Introducción

En el norte argentino la protesta social en reclamo de justicia por el asesinato de dos jóvenes mujeres en 2003, caso conocido como “doble crimen de la Dársena”, evidenció lo que hasta entonces era un rumor: la continuidad de las tareas de espionaje político en Santiago del Estero.

A un mes de su asunción, el presidente Néstor Kirchner envió en junio de 2003 una delegación de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, que junto a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, relevó diversas denuncias en vinculadas a tareas de espionaje político, persecución política, torturas, detenciones ilegales, contra miembros de organizaciones sociales a lo largo de los sucesivos gobiernos de Carlos Juárez y su esposa, Mercedes Aragonés. Ese trabajo fue publicado en septiembre bajo el nombre de “Informe Santiago". En 2004 los pedidos de habeas data presentados por particulares y referentes de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos lograron que se expidiera una orden de allanamiento de las dependencias del Departamento de Informaciones Policiales (D2) y su archivo. Se halló un acervo documental de aproximadamente 40 mil carpetas de legajos de personas producidos desde 1972, año de la creación de esta dependencia, hasta el 6 de marzo de 2004, cuando fue clausurado y varios funcionarios políticos y policiales procesados en virtud de la Ley de Inteligencia Nacional N°25.520/02. Al final del mes el Congreso de la Nación aprobó la Intervención Federal, entre otros fundamentos, por la constatación de las actividades de espionaje político desarrollada por la policía provincial.

Poco tiempo después en el sur del país, el 2 de septiembre de 2005, el presidente Kirchner recibió a los familiares de los muertos en la “masacre de Trelew”. No se había abierto hasta entonces ningún proceso judicial para la investigación de la matanza, que había tenido lugar en la Base Aeronaval Almirante Zar, en el año 1972. La demanda que los familiares habían sostenido año tras año encontró eco en un momento en el cual fueron anuladas la leyes de Obediencia Debida y Punto Final permitiendo la reapertura de los juicios de lesa humanidad. Pocos meses después, en marzo de 2006, un suboficial de esa Base Aeronaval se contactó con el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) para denunciar que la oficina de inteligencia hacía seguimientos sistemáticos de los familiares de las víctimas. La misma fue presentada ante la justicia federal de Rawson que emitió la orden de allanamiento de las instalaciones de la oficina de inteligencia. Se accedió así a un archivo de inteligencia militar cuyo contenido no hizo más que ratificar lo que hasta entonces eran rumores: las fuerzas armadas continuaban haciendo inteligencia sobre la población, pese a las mencionadas restricciones establecidas en la Ley de Inteligencia Nacional N°25.520/02.¹

El archivo contiene algunos archivadores metálicos, biblioratos y cuadernos, con fechas extremas entre 1985 y 2006, año en que se producen los últimos informes previo a la clausura de la oficina y la modificación de la organización de la inteligencia militar.²

Ambos fondos documentales fueron incautados como elemento de prueba, en el marco de la causa por “incumplimento de deberes de funcionario público” (art. 248 del Código Penal) en el caso del archivo de de la Base Aeronaval de Trelew, y de las causas de espionaje ilegal y de lesa humanidad que comenzaban a tramitarse tras la derogación de las “leyes de impunidad” en el caso del archivo del D2 de Santiago del Estero.

Los casos descriptos dan cuenta de la opacidad que reviste al vínculo existente entre lo que L´Heuillet (2010) llama “baja política” y “alta policía” (o policía de inteligencia). Este trabajo busca colocar el debate sobre la inteligencia dentro de la racionalidad política (y de poder) en la que se inscribe la producción de los archivos de una policía norteña y de una base aeronaval patagónica. Seguimos la propuesta de esta autora de abordar la política por su parte "baja", es decir, a partir de las redes subterráneas de información y acción, en las cuales se dirimen -en parte- intereses y conflictos de la "alta política". Desde esta perspectiva, la inteligencia sería un emergente de una lógica política que se ha vuelto racional, en el sentido de que el saber se ha constituido en técnica de gobierno, tanto para prevenir, regular como para producir acontecimientos. Y que esa racionalidad, es administrativa y definida por el derecho, a la vez que discrecional cuando no clandestina.

La continuidad de la investigación de “antecedentes” políticos/ideológicos como práctica institucional de rutina realizada tanto por las fuerzas armadas y de seguridad, tal como evidencian las fechas extremas de los fondos documentales estudiados, abre interrogantes sobre el funcionamiento y el alcance de la actividad de estas agencias dentro de una legalidad democrática que inhabilitó, a partir de la separación entre defensa y seguridad interior y la Ley de Inteligencia Nacional, este tipo de actuaciones. Los casos aquí presentados son abordados desde una perspectiva socio-antropológica que busca trascender el análisis normativo para indagar en las técnicas, procedimientos y retóricas de estos organismos, su lugar y función en el marco de las prácticas políticas contemporáneas. Este artículo está organizado del siguiente modo. En primer lugar, revisamos los principales estudios que en nuestro país abordaron la inteligencia ya sea en el marco de un proceso de desmilitarización de la política revisando normativa o proponiendo reformas, o bien, como parte de la indagación sobre la estrategia represiva de la dictadura. En cambio, este artículo propone -como se indicó anteriormente- colocar el debate dentro de la racionalidad política (y de poder) en la que se inscribe la producción de información e inteligencia propia de sociedades de la información y el conocimiento. Para ello, en segundo lugar, retoma la inteligencia como práctica política y técnica de gobierno desde un abordaje inductivo de la actividad de las burocracias a las que el estado delega funciones de información e inteligencia. El análisis se realiza desde una perspectiva comparada sobre ambos archivos. Para ello, se consideran las formas de identificación y clasificación objetivizados en los rótulos que ordenan los documentos producidos por cada una de esas oficinas; nos referiremos a estas formas de agrupación documental como categorías clasificatorias “de primer nivel”.³ Luego analizamos las descripciones que los agentes incluyen en sus informes sobre los sujetos y sus prácticas, que llamaremos clasificaciones de “segundo nivel”, a través de las que se construyen sujetos de intervenciones estatales y se pone en juego la reputación social, una de las formas de capital político en la alta y baja política.

Esta mirada pretende ser un aporte respecto de la pregunta sobre la relación entre saber-poder-verdad, a partir de la reflexión sobre el funcionamiento de tales organismos en el contexto democrático y de la “sociedad de información”, así como sobre las justificaciones del secreto en base a la invocación del “saber de estado”.

I. Miradas sobre la inteligencia

El funcionamiento y control de los servicios de inteligencia sigue siendo uno de los desafíos para la consolidación de la democracia en Argentina. Esta problemática ha recibido escasa atención dentro de los debates políticos y académicos, pese que los servicios de inteligencia, tal como deja evidenciado el reciente escándalo por espionaje ilegal que involucra a la Agencia Federal de Inteligencia (AFI),⁴ constituyen un factor de poder con desempeños autónomos de la conducción política. Durante la transición a la democracia, los objetivos de la desmilitarización de la política, la separación de las funciones entre seguridad y defensa, el control civil de las fuerzas armadas y su profesionalización estuvieron en el centro del debate político y académico. Tras el control de los levantamientos carapintadas y de la subordinación de las fuerzas armadas al orden constitucional, el problema de la “inseguridad”, de los usos abusivos de la fuerza y la corrupción policial colocaron en la agenda política de los años 90 la reforma y/o democratización de las fuerzas de seguridad. De este modo, la desmilitarización de la política primero, y de la policía después, devinieron en aspectos centrales del proceso de consolidación de la democracia en Argentina. No obstante, pese a que los servicios dedicados a la vigilancia ideológica siguieron activos -tal como demuestran los casos aquí estudiados- la inteligencia ha permanecido como un campo problemático en relación al cual se ensayaron apenas algunas modificaciones normativas-institucionales como la Ley de Inteligencia Nacional 25.520 sancionada en el año 2001, la disolución de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) y constitución de la AFI en 2015.

Es por ello que el sentido y los usos de la inteligencia en el marco del sistema democrático han sido un tema poco explorado por las ciencias sociales argentinas en general, así como son también escasos los aportes de miradas expertas sobre el diagnóstico y la propuesta de modificaciones normativas-institucionales en esta materia. Un notorio aporte alineado con los debates instalados en la sociedad argentina postdictatorial han sido los realizados por Eduardo Estévez (1987, 1997, 2014) y José Manuel Ugarte (2000, 2005, 2009, 2016). Involucrados tempranamente con el asesoramiento parlamentario durante el proceso de discusión de las leyes de Defensa Nacional y Seguridad Interior, han abordado a lo largo de diferentes trabajos las definiciones académicas y el objetivo político de las actividades de inteligencia estratégica y criminal, su evolución y los cambios paradigmáticos de las últimas décadas. En esta misma dirección, y desde la hipótesis de las relaciones cívico-militares un aporte sustancial ha sido el de Marcelo Saín sobre la creación de una Escuela de Inteligencia en el marco de un replanteamiento del sistema de inteligencia estatal en el cual tuvo una participación central (1997, 2016a, 2016b).

En el ámbito de los organismos y asociaciones civiles, el CELS y la Asociación por los Derechos Civiles (ADC) han sostenido una abundante producción de informes a fin de acompañar denuncias o pedidos ante la justicia vinculados con el accionar de los organismos de inteligencia. En este sentido, el análisis y las propuestas sobre las actividades de inteligencia y su control encuentran allí un importante desarrollo dirigido a problematizar y a hacer propuestas en torno a los problemas del control civil y el diseño institucional del sector (CELS, 1997, 2007, 2016, 2019; ADC, 2014, 2015). De la misma manera, se encuentran informes de la Iniciativa Ciudadana para el Control del Sistema de Inteligencia (ICCSI).⁵

Finalmente, algunos trabajos han abordado las particularidades del sistema de inteligencia actual desde la perspectiva del diseño institucional, como los trabajos de Gerardo Tripolone (2020a y 2020b) e Iván Poczynok (2017), que encaran la arquitectura legal que implica la actual legislación, remarcando por un lado la progresión histórica en las discusiones así como los vacíos legales que impiden una democratización del sector mientras que Nicolás Descalzo (2018, 2019) aborda el sector desde el análisis presupuestario.

Estos trabajos se distinguen de una producción que ha aparecido estrechamente vinculada a los estudios en torno al “pasado reciente”, enfocados en los organismos de inteligencia como parte fundamental de la estrategia represiva empleadas durante los sucesivos golpes de estado. Por un lado, se ha estudiado cuáles fueron las doctrinas militares que sustentaron la práctica de producción, registro y análisis de informaciones políticas tales como la doctrina de contrainsurgencia francesa y la doctrina de seguridad nacional (Mazzei, 2002; Ranalletti, 2011; Pontoriero, 2012 y 2015; Chiarini y Portugueis, 2014); y el papel de la inteligencia militar para la materialización operativa del plan sistemático de exterminio (Funes, 2007; Aguila, 2013a; Divinzenso, 2016; Montero, 2016; Risler, 2018).

Por otro lado, la conformación de un campo de estudios en torno a los llamados archivos de la represión ha permitido reconstruir la historia y modo de funcionamiento de la Dirección de InteIigencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires -DIPPBA- (Funes, 2004 y 2006), y así situar a la inteligencia como parte de los procesos de producción simbólica del enemigo interno en Buenos Aires (Kahan, 2010; Marengo, 2015; Vitale, 2017, entre otros), Santa Fe (Scocco, 2012; Aguila, 2013b) y Chubut (Gatica, 2011).

Vale subrayar que estos abordajes no pueden quedar escindidos del impacto que las demandas y estrategias implementadas por los organismos de derechos humanos en su lucha contra la impunidad tuvieron sobre la investigación en ciencias sociales en Argentina. La presentación de los casos judiciales por los crímenes cometidos durante la dictadura militar requirió de la reconstrucción de la identificación de los responsables, pero también de las cadena de mandos, los circuitos y lógicas represivas implementadas por las fuerzas dictatoriales. En esta búsqueda, y ante la imposibilidad de contar con información formal específica, se acudió a aquellos datos producidos por organismos de defensa de los derechos humanos y comisiones (Jelin, 2002). El interrogante por el destino de las personas detenidas desaparecidas y la investigación judicial de las responsabilidades por las muertes, desapariciones y torturas requirió de una indagación que hizo emerger, a partir de los indicios entregados en los testimonios, la existencia de un circuito de inteligencia que sustentaba la estrategia represiva.

En ese sentido, una de las experiencias más emblemáticas de expansión de un campo de estudios fue la puesta en acceso del archivo de inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires a partir del trabajo archivístico de la Comisión Provincial por la Memoria de la Provincia de Buenos Aires,⁶ que logró convertirlo en un “archivo modelo” por diferentes razones. Entre ellas, porque, como señalan Lanteri y Nazar (2014) inicialmente se convirtió en una “prueba fehaciente de que determinados tipos de documentos existían” (p. 2) a pesar de ser negados para luego -y gracias a este proceso- convertirse en un aporte inconmensurable a los procesos de justicia, a la construcción de la memoria individual y colectiva y a la investigación histórica. Su inclusión en las investigaciones judiciales por los delitos de lesa humanidad configuró una entrada y una lectura muy específica centrada en la reconstrucción de la estrategia represiva. La integridad y la extensión temporal de este fondo (que abarca desde 1930 hasta 1998) abordadas desde un minucioso trabajo archivístico, abrieron también la posibilidad de indagar las dinámicas, redes y modus operandi de los organismos de inteligencia en una larga duración que trasciende el período dictatorial. En este sentido, este trabajo recupera la trayectoria histórica de estas burocracias estatales más allá de las discusiones teórico-conceptuales ancladas en la dicotomía dictadura/democracia, para advertir que la inteligencia, lejos de ser una actividad policial desviada o un resabio de la militarización de su estructura, forma parte de la racionalidad política moderna, acrecentada en la era de las tecnologías de la información. Esta perspectiva ha permitido un acercamiento a la indagación sobre la continuidad de las actividades de inteligencia en la postdictadura y su impacto en procesos políticos contemporáneos (Muzzopappa, 2012, 2016, 2017, 2018; Schnyder, 2012, 2014, 2015).

En la siguiente sección detallaremos el contexto y las condiciones de acceso a los archivos del D2 de Santiago del Estero y de la oficina de inteligencia de Trelew, luego sistematizaremos sus sistemas de organización y clasificación para, finalmente, detenernos en las prácticas de confección de informes.

II. La política en sus prácticas

Partimos de situar los archivos estudiados dentro del “campo” de lo estatal en los términos planteados por Bourdieu (1997), según quien el análisis del poder del Estado implica analizar el poder en el Estado. Es decir, que las burocracias que los produjeron -una sección de inteligencia militar y otra policial- forman parte de un conjunto de agentes sociales, con intereses específicos, que forman coaliciones, pero también disputan las cuotas de poder del “campo estatal”.

Si repasamos brevemente la conformación de los organismos de inteligencia en Argentina, veremos que el desarrollo de capacidades estatales para la recopilación de información de personas ha respondido a diferentes objetivos. Así, a fines del siglo XIX y principio del XX el “orden público” fue una consigna que impulsó la formación de policías abocadas a la administración de la convivencia y la conflictividad social en las ciudades, donde la inmigración -fundamentalmente europea y chilena- despertó la preocupación de las elites gobernantes por la difusión del anarquismo y el comunismo. El mantenimiento del orden público fue entonces asociado a la organización de un aparato destinado a controlar y reprimir la disidencia política (Kalmanowiecki, 2000). En efecto, el proyecto de Estado nación se apoyó, entre otras políticas, en un diseño político criminal centrado en la identificación de personas (García Ferrari, 2009, 2010; Galvani, 2016, entre otros). Las ideas del higienismo social y del positivismo criminológico fueron empleadas por las elites gobernantes para justificar, modernizar y promover el conocimiento de personas, fueran o no delincuentes, habilitado por la hipótesis sobre la peligrosidad social. En consecuencia, durante la primera mitad del siglo XX se produjo el desarrollo de aparatos administrativos para reunir, clasificar y conservar información. La persecución ideológica promovida por los gobiernos conservadores de la década de 1930, en especial contra el comunismo, consolidaron el lugar de la policía de investigaciones dentro de las fuerzas de seguridad.⁷ Con la Guerra Fría el interés por el control ideológico de la población se vio profundizado. La circulación de la Doctrina de la Seguridad Nacional (DSN), y particularmente la Doctrina de Guerra Revolucionaria (DGR) francesa, colocaron a la inteligencia en el centro de la estrategia de la represión del enemigo interno. Vale destacar, sin embargo, que los organismos de información e inteligencia no se explican tan solo por las funciones delegadas desde el punto de vista normativo. Garland (2010) sostiene que las instituciones pueden pensarse también como artefactos sociales que encarnan y reproducen categorías culturales más amplias de las asignadas como funciones formales, y que, por tanto, funcionan como un medio para lograr otros fines particulares. Extrapolando esa idea propuesta por el autor en relación al castigo, podemos pensar que si bien la inteligencia tiene asignado normativamente un rol instrumental éste no es el único papel que desenvuelve en la vida política.

En este trabajo abordamos un periodo histórico en el cual la legislación hizo efectiva la separación de las funciones de defensa nacional y seguridad interior, distinguiendo a su vez en la Ley de Inteligencia 25.520 los ámbitos nacional, estratégico-militar y criminal. No obstante, los casos estudiados ponen de relieve que el espionaje político-ideológico siguió siendo una de las principales tareas que ocupó a tales organismos de inteligencia pese a que fue eliminado de sus funciones formales. La persistencia de esta práctica da cuenta, por un lado, que los informes están hechos de una serie de procedimientos y repertorios forjados y consolidados históricamente, tales como rutinas administrativas, técnicas de identificación, modos de investigación de la vida pública y privada de las personas. Por otro lado, también pone en relieve los usos practicados sobre sus documentos, los cuales hablan de las demandas internas y externas a la institución en relación con las cuales adquieren sentido tales registros.

En este marco, es que consideramos que un abordaje inductivo de la actividad de las burocracias a las que el Estado les delega funciones de información e inteligencia puede contribuir a dar cuenta de esos usos y condiciones en las que son producidos tales informes.

Los archivos de los diferentes organismos de inteligencia que se encuentran relevados al día de hoy se hallan en muy diferentes situaciones de conservación, integridad y acceso.⁸ Tras haber negado su existencia durante décadas, la “aparición” de archivos pertenecientes a oficinas de inteligencia se produjo bajo dos condiciones: la del “hallazgo” y la del allanamiento judicial. La condición del “hallazgo” remite a situaciones en las cuales, no habiendo sido entregados oficialmente por la institución productora, importantes fragmentos de los departamentos de inteligencia policiales (D2) o de los sistemas de inteligencia de los gobiernos provinciales fueron encontrados en distintas instalaciones.

La de los allanamientos, por su parte, comprenden aquellos archivos que fueron secuestrados y adquirieron carácter de elemento de “prueba” en el marco de causas judiciales.

Los dos archivos aquí referidos se cuentan en esta situación, de tal manera que la descripción que de ellos se realiza ha seguido algunos de los principios de la metodología archivística, sin que especialistas hayan podido realizar este procedimiento. A partir de estas descripciones, nos adentraremos en su análisis socio-antropológico para poder indagar sobre la complejidad de las actividades, el entramado institucional y, finalmente, la pregunta por su “función”. A continuación, presentamos las formas de identificación y clasificación de “primer nivel”.

2.1. Carpetas y rótulos. Aproximación a las clasificaciones de primer nivel

En el caso del archivo de la Base Aeronaval Almirante Zar, la reconstrucción se realizó cruzando la información incluida en el acta de allanamiento judicial, en un informe que el suboficial denunciante hizo llegar al CELS sobre la disposición de la oficina, y una fotografía de uno de los dos muebles archivadores (identificados como color gris y marrón respectivamente). La documentación secuestrada de esta oficina de inteligencia se encontraba repartida en dos muebles archivadores, carpetas, biblioratos y cuadernos, en los cuales es posible encontrar los requerimientos de información, la información recopilada y los informes con elaboración de análisis. Se trata, en definitiva, de los distintos pasos contenidos en el denominado “circuito de inteligencia”.⁹

El primero de los muebles archivadores presenta los siguientes rótulos en sus cajones: Cajón 1. “Factores Chubut” y Cajón 2. “Publicaciones varias”. El Cajón 1, aparece fotografiado en el expediente de la causa judicial como parte de la documental aportada por el CELS (fs.441 y 442) y se pueden apreciar allí las etiquetas de las carpetas colgantes que contiene, entre las cuales se destacan las de los “factores” Indigenismo, DDHH, Drogas, Judiciales, Minorías, Religión, Gremios. Dichas carpetas contienen recortes periodísticos de diarios de circulación provincial, reunidos en función de los temas distinguidos en las etiquetas y forman parte de lo que se entiende es el trabajo de la inteligencia a partir de la recopilación de datos de las llamadas “fuentes abiertas”.¹⁰

Por su parte, el otro mueble archivador presenta dos cajones rotulados como “Síntesis COOP”, “Gacetillas de Prensa” y “Medios de Comunicación Social”. Las carpetas colgantes están a su vez etiquetadas como SintCoop 2003, SintCoop 2004, SintCoop 2005, Marzo 2004, Mayo 2004 y AGO y 22AGOy contienen informes elaborados por los integrantes de la oficina de inteligencia, solicitados y enviados a través del sistema de información interno de la Armada a diferentes destinos. Los documentos agrupados en las carpetas SintCoop -Síntesis para el Comando de Operaciones Navales- de los años 2003, 2004 y 2005 consisten en informes semanales organizados en función de los subtítulos Factor Político; Factor Económico; Factor Gremial / Agrupaciones; Puertos; Pesca; Minorías; Aeropuertos; Drogas; Factor Chile; Factor Religioso; Educacional; Interés General. En algunas oportunidades se encuentran secciones que no necesariamente se reiteran en todos los informes, tal como el de Psicosocial o Medios de comunicación social. Se encuentran redactadas sin explicitar el origen de la información relevada. En ocasiones es posible detectar la transcripción de textos provenientes de páginas de internet, sin embargo se infiere que para su elaboración se han utilizado otros recursos que los de los “medios abiertos”, y que se ha apelado a otras prácticas, tales como seguimientos, presencia de agentes del servicio en actividades de los grupos bajo sospecha y consultas a otros integrantes de la “comunidad informativa”.¹¹ Estos panoramas semanales entregan una perspectiva general sobre los distintos puntos involucrados y en ocasiones se detienen en las actividades relevantes de algunos actores o agrupaciones. En las carpetas AGO y 22AGO se encuentra información minuciosa sobre las actividades de los familiares de los muertos en la masacre de Trelew, la organización de actividades conmemorativas, declaraciones y la novedades respecto de la apertura de la causa judicial.

Se encontró también en el allanamiento un libro de actas rotulado “Libro de envíos navales” y un bibliorato “Remitidos-Recibidos PLACOM P.I.” en los cuales se encuentra el registro de los mensajes navales y partes de información recibidos y enviados a otras dependencias de la Armada. A diferencia de los informes COOP, que tienen una periodicidad semanal y un ordenamiento temático por factores, los informes navales y los partes de información son producidos en función de otros requerimientos específicos y puntuales, que pueden incluir respuestas breves o documentos más extensos.

Por último, se advierte que pese a que a lo largo de la causa judicial y en algunos informes aparece la mención a un archivo conteniendo información referente a personas (el denominado “fichero propio” o “archivo propio”); el mismo no fue parte de la prueba de esta causa judicial ya que no se encontraba entre los elementos incautados en la oficina de inteligencia. Sin embargo, fue presentado posteriormente en el marco de la causa por el secuestro y la desaparición de Elvio Ángel Bel. Se trata de material en formato digital que contiene 13 mil fichas que detalla aspectos laborales y de seguimiento que excede lo estadístico y lo filiatorio.¹² Es posible constatar la utilización de dicho “fichero” en el desarrollo de información referente a algunas personas, especialmente cuando se hace referencia a antecedentes que datan de la década de 1960.

En el caso del archivo del Departamento de Informaciones Policiales D2 de Santiago del Estero la descripción de las categorías de clasificación de primer nivel fue realizada a partir de la observación directa por parte de un equipo interinstitucional¹³ y de su cruce con el acta de allanamiento. Se distinguieron tres grandes formas de agrupamiento: legajos de personas, legajos de instituciones y organizaciones, y los llamados “Panoramas diarios departamentales”. La cantidad de legajos de personas ronda los 40.000 de acuerdo con el inventario de Gendarmería Nacional y se encuentran dispuestos en cajones dentro de los 17 muebles archivadores.¹⁴ Cada cajón contiene un grupo de legajos y lleva una etiqueta que identifica el rango, es decir el número de legajo de inicio y fin del grupo. Dado que dicho número era asignado a una persona en el momento de inicio de la investigación de antecedentes, el orden ascendente de la numeración corresponde también a su progresión cronológica. El sistema dispuesto por el organismo productor para identificar y acceder a las informaciones de una persona consistía en un fichero patronímico que asocia el apellido con su correspondiente número de legajo.

En el relevamiento se pudo identificar que algunos legajos tienen en su portada una letra impresa con un sello, que se repite en la correspondiente ficha patronímica. Hasta el momento identificamos la letra C que designa “comunistas”, la R designa a las personas sindicadas como subversivas y alude al color “Rojo”, el sello con la E y U son empleadas en los legajos de estudiantes y universitarios respectivamente. Esa forma de clasificación solo posible de ser advertida por la lectura de legajos evidencia la definición policial de las poblaciones consideradas peligrosas.

Cada pedido de averiguación de antecedentes originaba la apertura de un legajo en el que se agrega una Planilla de Antecedentes, una Planilla Prontuarial (remitida por otra dependencia como la División de Antecedentes Policiales), y el informe ambiental con la calificación de antecedentes. En algunos casos se anexa además el informes de calle, recortes de prensa y cualquier otra documentación considerada probatoria de lo informado (copia de documentos institucionales, fotografías, panfletos, etc.).

En el relevamiento realizado hasta el momento se pudo advertir que los pedidos de averiguación de antecedentes respondían a dos motivos. Uno vinculado al requerimiento de autoridades de diferentes dependencias de la administración pública provincial ante trámites a resolver como la designación en un cargo, el ejercicio de la docencia en todos sus niveles, la adjudicación de una vivienda social, la aprobación de un subsidio, por ejemplo. Este procedimiento puede ser asociado al cumplimiento de la Ley N°17401/67 de Calificación de Comunista. La misma facultaba a la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), los servicios de información y demás reparticiones públicas vinculadas, a realizar la calificación de personas físicas o ideales. Para ello la reunión de información debía ser realizada “en forma fundada, precisa y circunstanciada” (art. 2) y de trámite secreto (art.3). En el caso de “actividades comprobadas de indudable motivación ideológica comunista”¹⁵ la ley preveía una serie de inhabilitaciones y penas privativas de la libertad. En base a la valoración de la información reunida el D2 respondía el requerimiento con una calificación de antecedentes que podía adoptar tres categorías: “favorable”, “no recomendable” / “no aconsejable”, “desfavorable”, “no registrado”. Este procedimiento se siguió empleando en el periodo posterior a la dictadura (Imagen 1).

Imagen 1. Informe con la calificación de antecedentes de un listado de personas

Un segundo motivo responde al requerimiento de autoridades policiales u otros organismos de información e inteligencia en el marco del funcionamiento de la llamada “comunidad informativa”. Dentro de este grupo es posible distinguir los legajos que surgen del seguimiento de rutina interesado en la identificación de autoridades e integrantes de comisiones directivas de instituciones y organizaciones políticas, estudiantiles y sindicales, de aquellos legajos que están fundados en la sospecha. Esta es una de las formas en que históricamente ha sido ejercido el poder de policía y que ha justificado y posibilitado distintas formas de proceder policial sin una orden judicial (Eilbaum, 2004). La sospecha no se cierne sobre la actividad política y los partidos en un sentido general y de la lectura de los informes emerge la distinción entre militantes y “elementos”, como se describirá en el apartado siguiente.

En ambos casos el informe ambiental con la calificación de antecedentes reúne una descripción orientada a caracterizar la reputación de la persona. Este tipo de informe responde a criterios de valoración estandarizados que el agente policial debía tener en cuenta. Tales aspectos comprenden los antecedentes políticos, gremiales, ideológicos, educacionales, morales, vecinales y “todo otro dato de interés”.

En este tipo de documento el discurso policial incorpora otras voces, externas a la institución. La técnica del ambiental incluye la observación del domicilio, notas con las averiguaciones practicadas entre vecinos, la elaboración de apreciaciones y valoraciones de la información reunida por parte del agente, que se plasman en la escritura sintética de un informe. Y si bien su redacción responde a los requisitos de un formulario, en su contenido no solo se ponen en juego las concepciones de quien lo escribe, sino también expresa categorías sociales más amplias.

En el apartado siguiente profundizaremos en los sentidos que son movilizados por las categorías clasificatorias empleadas en los informes para dar cuenta de la reputación de una persona y, por esa vía, construir sujetos de intervenciones estatales, así como también dirimir el capital político. Sostenemos como hipótesis de trabajo que, mientras en el contexto autoritario los informes negativos ubicaban al “causante” en el radio de la represión, en el contexto democrático construyen sujetos de intervención a partir de la indagación sobre sus prácticas y su análisis en función de parámetros morales, a partir de los cuales es posible construir (o deteriorar) la reputación social, entendiendo ésta última como una de las formas de capital político que se juega en la alta y baja política.

2.2. Retórica y sentido. Aproximación a clasificaciones de segundo nivel

En este apartado exploramos las descripciones que los agentes construyen en sus informes, en relación a los sujetos y sus prácticas. Estas descripciones, a diferencia de las categorías clasificatorias antes detalladas que se remiten a la organización institucional del trabajo, son categorías adjudicadas por los agentes de inteligencia a los sujetos bajo vigilancia, en la redacción de los informes. Consideramos aquí particularmente las formas de construcción de la sospecha y la desestimación de la legitimidad a partir de mecanismos discursivos que permiten conectar o apoyar determinadas ideas. El análisis se plantea de manera exploratoria siguiendo la propuesta de Marc Angenot (2010) respecto de la importancia de identificar y reconocer la variación sociohistórica de los tipos argumentativos, de los métodos de prueba y de persuasión en tanto históricamente situados. A esta historicidad de la retórica, se añade la importancia de identificar los géneros, subgéneros y estilos que caracterizan las formas de comunicar y argumentar presentes en estos organismos en tanto participantes de una comunidad discursiva.

Los documentos aquí incluidos para el análisis han sido redactados por los integrantes de ambas oficinas de inteligencia. Esto significa que, al análisis pertinente de los principios de clasificación que organizan la selección de artículos periodísticos y de organización de los informes en el caso de Almirante Zar, o de las caracterizaciones realizadas a partir de las letras clasificadoras y la calificación de antecedentes en el caso del D2 de Santiago del Estero, sumamos un análisis discursivo para identificar la construcción de sentido y los medios argumentativos a los cuales recurren dichos funcionarios, a fin de calificar a los sujetos bajo observación.

Este análisis permitirá, por su lado, abrir la pregunta respecto de la función de la construcción de la sospecha. En otras palabras, si se considera que en un contexto dictatorial las actividades de inteligencia tenían que ver con la vigilancia, persecución y el control social de los sujetos considerados peligrosos, en períodos post-dictatoriales esta función no queda tan clara. Pretendemos ofrecer algunas perspectivas al respecto en la mirada comparativa de ambos archivos, específicamente en la documentación producida con posterioridad a la reinstauración democrática en 1983.

Para ello, primero es necesario detallar que en el archivo de la oficina de inteligencia de la Base Aeronaval Almirante Zar de Trelew se encuentran varios tipos de informes que responden a diferentes requerimientos, provenientes de la línea jerárquica de la inteligencia naval (DIIA, Dirección de Inteligencia de la Armada) o de la fuerza aeronaval (COOP, Comando de Operaciones Navales). La mayor parte consiste en diferentes panoramas informativos regionales en el contexto de los cuales se hace mención -y eventualmente se extiende con algunos datos- sobre algunos actores en particular. Tal como se ha mencionado previamente, están organizados en torno a “factores” o “ámbitos” social, político, económico, gremial, entre otros.¹⁶ Allí se realizan caracterizaciones que pretenden dar cuenta del rumbo de determinados aspectos o decisiones políticas, el impacto de medidas de gobierno -nacional o provincial- en determinados sectores, con particular énfasis en la producción pesquera. En este grupo se encuentran los informes semanales rotulados como “Síntesis para el COOP” solicitados por y enviados al Comando de Operaciones Navales (COOP).

Por otro lado, se encuentran los informes enviados en función de requerimientos específicos, que se transcriben en el Libro de Mensajes Navales. Entre la solicitud de estos requerimientos específicos, se encuentran las denominadas “semblanzas”, que recopilan la información disponible sobre una persona en particular, habitualmente un actor de la política nacional o provincial que ocupa algún cargo de relevancia, mientras que las “totalizadas” refieren a informes extensos sobre aspectos de la política provincial. En la redacción se combina la transcripción o copia de información oficial, de páginas personales de internet y otras fuentes que pueden ser calificadas como “abiertas”; también la utilización del archivo con información sobre personas que no fue incluido en esta causa, y que aparece referido en la documentación como “fichero” o “archivo propio”.¹⁷ Finalmente, se infiere la realización de seguimientos e intercambio de información con otros agentes de la “comunidad informativa”.

La redacción de estos informes se ajusta a los lineamientos de lo burocrático en tanto género (Casabone, 2017) entre cuyas características se encuentra la del uso funcional del lenguaje, sin vocación expresiva o estética, un vocabulario despersonalizado y un uso excesivo de la voz pasiva, entre las más significativas. Es especialmente notorio, en este sentido, el lenguaje despojado con el cual se presentan los informes semanales denominados Síntesis COOP. No se encuentran en ellos adjetivaciones significativas sobre personajes o agrupaciones, con lo que los análisis de lineamientos políticos, inversiones, proyecciones electorales y política económica presentan un desarrollo argumentativo con pretensión de objetividad y formalidad.

Este lenguaje es identificable también en los Mensajes Navales; sin embargo, en varios de ellos se encuentra también otro tipo de recursos lingüísticos, en su mayor parte calificaciones que forman parte del acervo o de los recursos lingüísticos disponibles -en tanto momento sociohistórico y de la comunidad lingüística- para la definición y asignación de los grupos o personas a un determinado lugar dentro del esquema organizativo del mundo de la perspectiva castrense. En este sentido, se destaca la pervivencia de la calificación de “izquierdista”, ya sea definiendo a una persona como tal o bien asignándole una “tendencia”, “inclinación” o “ideología”. Como efecto general, suele abonar a su inclusión en el campo de la sospecha. Otras calificaciones, que coinciden en el objetivo de generar una descalificación o bien una deslegitimación, son la de “agitador” “agitador profesional” y “piquetero”, y apuntan a señalar la existencia de intereses espurios detrás de la acción de la protesta o la demanda.

Estas tres categorías (izquierdista, agitador y piquetero) forman un trío que se opone a la legitimidad otorgada a la participación en la Unión Cívica Radical y el Justicialismo. La filiación en estos partidos políticos parece otorgar una cierta estabilidad o credibilidad, aun cuando esta inclusión puede combinarse con alguno de los adjetivos antes mencionados, dando lugar a una rebaja en la evaluación general del personaje en cuestión. Así, es posible encontrar una definición del tipo “radical izquierdista”, donde el “izquierdista” contribuye a menoscabar la legitimidad de la persona en el escenario político. Lo mismo puede observarse en un informe sobre la composición de un medio de comunicación local, donde la expresión “si bien” marca la oposición valorativa:

Si bien la orientación de la dirección de este medio es justicialista, existen en el staff elementos de posición izquierdista como el periodista xx, de quien existen antecedentes en ese servicio (Carpeta 2, fojas 39).

Algunas caracterizaciones, sin embargo, eluden categorías formalmente establecidas y apelan a un arsenal argumentativo (Angenot, 2010) que refuerzan estereotipos disponibles para la identificación ideológica de los actores que fueron construidos en relación a otros procesos políticos que remiten a otro contexto histórico. Por ejemplo, la utilización de la categoría “subversivo” para señalar a miembros de organizaciones guerrilleras de la década de 1970, así como otras más sutiles: en relación a una radio de la ciudad de Rawson se identifica a uno de los miembros del staff como “dirigente de izquierda” del gremio ATE (Asociación de Trabajadores del Estado) mientras que el “Análisis del contenido de los principales programas” reseña: “excesiva difusión de música cubana” (Carpeta 2, fojas 2-3).

La gran cantidad de referencias a sospechas de “izquierdismo” se contrapone con la de las incluidas dentro del campo de la “derecha” o la “extrema derecha”. Aun considerándose varias organizaciones de este último grupo como “contraindicadas” para la contratación de personal (carpeta 29, fojas 132-137), en los informes prácticamente no aparecen como sujetos sospechados.

Ahora bien, es en estos informes, así como en los correspondientes a los informes producidos sobre los “Medios de Comunicación Social”, donde el nivel de detalle personal se acrecienta. Se trata de listados con una declarada pretensión abarcativa, de tal manera que no se remiten a individuos meramente sospechados, sino que se trata de un trabajo de sistematización en el cual se reproduce, a partir de un esquema determinado, información sobre todos los medios de comunicación provinciales, incluyendo radios, diarios y revistas. La sección correspondiente a estos informes no solo es significativa por la cantidad de espacio y páginas asignadas; sino porque los medios de comunicación social son una parte relevante para la inteligencia en lo relativo a dos ejes. El primero de ellos es su capacidad para conocer y difundir información, de carácter “abierto”, que se entiende puede servir para realizar un amplio sondeo de opinión local. Su utilización en la confección de los informes de la oficina de inteligencia de la Base Aeronaval es sólo un ejemplo, donde la revisión del material de prensa se desglosa en varias tareas específicas, tales como “Síntesis de Prensa COOP”, “Síntesis diaria local”, “Totalizadas”, “Actualizado mensual”, y Obtención en factores, tal como se registra en el cuaderno de actividades que se reproduce en la Imagen 2.

Imagen 2. Tipos de informe Base Almirante Zar

Si bien la mayor proporción de la información recopilada de los medios proviene de los diarios La Jornada y El Chubut y Crónica, los llamados “medios de comunicación social” son, todos ellos, parte de un seguimiento pormenorizado con permanente actualización. En la documentación administrativa de la oficina de inteligencia de Trelew, se encuentra el requerimiento de información sobre los “Medios de Comunicación Social de las diferentes zonas de influencia naval”, para lo cual se adjunta un Plan de Búsqueda, emitido por la DIIA (Carpeta 29 fs.43-45) que detalla los datos solicitados:

1. 1. Sobre los medios: Gráficos (diarios, periódicos, revistas, semanarios); Radiales (Am y FM) Televisivos (por Aire, Cable y Codificados) que detalle, entre otros items, “público al que va dirigido, vinculaciones económicas, políticas, religiosas, grado de repercusión en la OP (opinión pública), análisis general de contenido, todo otro dato que sea de interés”; y
2. 2. Sobre las personas vinculadas a los medios y con mayor influencia en la OP. En este item se solicita el detalle de “orientación ideológica, vinculaciones dentro del ámbito periodístico, económico y de poder, apreciación general sobre su actividad (principales temas que aborda, tratamiento y posicionamiento al respecto), todo otro dato de interés”.

El resultado es un extenso listado, con el detalle de cada uno de los medios, organizado en función de los items antes descriptos. Es en ese listado donde se incluyen las referencias que van desde caracterizaciones más generales hasta detalles que contribuyen a instalar la sospecha, la peligrosidad o la deslegitimación. En el ítem 1, correspondiente a los medios, “Público al que va dirigido” de una radio local se afirma:

Periféricos. Fuerte penetración en sectores de bajos recursos. Barrios carenciados. Programa xxx conducido por xxx, crítico frontal … Ataca a la conducción de la cúpula policial. Busca buena recepción en los cuadros bajos de esa institución. Carece de preparación intelectual. Auspiciado por pequeños comercios de barrios marginales y por Estudio del Abogado xx (Carpeta 2, fs. 43).

Mientras que sobre el ítem 2, sobre las personas vinculadas, las referencias sobre un corresponsal son del siguiente tenor: “goza de desprestigio en este medio. Alcohólico y adicto de estupefacientes. De muy bajo rendimiento profesional. Actualizado al 3-10-2005” (Carpeta 2, fs.8).

De la misma manera, en el D2 santiagueño se encontraba la Sala de Explotación de Prensa que realizaba un seguimiento de las noticias publicadas por el diario provincial de mayor circulación (El Liberal) respecto de personas con legajos (funcionarios públicos, políticos, referentes sociales y religiosos, dirigentes sindicales y estudiantiles, universitarios y periodistas, etc), organizaciones e instituciones. Esta información era incorporada a los legajos personales o a las carpetas de organizaciones/instituciones mediante el recorte de prensa o por medio de su transcripción en una tirilla de actualización de información. A su vez, los recortes de prensa permitían la actualización diaria de las novedades producidas en las distintas localidades de la provincia en los informes denominados “Panorama departamental diario”. En este último caso se registraba la información publicada en relación con los siguientes factores: gremial, político, turístico, educacional, económico. Diferente es el tratamiento de los medios de comunicación alternativos, como las radios comunitarias, que dejan de ser considerados fuente abierta para constituirse en objeto de sospecha.

La producción de información realizada por el D2 en la postdictadura se inscribe dentro de una trayectoria institucional que la dota de técnicas, procedimientos y formas de hacer dentro de un contexto sociohistórico particular. En ese marco la epistemología de la sospecha orienta la investigación de antecedentes hacia la determinación de la adscripción ideológica primero y de la lealtad partidaria y oposición después. Ésta operaba como criterio de demarcación sobre qué era o no de interés de registro policial. Por otro lado, el uso de los informes ambientales como técnica principal para averiguar antecedentes se vale de informes de calle elaborados a partir de averiguaciones realizadas entre las personas que forman parte de la red de relaciones próximas de la persona investigada en distintos ámbitos: vecinos, autoridades y compañeros de trabajo, familiares y amistades, por ejemplo. Inclusive, se valen de otros recursos como los rumores y las delaciones. A través de esta técnica el discurso policial se nutre de las voces de otros actores de la vida social y, en especial, de la de actores del campo político.

De la revisión realizada para los juicios de lesa humanidad que tramitan en la provincia de legajos producidos entre 1973-76 surgió que la sospecha no se distribuía por igual en la actividad de los partidos y organizaciones políticas. En ese sentido, cuando los informes ambientales aludían a la participación dentro de partidos políticos (por ejemplo, la UCR, el PJ, el FREJULI, el MID, la Democracia Cristiana, el Socialismo) ésta era caracterizada como militancia y las personas definidas como integrantes, afiliadas, partidarias. En contraste, cuando en el informe incluía la categoría “elemento”, la secuencia argumentativa incluía la noción de ideología. De este modo el “elemento” es subversivo, izquierdista, extremista, guerrillero, del comunismo, el ERP o Montoneros, de la JP disidente. La distinción entre política legítima e ilegítima se expresa en las valoraciones que son realizadas en los ambientales respecto de la ideología. A continuación (Imagen 3) se transcribe un formulario de informe ambiental en el cual la ideología “tendencia nacionalista” que se evidencia una ideología considerada legítima, en este caso el nacionalismo, no es caracterizada como política.

Imagen 3. Transcripción de formulario de informe ambiental

En la postdictadura la sospecha sobre la ideología se encuentra desplazada hacia referentes partidarios, sociales, eclesiales de la oposición política. Sin embargo, la investigación de antecedentes comprende también la actividad de la dirigencia del propio partido de gobierno. En el informe ambiental citado a continuación se observa que el mismo busca conocer el apoyo de un comisionado municipal del oficialismo al gobierno provincial:

atento al requerimiento de la superioridad respecto del Comisionado Municipal de esta localidad de Herrera, departamento Avellaneda, informo conforme a los seis puntos lo siguiente:

I. Antecedentes laborales desde 1999: jubilado autónomo (se desempeña como taxista). Sin actividad.

II. Toda su militancia política estuvo ligada al justicialismo siempre fiel a la idea política del Dr. Carlos A. Juarez

III. Actualmente Comisionado Municipal sería hombre de confianza del Sr. Gobernador

IV. Su caudal político actualmente ascendería a un 5% del electorado de esta comunidad, escaso consenso en la gente.

V. En esta localidad el justicialismo no tiene líneas internas pero se observa y se nota ascendencia sobre la gente del ciudadano H. N quien se destaca ampliamente en cuanto a consenso se refiere. La gente vería con agrado la inclusión de esta persona en la Comisión Municipal según comentario generalizado en la calle

VI. Inició su gestión actual en 11-12-95. (Cuaderno de campo, transcripción de informe ambiental practicado en 1996 en legajo perteneciente al D2)

En el documento se observa además que el agente incorpora una valoración sobre el prestigio del comisionado, posiciona a un potencial candidato a reemplazarlo, e informa sobre el estado de situación de la interna política local. El informe ambiental es una técnica policial que fue empleada como herramienta en las disputas intra-partidarias y con los partidos de oposición, que se destaca frente a los informes producidos en la oficina naval en lo que se refiere a la extensión y minuciosidad de los datos referidos a personas. Es de notar, también, que se evidencia la aceptación de la vigilancia policial de la población para la realización de los mismos y que formaba parte de las prácticas políticas habituales.

La vigilancia de la escena política, así como de la dirigencia partidaria del propio oficialismo fue empleada además como un medio para anticipar la manifestación de reclamos y protestas sociales.

ante la falta de pago de haberes del mes de junio a los empleados municipales de la ciudad de Beltrán, el intendente Municipal Sr. Rubén N. manifestó que dicha situación obedece a que el gobierno provincial no giró la coparticipación correspondiente. Trascendió que los empleados tienen previsto llevar a cabo una manifestación con quema de cubiertas el dia 05AGOST99, fecha en que el señor gobernador de la provincia tiene previsto visitar esa ciudad para inaugurar obras. También se pudo saber que en oportunidad de que el Sr. Gobernador visite la ciudad, el Intendente tendría previsto realizar un acto con la presencia del candidato a gobernador Eduardo Avila; ello con el propósito de restarle asistencia al acto del Sr. Gobernador. (Cuaderno de campo, transcripción de informe ambiental practicado en 1999 en legajo perteneciente al D2)

Inclusive, la protesta social por los crímenes de la Dársena que tenía lugar al momento del allanamiento del D2 era objeto de seguimiento:

18-03-03: El Liberal publica afirmaciones de la causante, junto a Mirta Nazar, acerca del crimen de su sobrina Leila Fátima Bashier Nazar, exponiendo sus dudas acerca de la forma en que la policía encaró la investigación y el alcance que puede tener la aparición de un supuesto nuevo testigo nuevo.

02-08-03: El Liberal publica que la causante dejó de concurrir a las marchas del silencio en reclamo de justicia por su sobrina Leyla Bashier Nazar, debido a que el padre de estañe habría levantado la voz y acusarla de “juarista”, chupa medias y menemista, y que las movilizaciones ya no se pedían justicia sino que era para agredir a la gente. (Cuaderno de campo, transcripción de recortes de prensa incluidos en legajo perteneciente al D2)

Esta inclusión en los registros del seguimiento atento sobre procesos y situaciones que afectan directamente a la institución o a alguno de sus organismos se encuentra también en la documentación de la Base Aeronaval. Destacamos, aquí, dos episodios: el primero de ellos, que concierne a novedades relativas al impacto, sobre el sector de inteligencia, de la causa judicial abierta por el delito de “abuso de autoridad”, para integrantes de la Central de Reunión de Información (CRI) del Ejército, que funcionaba en el Destacamento 141 de la ciudad de Córdoba, que habían realizado entre 1999 y 2001 tareas de espionaje.¹⁸ Al respecto, se encuentran mensajes navales que informan acerca de las sanciones y los efectos en la comunidad de contraespionaje:

FROM FAE3

TO COOP SIIN

Ejército Argentino dispuso pase a disponibilidad por un año, sin fecha de ejecución, personal en actividad que cumplía funciones en obtención de informaciones. Fuente: Propia V.I.: A-1 (Carpeta 5 fs.9).

Y otro en relación con el impacto de esta causa:

FROM FAE3

TO SIIN

Recientes sucesos producidos en Córdoba que afectan al EA repercuten en la relación entre miembros de la comunidad de contraespionaje. Deterioro de confianza (Carpeta 5, fs.9).

Otro de los eventos sobre el cual la Base Aeronaval realiza un exhaustivo seguimiento de las actividades de conmemoración que los familiares de los muertos en la Masacre de Trelew llevaban adelante año tras año. Las actividades referidas al “22 de agosto” constituyen una parte importante de los mensajes navales y los partes de información, y existen requerimientos específicos para esta oficina de inteligencia. En 1999, un Mensaje Naval (entre muchos) relata la realización de charlas en colegios secundarios y en el comedor del Centro de Estudiantes Universitarios de Trelew por parte de Taty Almeyda y Mirta Baravalle de Acuña (sic). El párrafo finaliza considerando que “no han despertado el interés de los concurrentes” (Carpeta 5, fs.16).

En 2005, se incluyen referencias de los presentes, el desarrollo de la charla y la evaluación del público presente. El nivel de detalles del evento sugiere la presencia de algún agente, por ejemplo, al relatar el discurso de la “Señora Alicia N. LELCHUK de BONET (esposa de Rúben Pedro BONET- integrante de los 19 detenidos en la BAAZ)”, quien se habría centrado “en su periplo hacia el exilio”. En la evaluación, se aclara que

el auditorio fue reducido (40 personas), no contó con agrupaciones sociales (piqueteros – estudiantes) ni referentes de ellos, sólo en el auditorio se encontraban presentes tres (3) estudiantes, destacándose la presencia de abogados e integrantes de la Subsecretaría de DD. HH. de la provincia y el secretario de Cultura de la ciudad de Trelew Juan ARCURI [...] (Carpeta 5, fs.157-158).

La presencia de agentes en el terreno, como infiltrados en actividades y protestas, es notoria también en lo que hace a las movilizaciones sociales. Junto con el registro fotográfico de manifestaciones piqueteras, huelgas y paros de gremios y sindicatos, se encuentra un archivo que organiza, por municipio, la información recopilada sobre dirigentes e integrantes de agrupaciones sociales. El encabezado del informe titulado “Agrupaciones 2005” dice:

El activismo de las diferentes agrupaciones de desocupados en la Provincia de Chubut, se centra en sus dos ciudades más importantes por su desarrollo industrial con altos índices de desempleo en las mismas, Comodoro Rivadavia y Trelew y en menor medida Esquel, Rawson y Puerto Madryn.

En la última de las nombradas en el transcurso del año 2005, hicieron su aparición, sin poder detectar vinculación con agrupaciones nacionales, el Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación (STIA), en reclamo de pagos adeudados y aumentos, llevando a cabo paros de 38 días (Carpeta 2, fojas 253).

En este informe se reúne y actualizan los datos relativos a los principales referentes de las agrupaciones, información que luego es utilizada para la confección de informes, ya sea específicos para Mensajes Navales, o para la Síntesis Semanal del COOP, “Factor gremial / social” (Imagen 4).

Imagen 4. Referencias sobre integrantes de “Agrupaciones sociales”

La policía santiagueña también tuvo a determinadas organizaciones sociales como objeto de seguimiento. En mayo del año 2000 fue publicado un informe sobre el D2 en el cual se difundió parte del contenido de un curso de inteligencia dictado en 1996 por el Secretario de Informaciones y el Secretario de Seguridad de la provincia. Allí se define que la finalidad de la inteligencia es conocer la capacidad real o potencial del enemigo, interno o externo. Y caracteriza como organizaciones delictivas y subversivas al Movimiento Campesino de Santiago del Estero (MOCASE) y la Coordinadora de Desocupados y Subocupados.¹⁹

Podemos afirmar, en función de las diferencias presentadas entre los informes de los diferentes organismos, en cuanto al nivel de detalle y a sus pretensiones totalizadoras, que deben ser relacionadas con lo específico de la tarea de una inteligencia policial, entendida en su relación con lo “bajo”: transita, vigila y también recoge información en busca del indicio y la huella (L’Heuillet, 2010, p. 208). La “gente” y la “calle” aparecen como fuentes legítimas (fuentes que merecen fe) en informes que, precisamente, buscan sondear la opinión de una población que es, a su vez, el objeto de su saber. Sin embargo, este proceso de indagación no debe ser entendido como la búsqueda de una “verdad objetiva” de los hechos o acontecimientos, a través de una técnica científica, sino como la corroboración de una hipótesis previa que sitúa a los actores moral y políticamente (Eilbaum, 2004).

En sus indagaciones, estas voces son traídas profusamente y es fuente de certeza el citar a individuos, que, aún desvinculados del sistema de inteligencia, otorgan datos, fechas, nombres, eventos. También en esta modalidad de erigir la veracidad del relato, se distingue la inteligencia militar, que “valoriza” la información en un sistema donde la cercanía al organismo productor es ampliamente ponderado y cuya estimación decrece a medida que se aleja de él. Los organismos de inteligencia, tanto policiales como militares, comparten al menos desde la década de 1970 la denominada “valoración de la información”, que consiste en un sistema de combinación alfanumérica, donde la letra indica la confiabilidad (A: completamente confiable, habitualmente asignada a personal propio) y el número la certeza o la confirmación (donde 1 indica que ha sido confirmado por otras fuentes, y luego decrece hacia la probabilidad, la posibilidad hasta llegar a la improbabilidad).²⁰ Sin embargo, la asignación de confiabilidad se distancia: tal como se mencionó, la oficina de la Base Aeronaval no incluye frases y recursos tales como el de “merece fe” que determinan la confiabilidad de personas de las cuales se ha obtenido información y que, lejos de encontrarse relacionadas con el organismo de inteligencia, obtienen la “confiabilidad” en función de la cercanía con el sujeto o el evento que está siendo sospechado. Esta mirada micro, capilar y de cercanía con el territorio puede observarse en el siguiente informe ambiental, realizado por el D2 de Santiago del Estero, con fecha de 21 de octubre de 1997, sobre una directora de escuela sospechada de realizar una reunión política:

producir informe: llevo a su conocimiento que de informes recibidos por parte del comisionado municipal, señor Raul E. de que en la Escuela N°574, del Quebrachito se habría llevado a cabo una reunión de tipo política de la cual mayores datos según el comisionado me aportaría el Sr. Francisco A. dirigente justicialista, quien entrevistado no supo o no quizo aportar mayores datos por lo que de averiguaciones practicadas la directora Sra. Glenda L. de F. tuvo una reunión según las fuentes de tipo familiar en donde estuvieron presentes el Sr. Constancio O.; su esposo Julian F. ; su suegro conocido como Mina F. ; su cuñado Ceferino F., todos estos reconocidos por su militancia radical como así también el Sr. Rogelio A. congresal del Partido Justicialista y el Sr. Edgar G. que no se pudo establecer si fue de índole política o familiar dicha reunión. Del Sr. Edgar G. se tiene conocimiento por manifestaciones propias de que trabajaría en contra del actual comicionado (sic) municipal y por ende en contra del actual gobierno provincial (Cuaderno de campo, transcripción de informe ambiental practicado en 1997 en legajo perteneciente al D2).

Estos aspectos que surgen de la observación de los legajos es consistente con la concepción de que “información es todo hecho, dato, noticia o rumor” que permita, a través del análisis y la consecuente actividad de inteligencia, “conocer las capacidades del enemigo real o potencial” con el propósito de proporcionar a las autoridades nacionales provinciales un cuadro claro y completo de situación de las “organizaciones delictivas que acosan a nuestra patria”.²¹ Esta concepción, presente en un curso de inteligencia policial del año 2000, se asocia claramente al paradigma de la seguridad nacional, ya formalmente desarticulado en ese período. Dicha lógica siguió presente en el funcionamiento de distintos organismos de inteligencia tras la instauración del régimen democrático. Sin embargo, el recurso a las técnicas, procedimientos y retórica de periodos previos no debe interpretarse como mera continuidad del objetivo de la inteligencia para la represión de un enemigo interno. Los documentos analizados sugieren la emergencia de nuevos clivajes que despiertan el interés y la sospecha de los organismos de inteligencia vinculados a, por un lado, disputas propias de conflictividades locales y, por el otro, a las disputas de poder al interior de las burocracias estatales.

Conclusiones. Más allá de la excepcionalidad

En este artículo expusimos algunos elementos empíricos surgidos del análisis de documentos pertenecientes a los archivos, que consideramos útiles para una reflexión sobre el rol de los organismos de información e inteligencia en democracia, y que se puede resumir en torno a dos ejes.

El primero relativo al análisis de las clasificaciones de primer nivel que da cuenta de que, en el período analizado, la política interior sigue siendo considerada como asunto de seguridad. Se observa que cuando se trata de seguir las novedades en un territorio ambos organismos realizan el seguimiento de “factores”; algunos en común como el político, gremial, económico, educacional, religioso; y otros que son específicos al contexto como por ejemplo el indigenismo o los derechos humanos en el caso de Trelew. En el archivo de la Base Aeronaval predominan documentos como Partes de Información que surgen de la vigilancia del territorio. En contraste, en el archivo del D2 de la policía santiagueña si bien producía Panoramas Departamentales Diarios, predomina la producción de legajos con información de personas, examinadas a través de un informe ambiental no sólo por sus antecedentes políticos, gremiales y educacionales, sino además por su ideología y moralidad y la valoración y opinión de sus vecinos. En el archivo de la Base Aeronaval tales apreciaciones se observan en informes que, sin ser del tipo de los Legajos, reproducen información sobre personas que se encuentra recopilada en secciones específicas (como el archivo Agrupaciones o el de Medios de Comunicación Social) o permiten entrever la utilización del “Fichero propio” que no formó parte de la prueba en la causa aquí analizada. A su vez, la información remitida es altamente valorada cuando quien la transmite o reproduce es un integrante de la fuerza, cercano a la oficina de inteligencia o de una alta jerarquía naval.

En relación con las diferencias halladas en las prácticas de inteligencia y su aspecto policial, podemos afirmar que, si bien se registra un proceso de policiamiento de la inteligencia militar a lo largo del siglo XX y cuyo origen puede rastrearse a la década de 1930 (Kalmanowiecki, 2000), sus efectos han persistido largamente. En ese sentido, entendemos que la mirada sobre la población que implicó dicho proceso de policiamiento viró en ese período el interés de la inteligencia militar hacia las nociones de orden público y disidencia. Sin embargo, las formas de abordar y valorar lo “bajo” de la política continuaron siendo sustancialmente diferentes de los organismos de inteligencia policial.

Por su parte, el análisis de las clasificaciones de segundo nivel da cuenta de la historicidad de la retórica empleada en los documentos, observable en los mecanismos discursivos a través de los cuales se expresa la sospecha y la desestimación de la legitimidad de determinadas prácticas y actores. En ella perviven rastros de un lenguaje que habla de agitadores, izquierdistas, subversivos, propio de otro contexto histórico. No obstante, se puedo observar en el caso santiagueño que si bien la sospecha persiste cómo lógica de articulación de la reunión de información y la averiguación de antecedentes, ésta cobra sentido en relación a otros clivajes políticos. Ya no se trata de la vigilancia de actores definidos como “enemigo interno”, sino del seguimiento de líneas de conflictividad propias de la dinámica democrática como por ejemplo la competencia intra partidaria (leales/desleales) e inter partidaria (opositores) y la protesta social. De la misma manera, este seguimiento puede encontrarse en los informes de la Base Aeronaval, donde el interés por las internas partidarias o entre agrupaciones, así como sus afirmaciones y posturas en relación a diversos acontecimientos, dicen más respecto del interés de los marinos por obtener una perspectiva a partir de la cual actuar, apoyar o desestimar la relación con determinados grupos o individuos en escenarios en los cuales la posición, prestigio o intereses de la Armada se ven comprometidos. En ambos archivos, el seguimiento de la conflictividad social constituye otra arista del rol de los servicios de inteligencia. Y allí también los dirigentes, partidarios y “elementos” son calificados en función de un prestigio que tiene relación con ciertas variables que hacen a valores morales que dirimen formas de hacer política.

Ambos ejes permiten poner en relieve el lugar de la información y la inteligencia en las prácticas políticas y es en ese sentido que advertimos que se resignifican los usos de los informes de inteligencia. Si en el periodo represivo un informe construía la legitimidad de una intervención estatal sobre una persona, es decir la colocaba en el radio de acción de los grupos de tareas, en la postdictadura se observa que las clasificaciones de segundo nivel adquieren otros usos vinculados al prestigio como una forma de capital político. En ese marco cobran protagonismo los dichos de actores, a priori desvinculados de los servicios de inteligencia que, en el archivo del D2, son citados como fuentes “que merecen fe”. En la misma dirección puede interpretarse el interés por reunir información sobre el prestigio y el posicionamiento institucional de la propia Armada en la percepción de distintos actores del medio local.

Por último, esta primera aproximación a los archivos desde una perspectiva comparativa nos invita a repensar el rol de los organismos de inteligencia trascendiendo la antinomia autoritarismo-democracia que suele atravesar estos análisis. El abordaje socio-antropológico de los documentos permitió mostrar que la práctica de producción de información e inteligencia no es estática o ahistórica, sino que se fue resignificando al compás de las nuevas demandas locales de la política. Lo que deja planteado el desafío de seguir indagando en las funciones sociales que estos organismos desempeñan en contextos democráticos.

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Notas