Artículos científicos

Vivienda social y economía popular: la espacialidad en disputa

Social housing and popular economy: spatiality in dispute

Rueda, Candelaria

Candelaria Rueda

candelariamrueda@gmail.com

Universidad Nacional General Sarmiento Argentina

Párrafos Geográficos

Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, Argentina

ISSN: 1853-9424

ISSN-e: 1666-5783

Periodicidad: Semestral

vol. 2, núm. 22, 2023

parrafosgeograficos@fhcs.unp.edu.ar

Recepción: 15 Junio 2023

Aprobación: 20 Septiembre 2023

URL: http://portal.amelica.org/ameli/journal/739/73945817394581003/

Modelo de publicación sin fines de lucro para conservar la naturaleza académica y abierta de la comunicación científica

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Resumen: El objetivo del siguiente artículo es aportar a la reflexión sobre los procesos de subjetivación en la economía popular, tomando la experiencia de relocalización de dos conjuntos habitacionales en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. A través de entrevistas a sus habitantes y observación participante, propia del trabajo activo en ambos conjuntos de vivienda, se pretende aportar al análisis sobre la relación entre la espacialidad y el desarrollo de otras economías. Las reflexiones avanzarán en tres ejes: (1) identificar la particularidad que toma el vínculo con el Estado en la subjetividad de estos sectores, (2) analizar el rol protagónico de las mujeres en la producción y reproducción de la vida en estas experiencias tomando los aportes del enfoque feminista a la economía urbana, y por último, (3) problematizar la normalización de la figura asalariada que subyace a las políticas de vivienda y su diseño de la espacialidad. El resultado expone que el diseño de políticas de vivienda que obvia hacerse cargo de la realidad de la economía popular y sus prácticas, tiende a sostener una espacialidad propia de la producción y reproducción de la vida de una sociedad salarial. Esto deriva en conflictos comunitarios, profundización en las dificultades económicas de sus habitantes y deficiencias de la política habitacional que se pretende aplicar.

Palabras clave: Economía popular, Espacialidad, subjetividad, Políticas de vivienda.

Abstract: The next article is a contribution to the debate on the process of subjectivation in the popular economy, taking the experience of relocation of two social housing complexes in Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Through interviews with its inhabitants and participant observation, typical of active work in both housing complexes, it is intended to contribute to the analysis of the relationship between spatiality and the development of alternative economies. The reflections will advance in three axes: (1) identify the particularity that the link with the state takes on the subjectivity of these sectors, (2) analyze the leading role of women in the production and reproduction of life in these experiences taking the contributions of the feminist approach to the urban economy, and finally, (3) problematize the normalization of the salaried figure that underlies housing policies and their design of spatiality. The result exposes that the design of housing policies that ignores taking charge of the reality of the popular economy and its practices, tends to sustain a spatiality typical of the production and reproduction of the life of a wage society. This results in community conflicts, deepening the economic difficulties of its inhabitants and deficiencies of the housing policy that is intended to be applied.

Keywords: Popular economy, Spatiality, Subjectivity, Housing policies.

“El cuerpo es una memoria de esas cosas que le son útiles, que lo alimentan y lo benefician”

Fuente: (Gago, 2015, p.26)

Relocalizaciones judicializadas

En el año 2004 un grupo de vecinos que reclamaban por la recomposición de la cuenca Matanza-Riachuelo presentaron una demanda contra diversos organismos públicos y privados, incluyendo a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde exigían fondos para el saneamiento del ambiente y un resarcimiento por daños y perjuicios. Esta demanda dio origen a la causa “Mendoza, Beatriz Silvia y otros c/ Estado Nacional y otros s/daños y perjuicios (daños derivados de la contaminación ambiental del Río Matanza – Riachuelo)”, conocida como “Causa Mendoza”. A pesar de contar con un fallo histórico en 2008 por parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación donde se establecían responsabilidades concretas en las obras de saneamiento y de acceso a la vivienda, la causa continúa aún hoy con gran parte de sus demandas pendientes.

Bajo los efectos de este fallo es que los habitantes de Magaldi, El Pueblito y la Villa 21-24; territorios que formaban parte del Camino de Sirga en la Capital Federal, comenzaron a ser relocalizados a distintos conjuntos habitacionales. Estas relocalizaciones implicaban mudanzas de familias enteras con diversas condiciones, que iniciaron en 2014 y que aún hoy continúan ocurriendo. Los conjuntos habitacionales que se abordan en este artículo tuvieron las primeras experiencias de mudanza en el marco de dicha causa, en un orden correspondiente a su situación de emergencia y muchos de ellos fueron trasladados a grandes distancias de sus barrios de origen. Esto, que en un primer momento de urgencia ambiental y habitacional, pasó desapercibido, se develó posteriormente como una de las mayores crisis para el desarrollo socioeconómico posterior. Algunos años después, con las consecuencias de lo que implica romper redes territoriales para la economía popular a la vista, los delegados representantes de la causa incorporaron esta demanda a las mudanzas posteriores, estableciendo distancias máximas para la relocalización. Eso derivó en una segunda etapa de construcción de edificios de vivienda social con el avance de la urbanización de los barrios populares en la ciudad. Actualmente pueden verse edificios de vivienda en la continuidad del territorio correspondiente a la Villa 21-24. Este trabajo se centra en las experiencias previas, donde la urgencia marcaba el ritmo de las mudanzas.

Tanto la población del conjunto habitacional Padre Mugica como la de San Francisco forman parte de los primeros grupos de familias que fueron trasladados de la zona de Barracas hacia Villa Lugano y Villa Soldati, recibiendo las condiciones más conflictivas de relocalización. Este traslado implicó una distancia de 12 km de su residencia original, distancia que puede estimarse en una hora de viaje en transporte público de una zona a la otra, ya que implica atravesar toda la zona sur de la Ciudad de Buenos Aires. Para muchos de ellos, esto significó buscar nuevas escuelas, nuevos centros de salud y definitivamente incorporar costos y tiempo a su jornada laboral. Es por esto mismo que al momento de las entrevistas, habiendo transcurrido más de cinco años de su mudanza, los vecinos tienen desarrollado un vínculo activo con el Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC) como organismo responsable de su relocalización en representación del Gobierno de la Ciudad. Este vínculo se refuerza en términos legales, dado que las familias aún no cuentan con las escrituras ni el traspaso formal de sus nuevas viviendas. Cuentan con una tenencia precaria de la misma, pero formalmente no pueden venderlas ni alquilarlas porque aún pertenecen al Estado. Esto se ve en la vida cotidiana de ambos barrios, donde hay una presencia activa de equipos sociales y técnicos de trabajo que acompañan a las familias intentando generar una organización consorcial y dando respuesta a los problemas técnicos sistemáticos que surgen en las viviendas.

El interés particular por analizar el caso de estos barrios surge por haber sido parte del equipo territorial que acompaña esta organización consorcial, así como de los relevamientos y entrevistas posteriores dadas con sus habitantes. Observando estos procesos, que pueden definirse como relocalización forzada dadas las condiciones de emergencia en las que se encontraban las familias, se fueron identificando los escenarios de distintas tensiones y contradicciones. Así surgió la inquietud por comprender cómo afectó el cambio de espacialidad que implica esta relocalización a los procesos de producción y reproducción de la economía cotidiana de cada familia. Para analizar dichos procesos se desarrolla una breve descripción de las particularidades que distinguen a estos dos conjuntos y sus poblaciones. Esta delimitación está enmarcada en las definiciones que aportan Gago (2014) y Massey (2008) para observar lo local en diálogo con los marcos globales. Esto permite conceptualizar la espacialidad y las prácticas económicas de sus habitantes no como meros reproductores de una lógica que los excede sino como agentes activos de las condiciones de producción y reproducción de la vida. El análisis de ambos conjuntos se enmarcará en tres ejes que se encuentran profundamente entrelazados. En primer lugar, con el objetivo de profundizar en las manifestaciones de aquellos conflictos que aparecen con el cambio de lugar se retoma la teoría de De Soto (1987) sobre el desarrollo de la economía popular y su lugar en el progreso desde la crítica a la misma que hace Adrianzén (2010). Esto habilita a identificar la particularidad que toma el vínculo con el Estado en la subjetividad de estos sectores como nueva delimitación de antagonismo social: por un lado los que tenemos un trabajo de verdad, por otro lado los que necesitan del estado. Desde la misma pregunta por las tensiones que genera la espacialidad de estos conjuntos para la reproducción de la vida de esta población, retomamos las teorías de economía urbana con perspectiva de género que no solo ponen en foco en otras formas de sostén de la vida sino que permiten visibilizar el impacto económico que significa el quiebre de los lazos comunitarios y del desplazamiento espacial. Este impacto trae consecuencias concretas que las propias protagonistas de los conjuntos identifican con claridad. Para completar los ejes de esta pregunta, se habilita el foco hacia la mirada que diseña estas políticas de vivienda y el sujeto que pretende alcanzar. ¿De qué trabaja ese destinatario o destinataria de las políticas de vivienda? ¿Cómo se desarrolla su sostenibilidad y su vida cotidiana? Esta pregunta no puede ser ajena a la definición del espacio que este sujeto va a habitar. En ese marco se busca problematizar la normalización de la figura asalariada y el impacto que esto tiene en el diseño de dichas políticas.

Finalmente, podemos decir que las preocupaciones por la planificación urbana y las políticas de vivienda en las grandes ciudades tienen una extensa trayectoria en nuestra región. Apoyados en la ecuación modernización/ industrialización del período de posguerra, donde se desplegaron planificaciones urbanas con el objetivo de reorganizar socialmente los territorios asegurando la vivienda. Uno de los objetivos fundamentales de este tipo de políticas era evitar la suburbanización y la extensión de barrios y villas con formatos “informales”. Esta experiencia generó en América Latina que la mirada hacia lo urbano se encuentre estrechamente vinculada al auge de recetas para los problemas del subdesarrollo con concepciones respecto de la organización social que aún persisten en muchas de las políticas públicas actuales. Estas concepciones respecto al modo correcto de vivir que presuponen formas de trabajo, sujetos y viviendas y que producen discursos normalizadores construyen el escenario más amplio sobre el cual se desarrolla este análisis. En este marco, se busca aportar a la reflexión sobre los procesos de subjetivación en la economía popular, exponiendo el modo en que ciertas políticas establecen normas, estigmas y cultivan éticas determinadas sobre lo que debería ser el trabajo.

Neoliberalismos y resistencias desde abajo

Resulta evidente que la espacialidad de ambos conjuntos, diseñada para un tipo ideal de vida asalariada con los supuestos del uso del espacio que eso trae, entra en tensión constante con las prácticas de la economía popular. El traslado de una familia que vive y trabaja en una casa autoconstruida en cierto terreno donde ubica sus materiales de acopio para compra-venta o su carro de recolección de materiales reciclables y pasa ahora a habitar un departamento sin balcón, no puede quedar exento de conflictos. O la mudanza de una mujer y sus hijos, que dependen de los ingresos que genera un pequeño almacén armado en su casa y atendido por la ventana de su habitación, a un departamento en un tercer piso, donde pasa a compartir el palier con una sola vecina. Este tipo de situaciones y estas formas de trabajo no son una excepción. La población afectada por la “Causa Mendoza” vivía en barrios de la Capital Federal con autoconstrucción y urbanización informal y fue trasladada a edificios con departamentos diseñados para un tipo de vida que no parece corresponderse con la mayoría de ellos.

Estas tensiones, como veremos, no exponen solamente un conflicto respecto de la propia supervivencia y reproducción de la vida. También traen disensos donde el pasado-villero compartido por los vecinos entra en choque con la expectativa construida en la mudanza. Se expone la ilusión de que la relocalización y la nueva vivienda traerían consigo otro tipo de vida. Cuando se indaga en qué representa esa otra vida con una vivienda nueva, la respuesta es inmediata: otro tipo de trabajo, un trabajo formal. Frente a este panorama, la racionalidad neoliberal (Gago, 2014) aparece con todas sus fuerzas para delinear los procesos de distinción entre quienes rechazan todo lo que simbólicamente tenga que ver con su pasado-villero: estéticas determinadas, actividades económicas, pero también una determinada relación con el Estado.

Gago habla de neoliberalismo “desde abajo” en su análisis de la economía informal, una mirada que es interesante traer para pensar la lógica de lo local, en este caso, bajo dos ejemplos de conjuntos habitacionales, enmarcada en las relaciones de poder más amplias que se entremezclan en estos territorios. Esto mismo observa Massey (2008) cuando analiza el espacio -de lo local y lo global- como un entramado de relaciones sociales: “Cada lugar, no sólo depende de una esfera espacial mucho más amplia, sino que también tiene efectos sobre ella. Es decir, desempeña un papel dentro de las geometrías del poder más amplias”. Esto permite dejar de pensar estos territorios como víctimas exclusivamente de una forma global de relaciones de poder sino también como parte activa de la conformación de estas relaciones. Esta perspectiva, que ambas comparten, de repensar el movimiento de estas influencias, ya no como algo meramente vertical sino como algo que se retroalimenta y que tiene su propia lógica de acción en las relaciones locales, resulta fundamental en tanto otorga un lugar activo a los sujetos de estos barrios y no como meros reproductores de una lógica neoliberal - global.

Tal como lo plantea Gago (2014), el neoliberalismo no puede reducirse hoy a una política desde arriba o a un plan de gobierno que bajo distintos brazos estatales moldea prácticas económicas, .el neoliberalismo es una forma anclada en los territorios, fortalecida en las subjetividades populares y expansiva y proliferante en términos organizativos en las economías informales. (Gago 2014, p. 4). En este sentido, y bajo el objetivo explícito de aportar al análisis de los procesos de subjetivación, resulta fundamental a cualquier análisis de economía popular la perspectiva de esta misma autora, apoyada en una lectura marxista de Foucault, de que las subjetividades están ancladas siempre en prácticas y discursos como focos de experiencia, por lo que la producción de valor toma un lugar fundamental no en un sentido meramente economicista, sino como producción de la existencia. Esto permite caracterizar ciertos conflictos comunitarios dados alrededor de las prácticas colectivas de producción y reproducción de dicha existencia.

El conjunto habitacional “Padre Mugica” está ubicado en el barrio de Villa Lugano, sobre la Av. Castañares y pegado a la Av. General Paz, justo en los límites de la Ciudad de Buenos Aires. Las obras se iniciaron allí en el año 2008 por un acuerdo entre el Gobierno Nacional, la Ciudad y la Fundación Madres de Plaza de Mayo. Cuatro años después, las obras se frenaron en virtud de que el apoderado de la fundación, Sergio Schoklender, fue denunciado y las obras quedaron finalmente bajo responsabilidad del IVC. Dos años más tarde, el Instituto comenzó la relocalización a estos edificios que se encuentran hoy con un fuerte conflicto interno entre vecinos y vecinas. La tensión principal se encuentra centrada en la ocupación y uso de “espacios comunes”, que están definidos de este modo por los reglamentos de copropiedad que el IVC socializa con los habitantes de las viviendas. El conjunto está integrado actualmente por doce plateas de edificios de seis pisos, una de ellas se encuentra deshabitada y se espera que sea demolida dados los problemas originales en su construcción. Entre dos de esas plateas de edificios hay una ocupación del espacio por parte de siete familias cartoneras que realizan allí acopio, separación de materiales y guardado de sus carros. El conflicto, según se releva de las entrevistas y asambleas, viene del último año por la ampliación que tuvo el acopio y la reciente incorporación de algunas familias nuevas a recolectar. Muchos de ellos trabajan en articulación con la Cooperativa El Pueblito ubicada en Barracas, el barrio anterior a la relocalización. A pesar de trabajar en Barracas las familias manifiestan que esas horas no les alcanzan para cubrir sus gastos entonces en su larga vuelta desde allí hasta su nueva vivienda en Lugano (más de 12 km caminando, que muchos de ellos hacen con sus familias diariamente), van recolectando con sus carros para vender de manera autónoma y sumar unos ingresos extras.

Figura 1
Imagen de la zona entre plateas del Barrio Padre Mugica.

Fuente FM Riachuelo.

El conflicto se desata con algunas familias del barrio, en general aquellas que tienen trabajos por fuera del conjunto habitacional. Dichas familias, manifiestan discursivamente que el problema es que la acumulación de materiales ocupa espacios donde podrían ir los autos y destacan el problema de higiene, mencionando que promueven la presencia de ratas que son peligrosas para los más chicos. Sin embargo, en reuniones con las familias para pensar posibles soluciones, vemos que en todos los casos surge la aparición de una ética vinculada a los trabajos, que va más allá de estos problemas prácticos y usos del espacio legítimos en el conjunto: “esto ya no es una villa”, “al final nos fuimos de la villa y estamos transformando esto en lo mismo” “no pueden venir a vivir acá y seguir viviendo como lo hacían en Zavaleta”.

A su vez, entre quienes tienen ocupado el espacio con carros y bolsones se presentan dos discursos divergentes: por un lado, aparecen quienes reivindican una identidad como trabajadores, y responsabilizan al Estado por haberlos relocalizado a un espacio que no garantiza las condiciones para su tarea: “nos hubieran dejado en Zavaleta al final, que ahí nadie se quejaba de lo que hacíamos”. En la mayoría de casos, estas mismas familias suelen estar apoyadas en sus ingresos por el Salario Social Complementario o por el cobro de la Asignación Universal por Hijo (AUH). Por otro lado, están quienes llevando adelante la misma tarea, intentan ser lo más prolijos posibles en el espacio y, a su vez, cuando se les consulta por ingresos extra expresan que no tienen intenciones de cobrar la AUH, porque “mejor que sea para alguien que la necesite más”-asumiendo principios de escasez perfectamente internalizados-. En estos casos, suelen más bien manifestar su necesidad de tener un espacio cerca donde poder ubicar los bolsones sin molestar a sus vecinos y asumen que su tarea pueda ser incómoda para quienes comparten la espacialidad, pidiendo perdón por la actividad que realizan- o por no tener un trabajo en serio-.

Vemos que más allá de las diferencias entre cada familia, hay un registro de la actividad cartonera, ligada a un estigma de un trabajo que no debería ser. En muchos casos hay una percepción de la actividad como algo transitorio, a pesar de que sea la actividad principal hace más de doce años para los ingresos familiares. Asimismo, está presente la frustración de que la nueva vivienda, tras la lucha de la “Causa Mendoza", debía traer la posibilidad de una “nueva vida”. Esa nueva vida imaginada por estos habitantes, evidentemente no incluía el plan de seguir trabajando con el reciclado y acopio de materiales, es claro, sino no hubieran entregado su terreno en Barracas por un departamento en un cuarto piso sin balcón.

Por otra parte, en el Barrio San Francisco, conocido en Soldati como “el country” por las rejas que lo rodean, la situación económica general es distinta a la de Mugica. La mayoría de las familias cuentan con algún ingreso fijo estable y muchos de ellos tienen trabajos fuera de sus viviendas por lo que las asambleas y espacios de trabajo consorcial suelen ser siempre pasadas las 19 hs. Las viviendas son de construcción “en seco” y siempre estuvieron bajo la órbita del IVC lo que facilita el acceso a planos de instalaciones. Esto resulta significativo porque para muchas familias que vienen de haber construido su propia vivienda, trasladarse a una nueva donde desconocen el funcionamiento de los servicios, la ubicación de los caños o las instalaciones eléctricas se transforma en un obstáculo constante para el ejercicio autónomo de su mantenimiento y en un costo que no resulta menor.

A su vez, la mayoría de familias corresponden a los primeros traslados de los márgenes del riachuelo por riesgos de derrumbes y sus habitantes provienen en su mayoría de la misma zona barrial que antes. Esto último no es menor, dado que permite apoyarse en los mismos vínculos de confianza y redes que se tenía antes. Las condiciones del espacio nuevo también tienen otros beneficios relativos, San Francisco está construido en plateas con planta baja y dos pisos, se encuentra mejor conectado con el transporte público, tiene espacios verdes y una cancha central donde se dan clases de fútbol.

Generando un fuerte contraste con las características generales de la población que habita el conjunto, en el barrio fue tomando protagonismo una vecina que coordina la cooperativa de limpieza del barrio, sostenida por una organización social local. En una de las asambleas consorciales que el IVC acompaña, esta mujer trajo la propuesta de armar un merendero en el barrio utilizando el container que el Instituto dejó allí mismo sin uso. El rechazo resultó unánime y no se limitó a una única asamblea, el merendero fue denegado por la amplia mayoría del barrio bajo el fundamento de no ser necesario, pero nuevamente se detectaban discursos que vinculaban al merendero con una organización propia de las villas y la idea de que su apertura iba a implicar el acercamiento de familias que no eran de ahí. El conflicto terminó con parte de los vecinos solicitando al IVC que se retirara el contenedor para evitar la instalación de dicho merendero.

A partir de estos dos conflictos tomados como experiencias particulares, las reflexiones en torno a los procesos de subjetivación, tal como planteamos, avanzan en tres ejes: (1) cómo se definen las relaciones con el Estado en términos negativos como una clara manifestación del neoliberalismo desde abajo, (2) analizar el protagonismo de las mujeres identificando una perspectiva feminista de la economía urbana, y finalmente, (3) problematizar la normalización de la figura asalariada y las experiencias de público y privado que alberga la economía sin salario presente en ambos conjuntos habitacionales.

Figura 2
Imagen del Barrio San Francisco vista desde afuera.

Fuente: Google Street View

Una epopeya al capitalismo popular

En pos de abordar las definiciones y los estigmas que porta la relación con el Estado en las subjetividades de la Economía Popular, resulta interesante traer la lectura crítica que hace Carlos Alberto Adrianzén (2010) de “El otro sendero” (De Soto, 1987). En primer lugar, esto permite comprender al sector analizado en un marco más amplio de poblaciones signadas por procesos migratorios y heterogéneos crecimientos urbanos que se dan en simultáneo en múltiples ciudades de América Latina. Por otro lado, habilita una discusión en torno a nuevas formas de antagonismo social sumamente vigentes en los debates políticos actuales.

En general ubicadas en los márgenes de las urbes, estas poblaciones están muchas veces definidas por la negativa en tanto no logran cumplir con las legalidades y formas que exigen las ciudades. Sin embargo, De Soto trae una novedosa mirada para la perspectiva liberal redefiniendo a esta población como la nueva protagonista del progreso y la eficiencia económica. Es justamente esta definición y este trazado de nuevas oposiciones lo que Adrianzén se propone problematizar. Los sectores informales son presentados por De Soto como los nuevos abanderados del esfuerzo capitalista, “el pueblo auténtico” en una operación que Adrianzén (2010) califica de “populista” en los términos de Laclau.

El cuestionamiento se encuentra vinculado a que bajo este discurso económico-político se traza una nueva línea diferencial con los sectores que quedan deslegitimados: aquellos que tienen vínculos con el Estado. Aquellos que disputan y articulan con organismos públicos como los sindicatos o los empresarios formales: “Es evidente que un proyecto político de derecha-ya fuese conservador o liberal- requería reestructurar el campo político, debilitando algunas tensiones y fortaleciendo otras” (Adrianzen 2010, p. 8). La propuesta que trae De Soto asume la frontera social, redefiniendo nuevas legitimidades y eligiendo un nuevo enemigo: el Estado, y en segunda línea a las coaliciones redistributivas y a aquellos actores que se definen por su vínculo con él.

Tal como se presenta en la lectura crítica que hace el autor, resulta fundamental explicitar esta nueva frontera trazada y esta redefinición del espacio social por su implicancia en la disputa hegemónica y porque sus fundamentos neoliberales han permeado con fuerza en la economía popular, expresándose con vigencia en la actualidad. El impacto ha sido efectivo a la hora de cargar de sentido el significante flotante de “informales” y de trazar oposiciones al interior de dicho sector. ¿Qué hace que una persona que trabaja doce horas al día, tiene dos hijos en edad escolar, y que garantiza la alimentación de su familia con el apoyo de redes comunitarias exprese su rechazo a cobrar la Asignación Universal por Hijo? ¿Qué definición de la subjetividad está operando allí? Comprendiendo el recurso neoliberal conceptualizado por De Soto (1987) vemos que el vínculo con el Estado parece estar en muchos casos, vinculado a perder el carácter de trabajador, de dignidad.

A esto se suma el imaginario de una figura de ayuda social históricamente feminizada en contraposición a un varón asalariado como veremos en el siguiente apartado. Sin embargo, la frontera que traza De Soto (1987) va más allá de una oposición de género estableciendo un nuevo antagonismo social que no es ajeno a la realidad nacional. La popularidad que ha tomado en el último tiempo la descalificación hacia quienes “viven del estado”, parece delimitar la estrategia hacia un nuevo enemigo social: aquellos que cobran planes o asignaciones puestos artificialmente en contraposición a lo que definirían como “la verdadera” clase trabajadora.

En el caso del Barrio San Francisco, identificamos que frente a un conflicto comunitario cierto sector de la población solicita que se retire el contenedor perteneciente al IVC, “porque ya no se usa” “porque no lo necesitamos” y porque acarrea esta mancha de relación con el Estado que no sólo es individual sino también colectiva. Las construcciones dadas a través de las relocalizaciones en oposición a un territorio pasado hacen que estas tensiones se lleven al máximo por la convivencia de prácticas y formas de producción de la existencia que expresan subjetividades heterogéneas y convivencias contradictorias en nuevo territorio: “¡no vivís en Nordelta, esto es una villa!” escuchamos gritar a la referente de la cooperativa de La Dignidad en plena discusión con una vecina que organiza los alquileres del SUM en el Barrio San Francisco – que claramente no es ni Nordelta, ni una villa, sino más bien una maqueta concretada por la política pública, una suerte de monstruo de Frankenstein urbano.

No solo se disputan las definiciones de cada identidad sino, sobre todo, del territorio colectivo. A su vez, un sector de vecinas acusa a la referente por sus manejos autoritarios, porque las trabajadoras “le tienen miedo” y porque “les saca parte de su sueldo y las amenaza para ir a marchas”, identidades e imaginarios contrapuestos que se expresan, con demasiada frecuencia, en cuerpos de mujeres.

La reproducción y la gestión comunitaria en la economía de la ciudad

“La forma más común de trabajo en el mundo es el no remunerado, el que se realiza en la casa, la familia, el barrio o la comunidad más amplia, sobre todo por mujeres” (Gibson y Graham 2005, p. 157). Tomando el aporte de la perspectiva feminista al análisis de la economía urbana, aparece como interrogante fundamental la disputa respecto a qué se define como trabajo. En los conjuntos habitacionales relocalizados, el trabajo comunitario resulta frecuentemente ampliado y expuesto porque implica sostener los vínculos con el Estado, las disputas por las mejoras en las viviendas, hacer los seguimientos de reclamos por las cuestiones de infraestructura y recomponer los lazos fragmentados en la mudanza.

“En particular se subrayan las desigualdades que experimentan las mujeres, derivadas de su responsabilidad socialmente construida sobre el trabajo doméstico y el cuidado de otros, y dado que estas actividades se desarrollan en un marco espacial, el feminismo muestra que la investigación urbana no puede obviar el lugar que tiene el trabajo de reproducción en la economía de la ciudad” (Quiroga y Gago 2017, p. 15)

Las relocalizaciones tienen la particularidad, en este sentido, de dejar expuesto el triple rol o la triple jornada de las mujeres: la productiva, la reproductiva y la de gestión comunitaria que justamente la economía urbana tiende a desconocer. Lo que sucede es que la nueva espacialidad rompe los mecanismos y estrategias desarrollados por las mujeres para poder realizar estas triples jornadas en simultáneo y afectan directamente a la economía, exponiendo lo evidente: esos tres niveles de trabajo generan valor y hacen posible la reproducción de la vida. Esto resulta claro cuando hay mujeres que explican que tuvieron que “dejar de ir a trabajar porque las nenas son chiquitas y ya no puedo dejarlas, ir y venir como hacía antes porque este lugar no lo conozco y pasan cosas, y antes mis vecinas las miraban y me avisaban por cualquier cosa y yo en dos minutos estaba ahí”, la gestión de lazos comunitarios se traduce evidentemente en trabajo reproductivo y productivo, asimismo vemos que mujeres que hacían tareas de clasificación y reciclado en simultáneo con el cuidado de sus hijos se ven limitadas por el territorio y esto se traduce en una pérdida de ingresos de forma inmediata.

Esta incapacidad de los proyectos urbanos para captar la economía popular en todas sus tramas no es nueva ni exclusiva de las políticas de relocalización del IVC, los proyectos de modernización desarrollista aplicados a las ciudades se han apoyado en la economía de mercado generando un entorno urbano para la competencia y accesible al prototipo de “homo economicus” (Gago y Quiroga) al que no responden ni siquiera los hombres adultos con ingresos de dinero en estos barrios. Porque esa misma espacialidad responde no sólo a un estereotipo de género y de clase sino también a un modelo de trabajo asalariado que no coincide con la realidad de las familias que habitan estos conjuntos. “La ciudad es producida activamente por las políticas estatales como el espacio para la concurrencia de individuos igualmente capaces de realizar actividades consideradas productivas, sujetos autosuficientes que no cuidan, ni necesitan de otros” (Quiroga y Gago 2017, p. 18)

En línea con lo expuesto vemos que estos conjuntos se transforman inmediatamente en áreas de pobreza en la ciudad, donde las mujeres toman un lugar protagónico desde su experiencia de trabajo, liderando el vínculo con el Estado en ámbitos donde esta relación es absolutamente determinante para las condiciones de vida. A su vez, ponen en crisis las afirmaciones respecto de lo qué es y no es economía y su relación con la integración urbana exponiendo que las líneas entre lo productivo y lo reproductivo son mucho más borrosas de lo que se asume. Por último, este protagonismo expone la tensión clave para las definiciones del trabajo y su relación con la espacialidad: las fronteras de lo público y lo privado.

Una de las experiencias más interesantes en estos complejos habitacionales está vinculada al modo de habitar los denominados “espacios comunes”: palieres, frentes de los edificios, estacionamientos, espacios contiguos a las ventanas. Las fronteras entre los límites formales de la vivienda y lo que es el ámbito público son constantemente regeneradas y eclosionadas generando extensiones de los espacios y apropiaciones del lugar. Vemos que estos límites son los que traen ciertas conflictividades y que a su vez se vuelven claves a la hora de legitimar socialmente una tarea como trabajo o no. En este sentido, las mujeres, privilegiando el ámbito doméstico por ser aquel que les permite realizar las tareas de producción y reproducción a la vez, suelen ser quienes están a cargo de atender los locales que se arman como extensiones a la vivienda o de producir algún tipo de mercadería en sus hogares y vender luego en la feria que se arma al costado de las torres de departamentos. Frente a esto, se pone en cuestión no sólo qué se define por economía urbana y por la generación del valor, desdibujando por lo tanto la línea trazada entre lo productivo y reproductivo. Sino también entre lo que puede definirse como trabajo y lo que no, por ende, sobre los elementos que condicionan esta definición.

Hay un sujeto normal: el que gana un salario

Queda expuesta la dificultad que implica trasladar a una población imponiendo una nueva espacialidad “desde arriba” que no es en principio elegida ni construida -tanto material como simbólicamente- por quienes se asignan para habitarla. Este escenario sin embargo va sufriendo una metamorfosis con el correr del tiempo generando consecuencias visibles no sólo en las apropiaciones del espacio sino en los procesos de subjetivación apoyados en estas nuevas prácticas y experiencias. Es por ello, que resulta interesante la observación de complejos habitacionales como San Francisco y Padre Mugica, porque llevando más de cinco años relocalizados dejan expuestas abiertamente las contradicciones y tensiones que se suceden allí.

Como planteaba al inicio, las viviendas construidas por el IVC, departamentos en torres de hasta seis pisos, están pensados evidentemente desde los supuestos de la sociedad salarial. Donde el hogar está considerado un espacio de ocio, cuidado, de tareas reproductivas, pero jamás como ámbito productivo “Los hogares y los vecindarios de las clases trabajadoras fueron divididos entre los sujetos independientes, característicamente varones, sujetos a la seguridad social y los sujetos dependientes característicamente mujeres, sujetas a la ayuda social” (Denning 2011, p. 83). A su vez los límites entre los espacios privados y públicos están delimitados con claridad, bajo el supuesto de la feminización del primero y del hombre asalariado como protagonista del segundo (Gago y Quiroga). Estos supuestos impactan claramente en los diseños y las políticas urbanas generando espacios públicos que no tienen diseños aptos al cuidado colectivo y afectando directamente la economía de mujeres que deben asumir individualmente tareas de reproducción que previamente eran socializadas.

Tal como vimos, la calle y la vereda en sus barrios anteriores funcionaban muchas veces como extensiones y fusiones de los ámbitos público y privado, espacios de juegos compartidos y de cuidados que permitían estar en el centro comunitario en frente a la casa generando la cena que se compartiría a la noche, a su vez mirando a menores a cargo que juegan en la calle y cruzar al hogar en el caso de que alguien quisiera comprar algo por la ventana de la vivienda desde la que se atiende el almacén propio. Toda esta superposición de tareas resulta el eje de la reproducción de la vida de estas familias y esto mismo queda expuesto una vez que la nueva espacialidad que propone la relocalización ya no habilita este tipo de economía. Lo propio sucede en un barrio como Mugica con la tarea de recolección y reciclado de materiales, donde muchas familias reclaman espacios adecuados para sostener sus tareas a pesar de que admiten que al mudarse no lo exigieron porque creyeron que con las nuevas viviendas iban a poder tener un trabajo “normal”.

Esta expectativa, co-elaborada desde arriba y abajo, surge del supuesto de que una vivienda nueva trae aparejado una propuesta de trabajo formal, estable y por supuesto con un salario digno. Esto mismo hace que muchas personas que trabajan en la recolección de materiales reciclables juntando con sus carros y acopiando en los espacios comunes del predio hace más de cinco años, consideren su tarea como un trabajo transitorio, expresando que hacen esto “hasta encontrar algo mejor, un trabajo de verdad”. Esa verdad de lo que es y debe ser el trabajo, basada en una racionalidad de premisas neoliberales, que afirman al desempleo como una anomalía producto de un cálculo que incluye la valorización preferencial del ocio, tiene hoy consecuencias trágicas en la economía popular. A pesar de que en muchos casos ni siquiera se ha transitado por la experiencia de trabajo asalariado formal, la idea de lo normal está fuertemente cultivada, y es nociva en tanto pone las expectativas y estrategias en lugares de estigma y justificación, demorando la posibilidad de fortalecer otras formas de economía que amplíen la reproducción de la vida.

Resulta fundamental pensar entonces desde las prácticas consolidadas y exponer las múltiples formas de la economía y sus espacialidades, en un diálogo constante con colectivos y organizaciones que vienen pensando este sector en la región: “Las organizaciones de trabajadores del llamado sector informal han planificado su mundo no tanto a partir de su relación con la economía formal regulada por el Estado, sino en función de sus propios lugares de trabajo, especialmente la calle y la casa” (Denning 2011, p. 92). Tal como plantea el autor, refiriéndose al ejemplo de AMEA en India, en las ciudades donde abunda la vida sin salario es evidente que estos sectores ya no pueden pensarse como un ejército de reserva que en algún movimiento de ampliación del mercado tendrán una inclusión como trabajadores asalariados. La exclusión es sistemática pero las poblaciones se han fortalecido en estrategias económicas concretas, consolidadas y que muchas veces incluyen lo comunitario como un eje central con las mujeres como protagonistas. Tanto Padre Mugica como San Francisco exponen esto, generando fuertes fisuras desde las cuales pensar las definiciones de trabajo o de lo económico que sostienen a la política urbana, resignificando el vínculo con el Estado y fortaleciendo resistencias.

Reflexiones finales

Como vimos, las relocalizaciones son movimientos espaciales que implican impactos de carácter geográfico, económico y subjetivo. En el siguiente trabajo se abordó parte de la disputa que se genera en ese movimiento y cambio espacial desde distintos aportes conceptuales.

Se analiza cómo se trasladan las relaciones de poder y los estigmas signados en los territorios de origen y cuál es su impacto en los nuevos conjuntos urbanos. Volviendo a Massey en su apuesta por comprender los espacios como producto de relaciones sociales y de las identidades que cada lugar constituye, vemos que la trayectoria de varias familias que provienen de habitar barrios informales, excluidos de la urbanización en una ciudad como Buenos Aires, hacia nuevos conjuntos de vivienda implica por sí misma una tensión y reconfiguración de estas identidades. La disputa se da entre la propia identidad e historia que trae el espacio habitado anteriormente, que algunos buscan dejar atrás y que otros reivindican, y las expectativas propias del nuevo espacio: un conjunto de edificios en un barrio urbanizado. La experiencia muestra que los espacios urbanos no solo construyen relaciones e identidades sino también expectativas, producidas por los propios habitantes y también por los discursos sociales de las políticas públicas que los enmarcan.

En los dos casos abordados esto se expone de maneras distintas: en el caso del conjunto Padre Mugica son muchas las familias que trabajan con la recolección de materiales reciclables y que despliegan estrategias de compra venta de productos acopiados. Las discusiones citadas alrededor de las expectativas y lo que “debe ser” el trabajo dilatan un abordaje integral, en conjunto con los organismos que la “Causa Mendoza” responsabiliza por sus relocalizaciones, que construya una solución de largo plazo. Esto requeriría asumir que esas familias seguirán trabajando con la recolección y reciclado de materiales y que posiblemente se sigan sumando cada vez más habitantes del conjunto a esta actividad. Eso permitiría, por ejemplo, desarrollar estrategias para que en lugar de erradicar el acopio, pudiera construirse un espacio de guardado y clasificación contiguo a los edificios, donde cada cual pudiera tener su carro y sus materiales bajo llave y donde los organismos pudieran hacerse cargo de tareas como la fumigación o desinfección de la zona que pueda responder a los reclamos vecinales relevados. Por otro lado, en el caso de San Francisco vimos que el conjunto integra una población donde la mayoría reorganizó su vida alrededor de la nueva espacialidad y esto trae aparejado un rechazo unánime con la aparición de posibles propuestas comunitarias que están vinculadas a la identidad del territorio anterior.

Estas identidades no están definidas en un espacio vacío. Atraviesan perspectivas que tienen impactos transversales para las mujeres, para aquellos que no cuentan con un trabajo asalariado y para quienes aún siguen habitando territorios excluidos de la urbanización. Esto exige integrar algunas miradas de lo urbano con los análisis sobre quién es el sujeto de estas políticas que traen los estudios sobre economía popular y social.

Con este objetivo se incorporó la mirada crítica sobre De Soto, que permite comprender uno de los elementos centrales que aparece en esta disputa y rechazo: el vínculo con el Estado como el nuevo factor de antagonismo social. Esto último resulta relevante en tanto permite leer este movimiento local desde su diálogo con las relaciones de poder globales tal como lo plantea Massey (2008). En un escenario donde los discursos hegemónicos anti Estado crecen cada día en la política global, las manifestaciones locales de este tipo de fenómenos muestran hasta dónde llega la capilaridad de estas miradas. Abordar estas expresiones en el antagonismo social de cada territorio mediante sus condiciones materiales y espaciales, nos habilita a pensar cómo podríamos desandar estas miradas cotidianas, colaborando en la construcción de espacios habitables y dignos donde todas las formas de trabajo tengan lugar.

Bibliografía

Adrianzen, C. (2010). De Soto y la (im)posible apuesta por un neoliberalismo popular, en Cultura política en el Perú: tradición autoritaria y democratización anómica. Lima. Red para el Desarrollo de las Ciencias Sociales

Denning, M. (2011). Vida sin salario, en New Left Review 66.

De Soto, H. (1987). El otro sendero: la revolución informal, Lima: Libertad y Democracia, 1987 (prólogo de Vargas Llosa).

Gago, V. (2014). La razón neoliberal. Economías barrocas y pragmática popular. Buenos Aires. Tinta Limón. (págs. 9-25)

Gibson-Graham, J. K. (2005). La construcción de economías comunitarias: las mujeres y la política de lugar en Escobar, A. y Harcourt, W. (eds.). Las mujeres y las políticas de lugar. México. UNAM. (Págs. 147-174).

Massey, D. (2008). Geometrías internacionales del poder y la política de una «ciudad global»: pensamientos desde Londres. Conferencia en Cendes.

Quiroga, N. y Gago, V. (2017). Una mirada feminista de la economía urbana y los comunes en la reinvención de la ciudad en Carrasco Bengoa, C. y Díaz Corral, C. (eds) Economía feminista, desafíos, propuestas, alianzas. Editorial. Entrepueblos