Introducción

Las ferias libres son formas tradicionales de comercialización e intercambio de alimentos en Chile y su desenvolvimiento se remonta a épocas prehispánicas y coloniales (Salazar, 2003). Semana a semana, de martes a domingo, se instalan puestos de venta en las calles de las principales ciudades del país para llevar a los habitantes de las comunas alimentos y productos básicos de primera necesidad. Se trata de más de mil experiencias de feria, cada una puede vincular entre cien a trescientos feriantes que se dedican a la comercialización comunitaria.

Las ferias hacen uso permanente de calles y plazas, van rotando y cada día (excepto los lunes) ocupan un espacio distinto dentro de cada localidad. Estos espacios, considerados en general bienes públicos, se presentan aquí reconfigurados como bienes comunes. Los bienes públicos se caracterizan por ser de acceso universal, libre e irrestricto y regulados por el Estado; los bienes comunes en cambio, por la gestión y regulación por parte de una comunidad, o conjunto de personas que establecen reglas y acuerdos, los cuales pueden excluir a otros del uso y acceso. Las ferias libres ocupan espacios públicos, restringiendo en muchos casos de manera parcial la movilidad de vehículos particulares y transformando el uso cotidiano de calles y plazas por la provisión y comercialización de bienes y productos de primera necesidad. Bajo esa dinámica, las ferias han logrado sostenerse y expandirse por más de ocho décadas. El 60% de las ferias actuales cuentan con más de treinta años en funcionamiento y el 28% llevan más de cincuenta (SERCOTEC, 2016), datos que dan una perspectiva de funcionamiento a largo plazo. Las ferias libres son reconocidas y legitimadas por los entes estatales, los sectores privados y por la población que acude con regularidad para su abastecimiento.

Estas experiencias involucran a una pluralidad de actores con diversas lógicas y objetivos de gestión y que intervienen en diversos momentos de la producción, distribución, circulación y consumo. Igualmente, intervienen en la construcción de acuerdos desde los cuales se regula el uso y la función social de los espacios urbanos. Detrás de cada una de estas ferias, no exentas de conflictos y contradicciones, hay un proceso de gestión colectiva del espacio público que involucra a miles de personas en cientos de calles.

Las ferias libres reconfiguran diariamente los escenarios de la ciudad, de manera constante e itinerante; acondicionan y transforman cada lugar para adecuarlos a las necesidades de la comercialización comunitaria. En este sentido, en este artículo nos preguntamos por los factores que permiten la sostenibilidad de la comercialización comunitaria en los espacios públicos en los que se instalan diariamente, entendida la sostenibilidad como un concepto sociopolítico-económico vinculado no solo con criterios económicos, sino con las condiciones históricas y contextuales para la reproducción ampliada de la vida (Coraggio, 2005). Acudimos, además, a los debates sobre la gestión de los bienes comunes planteados por Elinor Ostrom, particularmente desde la identificación de atributos de los usuarios de recursos de acervo común que permiten la sostenibilidad de dichos bienes (Ostrom, 2002, 2009).

Las reflexiones presentadas en este artículo se sustentan en los datos relevados a partir de entrevistas a feriantes, consumidoras, dirigentes del gremio de ferias, funcionarios y funcionarias municipales; así como la observación participante desde el consumo semanal en las ferias de la ciudad de Santiago en los meses de verano durante seis años^[1]. Asimismo, en los documentos generados desde la Confederación Gremial Nacional de Organizaciones de Ferias, documentos de las entidades estatales, encuestas oficiales y fuentes secundarias sobre la evolución y desarrollo de las ferias. Estos datos, analizados a la luz de los postulados de los bienes comunes, nos permiten argumentar que la sostenibilidad de las ferias libres está vinculada con la transformación del espacios público en un bien común, proceso en el cual es fundamental la organización de los feriantes en interrelación con las entidades estatales y los arreglos de gobernanza establecidos.

La organización de la economía popular en los espacios públicos

Las ferias libres abastecen principalmente el mercado de alimentos y en un porcentaje menor otros rubros como ropa, insumos de aseo y cuidado personal (Observatorio Feria Libre, 2013; Rivas, 2013; Tejada, 2014). Se distribuyen a lo largo del país de manera semejante a la distribución de la población, por lo cual el 41 % se encuentran en la región metropolitana y en porcentajes menores en las demás regiones (SERCOTEC, 2016). Para la Confederación de Ferias Libres ASOF, las ferias pueden definirse como el “conjunto de productores, artesanos y comerciantes minoristas que venden productos alimenticios de origen animal o vegetal u otros artículos y especies, o prestan servicios, de manera periódica, regular y programada, en un espacio territorial determinado en forma itinerante” (ASOF, 2023a, p. 1).

Las ferias libres son procesos de economía popular^[2], que, en el escenario de una economía mixta, no producen solo intercambios mercantiles, ni relaciones exclusivamente individualistas y competitivas, sino que construyen formas de relacionamiento sociales y espaciales vinculadas también a la reproducción ampliada de la vida (Coraggio, 1999, 2011, 2015, 2020). Estas experiencias dan cuenta de otras formas, maneras y lógicas de recrear el hábitat, la ciudad y sobre todo los bienes públicos. En el marco de esta economía popular, la comercialización comunitaria emerge de la dinámica de las comunidades para la resolución de sus necesidades más elementales, es decir deviene de la iniciativa y auto organización de las comunidades generando un comercio de proximidad, donde el ‘cara a cara’ predomina y caracteriza la relación de intercambio de bienes y servicios con alta frecuencia. Hablamos también de procesos económicos heterogéneos en cuya raíz no se encuentra la gestión pública estatal, ni la gestión privada, en su origen predomina la gestión colectiva (Coraggio, 2011; Ostrom, 2009). Su desenvolvimiento, en el marco de una economía mixta, deja de ser marginal y por el camino se van encontrando, combinando, tensionando, complementando con la economía gestionada desde sectores públicos y privados.

Las ferias libres como escenarios de comercialización comunitaria han transformado los espacios públicos a partir de procesos ligados a la resolución de necesidades concretas de los habitantes que fueron conformando las ciudades y con a través de los años se han expandido a lo largo del país^[3]. En los primeros años del siglo XX surgen importantes ferias que van dando pasos hacia la descentralización del abastecimiento en grandes centros urbanos como Santiago. Con el objetivo de racionalizar el abasto de la ciudad y controlar los precios, en 1915 la Municipalidad de Santiago autorizó la instalación experimental de una feria libre en una zona estratégica para el abasto de la ciudad^[4]. De esta manera surge la primera feria planificada y permitida por la autoridad, a la cual siguieron algunas ferias en barrios alejados del centro que no contaron con infraestructura adecuada para pasar las dificultades climáticas de las estaciones, situación que conllevó su fracaso (Salazar, 2003).

Posteriormente, la expansión de las ferias y su dinámica organizativa ha logrado su sostenimiento en distintas calles y ciudades, incluso durante periodos con alta complejidad política, social y económica, por ejemplo, durante los periodos marcados por la dictadura (1973-1990), el desastre y recuperación causado por el terremoto del año 2010^[5] o la pandemia del 2020. Para el año 2013 se tenía registro de la existencia de 933 ferias libres y en ellas 75.244 puntos de venta, desde los cuales se proveían el 70% del mercado de frutas y verduras y 30% del mercado de pescado en Chile. (Observatorio Feria Libre, 2013; Rivas, 2013; SERCOTEC, 2016; Tejada, 2014). De acuerdo al último registro relevado en el año 2015, el número había aumentado a 1114 ferias, con 113.112 puntos de venta y 340.000 feriantes (SERCOTEC, 2016).

Los puntos de venta o puestos de feriantes están conformados en su mayoría por unidades familiares. Es un sistema de abastecimiento que se puede comprender como densos entramados de economía popular (Coraggio, 1999, 2020), a través de los cuales se posibilita el acceso a productos esenciales por parte de los diferentes sectores de las comunas de las principales ciudades del país. En efecto, pese a la aparición de modernos sistemas de distribución alimentaria y de cadenas de supermercados^[6], las ferias libres se sostienen y logran articular el mundo campesino con lo urbano, puesto que son la principal vía de comercialización de los productos de la agricultura familiar campesina e incluso integra directamente a pequeños agricultores otorgándoles espacios de venta directa. A su vez algunos feriantes son arrendatarios o propietarios de parcelas rurales o en el periurbano donde siembran tubérculos, verduras y hortalizas para el autoconsumo y comercialización de excedentes. Sin embargo, predominan pequeños y medianos intermediarios que compran en el mercado mayorista y venden en la feria con un margen de distribución que mantiene los precios por debajo de los almacenes de grandes superficies.

En este sentido, la sostenibilidad de las ferias no puede entenderse restrictivamente desde la evaluación de la rentabilidad, sino desde una perspectiva socioeconómica en la cual se ponen en juego múltiples factores sociales, culturales y políticos. La sostenibilidad de las experiencias de la economía social y solidaria no se define solo en relación a gastos e ingresos en lo micro, pues

depende de factores no siempre reducibles a valores económicos, como las políticas públicas, la calidad de las redes de cooperación y coordinación de un sector de trabajadores relativamente autónomos del capital, la definición de calidad de vida admisible legitimada, la correlación de fuerzas, tanto como de la voluntad y disposiciones de los actores particulares, colectivos y públicos involucrados en este desarrollo del contexto (Coraggio, 2005, p. 15).

Tanto los y las feriantes como las consumidoras entrevistadas perciben que los criterios que sostienen estas redes comunitarias de distribución de productos en todo Chile tienen que ver con el bajo precio, la diversidad de productos que ofrece la feria, la calidad de los alimentos y la confianza generada durante años entre feriantes y vecinos de cada comuna. Esta percepción coincide con los hallazgos de las encuestas del Observatorio de Ferias y los estudios recientes sobre los hábitos de consumo en Chile. Los datos dan cuenta de las ferias libres como uno de los puntos de comercio con los precios más bajos del mercado, motivo por el cual las ferias han seguido creciendo como alternativa de abastecimiento, especialmente de la mano de sectores con bajos ingresos (Colombara, 2023; Observatorio Feria Libre, 2013).

Sin embargo, como mencionamos anteriormente, las ferias libres no solo se sostienen por la existencia de precios bajos en relación con el mercado, a este factor se suman consideraciones sobre la calidad, la diversidad y las facilidades de acceso para los vecinos y las vecinas de los barrios. Además, consideramos aquí que la sostenibilidad de las ferias libres se relaciona especialmente con la dinámica organizativa desde la cual han logrado coordinar acciones y gestionar colectivamente el uso itinerante de los espacios públicos en los cuales funcionan, transformándolos en bienes de uso e interés común para los y las feriantes, así como para quienes acuden semanalmente a comprar en las ferias.

La gestión colectiva del espacio público

Como hemos señalado, las ferias libres funcionan en el espacio público de manera itinerante pero permanente. En general, los derechos de propiedad, la administración y regulación del uso de calles y plazas públicas recaen en cabeza del Estado. Como pasa con todos aquellos bienes definidos como espacio público, son las entidades estatales, municipales y nacionales, quienes pueden definir restricciones o permitir su uso por ejemplo para recitales o en este caso para las ferias libres. En este sentido, el papel de la población en general es pasivo en cuanto la regulación y administración. Puede, por ejemplo, solicitar permisos para realizar ciertas actividades o denunciar usos no permitidos, pero no suele hacer parte directa en la toma de decisiones y en la gestión pública de los bienes.

Sin embargo, los espacios públicos se van transformando a partir de las interacciones sociales, las prácticas instituidas o las acciones colectivas de quienes usan estos espacios, tal como en el caso que aquí nos ocupa. Si bien el uso del espacio público para las ferias está autorizado y regulado por las entidades estatales, la organización cotidiana está vinculada con la existencia de reglas o acuerdos colectivos desde los cuales se ha consolidado una cogestión entre los entes estatales y las figuras asociativas que aglutinan a feriantes. Son las acciones colectivas y las distintas maneras como los y las feriantes se han vinculado como comunidad las que han permitido la constitución del espacio público como un bien de valor simbólico y escenario donde transcurren distintas dimensiones de la vida social (Akbulut & Soylu, 2013; Hernández García, 2013)^[7].

Sin duda actividades como la comercialización configuran el espacio público como un escenario que, “no sólo cumplen una función económica sino que también son manifestaciones sociales constructoras de cultura” (Hernández García, 2013, p. 164). La comercialización comunitaria realizada a través de las ferias libres ha logrado producir una forma de espacialidad que genera tejido social desde la proximidad y la economía popular. Desde este tejido social se trasciende la tradicional administración estatal de las calles para pasar a un complejo sistema de cogestión en el cual los acuerdos generados desde los feriantes son fundamentales y han reconfigurado el sentido y valor de uso del espacio público. Las calles y plazas dejan de ser usadas para la movilidad física de la población (vehicular o peatonal) o de recreación y descanso, para pasar a ser un lugar de intercambio comercial de productos de primera necesidad y otros bienes esenciales, y de encuentro comunitario.

En la dinámica comercial de las localidades y los entornos donde se desenvuelven las ferias libres, además de los feriantes, se encuentran distintos tipos de comerciantes en el espacio público denominados, tanto por las autoridades como por feriantes y consumidores, como “persas”, “informales” y “coleros^[8]”. Desde estas denominaciones se caracteriza a comerciantes no registrados como feriantes pero que hacen parte del denso entramado de la economía popular que se desenvuelve en los barrios y en torno a las ferias. Dentro de los comerciantes de persa encontramos venta de antigüedades, artesanías, ropa de segunda y diversos artículos (en estos puestos se consigue desde electrodomésticos hasta un clavo). Por su parte, los denominados “coleros” están conformados por vendedores no registrados ni organizados como feriantes que se van sumando en los extremos de las calles que ocupan las Ferias Libres, con puestos improvisados a lado y lado de los puestos establecidos para vender tanto alimentos como bienes de distinto tipo para obtener algún ingreso monetario aprovechando la gran afluencia de vecinos. En su mayoría se trata de personas que buscan una alternativa de ingresos temporal u ocasional ante la pérdida de empleo; en tal sentido son un sector menos estable que no necesariamente llega a registrarse cómo feriante, pero que ante la crisis económica crece exponencialmente alrededor de las ferias libres y persas y en el conjunto de los cascos urbanos del país.

Por tradición e historia los feriantes conforman un sector organizado, su trabajo en la feria es reconocido por consumidores y funcionarios públicos como la forma organizativa que estas familias han establecido para obtener el total de sus medios de vida a través del trabajo en los espacios habilitados para el ejercicio comercial en vía pública, alcanzando un nivel socioeconómico estable que trasciende la sobrevivencia. Se trata además de una actividad transmitida entre generaciones, lo cual permite la construcción de vínculos comunitarios a partir del uso dado al espacio público, tal como lo relata Salazar (2003):

Lo que los ferianos “heredan” no es sólo un tipo de ocupación (“comerciar”, “trabajar en la calle”); también dan continuidad a un modo de asociación (“en familia”, “por generación”, “red de familias ferianas”) y, sobre todo, a una forma de relación con otros ciudadanos en un espacio público que no es ni estatal ni eclesiástico (Salazar, 2003, p. 89).

Si bien existe una pluralidad de actores que realizan actividades de comercialización en las calles, resalta el seguimiento de los acuerdos y reglas construidas a lo largo de los años por parte de los y las feriantes. De acuerdo con Ostrom, en la gestión colectiva se pone en juego la capacidad de las personas para organizarse y crear reglas que definen derechos y deberes para el uso de un bien compartido, que son seguidas por todos los grupos o comunidades que usan este bien (Ostrom, 2002, 2009). En efecto, detrás de cada una de estas ferias hay un proceso de cogestión y apropiación del espacio público que involucra a miles de personas en cientos de calles, reconfigurando diariamente los escenarios de la ciudad. En esta cogestión coexisten los distintos actores, pero con un claro proceso organizativo desde los feriantes.

A pesar de estas heterogeneidades, la dinámica organizativa general nos permite pensar la existencia de elementos comunes que caracterizan la gestión colectiva de los espacios públicos. Retomamos algunos elementos planteados por Elinor Ostrom al analizar sistemas de gestión de recursos de acervo común es decir, aquellos recursos usados por varios individuos, sean naturales o de creación humana, en los cuales el uso por parte de una persona afecta su disponibilidad para otras (Ostrom, 2002). Implica la construcción de reglas colectivas para su uso sostenible tanto en el tiempo como en las condiciones del recurso.

Las calles y plazas usadas por los feriantes pueden entenderse como acervo común. Su uso para la comercialización comunitaria afecta parcialmente la disponibilidad para su uso en otras actividades o por parte de otros sectores. Situación que requiere la existencia de sistemas de regulación y administración eficaces y sostenibles. Los y las feriantes han demostrado durante décadas una perdurable y eficaz gestión colectiva los espacios públicos que ocupan diariamente, vinculada con los procesos organizativos que han consolidado a lo largo de los años. La existencia de procesos de autoorganización alrededor de un recurso usado de manera compartida permite el éxito en su manejo (Ostrom, 2009).

Vale la pena aclarar que las ferias no son homogéneas, tampoco los feriantes pueden homogeneizarse. Sin embargo, podemos identificar algunos elementos comunes que se presentan en el proceso organizativo de las ferias y que nos permite plantear una análisis de la gestión colectiva. Tampoco proponemos acá una idealización de las prácticas de los feriantes, o una defensa general a priori de los actores de la economía popular que se ven obligados a desenvolverse en la calle para obtener sus medios de vida. Tal como señala Coraggio, en el conjunto de la economía popular pueden coexistir formas de solidaridad con formas de violencia y canibalismo social (Coraggio, 1999). Si bien muchas comunidades locales pueden poseer un alto grado de autonomía para gestionar con éxito áreas comunes, en otros casos no se logra coordinar acciones para prevenir el uso inadecuado y/o degradación del espacio público.

En tal sentido, se trata más bien de aproximarnos, siguiendo a Ostrom, a algunos de los atributos comunes del grupo de feriantes y sus organizaciones que han permitido sostener en el tiempo sus prácticas y revalorizar la función social de su labor^[9]. En este sentido, partimos de los siguientes atributos de los usuarios: 1) Importancia; 2) Entendimiento común; 3) Baja tasa de descuento; 4) Confianza y reciprocidad; 5) Autonomía y 6) Experiencia organizativa previa y liderazgo local (Ostrom, 2002). Estos seis atributos nos son útiles para observar las relaciones presentes en el caso de las ferias libres, comprendiendo aquí como ‘usuarios’ del espacio público a los y las feriantes.

Estos atributos interactúan en formas complejas, afectan las decisiones colectivas, los beneficios o costos asumidos por cada feriante y en general el sostenimiento de los procesos organizativos para el uso y aprovechamiento del espacio público. De tal manera, si por ejemplo los usuarios no obtienen la mayor parte de sus ingresos del recurso común o no comparten una comprensión común de cómo funcionan los sistemas, seguramente los altos costos de mantenimiento pueden no justificar el esfuerzo individual o harán difícil llegar a acuerdos (Ostrom, 2002).

En la tabla 1, presentamos una síntesis de la manera como se presenta cada uno de estos atributos en la gestión colectiva de las ferias libres:

Tabla 1
Atributos de los feriantes como usuarios de los espacios públicos

Fuente: Elaboración propia a partir del planteamientos de Elinor Ostrom (2002) y el análisis de los datos relevados.

Atributos de los usuarios (Ostrom, 2002)	Atributos observados en las ferias libres
Importancia	Quienes trabajan como feriantes dependen por completo de su trabajo en la vía pública para obtener sus medios de vida, son conscientes de ello y procuran actuar en consecuencia. En muchos casos es una actividad económica que involucra a varios integrantes de las familias y se transmite de generación a generación. Es la ocupación central y la principal fuente de ingresos.
Entendimiento común	Los más estables por tradición son las casi tres generaciones de feriantes que interactúan cotidianamente y hacen parte del proceso, conocen el medio y sus periodicidades. Al ser los feriantes antiguos trabajadores de la calle conocen los códigos de esta y establecen acuerdos y mecanismos de autorregulación y negociación entre ellos y con otros para sostener las ferias.
Autorregulación	Los y las feriantes conocen el medio y buscan individual y colectivamente formas de incrementar el flujo de beneficios derivados del uso sostenible del espacio público. Las regulaciones internas con las que cuentan involucran a todos y son reconocidas (cuentan con legitimidad). Los costos de monitoreo y aplicación de sanciones son mínimos porque están mediados por el control social.
Confianza y reciprocidad	Ser feriante es hacer parte de una larga tradición familiar y comunitaria. La mayoría se conocen desde hace bastante tiempo y cuentan con un reconocimiento social marcado aun por relaciones y tradiciones vinculadas al ámbito rural.
Autonomía	Si bien desde 1994 existe una ordenanza para la regulación que pretende generar una institucionalidad y reglamentación adecuadas para el funcionamiento de las ferias locales, las reglas de juego en las calles las ponen y regulan los feriantes. Ellos se encargan de controlar socialmente las irregularidades y tienen dispositivos que utilizan desde hace décadas para establecer acuerdos y resolver conflictos.
Experiencia organizativa previa y liderazgo local	Al interior de cada feria se desarrollan diversos tipos de asociatividad tales como sindicatos, asociaciones, sociedades anónimas, agrupaciones funcionales, organizaciones deportivas, grupos de ahorro, etc. A su vez, entre las ferias se han conformado asociaciones comunales, regionales y nacionales de carácter gremial que les ha permitido una mejor interlocución con las entidades gubernamentales.
Reconocimiento de la importancia de regímenes políticos más grandes	La gestión de las ferias implica el diálogo y coordinación con las autoridades municipales y nacionales. Actualmente la ASOF gestiona programas y proyectos con el gobierno nacional y luchan por conseguir una ley marco que cobije y fortalezca las ferias libres.

Los primeros cuatro atributos están vinculados con las características de la economía popular que desarrollan los y las feriantes. Tiene que ver con la manera como se han conformado y expandido las ferias libres, descrito en apartados anteriores, la caracterización socioeconómica de las personas que trabajan allí y con la dinámica misma de la comercialización. Los dos últimos atributos están relacionados con las lógicas de asociativas y la relación con las entidades estatales.

Sobre el primer grupo ya hemos mencionado algunos elementos y podemos ampliar algunos datos que brindan una mirada más amplia del conjunto de feriantes. De acuerdo al primer catastro nacional de las ferias libres (2016) la edad promedio de los y las feriantes es de cincuenta años; la mayoría jóvenes y adultos jóvenes con educación básica y media completa (Observatorio Feria Libre, 2013; SERCOTEC, 2016). Gran parte de los puntos de ventas son negocios familiares tradicionales, es decir gestionados y administrados por unidades domésticas que trasmiten y mantienen la actividad de generación en generación. Las ferias brindan cerca de 200 mil puestos de trabajo directo a través de la distribución de frutas, hortalizas y pescados y mariscos (Observatorio Feria Libre, 2013; SERCOTEC, 2016). Las ferias son también un posibilidad para aumentar los ingresos de las mujeres, toda vez que más del 49,6% de feriantes son mujeres, ocupando el rol de dueñas, responsables de los puestos y de trabajadoras (Observatorio Feria Libre, 2013; SERCOTEC, 2016). Los ingresos de quienes venden en las ferias dependen en su totalidad de estos espacios, por lo cual ser feriante constituye una actividad de trabajo permanente, atributo central para la gestión colectiva pues se da un involucramiento y participación permanente en las decisiones y situaciones de cada feria, ya que las transformaciones en las condiciones de trabajo pueden impactar directamente en la cotidianidad de quienes se ocupan de las tareas de la feria y de sus familias. El hecho de depender en su totalidad de la feria para obtener los ingresos familiares es un incentivo para propender por la sostenibilidad de las Ferias Libres y de los procesos organizativos que las hacen posibles.

En relación con la dinámica de la comercialización comunitaria, la calidad de los productos marca uno de los elementos de legitimidad y construcción de acuerdos. La certificación comunitaria de la calidad está muy ligada a los vínculos de confianza que los feriantes establecen con sus proveedores y clientes habituales. En este sentido, quienes compran en las ferias confían en el proceso de selección de productos realizada por los feriantes, a la vez, la selección por parte de los feriantes está relacionada con los estándares a los que los consumidores están habituados, lo cual les garantiza la salida de la totalidad de sus productos. Este proceso de confianza recíproca permite a los feriantes contar con la ‘fidelidad ‘de sus consumidores, y cierto ‘prestigio’ y reconocimiento al interior de la feria. Con respecto a la inocuidad, en el caso de los pescados y mariscos se manejan los alimentos de tal forma que no pierdan cadena de frio; y a nivel general los feriantes se capacitan en manipulación de alimentos, de acuerdo con las exigencias y normas de higiene y sanidad, conjugando estos conocimientos con los saberes propios generados en la experiencia y las formas tradicionales de manejo de los productos. En este sentido, es central la gestión realizada desde las organizaciones de feriantes para coordinar con las instituciones que brindan las capacitaciones y con las entidades estatales de regulación.

En torno a la calidad de los alimentos se presenta un constante monitoreo de los inspectores municipales y un control social al interior de las ferias que sostiene estándares que satisfacen a los vecinos, pues los feriantes conocen sus gustos y preferencias, sin embargo, los gremios y sindicatos reconocen que este es un aspecto en el cual es necesario mejorar y generar sistemas de trazabilidad, por ejemplo, en el caso de los productos hortícolas frescos. Asimismo, la discusión en torno a la calidad de los alimentos y la diversidad de la oferta se vincula también con las relaciones culturales de la población con la alimentación. Los productos que se distribuyen a través de las ferias libres son básicos dentro de los hábitos alimentarios de quienes las consumen y por tanto contribuyen a la reproducción de la cultura chilena y de la población migrante radicada en el país. Son productos profundamente ligados a los saberes y culturas diversas que se multiplican y recrean en la producción, distribución, procesamiento y consumo final de los alimentos.

Por otro lado, si bien desde 1994 existe una ordenanza para la regulación del funcionamiento de las venta en espacios públicos^[10], su desenvolvimiento e implementación se da de acuerdo con la interpretación y relaciones existentes entre las administraciones y los feriantes, los cuales tienen por lo general gran capacidad de negociación. La ordenanza es de tipo regulatoria y la mayoría de feriantes sabe de su existencia, pues a través de ellas se otorgan las patentes (licencias de funcionamiento) y se establecen horarios, criterios de funcionamiento, rubros de ventas, multas y sanciones así como deberes y derechos de los comerciantes. En la práctica cotidiana predominan los acuerdos entre feriantes.

Las reglas en cada feria las ponen y regulan los grupos de feriantes de acuerdo con las practicas establecidas durante décadas. Son ellos quienes se encargan de controlar socialmente las irregularidades que puedan presentarse y tienen dispositivos como asambleas y reuniones que utilizan para establecer acuerdos y resolver conflictos. De esta manera los feriantes nuevos que ingresan se incorporan en una dinámica con procedimientos, instrumentos e instancias preestablecidas y en funcionamiento.

Algunos municipios han optado por generar mesas de trabajo para generar canales de comunicación entre la dirigencia de los feriantes y las instituciones para concertar la operatividad y renovación de la ordenanza (cada municipio tiene la potestad de incluir un anexo para ajustar la ordenanza). A la vez, tanto los funcionarios como los comerciantes identifican la necesidad de actualizarla participativamente para darle mayor precisión y respuesta a las prácticas y relaciones entre feriantes y vendedores ambulantes.

Estos elementos hacen que podamos caracterizar al grupo de feriantes como usuarios que gestionan el espacio público como acervo común, en cuanto: dependen del sistema de recursos para su sustento; comparten una imagen de cómo opera el sistema de uso del espacio público y de cómo sus acciones afectan a otros y otras. Decisiones que conllevan altos beneficios en relación con los esfuerzos realizados en el cumplimiento de los acuerdos, con alto grado de confianza y reciprocidad obtenidos.

Sobre el segundo grupo de atributos ahondaremos en el siguiente apartado, haciendo énfasis en el proceso organizativo de la Confederación gremial Nacional, por ser el espacio que aglutina a la mayoría de las feriantes y organizaciones locales. En este sentido, desde el proceso organizativo podemos identificar los dos últimos atributos planteados por Ostrom (descritos en la Tabla 1), esto es, la experiencia previa organizativa y el reconocimiento de la importancia de las instituciones políticas municipales y nacionales.

Dinámica organizativa y relación con las entidades estatales

Como hemos señalado anteriormente, al interior de cada feria se desarrollan diversos tipos de asociatividad tales como sindicatos, asociaciones gremiales, sociedades anónimas, agrupaciones funcionales, organizaciones deportivas y grupos de ahorro. La forma asociativa que más predomina son los sindicatos, e incluso existen ferias puede tener dos organizaciones sindicales en su interior. Los sindicatos de feriantes tienen gran incidencia y capacidad de negociación por cuenta propia, figura en la cual están organizadas el 68% de las ferias (SERCOTEC, 2016). A su vez, entre las ferias se han conformado asociaciones regionales y nacionales de carácter gremial que les ha permitido una mejor interlocución con las entidades gubernamentales.

La asociatividad de los feriantes tiene por lo menos dos motivaciones: una de carácter comercial y otra gremial. La motivación comercial se refiere a la resolución de necesidades de cada punto o puesto de venta. En este sentido, la organización interna permite lograr alianzas con productores a través de convenios, conseguir bajar los costos de transacción, acceder a crédito, obtener productos de mejor calidad, lograr mejores precios de compra y capacitarse para mejorar sus negocios. En este ámbito, los y las feriantes en su mayoría no perciben la feria en su conjunto como una unidad de comercio, sus prioridades giran en torno a mejorar sus condiciones como punto de venta individual y las condiciones colectivas de trabajo, tales como recibir capacitaciones de atención al cliente o contar con baños suficientes y adecuados.

Por su parte, la asociatividad de carácter gremial se da en cuanto la necesidad de posicionarse frente a las entidades locales, municipales, ONG y ante el gobierno nacional para procurar mejoras en las condiciones de trabajo, programas de apoyo, proyectos, capacitaciones, alianzas y acuerdos que les permita un mejor desempeño y reconocimiento. En este sentido, tiene un papel fundamental la Confederación Gremial Nacional de Organizaciones de Ferias Libres (ASOF C.G)^[11], máxima entidad gremial a nivel nacional conformada por 47 consejeros nacionales que representan a las regiones donde se desenvuelven las ferias. Aquí nos centraremos en la dinámica de esta Confederación.

La ASOF tiene antecedentes organizativos que son relevantes a la hora de ver su aporte en la gestión colectiva de las ferias. En 1999 se creó la Coordinadora Intercomunal de Ferias Libres, cuyos primeros socios fueron los sindicatos de cuatro comunas de la Región Metropolitana de Chile. En mayo del 2001, esta coordinadora se transformó en la Asociación Chilena de Organizaciones de Ferias Libres (ASOF A.G.) conformada en una primera etapa por 17 sindicatos y asociaciones gremiales. Finalmente, en julio de 2013, se constituyó como Confederación Gremial Nacional (ASOF C.G.) con el objeto de dar mayor representatividad al gremio. (ASOF, 2023b). La ASOF, conformada actualmente como Confederación, y los gremios de feriantes, como organizaciones de la economía popular, realizan alianzas de distintos órdenes a nivel nacional, regional y local para fortalecer el gremio; de esta manera y a través de convenios, programas y proyectos articulan con diversas instancias de los sectores público y privado. Por ejemplo, a través de convenios de capacitación para los feriantes con el Ministerio de Salud sobre temas fitosanitarios; campañas de difusión sobre la importancia de alimentación adecuada; o con el Ministerio de Trabajo para fortalecer capacidades en cobro con medios electrónicos o mejor atención al cliente. Igualmente, con las intendencias municipales para mejorar infraestructura y funcionamiento; acuerdos con Organismos como FAO y fundaciones locales para visibilizar la función social de las ferias Libres, entre otros. La Confederación realiza cada cuatro años congresos nacionales en los cuales discuten las principales necesidades, las líneas de acción más relevantes del gremio, y marcan su agenda de trabajo para los siguientes años en relación con capacitación, condiciones de vida de feriantes, relaciones con los gobiernos nacional y municipal, cuestiones tributarias, entre otros.

Por otro lado, la Confederación cuenta con medios de comunicación propios, particularmente el Diario El Feriante, el cual tiene financiamiento estatal. Actualmente se edita en versión digital y en la página web de la Confederación puede encontrarse las ediciones desde el año 2009. Estas distintas ediciones dan cuenta de la dinámica organizativa a lo largo de estos años, las distintas estrategias construidas por los grupos de feriantes para dar respuesta a situaciones específicas del país y adaptarse a los cambios políticos y económicos (Diario El Feriante, 2023).

Tal como lo mencionamos en apartados anteriores, uno de los factores vinculados con la sostenibilidad de las experiencias de la economía popular tiene que ver con la existencia de políticas públicas adecuadas y la voluntad institucional para garantizar condiciones que faciliten el ejercicio de comercialización comunitaria. En este sentido, las ferias libres establecen distintos tipos de relación con los gobiernos locales y el gobierno nacional. De acuerdo a lo relatado por una funcionaria de la comuna de Quilicura, en general el grupo de feriantes es reconocido por los funcionarios públicos como un actor empoderado, con un gremio fuerte con experiencia en negociar. Podemos observar que en el nivel gubernamental cada municipalidad es la encargada de la regulación de las ferias. El estímulo y apoyo está también en cabeza de los municipios, los cuales deben asumir desde las Secretarías de Desarrollo Económico Local el fomento productivo como parte del Plan de Desarrollo Comunal. Estos procesos se dan de acuerdo con los énfasis, prioridades y recursos de cada administración municipal sin que existan políticas específicas para los múltiples sectores (feriantes, PYMES, emprendimientos, persas, coleros, etc.).

En cuanto regulación, se expiden dos tipos de licencia desde la municipalidad para el uso y usufructo del espacio público: los permisos y las patentes. Los permisos tienen un carácter provisional y están orientados a personas en situación económica precaria, las patentes son permanentes y como documento dan cuenta de la situación laboral, ya que incluso algunos bancos la exigen como requisito de acceso a créditos, lo cual no sucede con los permisos. Tanto permisos como patentes suponen un valor de renovación que se paga dos veces por año –semestralmente-, y los criterios de asignación dependen de cada municipio y del nivel de coordinación entre las diferentes entidades involucradas (Desarrollo económico local, Renta, Alcaldía, carabineros, higiene ambiental, fomento productivo, etc.) el cual es muy diverso al interior de cada comuna.

Dicha coordinación interinstitucional, la comunicación y concertación con los comerciantes se refleja en el manejo de los espacios públicos: encontramos áreas públicas con adecuada administración, uso y manejo, y otras que, por ejemplo, tienen capacidad para doscientos comerciantes, pero tienen asignados un total de quinientos permisos y patentes; de allí que se requiera todo un trabajo de armonización con las diversas entidades y sectores involucrados para resolver problemas concretos.

A nivel nacional el gobierno actual avala y apoya las ferias libres, las cuales cuentan con un fondo de modernización y recientemente con el Fondo de Desarrollo de Ferias Libres 2023 (Vilasau, 2023). Existió la ley (RONACO) que reconocía formalmente a las ferias definiéndolas como entidades al servicio de la comunidad en su conjunto, norma que fue derogada durante el periodo de la dictadura sin que haya sido reformulada por los distintos gobiernos de la concertación tras el retorno a la democracia. Justamente, la construcción de una ley integral para las ferias libres constituye uno de los temas recurrentes de debate al interior de las organizaciones de feriantes, quienes han participado en la formulación de distintos proyectos de Ley desde el año 2003.

A lo largo de estos años se han presentado distintos debates por parte del ente legislativo (tal como en los años 2006, 2008, 2012) sin llegar a acuerdos que permitan concretar una ley específica. Cuestión que sigue estando en la agenda política y en debate durante el periodo legislativo del año en curso (Diario El Feriante, 2008, 2012). Estas discusiones legislativas han estado acompañadas de la acción colectiva y movilización de feriantes que demandan avances en una regulación nacional que permita mayor estabilidad para las ferias y mejoramiento de la condiciones de vida de los feriantes. Dentro de las demandas expresadas en el proyecto de ley se encuentra el reconocimiento jurídico de las ferias libres, la regulación de la administración de cada feria, la garantía de recursos dentro del presupuesto nacional para los procesos de capacitación y la constitución de un fondo de desarrollo para las ferias.

Las agremiaciones de feriantes insisten en la necesidad de una ley que les brinde mayor estabilidad y capacidades de trabajo. Los feriantes buscan tanto posicionamiento gremial como reivindicaciones ligadas a infraestructura, seguridad, aseo, crédito y capacitaciones que les permita la solución de problemas que trascienden las competencias municipales en aras de adelantar “un proceso de adaptación a los nuevos tiempos, a los cambios en los hábitos de compra y consumo de los chilenos, respondiendo con mayor calidad, atención y servicio” (ASOF, 2023b).

Como vemos a través de los ítems anteriores, este tipo de experiencias invita a repensar la gestión del espacio público urbano desde actores organizados de la economía popular con altos niveles de coordinación a su interior y capacidad de negociación para establecer acuerdos con entidades estatales. Se trata de arreglos institucionales que rompen con la convencional formula binaria Estado-sector privado como manera predominante para resolver la gestión de los bienes comunes.

Finalmente, podemos observar a partir de esta experiencia que tanto bienes públicos como bienes comunes constituyen categorías jurídico-políticas dinámicas que responden a las transformaciones de los procesos territoriales. En este sentido, espacios de acceso irrestricto como las calles públicas pueden ser configurados como comunes en los cuales interviene no solo la regulación estatal sino fundamentalmente la construcción de acuerdos y reglas por parte de grupos sociales específicos que en muchos casos logran un uso sostenible de dicho bien.

Conclusiones

A lo largo del texto, intentamos mostrar las múltiples funciones sociales de las ferias libres y los procesos organizativos a través de los cuales se gestiona de manera sostenible el uso de los espacios públicos. Las ferias son fuente de trabajo y de organización de trabajadores y trabajadoras (feriantes); son lugares de tejido socio-comunitario y encuentro público. Fomentan la integración campo-ciudad, recrean los saberes y culturas de distintos grupos, avivan la economía local y familiar, facilitan relaciones intergeneracionales; contribuyen a una alimentación sana y adecuada, entre muchas otras.

Las ferias libres en Chile constituyen una alternativa de resolución económica para los y las feriantes, a la vez son un canal importante para el abastecimiento de alimentos y otros bienes de consumo básico fundamentales en contextos de crisis económica y de desigualdad que golpean con mayor contundencia a los sectores vulnerables.

A lo largo de los años, las ferias libres se han ido extendiendo por los polos urbanos como una de las principales alternativas para obtener medios de subsistencia de los sectores empobrecidos. La capacidad de autogestión, el profundo arraigo cultural, y la legitimidad que han logrado las ferias, son vitales para que subsistan e incluso se multipliquen con el pasar de los años. Es significativo el hecho de que, tras varios años de aparición de las grandes cadenas de supermercados, las ferias conserven un lugar importante como canal de comercialización, tal como lo muestran estudios recientes sobre los hábitos de consumo en Santiago de Chile.

Esta sostenibilidad y crecimiento de la comercialización comunitaria en el espacio público está asociada con el carácter mismo de la economía popular y la importancia que tiene en la resolución de necesidades concretas: por un lado, en cuanto representa la ocupación e ingreso fundamental de todas las unidades familiares que trabajan como feriantes; por otro, debido a que resuelve el abastecimiento de alimentos, de calidad y buen precio, de distintos sectores de la población, especialmente de grupos con bajos ingresos. Con todo ello, las ferias libres generan un entramado social que se construye a través de la confianza, la reciprocidad, la valoración de beneficios individuales y colectivos, la autonomía para construir y seguir acuerdos. Sumado a estos elementos, las ferias han logrado una capacidad organizativa central para la cogestión, el diálogo y la negociación con las entidades estatales y otros sectores (como coleros y comerciantes de persa y comunidad de los barrios).

Con todo ello, podemos afirmar que en las ferias libres se integran los seis atributos de los usuarios identificados por Ostrom en la gestión de bienes comunes, los cuales en su conjunto facilitan el uso y reconfiguración de las calles y plazas como un acervo común.

Las formas de gestión, resignificación y apropiación del sentido de lo público y de lo común que conllevan estas prácticas de comercio comunitario están en línea con los actuales debates sobre segregación, desigualdad socioespacial, hábitat urbano y defensa de los bienes comunes. De ahí la importancia de experiencias como estas que recrean la construcción de lo urbano y la reconfiguración de los espacios públicos con una función social esencial para las condiciones de vida de los pobladores de los grandes centros urbanos como la de proveer trabajo y alimentación adecuada. Desde esta perspectiva, las políticas de Estado deben proteger y permitir que estas experiencias de gestión colectiva de bienes comunes sigan cumpliendo una labor importante para la reproducción ampliada de la vida.

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Notas