyen las dimensiones socioeconómicas, políticas e institucionales y resaltan elementos como el tamaño de la población, el nivel de Producto Interno Bruto (PIB) e Ingreso Nacional Bruto (INB), la calidad de las instituciones democráticas y la competitividad entre partidos políticos (Blais, 2008; Montero et al, 2019). Junto con ellas, la presencia de violencia política también ha sido vista como un aspecto determinante en la vinculación popular con los procesos electorales (Barrero, 2011; Ponce, 2016; Trelles et al., 2012).

El debilitamiento de los procesos de participación electoral de la ciudadanía en contextos de violencia armada puede darse en diversas formas (Barrero Escobar et al.; 2013Fernández et al, 2010). Por un lado, se pueden evidenciar dinámicas electorales en las cuales los resultados comúnmente favorecen los intereses del actor armado predominante en el territorio. Esto sucede cuando los actores armados (legales o ilegales) vetan candidatos o ejercen presión directa para que se vote por uno u otro (Barrero Escobar et al., 2013). En otros casos se observa una dinámica de abstención en las actividades políticas en general, que ocurre, ya sea porque las emociones de angustia y miedo derivadas de la violencia constante actúen como inhibidores del comportamiento verbal o la opinión pública, o porque los actores armados intimiden directamente a la comunidad para que no ejerza el derecho al voto (Barrero Escobar et al., 2013; Fernández et al, 2010).

Abstención electoral en contextos de violencia

La falta de participación electoral, como consecuencia o como fin mismo de la violencia armada, implica un aumento en la abstención electoral y representa “un serio inconveniente a la consolidación de la democracia en la región” (Nohlen, 2004, p. 145), ya que, aun cuando el ejercicio del voto no es la única forma de participación política contemporánea, es innegable que constituye la expresión máxima del vínculo entre la ciudadanía y el poder político dentro de la democracia representativa, al permitir a la sociedad civil tener injerencia en selección de funcionarios y conferir legitimidad a los gobernantes (Gómez, 2009; Nohlen, 2004). Thompson (2007) define la abstención electoral como un indicador de la participación electoral, que muestra la proporción de los no votantes sobre el total de los que tienen derecho de voto y se determina por la acción de no participar en el ejercicio electoral, ya sea por voluntad propia o por razones externas, relacionadas a la estructura del sistema electoral o al contexto sociopolítico.

Existen diversas formas de abstencionismo. Por un lado, podemos identificar el abstencionismo apático, motivado por la indiferencia a los procesos políticos y la poca confianza en la influencia de la población en los resultados y procesos sociales (Hernández- Díaz et al., 2018). Este tipo de abstención se caracteriza por la percepción del ciudadano de que la acción electoral representa un desgaste conductual, económico y/o temporal, y le resulta más beneficioso invertir sus recursos en otro tipo de actividades (Correa Chica et al., 2018). De esta forma, la abstención apática se enmarca en el enfoque utilitarista, en el cual los ciudadanos determinan sus acciones de acuerdo con su estimación de qué actividad les permitirá producir mayores beneficios o ventajas, o en este caso, del peso de las consecuencias de castigo utilitario al voto (Correa Chica et al., 2018; Glaser, 1998).

Contrariamente, se presenta el abstencionismo de protesta, por medio del cual la ciudadanía demuestra su inconformidad frente a problemáticas como la corrupción, el clientelismo o la ineficacia gubernamental (Pérez Múnera, 2016). La abstención por sí misma no constituye un elemento deslegitimador del sistema político, pero si un medio por el cual la ciudadanía puede expresar su descontento hacia el mismo (Baralt, 2006). De esa forma, cuando la población confía en sus políticos o sus instituciones gubernamentales, se entiende que participe más en los procesos electorales. Por el contrario, cuando existe inconformidad o desconfianza, la ciudadanía tiende a asumir una de dos posturas: o son abstencionistas para no ser copartícipes de la ineficiencia gubernamental, o votan para cumplir su deber cívico, pero expresan su descontento por medio de otros mecanismos de participación política, como la protesta (Gutiérrez Sánchez, 2017).

Finalmente se encuentra el abstencionismo obligado, que, como se mencionó anteriormente, se desarrolla principalmente en contextos de violencia política y se caracteriza por la presión de actores armados sobre la población. En este sentido, la abstención obligada se relaciona con la existencia (o percepción de existencia) de consecuencias de castigo al voto y consecuencias de refuerzo a la abstención (Correa Chica et al., 2018). En contextos en los que la violencia percibida, el miedo a la violencia o la intimidación de los votantes han estado presentes durante periodos largos de tiempo, la población termina creyendo que no hay alternativa a las elecciones violentas, llevando a una cultura de miedo que disuade a las personas de participar en los procesos electorales (Mac-Ikemenjima, 2017).

En el estudio de la abstención electoral existen diversos enfoques, que buscan explicar cuáles son las causantes o condiciones de este fenómeno (Baralt, 2006). Dentro de estos enfoques, y para los fines de este estudio, sobresalen el sociológico (Baralt, 2016), y el politológico o institucional (Baralt, 2006; Correa Chica et al., 2018). De acuerdo con el enfoque sociológico del análisis de la participación electoral, las condiciones sociales (que incluyen elementos tanto demográficos - edad, género, ingreso y ocupación - como de entorno social - clase social, religión, etnia, nación -) son los principales determinantes de la abstención, tanto en el nivel individual como en el agregado (Baralt, 2006). Complementariamente, el enfoque politológico se centra en analizar el fenómeno en relación con el sistema político y electoral (que incluye cercanía de elecciones, ideología política, reglas electorales, confianza en las instituciones, entre otros) (Correa Chica et al., 2018).

Al correlacionar las anteriores variables con la abstención de la ciudadanía durante elecciones nacionales y elecciones regionales, João Cancela & Benny Geys (2016) encuentran que elementos como los gastos de campaña, la cercanía de las elecciones y los requisitos de registro tienen más afectación en las elecciones nacionales, mientras que el tamaño y la composición de la población, las elecciones concurrentes y el sistema electoral juegan un papel más importante en las elecciones regionales. Sin embargo, este estudio no toma en cuenta el contexto de violencia política. Mac-Ikemenjima (2017) estudia los efectos de la violencia preelectoral en África Subsahariana y establece una relación negativa entre la violencia y la participación electoral, especialmente entre los jóvenes. El análisis también encuentra que la violencia tiene un efecto mucho mayor sobre la abstención que elementos como el nivel socioeconómico, de educación o la afiliación a partidos políticos.

Conflicto armado y violencia en Colombia

El conflicto armado, como concepto legal aplicable a la actuación de Estados o grupos armados beligerantes, es definido por el Derecho Internacional Humanitario (DIH) y consagrado en los Convenios de Ginebra (1949) como los enfrentamientos violentos entre dos o más grupos humanos beligerantes, que generalmente tienen como resultado muertes y destrucción material (ACNUR, 2018), y los distingue en dos categorías: el conflicto armado internacional y el conflicto armado no internacional o interno.

En Colombia se han presentado a través de los años debates políticos promovidos desde el gobierno y el Congreso, y justificados por el endurecimiento de la noción de seguridad tras el 11 de septiembre del 2001, sobre la existencia de un conflicto armado interno - en el que las partes beligerantes tienen legitimidad y pueden constituirse como interlocutores - o, por el contrario, la presencia de una amenaza terrorista - que exigiría una respuesta principalmente represiva - (Nasi & Rettberg, 2005).

Rodrigo Uprimny (2005) concluye que, acorde con las definiciones vigentes de conflicto armado de las ciencias sociales y del DIH, es notorio que en Colombia existe un conflicto armado interno y que es necesario desmitificar el reconocimiento del mismo y dejar de confundirlo con la legitimación de las acciones de los grupos armados ilegales y el apoyo al uso de la violencia. De esta forma invita a las instituciones del Estado, y a la sociedad civil, a aceptar la existencia del conflicto como punto de partida para la transición del país a un escenario real de verdad, justicia, reparación y no repetición de la violencia. Esta premisa es la que abre la puerta a los acuerdos de paz entre el gobierno de Juan Manuel Santos y la Guerrilla de las FARC.

En un intento por lograr este objetivo, el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) ha dedicado esfuerzos a reconstruir el pasado violento del país, en relación con el conflicto armado, por medio de informes, libros, documentales, entre otros. Así mismo, a través del establecimiento del Observatorio de Memoria y Conflicto (OMC), ha desarrollado un marco conceptual en el que define y categoriza la violencia derivada del conflicto y mide su evolución temporal en los diferentes departamentos del país (CNMH, 2018). Según el OMC, se entienden como hechos de violencia del conflicto armado todos aquellos en los que se cumplan criterios de vulnerabilidad de las víctimas derivados del conflicto armado y/o que hayan sido perpetrados parcialmente o en su totalidad por actores armados beligerantes, entre los que se encuentran agentes del Estado, grupos paramilitares, guerrillas, agrupaciones con nexos al narcotráfico, entre otros.

Estos hechos de violencia incluyen varias categorías, entre las que se encuentran las acciones bélicas, los asesinatos selectivos, los ataques a poblaciones, los atentados terroristas, los daños a bienes o civiles, la desaparición forzada, las masacres, los secuestros, minas antipersonas y municiones sin explotar, la violencia sexual y el reclutamiento (CNMH, 2018). Dentro de las expresiones de violencia ligadas al conflicto armado, es esencial distinguir aquellas que son dirigidas o afectan directamente a la sociedad civil (como los atentados terroristas, las masacres, la desaparición forzada, entre otras), ya que estas experiencias dolorosas ocasionan una ruptura en el tejido social del Estado y tienen un fuerte impacto en el comportamiento de la ciudadanía (Fernández et al., 2010) y en la toma de decisiones en el ámbito político.

Violencia en el suroccidente colombiano

La actual división política identifica al suroccidente colombiano como región compuesta por los departamentos del Valle del Cauca, Cauca y Nariño¹. Esta división territorial se emplea fundamentalmente para impulsar políticas de desarrollo desde el gobierno nacional (Moreno León, 2012), pero es también muy útil para el estudio del conflicto armado y sus repertorios de violencia, ya que ha sido históricamente un escenario frecuente de confrontación irregular, donde la disputa por el control ha sido substancial. Entre los años 1958 y 2018, según cifras oficiales, se han registrado 37.587 sucesos de violencia, lo que representa el 11% del total de eventos violentos en el territorio nacional durante ese periodo, una cifra representativa si se toma en cuenta que, territorialmente, el suroccidente abarca únicamente el 7% del Estado colombiano (CNMH, 2018; Moreno León, 2012).

Uno de los motivos principales para que la situación de violencia en el suroccidente se haya tornado tan compleja, es que en la región han confluido todos los actores armados existentes en Colombia. De esa forma, a través de los años, ha hecho presencia en la zona: las guerrillas (M19, Farc y ELN, entre otras), el paramilitarismo (Bloque Calima de las AUC), el narcotráfico (Cartel de Cali y Cartel del Norte del Valle) y los agentes del Estado (Policía Nacional y Ejército). El establecimiento de los actores armados en esta área geográfica se debe a que el suroccidente es un corredor estratégico, no solo en lo militar, sino también en lo económico, por su cercanía con el Océano Pacífico y su riqueza en tierras y materias primas. Por esta razón, los grupos insurgentes comienzan a asentarse en los municipios que les garantizan recursos para su financiación (cultivos ilícitos, petróleo, carbón y oro, entre otros) (Echandía, 2014; Salas-Salazar, 2016; Vélez, 2000).

Si tomamos en cuenta lo anterior, se entiende que la violencia generada por los actores del conflicto armado en contra de poblaciones y comunidades civiles, especialmente rurales, responde a la necesidad de establecer control, dominio e incidencia territorial (Salas- Salazar, 2016); de modo que estas expresiones de violencia no son accidentales, o como suelen ser justificadas comúnmente ´daños colaterales´. Charles Tilly (1978) fundamenta que los actores armados utilizan mecanismos de coerción contra la población civil para “elevar los costos de la acción colectiva de un contendor” (Tilly, 1978). Como establece Daniel Pécaut (2001), la violencia extrema en contra de comunidades civiles provoca dinámicas que fortalecen el ´gobierno´ de los actores armados en los territorios, a partir de la incertidumbre y la dificultad de la cimentación de un relato articulado, que explique las circunstancias de la barbarie. De esta forma, el mantenimiento de un clima de violencia política tiene, para los actores armados involucrados, unos objetivos concretos: Intimidar a la población, eliminar posibilidades de sublevación, controlar las acciones que pongan en peligro su posición de poder y romper con el tejido social unificado (Fernández et al., 2010).

Tomando como referencia los antecedentes teóricos expuestos, se desarrollaron las siguientes hipótesis de investigación:

H1 - Los niveles de violencia relacionada al conflicto armado han disminuido en el suroccidente colombiano a través de los años

H2 - De igual forma, los índices de abstención electoral en las elecciones a la Gobernación de Departamento y Cámara de Representantes del suroccidente colombiano durante el periodo estudiado han disminuido

H3 - Existe una correlación positiva entre el número de hechos violentos dentro del conflicto armado y los niveles de abstención electoral de los ciudadanos del suroccidente colombiano

Metodología

Para la realización de este estudio, se trabajó con un diseño metodológico cuantitativo con alcance descriptivo y correlacional (Ato et al., 2013; Hernández Sampieri et al., 2010). Adicionalmente, el estudio tiene carácter longitudinal, toda vez que evalúa los datos registrados entre 2002 y 2015, lo que corresponde a 24 procesos electorales durante las últimas dos décadas. Esta característica permitió trabajar con una muestra siguiendo criterios de conveniencia, que refleja la transversalidad del fenómeno y da insumos para fortalecer la validez externa del estudio, apuntando a una mayor generalización de las conclusiones. De acuerdo a las limitaciones de acceso a los datos públicos que ofrece la Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia, la muestra del estudio se configura de la siguiente manera:

Es vital aclarar que el universo del estudio se calcula teniendo en cuenta las disposiciones en el ámbito electoral que recoge la Constitución de 1991, en donde se fortalecen los mecanismos de participación ciudadana, los procesos de elección del legislativo y se abre la posibilidad de elegir a los gobernadores de cada departamento a través de elección popular (Arévalo et al., 2013; Ramírez, 2004). Esto quiere decir que la normativa electoral vigente la marca la Constitución de 1991. De hecho, antes de esa fecha no existía la elección popular de Gobernadores. Tras el establecimiento de la muestra, se diseñó un instrumento de variables criterio y predictoras que permitieron observar la correlación entre los fenómenos estudiados (Muñiz, 2019). Para el proceso de recogida de los datos se diseñó una ficha que permitió agrupar los datos de manera sistemática, reflejando los valores de cada una de las variables con el fin de determinar frecuencias absolutas de la muestra y medias.

Para dar coherencia al diseño metodológico planteado, se establecieron criterios de inclusión de datos de los años y tipo de elección a estudiar, toda vez que responde a la valoración del equipo investigador en cuanto a la idoneidad de poder realizar un registro lo más completo posible de los datos (Hernández Sampieri et al., 2010), tanto de hechos violentos consignados por el Observatorio de Memoria y Conflicto del Centro de Memoria Histórica, como de los datos de abstención electoral en los comicios de los departamentos estudiados consignados por la Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia.

Los datos recopilados por estas dos instituciones han permitido definir la cuantificación de los valores correspondientes a cada una de las variables a través de los instrumentos predefinidos. De igual manera, la elección de estas fuentes oficiales, que trabajan con datos macro, aplicables a todo el territorio y la población, confieren validez externa y fiabilidad a la investigación (Hueso et al., 2012). En ese sentido, la recolección de la información se hace al margen de sesgos debidos al propio investigador. Para contextualizar la pertinencia de estas dos fuentes de información oficial, se considera oportuno hacer una breve descripción del papel que juegan dentro de las dinámicas sociopolíticas y administrativas del Estado colombiano.

La Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia (RNE) fue creada con la Ley 89 de 1948, como una entidad autónoma e independiente, responsable de la labor de identificación de los colombianos y de la organización de las elecciones. La Constitución Política de 1991, le confiere funciones para normativizar y gestionar la apertura de nuevos mecanismos de participación ciudadana. La institución tiene competencias tanto en el ámbito municipal, distrital como departamental (Arévalo et al., 2013; Ramírez, 2004). Teniendo en cuenta las funciones de la RNE en los procesos electorales entre los que se incluye planeación, ejecución, veeduría, escrutinio y posterior registro de los resultados electorales en todas las jurisdicciones del país, se considera idóneo asumirla como fuente oficial y primaria en la definición de la muestra y de las unidades de análisis.

El Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) es una organización pública de orden nacional creada en el marco de la Ley 1448 de 2011 y adscrita al Departamento para la Prosperidad Social (DPS). La institución tiene como misión la recuperación y análisis de todo el material referente a hechos de violencia y victimización ocurridos durante el conflicto armado interno del país. En línea con su función, el Observatorio de Memoria y Conflicto del CNMH cuenta con el archivo más completo de material documental y datos oficiales relacionados con el conflicto interno colombiano (Ardila Behar, 2019; CNMH, 2020; Pérez Torres, 2016). Es precisamente por ello que para la realización del presente estudio se acude a la base de datos que ha producido el Observatorio, en los que integra datos sobre los distintos tipos de hechos violentos registrados en el Suroccidente colombiano durante los años que componen el marco temporal.

Medidas Utilizadas

A continuación, se describe el instrumento diseñado para la recolección de los datos. Es importante referir que se tomó como unidad de análisis cada uno de los procesos electorales para elección de Gobernador(a) y Representante de Cámara de los tres Departamentos del suroccidente colombiano (Cauca, Nariño y Valle del Cauca), durante el marco temporal definido (últimos 20 años). Así, también se registró como una variable de estudio cada uno de los hechos violentos registrados en los informes de referencia del CNMH.

Datos de contextualización: Dentro de los datos de identificación del caso, se utilizan tres variables de contextualización: El Departamento (1 = Cauca, 2 = Nariño, 3 = Valle del Cauca), el año de las elecciones (2002, 2003, 2006, 2007, 2010, 2011, 2014 o 2015) y el tipo de elección (1= Gobernación, 2 = Cámara de representantes).

Indicador de violencia derivada del conflicto armado: El número de casos de violencia derivada del conflicto armado por cada año se obtiene del análisis de once variables, en donde cada una representa un tipo de violencia, según lo establecido por el Observatorio de Memoria y Conflicto del CNMH²: Acciones Bélicas, Asesinatos selectivos, Ataques a poblaciones, Atentados terroristas, Daños a bienes o civiles, Desaparición forzada, Minas Antipersonas y Municiones sin Explotar, Masacres, Secuestro, Violencia sexual y Reclutamiento. Cada uno de los tipos de violencia se miden con una variable cuantitativa que registra el número de casos identificados por el Observatorio durante el año de análisis. Indicador de abstención electoral: Los porcentajes de participación y abstención electoral por cada uno de los procesos electorales a los que se pudo acceder, se derivan del análisis de dos variables aportadas por la base de datos de la RNE: Inscritos para votar (Potencial electoral) y Votantes que participaron en la elección.

Resultados

Atendiendo a la necesidad de dotar de fiabilidad el estudio, previa evaluación de los datos se realiza el análisis de fiabilidad de consistencia interna de las escalas de medida. Teniendo en cuenta la naturaleza de los datos recolectados y la particularidad del diseño metodológico, se obtiene un coeficiente de Alfa de Cronbach de .67.

Como primer paso del estudio, se realizó un análisis de varianza para establecer la evolución temporal del número total de casos de violencia (TCV) derivados del conflicto armado en el suroccidente colombiano. Los resultados demostraron la existencia de una diferencia significativa en el número de casos de violencia presentados durante los años del estudio, F (7, 16) = 14.63, p = .001, η2 = .87. Así mismo, la prueba post hoc mostró que las principales diferencias se encontraban entre el primer año del estudio, 2002 (M = 941, DE = 149) y el último año, 2015 (M = 162, DE = 51). Esta prueba también permitió demostrar (Ver Figura 1) que los fenómenos de violencia derivados del conflicto armado en el suroccidente presentaron una tendencia estable de disminución durante los años estudiados, con excepción del periodo 2010-2011, donde exhibieron un pequeño aumento.

Figura 1
Evolución temporal de los casos de violencia
Elaboración propia

Seguidamente, se repitió la prueba de análisis de varianza, esta vez para definir la evolución temporal de los porcentajes de abstención electoral (PAE) en el suroccidente colombiano. Los resultados confirmaron la existencia de una diferencia significativa en el porcentaje de abstención electoral durante los años del estudio, F(7,16) = 6.06, p = .001, η2 = .73. Así mismo, la prueba post hoc mostró que las diferencias se presentaban en dos grupos. Por un lado, y con porcentajes de abstención significativamente mayores, se identificaron los años en los que se llevaron a cabo elecciones a Cámara de Representantes: 2002 (M = 60, DE = 5), 2006 (M = 61, DE = 4), 2010 (M = 58, DE = 4) y 2014 (M = 56, DE = 7). En el segundo grupo se distinguieron los años en los que se llevaron a cabo elecciones a gobernación: 2003 (M = 48, DE = 6), 2007 (M = 46, DE = 5), 2011 (M = 42, DE = 7) y 2015 (M = 40, DE = 8). Adicionalmente, se observó (Ver Figura 2) que los porcentajes de abstención, para cada tipo de elección, presentaron una disminución estable durante los años estudiados, con excepción del año 2006, donde se manifestó un aumento.

Figura 2
Evolución temporal de los porcentajes de abstención electoral
Elaboración propia

El siguiente punto que se abordó en el estudio fue el de la existencia de correlación entre las variables contempladas en el análisis, en este caso el número total casos de violencia y porcentaje de abstención electoral (Ver Tabla 1). Para ello, una vez confirmada la distribución normal de ambas variables (para TCV p = .40 y para PAE: p = .39), se procedió a calcular la correlación existente entre ambas variables. Los datos obtenidos permitieron descartar una correlación estadísticamente significativa entre el número total de casos de violencia y el porcentaje de abstención electoral, r (22) = .32, p = .13. Si bien no se observó una relación entre ambas, en este resultado puede incidir el hecho de que se haya contado con una limitada cantidad de casos estudiados, producto de la dificultad en el acceso a los datos oficiales de la RNE.

Posteriormente, para dar más profundidad al enfoque correlacional del estudio, se procedió a realizar una segunda correlación, esta vez buscando determinar la existencia de relaciones entre el porcentaje de abstención electoral y los distintos tipos de violencia derivada del conflicto armado. Los datos obtenidos (Ver Tabla 2) permitieron confirmar la correlación estadísticamente significativa entre la abstención electoral y dos tipos de violencia. Por un lado, se determinó una correlación positiva entre los porcentajes de abstención electoral y los casos de asesinatos selectivos, r (22) = .43, p = .04. Este hallazgo se considera altamente esclarecedor, pues apunta a que el miedo de convertirse en un blanco directo de los grupos armados es un factor importante para la ciudadanía, a la hora de decidir abstenerse de la actividad político-electoral.

Contrariamente, la correlación negativa resultante del análisis de los porcentajes de abstención electoral y los casos de atentados terroristas, r (22) = -.42, p = .04, sugiere que cuando la violencia es indiscriminada, la población tiende a acercarse a las soluciones electorales. Adicionalmente, se encontró una correlación positiva tendencial entre la abstención electoral y las masacres, r (22) = .34, p = .10. Este resultado tiene sentido dentro del contexto del conflicto armado, ya que este tipo de violencia se considera una de las causas principales del desplazamiento interno en Colombia.

Discusión y conclusiones

El presente estudio buscaba examinar la evolución de los fenómenos de abstención electoral y violencia derivada del conflicto armado durante las últimas dos décadas en la región del suroccidente de Colombia. Así mismo, pretendía determinar la existencia de correlaciones entre las distintas categorías de violencia y la abstención electoral, en un intento por comprender como el contexto ha afectado las dinámicas político-electorales de esta zona del país. Para ello, primero se observó (por medio del análisis de varianza ANOVA) las evoluciones temporales de ambas variables, para posteriormente realizar los análisis correlacionales de las mismas, buscando así resolver las hipótesis de investigación planteadas al comienzo del estudio.

En relación con la primera hipótesis de investigación del estudio, se puede concluir que existe una diferencia significativa en el número de casos de violencia presentados durante el periodo estudiado, que se representa en la tendencia a disminuir de forma estable, con excepción del periodo 2010-2011. La disminución de la violencia en los años del estudio puede tener varias causas históricas, entre ellas la política de Seguridad Democrática del gobierno de Álvaro Uribe (2002-2010) y el proceso de negociación entre el gobierno de Juan Manuel Santos y la guerrilla de las Farc (2012-2016). Durante estos periodos se logró la desmovilización de las AUC, durante el gobierno de Uribe, y el cese al fuego bilateral y posterior desmovilización de las Farc, durante el Gobierno de Santos (Pizarro, 2007). Esto parece tener un importante impacto en el suroccidente colombiano, donde tanto el paramilitarismo como las Farc han tenido una fuerte presencia en los territorios, especialmente rurales.

En cuanto a la segunda hipótesis de investigación planteada con relación a la evolución temporal del fenómeno de abstención electoral en el suroccidente colombiano, se observa que existen diferencias significativas entre los niveles de abstención presentes en las elecciones a gobernación y Cámara de Representantes, en donde las últimas presentan porcentajes mucho más altos. Los niveles de abstención encontrados en las elecciones a la Cámara de Representantes son congruentes con las cifras nacionales, que alcanzaron, entre 1990 y 2014, un promedio de 57,4%, uno de los porcentajes más bajos de América Latina (Maldonado et al., 2014). Como posibles causas a este fenómeno se han evidenciado la sobreoferta en el número de partidos políticos, que hace confusa la participación de la ciudadanía, y la magnitud de la circunscripción, en donde los distritos más grandes presentan niveles más altos de abstención (Maldonado et al., 2014). Además de ello, para muchos ciudadanos no está claro el papel de los Representantes a la Cámara, parte de ello por la poca o nula relación de los legisladores con sus electores.

Con respecto a la correlación entre las variables, se planteó una última hipótesis de investigación acerca de la relación entre la abstención electoral y la violencia, inicialmente analizada como una variable que agrupaba todos los hechos violentos derivados del conflicto armado y, posteriormente, dividida en once categorías. Los resultados obtenidos en el primer análisis no establecieron una correlación estadísticamente significativa entre el índice de violencia total y la abstención electoral, pero al desagregar esta variable y analizar la correlación entre cada tipo de violencia y la abstención electoral, se encontraron dos correlaciones estadísticamente significativas y una tendencial.

La correlación positiva entre los porcentajes de abstención electoral y los casos de asesinatos selectivos apunta a la priorización de la autoprotección (Fernández et al., 2010). En contextos en los que hay una gran cantidad de asesinatos selectivos a líderes políticos, educativos o ambientales, entre otros, los ciudadanos desarrollan miedo a convertirse en el siguiente asesinado. De esa forma, el hacerse invisible en el ambiente político-electoral se convierte en una estrategia de supervivencia. Simultáneamente, el asesinato de líderes sociales implica que estos ya no están en condiciones de ejercer su influencia en la participación política activa de su comunidad (Behar, comunicación personal, 2020).

Por su parte, la correlación negativa resultante del análisis de los porcentajes de abstención electoral y los casos de atentados terroristas parece indicar que la violencia indiscriminada genera una reacción de reclamo en la sociedad, en donde el voto se usa como mecanismo de exigencia hacia las autoridades políticas, la policía y las fuerzas militares para que restablezcan el orden (Behar, comunicación personal, 2020).Esta respuesta a los ataques indiscriminados es especialmente significativa si se compara con la actitud ciudadana de ‘por algo sería’ existente en Colombia hacia fenómenos como la desaparición forzada, los asesinatos selectivos o la violencia sexual.

Finalmente, la correlación positiva tendencial entre la abstención electoral y las masacres representa una problemática que va más allá del acto violento. Las masacres son una de las principales causas de los desplazamientos masivos en Colombia y han sido utilizadas por los actores armados como estrategias para hacerse con el control efectivo de los territorios rurales (Moreno León, 2012). El desplazamiento forzoso tiene dos consecuencias en la participación político electoral. El primero es un efecto logístico, y que los desplazados tienen su registro electoral en su localidad de procedencia y solo ahí pueden votar, a menos que realicen los procedimientos burocráticos de cambio de residencia (Behar, comunicación personal, 2020). La segunda consecuencia tiene que ver con el miedo y, nuevamente con la autoprotección: “una de las cosas que buscan las víctimas es no dar pistas de dónde se encuentran y una forma de dar pistas es inscribirse para votar” (Behar, comunicación personal, 2020).

Al analizar en conjunto los hallazgos del estudio se puede hacer una aproximación teórica de cómo estos influencian la calidad democrática de Colombia. El Banco Mundial mide los esfuerzos realizados por los gobiernos para incrementar la calidad del aparato democráticos estatal por medio de los niveles de gobernanza mundial y establece la ausencia de violencia y la posibilidad de la participación ciudadana en la selección del gobierno como dos de los indicadores a tomar en cuenta. De esta forma, si evaluamos la disminución tanto de la violencia como de la abstención electoral a través de los años estudiados, podemos suponer que esto tiene consecuencias positivas para la estabilidad democrática de la región, y en consiguiente del Estado colombiano.

A partir de este primer acercamiento se ve de interés la apertura de nuevas líneas de investigación en las que se pueda estudiar en profundidad la correlación entre cada uno de los tipos de violencia y la abstención en otros territorios. Para el caso colombiano se invita a aplicar la metodología diseñada para este estudio en otras regiones afectadas por la violencia del conflicto que, si bien podría marcar otras proporciones, puede ayudar en la complejidad de la comprensión del impacto del conflicto armado en los fenómenos político- electorales del país.

La replicabilidad del estudio en contextos diferentes al colombiano, dependería de la existencia de datos sistematizados y categorizados que permitan cuantificar los fenómenos de los distintos tipos de violencia. En ese sentido, este estudio se propone como punto de partida para que, desde diversas perspectivas, se pueda ahondar en el análisis del impacto de violencia y su relación con los niveles de abstención electoral, una medida que contribuye al diagnóstico de la salud de las democracias contemporáneas.

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Notas

Notas de autor

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