Por una Panamazonía viva y saludable: la perspectiva del Buen Vivir
For a living and healthy Panamazonia: the perspective of Good Living
Percursos, vol. 23, núm. 53, pp. 37-67, 2022
Universidade do Estado de Santa Catarina
DOSSIÊ
Recepción: 14 Marzo 2022
Aprobación: 23 Septiembre 2022
Financiamiento
Fuente: CAPES-DS
Resumen: Este artículo analiza algunas de las consecuencias que una perspectiva de crecimiento económico, por medio del dominio de lo que se suele denominar “recursos naturales”, tiene para la región amazónica y para su sociobiodiversidad. Desde un análisis crítico de la literatura académica y de artículos periodísticos recientes, se pretende contextualizar la región amazónica y su importancia para el planeta, así como mostrar el alcance del problema de la deforestación y señalar algunas de sus consecuencias. Como contrapunto a la “explotación de la naturaleza” promovida por el sistema capitalista, que solo beneficia a una minoría de seres humanos en detrimento de una mayoría de otros seres -humanos y no humanos- y de sus ambientes, se destacan la cosmovisión del Buen Vivir desarrollada por los pueblos andinoamazónicos y la perspectiva decolonial. El Buen Vivir defiende la necesidad de respetar todas las formas de vida. Así, constituye una posibilidad de establecer otra relación entre todos los seres vivos y sus ambientes y, como consecuencia, un intento de evitar la destrucción de lo que queda de la selva amazónica y la posible aparición de otras pandemias similares a la del COVID- 19 en esa región.
Palabras clave: buen vivir, paradigma antropocéntrico, colonialidad, Amazonas, pandemia de COVID-19.
Abstract: This article analyzes some of the consequences that a perspective of economic growth through the dominance of what are often referred to as "natural resources" has for the Amazon region and its socio-biodiversity. Through a critical analysis of recent academic literature and journalistic articles, it aims to contextualize the Amazon region and its importance for the planet, as well as to show the extent of the problem of deforestation and to point out some of its consequences. As a counterpoint to the "exploitation of nature" promoted by the capitalist system, which only benefits a minority of human beings to the detriment of a majority of other beings - human and non-human - and their environments, the cosmovision of Good Living developed by the Andean-Amazonian peoples and the decolonial perspective are highlighted. Good Living defends the need to respect all forms of life. Thus, it constitutes a possibility of establishing another relationship between all living beings and their environments and, as a consequence, an attempt to avoid the destruction of what is left of the Amazon rainforest and the possible appearance of other pandemics similar to that of COVID-19 in that region.
Keywords: good living, anthropocentric paradigm, coloniality, Amazon rainforest, COVID-19 pandemic.
Introducción
El Amazonas es el bosque tropical más grande del mundo y uno de los biomas más importantes del planeta Tierra. Comprende una extensión geográfica de 7,4 millones de kilómetros cuadrados y contiene la mayor cuenca hidrográfica. La necesidad de reducir la deforestación en la Amazonía ha sido ampliamente documentada en publicaciones científicas y en diversos medios de comunicación (COSTA, 2020;GÓMEZ, 2020;MARENGO, 2018;SIERRA, 2019;SUÁREZ et al., 2020). Este bosque tropical cumple varios roles ambientales al ayudar a regular el clima, a capturar dióxido de carbono (CO2), además de tener un sistema hidrológico por donde fluye el 20% del agua dulce del mundo. Además, es el ecosistema terrestre más biodiverso, cerca del 30% de las especies de plantas y animales del mundo están en el Amazonas (BUTLER, 2020).
La magnitud del impacto ecológico causado por la deforestación y la degradación ambiental se hace evidente en el monitoreo de imágenes satelitales que abarcan el período de tres décadas de mudanzas en la cobertura forestal y uso del suelo de la Amazonía: “Entre el año 1985 y 2018, la PanAmazonía perdió 72,4 millones de hectáreas de su cobertura vegetal natural, un área equivalente al territorio de Chile. Por otro lado, en el mismo período hubo un crecimiento del 172% en áreas de agricultura y ganadería” (RAISG…, 2020). El alcance de este problema es verificado año tras año a través de diversos sistemas de monitoreo (DESMATAMENTO…, 2022;RAISG…, 2020;TRACKING…, 2019).
No obstante, la degradación ambiental crece a pasos agigantados (WHEELER, 2022), incluso en medio de la emergencia sanitaria de la pandemia del COVID-19, cuando medidas de distanciamiento social deberían ser respetadas y fiscalizadas, actividades como el acaparamiento y la especulación de tierras, la minería y la construcción de carreteras ilegales avanzan en la región Amazónica, donde se reporta el índice de deforestación más alto de los últimos catorce años (BUTLER, 2022;PUENTES, 2022). Varios estudios demuestran la influencia de la pérdida de biodiversidad, causada por la deforestación, en la emergencia de enfermedades infecciosas (ELLWANGER et al., 2020;IPEA, 2015).
Al mismo tiempo, la Amazonía fue la región de Sudamérica más afectada por el COVID-19 (COVID-19…, 2021) y es una posible fuente para el origen de nuevas pandemias (LAPOLA, 2020). Esta es la conclusión que llegó el proyecto PREDICT del programa Emerging Pandemic Threats (EPT) de USAID (US Agency for International Development), que se ocupó desde el año 2009 en detectar virus zoonóticos que tengan el potencial de generar una pandemia. Ese proyecto tuvo lugar en 31 países de Asia, África y América Latina, hasta que el gobierno de Estados Unidos interrumpió en 2020 los recursos para prorrogar su vigencia (BAUMGAERTNER; RAINEY, 2020). Su diseño siguió el modelo One Health, que hace énfasis en la correlación entre la salud de los humanos, los animales no humanos y los ecosistemas, advirtiendo sobre algunos factores para la emergencia de zoonosis: “La mayoría de las IED (Enfermedades Infecciosas Emergentes) surgen de reservorios de animales salvajes en paisajes biodiversos que experimentan fuertes presiones antropogénicas, incluyendo la población humana, el cambio del uso de la tierra y la extracción de recursos naturales” (KELLY et al., 2020, p. 2, traducción nuestra).
En América Latina, el proyecto fue implementado en México y en cuatro países de la Panamazonía (Bolivia, Brasil, Colombia y Perú). Los criterios de USAID para implementar el proyecto PREDICT en estos países incluyen los siguientes:
Los riesgos de aparición de enfermedades son mayores en los países en vías de desarrollo, donde las personas y los animales viven en estrecha proximidad y los medios de vida dependen en gran medida de los recursos naturales. Los países en vías de desarrollo también suelen caracterizarse por una capacidad limitada para detectar la aparición de enfermedades en la fauna silvestre antes de su propagación a los seres humanos, y por una infraestructura de información en salud pública limitada o inexistente (UHART et al., 2013, p. 65, traducción nuestra).
Los análisis de las muestras recolectadas por este proyecto entre 2010 y 2013 permitieron identificar 14 familias virales con potencial pandémico en las regiones amazónicas de Bolivia, Brasil y Perú (UHART et al., 2013). Frente a este panorama, nos preguntamos: ¿Cuál es la visión de mundo que ha predominado en las relaciones socioambientales para que lleguemos a la actual emergencia humanitaria y ambiental?
Para explorar los fundamentos de dicha mentalidad y exponer algunas de las perspectivas que se oponen a ella, realizamos la discusión teórica desde el abordaje decolonial de algunos autores latinoamericanos. La noción del Buen Vivir1 de los pueblos indígenas andino-amazónicos se presenta como una alternativa frente al proyecto capitalista colonial iniciado a finales del siglo XV y que predomina en la actualidad bajo la versión neoliberal. Aunque tal versión lleva más de cincuenta años de existencia, el modelo se muestra obsoleto e incapaz de enfrentar sus propias consecuencias, entre ellas, el origen de la pandemia del COVID-19 y sus efectos.
Aunque la justicia ambiental en los países andino-amazónicos esté dando un viraje más afín al ecocentrismo2, intentando interrumpir siglos de antropocentrismo3 y androcentrismo, consideramos necesario poner en cuestión el cumplimiento de ese enfoque legal en tiempos de pandemia, cuando vivimos un agravamiento de la deforestación en la Amazonía. Así mismo, en la actualidad, en contravía con la propuesta del Buen Vivir, se hace evidente la desprotección de los gobiernos de los países amazónicos hacia los pueblos indígenas y afrodescendientes, que son los más vulnerables durante la pandemia, los más empobrecidos por la explotación de sus territorios y los guardianes de esas tierras, y para los que se prevé un empeoramiento de su situación en la pospandemia.
Este artículo analiza algunas de las consecuencias que una perspectiva de crecimiento económico, por medio del dominio de lo que se suele denominar “recursos naturales”, tiene para la región amazónica y para su sociobiodiversidad. Con este fin, utilizamos un enfoque metodológico cualitativo, mediante la revisión crítica de artículos académicos (en las bases de datos EBSCO, SciELO y Scopus), informes técnicos institucionales y en fuentes recientes de periódicos. Iniciamos con una contextualización de la región amazónica y su importancia para el planeta, que contrastamos con el alcance del problema de la deforestación. Luego, nos referimos a los fundamentos teóricos de los que deviene la mentalidad colonialista de la dominación de algunos seres humanos sobre otros y sobre la naturaleza. Posteriormente, nos preguntamos qué consecuencias tiene esa visión de mundo y abordamos algunas alternativas a la imposición del capital sobre la naturaleza, haciendo énfasis en la propuesta del Buen Vivir.
La Amazonía, amenazada
La región amazónica representa el 53% del total del territorio de los países miembros de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA) conocida como Panamazonía, que es la suma de las áreas de Amazonía Legal de cada país miembro de la OTCA: Brasil, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela, Guyana y Surinam4.
La población total de esta región se acerca a los 30 millones de habitantes, lo que representa el 10% de la población total de esos países (FENZL, 2010). Además, tiene una riqueza cultural representada por más de 420 comunidades indígenas que hablan 86 idiomas y 650 dialectos (PNUMA/OTCA, 2008). La importancia del patrimonio cultural y biológico de esa región es reconocida internacionalmente. Sin embargo, esta región está atravesando crisis de tipo social, ambiental, político y sanitario que empeora de forma acelerada (GÓMEZ, 2020;SUÁREZ et al., 2020). Este territorio recibe una fuerte presión debido al acaparamiento de tierras, la colonización no planificada, la construcción de carreteras, la expansión de la frontera agrícola y ganadera, la minería, la explotación petrolera y el extractivismo, factores que influyeron en la devastación de 29,5 millones de hectáreas de cobertura forestal en la Panamazonía entre los años 2000 y 2017 (SIERRA, 2019).
Conservar los bosques amazónicos permite la preservación de la sociobiodiversidad5. Es decir, la diversidad sociocultural y la diversidad biológica que se articulan en un mismo espacio social. Ese objetivo se puede lograr con la reducción de la deforestación y la implementación de prácticas extractivas y agroecológicas que permitan mantener la economía de la región. Un ejemplo de ello es el aprovechamiento de los productos forestales no madereros, tales como fibras, resinas, aceites, frutos y plantas aromáticas y medicinales, actividad económica que ha hecho posible la existencia de proyectos ambientales sostenibles y justos (LOPES et al., 2019, CARVALHO RIBEIRO et al., 2020). Mantener el equilibrio ambiental también permite regular la propagación de los virus de los que las especies endémicas son portadoras, tema que desarrollaremos más adelante en este artículo.
La realidad de los países amazónicos va en contravía de la necesaria lucha contra la deforestación. Seleccionamos como foco geográfico de este estudio la deforestación ocurrida en años recientes en cinco países -Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador y Perú-, que juntos representan el 86,5% del territorio amazónico.
En Bolivia, el incremento de la deforestación causado por incendios es el mayor desafío. Entre los años 2001 y 2019 se quemaron, en promedio, cuatro millones de hectáreas de bosque al año (SIERRA, 2021a). La Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT) informó que entre 2016 y 2017 la superficie deforestada alcanzó 554.232 hectáreas, en la cual el 86% de la superficie deforestada está en los departamentos de Santa Cruz y Beni, que comprenden parte de la región amazónica (ABT, 2018).
En la Amazonía brasileña, la extensión de las áreas taladas durante 2019 fue de más de 976.200 hectáreas (A ESTIMATIVA…, 2019). Aún en medio de la cuarentena por la pandemia del COVID-19, la devastación de la selva amazónica no disminuye. Por el contrario, demuestra una tendencia al ascenso. Este último hecho se atribuye a una menor fiscalización y penalización por parte de los entes de control del Estado. El Sistema de Alerta de Deforestación (SAD) de Brasil publicó el siguiente balance sobre la pérdida de cobertura vegetal en 2021: “La selva amazónica experimentó en 2021 su peor año en una década. De enero a diciembre, se destruyeron 10.362 km2 de bosque nativo, lo que equivale a la mitad de Sergipe” (DESMATAMENTO…, 2022, traducción nuestra).
En Colombia, la región amazónica representa el 67% de los bosques del país. La tendencia creciente en la tasa de degradación ambiental se demuestra en un reporte de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS). Según este reporte entre enero y febrero de 2022 las cifras de incendios en la Amazonía fueron las más altas de los últimos 15 años: “Los incendios que se están presentando son provocados, en época de menos lluvias -entre diciembre y marzo- por actividades de tipo agropecuario [principalmente] para el establecimiento de fincas y la praderización”, precisó Rodrigo Botero, director de FCDS en un balance que presentó en el portal de noticias La Silla Vacía (BOTERO, 2022).
En Ecuador, si bien la deforestación en la región amazónica es relativamente baja en comparación con la tendencia en otros países amazónicos, pues disminuyó de 18.800 hectáreas en el 2017 a 11.400 hectáreas en el 2019, este fenómeno está afectando lugares relevantes para la diversidad cultural y biológica. El Proyecto Monitoreo de la Amazonía Andina (MAAP) reportó que en 2019 fueron deforestadas pequeñas áreas de bosques para plataformas petrolíferas en el Parque Nacional Yasuní y en proximidades al territorio indígena Waorani (FINER et al., 2019). Este impacto ecológico fue denunciado por la lideresa waorani Nemonte Nenquimo, en una carta abierta dirigida a los presidentes de los nueve países amazónicos, en la cual afirmaba: “La Tierra no espera que la salven, espera que la respeten. Y nosotros, como pueblos indígenas, esperamos lo mismo” (NENQUIMO, 2020).
En el año 2020, Perú alcanzó la cifra más alta de deforestación de las últimas dos décadas. El sistema de monitoreo del Programa Nacional de Bosques del Ministerio de Ambiente de ese país reportó la pérdida de 203.272 hectáreas de bosque. Esto se debe, en mayor medida, a la expansión de la frontera agrícola para el establecimiento de cultivos de uso ilícito (SIERRA, 2021b).
La intensificación de la pérdida de vegetación nativa en la Amazonía se puede constatar en una serie de imágenes satelitales6 producidas por el MAAP con base en sus observaciones de los procesos de deforestación. La deforestación es una de las consecuencias prácticas de la idea antropocéntrica de que la naturaleza es una mercancía que debe ser dominada por los seres humanos y un recurso a ser explotado en su beneficio, idea puesta en práctica por el proyecto colonialista europeo. A continuación, haremos una breve exposición del desarrollo histórico de esa forma de pensar que se consolidó en la modernidad.
La idea de la naturaleza como una cosa a ser dominada
En su devenir histórico, las sociedades han determinado las características culturales que orientan las relaciones sociales y ecológicas. La corriente de pensamiento que dio origen al método científico que separa, compara, opone, clasifica y jerarquiza es característica de las sociedades modernas. Una de las corrientes predecesoras del pensamiento científico moderno sobre la relación y separación entre los seres humanos y la naturaleza proviene de la interpretación calvinista de los textos bíblicos, la cual establece una separación y una relación asimétrica en la que el hombre (entiéndase aquí el prototipo de hombre occidental, blanco y libre), concebido como el sujeto universal, domina sobre la naturaleza. Esa interpretación sirvió como fundamento para la visión antropocéntrica y androcéntrica del mundo (MONARES, 1999). Las bases para esa manera de ver el mundo se encuentran en la traducción e interpretación del primer capítulo del libro de Génesis perteneciente a la Torá e incluido, posteriormente, en la Biblia:
Y Dios creó al ser humano a su imagen; lo creó a imagen de Dios. Hombre y mujer los creó, y los bendijo Dios con estas palabras: “Sean fructíferos y multiplíquense; llenen la tierra y sométanla; dominen a los peces del mar y a las aves del cielo, y a todos los reptiles que se arrastran por el suelo.” (BIBLIA, Génesis, 1, 27-28, 1999, p. 2)
Siguiendo la idea de que los seres humanos son una excepción de la creación y que no son parte de la naturaleza y, por lo tanto, deben dominarla, Calvino introdujo en su libro Institución de la religión cristiana (originalmente publicado en latín en 1536) algunas acotaciones que hicieron énfasis en que la naturaleza no existe como un ser en sí, sino en función de los seres humanos. Se refirió a la función de utilidad de la naturaleza tanto para satisfacer las necesidades como para el “deleite” de los seres humanos y planteó la idea de que la naturaleza puede ser apropiada en calidad de “bienes terrenos” (CALVINO, 1999, p. 552). Según Monares (1999), ese es uno de los argumentos de los que se derivó la idea de la naturaleza como un recurso ilimitado para los seres humanos, que podía ser controlada por medio de la ciencia.
Posteriormente, el racionalismo defendido por René Descartes reafirmó la posición de la naturaleza como objeto del dominio humano y, como consecuencia de esto, otorgó a los seres humanos la misión de progresar ejerciendo dicho dominio (ZAFFARONI, 2011). La conquista de las Américas marcó el inicio de una forma de colonización en la que se articularon el capitalismo y las relaciones de subordinación según la clasificación por “razas” (QUIJANO; WALLERSTEIN, 1992;MALDONADOTORRES, 2007). La deshumanización y consecuente subordinación de los pueblos indígenas y africanos implicó, también, la dominación, subalternización y exterminio de los modos de vida y de las narrativas de los pueblos nativos, cuyas consecuencias se dan hasta la actualidad.
Solo recientemente, las perspectivas de los pueblos indígenas comenzaron a ganar relevancia en los ámbitos ecológico y político como alternativa a la visión desarrollista en la que la naturaleza -de la cual no formarían parte ciertos seres humanos- es un recurso a ser explotado para el progreso y crecimiento económico, lo cual sería necesario para el bienestar de esos mismos seres humanos: “La necesidad -eterna Celestina de todas las matanzas y guerras- deberá evaluarse conforme a las condiciones humanas de supervivencia digna y al uso no abusivo respecto de todos los entes naturales, y no a la conveniencia de pura obtención de mayores réditos” (ZAFFARONI, 2011, p. 144).
Esas perspectivas de los pueblos originarios sobre las relaciones socioambientales, que promueven la descolonización del conocimiento de matriz eurocéntrica, ganaron mayor visibilidad en las más recientes constituciones latinoamericanas y en las posteriores legislaciones ambientales
Deforestación y pandemias
La deforestación trae consecuencias devastadoras: erosión del suelo, pérdida de la sociobiodiversidad, alteración de los ríos, emisiones de gases de efecto invernadero, disminución de los productos forestales y pérdida de cuencas hidrográficas (FAO/PNUMA, 2020). Los cambios en la cobertura forestal de la tierra también tienen un efecto directo en el cambio climático. Esto se demostró con el aumento de 0,7°C en la temperatura terrestre de la región amazónica debido a la reducción de las áreas de bosques tropicales (MARENGO et al., 2018).
La deforestación del bioma amazónico causa un impacto global, pues afecta no solo la temperatura del planeta, sino también la variabilidad hidrológica (referente al aumento de lluvias en unos países y sequías en otros). Esto tiene implicaciones en la agricultura, en los ciclos del agua, en la aceleración de los incendios forestales (LOVEJOY; NOBRE, 2018) y en las migraciones de seres humanos y de animales no humanos. Al causar desequilibrios en los ecosistemas, la deforestación produce pérdidas de la sociobiodiversidad, ya que se dañan las relaciones vitales desarrolladas a lo largo del tiempo entre los seres humanos, seres no humanos y sus ambientes. A su vez, el cambio climático incrementa esta pérdida y amplifica la propagación de virus en ambientes húmedos y cálidos (SUÁREZ et al., 2020). Como señalan Ellwanger et al. (2020), la relación entre biodiversidad y enfermedades infecciosas es, al mismo tiempo, compleja y paradójica:
Los ecosistemas preservados actúan como promotores de la salud, manteniendo los patógenos en el ambiente forestal. Desde otra perspectiva, las alteraciones en ecosistemas altamente biodiversos facilitan la aparición y la propagación de nuevas infecciones humanas. . Estos preceptos básicos deben tenerse en cuenta en futuros estudios, proyectos de desarrollo y en la toma de decisiones políticas centradas en la región amazónica (ELLWANGER et al., 2020, p. 14, traducción nuestra).
Esta pérdida de la cobertura vegetal de los bosques tiene un alto impacto en la incidencia de enfermedades de las que los insectos son vectores (IPEA, 2015), entre ellas la malaria, la leishmaniasis y el dengue (VANWAMBEKE et al., 2007). La correlación entre la intensificación del contacto entre humanos y fauna silvestre con la incidencia de enfermedades virales se ha evidenciado en las pandemias de coronavirus en el mundo, como la pandemia del SARS-Coronavirus, identificado por primera vez en el sur de China en 2002, la originada por el MERS-Coronavirus que emergió en Arabia Saudita en 2012 y la producida por el nuevo coronavirus SARS-CoV-2 que produce el síndrome respiratorio agudo grave (COVID-19), pandemia que tuvo como primer epicentro la región central de China en 2019 y que se propagó por todo el planeta.
Diversos estudios científicos se han realizado desde que emergieron los primeros casos de coronavirus. Entre ellos, un estudio realizado por investigadores de la Universidad de Columbia en veinte países de América Latina, Asia y África (ANTHONY et al., 2017) exploró la biodiversidad global del coronavirus (CoV), siendo identificados 3.204 tipos de coronavirus en murciélagos. Los autores constataron que existe una correlación entre las variaciones biogeográficas de los murciélagos y la propagación del coronavirus.
El problema está en la alteración que los seres humanos causamos en el equilibrio de los ecosistemas, y no en la existencia de los murciélagos en sí. Porque al mudar el ecosistema de los murciélagos, a causa de la expansión de las fronteras agropecuarias y de la urbanización, estos animales buscan adaptarse a los ambientes creados por los seres humanos y, consecuentemente, aumenta la probabilidad de la transmisión de los virus de los cuales son portadores (AFELT et al., 2018;GÓMEZ, 2020;LEVIS et al., 2020;SUÁREZ et al., 2020).
La falta de comprensión de las causas antrópicas de este desequilibrio ha llevado a culpabilizar por las epidemias a los animales no humanos portadores del virus (WORSTER, 2020). Por ejemplo, el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR) del Perú reportó que en marzo de 2020, en la provincia de Santa Cruz (Departamento de Cajamarca), algunas personas “atacaron con fuego a murciélagos hallados en un local de la zona, los rescatados por el SERFOR fueron liberados en una caverna alejada” (LOS MURCIÉLAGOS…, 2020). Todo esto causa nuevos desequilibrios en los ecosistemas y demuestra la reproducción de la mentalidad de dominio de los seres humanos sobre el entorno ambiental.
Pandemia y desigualdad social
La dominación colonialista se expresa también en el desprecio manifiesto por las vidas de los humanos que han sido racializados, deshumanizados y, como consecuencia, subordinados históricamente (HOUTART, 2011, p. 98). Ailton Krenak, miembro de la comunidad indígena Krenak (Minas Gerais, Brasil) y líder de la Aliança dos Povos da Floresta, que reúne comunidades ribereñas e indígenas de la Amazonía, afirma que: .Estamos devastando el planeta, cavando una brecha gigantesca de desigualdades entre los pueblos y las sociedades, de modo que hay una subhumanidad que vive en una gran miseria -sin posibilidad de salir de ella- y esto también fue naturalizado” (KRENAK, 2020, p. 6, traducción nuestra).
Es así como el racismo y la desigualdad se expresan también en la inaccesibilidad a servicios de salud y en la infraestructura precaria para atender a las poblaciones indígenas del Amazonas, lo que resultó en un mayor número de personas contagiadas y fallecidas a causa del COVID-19 (INDÍGENAS…, 2020). En la Panamazonía, en el mes de noviembre de 2021, fueron reportadas 3.784.944 personas contagiadas entre el total de la población y 106.623 personas fallecidas por el COVID-19 (COVID-19…, 2021). Solo en Brasil, hasta inicios de noviembre de 2022, la Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (Apib), que monitorea la situación de los indígenas durante la pandemia del COVID-19, reportó 75.686 casos confirmados y 1.324 fallecimientos, sumando un total de 162 pueblos indígenas afectados ([PLATAFORMA]…, 2022).
A pesar de que el subregistro de los casos de prevalencia de COVID-19 en los quilombos7 dificulta saber cuál es la situación de estos pueblos en la Amazonía; en Brasil existe el Observatorio de COVID-19 en los quilombos, gracias a una alianza entre la Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas (CONAQ) y el Instituto Socioambiental (ISA). Los datos de este observatorio reportan 5.666 casos confirmados y 301 fallecimientos entre los habitantes de los quilombos en el país hasta el mes de enero de 2022 (OBSERVATÓRIO…, 2022).
En los últimos años, en los países de la región amazónica ha prevalecido la profundización del modelo neoliberal, que implica la devastación ambiental y la pérdida de miles de vidas humanas concebidas como “prescindibles”. Es así como el gobierno brasileño impuso vetos a las políticas sociales que protegerían a los pueblos indígenas y quilombolas durante la pandemia (LINHA…, 2020).
Antes de la pandemia, fueron promovidas tres tipos de acciones que conllevan la aniquilación ecológica: la cacería, la degradación de los hábitats y la deforestación. Por estas razones, el mandatario brasileño fue denunciado por “ecocidio” ante la Corte Penal Internacional (MARQUES, 2019). Además, en ese mismo período, los jefes de los Ministerios del Medio Ambiente en Brasil y en Ecuador consideraron que el camino a seguir en sus países es flexibilizar las leyes ambientales e intensificar el extractivismo, especialmente de madera y de minerales, incluso en tiempos de pandemia (ACOSTA, 2020;GREENPEACE BRASIL, 2020).
El desarrollo en la región amazónica, independientemente de cuáles sean los gobiernos, ha mantenido un mismo modelo que ignora la diversidad geológica, biológica y sociocultural, como señalan Grisotti y Moran (2020, p. 1, traducción nuestra): “El reconocimiento de la diversidad, que debería ser el punto de partida para cualquier discusión sobre estrategias de desarrollo en la región, es descuidado por las políticas públicas que siguen buscando soluciones para la región como si fuera homogénea.”
Colombia, por ejemplo, presentó un agravamiento de los conflictos ambientales debido a los conflictos políticos en la implementación del acuerdo de paz firmado entre el gobierno y la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) en 2016 (SÁNCHEZ, 2019). La débil presencia de las instituciones del Estado en los territorios que antes ocupaba esa guerrilla dio lugar a nuevos conflictos por el control territorial. En la región amazónica, la deforestación se ha incrementado a causa del acaparamiento de tierras, la ampliación de la ganadería extensiva, la minería ilegal y la intensificación de los cultivos de uso ilícito de la coca (Erythroxylum coca) (REPORTE…, 2020). A pesar de los esfuerzos realizados en el plano legal y desde las organizaciones de base comunitaria, en el año 2021 la región amazónica concentró el 70% de la deforestación en Colombia (SANABRIA, 2022).
Como consecuencia de la pandemia, se prevé que la deforestación de la región amazónica continuará en aumento, justificándose en la crisis económica, el aumento del desempleo y la necesidad de seguir produciendo comida, combustible y otros bienes de consumo en grandes cantidades (BENSUSAN, 2020). Sin embargo, la promesa del neoliberalismo de incrementar la riqueza a partir del uso de los “recursos naturales” en los “países subdesarrollados” puede ser fácilmente desmentida, porque en Latinoamérica, Asia y África los niveles de pobreza y desigualdad siguen siendo altos, pese a la explotación ambiental creciente.
El Banco Mundial (BM) estima que en Latinoamérica y el Caribe la pandemia tendrá impacto tanto en pobreza como en desigualdad. Este análisis fue divulgado por el economista Carlos Felipe Jaramillo, vicepresidente del BM para esta región, en una entrevista para la agencia de noticias France Presse-AFP: “Ya estamos pronosticando una pérdida de por lo menos 25 millones de empleos para este año 2020 y esa cifra puede ser peor dependiendo de cómo evolucione la situación de los próximos cinco o seis meses [...], estamos estimando que 50 millones de latinoamericanos van a caer por debajo de la línea de pobreza este año” (BM ESTIMA…, 2020).
Al mismo tiempo, este especialista del Banco Mundial opinó que la salida a la crisis requiere de “un ‘crecimiento diferente’ más ambientalmente sostenible y con mayor inclusión de jóvenes” (BM ESTIMA…, 2020). Con la adopción del discurso de transformación de la economía se pone en cuestión el modelo de desarrollo económico que el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional impusieron, en el pasado reciente, en los países latinoamericanos, pero ¿se traducirá esto en políticas más efectivas para mantener los sistemas socioecológicos?8. Si esa postura económica incluye continuar impulsando el extractivismo que genera impactos sociales y ambientales negativos, para luego compensar por esos impactos, podemos afirmar junto con Gudynas que “el capitalismo benevolente es incompatible con el buen vivir” (GUDYNAS, 2011, p. 239). La pérdida de sociobiodiversidad también tiene impactos negativos en las condiciones económicas locales, ya que muchas comunidades y pueblos tradicionales dependen de los bosques para sobrevivir. Es decir, la cadena de deforestación-pandemia-pobreza puede continuar repitiéndose indefinidamente hasta que generemos cambios positivos en las relaciones socioecológicas.
Alternativas al avance del capital sobre la naturaleza
Comprender la existencia de los seres humanos como parte integrante de un organismo vivo -la Tierra, la Pacha Mama o Gaia- y, por lo tanto, como una especie más entre otras tiene una connotación ética diferente a la visión de la Tierra como hospedadora pasiva que está ahí para satisfacer los proyectos económicos de ciertos seres humanos. Según Zaffaroni (2011), la concepción de la Pacha Mama implica reconocer que los otros entes con los que se cohabita en la Tierra tienen derecho a existir y a desarrollar sus vidas tranquilamente. Estos derechos requieren que los seres humanos adoptemos obligaciones éticas respecto a todos los seres humanos y no humanos, compromiso urgente en un momento en que la crisis ambiental se tornó global: “20% de la superficie terrestre se ha visto degradada entre los años 2000 y 2015” (FAO/PNUMA, 2020, p. 99). Como explica Houtart (2011), abandonar la actitud utilitarista hacia la naturaleza que ocasiona daños a la vida misma significa asumir el imperativo ético de “cambiar las prácticas económicas y el sistema cultural que las justifica” (HOUTART, 2011, p. 22).
Los derechos de la naturaleza -comprendida como el conjunto de todos los seres vivos, humanos y no humanos, y sus ambientes- están en la matriz de las comunidades que practican como parte de sus modos de vida las relaciones de interdependencia de todos los seres vivos y sus ambientes. En ese ámbito se encuentra la noción del Buen Vivir de los pueblos andino-amazónicos que, en lugar de constituir un modelo acabado que deba ser reproducido en otras sociedades, es considerado como una propuesta en constante construcción colectiva:
El Sumak Kawsay para nosotros, para los pueblos indígenas, es la reconstrucción, o mejor dicho, la construcción de un nuevo modelo de vida, no solamente para los seres humanos, sino para todo el planeta; nuevo modelo de vida que incluye tanto lo político, como lo económico, cultural, social, ecológico y espiritual. (CHOLANGO, 2014, p. 240)
En suma, el Buen Vivir promueve la convivencia en armonía con la Madre Tierra y la práctica de los principios de complementariedad, cooperación, solidaridad, soberanía y reciprocidad que tienen como fin último la “sostenibilidad de la vida” (LEÓN, 2009, p. 72). En el plano de las relaciones humanas, se trata de “una convivencia sin miseria, sin discriminación, con un mínimo de cosas necesarias y sin tener a estas como la meta final” (ACOSTA, 2008, p. 37).
Hacia finales del siglo XX, las nuevas constituciones latinoamericanas marcaron una tendencia ambientalista. La Constitución Política de Brasil de 1988 fue la primera en Latinoamérica en introducir la noción de “equilibrio ecológico”, en términos de ser un derecho social, en función de la utilidad de los servicios que el medio ambiente les presta a los seres humanos. En la Carta Magna se atribuyen responsabilidades al Estado y a la sociedad civil por el cuidado de la naturaleza: “Art. 225. Todos tienen derecho a un medio ambiente ecológicamente equilibrado, bien de uso común del pueblo y esencial para una sana calidad de vida, imponiéndose al poder público y a la colectividad el deber de defenderlo y preservarlo para las presentes y futuras generaciones” (BRASIL, 1988, art. 225, traducción nuestra). Posteriormente, el Código Forestal Brasileño (BRASIL, 2012, art. 12, traducción nuestra) estableció que en la Amazonía el 80% de la propiedad rural situada en áreas de bosque no puede ser deforestada.
En Colombia, el artículo 79 de la Constitución Nacional de 1991 contempla el derecho fundamental de las personas a gozar de un ambiente sano. Al igual que en el caso brasileño, el cuidado ambiental está puesto en función del servicio que la naturaleza les presta a los seres humanos. Ese artículo dio lugar a nuevas discusiones en el campo jurídico-ambiental que adoptaron el enfoque ecocéntrico. Este enfoque asume que la especie humana es una más entre todas las especies de seres vivos, perspectiva que se constata en la decisión tomada por la Corte Constitucional en 2016, la cual declara que: “el río Atrato es sujeto de derechos que implican su protección, conservación, mantenimiento y, en el caso concreto, restauración” (COLOMBIA, 2016, sentencia T-622). Así como en la decisión de la Corte Suprema de Justicia que reconoce a la Amazonía colombiana como sujeto de derechos (COLOMBIA, 2018, sentencia STC-4360), sentencia que fue fruto de una demanda interpuesta por un grupo de 25 niños, niñas y jóvenes colombianos que exigieron que el Estado nacional frene la deforestación en la Amazonía (JUICIO…, 2019). Consecuentemente, la Corte Suprema de Justicia responsabilizó a los entes gubernamentales de establecer planes de ordenamiento territorial que tengan como meta acabar con la deforestación y adaptar los usos de la tierra a las situaciones impuestas por el cambio climático.
La Constitución Política del Perú de 1993 hace referencia al ambiente en términos de recursos naturales, renovables y no renovables, y otorga al Estado la potestad de aprovecharlos (art. 66). Además, determina que la legislación ambiental debe orientarse a la conservación de la biodiversidad y de las áreas naturales protegidas y la promoción de un modelo de desarrollo sostenible en la Amazonía (art. 69). Estos requerimientos fueron contemplados en la Ley Forestal y de Fauna Silvestre (PERÚ, 2011, arts. 66-69).
El reconocimiento de la naturaleza como sujeto de derechos se hizo manifiesto por primera vez en Latinoamérica en la Constitución Política del Ecuador (2008, art. 71): “Art. 71. La naturaleza o Pacha Mama, donde se reproduce y realiza la vida, tiene derecho a que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos.”
La Constitución Política de Bolivia (2009, art. 347) hace referencia al vivir bien (Suma qamaña en aymara) como uno de los principios ético-morales de la sociedad plural (art. 8). También defiende la protección del medio ambiente y sanciona la comisión de “delitos ambientales”. Sin embargo, su Carta Magna se enfoca en la calidad del ambiente en función de la calidad de vida de las personas, su perspectiva es la de los derechos ciudadanos de tercera generación. Posteriormente, se instituyó la Ley Marco de la Madre Tierra y Desarrollo Integral para Vivir Bien, que establece como principio fundamental los “Derechos de la Madre Tierra como sujeto colectivo de interés público” (BOLIVIA, 2012).
El Buen Vivir (Sumak kawsay en kichwa) contempla la práctica de la solidaridad y la reciprocidad que se oponen a la desigualdad y la devastación producidas por el sistema capitalista. El desafío que plantea esta noción es la articulación entre los Derechos Humanos y los Derechos de la Naturaleza, teniendo la defensa de la vida como principio en la toma de decisiones. Siendo promotor de esta perspectiva, Alberto Acosta - economista que presidió la Asamblea Constituyente del Ecuador (2007-2008) - plantea la pertinencia de “una transición hacia una economía solidaria y sustentable, que incluye el decrecimiento del extractivismo, y el autocentramiento en las políticas locales y participativas” (ACOSTA, 2015, p. 299).
Consideraciones finales
Desde finales de la década de 1940, diversas voces vienen alertando sobre las consecuencias futuras de la explotación y de la destrucción sin tregua de la naturaleza, inherentes al sostenimiento del modo de vida de algunos seres humanos y del sistema capitalista (CARSON, 1962;OSBORN, 1948;VOGT, 1948). En la década de 1970, el informe Los límites del crecimiento (MEADOWS et al., 1972) y la Conferencia de Estocolmo abordaron las cuestiones relacionadas con la degradación del planeta y señalaron la necesidad de su preservación. Incluso ya en el siglo XIX existía la preocupación acerca de “salvar los bosques” en Europa, que estaban siendo extinguidos para generar energía, lo que promovió el desarrollo de la explotación del carbón mineral y la expansión a gran escala de un tipo de industria asociado a su consumo.
Ninguna de esas y de otras incontables alertas, entre las cuales debemos destacar las de los pueblos indígenas, frecuentemente silenciadas por no ser parte de la matriz eurocéntrica de conocimiento, fue considerada seriamente, y nos encontramos conviviendo con las consecuencias de décadas de lucha contra la naturaleza. Así, se desarrollaron todo tipo de prácticas predatorias para mantener un sistema que trae beneficios económicos solo para algunos seres humanos y que no se preocupa con los efectos que esas prácticas tienen para el resto de la naturaleza. Ni la denominada revolución verde y la utilización masiva de agrotóxicos y fertilizantes sintéticos, ni la deforestación de bosques, ni la extracción de minerales, así como otras actividades que vulneran a la naturaleza en su conjunto, produjeron los resultados prometidos, y en setenta años pasamos de la era de las alertas a la era de las consecuencias. Específicamente, la situación actual en la región amazónica es una evidencia de la prevalencia de una actitud explotadora en contra de la naturaleza y, dentro de los grupos humanos que habitan esa región, un desprecio hacia los pueblos indígenas y afrodescendientes.
De acuerdo con Zaffaroni (2011), la confusión en las relaciones de los seres humanos con la naturaleza se debe a la continuidad del paradigma antropocéntrico que les otorgó a algunos humanos la exclusividad de los derechos y, por lo tanto, el derecho de dominación sobre la naturaleza. A ese hecho podemos adicionar uno anterior, que es el de la separación humano/naturaleza, consecuencia del establecimiento de una epistemología dicotómica, que luego de establecer una oposición promovió una jerarquía centrada en los cuerpos, creando una norma y colocando a ciertos cuerpos humanos en un orden superior, y a todos los cuerpos disidentes de esa norma, en un orden inferior.
A diferencia de la mentalidad de separación y de dominio de algunos seres humanos sobre el resto de la naturaleza, la propuesta del Buen Vivir nos convida a comprender las relaciones de interdependencia entre las especies y a crear un mundo común que no esté limitado a los humanos, sino para todos los seres vivos. Relaciones socioambientales que deben ser pautadas por la conducta ética en las acciones del Estado y la sociedad civil. El Buen Vivir no implica la prohibición del consumo de los productos naturales, sino que apunta a hacerlo con cuidado y con respeto, oponiéndose a considerar a la naturaleza como una entidad separada de los seres humanos y, en ese caso, únicamente como una fábrica de recursos y de riquezas, que es en lo que la convirtió el capitalismo. Ese “deber ser” está presente en el neoconstitucionalismo latinoamericano y en el ecologismo jurídico, pero está claro que las normas no se concretan en la realidad de forma automática, sino que es necesaria la voluntad de los seres humanos para ponerlas en práctica.
La pandemia del COVID-19 puso en evidencia el descuido de los gobiernos latinoamericanos para con las minorías étnicas y agravó la situación de los pueblos indígenas, afrodescendientes y gitanos que históricamente han vivido en condiciones de pobreza y miseria. También permitió observar cómo los gobiernos prefieren ignorar tanto el origen de la pandemia y sus posibles causas como las medidas que los primeros países afectados tomaron para disminuir su propagación. Por un lado, pese a la relación que se establece entre la deforestación y el origen del COVID-19, la floresta amazónica continúa siendo devastada. Por otro, aun sabiendo que las comunidades indígenas y afrodescendientes serían las más vulnerables, y que su cuidado requería de distanciamiento social y acompañamiento del Estado, se continuó permitiendo la invasión de sus tierras, lo que promovió que la enfermedad se diseminara entre los guardianes de la floresta. Para evitar que la próxima pandemia se origine en territorio amazónico es necesario que la naturaleza deje de ser considerada como un supermercado. La noción del Buen Vivir nos saca de la lógica del consumo sin límites para colocarnos en un escenario de autosuficiencia y autogestión.
Concluimos que ponerle límites a la deforestación significa un cambio social, ecológico y económico profundo. Un “crecimiento económico más ambientalmente sostenible”, como el defendido por los especialistas del Banco Mundial, no es una propuesta plausible en un planeta finito; solamente representa otra versión del neoliberalismo, arrinconado por los efectos económicos y sociales de la pandemia del COVID-19.
El cambio que propone la noción del Buen Vivir implica valorar los conocimientos y las prácticas territoriales, incluyendo aquellas que no se enfocan en la acumulación y reproducción del capital, sino que responden a otras racionalidades económicas que permiten restaurar la preocupación por el otro y la noción de bienestar colectivo -no limitando los conceptos “otro” y “colectivo” a la especie humana- disueltas en gran medida por el discurso neoliberal, teniendo como objetivo la convivencia de todos los seres vivos en el planeta Tierra.
Agradecimientos
Los(as) autores(as) agradecen a los(as) evaluadores(as) por sus comentarios a las versiones preliminares de este artículo, así como a Carolina Levis (investigadora de posdoctorado del Programa de Posgrado en Ecología de la Universidade Federal de Santa Catarina -UFSC) y a los(las) colegas del Laboratorio de Inmigración, Migración e Historia Ambiental (LABIMHA/UFSC) por contribuir con sus ideas durante el proceso de redacción del mismo. Agradecemos al Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) por la beca recibida por las autoras ESN y MG, y a la Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) por la beca de doctorado que recibe la autora INC.
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Notas
