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LA EXCLUSIÓN POLÍTICA Y SINDICAL DEL PARTIDO COMUNISTA DURANTE EL GOBIERNO DE FACTO DE JOSÉ MARÍA GUIDO (1962-1963)

THE POLITICAL AND TRADE UNION EXCLUSION OF THE COMMUNIST PARTY DURING THE GOVERNMENT OF JOSÉ MARIA GUIDO (1962-1963)

Murmis, Ezequiel

Ezequiel Murmis

e.murmis@hotmail.com

Universidad de Buenos Aires - Instituto de Historia Argentina y Americana “Dr. Emilio Ravignani” Argentina

Colección

Pontificia Universidad Católica Argentina Santa María de los Buenos Aires, Argentina

ISSN-e: 1850-003X

Periodicidad: Semestral

vol. 34, núm. 2, 2023

maurojsaiz@gmail.com

Recepción: 04 Julio 2023

Aprobación: 15 Septiembre 2023

URL: http://portal.amelica.org/ameli/journal/813/81345348134534004/

DOI: https://doi.org/10.46553/colec.34.2.2023.p135-179

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Resumen: El presente artículo busca analizar las características que asumió la política de exclusión del Partido Comunista durante el gobierno de facto de José María Guido en la Argentina (1962-1963). Para ello, se estudiará la forma en que la misma se operó en el terreno de la política nacional y del movimiento obrero, considerando que en ambos campos el gobierno buscó frenar el crecimiento que el comunismo venía experimentando desde 1955. Se trata de un trabajo de historia social en el que se pretende dar cuenta del contexto en el que se produjo el golpe, los lineamientos políticos del gobierno, el rol de las Fuerzas Armadas y la situación del movimiento obrero, poniendo el foco en la actividad del PC y su vínculo con otros actores, especialmente el peronismo en los sindicatos, con el que se vinculó a través de su agrupamiento sindical: el Movimiento de Unidad y Coordinación Sindical (MUCS).

Palabras clave: Partido Comunista, MUCS, peronismo, movimiento obrero, exclusión, Guido.

Abstract: This article aims to analyze the characteristics assumed by the policy of exclusion of the Communist Party during the government of José María Guido in Argentina (1962-1963). It studies the way in which this exclusion was implemented in the national politics and the labor movement, considering that in both fields, the government sought to curb the growth that communism had been experiencing since 1955. This is a work of social history that seeks to account for the context in which the coup took place, the government's political guidelines, the role of the military forces and the situation of the labor movement, focusing on the activities of the Communist Party and its relationship with other actors, particularly Peronism in the trade unions, with which it engaged through its labor grouping: the Movement of Unity and Trade Union Coordination (MUCS).

Keywords: Communist Party, MUCS, Peronism, Labor Movement, Exclusion, Guido.

I. La exclusión política y sindical del Partido Comunista durante el gobierno de facto de José María Guido (1962-1963)

El golpe de Estado de marzo de 1962 contra el presidente Arturo Frondizi fue uno de los momentos más álgidos de la crisis de hegemonía y el “empate” entre las fracciones de la burguesía durante los años ’60. La intervención de las Fuerzas Armadas (FFAA) tomó curso en el marco de una crisis que jaqueó los pilares del gobierno radical intransigente: la crisis del desarrollismo, expresada en el déficit de la balanza de pagos, la caída de la producción industrial, el aumento de la desocupación, la inflación creciente, entre diversos aspectos; y la crisis de la política de integración, que evidenció en las elecciones la vigencia del peronismo tanto como estructura de representación política como en la afirmación identitaria de amplias franjas de la población, lo cual resultó intolerante para algunos sectores de la burguesía y las FFAA que propiciaron la interrupción del mandato (Portantiero 1977; O’ Donnell 1977).

En ese marco, la asunción de José M. Guido y los conflictos desatados al interior de las FFAA implicaron tanto una reevaluación de los términos en los que abordar la cuestión peronista como una confirmación de la política de exclusión del comunismo en el plano de la política nacional y el terreno sindical. En estas páginas haremos un análisis de las características que asumió la conflictividad social durante el gobierno de facto, entendiendo que en esa coyuntura se produjo un ensanchamiento de la brecha política por izquierda y por derecha que operó como telón de fondo y dinamizador de tres procesos significativos para este estudio: el llamado “giro a la izquierda” del peronismo, canalizado principalmente por un sector de la dirigencia sindical encabezado por Andrés Framini y cuya orientación generó un impacto en los diagnósticos del PC; la convalidación de la marginación del comunismo en el movimiento obrero, en donde se combinaron la pérdida de la conducción de organizaciones sindicales y la exclusión de los organismos de dirección de la CGT, ambas con la intervención represiva y las restricciones del gobierno; y finalmente, el surgimiento de una dirección sindical que alcanzó el objetivo de la normalización de la central obrera pivoteando entre la utilización a su beneficio de la resolución de los conflictos militares y de la exclusión del comunismo por un lado, y el lanzamiento de un Plan de Lucha sin precedentes, por otro.

Para llevar a cabo este trabajo, nos centraremos en el estudio del derrotero y los posicionamientos del PC y su agrupamiento sindical -el Movimiento de Unidad y Coordinación Sindical- durante el gobierno de facto de José M. Guido (1962-1963), recurriendo a diversas fuentes partidarias como el semanario Nuestra Palabra .NP); la revista mensual Nueva Era .NE); volantes y comunicados del MUCS y el PC; así como documentos de la Confederación General del Trabajo (CGT) y el semanario 18 de marzo, asociado a las posiciones más combativas de las “62 Organizaciones” y el sindicalismo peronista.[1]

II. Los principales lineamientos del gobierno de José María Guido (1962-1963)

La particularidad del golpe de 1962 radica en que este mantuvo en el poder a un civil, contando con el aval de la Corte Suprema de Justicia y de diversos sectores políticos que participaron de la negociación, especialmente de la Unión Cívica Radical Intransigente. La actuación de éstos y del propio José M. Guido estuvo envuelta en una serie de intrigas que involucraban una disputa de orden jurídico acerca de la adecuación de la ley de acefalía ante la ofensiva castrense. En ese contexto, los sectores civiles que intervinieron en el proceso se enfrentaban a una disyuntiva, en tanto la aceptación del cargo por parte de Guido orillaba en el límite entre la legalización del golpe de Estado y la responsabilidad histórica de resguardar las estructuras democráticas de una viciada normalidad institucional. El desenlace de los acontecimientos en ese estrecho marco de acción condujo a que el entonces presidente del Senado asumiera la Presidencia de la Nación aquel 30 de marzo bajo la tutela de los tres comandantes en jefe de las fuerzas, quienes impusieron condiciones para determinar los lineamientos del nuevo gobierno (Rodríguez Lamas 1990; Oyanharte 2014).

La conceptualización basada en el “modelo moderador” de Alfred Stepan (1974) permite pensar el golpe como parte de un método normal de “recomposición” del régimen político en Latinoamérica, que en este caso tenía un tenso compromiso: entre el derrumbe que se evita y el reequilibrio que no se alcanza. En esa encrucijada se aloja la particularidad de este proceso político, en el que las disputas militares evitaron la instauración de una dictadura “clásica” y en donde se buscó resguardar la competencia de los sectores políticos para conducir el Estado. No obstante, el resultado de este pastiche fue la instauración de una democracia con exclusiones delimitadas bajo la imposición de las FFAA, que buscaron cubrir su arbitrariedad a través de una fachada legal que dio lugar al predominio de un orden autoritario con una impronta antiperonista y anticomunista, lo cual se caracterizó como un “salvataje democrático” que fracasó en su intento por consolidar un régimen institucional acorde a la relación de fuerzas creadas a partir del derrocamiento de Perón de 1955 (Kvaternik 1987).[2]

Para conocer las características del nuevo régimen cívico-militar puede rescatarse uno de los documentos centrales del golpe, el “acuerdo-compromiso” de índole secreta firmado bajo presión de las FFAA para establecer el curso del gobierno en el día de su inicio. El punto 2 de aquel acuerdo dictaba la anulación de los comicios celebrados el 18 de marzo de 1962; la proscripción del comunismo, del peronismo y la inhabilitación de los candidatos ligados a fuerzas políticas; el establecimiento de un sistema electoral basado en la representación proporcional, como había sucedido durante la autodenominada “Revolución Libertadora” (1955-1958); la revisión de la Ley de Asociaciones Profesionales, a fin de que garantice la plena libertad gremial, impida la instrumentación política de los sindicatos y asegure el empleo de los fondos en actividades sindicales exclusivamente (sic).[3] A partir de esos elementos puede advertirse, por un lado, que el flamante gobierno identificó al peronismo, el comunismo y el movimiento obrero como los principales sectores que serían perjudicados por el golpe; por otro, que la intervención armada rescataba alguno de los ideales de la dictadura de 1955, aunque el objetivo de mayor alcance de ésta era el de intentar establecer un marco restringido para el desenvolvimiento del orden democrático.

En la nueva estructura de poder, el principal mecanismo para adoptar medidas de diversa índole fue el gobierno por decreto. Esto se puso de manifiesto rápidamente cuando se desató la primera crisis del gobierno que, acorralado por la insubordinación de altos mandos militares a la autoridad presidencial, retiró el proyecto de modificación de la ley de acefalía, clausuró las sesiones extraordinarias del Congreso de la Nación, decretó la anulación de todas las elecciones realizadas desde diciembre de 1961, la intervención de las provincias que no habían sido intervenidas por Frondizi, la disolución de los parlamentos provinciales y concejos deliberantes y, finalmente, el cierre del Congreso de la Nación.[4]

El conflicto que se encontraba en el centro de la crisis que se prolongó durante la presidencia giraba en torno a la cuestión peronista (Smulovitz 1991). En este debate acerca de las pautas de integración/exclusión del movimiento peronista al sistema político, las FFAA ocuparon un rol determinante, tanto fue así que las disputas en su seno marcaron el rumbo del gobierno sujeto a sus imposiciones. El enfrentamiento entre los bandos conocidos como “azul” y “colorado” durante 1962-1963 se basaba en la disímil consideración acerca de la relación entre peronismo y comunismo, en donde los colorados entendían que el peronismo abría las puertas al comunismo, razón por la cual debía proscribirse totalmente al justicialismo. Por su parte, los azules también pertenecían al antiperonismo, aunque pensaban que la integración del peronismo permitiría evitar una radicalización política, es decir, frenar los avances del comunismo con el peronismo como un bastión contra la subversión del orden (Mazzei 2012).

A la luz de esta problemática se produjeron los reiterados cambios de gabinete y de los mandos militares, destacándose el nombramiento de Juan Carlos Onganía como Comandante en Jefe del Ejército en septiembre de 1962. Si bien a lo largo del conflicto el presidente fue doblegado alternativamente por ambos bandos, finalmente se impusieron los azules, aunque esto no implicó que lograran implementar un proyecto acabado de integración del movimiento peronista en el sistema político. La idea de armar un Frente Nacional y Popular abierto a la integración del peronismo (representado entonces mayoritariamente por la Unión Popular) e integrado por diversas corrientes políticas fue abortado, resultando finalmente una convocatoria para realizar elecciones a mediados de 1963 con la expresa proscripción del peronismo y el Partido Comunista (Rouquié 1986; Rodríguez Lamas 1990).

Ahora bien, aunque la cuestión de qué hacer con el peronismo fue el eje central de la política de los sectores dominantes y las FFAA (Smulovitz 1991; Cavarozzi 1997), la misma se encontraba íntimamente ligada a la lucha contra el comunismo desplegada a lo largo y a lo ancho del mundo capitalista durante la Guerra Fría. En ese sentido, tanto “azules” como “colorados” compartían los preceptos del anticomunismo propios de aquellas décadas. Si bien el temor al “peligro rojo” estructuró las acciones represivas desde el impacto de la revolución rusa, entre los años 1957 y 1962 las FFAA fueron sujeto activo del proceso de recepción, circulación y apropiación de la Doctrina de Guerra Revolucionaria (DGR), basada en la hipótesis de conflicto entre los bloques capitalista y comunista. La singularidad de este principio en los países capitalistas era el pasaje de la guerra moderna entre Estados Nacionales a una guerra contra la figura del “enemigo interno”, entendido como un elemento de la guerra revolucionaria desplegada por el comunismo en todas las esferas de la vida nacional. Desde esa óptica, el objetivo del enemigo era la subversión del orden para instaurar un régimen alineado con el bloque comunista, razón por la cual se habilitó a las FFAA a realizar acciones de represión interna en clave antisubversiva (Franco 2012).[5]

El fracaso del intento de integración del frondizismo, la derrota electoral y la instauración de la nueva doctrina en las FFAA son elementos nodales para comprender las medidas aplicadas contra el peronismo y el PC en el breve lapso que duró el gobierno. El repaso de algunos de los decretos sancionados muestra el recrudecimiento de la persecución a estos sectores: el decreto 7165/63 restableció la vigencia del 4161 de 1956, lo cual remitía a los términos de la proscripción desarrollados por la “Revolución Libertadora”, que prohibió la propaganda peronista y la difusión de sus símbolos y fue ratificado a través de la sanción del decreto 1296; el 4212/63 declaró ilegal la actividad comunista mientras el 5540/63 dispuso la liquidación de bienes de las organizaciones consideradas comunistas, admitiendo el ingreso policial sin orden judicial en domicilios bajo sospecha; el 9541/63 dispuso la expulsión de extranjeros considerados subversivos; en paralelo, a través del decreto 2457/63 se buscó limitar el ingreso y permanencia de personas provenientes de países comunistas. Pensando en el terreno electoral, el gobierno imposibilitó a la Unión Popular y a sus organizaciones aliadas a participar de los comicios de 1963 a través de los decretos 4046 y 4874/63, así como inhabilitó específicamente a Raúl Matera (el entonces Secretario del Consejo Coordinador y Supervisor del peronismo) para ser candidato de un proceso electoral organizado en base a la sanción, también por decreto (n° 7162/62 y 12.530/62), de un Estatuto de Partidos Políticos.

Instrumentado en el llamado a elecciones de 1963, el Estatuto buscaba reglar la vida partidaria añadiendo restricciones a las ya implementadas por disposición de la “Libertadora” en 1956. Si bien marcaba que su interés era establecer normas que asegurasen la democracia partidaria y respetasen los principios de las instituciones (implantando el sistema D’Hont de representación proporcional), el nuevo estatuto contenía una serie de exigencias que condujeron al delineamiento de un escenario signado por la proscripción: en primer lugar, bajo el argumento de pretender frenar la proliferación de agrupaciones, los partidos debían contar con la acreditación de un mínimo porcentaje para poder oficializar sus listas, aunque se verían impedidos de funcionar como partido político si no alcanzaban el 3% de los votos en las elecciones; en segundo lugar, establecía límites de forma y contenido para las organizaciones que quisieran participar, señalando la imposibilidad de contener en su nombre “designaciones personales ni derivados de ella” ni usarse el vocablo “internacional”, así como la obligación de expresar en las declaraciones de principios y programas políticos la adhesión al “mantenimiento del régimen democrático, republicano, representativo y federal de gobierno”. Algunos de estos elementos parecen haber sido escritos directamente en referencia al peronismo y al comunismo, en tanto se incluía entre las diversas prohibiciones “no utilizar símbolos de dictaduras pasadas o presentes”, “no aceptar la jefatura, el liderazgo o la injerencia de gobiernos o partidos extranjeros (…) o de personas que residan en el exterior” y determinaba la exclusión de “todo recurso o incitación a la violencia o a la lucha de clases o a antagonismos entre sectores (…) expresado en actos de sumisión, o en homenajes insólitos, que la tradición republicana del país reserva a los próceres y fechas nacionales”. En sintonía con esto último, el artículo siguiente expresaba directamente que no se ajustaban a las exigencias previas “los partidos de índole totalitaria, sus derivados y aliados y aquellos que se solidaricen con regímenes extranjeros de ese carácter”.[6]

III. Lecturas comunistas ante el gobierno de facto: fascismo y vías al socialismo

La primera lectura del PC sobre el flamante gobierno de facto resaltaba el carácter reaccionario del golpe, al analizar su origen como:

fruto de un compromiso momentáneo entre las fuerzas más reaccionarias y antinacionales del país, y de sus asesores imperialistas, ante el miedo a perder el control de los acontecimientos, que se agravaban cotidianamente, y de este modo tener las manos libres para poder golpear al pueblo y, ante todo, a la clase obrera.[7]

Es decir, su emergencia era interpretada como la respuesta de estos sectores a los resultados de unas elecciones en las que las fuerzas populares pusieron en jaque la política económica de Frondizi y el FMI. Ahora bien, se trató de una reacción que evidenció también que la unidad entre peronistas, comunistas y socialistas de vanguardia en las elecciones de 1962 no era lo suficientemente orgánica como para frenar el alzamiento.[8]

El PC caracterizó al nuevo gobierno rápidamente como una dictadura cívico-militar con fachada legal que surgió producto de un golpe de Estado reaccionario contra la clase obrera y los sectores populares que habían mostrado su disposición a unirse por un programa de transformaciones económicas, políticas y sociales para liberar al país de la dominación imperialista y oligárquica. Desde el primer momento destacó el carácter anticomunista del gobierno, considerando que utilizaba esa identificación para dividir las filas de los sectores democráticos, razón por la cual redoblaban el llamado a la unidad de la clase obrera y los sectores antiimperialistas para vencer a la reacción.

Consideraban que se trataba de un gobierno débil porque buscaba continuar una política económica atada al FMI y el imperialismo que solo agravaría la crisis y el rechazo de las masas obreras; porque su base social era más reducida que la del gobierno de Frondizi; y porque no contaba con el apoyo de la mayoría de las FFAA. Ante ello, la organización y la combatividad obrera eran vistas como elementos determinantes para derrotar a un gobierno con tal debilidad, si la misma se establecía desde abajo hacia arriba con un comando único y sin exclusiones.[9]

Con el correr de las semanas el PC profundizó su caracterización del gobierno como una dictadura fascista que utilizaba el anticomunismo como un instrumento contra todo el movimiento obrero y popular, contra la libertad e independencia de la Nación.[10] En la Declaración emitida por Comité Central (CC) partidario el 22 de mayo de 1962 se especificaron las características al analizarlo como un:

— gobierno de dictadura cívico-militar de tipo corporativofascista, impuesto por los sectores reaccionarios y fascistas de las fuerzas armadas para servir los intereses de los monopolios imperialistas, de los yanquis en particular, del gran capital intermediario y de la oligarquía terrateniente;

— gobierno de aceleración de la entrega de las riquezas y bienes nacionales a los monopolios extranjeros, principalmente yanquis, de retroceso económico-social, de desocupación, de miseria y de hambre”.[11]

Pensar el gobierno de Guido como una dictadura fascista implicaba advertir, en ese contexto, que dicha orientación respondía más al debilitamiento y desesperación de la clase dominante que a su fortalecimiento. Es decir, era vista como una reacción en última instancia ante la incapacidad del gobierno de Frondizi para continuar defendiendo los intereses de los monopolios imperialistas extranjeros. De este modo, la lectura realizada enlazaba el carácter débil del gobierno con la profundización de la reacción y el anticomunismo en clave fascista.

Bajo esa óptica analizaban las disposiciones represivas dictadas contra el PC. Algunas de ellas como la proscripción, el cierre del Congreso, la declaración del estado de asamblea de los partidos políticos, la restricción de los derechos electorales, el veto a las candidaturas y la intervención de los servicios secretos de las FFAA y la SIDE, eran vistas como parte de un programa político tendiente a preparar un fraude electoral en el que solo podrían elegirse candidatos dispuestos a cumplir las órdenes de las FFAA, la oligarquía y los monopolios. En ese sentido, el partido no tenía esperanza alguna en la realización de una salida electoral de esas características, en tanto entendía que “el fascismo actúa con la máscara democrática, tratando de escapar a la indignación de los pueblos”. Así, la defensa de la democracia por parte del gobierno era vista como un pretexto para ocultar la orientación fascista, reaccionaria, anticomunista y antidemocrática.[12]

Ahora bien, hablar de fascismo en el léxico comunista tiene una carga mayúscula que, por un lado, remite a la experiencia global de lucha antifascista en los años ’30-40 y, por otro, se revela como una caracterización que adquiere una significancia particular en el contexto de 1962, sobre todo si se la enlaza con las definiciones adoptadas entonces en el universo comunista y con los procesos de ruptura que atravesó el PC en los años siguientes. Aunque el antifascismo fue un movimiento heterogéneo, el movimiento comunista a nivel internacional moldeó el antifascismo como una estrategia política y una construcción identitaria a partir de la afirmación de un conjunto de disposiciones propias de aquel movimiento de resistencia. Uno de los elementos nodales del antifascismo comunista era la defensa de la democracia, lo cual implicó en sí mismo un aprendizaje, entendiéndola como una etapa en el camino hacia la construcción del socialismo. En ese sentido, fue la lucha antifascista la que dio nacimiento a la estrategia de frente popular que habilitó la lucha conjunta con diversos sectores del campo de las izquierdas, el movimiento popular y democrático y la pequeña burguesía (Groppo 2004). De hecho, fue esta estrategia, ligada a la caracterización de la estructura del capitalismo argentino como semi-colonial y dependiente, la que se convirtió en uno de los pilares de la política comunista de mediados de siglo (Camarero 2014).

Sobre este punto, al revisar las fuentes se encuentra que, frente a la dictadura definida como fascista, la propuesta partidaria remitía a una fórmula conocida, basada en la formación de un frente con las diversas fuerzas democráticas y progresistas que converjan para desplazar a la dictadura y formar un gobierno de coalición democrática que convoque a elecciones libres sobre la base de la representación proporcional. Sin embargo, aunque la consigna de unidad y acción pacífica era vista como la fundamental del momento, a la par de ella emergía otra como un elemento novedoso: la mencionada Declaración del CC afirmó que “si las fuerzas reaccionarias y profascistas cierran definitivamente este camino, entonces (…) no quedará otro camino que el de prepararse para contestar a la violencia con la violencia”.[13]

La apertura de esta posibilidad es un punto que merece ser destacado en tanto implicaba reintroducir la cuestión de la violencia después de haber sido desechada por tres décadas. A su vez, la cuestión de las vías al socialismo fue uno de los ejes principales de los debates en el movimiento comunista internacional después de la muerte de Stalin en 1953 y, en la Argentina de los años ’60, un punto central sobre el que giraron las críticas de un conjunto de organizaciones del campo de las izquierdas (Terán 1991; Sigal 2012; Tortti 2014).

Los debates en torno a la transición al socialismo se desencadenaron tras las resoluciones adoptadas en el XX Congreso del PC de la Unión Soviética de 1956. La reconfiguración del poder soviético que sobrevino con el proceso de “desestalinización” estuvo acompañada por una relajación de la coordinación de la revolución mundial en tanto se sentaron las bases de la coexistencia pacífica con el bloque capitalista, se hizo hincapié en la habilitación de la pluralidad de vías al socialismo según las particularidades nacionales y se promovió para los Partidos Comunistas la opción de intervenir mediante la vía parlamentaria. Estas definiciones desataron un conflicto entre las principales potencias del mundo socialista, signado por la oposición del PC de China a la viabilidad de la coexistencia pacífica y la posibilidad de llegar al poder sin recurrir a la violencia. Las Conferencias mundiales llevadas a cabo en 1957 y 1960 estuvieron atravesadas por esa tensión, que quedó plasmada en los documentos publicados en diversas definiciones que buscaban equilibrar las posiciones de ambas potencias entre matices y fórmulas de compromiso (Marcou 1981; Rupar 2018).

Una de las expresiones de ello fue la forma en que se reafirmó la tendencia a realizar la revolución socialista por vía pacífica en ambos documentos, cuya explicitación fue seguida por otra fórmula que habilitaba a adherir a una u otra visión:

En el caso de que las clases explotadoras recurran a la violencia en contra del pueblo, hay que tener presente otra posibilidad: el paso al socialismo por vía no pacífica. El leninismo enseña —y la experiencia histórica lo confirma— que las clases dominantes no ceden voluntariamente el Poder. La dureza y las formas de la lucha de clases, en tales condiciones, no dependerán tanto del proletariado como de la resistencia que los círculos reaccionarios opongan a la voluntad de la inmensa mayoría del pueblo, del empleo de la violencia por esos círculos en una u otra etapa de la lucha por el socialismo. En cada país, la posibilidad real de una u otra vía de paso al socialismo viene determinada por condiciones históricas concretas.[14]

El PC argentino aprobó en ambas ocasiones el contenido de las Declaraciones aunque, mientras en 1957 prefirió hacer hincapié en la confirmación de su camino pacífico al socialismo de acuerdo a las particularidades históricas, en ocasión de la Conferencia de 1960 el CC del PC incluyó explícitamente en sus resoluciones la posibilidad del paso al socialismo por vía no pacífica en caso de que las clases explotadoras recurran a la violencia en contra del pueblo.[15] A partir de allí, esta referencia comenzó a figurar en los principales documentos publicados durante el gobierno de Guido.[16]

No obstante, que esto comenzara a formar parte del andamiaje político del comunismo vernáculo no implicaba necesariamente que fuera a tomar las armas. Su inclusión parecía responder a la reafirmación de los documentos producidos por las Conferencias, como era usual con los materiales provenientes de Moscú y a las circunstancias históricas que calificaron como fascismo, lo que implicaba alertarse ante la violencia emanada desde arriba contra las masas. En definitiva, se alegaba que

lo importante es que nuestro Partido (…) llegue a dominar las diversas formas de lucha, tanto en las situaciones legales como en las ilegales, tanto las pacificas como las no pacíficas y estar preparados para pasar de una a otra forma en caso de que se produzcan cambios bruscos en la situación del país.[17]

Lo cierto es que, aun incluyendo esta posibilidad, los análisis del PC sostenían que no existía una situación revolucionaria ni condiciones subjetivas que justificaran el empleo de las armas. Veían que al momento no se había cerrado la posibilidad del triunfo por vía pacífica porque “las fuerzas de la reacción y del fascismo no son tan poderosas (…) puesto que están minadas por enormes contradicciones que las lleva a su debilitamiento y disgregación”.[18] Por lo tanto, la apuesta del XII Congreso consistió en promover la acción de masas hacia la conquista del poder; es decir, continuar desarrollando la militancia a través de las organizaciones intermedias del partido con el objetivo de, no solo engrosar sus filas y ponerse a la cabeza de las luchas y la organización de los diversos espacios de intervención, sino allanar el camino hacia la formación de un Frente democrático, antioligárquico, antiimperialista y pro paz, que reuniera a la clase obrera, el campesinado y la pequeña burguesía para la creación de un gobierno democrático y popular.

En esa línea, es menester incorporar el análisis de la situación atravesada por el movimiento obrero en general y el peronismo particular, en tanto la normalización de la CGT, el “giro a la izquierda” del peronismo y la pérdida de posiciones comunistas en el sindicalismo entre 1962 y 1963 fueron elementos centrales para evaluar los posicionamientos del PC y su capacidad para orientar el curso de los acontecimientos. El desarrollo de la acción de masas en el movimiento obrero, parecía ser propicia para estrechar lazos con los sectores peronistas y combativos a través de la agrupación sindical del PC, el Movimiento de Unidad y Coordinación Sindical (MUCS). Desde ahí, se fomentó el acercamiento para la organización del mentado Frente Democrático. Sin embargo, como veremos, las expectativas por el aumento de la combatividad, el desarrollo de la conciencia de las masas y la posibilidad de recuperar la CGT durante un gobierno de facto, se toparon con la realidad de un partido diezmado por la represión estatal, de un MUCS en retroceso por el asedio en sus sindicatos y con la consolidación de una dirigencia sindical que utilizó a su favor la política de exclusión del comunismo promovida por las autoridades políticas y militares.

IV. El movimiento obrero en 1962, entre el afianzamiento de la Comisión Provisoria de la CGT y “el giro a la izquierda” del peronismo

La política laboral del flamante Presidente fue una continuidad respecto de la establecida por su antecesor Frondizi, especialmente en el aspecto ligado a la normalización de la CGT, en donde se dio finalización al plan trazado en 1960. Tras la intervención de la CGT dictada en 1955, a fines de 1960 el gobierno radical estableció en acuerdo con la primera plana del sindicalismo la formación de una Comisión Provisoria (CP) de la CGT, compuesta por 20 representantes repartidos igualitariamente entre miembros de las “62 Organizaciones” y el sector de independientes, cuya oficialización se alcanzó a inicios de 1961 con la conformación de una Secretaría General de 8 miembros compuesta bajo el mismo criterio de representación de ambos sectores.[19] En ese proceso, uno de los hechos salientes fue la exclusión del sindicalismo comunista, con un anuncio oficial que era de por sí elocuente: se reconocía la legitimidad de la Comisión “no sólo por la representatividad de las distintas entidades que la integran, sino también, por haberse constituido al margen de intereses extragremiales, en cuanto participan de la misma dirigentes obreros de las más distintas ideologías”. En sintonía con esta afirmación, el documento alojaba una advertencia: “el gobierno tiene la certeza de que esta etapa […] será conducida con criterio gremial y no usada como objetivo político, pues los objetivos políticos actúan en menoscabo de los intereses gremiales en su conjunto”.[20] Este interés por despolitizar la actividad sindical parecía estar dirigido a los sectores más combativos del mapa gremial, es decir, al ala dura del sindicalismo peronista y al sindicalismo comunista (Murmis 2021; 2022). No obstante, como los “duros” se encontraban bajo el control de la dirigencia de “las 62” propensa a la negociación, la exclusión se centró sobre las organizaciones conducidas por el comunismo. Al respecto, las declaraciones del dirigente mercantil Armando March dieron cuenta de la exigencia gubernamental:

La exclusión de los comunistas fue producto de una exigencia oficial. Esa condición nos fue comunicada a través de las 62 Organizaciones en una o más de las reuniones de la Comisión de los 20 y del Grupo de los 8. Vandor y otros fueron claros sobre este punto: no pueden venir (los independientes) a la CGT con los comunistas. (…) Se trató —simplemente— de que al elegir a los hombres que, en nuestra representación, asumirían la conducción provisional de la CGT marginamos a los dirigentes que políticamente respondían al Partido Comunista. (cit. en Audi 1981, 73)

Por su parte, el informe de la Asamblea Nacional del MUCS recogió las palabras del delegado del transporte Manuel Carullas, quien sostuvo que “si un solo representante del MUCS estuviera en esta Comisión, el Gobierno no nos entregaría la CGT”.[21]

La normalización de la CGT estaba estipulada que se alcanzase antes de finalizar el año 1961, aunque la conflictividad laboral y la convocatoria a elecciones en 1962 terminaron por postergar aquel proceso, que se estiró hasta 1963 en la nueva situación nacional creada tras el golpe. En ese marco, la dirigencia gremial enrolada en la CP tenía un doble objetivo: por un lado, preservar el espacio de poder alcanzado durante los últimos años de la presidencia de Frondizi; por otro, conquistar la mencionada normalización.

La creación de la CP fue un punto nodal de la integración de la dirigencia sindical, que se convirtió en una interlocutora válida ante los partidos políticos, las FFAA, el justicialismo y el propio Perón. Esto se evidenció en las elecciones de 1962, en primer lugar, cuando la apertura electoral generó debates al interior del peronismo que se resolvieron con el aval de Perón para participar de las mismas con una fuerte presencia de líderes sindicales;[22] en segunda instancia, cuando emitió una declaración pública ante la amenaza del golpe militar, en la que expresó su oposición al desconocimiento de los resultados electorales y destacó “la autoridad moral que le da el haber bregado desde hace un año para una solución pacífica de los problemas el trabajo y su contribución al afianzamiento de la Paz Social y al desarrollo de una política de Unidad Nacional”.[23] En aquella declaración, la realización de un llamado de alerta para preparar la defensa de los derechos obreros contrastó con la moderación exhibida al suspender el paro que había sido convocado por ella misma para el 23 de marzo y al iniciar un diálogo con el sector azul de las FFAA (Smulovitz 1988; Schneider 2005).

Sin embargo, el panorama del movimiento obrero no se circunscribía exclusivamente a la acción de la CP. Aquel 23 de marzo, las 62 Organizaciones hicieron caso omiso y lanzaron la huelga que contó con el apoyo del MUCS y de partidos políticos como el PC, el justicialismo, el flamante Partido Socialista Argentino de Vanguardia, Movimiento Popular Argentino y el Movimiento Social Progresista (un desprendimiento por izquierda del Partido Demócrata Progresista), dejando en evidencia la pasividad del sector independiente de la CP que se mantuvo al margen del paro.[24]

La siguiente muestra de las tensiones entre las posturas más moderadas y las combativas se produjo a mediados de año, cuando el escenario se encontraba ya definido por el golpe. En esa ocasión, la CP elaboró un plan de ocho puntos denominado “Contra el hambre y la desocupación” con el que proyectó los paros generales de 24 y 48 horas el 29 de mayo y 18/19 de junio, manifestando un conjunto de reivindicaciones ligadas a las condiciones de trabajo y a la aplicación de medidas económicas para fortalecer la industria nacional y el salario.[25] El primero de ellos se realizó bajo la dirección de la CP, con el apoyo del MUCS, los partidos políticos mencionados y el rechazo del diezmado sector de los 32 Gremios, contando con un alto acatamiento en todo el país; el segundo fue postergado por un breve lapso entre negociaciones con el gobierno y diferencias al interior de la CP, aunque la medida se reactivó para los días 1 y 2 de agosto (Schneider 2005).[26]

La huelga de agosto fue el punto más alto de conflicto entre el movimiento obrero y el gobierno. Encabezada por los sindicatos de metalúrgicos, textiles, petroleros, químicos, prensa, canillitas, ferroviarios, comercio, madera, vestido, gráficos y construcción, la jornada quedó signada por el carácter multitudinario de una movilización que se enfrentó a las fuerzas policiales para llevar a cabo el acto programado en las puertas de la sede de la CGT de la calle Azopardo, en la ciudad de Buenos Aires. El operativo policial desplegado para la ocasión, compuesto por 8 mil hombres armados, 200 patrullas motorizadas, 10 aviones y 6 helicópteros, fue interpretado por el PC en como un “ensayo de guerra total contrarrevolucionaria” en el que las detenciones en el lugar de los hechos y el allanamiento a locales sindicales (como el de la Asociación Obrera Textil de Quilmes y el local del sindicato de químicos de Capital y alrededores situado en Avellaneda) se conjugaron con la acción posterior de un gobierno que decretó la limitación del derecho de huelga y el retiro de la personería gremial de la Asociación Obrera Textil, la Federación de Obreros y Empleados de Correos y Telecomunicaciones, la Federación Gráfica Bonaerense, la Asociación Argentina de Telegrafistas, Radiotelegrafistas y Afines y el Sindicato Argentino de Músicos (Rotondaro 1971; Rodríguez Lamas 1990).[27]

Ahora bien, la ferocidad de la represión encarada por el gobierno debe enmarcarse en la particular coyuntura que atravesaba esos meses el movimiento peronista y su pata sindical, cuyas definiciones fueron celebradas por el comunismo. Un comunicado emitido conjuntamente por las 62 y el MUCS luego de la huelga analizó los hechos en diálogo con lo que se conoce como el “giro a la izquierda” del peronismo, al reafirmar que,

como ha dicho Framini, […] la crisis de nuestro país es una crisis de estructura, que se une a la crisis del sistema capitalista. Por eso, de lo que se trata es de unir y organizar todas las fuerzas patrióticas, antioligárquicas y antiimperialistas de nuestro pueblo para, mediante la lucha y bajo la dirección de la clase obrera, imponer un gobierno popular y nacional, integrado por la clase obrera organizada y por todas las fuerzas democráticas y populares sin exclusiones, que realice las grandes transformaciones de las estructuras caducas y asegure el bienestar, la paz, las libertades y la independencia y soberanía nacional, bajo la bandera de la justicia social.[28]

Esta referencia estaba directamente ligada a las resoluciones adoptadas en el plenario de delegaciones regionales de la CGT reunido en junio de 1962 en la localidad cordobesa de Huerta Grande. En esa ocasión, el entonces secretario general del gremio textil y gobernador electo antes del golpe, presentó un programa de 10 puntos y pronunció un discurso en el que expuso una postura combatiente, con un lenguaje clasista que destacaba el carácter estructural de la crisis del sistema.[29] Allí tomó cuerpo el denominado “giro a la izquierda” del peronismo, una orientación que fue tanto una estrategia de oposición al régimen como un acomodamiento del propio Perón en el ejercicio del liderazgo del movimiento, que buscó fortalecer la posición de los sectores duros a partir de una reafirmación de los principios doctrinales basados en la defensa de los intereses nacionales y el enfrentamiento con la oligarquía y el imperialismo (Ehrlich 2020; Calello y Parcero 1984a; 1984b).

En ese marco, Huerta Grande fue un punto de acercamiento entre el MUCS y las 62. Ambas fueron impulsoras del plenario que, sin participación de las principales organizaciones gremiales del sector blando liderado por Vandor, se convirtió en un encuentro del ala más combativa del sindicalismo.[30] Desde el comunismo se entendía que la tarea principal era “la constitución de un comando único, antioligárquico y antiimperialista, sustentado […] en la alianza entre comunistas, peronistas y socialistas, que abarque a todas las fuerzas dispuestas a batirse por la justicia social, la soberanía económica y política de la Nación, por el poder”.[31] En ese sentido, se buscaba que esta orientación se trasladara a todos los terrenos, siendo el sindical un espacio propicio para “que abajo, en las fábricas y las empresas, los militantes comunistas y peronistas cierren filas, coordinen sus acciones en las duras jornadas que se acercan y tornen indestructible su unidad”.[32] Este reclamo era reiterado por el sindicalismo comunista desde los inicios de la intervención de la CGT, aunque la instancia abierta en Huerta Grande aparecía como una nueva oportunidad para estrechar lazos con el sector más combativo del sindicalismo.[33]

Atento a las expectativas unitarias propias y a la orientación proclamada en Huerta Grande, Victorio Codovilla presentó un informe, en el que analizó la situación política, económica y social de 1962 a la luz del discurso pronunciado entonces por Framini. El informe conocido como El significado del ‘giro a la izquierda’ del peronismo estableció una caracterización del proceso social protagonizado por la clase obrera y los partidos del campo popular, y profundizó la definición del gobierno como una dictadura cívico-militar de tipo fascista, débil por su sumisión a los intereses de los monopolios extranjeros y la clase terrateniente e inestable por la creciente combatividad de la clase obrera. En función de ello, diagnosticó que se asistía a una crisis de fondo que afectaba a la estructura económica y a la superestructura del país, lo cual impulsaba a las fuerzas democráticas y obreras a formar un bloque de izquierdas para atravesar la crisis con un objetivo superador: la formación de un movimiento patriótico y popular, un frente democrático que realice la mentada revolución agraria y antiimperialista. Codovilla destacaba que, en este proceso, el movimiento peronista experimentaba una diferenciación entre tres alas: la derecha, ligada a la burguesía que se oponía a la lucha de clases y buscaba la conciliación la oligarquía, los monopolios y el gran capital; el sector ultraizquierdista, representado por dirigentes sindicales de la Resistencia en las 62 Organizaciones como Sebastián Borro (del Frigorífico Lisandro de la Torre), Juan Jonsch (telefónico) y Jorge Di Pasquale (farmacéutico), quienes según Codovilla hablaban de revolución inmediata sin tener en cuenta que las condiciones objetivas y subjetivas para llevarla a cabo; por último, el sector del peronismo obrero encabezado por Framini, al cual se orientó el PC en tanto representaba a la mayoría de la clase obrera peronista y consideraba, como el comunismo, que lo fundamental del momento era la acción de masas para preparar las condiciones favorables para la lucha por el poder.

El dirigente comunista advertía como uno de los elementos salientes del proceso la combinación entre la combatividad demostrada por la clase obrera peronista y la elevación de su conciencia política; es decir, un proceso de transformación de “cantidad en calidad” desarrollada por abajo, que llevaría a la confluencia entre ambos sectores en un gran partido unificado de la clase obrera y el pueblo basado en los principios del marxismo-leninismo, que conduzca a la victoria y resuelva los problemas de la revolución agraria antiimperialista con miras al socialismo. Por lo tanto, hacia ese sector dirigieron sus esfuerzos para continuar estrechando lazos, pretendiendo desplazar a los sectores derechistas e integracionistas del movimiento peronista que no eran consecuentes con esta transformación. La creciente diferenciación entre las alas del peronismo, fundamentalmente entre la izquierda y la derecha, significó un estímulo para el partido, que veía confirmarse en la práctica su línea política unitaria y se esperanzaba en la posibilidad de concretar el frente auspiciado durante largos años mediante la acción de masas por la lucha por el poder.[34]

El documento analizado se convirtió en uno de los insumos fundamentales del partido y, con el tiempo, fue adquiriendo un carácter histórico, fundamentalmente por ser uno de los documentos insignia de la política de acercamiento del comunismo al peronismo desarrollada desde 1955. El apoyo a las candidaturas peronistas de 1962 era una novedad en la historia del vínculo entre ambos, lo cual se profundizaba con la afirmación de que “el viraje a la izquierda del peronismo ha provocado un gran entusiasmo, tanto en sus militantes como entre los nuestros”. Ese entusiasmo no se reducía exclusivamente a lo que hiciera el peronismo, sino que respondía a las posibilidades que abría para el comunismo el desarrollo de esta orientación en un contexto en el que se evaluaba que “nunca ha sido tan alto el espíritu combativo de las masas”. En esta línea, el siguiente párrafo resulta representativo del clima político y el valor que el comunismo le otorgaba a la unidad de acción con el peronismo:

Los comunistas marchamos codo con codo con los trabajadores peronistas y con sus dirigentes honrados para reconquistar los sindicatos para los trabajadores y para establecer la acción común y producir cambios profundos en la vida económica y política del país. (…). ¿Qué perspectivas tiene esta unidad de acción? La perspectiva es, en lo que concierne a los comunistas, la de marchar en común no sólo en las luchas por las reivindicaciones inmediatas, económicas, sociales y políticas –incluyendo las elecciones– sino marchar en común hasta formar el gran movimiento patriótico y popular cuya envergadura y cuya acción obligue a los círculos dirigentes de la política nacional a cambiar el rumbo o a ser desplazados para dar paso a la revolución agraria y antiimperialista por vía pacífica o por la no pacifica si es que se oponen con la violencia a la acción popular tendiente a conseguir ese objetivo.[35]

La reiteración de la línea unitaria con el peronismo aparecía entonces ligada al aumento de la combatividad y el desarrollo de la conciencia de los sectores referenciados en Framini, desenvolviéndose de un modo que entusiasmaba a la dirigencia comunista, al punto de establecer una línea directa entre la unidad en el movimiento obrero y las transformaciones sociales en el país, para las cuales el partido se mostraba no solo dispuesto a presionar a través de la acción de masas, sino también a recurrir a la violencia política si así fuera necesario.

V. El Congreso Normalizador de la CGT: alineamientos y exclusiones en la consolidación de la jefatura sindical

La normalización definitiva de la CGT, intervenida en 1955 y dirigida por la CP desde 1961, se encauzó finalmente hacia fines de 1962. Entre huelgas y negociaciones, la orientación dialoguista de los principales dirigentes de la CP encontró un nuevo interlocutor con el cambio de situación al interior de las FFAA: en ese momento, la sublevación contra los altos mandos militares y el traslado del enfrentamiento en los cuarteles hacia las calles pusieron al país al borde de un nuevo golpe de Estado o una guerra civil, en donde el triunfo de los “azules” y el ascenso de Onganía al cargo de Comandante en Jefe del Ejército resultó ser un elemento a través del cual se produjeron nuevos alineamientos y se canalizó el rumbo político del país. Esta imposición de los azules significó, entre diversas cuestiones, la ratificación del plan político orientado a convocar elecciones en las que el eje central giró en torno a la posibilidad de que participara el peronismo, retomando así la línea de integración en la que el movimiento obrero no fue ajeno (Potash 1982; Mazzei 2012). Esto quedó de manifiesto cuando el bando “azul” emitió en septiembre de 1962 el Comunicado 150 en el que sostuvieron su respeto a la Constitución Nacional y a la soberanía del pueblo, el cual fue bien recibido tanto por Vandor como por dirigentes peronistas duros como Amado Olmos. En ese sentido, la táctica del “giro a la izquierda” promovida por Perón perdió terreno ante la apertura del diálogo de cara a las futuras elecciones, evidenciando así el pragmatismo del líder exiliado para balancear los alineamientos entre duros y blandos al interior del movimiento peronista (Schneider 2005).

En este punto de la historia comenzó a tomar forma el “vandorismo”. Desde su emergencia como dirigente combativo del gremio metalúrgico en 1956, el rápido crecimiento de su figura en la primera plana de las 62 Organizaciones y en la CP dio un salto al convertirse en uno de los armadores destacados del peronismo en las elecciones de 1962, llegando a ser la pieza clave de las negociaciones con el gobierno de Guido y los militares de cara a los comicios futuros y a la estructuración de la CGT. En ese proceso, Vandor simbolizó el pasaje de la intransigencia a la negociación y la utilización de la fuerza sindical para conquistar espacios de poder, evidenciándose la eficacia de esa construcción al haber ido paulatinamente limitando la influencia de los duros en el movimiento obrero y llegando incluso a pretender disputar la conducción del peronismo (Senén González y Bosoer 2009; James 1990).

La consolidación del poder de Vandor en el movimiento obrero se cristalizó en el armado del Congreso Normalizador de la CGT, realizado a fines de enero de 1963 con la venia de las autoridades estatales. En los meses previos, entre reuniones con el gobierno y los mandos militares, negoció con sus pares del sector independiente de la CP el reparto equitativo de cargos del Comité Central, logrando imponer en los puestos más importantes a dirigentes peronistas. De este modo, al llegar a la cita en el local de la Federación de Trabajadores de Luz y Fuerza, los 818 delegados del centenar de organizaciones adheridas a la CGT, representantes de más de dos millones de afiliados y afiliadas, se abocaron a reformar los estatutos del organismo y elegir formalmente a la nueva conducción obrera por un mandato de dos años.

La nueva conducción quedó en manos del dirigente del vestido José Alonso, es decir, un peronista del ala blanda en el cargo de Secretario General, seguido por la figura central de los independientes, el gráfico Riego Ribas como Secretario Adjunto. Detrás de éstos, asumieron el ferroviario Arturo Staffolani como Secretario de Hacienda; Juan Racchini de Aguas y Gaseosas como Pro Secretario de Hacienda; Avelino Fernández, del gremio metalúrgico, como Secretario Gremial e Interior; el textil Jorge F. Elías fue el Pro Secretario Gremial e Interior; Luis Angeleri de Luz y Fuerza el Secretario de Prensa, Cultura y Propaganda y, finalmente, Marcos Almozny, de viajantes de comercio, Secretario de Previsión Social (Senén González 1971).

La composición de la dirección de la CGT fue la expresión del cuadro de situación de la correlación de fuerzas al interior del movimiento obrero. El sindicalismo peronista del sector blando se puso al frente de la misma manteniendo bajo su órbita la secretaría general y los cargos referidos a asuntos gremiales, dejando al sector independiente un escalón por debajo en el reparto de poder. En ese sentido, los ocho cargos del Comité fueron repartidos equitativamente entre ambos sectores, siendo Alonso, Racchini, Fernández y Elías los representantes peronistas y Ribas, Staffolani, Angeleri y Almozny los independientes. [36]

Ahora bien, el acuerdo entre el sindicalismo peronista y el sector de independientes fue el corolario del retroceso del MUCS y del ala dura de las 62, es decir, de los promotores de Huerta Grande. En ese sentido, el control asumido por el sector vandorista en las 62 y la CGT fue construido, en parte, arrebatando las conducciones sindicales entonces lideradas por duros o comunistas. Entre las elecciones de marzo de 1962 y la realización del Congreso de la CGT, los representantes de la línea dura perdieron terreno en las conducciones sindicales y sus líderes principales (Sebastián Borro, Jorge Di Pasquale y Juan José Jonch) fueron apartados o renunciaron a la Mesa de las 62 Organizaciones, siendo esta una expresión del proceso de desmovilización vivido a partir de 1960 (James 1990).

Frente al Congreso Normalizador, una de las publicaciones ligadas al sector duro mostró las discrepancias con los sectores dominantes de la CP al rechazar la centralidad que asumían los acuerdos previos entre nucleamientos de cara a la conformación de la dirección y sinceró que “el secretariado elegido (…) produjo cierto desencanto en los medios populares. Se esperaba una conducción más combativa, quizá, o nombres con mayor resonancia definitoria”.[37] Estas posturas hacían hincapié en las diferencias entre una CGT reconstruida en base a los acuerdos entre las cúpulas de los agrupamientos y una central sostenida en el mandato de las bases, aun reconociendo la necesidad de finalizar con el proceso de recuperación. Desde la óptica de Di Pasquale, el límite de un Congreso basado en el acuerdo entre dirigentes, además de restringir la expresión de las mayorías, radicaba en “que estos métodos solamente frenan los deseos de lucha de las bases que se ven trabadas por los continuos acuerdos de los dirigentes”.[38] De este modo, el sector duro del sindicalismo peronista que perdió terreno en el avance del vandorismo, hizo públicas las críticas hacia la dirección sindical por prolongar excesivamente su permanencia al frente de la CP y no ponerse al frente de “nuestra combativa clase obrera”, dejando una advertencia reforzada en mayúsculas:

LO QUE NUNCA PUEDEN HACER LOS DIRIGENTES SINDICALES ES MOSTRARSE VACILANTES CUANDO LOS TRABAJADORES YA HAN TOMADO UNA DECISIÓN. […] LOS DIRIGENTES DEBEN SABER QUE LA MASA NO LES PERMITIRÁ VOLVER A EQUIVOCARSE.[39]

Las críticas elaboradas en base a una fractura entre esta dirigencia sindical y las bases combativas fueron también parte del enfoque del MUCS. En el folleto difundido de cara a la concreción del Congreso Normalizador se sostuvo que

los dirigentes sindicales que por incomprensión, por miopía política, por egoísmo partidista o de círculo, o simplemente por complicidad con el sistema capitalista en plena descomposición y derrota no quieren ver más allá de sus narices, serán irremisiblemente rebasados por los trabajadores en lucha.[40]

El planteo ponía el foco en las luchas libradas por el movimiento obrero desde la formación de la CP, en el que se denunciaba la postura de la dirigencia que mantuvo al organismo al margen de las mismas y marcando que el objetivo del Congreso se limitaba exclusivamente a elegir autoridades, institucionalizando así el abandono de la defensa de los intereses de clase y la combatividad contra el gobierno de facto y el imperialismo.

El diagnóstico acerca del aumento de la combatividad y conciencia de las masas se utilizó en esta ocasión tanto para reforzar la distancia entre los representantes de aquel proceso y la dirigencia de la CP como para marcar la afinidad de intereses entre esta y los gobiernos de Frondizi y Guido en torno a la política de integración. Esta misma estuvo en el centro de la normalización de la central obrera, fundamentalmente porque en 1963 se convalidó el acuerdo establecido en marzo de 1961,

cuando Frondizi entrega la CGT a la Comisión Provisoria bajo la expresa condición de que no podría participar en la misma ningún representante de los sindicatos que integran el MUCS, imposición que aceptaron la Mesa de las 62 y el otro sector, mal llamado «independiente».[41]

El hostigamiento contra el MUCS se cocinó desde 1959-1960 en adelante, llegando a 1962-1963 a un nuevo quiebre que pareció responder al interés del gobierno por apartar a sus representantes de los puestos directivos de la CGT a escasas semanas de la realización del Congreso. Por lo tanto, atravesando una serie de ataques contra las direcciones sindicales encabezadas por comunistas, el MUCS enfatizó en el documento citado que la aceptación del plan integracionista por parte de las 62 y los independientes significaba “traición y derrota”.

En ese escenario y a sabiendas del acuerdo entre nucleamientos para el control de la CGT, desde el MUCS se consideró que la recuperación de la central obrera constituía igualmente un saldo positivo, en tanto se facilitaba la organización para enfrentar a los sectores traidores y avanzar así en la consolidación de la unidad de clase sin exclusiones y en la recuperación de la independencia respecto del Estado y la burguesía. Con ese espíritu intervinieron los delegados comunistas que pudieron participar del Congreso. De acuerdo a la información a la que se tuvo acceso, sobre un total de 804 delegados al Congreso, el MUCS estuvo representado por apenas una veintena de delegados que, junto a los aliados ascendían a una treintena. Los representantes directos pertenecían a las delegaciones de los sindicatos dirigidos entonces por el comunismo, es decir, a las federaciones de prensa y químicos y los sindicatos de músicos y vendedores de diarios, cada una de las cuales aportó cinco delegados. Según las crónicas de las sesiones, algunos de éstos tomaron la palabra durante el congreso, como fue el caso de Alfonso Feis y Venido Mateu del sindicato de prensa, Alberto Cortés y Jorge Rubén Queijo del sindicato de vendedores de diarios y de Ricardo Vincelli de químicos. Éstos apuntaron a poner sobre la mesa un conjunto de reivindicaciones que, desde su óptica, estaban ausentes en el orden del día, con el objetivo de mostrar la falta de combatividad de los dirigentes de las 62 e independientes y reclamar por la exclusión del MUCS. Si bien se destacó que los dirigentes comunistas fueron abucheados, desde el comunismo consideraron acertada su participación amén de encontrarse definida la votación para la conformación del cuerpo directivo de la CGT, en tanto aquellos treinta votos propios en rechazo a la lista única ascendieron a más de trescientos en la elección de autoridades.[42]

A su vez, el MUCS se atribuyó a sí mismo la inclusión de la discusión de un programa de lucha durante las sesiones. En un Congreso cuyo orden del día estaba limitado a tres puntos (rendición de un informe de la actuación de la CP desde su fundación, reforma de estatutos y elección de autoridades), uno de los hechos destacados fue la aprobación de un novedoso Plan de Lucha que moldeó las características de la conflictividad social en el período 1963-1965. De acuerdo a los documentos analizados, durante el Congreso se formó una Comisión de Plan de Lucha tras los planteos de los delegados de los sindicatos integrantes del MUCS, llegando estos a presentar 22 proyectos de resoluciones sobre, por ejemplo, la libertad de los presos y el pedido de aparición del recientemente desaparecido Felipe Vallese. Si bien el MUCS carecía de la fuerza necesaria para imponerse en las votaciones, podemos interpretar que su intervención tendiente a imprimir un programa de reivindicaciones en un Congreso dominado por las 62 e independientes encontró eco en sectores combativos dispuestos a acompañar un plan de lucha, especialmente aquellos referenciados en el sector duro del sindicalismo peronista.[43] En ese sentido, la nueva conducción de la CGT pareció maniobrar para ponerse al frente de aquellos reclamos en lugar de permitir verse sobrepasada en su acto de origen, encabezando así la nueva oleada de conflictos sindicales que analizaremos más adelante.

VI. El ocaso de las direcciones sindicales comunistas, 1962-1963

La organización de la CGT sin exclusiones políticas y religiosas fue parte del programa y el léxico del comunismo desde la intervención en 1955, aunque en el contexto de 1963 adquiría otro cariz. Si en los años previos dicho planteo se producía en un marco de crecimiento del sindicalismo comunista, la pérdida de posiciones experimentada desde 1959/60 en adelante y la normalización de la CGT bajo la expresa exclusión del MUCS implicaban entonces la formalización de un proceso signado, entre diversos aspectos y represión mediante, por la marginación del comunismo de los organismos de dirección del movimiento obrero.

En el repaso de las direcciones sindicales conquistadas por el sindicalismo comunista desde 1955 en adelante, se advierte que a la fecha del Congreso Normalizador de 1963 solo quedaba en pie la del sindicato de prensa, aunque su clausura llegó en abril de aquel año y se prolongó hasta octubre. En ese marco, la participación de representantes de las organizaciones sindicales de músicos, químicos y vendedores de diarios en el mencionado congreso pudo ser acreditada en la CGT de acuerdo con el mandato obtenido por éstos, aun atravesando un proceso de clausuras y detenciones que alteraba la vida interna de estos sindicatos y reflejaba el momento represivo contra el sindicalismo comunista.

El golpe más duro contra este sector fue el de las intervenciones sindicales dictadas a inicios de 1959 contra la madera, construcción y químicos primero, y la Asociación Bancaria después (Murmis, 2020). En el caso de los dos primeros, se produjo una convocatoria a elecciones en 1959 y 1960 en la que los dirigentes comunistas electos anteriormente no pudieron recuperar la dirección y las organizaciones pasaron rápidamente a las 62.[44] En químicos, el triunfo obtenido a fines de 1959 luego de la intervención se topó durante el gobierno de Guido con numerosas detenciones, allanamientos y clausuras, llegando a enero de 1963 con la intervención de la Dirección de Investigaciones de Políticas Antidemocráticas y el desalojo de los comunistas de la dirección.[45] Por el lado del sindicato bancario, la intervención dispuesta luego de la histórica huelga de mediados de 1959 se mantuvo hasta diciembre de 1961, cuando Floreal Gorini buscó retomar sin éxito la dirección del gremio que quedó bajo el mando del socialista José Pomares (Acha 2008).[46] En 1959 también se interrumpió el crecimiento experimentado por la militancia comunista en el Sindicato de Obreros del Tabaco de Buenos Aires: el grupo integrado por José Cassiba, Juan Santana y Evaristo Portas que hizo su aparición en 1956 formando una comisión provisoria que actuaba como Comisión Directiva de la organización, alcanzó la dirección del sindicato en un breve período comprendido entre 1958-1959. Sin embargo, el triunfo de un viejo dirigente sindical del peronismo en la federación del gremio desplazó a los comunistas del sindicato local, retomando así el control del peronismo en la organización (Izquierdo 2018).[47]

La situación vivida en químicos entre fines de 1962 y 1963 se reprodujo con similares características en canillitas y gastronómicos de Capital. El sindicato de vendedores de diarios y revistas fue allanado en Capital por la policía, que ingresó al local alegando la existencia de un depósito de armas y explosivos y dispuso la detención de una decena de militantes mientras presentaba una orden de captura sobre los principales dirigentes: Alberto Cortés y Rubén Queijo.[48] Las clausuras se produjeron también en la Unión Obrera Gastronómica de Capital (UOG), el principal sindicato de un gremio que no alcanzó la normalización de su federación nacional en ningún momento del período 1955-1963. En ese tiempo, la dirigencia comunista encabezada por Manuel Moreira logró ponerse al frente del sindicato en las elecciones de 1956, 1958 y 1960, aun sufriendo diversos allanamientos, clausuras y detenciones durante los distintos gobiernos. Sin embargo, en las cercanías del Congreso de la CGT, el local de la UOG fue asaltado y saqueado por la policía en diciembre de 1962 y clausurado el 15 de enero de 1963 por el carácter comunista de su dirección. Tras esa intervención, la designación de un delegado electoral encargado de convocar a nuevas elecciones terminó por declarar caduco el mandato de Moreira en mayo.[49] En el caso del sector músico, la interrupción del mandato de Noriega bajo el decreto de prohibición de actividades comunistas fue seguida por la designación de una comisión integrada por sectores peronistas del ala blanda, prolongando la situación irregular hasta mediados de 1962, cuando se resolvió el retiro de la personería gremial del sindicato tras la huelga general de agosto de aquel año.[50] Por último, la experiencia de la lista marrón comunista al frente del Sindicato de la Carne de Rosario iniciada en 1961 bajo la dirección de Ramón Zarza fue interrumpida a fines de 1962, cuando fue destituido del cargo en una asamblea bajo la activa participación de la principal figura peronista del sindicato a nivel nacional, Eleuterio Cardozo (Menotti 2008).

VII. El MUCS durante el Plan de lucha de la CGT: Primera etapa, 1963

El Plan de Lucha aprobado en el Congreso de la CGT se desarrolló en cinco etapas entre 1963 y 1965. El encuadre general del Plan fue la elaboración de un documento conocido como “El cambio total de las estructuras económicas”, en el que se definieron un conjunto de demandas en el terreno social, económico y político y un programa de reivindicaciones inmediatas que reflejaban los reclamos principales del movimiento obrero en el período analizado: la liberación de presos y presas por razones políticas o gremiales, la derogación de leyes represivas, el cese de las clausuras a entidades sindicales, la recomposición salarial, la fijación de precios máximos para los artículos de primera necesidad, la participación de la clase trabajadora en la dirección de las empresas, la anulación de los contratos petroleros, la reforma agraria y el respeto a la Constitución Nacional.[51] La primera de las etapas se llevó a cabo en mayo de 1963 y consistió en la realización de una semana de protestas a través de actos y concentraciones, que culminó con una huelga general en la jornada del 31 de mayo.[52] De acuerdo al documento elaborado para la ocasión, la propuesta se basaba en que

durante esa semana de protesta, todos los días debe haber asambleas en el lugar de trabajo y en el local sindical, para condenar al régimen dictatorial. (…) Los trabajadores en esos días deben ganar la calle, con disciplina, orden, pero con combatividad y entusiasmo, a una hora determinada, salir de la fábrica, del taller y la oficina produciendo una manifestación y retornando posteriormente a su lugar de trabajo. (…) [En] los locales deben existir carteles de condena. Las organizaciones confederadas deben confeccionar y publicar en la vía pública, murales, volantes, mariposas y todos otros medios de difusión, relacionándolos a la gran Semana de Protesta y al paro de actividades por 24 horas.[53]

El llamado a realizar estas acciones incluía también el pedido de solidaridad a otros sectores de la sociedad civil. En ese sentido, a través de una serie de reuniones promovidas por la CGT se logró que el Plan de Lucha contara con el apoyo de organizaciones estudiantiles, cámaras empresarias como la Federación Argentina del Transporte Automotor de Pasajeros y la Confederación General Económica, los colegios profesionales de médicos, abogados, escribanos, ingenieros agrónomos y profesionales de la salud; y un conjunto de partidos políticos que cubrían el espectro de las izquierdas hasta la UCRP (Grau, Martí y Ianni 2006).

De cara al cumplimiento del Plan, la CGT adquirió un renovado impulso con la aparición del Boletín Informativo Semanal y boletines internacionales editados en diversos idiomas, a través de los cuales dio difusión a los planteos y actividades del Plan de Lucha. A partir de la información brindada por su semanario, la CGT buscó fortalecer la legitimidad de los reclamos a partir de la elaboración de informes acerca de la situación económica del país o la situación judicial de presos políticos y gremiales y, en proximidad de las fechas previstas, promovió la elaboración de miles y miles de folletos, mariposas y murales.[54]

La cobertura de los acontecimientos en el Boletín dio cuenta de las acciones diarias, pasando por las primeras concentraciones y actos simbólicos del lunes 27; las actividades encaradas especialmente por el gremio metalúrgico en el Gran Buenos Aires el martes; la generalización de los paros y concentraciones a partir del miércoles, cuando comenzó a evidenciarse la represión policial; el acto multitudinario y las acciones coordinadas por distintos gremios el jueves 30 y, finalmente, la exitosa huelga general, que en cifras del Ministerio del Interior indicaron un acatamiento del 73% a nivel nacional (Grau, Martí y Ianni 2004) y según la CGT fue “total y unánime, y afectó (…) a todas las actividades productivas y a las educacionales y los servicios públicos en todo el territorio nacional”.[55]

En este proceso, al PC y el MUCS manifestaron su apoyo al Plan de Lucha bajo la dirección de la CGT. La declaración emitida se centraba en la concordancia entre el espíritu combativo del plan y el accionar del partido, argumentando que, por encima de las diferencias evidenciadas en el Congreso de la CGT, la norma consecuente del comunista era formar parte de “todo paso dado en dirección a impedir los avances de la reacción”.[56] Ante la convocatoria, el MUCS anunció con antelación un llamado a iniciar cuanto antes las asambleas y a formar comandos unitarios en las empresas, entendiendo que ello facilitaría el entrelazamiento entre dichos comandos, el programa de lucha y las acciones concretas de cara al enfrentamiento. En ese sentido, comenzó a distribuir propaganda a favor del Plan en los días previos a su inicio, haciendo circular folletos y volantes en las fábricas a través de esos comandos.[57]

La consigna difundida por el comunismo insistía en que “la unidad es la garantía”, mostrando grandes expectativas frente al proceso de lucha abierto y augurando un futuro prometedor para la clase obrera:

El saldo de la Semana de Protesta debe ser la constitución de un comando unificado nacional. Para que las cosas no sigan como antes, es necesario que la inconexión y desorganización cesen de existir. La institución de un tal comando nacional, fundado en millares de comandos de base, es el prólogo augural de triunfo obrero, popular y democrático.[58]

La propuesta concreta para fomentar aquella unidad se materializó en los días previos al comienzo de la Semana de Protesta con una carta dirigida por el MUCS a la dirección de las 62, en la que se propuso la creación de una comisión de enlace entre ambos nucleamientos para coordinar conjuntamente las acciones y asegurar el éxito del plan. No obstante, esta iniciativa presentada primero por el partido ante la CGT y luego por el MUCS ante las 62 no encontró cauce, dejando el comando de las acciones bajo la dirección de la central.[59]

De este modo, el MUCS se abocó a continuar su participación en las medidas de lucha difundiendo su impronta organizacional entre sus adeptos y los gremios en los que tenía inserción, especialmente con las Regionales de la CGT y los sindicatos de canillitas, prensa, químicos, gastronómicos y la Unión Ferroviaria. Por un lado, el hecho de que a nivel nacional no pudiera conformarse una comisión de enlace no impidió que ello sucediera en otros puntos del país, como fue el caso de Rosario, Mendoza, Santa Fe y Jujuy, en donde el MUCS avanzó en el armado de organismos de coordinación junto a las regionales, partidos políticos y organizaciones estudiantiles. Por otro, la acción del MUCS en los sindicatos consistió en promover la realización de asambleas, formar comandos de lucha, realizar paros de media hora por turno y convocar al paro de 24 horas para la jornada del 31 de mayo.[60]

A la par de estas acciones, la participación del comunismo se reflejó en las páginas de su prensa a través de una cobertura que se concentró en las diversas manifestaciones llevadas a cabo en la Capital Federal (sobre todo de los barrios de Mataderos, La Boca, Barracas, Constitución, Villa Crespo, Pompeya y Parque Patricios) y Gran Buenos Aires (con epicentro en Avellaneda, San Martín, La Matanza, Lomas de Zamora, Quilmes, entre otros), aunque también dando espacio a las desarrolladas en Santa Fe, Mendoza, Jujuy, Tucumán y Córdoba. En las crónicas dedicadas a estas acciones, se destacaba el espíritu unitario y combativo de las masas organizadas desde abajo para el cumplimiento del Plan, enalteciendo a los trabajadores y trabajadoras que llegaron a enfrentarse con las fuerzas policiales, como fue el caso de las puebladas en Barracas, San Martín o Avellaneda, encabezadas por las bases de empresas como Alpargatas, Piccaluga, Nestlé, Grafa, Phillips, Atma, etc., en las que se unieron integrantes de diversos gremios para enfrentar la represión.[61]

Con la llegada del paro, el comunismo evaluó la huelga como un éxito producto del carácter combativo de las masas, incluyendo una crítica hacia la dirigencia de la CGT dada la ausencia de una movilización que lo acompañara. A lo largo de la semana, el pedido por coordinar las acciones conjuntamente incluyó el reclamo por realizar una jornada de protesta activa en las calles que no llegó a concretarse, a pesar de las resoluciones adoptadas en ese sentido por las asambleas de algunos gremios como los de químicos y gastronómicos. En ese escenario, el paro fue magnificado como “el más completo de todos los que se han realizado hasta ahora en nuestro país”, tanto por el alto acatamiento como por el diagnóstico acerca del salto en el nivel de conciencia y combatividad de las masas.[62] En función de ello, se consideró que el rasgo distintivo de la Semana de Protesta fue la posición asumida por el proletariado industrial ante la agudización de la lucha de clases, en la que se ubicó no sólo a la cabeza de la lucha obrera sino de toda la Nación contra el imperialismo y la oligarquía, lo cual se demostró por haber obtenido el apoyo de la juventud y de la pequeña burguesía, por haber organizado desde las bases las diversas acciones y, fundamentalmente, por haber instalado en los reclamos la cuestión de la lucha por el poder. De este modo, el balance general se basó en la afirmación de que las acciones de la primera etapa del Plan de Lucha significaron el “preanuncio de próximas e inminentes explosiones revolucionarias”.[63]

El análisis realizado se centró, entonces, en la capacidad organizativa y de combate evidenciada por la clase obrera, que le permitió superar a los sectores de la dirigencia sindical que, al oponerse a la realización de un paro activo, demostraron no estar a la altura del estado de ánimo de las masas (sic). La crítica iba dirigida tanto a representantes del sector independiente como de las 62 (apuntando al mercantil Francisco Pérez Leirós y a Vandor) en la cúpula de la CGT, quienes fueron señalados por recurrir a maniobras dilatorias o “formulismos burocráticos” en la aplicación de las medidas de lucha. A partir de entonces, la referencia a éstos se identificó a través de un término que hasta el momento no era utilizado por el comunismo y presentaba cierta vaguedad: el concepto de “burocracia sindical”.[64]

El cuadro del movimiento obrero quedó diagramado por la oposición entre dos tendencias, una que contaba con la movilización de las masas para derrotar al régimen dictatorial, representada por la mayoría de los sectores activos durante la Semana de Protesta; y otra, la de la burocracia sindical, que temía que la movilización sobrepasara los límites de las dirigencias sindicales en el enfrentamiento con la burguesía y el Estado, es decir, en la conciliación con los factores de poder. En ese marco, la crítica por haber decretado un paro sin movilización se basó en que ello fue un freno para la conquista de las reivindicaciones, evidenciando un malestar con la dirigencia de la CGT que se profundizó al conocerse la visita de sus representantes a la residencia privada del embajador norteamericano Robert McClintock y la posterior postergación de nuevas medidas y del efectivo cumplimiento de la segunda etapa del Plan, dando lugar a una tregua alimentada por las expectativas generadas ante la convocatoria de elecciones presidenciales previstas para julio de 1963.[65]

Si bien entre las conquistas obtenidas tras la Semana de Protesta se cuentan logros como la liberación de presos políticos y sindicales, el levantamiento de clausuras de sindicatos y la creación de la comisión de defensa de la mano de obra integrada por la CGT y la Unión Industrial Argentina, un elemento central que no pudo revertirse fue la proscripción al peronismo y al PC establecida a través de los decretos arriba mencionados (Grau, Martí y Ianni, 2006). Con apenas cinco semanas entre la fecha del paro y la de las elecciones, y ante el fracaso del armado de un Frente Nacional y Popular integrado por el peronismo junto a otras fuerzas (Kvaternik, 1987; Rodríguez Lamas, 1990), la imposibilidad de presentar candidaturas terminó por llevar a los sectores marginados a emitir resoluciones en las que se coincidió en que el carácter fraudulento e ilegítimo de las elecciones debía ser enfrentado con el voto en blanco, iniciándose así un nuevo mandato presidencial que, bajo la conducción de Arturo Illia, reprodujo la debilidad e inestabilidad política propia del período histórico.[66]

VIII. Conclusiones

La asunción de Guido tras el golpe de Estado de 1962 consolidó la tendencia a la exclusión del comunismo de la vida política y sindical iniciada por el gobierno de Frondizi. La continuidad de las medidas de proscripción y persecución se profundizaron a través de un andamiaje legal que perfeccionó los instrumentos para hostigar al partido y su militancia, cuya actividad se mantuvo en la clandestinidad. En paralelo, la relevancia adquirida por las FFAA en la imposición de los cursos a seguir por el gobierno fue determinante para que este diera cauce a la política de integración del movimiento obrero iniciada a fines de 1960 con la conformación de la CP, cuyo objetivo principal era consolidar al frente de la CGT a una dirigencia que se convirtiera en interlocutora válida del gobierno, los partidos políticos y las propias FFAA. Esto presuponía sellar la exclusión del sindicalismo comunista de los organismos de dirección de la central obrera e interrumpir las experiencias de conducción de las diversas organizaciones conquistadas en los años previos. En ese sentido y salvo algunas excepciones, estos objetivos se cumplieron, cerrando así el ciclo de crecimiento del sindicalismo comunista iniciado en 1955 y que atravesó un largo proceso de asedio entre 1959/60 y 1963.

Aun con todo ello, la coyuntura de 1962-1963 fue tanto un compendio de las principales tensiones políticas, sociales y económicas del largo periodo que abarca los años 1955-1976 como un momento central del proceso de radicalización política. La renovada intervención de las FFAA en la política nacional, el traslado de sus conflictos internos hacia enfrentamientos armados en la vía pública, las primeras manifestaciones de ataques fascistas y desapariciones y la intensificación de la persecución a comunistas y peronistas convivieron con el “giro a la izquierda” del peronismo, la proclamación del programa de Huerta Grande, el diagnóstico del aumento de la conciencia y combatividad de las masas y las primeras referencias a una posible –aunque poco probable– transición al socialismo por vía no pacífica. En ese marco, el Plan de Lucha lanzado por la CGT en 1963 reflejó algunos de los rostros de aquel proceso complejo de intensificación de la conflictividad social, en tanto la institucionalización de la jefatura sindical debió maniobrar entre las presiones de las bases y los sectores combativos y la negociación con los factores de poder que habilitaron su consolidación al frente de la central obrera, comenzando así a evidenciarse los primeros rasgos de la burocracia sindical vandorista.

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Fuentes

Nuestra Palabra (NP)

Nueva Era (NE)

18 de marzo

Boletín Informativo Semanal de las actividades de la CGT

Boletín Oficial de la República Argentina

Declaración de la Conferencia de Representantes de los Partidos Comunistas y Obreros de los países socialistas, celebrada en Moscú del 14 al 16 de noviembre de 1957

Declaración de la Conferencia de Representantes de los Partidos Comunistas y Obreros, llevada a cabo en Moscú en noviembre de 1960.

MUCS: Asamblea Nacional por la unidad de la Clase Obrera, 25 y 26 de marzo de 1961

“El significado del “giro a la izquierda” del peronismo”, Informe rendido al Comité Central del PC, 21 y 22 de julio 1962

“Un Congreso de unidad reclama la clase obrera. Posición del MUCS ante el próximo congreso de la Confederación General del Trabajo”. Movimiento de Unidad y Coordinación Sindical, Enero 1963

Actas del Congreso Ordinario de la Confederación General del Trabajo, realizado en la Ciudad de Buenos Aires los días 28, 29, 30, 31 de enero y 1° de febrero de 1963

“Por la acción de masas hacia la conquista del poder”. Informe rendido en nombre del CC ante el XII Congreso del PC que sesionó desde el 22 de febrero hasta el 3 de marzo de 1963

Notas

[1] Se trata de un conjunto de fuentes recabadas en los archivos del PC, el Centro de Documentación e Investigación de la Cultura de Izquierdas (CeDInCI), la Biblioteca Nacional y el Archivo Nacional de la Memoria.

[2] uan Linz y Alfred Stepan (1978) entienden por “salvataje” las operaciones de auxilio del sistema democrático, destinado a evitar su derrumbe a través de alguna forma de democracia limitada, gobiernos de unidad o intervención de figuras carismáticas.

[3] Acta Secreta del 29/3/1962 firmada por los Comandantes en Jefe de las FFAA y el Dr. Guido. Reproducida en Rodríguez Lamas (1990: 12). La Ley de Asociaciones Profesionales sancionada en 1958 fue parte del acuerdo secreto entre Perón y Frondizi, a través de la cual el Presidente radical se comprometió a restablecer el modelo sindical del peronismo basado principalmente en el reconocimiento de un sindicato único por sector con derecho de negociación (James 1990).

[4] Nos referimos a los decretos n° 3534 y 3657/62 acerca de la anulación de las elecciones y al n°4419/62 que declaró “en receso” al Congreso Nacional.

[5] La maquinaria de represión al “sujeto comunista” había iniciado una nueva etapa con la “Revolución Libertadora”, cuando el país se ubicó plenamente en la órbita de los EEUU al firmar la resolución en contra de las actividades comunistas en la Conferencia Interamericana de 1956. El estudio del enemigo implicó la creación de diversas instituciones de inteligencia como la Dirección de Informaciones Antidemocráticas, el Servicio de Inteligencia del Estado (SIDE) y el Servicio de Informaciones del Ejército, entre otras (Marengo 2015); a su vez, las FFAA argentinas establecieron acuerdos con las del resto del continente para coordinar la defensa continental ante la amenaza del comunismo. El gobierno de Frondizi dio un salto en materia de represión a la subversión en 1958, cuando se inició un régimen de excepción que aplicó los lineamientos represivos de la DGR en el país (Pontoriero 2019). El mismo consistió en la instauración del estado de sitio, la ejecución del Plan CONINTES; la movilización militar e intervención de organizaciones sindicales; la detención de miles de militantes sindicales y políticos; la clausura de locales del PC, el secuestro y prohibición de su prensa y la ilegalización del partido. Esto fue acompañado por las leyes para la represión de las actividades terroristas, de investigación de las actividades comunistas y para poner dichas investigaciones bajo la órbita de la SIDE, entre otras.

[6] Decreto-Ley Nº 12.530/62, Boletín Oficial de la República Argentina, 21 de noviembre de 1962.

[7] “Unidad para impedir que se consolide la dictadura cívico-militar reaccionaria y para formar un verdadero gobierno democrático”, NE año XIV, n°3, abril 1962, pp. 3-4

[8] “¡Enfrentar la dictadura! ¡Unidad obrera y popular!”; “Frente al golpe, ¡un gobierno democrático!”, NP n°614, 3/4/63, p.1 y 8

[9] “Unidad para impedir que se consolide la dictadura cívico-militar reaccionaria y para formar un verdadero gobierno democrático”, NE año XIV, n°3, abril 1962, pp. 1-12

[10] “El maccarthysmo en la Argentina”, NE año XIV, n°5, junio 1962, pp. 44-54.

[11] “Impedir la consolidación de la dictadura cívico-militar. Declaración del CC del PC sobre la actitud del gobierno de Guido en los recientes acontecimientos, 22 de mayo de 1962.”, NP n°622, 29/5/62, p.1.

[12] “Unidad contra el fascismo y por un gobierno democrático y popular”, NE año XIV, n°6, julio 1962, pp. 4-5

[13] “Impedir la consolidación de la dictadura cívico-militar. Declaración del Comité Central del Partido Comunista sobre la actitud del gobierno de Guido en los recientes acontecimientos, 22 de mayo de 1962.”, NP n°622, 29/5/62, p.1.

[14] La cita es la misma en ambos documentos. Fue difundida en la Declaración de la Conferencia de Representantes de los Partidos Comunistas y Obreros de los países socialistas, celebrada en Moscú en noviembre de 1957 y en la Declaración de la Conferencia de Representantes de los Partidos Comunistas y Obreros, llevada a cabo en Moscú en noviembre de 1960.

[15] “Resolución del Comité Central Ampliado”, NE año X, n° 1, enero 1958, pp. 7-9; “Resolución del CC del Partido Comunista sobre la declaración de los representantes de Partidos Comunistas y obreros de todo el mundo”, NP n°552, 24/1/61, p.2.

[16] “Impedir la consolidación de la dictadura cívico-militar. Declaración del CC del Partido Comunista sobre la actitud del gobierno de Guido en los recientes acontecimientos, 22 de mayo de 1962.”, NP n°622, 29/5/62, p.1; p.9; “El significado del “giro a la izquierda” del peronismo”, Informe rendido al CC del PC, 21 y 22 de julio 1962; “Por la acción de masas hacia la conquista del poder”. Informe rendido en nombre del CC ante el XII Congreso del PC que sesionó desde el 22 de febrero hasta el 3 de marzo de 1963.

[17] “Por la acción de masas hacia la conquista del poder…”, p. 25.

[18] Idem, p. 44.

[19] La Secretaría General de la CP de la CGT estuvo integrada por Andrés Framini, Juan Loholaberry, Augusto Vandor, Rosendo García (en representación de “las 62”) y Arturo Stafolani, Enrique Coronel, Riego Ribas y Antonio Mucci (en representación del sector independiente).

[20] Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Departamento de Prensa. Información 205/85, 30/1/61

[21] MUCS: Asamblea Nacional por la unidad de la Clase Obrera, 25 y 26 de marzo de 1961, p. 9.

[22] Además de Andrés Framini en la candidatura a Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, en la lista de Diputados se encontraban Paulino Niembro (metalúrgico), Sebastián Borro (Frigorífico “Lisandro de la Torre”), Jorge Di Pasquale (farmacia), Roberto García (caucho) y Eustaquio Tolosa (portuario) (Senén González 1971).

[23] “La Confederación General del Trabajo por el respeto a la voluntad popular y la Constitución”. Declaración de la Comisión Provisoria, 20 de marzo de 1962 (reproducida en Senén González 1971, 44-45).

[24] “Paro del 23: la clase obrera concretó la unidad de acción en la calle”, NP n° 613, 27/3/62, p.2; “Partidos que apoyaron el paro obrero del 23”, NP n° 614, 3/4/62, p.6

[25] Puede consultarte en Senén González (1971, 39-40) y Rodríguez Lamas (1990, 86-87).

[26] “El P. Comunista da su caluroso apoyo a la huelga decretada por la CGT”, NP n° 622, 29/5/62, p.1; “MUCS: éxito total del paro”, NP n° 623, 5/6/62, p.8.

[27] “Derrota del régimen: la huelga se dio en las calles”, NP n° 632, 7/8/62, p.1

[28] Comunicado de la Comisión Coordinadora de las 62 Organizaciones y el MUCS, 2 de agosto de 1962. Reproducido en “Derrota del régimen: la huelga se dio en las calles”, NP n° 632, 7/8/62, p.1 y 8.

[29] “La clase obrera enseña el camino”. Discurso pronunciado por Andrés Framini ante el Plenario de delegaciones regionales de la CGT que en julio de 1962 aprobó el Programa de Huerta Grande. Reproducido en Calello y Parcero (1984b; 200-207); el Programa, que puede consultarse en Baschetti (1988, 116-118), constaba de diez puntos entre los que se encontraban la nacionalización de los bancos, el control estatal del comercio, el desconocimiento de los compromisos financieros del país, la expropiación a la oligarquía terrateniente sin compensación e implantar el control obrero sobre la producción.

[30] “Convocatoria de 62-MUCS”, NP n° 628, 11/7/62, p.1; “El plenario de Huerta Grande”, NP n° 629, 17/7/62, p.8.

[31] “Lo que falta”, NP n° 628, 11/7/62, p.8.

[32] Idem.

[33] Al respecto, si bien durante ese tiempo se incluía al socialismo entre los miembros de aquella alianza, la referencia era hacia PS Argentino de Vanguardia, aunque este era un aliado de menor valía en la estrategia comunista. Esto puede advertirse a lo largo de los años con los acercamientos al peronismo y, en este caso particular, al hacer hincapié en la unidad “indestructible” entre peronistas y comunistas y, finalmente, en el lenguaje utilizado en la cita, recurriendo a conceptos identificados con el léxico del peronismo como el de “justicia social”.

[34] “El significado del “giro a la izquierda” del peronismo”, Informe rendido al Comité Central del PC, 21 y 22 de julio 1962.

[35] Idem, pp. 19, 26 y 11-13 respectivamente

[36] Por fuera de éstos, los 32 Gremios Democráticos habían perdido poder e influencia hacia 1963, producto del pasaje de los sindicatos allí enrolados hacia el grupo de los independientes desde 1960. Su sello quedó ligado a la Asociación de Empleados Despachantes de Aduana y su intervención durante la normalización se limitó a emitir comunicados en contra de la nueva conducción sindical desde una posición antiperonista y anticomunista. “De los 32 Gremios”, Diario La Nación, 6/2/63.

[37] “La unidad salvada y algunos desencantos”, 18 de marzo, año II, n° 8, 5/2/63, p.5.

[38] “El reportaje de la semana: Jorge Di Pascuale”, 18 de marzo, año II, n° 6, 22/1/63, p.8.

[39] “Panorama gremial”, 18 de marzo, año II, n° 7, 29/1/63, p.5.

[40] “Un Congreso de unidad reclama la clase obrera. Posición del MUCS ante el próximo congreso de la Confederación General del Trabajo”. Movimiento de Unidad y Coordinación Sindical, Enero 1963, p.4.

[41] Idem, p. 10.

[42] De un total de 804 empadronados en el Congreso, se emitieron 493 votos a favor de la lista única, 60 en blanco o anulados y 251 votos no emitidos. De allí que el comunismo tomara el total de 311 votos que no fueron para la lista encabezada por Alonso como la demostración de apoyo a su línea opositora. “De abajo a arriba”, NP n° 658, 5/2/63, p. 8. A su vez, de acuerdo a la información proporcionada en Bisio y Cardone (1989) respecto de la relación de fuerzas en el Congreso, el diario Primera Plana publicó en su edición n° 11 del 22/1/63 el número de delegados correspondiente a cada nucleamiento, repartidos en 527 de las 62 Organizaciones, 278 de independientes y 18 del MUCS, siendo los restantes de sindicatos menores o de filiación indefinida.

[43] “En torno al reciente congreso de la CGT”, NE n° 2, año XV, abril de 1963, pp. 49-61; “Pese a todo, la clase obrera hará suya la CGT”, NP n° 658, 5/2/63, pp. 1 y 8. Respecto de ala dura del sindicalismo peronista, su participación estuvo representada por Framini, quien reprodujo en su discurso las ideas vertidas en Huerta Grande, mientras que la prensa asociada a este sector saludó la aprobación del Plan sosteniendo que a pesar del desencanto que produjo la elección de autoridades “el balance es altamente positivo. El Plan de Lucha contempla muchas de las exigencias de la hora revolucionaria del país”. “La unidad salvada y algunos desencantos”, 18 de marzo, año II, n° 8, 5/2/63, p.5.

[44] “Noticias obreras”, NP n° 485, 13/10/59, p.4; “Operación copamiento: músicos, prensa, gastronómicos”, NP n° 530, 23/8/60, p.6; “Escándalo en la UOC”; NP n° 534, 20/9/60, p. 6; “Los auténticos dirigentes de la UOC”, NP n° 550, 10/1/61, p. 6.

[45] “Clausuras, lockouts e intervencionismo no amedrentan a los obreros”, NP n° 656, 22/1/63, p.8; “Gremios”, 18 de marzo, año II, n° 2, 26/12/62, p.5; “Cuatro cerrojos”, 18 de marzo, año II, n° 6, 22/1/63, p.5.

[46] “Elecciones gremiales”, NP n° 598, 12/12/61, p.8.

[47] “El gremio del tabaco toma la dirección de su sindicato”, NP nº 338, 28/11/56, p. 4; “Hubo fraude en el gremio del tabaco”, NP nº 348, 6/2/57, p. 4.

[48] “Asalto a canillitas”, NP n° 643, 25/10/62, p.8; “Canillitas”, NP n° 652, 25/12/62, p.7; “Nueva ola” oficial de represión”, 18 de marzo, año II, n° 2, 26/12/62, p.5.

[49] “Llamado a la unidad de los gastronómicos”, NP n° 336, 31/10/56, p.4; “Pese al complot triunfaron los gastronómico”, NP n° 363, 22/5/57, p.4; “Denuncian maniobras de tipo fraudulento en UOG”, LH 16/12/58, p.6; “Elecciones gremiales”, NP n° 546, 13/12/60, p.6 “Habla Manuel Moreira. Narración de una victoria”; NP n° 558, 7/3/61, p.1 y 5; “Ciudad copada: la marcha de hizo”, NP n° 650, 11/22/62, p.1 y 7; “Cuatro cerrojos”, 18 de marzo, año II, n° 6, 22/1/63, p.5; “Las dos caras”, NP n° 673, 21/5/63, p.8.

[50] No puede haber pasividad con carestía, despidos y torturas”, NP n° 643, 25/10/62, p.1 y 8

[51] Actas del Congreso Ordinario de la Confederación General del Trabajo, realizado en la Ciudad de Buenos Aires los días 28, 29, 30, 31 de enero y 1° de febrero de 1963, pp. 32-34.

[52] La segunda etapa se llevó a cabo en junio y julio de 1964 y consistió en un plan de ocupaciones de fábricas; la tercera, realizada en agosto y septiembre de 1964 se basó en la realización de Cabildos Abiertos; la cuarta, de noviembre y diciembre de 1964, implicó la realización de marchas y manifestaciones que culminaron en una huelga general y, finalmente, la quinta se llevó a cabo en octubre de 1965 a través de una serie de marchas y concentraciones en Capital Federal y Gran Buenos Aires.

[53] Confederación General del Trabajo de la República Argentina: el porqué de la semana de protesta y el paro de 24hs en todo el país. 27 al 31 de mayo de 1963, p.11.

[54] Boletín Informativo Semanal de las actividades de la Confederación General del Trabajo, n° 8, 5 al 11 de mayo de 1963 y n° 10, 19 al 24 de mayo 1963.

[55] Boletín Informativo Semanal…, n° 11, 27 de mayo al 2 de junio de 1963.

[56] “Carta del P. Comunista a la CGT”, NP n° 672, 14/5/63, p.3.

[57] “Semana del 27 al 31 de mayo: la clase obrera ganará la calle” y “Las masas decidirán”, NP n° 672, 14/5/63, p.3; “Los trabajadores harán realidad las resoluciones”, NP n° 673, 21/5/63, p.8.

[58] “La unidad es la garantía”, NP n° 673, 21/5/63, p.1.

[59] “Que el paro sea una jornada de lucha activa. Propuesta del MUCS a las 62: enlace para dar continuidad a la acción” y “Los partidos políticos en la CGT. Comisión coordinadora permanente propuso el Partido Comunista”, NP n° 674, 28/5/63, p.1 y 6; “La semana de protesta de la clase obrera”, NE año XV, n° 5, julio 1963, pp. 16-29.

[60] “Reclamo obrero: el 31, parar a las 10” y La clase obrera saldrá a la calle”, NP n° 674, 28/5/63, p.8.

[61] “Giro a la izquierda: rasgo distintivo de la semana de protesta en el Gran Buenos Aires”, NP n° 675, 4/6/63, p.2-7.

[62] “La semana de protesta de la clase obrera”, por Rubens Iscaro, NE año XV, n° 5, julio 1963, pp. 16-29.

[63] “Paro gigantesco: abierto desafío al régimen dictatorial”, NP n° 675, 4/6/63, pp.1 y 8.

[64] Idem y “Profundizar la lucha”, NP n° 675, 4/6/63, pp.1 y 8.

[65] “La semana de protesta de la clase obrera”, NE año XV, n° 5, julio 1963, pp. 16-29; “Tarea de hoy: insuflar espíritu de lucha a las resoluciones del CCC”; “Tregua”, NP n° 676, 11/6/63, p.8; Boletín Informativo Semanal… n° 12, 3 al 9 de junio de 1963.

[66] “Los comunistas contra el fraude. Declaración del CC del PC sobre las elecciones del 7”, NP n° 679, 2/7/63, p.1; Boletín Informativo Semanal…, n° 17, 8 al 14 de julio de 1963.