Dosier: Estado y relaciones de género

El Departamento Nacional del Trabajo y las trabajadoras a domicilio

The National Department of Labor and the home worker

Bertolo, Maricel

Maricel Bertolo

maricelbertolo@hotmail.com.ar

Centro Interdisciplinario de Estudios sobre Historia de Mujeres y Género, Universidad Nacional de Rosario Argentina

Descentrada

Universidad Nacional de La Plata, Argentina

ISSN: 2545-7284

Periodicidad: Semestral

vol. 6, núm. 2, e177, 2022

publicaciones@fahce.unlp.edu.ar

Recepción: 23 Marzo 2021

Aprobación: 30 Noviembre 2021

Publicación: 01 Septiembre 2022

URL: http://portal.amelica.org/ameli/journal/84/843339843339004/

DOI: https://doi.org/10.24215/25457284e177

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Resumen: En este artículo se revisan las principales acciones impulsadas desde 1934 por el Departamento Nacional del Trabajo en relación al trabajo a domicilio, que antecedieron a la sanción de una nueva legislación en 1941. A partir del análisis de fuentes oficiales, se afirma que la agencia estatal desempeñó un rol activo frente a la problemática del trabajo a domicilio dentro de su esfera de competencia, en un sector laboral altamente feminizado. A su vez, este accionar promovió el desarrollo de negociaciones colectivas, en un contexto de creciente visibilidad y movilización de las costureras a domicilio.

Palabras clave: Departamento Nacional del Trabajo, Intervención estatal, Mujeres, Trabajo a domicilio, Costureras, Ley de trabajo a domicilio.

Abstract: This article reviews the main actions promoted since 1934 by the National Department of Labor in relation to home work, which preceded the sanction of a new legislation in 1941. From the analysis of official sources, it is stated that, within its sphere of competence, the state agency played an active role in dealing with the problem of home work, in a highly feminized labor sector. In turn, this action promoted the development of collective negotiations in a context of growing visibility and mobilization of home seamstresses.

Keywords: National Department of Labor, State intervention, Women, Home work, Seamstresses, Home Work Act.

1. Introducción

El tema central de este artículo se vincula con el examen de las principales acciones impulsadas desde el año 1934 por el Departamento Nacional del Trabajo (DNT) en relación al trabajo a domicilio (TAD), que antecedieron a la sanción de una nueva legislación en 1941. 1 Se analizan las respuestas específicas del organismo estatal -como autoridad de aplicación de la legislación sobre TAD-, que apuntaron a resolver las demandas de las y los trabajadores, y a diseñar una propuesta para un nuevo marco regulatorio, al mismo tiempo que se iban delimitando las áreas y los alcances de sus intervenciones. El análisis del accionar del DNT en el cruce con la problemática del trabajo femenino domiciliario, se realizó a partir de las herramientas teóricas y metodológicas que brinda la historia de las mujeres y los estudios de género.

En cuanto al período seleccionado, el año 1934 coincidió con la asunción del Dr. Emilio Tieghi como nuevo presidente del DNT, quien profundizó la impronta intervencionista de la agencia estatal en relación al trabajo domiciliario. A su vez, en 1941, se sancionó la ley N° 12.713 sobre TAD, que marcó el inicio de una nueva etapa, en la que se crea un área específica dentro del DNT y se reconfiguran las comisiones de salarios (cc.ss.), al calor de las prescripciones establecidas en el nuevo marco regulatorio. El escenario elegido fue la ciudad de Buenos Aires, ámbito de competencia del DNT y destino principal de las iniciativas vinculadas con la industria a domicilio.

Desde el punto de vista historiográfico, las investigaciones sobre la problemática del Estado, tomando distintos enfoques y objetos de análisis, han tenido un desarrollo importante en las últimas décadas. No obstante, han sido relativamente escasas las indagaciones que combinaron el análisis del Estado con la historia de las mujeres y los estudios de género. Dentro de este campo del conocimiento, prevalecieron los trabajos que examinaron el surgimiento y desarrollo de las políticas sociales, y la construcción del Estado de Bienestar/Social, en especial, en los casos en que se consideró el cruce entre Estado y mujeres. En parte, esta realidad podría estar asociada a uno de los modos en que tempranamente las mujeres comenzaron a vincularse con las instituciones estatales, a través de la realización de tareas que eran consideradas como una extensión del rol maternal y solían estar ligadas al mundo de la caridad, la beneficencia y la asistencia social.

En cambio, han sido bastante menos frecuentes las investigaciones destinadas a examinar la génesis y evolución de la política laboral del Estado argentino y sus vinculaciones con el trabajo femenino asalariado. 2 Ello, a pesar de que la situación particular de las mujeres trabajadoras constituyó una preocupación temprana de los sectores dirigentes e impulsó el diseño de políticas públicas que fueron diferenciales y apuntaron a su protección, al ser consideradas junto a los menores como seres más débiles (Lobato, 2006). Probablemente, esta carencia pueda vincularse con el predominio de cierta historiografía en la Argentina, preocupada por el estudio de la intervención estatal en la esfera laboral y sus vinculaciones con el movimiento obrero, que ha estado más centrada en los discursos y en las prácticas del trabajador varón, considerado como universal, descuidando injustificadamente la problemática de las mujeres trabajadoras.

La presente investigación se centró en el análisis del proceso de intervención del DNT frente al trabajo domiciliario y colocó el foco de atención en las obreras costureras ligadas al sector confecciones. Este abordaje permitió una mejor comprensión del modo en que el Estado fue interpelando a las mujeres trabajadoras y sobre cómo estas se vincularon con él, al tiempo que contribuyó a cuestionar las miradas androcéntricas implícitas en la historiografía tradicional a la hora de analizar la agencia estatal. 3

De acuerdo con este orden de preocupaciones, consideramos que las demandas provenientes del sector ligado al trabajo domiciliario –con un componente mayoritario de mano de obra femenina- y su creciente movilización y conflictividad, jugaron un rol preponderante a la hora de analizar la intervención del DNT junto a la ampliación y especialización de su accionar. En el desarrollo de este cometido, acrecentó sus funciones y diferenció su estructura institucional, a partir de la creación en 1942 de la Oficina de Trabajo a Domicilio (OTD), como una nueva área de gestión asociada a la implementación de la recién sancionada legislación sobre TAD.

A la hora de analizar su accionar, se priorizó una mirada “desde adentro” de la agencia estatal (Bohoslavsky y Soprano, 2010), que se concentró en las dinámicas internas y en las distintas facetas de su intervención frente a la problemática del trabajo domiciliario. Se prestó especial atención a los vínculos que se establecieron con las delegadas mujeres y con las organizaciones sindicales y patronales que representaban al sector confecciones de la industria del vestido, a partir de su convergencia en espacios de negociación colectiva. Esta mirada posibilitó recuperar algunas singularidades de su trayectoria, aportando mayor complejidad al examen de su derrotero como organismo oficial. A su vez, la conformación de un cuerpo de funcionarios, especialistas, personal técnico y administrativo, que tuvieron estabilidad en sus cargos, permitió dar cierta coherencia y viabilidad a estas acciones y a las rutinas burocráticas que se fueron implementando en el período analizado (Lobato y Suriano, 2014).

El proceso de construcción y evolución de la intervención de la agencia estatal, se fue dando en el marco de distintas visiones e influencias político-ideológicas y de la circulación de conocimientos expertos vinculados con diferentes corrientes científicas a nivel internacional, que incidieron en el discurso y orientaron el accionar de sus funcionarios. De acuerdo con lo afirmado por Soprano (2007, p. 22), en los primeros años de funcionamiento del DNT prevaleció la influencia de una cultura política liberal reformista, mientras que en las décadas del treinta y cuarenta fue dominando una cultura política corporativista.

Es bastante conocido que la historia de las mujeres y los estudios de género han tenido en las últimas décadas un notable desarrollo, generando uno de los cambios más relevantes en los procesos de producción de conocimientos en el campo de las ciencias sociales. El ingreso de las mujeres a la historia permitió reconsiderar la rígida división entre el ámbito doméstico y el productivo, favoreciendo una mirada más completa y compleja sobre el mundo del trabajo y sobre el diseño e implementación de las políticas públicas. Al mismo tiempo, reveló la existencia de asimetrías de poder basadas en los roles de género.

En especial, los aportes teóricos de Joan Scott (1996) expresaron un cuestionamiento profundo a la idea de neutralidad en las relaciones de género, que impactó de manera significativa en algunos de los supuestos predominantes en el análisis histórico. Esta perspectiva -más allá de otras consecuencias y replanteos posteriores-, permitió desentrañar las relaciones de poder subyacentes a la hora de recuperar las diferentes manifestaciones de la opresión femenina, enfatizando, además, el carácter relacional de los vínculos interpersonales. Desde el punto de vista de la presente investigación, estas preocupaciones favorecieron un examen sobre la intervención estatal y el trabajo femenino asalariado, más atento a la diferencia sexual y a las desigualdades implícitas.

Este trabajo se basó, principalmente, en el examen de fuentes primarias tradicionales ligadas al poder político -de consulta habitual en el campo historiográfico-, que reflejaron en forma dominante los discursos y el accionar masculino. No obstante, de acuerdo con lo afirmado por Perrot (1992), la atención se concentró en detectar ciertos “rastros” que revelaran la presencia femenina y brindaran información adicional sobre las representaciones sociales vigentes y sobre los comportamientos asumidos. Es decir, estas indagaciones se sustentaron en un enfoque diferente, que se expresó en nuevas preocupaciones e interrogantes, a partir de una mirada sensible a las relaciones de género (Perrot, 1992).

Las técnicas y herramientas metodológicas que se utilizaron en esta investigación se inscriben en una combinatoria que incluyó tanto una lógica cualitativa como cuantitativa. En el análisis cualitativo, nos aproximamos a la visión sustentada por los distintos actores que constituyen nuestro objeto de estudio.

En consecuencia, se examinaron los Boletines del DNT junto a los Diarios de Sesiones del Congreso Nacional. En esta última publicación oficial se registraron los debates, además de los proyectos e informes presentados por legisladores de distinta pertenencia política, que antecedieron a la sanción de la legislación de 1941. El diálogo entre estas dos fuentes de origen estatal favoreció un análisis más amplio y complejo sobre el accionar del DNT. Además, permitió detectar la presencia de referentes femeninas en las cc.ss. conformadas por el organismo estatal, vinculadas a la negociación colectiva en el sector confecciones de la industria domiciliaria.

Por último, la mirada se sustentó en una lógica cuantitativa, a la hora de analizar los datos numéricos que provinieron del Censo industrial de 1935, vinculados al sector textil y al trabajo domiciliario. Estas cifras fueron confrontadas con otras estimaciones provistas por el DNT y con publicaciones de especialistas de la época, que aportaron información numérica adicional y favorecieron una mejor aproximación a su importancia.

En síntesis, el objetivo principal de la presente investigación se centró en el accionar de la agencia estatal y en las vinculaciones que estableció con referentes femeninas y organizaciones sindicales vinculadas al trabajo domiciliario en el sector de confecciones de la industria del vestido. Esta línea de análisis favoreció una mirada más matizada sobre la idea de aislamiento de quienes trabajaban en el sector que proponen las interpretaciones sobre el trabajo domiciliario. A su vez, brindó nuevas evidencias que confirman la importante presencia de espacios de negociación colectiva voluntarios en el mundo del trabajo en los años treinta, incluyendo en este caso la participación de delegadas mujeres y de organizaciones sindicales altamente feminizadas. En este sentido, abrió nuevos interrogantes frente a las investigaciones que dieron por sentado una presencia masculina excluyente en la práctica de la negociación colectiva, particularmente en las primeras cuatro décadas del siglo XX.

2. Comisiones salariales: una experiencia de negociación colectiva

Los años treinta fueron el escenario de un proceso de profundas transformaciones en el plano político, económico y social, como reflejo de la crisis económica mundial de 1929-30 y de la ruptura del orden institucional, producida por el golpe de estado protagonizado por el General J. F. Uriburu en 1930. Con el correr de los años se reformularon algunos de los lineamientos generales de la política económica y se fortaleció y expandió el proceso de crecimiento industrial por sustitución de importaciones, en el marco de un Estado que profundizaba decididamente su perfil intervencionista y regulador de la economía, frente a una sociedad crecientemente diversa y compleja.

En el transcurso de estos años existió cierta continuidad en el formato institucional del DNT y en cuanto al plantel de funcionarios, más allá de los cambios que existieron en las direcciones. in embargo, la designación en 1930 del Dr. Eduardo Maglione en la presidencia coincidió con el inicio de una nueva etapa en su derrotero. Como ha sido señalado por Lobato y Suriano (2014), entre las transformaciones más importantes comenzó a prevalecer una impronta ideológica identificada con el antiliberalismo, el catolicismo y el corporativismo, que orientó el discurso y la praxis de algunos de sus funcionarios. Promovió, además, ciertas divergencias políticas internas que se acentuaron a partir del golpe de 1943. Este nuevo perfil también se expresó en el desarrollo de un estilo crecientemente intervencionista por parte de la agencia estatal, más visible a partir de 1935, en coincidencia con el inicio de la reactivación industrial y con un alza notable del movimiento huelguístico (Gaudio y Pilone, 1984).

Diversas investigaciones ligadas a la historia de las mujeres y los estudios de género (Barrancos, 2010; Lobato, 2007; Valobra, 2018; Queirolo, 2020) han demostrado que, entre fines del siglo XIX y primeras décadas del XX, las mujeres participaron de manera activa en el debate público, en el mercado y en distintos espacios de la sociedad, aunque su presencia haya sido soslayada por la historiografía clásica.

El trabajo a domicilio fue un sistema bastante difundido en la Argentina de fines del siglo XIX, continuó existiendo de diversas maneras a lo largo del XX y, en la actualidad, representa un sector laboral importante que mantiene algunas de las características y dificultades que estuvieron presentes en su desarrollo histórico. Podríamos definirlo como la tarea realizada por una persona o grupo familiar, por fuera del establecimiento industrial o comercial, en su propio domicilio o en otro lugar elegido libremente, por cuenta de un empleador o patrón (Bertolo, 2008). Con frecuencia, también participaban intermediarios y/o talleristas como dadores de trabajo, quienes contribuían a deteriorar aún más los bajísimos salarios que percibía la mano de obra. En la experiencia histórica, se trató de una forma particular de trabajo asalariado que contó con una presencia femenina mayoritaria.

Desde sus inicios el DNT evidenció un creciente involucramiento en la problemática del trabajo femenino asalariado, muy ligado a la visión dominante en la época que percibía con preocupación la incorporación de las mujeres al mercado laboral, asociándola al abandono de las responsabilidades del hogar y de los valores morales (Lobato, 2006). El TAD, en tanto, era considerado una opción más aceptable para las mujeres, ya que generaba la expectativa de que se podían conciliar las tareas domésticas y el cuidado de las/os hijos con el trabajo asalariado en el ámbito del hogar, pese a las condiciones de excesiva explotación y pobreza que acompañaban su desarrollo (Nash, 1987).

En consecuencia, prácticamente desde sus orígenes el DNT se ocupó del trabajo domiciliario en el ámbito de la Capital Federal, a través de la realización de diversas investigaciones, que reflejaron la participación mayoritaria de mano de obra femenina, siendo predominante la industria del vestido y, en menor proporción, la del cuero, tal como se observa en ediciones del Boletín del Departamento Nacional del Trabajo (BDNT N° 25, 1913; BDNT N° 30, 1915). A su vez, las mujeres percibían salarios inferiores a los varones, por similar tarea. Esta situación fue especialmente visible en el caso de las costureras, quienes constituían el grupo mayoritario dentro de la mano de obra a domicilio (Bertolo, 2008).

La primera ley de trabajo a domicilio N° 10505 de 1918, puede ser considerada como una de las más avanzadas y progresistas, en relación a la legislación que estaba vigente a nivel internacional (Cantard, 2003). No obstante, los escasos recursos económicos con los que habitualmente contaba el DNT dificultaron las posibilidades de fiscalización de su cumplimiento efectivo. Esta nueva instancia regulatoria había incorporado una gran novedad para la época: el establecimiento del salario mínimo obligatorio para toda la rama industrial de la localidad, a través del desarrollo de negociaciones colectivas voluntarias, con igual representación de obreras/os y patrones. A pesar de haber generado un nuevo marco de derechos, existen muchas evidencias que reflejan el frecuente incumplimiento de las tarifas de salarios por parte del sector patronal.

La conformación y fiscalización de las cc.ss, eran parte de las nuevas tareas del DNT, prescriptas en la legislación. Tenían un funcionamiento autónomo y una duración de dos años, aunque podían ser renovadas. La selección de las y los delegados que participarían en las negociaciones salariales estaba a cargo de las asociaciones obreras y patronales. En tanto, la elección de quien presidiría y coordinaría cada comisión era una atribución del Poder Ejecutivo Nacional a propuesta del DNT. Esta designación debía recaer en personas ajenas a la comisión que presidiría. Solían seleccionarse figuras con cierta trayectoria profesional, constituyendo una práctica bastante habitual la designación de funcionarios de jerarquía dentro de la misma agencia estatal. Con bastante frecuencia, se elegía a quienes se desempeñaban como jefes de la División de Legislación. Esto no era casual: se pudo constatar la existencia de frecuentes intercambios, a partir de la participación creciente del área de Legislación en el asesoramiento de las tres comisiones que funcionaban en los rubros de sastrería a medida, calzado y confecciones (BDNT N° 220; N° 221; N° 222, 1939, p. 5253-5254). Salvo algunas modificaciones menores, los requisitos mencionados para participar en las cc.ss. se mantuvieron en la legislación de 1941.

En los inicios del proceso de conformación de las primeras comisiones paritarias, a partir de la vigencia de la legislación de 1918, es cuando se registraron las mayores dificultades, como expresión de los conflictos y tensiones que emergían en las relaciones obrero-patronales de la industria domiciliaria (Bertolo, 2008). Con el paso de los años y, en parte, como resultado de una mayor institucionalización de la mediación estatal y de la práctica de la negociación colectiva, las resistencias iniciales fueron dando lugar a un cambio en las percepciones de los actores involucrados, que allanó el camino para la construcción de mayores espacios de consenso y conciliación de intereses (Lobato y Suriano, 2014). A su vez, estos avances se dieron en el contexto de un movimiento obrero orientado por el sindicalismo, el socialismo y el comunismo. Aunque desde posturas diferenciadas, estas corrientes ideológicas manifestaron en forma creciente la aceptación del rol de mediador del Estado y una actitud favorable a la negociación.

En 1937, se produjo un cambio significativo: el DNT propuso a una mujer en la presidencia de una comisión, vinculada al rubro Confecciones en General, siendo confirmada a través de un Decreto Presidencial el 15 de mayo del mismo año (BDNT N° 208; N° 209, 1937, p. 4972). La designación recayó en Ernestina Vila, destacada referente del Museo Social Argentino y militante en el campo social ligado al catolicismo, además de ser una figura interesada en los temas del mundo del trabajo (Freidenraij, 2009). Hasta donde hemos podido indagar, ya que la información presenta discontinuidades, se trataría de la primera mujer propuesta para ejercer la presidencia de una cc.ss., desde la vigencia de la legislación en 1918.

En su conformación inicial, la mencionada comisión estuvo integrada por diez delegadas/os sindicales y diez patronales, siendo todas mujeres las representantes del sector obrero. 4 En el caso de las delegaciones patronales, se designaron en forma exclusiva a referentes varones. Este último aspecto es un indicador de la existencia de mecanismos de segregación por sexos, que limitaron la presencia de mujeres en ocupaciones ligadas a la actividad empresarial, particularmente en aquellos emprendimientos de mayores dimensiones. En la primera renovación de esta comisión, producida en 1939, fue visible la continuidad de la participación femenina en representación de los sindicatos y en la designación de su Presidencia, nuevamente a cargo de Ernestina Vila (BDNT N° 220; N° 221; N° 222, 1939, p. 5283-5285).

En las reuniones que se fueron desarrollando, con el objetivo de definir la tarifa salarial para el sector de confecciones, pudo evidenciarse una participación activa por parte de las delegadas y asesoras que representaban a los diferentes espacios sindicales (BDNT N° 212; N° 213, 1937, p. 5124-5142). Resultan muy elocuentes los comentarios de uno de los vocales del sector patronal (BDNT N° 212; N° 213 1937, p. 5129) sobre la participación de las delegadas sindicales:

(…) me complazco en dejar constancia de la eficaz y encomiable labor de las entidades obreras que integran esta subcomisión, que aportaron sus conocimientos y defendieron con convicción y entusiasmo los intereses de sus asociadas, identificándose todas ellas en un solo propósito, en forma tal que convirtieron el ideal de una tarifa ecuánime en una realidad que traerá, como consecuencia, el deseado mejoramiento de la situación de las obreras a domicilio. 5

A pesar de algunos avances en la práctica de la negociación colectiva, el establecimiento del salario mínimo obligatorio no siempre se tradujo en una mejora en los ingresos de las/os trabajadores. En estos años, existieron denuncias generalizadas sobre el incumplimiento patronal de las tarifas de salarios, que fueron impulsando la movilización de los/as obreros del sector y el reclamo por la sanción de una nueva legislación. Además, estos acuerdos colectivos voluntarios dirimieron estrictamente la cuestión salarial, no contemplando otros aspectos vinculados con las condiciones de trabajo y salubridad en las tareas domiciliarias, tal como venía registrándose en los convenios colectivos industriales, anteriores a 1943 (Doyon, 2006).

La asunción del Dr. Roberto M. Tieghi -primero como Jefe de Legislación en ejercicio de la Presidencia del DNT- y, sobre todo, a partir de su designación formal en ese cargo, producida el 8 de septiembre de 1934, contribuyó a impulsar un perfil más intervencionista en relación a la aplicación de la legislación sobre TAD, que delineó el accionar de la agencia estatal en los años siguientes. En su discurso inaugural, defendió con énfasis la indispensable intervención del Estado en la vida social (BDNT N° 175; N° 176, 1934, p. 3993-3996).

Como parte de las nuevas acciones, a principios de 1934 impulsó la actualización del Registro de Asociaciones Obreras y Patronales, con el fin de estimular un mayor acercamiento con las principales organizaciones y promover el establecimiento de acuerdos colectivos (BDNT N° 169, 1934, p. 3808). Esta decisión fue parte de un proceso más amplio, que coincidió con la generalización de los convenios colectivos de trabajo entre sindicatos y empresas en algunas ramas industriales, favorecido por la creciente acción mediadora del DNT desde mediados de los años treinta (Gaudio y Pilone, 1983; 1984).

Por su parte, la División de Legislación elaboró el anteproyecto para una nueva reglamentación de la Ley N° 10.505, que fue ratificado por el Presidente de la Nación, convirtiéndose en el Decreto Reglamentario N° 94.077 en noviembre de 1936 (BDNT N° 202; N° 203, 1936, p. 4781-4790). Esta iniciativa se concentró en forma prioritaria en la protección de las retribuciones de las/os trabajadores a domicilio, en un contexto de reclamos generalizados por el incumplimiento de las tarifas establecidas legalmente. Esta decisión apuntó a cubrir ciertos vacíos de la legislación que estaba vigente, ya que la dinámica del TAD planteaba nuevos desafíos. Algunos años después, la agencia estatal elaboraba el anteproyecto para una nueva legislación y el decreto reglamentario respectivo, bajo la Presidencia del Dr. Emilio Pellet Lastra, quien asumió en enero de 1939 y se mantuvo en el cargo hasta el golpe de estado de junio de 1943.

Tanto Tieghi como Pellet Lastra habían apoyado el golpe de 1930, este último era un integrante activo de los grupos nacionalistas (BDNT N° 175; N° 176, 1934, p. 3994; Rubinzal, 2014, p. 235). Desde esta nueva función, dio continuidad a las iniciativas definidas por su antecesor en relación al TAD, aunque profundizó el sesgo intervencionista, a través de la creación el 10 de junio de 1042 de la OTD, según ya señalamos (BDNT N° 238; N° 239; N° 240, 1942, p. 117-118). Su constitución al interior del DNT fue definida a partir de la vigencia de la legislación sobre TAD de 1941, con el objetivo de favorecer la centralización de las crecientes actividades que debía desarrollar como autoridad de aplicación, decisión que también representó una mayor asignación de recursos y el nombramiento de nuevo personal. 6 El proyecto finalmente fue aprobado por la Cámara de Senadores, el 29 de septiembre de 1941. Allí se autorizó a reforzar los recursos asignados al DNT dentro del Presupuesto General de la Nación, para cubrir los gastos adicionales que originara el cumplimiento de la nueva legislación (Diario de Sesiones Cámara de Senadores-DSCS, 1941, p. 957-958).

La OTD reorganizó los distintos espacios de discusión salarial ligados al sector textil. Se constituyeron seis cc.ss. -cada una incluyó los distintos rubros presentes en la respectiva rama industrial-, con el fin de evitar superposiciones en la definición de las tarifas, de acuerdo con el reclamo de las asociaciones obreras y patronales (BDNT N° 244; N° 245; N° 246, 1942, p. 298).

Se advierte en esta nueva etapa una participación más numerosa de delegadas/os respecto de los años anteriores, ya que sumaban un total de noventa y dos representantes (BDNT N° 244; N° 245; N° 246, 1942, p. 299-303). En parte, este aumento se vinculó con la incorporación en cuatro de las cc.ss., de representantes del sector de talleristas, considerados como obreros a domicilio en la nueva legislación. Esta inclusión fue el reflejo de su mayor presencia en la industria domiciliaria en la década del treinta. Además, es bastante probable que la vigencia de la nueva normativa haya despertado expectativas favorables, estimulando un mayor registro de la mano de obra y una consecuente mayor participación de las asociaciones obreras y patronales.

En cuanto a la distribución por sexos de las/os delegados, los representantes designados por el sector patronal continuaron siendo todos varones. También fue así en el caso de las delegaciones de las asociaciones de talleristas. Mientras que, en las representaciones de los sindicatos obreros, cerca del noventa por ciento de las delegadas designadas fueron mujeres, cuestión que evidencia un cambio significativo. Es definitiva, en esta nueva etapa la participación femenina comenzó a extenderse a otras cc.ss., también ligadas a la industria del vestido. 7

Luego de varios años de haberse conformado la primera Comisión de Confecciones, hacia 1937, pudimos constatar ciertas permanencias en cuanto a la participación de algunas de las delegadas El caso más referencial fue el de Ernestina Vila, quien continuó ejerciendo la Presidencia en los años siguientes y fue confirmada en la mencionada reestructuración de 1942, en un rubro similar al que venía desempeñándose.

A su vez, otra innovación se vinculó con la designación para la presidencia de las respectivas comisiones, ya que en esta ocasión se distribuyó en partes iguales entre mujeres y varones. Además de la Presidencia de Vila, fueron designadas María Cristina Gorchs y María Matilde Goyeneche (BDNT N° 244; N° 245; N° 246, 1942, p. 305), ambas figuras ligadas al catolicismo social (Sosa de Newton, 1986; Valobra, 2013 y Bonvicini, 2010).

Es bastante razonable pensar que la incorporación de una mujer en el rol de Presidenta de la Comisión de Confecciones pudo constituir un incentivo inicial para la creciente participación de otras mujeres. Las sucesivas reuniones e intercambios en los que participaron las delegadas sindicales a lo largo de estos años, con el fin de establecer las tarifas de salarios, probablemente se hayan convertido en espacios de encuentro y de sociabilidad femenina, que favorecieron la construcción de vínculos y solidaridades de clase. En este sentido, no puede descartarse que esta participación haya estimulado la conformación de ciertas redes de comunicación entre las delegadas, que pudo haber contribuido al armado de estrategias comunes tendientes a promover y/o intensificar las acciones colectivas que venían desarrollando (Kaplan, 1990).

Asimismo, la participación de mujeres en espacios de negociación colectiva constituye un indicio de la acentuada feminización del trabajo a domicilio, también evidenciada en la composición de las organizaciones sindicales que venían participando en la Comisión de Confecciones, es decir, la Federación Obrera del Vestido (FOV), la Asociación La Aguja y el Sindicato de Costureras.

3. Prolegómenos a la sanción de una nueva legislación

La nueva impronta de la agencia estatal en la década del treinta estuvo influenciada por ideas que provenían de sectores nacionalistas y católicos sociales, quienes –a pesar de ciertas diferencias y matices- coincidían en la defensa de programas de contenido social y en un decidido intervencionismo estatal. Además, los severos cuestionamientos a la democracia, al liberalismo y a las ideologías de izquierda –en especial al comunismo-, se amalgamaban con una defensa a ultranza del ámbito doméstico y de las tareas reproductivas, asociadas a la condición femenina (Rubinzal, 2014).

Estas posturas conservadoras coexistieron con los importantes cambios que se venían produciendo en el terreno cultural y en las prácticas sociales, que comenzaban a contradecir y a poner en tensión algunos de los supuestos dominantes sobre la condición femenina. Como ha sostenido Barrancos (1999), en el período de entreguerras empezaron a esbozarse algunos replanteos en las subjetividades femeninas y en los comportamientos sociales asumidos, en coincidencia con el inicio de un proceso de mayor inserción en el espacio público y en el trabajo asalariado.

A su vez, las ocupaciones femeninas venían experimentando desde los años veinte algunas modificaciones relevantes, ya que comenzaron a estar más diversificadas y vinculadas a sectores que requerían de una mayor capacitación, aspecto que permite inferir un mayor acceso a la educación formal, que tuvo como correlato un aumento de empleadas en el sector administrativo -tanto estatal como privado- y en el magisterio, entre otros (Nari, 2004).

Desde el punto de vista de la importancia numérica del TAD en la ciudad de Buenos Aires, los informes provistos por el DNT daban cuenta de la existencia de algo más de 40.000 obreras/os a domicilio (DSCD,1940, p. 275). Esta cifra hacía referencia al sector registrado por el DNT. Sin embargo, una importante franja de la fuerza de trabajo desarrollaba sus actividades por fuera de la legislación vigente y de los controles e indagaciones que realizaba la agencia estatal.

En el relevamiento del Censo Industrial realizado en 1935, se informaba la existencia de un total de 35.364 trabajadores a domicilio en todo el país (Resumen Censo Industrial, 1935, p. 19-20; Unsain, 1942, pp. 56-58). Esta cifra es muy inferior a las distintas estimaciones difundidas en la época sobre la mano de obra involucrada. Es bastante probable que la subestimación de las actividades desarrolladas a domicilio, en parte, haya sido el reflejo de las dificultades implícitas a la hora de recolectar la información, ya que se trataba de una tarea realizada mayormente en los domicilios particulares. Además, la definición de quiénes se consideraban obreras/os a domicilio podía presentar ciertas ambigüedades. Por otra parte, es evidente que no todos los empresarios estaban dispuestos a brindar información al censista sobre la mano de obra contratada a domicilio ya que no se encontraba presente en el establecimiento industrial o comercial.

Los datos censales en relación a la Capital Federal dan cuenta de un total de 216.080 obreros ocupados en las actividades industriales en general –incluidos los menores de 18 años-, coincidiendo cerca del 26 por ciento de esa cifra con mano de obra femenina (Censo Industrial, 1935). En cuanto al personal ocupado en el sector “textiles y sus manufacturas” -no incluida la industria a domicilio-, la información provista revelaba un total de 77.683 obreras/os de ambos sexos, entre los que se contaban los menores de 18 años. Dentro de ese total, la mano de obra femenina alcanzaba una participación cercana al 58 por ciento de la mano de obra involucrada en el sector. En el caso del trabajo a domicilio y, de acuerdo con la información brindada por el DNT, en la industria del vestido y confecciones las proporciones mencionadas se modificaban de manera sensible, ya que la participación femenina rondaba el 70% del total de la mano de obra, con una presencia dominante de las costureras.

Más allá del subregistro que habitualmente existía en relación al trabajo femenino en los censos de la época, principalmente debido al sesgo androcéntrico que dominaba el diseño y la recolección de las muestras (Queirolo, 2019), la comparación del total de los obreros ocupados en la industria textil y de confecciones, en relación a la cifra de 40.000 trabajadores a domicilio provista por el DNT, permite inferir que la mano de obra a domicilio representaba una proporción importante dentro del total de la población ocupada en el sector textil.

A su vez, las estimaciones extraoficiales que circulaban en la época daban cuenta de cifras muy dispares, aunque en todos los casos superaban largamente las mediciones oficiales. Algunas de estas estimaciones fueron informadas con preocupación por legisladores de diferente extracción política, en el devenir del debate parlamentario. El diputado por el socialismo Juan Solari, a partir de los datos que provenían de la FOV, informaba la existencia de alrededor de 100.000 obreras y obreros a domicilio en el ámbito de la Capital Federal (DSCD, 1939). Por su parte, Unsain (1942) –destacado especialista en el tema- estimaba en cerca de 60.000 obreras y obreros a domicilio. A modo de síntesis, la industria textil y de confecciones era dominante en el TAD y se integraba mayoritariamente con mano de obra femenina.

En cuanto a las principales falencias de la primera legislación, el hecho de haber estado circunscripta al ámbito de la Capital Federal y los territorios nacionales constituyó una limitación importante. A partir de la nueva ley de 1941, se intentó cubrir esa falencia extendiendo el ámbito de aplicación a todo el territorio nacional.

Por otra parte, uno de los factores que contribuía a mantener muy bajos los ingresos de las costureras a domicilio tenía que ver con las representaciones sociales vigentes. Son muy descriptivas las consideraciones formuladas por Unsain, quien sintetizó ajustadamente la visión prevaleciente:

Es la esposa que trabaja en casa para agregar algo al dinero que el marido gana en la fábrica, o las hijas ayudando a los ingresos del padre. Empleando la palabra en otro sentido diríamos que en muchos casos se trata de un salario familiar, de ayuda, de complemento (1942, p. 15).

Esta mirada asociada a la idea de complementariedad o de “ayuda” del ingreso de la mujer casada, en relación al salario principal a cargo del varón como “jefe de familia”, fue dominante en la época y constituyó una de las manifestaciones del lugar de subordinación que caracterizaba a la condición femenina (Lobato, 2006). De hecho, el ingreso salarial de las mujeres trabajadoras ha sido considerado históricamente un tipo de pago diferente al de los varones; es decir, no se fijaba atendiendo solo a su eficiencia y/o productividad laboral, solía definirse en función de las costumbres y creencias de la época (Zelizer, 2011). En el caso particular de las costureras domiciliarias, su trabajo era considerado parte del repertorio habitual de tareas domésticas que “naturalmente” desarrollaba por ser mujer y, por tanto, se le atribuía una menor cualificación y era subvalorado en términos económicos.

Desde hacía un tiempo se venían realizando denuncias generalizadas por la falta de cumplimiento de la mencionada legislación y también se desarrollaron numerosos conflictos gremiales en reclamo por la supresión del trabajo a destajo, la creación de nuevas comisiones paritarias, el establecimiento de precios mínimos para ciertos trabajos por pieza y la concentración del trabajo en los establecimientos industriales (Lobato, 2007; Ullivarri, 2014; Marotta, 1970).

El TAD había experimentado algunas modificaciones importantes respecto de las primeras décadas del siglo, que debían ser contempladas y reguladas. En particular, los años treinta habían presenciado la proliferación de talleristas, cuya presencia contribuía a deteriorar aún más los exiguos ingresos de las/os trabajadores del sector. En efecto, solían ejercer una competencia desleal con las/os obreros/as individuales que realizaban las tareas en sus domicilios. Se trataba de empresarios que tenían a su cargo unidades productivas de pequeña o mediana dimensión, solían disponer de una mayor mecanización y organizaban la manufactura con obreros a sus órdenes –por fuera del círculo familiar-, a partir del encargo que recibían de los empresarios “dadores” de trabajo.

En este nuevo esquema, los patrones ejercían un mayor control sobre el proceso productivo, con el fin de lograr una mejor adaptación a las necesidades del capital, al mismo tiempo que promovían un aumento en el ritmo trabajo. A través de distintos artilugios, los talleristas solían pagar salarios inferiores a los establecidos legalmente.

En cuanto a algunos aspectos sobre las condiciones de trabajo en los talleres de mayores dimensiones, resultan muy elocuentes las consideraciones formuladas por Pellet Lastra, como presidente del DNT (BDNT N° 220; N° 221; N° 222, 1939, p. 5292):

Cuando estos talleres son de más importancia, se aplica el “taylorismo” más desenfrenado y los obreros no pueden sacar la vista de su labor ni para recoger la aguja caída; pues todo está organizado de modo tal que haya un ayudante especialmente encargado de tan minúscula tarea, la cual, dentro del ritmo de trabajo, sólo constituiría un natural descanso de segundos, indispensable, por lo demás, para el obrero.

El control más estricto del uso del tiempo por parte del sector patronal permitía imponer una mayor disciplina, que aceleraba el ritmo de trabajo y acentuaba la intensidad de la explotación de la mano de obra (Thompson, 1984). Esta aproximación parcial al proceso productivo nos permitió recuperar un mecanismo, a partir de la cual los patrones ejercían un mayor control sobre el ritmo de trabajo con el fin de aumentar la productividad. Al mismo tiempo, contribuían a deteriorar aún más las condiciones de trabajo y los exiguos salarios que percibían las/os trabajadores. Como contracara, las rígidas imposiciones del sector patronal generaban fuertes resistencias por parte de la mano de obra, expresada en una creciente conflictividad sindical.

Los problemas que venimos señalando se vieron agravados por la escasez de inspectores y de recursos presupuestarios con que contaba el DNT. Como un modo de subsanar estas falencias, la nueva legislación introdujo la posibilidad de habilitar como inspectoras e inspectores a miembros propuestos por las asociaciones profesionales, reivindicación largamente reclamada por el socialismo (DSCS, 1941, p. 954-958).

El DNT impulsó la reforma de la ley sobre TAD, a partir de la elaboración de un nuevo proyecto (BDNT N° 220; N° 221; N° 222, 1939, p. 5290-5291; DSCD, 1939, p. 737). Tal como se analizaba desde la oficina estatal, el Decreto N° 94.077, de 1936, no había resultado suficiente en cuanto a mejorar las remuneraciones de las/os trabajadores a domicilio.

Por su parte, Monseñor Miguel De Andrea, asesor de la Federación de Asociaciones Católicas de Empleados (FACE), desempeñó un rol muy activo en el reclamo por la sanción de una nueva legislación. Un sector de las costureras a domicilio formaba parte de La Aguja -integrada a la FACE-, mientras que otro grupo pertenecía al Sindicato de Costureras, también identificado con el ideario católico. Ambas agrupaciones participaron en la campaña desarrollada a favor de una nueva legislación. El sindicato La Aguja fue considerado como uno de los espacios sindicales más importantes y mejor organizados del catolicismo social (Acha, 2008).

Desde mediados de los años treinta se estrecharon aún más los vínculos que se venían construyendo entre el organismo oficial y distintos referentes ligados al catolicismo social, a partir del compromiso asumido por De Andrea con las costureras a domicilio de acompañar sus demandas (Lida, 2013). A su vez, estas relaciones no excluyeron el establecimiento de otras articulaciones, en especial, con referentes políticos y militantes del Partido Socialista, quienes mostraron compromiso y proximidad ante la labor que venía desempeñando la agencia estatal en estos años (Tortti, 2009).

Con el fin de elaborar el anteproyecto de ley, desde el DNT se propuso la conformación de una comisión de estudio, que estaría integrada por representantes de las tres cc.ss. que venían funcionado (BDNT N° 220; N° 221; N° 222, 1939, p. 5290-5291). En consecuencia, fueron convocados las/os presidentes y las/os delegados/a sindicales y patronales respectivos, además de personal técnico de la oficina estatal (DSCD, 1940, p. 284-285). Luego de varias reuniones e intercambios con la comisión consultiva, la División de Legislación concluyó la elaboración del anteproyecto de ley que fue presentado al Ministerio del Interior en julio de 1939.

Desde el Poder Ejecutivo se propició una modificación importante al texto original, que fue explicitada por el miembro informante del Despacho de la minoría -el Diputado Eudoro Vázquez Cuestas-, quien defendió el proyecto presentado por el Presidente Roberto M. Ortiz en septiembre de 1939 (DSCD, 1939, p. 836-845). En su exposición, Vásquez Cuesta resaltó que en el proyecto del Ejecutivo se había incluido una mención aclaratoria, que establecía la posibilidad de abolición gradual pero definitiva del trabajo a domicilio, si la aplicación de la nueva legislación no alcanzara los fines de progreso social que la habían motivado (DSCD, 1940, p. 285). Dicha no había sido considerada en el anteproyecto elaborado por el DNT. En otro tramo de su discurso, Vázquez Cuesta volvía a marcar diferencias, al lamentar el gran esfuerzo realizado por la FOV en el transcurso de los debates que antecedieron a la elaboración del anteproyecto de ley por parte del DNT, para que se incluyera uno de sus reclamos, aunque sin haber obtenido respuesta favorable por parte de la agencia estatal (DSCD, 1940, p. 287-288).

Estos indicios estarían reflejando que pudo haber existido cierta disputa por la iniciativa política dentro del mismo oficialismo, aspecto que dejaría al descubierto las tensiones y conflictos que solían existir entre intereses políticos y aspectos técnicos dentro del accionar estatal. Se podría conjeturar que el Poder Ejecutivo habría buscado obtener un rédito político, en un tema que resultaba acuciante, por tratarse de mujeres trabajadoras en condiciones paupérrimas y cuyos reclamos habían alcanzado gran notoriedad pública. Dentro de esta dinámica interna, el particular modo de interrelación que establecieron los funcionarios y expertos del DNT con los distintos actores incluidos en la elaboración de la nueva legislación, pareció evidenciar una actitud de relativa autonomía frente a las presiones políticas y corporativas, a la hora de definir la orientación y los alcances de la iniciativa legislativa que intentaba impulsar (Skocpol, citada en Lobato y Suriano, 2014, p. 11).

Vale la pena señalar que las principales demandas defendidas por la FOV fueron incluidas en el proyecto de la bancada socialista, presentado en el Congreso en junio de 1939 por el Diputado Juan Antonio Solari (DSCD, 1939, p. 721-733). Esta organización sindical nucleaba a un sector muy importante de obreras/os a domicilio y venía realizando una intensa campaña a favor de la sanción de una nueva legislación. En consecuencia, apoyó decididamente el proyecto presentado por el Diputado socialista y lo hizo explícito durante la realización del Primer Congreso de la CGT en julio de 1939, a través de su Agrupación Femenina (Oddone, 1949).

En la presentación, el Diputado Solari puso especial énfasis en la necesidad de suprimir en forma progresiva y gradual el sistema de trabajo a domicilio y de favorecer la concentración de las tareas en grandes talleres (DSCD, 1939, p. 721-733). En este reclamo convergieron –aunque con matices- legisladores radicales, conservadores y socialistas. Este fue uno de los temas que generó controversias y una intensa disputa en el Congreso, que atravesó a los distintos espacios partidarios y a las mismas instituciones estatales.

En el transcurrir del debate, se expresaron dos líneas argumentales: quienes propiciaban la supresión gradual y progresiva del trabajo a domicilio y quienes defendían su regulación, como reflejo de las discusiones que se estaban dando a nivel internacional. Esta última perspectiva fue la que prevaleció en el interior de la Comisión de Legislación, quien elaboró el proyecto por la mayoría. Como ya señalamos, el TAD formaba parte de las actividades aceptadas para la condición femenina, el hogar era considerado el mejor lugar, o el menos perjudicial, para que las mujeres realizaran las actividades destinadas al mercado (Nari, 2004).

En la legislación finalmente aprobada se adoptó una postura intermedia. Si bien no se hizo mención a la abolición del trabajo a domicilio en sentido amplio, se estableció que la autoridad de aplicación estaba facultada para suprimirlo en aquellas industrias que “pongan en peligro la vida, la salud o la moral de los obreros” (Unsain, 1942, pp. 58-60). Es posible advertir que, más allá de las diversas posiciones, existió una coincidencia de fondo en ambas argumentaciones, vinculada a la defensa y protección de la función reproductiva femenina, como un objetivo prioritario e irrenunciable.

La legislación finalmente aprobada retomó aspectos muy importantes de la propuesta socialista, aunque también del proyecto elaborado por el DNT, producto de las discusiones e intercambios que mantuvo con los principales actores sociales involucrados en la industria domiciliaria. La nueva normativa estableció un mayor control sobre las condiciones de trabajo e higiene y propició un cumplimiento más estricto en la aplicación de penalidades y en el cobro de multas por infracciones a las tarifas de salario vigentes.

4. Reflexiones Finales

Analizar el DNT “desde adentro” y en clave de género abrió la posibilidad de formular nuevos interrogantes que permitieron detectar ciertas facetas de su accionar en los años treinta, todavía no exploradas por la historiografía tradicional. Asimismo, puso en foco las acciones de mediación implementadas por el organismo estatal, orientadas al reconocimiento de derechos en un sector laboral feminizado.

El organismo oficial desempeñó un rol activo, que contribuyó a jerarquizar la problemática del TAD dentro de su esfera de competencia. En esta dinámica, profundizó la especialización de sus funciones, a partir de la creación en 1942 de una oficina dedicada específicamente al trabajo domiciliario, en la que se centralizaron las crecientes actividades que involucró la vigencia de la nueva legislación sancionada el año anterior. La reconfiguración y ampliación institucional implementadas se dieron en el contexto del creciente intervencionismo que venía desplegando en estos años el DNT en las relaciones capital-trabajo, en un escenario caracterizado por una acentuada conflictividad laboral.

La conformación de comisiones paritarias y el establecimiento del salario mínimo de vigencia obligatoria, a través del desarrollo de negociaciones colectivas voluntarias, fue una de las manifestaciones de las acciones de mediación desarrolladas por la agencia estatal, a partir de la vigencia de la primera legislación sobre TAD sancionada en 1918. El examen del proceso de constitución de las mencionadas comisiones puso en evidencia el largo camino recorrido por el DNT en la construcción de vínculos estables con los principales actores sociales involucrados en la industria a domicilio. Asimismo, reveló que las relaciones con las diversas organizaciones sindicales que nuclearon a las/los trabajadores domiciliarios –sobre todo aquellas de impronta católica-, fueron muy estrechas y fluidas a lo largo de nuestro período de estudio.

En un plano más general, se pudo constatar que el organismo oficial se desempeñó como una verdadera instancia asesora, tanto en relación a las entidades obreras y patronales involucradas en el trabajo domiciliario, como en cuanto a legisladores y referentes políticos de diferente pertenencia ideológica. Este curso de acción fue la contracara del creciente reconocimiento de su legitimidad como agencia especializada en el mundo laboral de esos años.

A su vez, desde el DNT se fue generando la posibilidad de una incorporación creciente de mujeres trabajadoras en los intersticios del Estado, aspecto que constituyó una novedad para la época. Más precisamente, la participación femenina se dio en espacios de negociación salarial ligados a la comisión que funcionaba en el rubro confecciones de la industria del vestido. Esta presencia en el ámbito estatal -aunque no integraran el plantel de empleados y funcionarios estables del organismo oficial-, posibilitó a las delegadas obreras adquirir experiencia en la práctica de la negociación colectiva y permitió, al mismo tiempo, que entraran en contacto con empresarios del sector y con funcionarios y técnicos estatales, en el marco de las discusiones salariales.

Estos cambios se dieron en un escenario de creciente movilización y visibilidad de los reclamos de la mano de obra a domicilio y de los espacios sindicales ligados al sector, quienes venían impulsando la sanción de una nueva legislación. Por otra parte, en el período de entreguerras las mujeres habían comenzado a tener una mayor presencia en la esfera pública y en el mercado, como reflejo de algunos esbozos de mayor autonomía, que ponían en tensión las concepciones más conservadoras.

En este proceso, existieron algunos avances, pero también dificultades y tensiones que marcaron los límites del intervencionismo estatal. Esta situación fue particularmente visible en los reclamos generalizados –tanto desde la agencia estatal como por parte de referentes políticos y especialistas de la época-, que cuestionaban los exiguos recursos presupuestarios destinados anualmente al DNT y la notable escasez de personal especializado en las tareas de inspección del trabajo domiciliario. Estas restricciones dificultaban el contralor estatal en el cumplimiento efectivo de las tarifas de salarios obligatorias, establecidas a través de la negociación colectiva.

Por otra parte, a pesar de ciertos avances en el reconocimiento de derechos hacia las mujeres trabajadoras, desde la agencia estatal no se cuestionó la visión dominante, asociada a la defensa de la maternidad y del mundo doméstico como aspecto diferenciador de la condición femenina. Más aún, el accionar del DNT apostó a la “protección” del binomio madre-obrera, a través de una mayor regulación y control de las condiciones de trabajo y salarios de la mano de obra a domicilio, integrada en forma mayoritaria por mujeres. Esta impronta se dio en un contexto ideológico de sesgo autoritario, con un marcado componente antiliberal, conservador y católico, y en el marco de gobiernos nacionales, cuyo acceso al poder se había caracterizado por el desarrollo de prácticas fraudulentas y excluyentes desde el punto de vista de la participación política femenina.

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Notas

1 Este trabajo forma parte de una investigación más amplia, desarrollada en el marco del Programa Posdoctoral de la Universidad Nacional de Rosario. Agradezco los valiosos aportes del Dr. Oscar Videla, como Evaluador del mencionado Programa. Asimismo, los acertados comentarios y la exhaustiva revisión de las/los evaluadoras/es de la revista Descentrada, que contribuyeron a mejorar la presentación de este artículo para su publicación.

2 Dentro del concepto de intervención social del Estado, la política laboral se vincula específicamente con el conjunto de dispositivos e iniciativas estatales destinadas a las relaciones obrero-patronales, que apuntan a regular las condiciones de inserción de la mano de obra en el mercado de trabajo y a promover la legislación laboral (Cortés y Marshall, 1991).

3 Por razones de espacio, mencionaremos solo las principales investigaciones que, desde diferentes enfoques e interrogantes, examinaron la problemática del DNT y del trabajo a domicilio en los años treinta. Sobre el DNT, pueden consultarse: Soprano (2000 y 2007); González Bollo (2004); González Bollo y Martínez Tami (2015); Bertolo (2008); Lobato (2006 y 2007); Lobato y Suriano (2014); Rubinzal (2014). Desde la historia social del trabajo y los estudios de género, Lobato (2006) analizó el DNT y el trabajo femenino, aunque centrándose en cómo la agencia estatal realizó sus investigaciones y consideró las diferencias entre varones y mujeres. Sobre el trabajo domiciliario, ver: Ullivarri y Partenio (2006); Lobato (2007); Pascucci (2007); Bertolo (2008); Kabat y Pascucci (2010); Aguilar (2014); Ullivarri (2014); Egan (2019). Este conjunto de investigaciones constituyó referencias muy importantes para esta investigación; sin embargo, en ninguna de ellas, se abordó de manera específica el objeto de estudio desarrollado en el presente artículo.

4 Las primeras delegadas obreras, según su pertenencia sindical, fueron: Raquel Goliguer, Julia de Sábato, Ida Bonfati, Matilde Falco y Rosa Ferrero, en representación de la Federación Obrera del Vestido (FOV); Ángeles de la Higuera de Lorenzo, Justa de Martinelli y María Mastrángelo, por la Asociación La Aguja; Sofía Chamorro de Contreras y María Maissonave, por el Sindicato de Costureras (BDNT, N° 208 y 209, 1937, p. 4973).

5 Declaraciones de Alfredo Lohner (representante del Centro de Tiendas, Sastrería y Anexos) en la tercera reunión realizada en el marco de las deliberaciones de la Subcomisión N° 1, quien además se desempeñaba como Secretario de la Comisión presidida por E. Vila.

6 En sintonía con esta decisión, se encomendó a la División de Inspección la actualización del Padrón Provisional de sastrerías, casas de confecciones y roperías (BDNT, 177 y 178 de 1934, p. 4044). En la Resolución de creación, también se estableció el nombramiento de un cuerpo de inspectores. En esa misma fecha, se designó al Dr. Luis Ureta Sáenz Peña como Jefe de la OTD (BDNT, 238, 239 y 240 de 1942, pp. 117 y 118).

7 Es de destacar que, en algunos casos, se designó a la misma representante en más de una comisión. A continuación, agruparemos a las delegadas sindicales titulares designadas en las seis cc.ss., según su pertenencia organizacional: María de Sabi, Francisca de García, María de Rivarola, Isabel de Yerbasi, Cecilia Sapir, Julia de Sábato, Elvira Giado y Teresa de Cavanna (FOV); Asunción Furchi, Zunilda de Rodríguez, Ana E. Tissone, Inés Laviño, María M. Ferrari, Dominga Masseo, Eulogia de Escudero, María A. Dibenedetto, Margarita Z. de Abella, Blanca S. Torres, María J. Cosentino, Filomena S.G. de Cacciavillani y Amalia F. de Lamuedra (Sindicato de Costureras); María N. Chacho, Elena Schipani Araujo, María Grillo, María Tassara, Francisca Rodríguez, Susana de Carmelo, María González Posse, Petrona S. de Garrido, Inés Martino de Lorenzo, María Parisi, Ana Josefa de López (Asociación La Aguja) (BDNT, N° 244; N° 245; N° 246, 1942, p. 299-303).