Ensayos

La autonomía en las universidades públicas de cara a la nueva ley orgánica del CONAHCYT

Autonomy in public universities in light of the new organic law of CONAHCYT

Araujo González, Luis Ángel

Luis Ángel Araujo González

araujo.gonzalez1708@gmail.com

Secretaría de Educación Pública México

D’ Perspectivas Siglo XXI

Campus Universitario Siglo XXI, México

ISSN-e: 2448-6566

Periodicidad: Semestral

vol. 11, núm. 22, 2024

dperspectivas@cus21.edu.mx

Recepción: 24 Marzo 2024

Aprobación: 27 Abril 2024

URL: http://portal.amelica.org/ameli/journal/738/73850157385015005/

DOI: https://doi.org/10.53436/72wJnR64

Campus Universitario Siglo XXI

License Creative Commons
Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial 4.0 Internacional.

Modelo de publicación sin fines de lucro para conservar la naturaleza académica y abierta de la comunicación científica

ePub generado a partir de XML JATS4R

Resumen: El objetivo de este ensayo es analizar la tergiversación de la autonomía en las universidades públicas de México gestionada por sus autoridades, tras la entrada de la Ley General en Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación en mayo de 2023. El ahora renombrado Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (Conahcyt) implementó nuevas reglas para que las instituciones que buscan colaboración y financiamiento con él se comprometan a reducir las colegiaturas de sus programas de estudio. Esta medida responde a demandas de estudiantes que desean usar sus becas para otras necesidades, no solo para pagar el derecho de su admisión y permanencia en el plan de estudios que aspiran cursar. Los lineamientos del Conahcyt pretenden también ser más flexibles para que los estudiantes puedan trabajar; ofrecen apoyos especiales a estudiantes con una familia propia y alientan líneas de investigación con mayor compromiso social. Dichas reformas han hecho que algunas universidades acusen al Conahcyt de interferir directamente con su autonomía y de implementar una serie de recortes al presupuesto de investigación. Por eso, este ensayo funge como una antítesis de estas críticas, sostenidas por las autoridades universitarias, ya que se busca demostrar que, en realidad, estas persiguen el control hegemónico de las escuelas superiores y de su condición de autonomía para justificar sus intereses particulares.

Palabras clave: Conahcyt, posgrados, universidades públicas, autonomía universitaria, educación.

Abstract: The aim of this essay is to analyze the distortion of autonomy in public universities in Mexico managed by their authorities, following the implementation of the General Law on Humanities, Sciences, Technologies, and Innovation in May 2023. The newly renamed Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (Conahcyt) implemented new rules requiring institutions seeking collaboration and funding from it to commit to reducing tuition fees for their study programs. This measure responds to student demands to use their scholarships for other needs, not just for paying the fees for admission and continued enrollment in the study programs they aspire to pursue. Conahcyt's guidelines also aim to be more flexible, allowing students to work, offering special support to students with families, and encouraging research lines with greater social commitment. These reforms have led some universities to accuse Conahcyt of directly interfering with their autonomy and implementing a series of cuts to the research budget. Therefore, this essay serves as an antithesis to these criticisms upheld by university authorities, as it seeks to demonstrate that they actually pursue hegemonic control over higher education institutions and use the condition of autonomy to justify their particular interests.

Keywords: Conahcyt, posgraduate degrees, public universities, university autonomy, education.

Introducción

Durante el año 2023, algunas reestructuraciones y cambios hechos por el gobierno del presidente López Obrador, que más suspicacias, controversias y desinformación generaron en la opinión pública, fueron sobre la antigua ley orgánica que regía al Consejo Nacional para la Ciencia y la Tecnología (Conacyt), una institución pública autónoma que durante sus primeros 53 años de funcionamiento se encargó de concentrar y financiar a la comunidad científica y estudiantil de nivel superior y posgrado que representan a la nación mexicana; aunque los beneficiarios, cabe aclarar, no eran exclusivamente mexicanos, ya que el Conacyt apoyaba también a estudiantes y científicos extranjeros. Así mismo, dicha instancia de una manera más discreta se encargaba de respaldar el desarrollo e investigación de las áreas de las ciencias sociales y las humanidades.

Para comprender el origen de esta institución es necesario hacer un breve repaso histórico. En el año de 1970, la administración del presidente Luis Echeverría dirigió un plan de Estado que buscaba una amplia inversión para el descubrimiento y la explotación de nuevos y grandes yacimientos de petróleo en aguas profundas del Golfo de México, con estos pretendidos hallazgos de combustible fósil se pronosticaba que México encontraría una segunda etapa de su Milagro mexicano, con la cual podría tener el impulso necesario para dejar atrás su condición de una nación en vías de desarrollo y convertirse en un país de primer mundo.

Bajo esa fe y ánimo puestos en el futuro planteado de aquella época, fue como se fundó el Conacyt, en aquel mismo año, concebido como una entidad pública federal con el propósito de impulsar, financiar, reunir y reconocer a toda la comunidad científica del país. Esto bajo programas de apoyo económico y académico para motivar y costear los avances de la ciencia y tecnología en beneficio de la nación:

Echeverría impulsó la política científica y tecnológica mediante la planificación y su gobierno planteó sus prioridades de acuerdo a las necesidades del desarrollo, para mejorar las condiciones de vida con autodeterminación. Se buscó que el Conacyt le diera más forma a las actividades de los científicos a través del financiamiento para los proyectos de investigación, creación de infraestructura y becas. (Jiménez, 2022)

Esa nueva institución tenía como misión fomentar la formación de nuevas generaciones de estudiantes con las aptitudes y la pasión necesarias para cubrir los roles de investigadores y profesores enfocados en la ciencia y la tecnología, los perfiles con mayores y mejores competencias tendrían también la oportunidad de ser tomados en cuenta dentro de un programa que se creó algunos años después de que entrara en operaciones el Conacyt, el Sistema Nacional de Investigadores (SNI), forjado con el propósito de financiar de forma continua las líneas de investigación, alentar a sus miembros a permanecer en los centros educativos de México, y evitar de este modo la fuga de talentos en busca de mejores condiciones laborales fuera de la República, ya que esto:

alude a la movilidad laboral de los científicos mexicanos hacia diversas partes del mundo, dada la falta de oportunidades laborales y la baja remuneración académica dentro del país. La creación del SNI representaba la oportunidad de establecer una política que resultara en la permanencia de los investigadores mexicanos dentro del territorio, de tal forma que los productos de los investigadores trajeran beneficios que se reflejarían en competitividad económica para el país. (Jiménez, 2019, p. 82)

Del mismo modo, tiempo después de la creación de este sistema, de una forma más sutil y discreta, los apoyos económicos empezaron a incluir también al rubro de las ciencias sociales y las humanidades; se proporcionaba como un formalismo para presentar un ficticio equilibrio en el apoyo y el desarrollo del conocimiento en ambas áreas, hasta la entrada de la ya mencionada del 2023, porque a pesar de las pocas reformas realizadas a lo largo de la primera mitad de siglo de existencia de este organismo, la prioridad seguían siendo las ciencias naturales y exactas.

Desarrollo

Como se estipula al inicio del presente trabajo, la administración del presidente López Obrador impulsó una nueva ley orgánica para el Conacyt, la cual fue aprobada por el H. Congreso de la Unión y se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 8 de mayo de 2023. En estos preceptos se introdujeron varios cambios significativos en dicha institución pública, uno de los más notables fue la inclusión de las humanidades en su nomenclatura y siglas, por lo que ahora se llama oficialmente Consejo Nacional de las Humanidades, Ciencia y Tecnología (Conahcyt).

Con esta nueva reglamentación quedaron asentados en varios artículos y secciones un reconocimiento tácito y un papel protagónico para las humanidades en las diversas áreas del quehacer científico y tecnológico nacional. Esto abarca no solo cuestiones, problemas o reflexiones comúnmente asociadas a las ciencias sociales, sino que también marca el inicio de una nueva era de inter y transdisciplinariedad en el conocimiento: en la investigación y la divulgación.

XVIII. La construcción y desarrollo de una cultura humanística, científica, tecnológica y de innovación basada en el rigor epistemológico, el diálogo de saberes, la producción horizontal y transversal del conocimiento, la pluralidad y equidad epistémicas, la interculturalidad, el trabajo colaborativo y la reivindicación de las humanidades, así como comprometida con la ética, los derechos humanos, la preservación, restauración, protección y mejoramiento del ambiente, la protección de la salud, la conservación de la diversidad biocultural del país y el bienestar del pueblo de México;

XIX. La inclusión social mediante el diseño e implementación de acciones afirmativas que contribuyan a la equidad social y a la reducción de las desigualdades sociales, culturales y económicas, en las actividades de humanidades, ciencias, tecnologías e innovación. (Ley General en Materia de Humanidades, Tecnologías e innovación, 2023, art. 11)

Esta inter y transdisciplinariedad tienen como objetivo la formación de un nuevo perfil del beneficiario al cual el Conahcyt reconoce y brinda apoyos. En teoría, se espera el desarrollo de un académico distinto, no como el de antes, condicionado por la productividad y la meritocracia; se pretende ahora la educación y el financiamiento de investigadores con conocimientos tanto de las áreas de ciencias naturales y fácticas como de las ciencias sociales y humanidades, es decir, se busca que las reformas sirvan para consolidar científicos con conciencia social y criterio ético, de equidad de género y de no discriminación.

Sigue siendo importante que el estudiante y el investigador entreguen resultados tangibles en sus áreas de estudio, por ejemplo, la publicación de artículos en revistas especializadas, libros, capítulos de libros, la dirección de trabajos de titulación, algún modelo de innovación tecnológica, una nueva patente, un estudio desconocido o los resultados de prácticas y experimentos; pero ahora no solo se le piden al investigador resultados y destrezas utilitaristas; en esta nueva etapa del Conahcyt también es importante la producción sobre temas sociales, los cuales, aunque no son tangibles del mismo modo que los resultados en áreas de tecnología y ciencias duras, serán latentes a mediano plazo ya que los problemas filosóficos, éticos, psicológicos o antropológicos necesitan de un proceso de estudio, debate, de adopción y transmisión a través de la educación para que, paulatinamente las reflexiones e ideas en estas materias puedan llegar a la mayoría de los individuos de una sociedad, principalmente dentro de las aulas.

Como ejemplo de algunas líneas que hay que robustecer en estas áreas del conocimiento están: cultura de la paz, bioética, transhumanismo y posthumanismo; se debe reivindicar al pensamiento crítico y la riqueza cultural e intelectual de los pueblos originarios, así como de otros sistemas epistémicos, gnoseológicos y éticos distintos de los modelos eurocéntricos.

Si bien, todo panorama de cambio implica ciertas dudas y desconfianza, por el temor de no estar haciendo lo correcto, lo cual es una reacción natural en lo que respecta a la condición humana, en el caso de estas nuevas leyes del Conahcyt, desde el inicio, la comunicación y su recepción ha sido recibida de manera antipática y llena de dudas hacia estos cambios, por parte de una considerable mayoría de medios de comunicación, líderes de opinión y, como consecuencia, por un sector importante de la vox populi mexicana.

Estos detractores se han encargado de crear y alimentar un estigma sobre este nuevo Conahcyt, lo describen como un sinónimo de recortes o extinción de recursos en los programas y becas, so pretexto de la dieta fiscal de la administración “obradorista”, la autodenominada “austeridad republicana”. Tildan a estas normas de haber sido reconfiguradas maquiavélicamente como una estrategia de dominio ideológico; pues estas voces de oposición suelen manejar el discurso de que el gobierno de López Obrador es el reflejo de su personalidad obtusa y que pretende mermar a la comunidad científica y académica, para ya no tener detractores y hacer con estas normas del nuevo Conahcyt un aparato de condicionamiento ideológico para formar una sociedad manipulable a sus intereses; de este modo el presidente podrá asentar su dictadura, similar a las de Venezuela y Cuba.

Como refutación a estos argumentos que presentan los detractores de los cambios de esta instancia, se inspecciona un poco del pasado Conacyt para ver que antes sí se manejaba de forma tendenciosa, pues existe evidencia de que se destinaron fondos y apoyos sin declarar conflictos de interés. Se menciona un caso: las investigaciones periodísticas de Contralínea, (Flores, 2023) y Sin embargo (Delgado, 2021) en las que se hace mención de que la empresa privada de Kimberly Clark, del empresario Claudio X. González, amigo cercano de los expresidentes Calderón y Peña Nieto, durante esos sexenios, recibió cuantiosos fondos de dicho Consejo, para una supuesta investigación en procesos industriales, como el desarrollo de pañales y papel higiénico.

Ahora bien, en esta nueva ley del Conahcyt no hay nada que sugiera o aluda a una disminución o recorte premeditado en sus fondos y presupuesto. De hecho, en ella queda asentado de manera muy clara que la asignación de los recursos depende del resultado del ejercicio fiscal que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público realice a cada año.

Artículo 30. En el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación se debe considerar el presupuesto destinado a humanidades, ciencias, tecnologías e innovación, en términos de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal al formular su anteproyecto de presupuesto considerarán las previsiones para fomentar, realizar y apoyar actividades en materia de humanidades, ciencias, tecnologías e innovación, en términos de lo previsto en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como de conformidad con el Programa Especial. (…)

El monto anual que se destine a la investigación humanística y científica, el desarrollo tecnológico y la innovación no podrá ser inferior a lo aprobado en el ejercicio inmediato anterior, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables. (Ley General en materia de Humanidades, Tecnologías e innovación, 2023, art. 30)

Sin embargo, la reflexión principal sobre la que interesa disertar en este trabajo parte de la controversia que se ha generado de si con sus reglas, el Conahcyt interfiere y merma a la autonomía de las escuelas superiores que tienen subvenciones de esta institución.

Se explica esto con mayor detalle. Una de las novedades principales de estos cambios en el Conahcyt es que existe ahora una categorización para los programas de posgrado que toma como base el compromiso de los centros educativos para garantizar que esos mismos sean gratuitos a corto y mediano plazo para todos los estudiantes interesados en continuar con su preparación académica.

Álvarez Buylla dijo que ya no se utilizarán los recursos públicos para promover la privatización de los posgrados de manera “selectiva y destructiva”, aseguró que en el pasado dos terceras partes de la matrícula de posgrados (64% contra 36%) estaban privatizados, en contraste, el 90% del quehacer formativo en ciencia se lleva a cabo en las instituciones públicas, acusó que se favorecieron áreas “enfocadas al lucro”, esto a costa de otras disciplinas “este fue un ataque permanente y fuerte a favor del debilitamiento de los posgrados en ciencias”.

De manera particular dijo que en educación hay muchos posgrados de “cuestionable calidad” enfocados en fortalecer la “mal llamada reforma educativa, es decir la privatización de la educación” y que áreas como administración, finanzas, mercadotecnia y comercio internacional fueron favorecidas de manera indiscriminada. También ciencias ambientales y sustentabilidad “con un enfoque muy privatizador”.

De acuerdo con la directora de Conacyt, el anterior programa PNPC “mostró una centralidad en la productividad académica, desvinculó la investigación científica de la atención de los problemas nacionales y el avance genuino del conocimiento y se convirtió en un objetivo de cuantificación productivista”. Dijo que dejó de ser un tema con pertinencia nacional, con relevancia de Estado, para convertirse en un instrumento que desvirtuó lo académico y lo público, “se privatizó el ejercicio de la formación de posgrados”.

Agregó que esto generó, salvo algunas excepciones, la concentración de investigaciones en grupos que “terminaron por desvirtuar el sentido y razón de ser de la investigación científica, así como la importancia de la innovación y desarrollo tecnológicos”. Por eso ahora se trata de un “viraje de timón” al desvincular el otorgamiento de becas a través del PNPC y promete un programa que “permita alcanzar la cobertura universal de apoyos para estudiantes de posgrado (maestría y doctorado)”. (Toche, 2022)

Si bien, aunque desde un punto de vista técnico, esta institución interfiere en el rumbo de la vida académica de las escuelas a las que asiste y colabora y pone condiciones que parece que merman la autonomía de aquellas instituciones que hoy se oponen públicamente al reglamento del Conahcyt, es apenas que con esta nueva ley no se continúa con las anteriores directrices de corte neoliberal con las que se llegó a dirigir el antiguo Conacyt. Parece también que actualmente las autoridades educativas de las escuelas que se identifican como afectadas por estos cambios han incrementado la exposición y la preocupación por la vulneración a la autonomía institucional.

La configuración del Conahcyt tomó por sorpresa a la mayoría de las escuelas que se benefician de él, fueron abruptas las afectaciones que recibieron al quitarse el criterio de PNPC e introducirse el sistema de categorías. No hay duda sobre estas intervenciones directas a la autonomía de las escuelas de nivel superior, pero tampoco hay que dejar de lado que ya habían ocurrido desde anteriores administraciones y, si hay que ser congruentes con las quejas, en aquel entonces se tuvieron que haber hecho las críticas y los llamados para defender la autonomía y las autoridades tuvieron que haber conformado un consistente bloque opositor a las normas de evaluación de la calidad educativa provenientes del viejo Conacyt y su PNPC.

Las reglas descritas bajo valores neoliberales de efectividad/productividad impuestas a las escuelas de nivel superior, por un periodo considerable, las han hecho desdibujar su esencia de ser espacios dedicados a la crítica, a la reflexión y a la preservación y estudio de toda la cultura humana; desde la coacción del término “calidad en la educación”, se las ha sometido a una reconfiguración para que estas se parezcan cada vez más a una empresa.

En el marco de la reestructuración productiva y económica que siguió durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994), la cual presentaría como el proceso de modernización del país, se instituyó el exhaustivo escrutinio del cual ha sido objeto la educación a nivel superior. Se crea, entonces, en 1991, el Padrón de Programas de Posgrados de Excelencia (pe) que, posteriormente, cambiaría a Padrón Nacional de Posgrados de Calidad (pnpc), por medio del cual el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) ha brindado reconocimiento a los programas de posgrados; más aún, se convirtió en el medio por el cual se les ha otorgado financiamiento. Sin embargo, la visión del Ejecutivo mantuvo la clara impronta del mercado y las políticas macroeconómicas dictadas desde Washington. (Pastrana y Rosas, 2017, p. 186)

Varias escuelas de educación superior perjudicadas con los cambios trataron de renegociar el apoyo y una nueva revaloración lo más pronto posible, comprometiéndose a adoptar las nuevas reglas de operación de esta institución. No obstante, también ha habido resistencia de otras más al no querer reconocer que los costos de sus colegiaturas son muy altos y que, estas altas tarifas, en vez de justificarse administrativamente para hacer con este dinero una correcta inversión o abonar en los planes de estudios que ofrecen, son como una suerte de filtro, que funciona bajo esta razón: paga el que puede y estudia a quien le alcanza.

Esta es la política establecida por el neoliberalismo: de elitismo y exclusión. En el caso de los servicios de educación alcanzan solo a aquellos que los pueden pagar; la educación pública (que tampoco es gratuita y general), bajo sus propios procedimientos, también es excluyente y su elitismo se ve arropado por sus prácticas oscuras y enmascaradas. ¿Cómo salir de esta situación? Paradójicamente, solo con educación. (Esquivel, 2022, p. 39)

Pero ¿realmente toda la comunidad estudiantil avala la negativa de que su plan de estudios llegue a ser gratuito porque sus autoridades universitarias arguyen que al oponerse a este efecto de la nueva ley del Conahcyt están defendiendo su autonomía, aunque eso conlleve a seguir pagando altas cuotas de colegiaturas? ¿La toma de decisiones de la vida universitaria obedece a un claro ejercicio democrático que incluye a toda una comunidad universitaria, o actualmente solo la autonomía recae en ciertas autoridades universitarias como el Rector, los directores de las Facultades y los consejeros universitarios?

Una buena mayoría de los estudiantes de escuelas de nivel superior diría que no está de acuerdo con la renuencia de sus autoridades académicas a bajar las tarifas de inscripción y reinscripción; también expondrían cómo sus universidades eligen a sus autoridades, con métodos de dudosa democracia, como el que se presente un candidato único para el puesto en supuesta contienda ¹ o que vote solo el consejo universitario, con lo cual el resto de la comunidad estudiantil no se siente identificado, como en el caso de la UNAM donde se ha buscado que la elección de las autoridades universitarias sea mediante el voto universal de toda su comunidad (Sánchez, 2019).

Pero retomando al estudiante promedio de posgrado, este ha tenido que enfrentar numerosas dificultades al tratar de adecuar su perfil profesional a las reglas de operación de estos programas de estudio. Las mismas que han sido establecidas en el consenso más particular y arbitrario por parte de sus autoridades educativas y claustros. Por ejemplo, al aspirante se le pide cierta solvencia económica no solo para las cuotas de inscripción y reinscripción sino también para trámites, cursos, diplomados, credencialización, uso de instalaciones, etc., o bien que por otra parte se le dé mayor preferencia solo por sus contactos, el apellido familiar o por sus preferencias políticas, religiosas o sexuales.

Entre las quejas y problemas más comunes que afectan a este sector estudiantil, en primer lugar, se encuentran las trabas que les ponen para poder estudiar y trabajar simultáneamente. A menudo, quienes están a cargo de las admisiones rechazan el perfil de estos solicitantes con el argumento de que en ellos hay una menor capacidad de compromiso en el programa de estudios y en las labores de investigación que tendrán que realizar. Si bien, en este argumento hay cierta validez para rechazarlos, también hay una interpretación incompleta de las condiciones sociales de los aspirantes a continuar con sus estudios.

En la mayoría de los casos, cuando un estudiante quiere estudiar y trabajar, no lo hace por ambición, sino porque la beca no es suficiente para mantenerse liberado de presiones económicas y enfocarse solo en sus estudios y labores de investigación. Pues si está en una escuela en donde tiene que pagar altas colegiaturas, en donde se le va la mayoría del monto de su beca, a este no le quedará más que buscar un ingreso extra para cubrir las demás necesidades que toda persona, estudiante o no, tiene día a día: alimentación, vivienda, vestido y transporte.

Si no puede satisfacer estas necesidades básicas debido a la falta de recursos, ¿cómo puede esperarse que se canalicen todas las energías y motivación en objetivos académicos, cuando la incertidumbre e incluso el hambre se suman a las preocupaciones cotidianas?

En segundo lugar, aunque no se expresaba explícitamente en las reglas de operación del antiguo Conacyt, ni en las convocatorias de admisión de las universidades públicas en sus programas de posgrado, era bien sabido que un criterio excluyente para ingresar o permanecer en un programa de posgrado con el apoyo del antiguo Conacyt era la situación familiar. Las madres y padres de familia veían disminuidas sus probabilidades de ser admitidos o permanecer en los posgrados debido al prejuicio de que la crianza de hijos los hacía menos aptos o capaces para terminar el plan de estudios, cubrir los objetivos académicos o de investigación de sus estudios o estancias de investigación. Aquello a lo que los padres aspiraban, a un desarrollo más pleno, tanto para ellos como para su proyecto de vida en familia, a menudo por todos estos prejuicios, quedaba truncado.

En tercer lugar, uno de los problemas más complejos de abordar es acerca de la desconexión social y la falta de oportunidades laborales que tienen algunos programas de posgrado, de los cuales, en la práctica, el estudiante que egresa no nota una mejoría en sus posibilidades de encontrar un buen empleo: “El reconocimiento social y laboral exclusivo de las universidades cada vez está [más] cuestionado porque contar con el título ya no constituye una garantía de ascenso social” (González, 2022, p. 159).

Se ha vuelto común que diversos sectores del mundo laboral por antonomasia rechacen al egresado de un posgrado solo porque está “sobrecalificado”. Esta situación plantea un problema importante que debería atender y preocupar a las universidades e instituciones que brindan este tipo de posgrados con pocas ofertas laborales y que de manera irresponsable y desligada arrojan a la deriva a sus egresados a un mercado laboral con ofertas inexistentes para ellos.

Para concluir con esta parte trabajo y con respecto al problema de la autonomía de las universidades públicas frente a la nueva ley del Conahcyt, se estipula que, lo que ellas argumentan y defienden en la actualidad, ha dejado de ser una autonomía institucional genuina.

Ahora el Conahcyt, con esta reformulación en su ley general ha sido la que ha dado los primeros pasos para abordar los reclamos y corregir los errores de su pasado padecidos por los estudiantes de posgrado durante años. A través de esta ley está tratando de establecer un nuevo principio de una educación superior que sea gratuita, humanista y plural. Con ello se busca corregir el desdibujamiento de la universidad que, como se hizo mención previamente, cada vez la orillaban a parecerse más a una empresa.

Sobre lo dicho respecto a que las universidades tienen que ser sitios donde se preserve y se estudie a toda la cultura humana, en la nueva ley del Conahcyt se contempla a México como un crisol formado por numerosos pueblos originarios, comunidades de migrantes y minorías sistemáticamente omitidas y oprimidas por el sistema globalizado y capitalista y en el que todos, sin excepción, merecen reconocimiento y atención.

IV. Buscarán reducir las desigualdades sociales y económicas en las distintas regiones del país; Incluirán la equidad y perspectiva de género, los enfoques interculturales, de territorialidades y de derechos humanos, así como la responsabilidad ética, social y ambiental […]

V. Fomentarán en las actividades de humanidades, ciencias, tecnologías e innovación el rigor epistemológico, la igualdad y no discriminación, la inclusión, pluralidad y equidad epistémicas, la interculturalidad, el diálogo de saberes, la producción horizontal y transversal del conocimiento, el trabajo colaborativo, la solidaridad, el beneficio social y la precaución. (Ley General en Materia de Humanidades, Tecnologías e Innovación, 2023, art. 10, frac. IV-V)

En sí, el nuevo Conahcyt busca ser una antítesis de su pasado neoliberal, donde solo se financiaba la investigación con fines tecnológicos y científicos rentables. El apoyo a unos cuantos o la creación de dudosos programas de estudio o investigaciones que carecían de fundamentos reales, pero que aun así recibieron cuantiosos apoyos económicos por parte de las administraciones previas, es un problema que aún el SNI mantiene, por lo que se considera necesario revisar y corregir sus vicios y sus errores, principalmente en su sistema basado en la meritocracia, un yugo pasivo para el investigador promedio:

En aras de mantenerse laboralmente activos, los investigadores luchan por desarrollar su trabajo, no con el apoyo del Estado, sino a pesar de las limitaciones del Estado. En esa dinámica, la exigencia que el investigador se da a sí mismo para producir lo que el Estado desea se hace sin coerción o presión aparente; no se debe olvidar que la participación en el SNI es voluntaria. (…)

Si, como analogía, se considera al Estado como el empleador y a los investigadores como los empleados (en términos dialécticos se les llamaría el amo y el esclavo), en este traspaso de responsabilidades laborales, ahora el empleado trabaja para el prestigio del empleador sin compromisos para este último. El esclavo trabaja ahora bajo su propio yugo sin ser consciente de su condición o, lo que es lo mismo, trabaja con base en la meritocracia. En términos hegelianos, el reconocimiento mutuo entre el esclavo y el amo permite que cada uno de ellos construya su identidad. Bajo este paradigma meritocrático del SNI, tal reconocimiento es inexistente, por lo que el poder de dominación del amo es absoluto, sin que el esclavo sea consciente de ello. (Jiménez, 2019)

Situación contraria es cómo aún se quieren seguir conduciendo varias universidades alrededor del país, todavía bajo modelos y valores neoliberales que, en la praxis, ejercen un sistema de injusticia para la mayoría de su comunidad estudiantil, la formación académica ha perdido rigor y valor crítico, se priorizan ahora más criterios cuantitativos, de imagen pública y de experiencia positiva o satisfactoria que pudieran generar. Muchas líneas de investigación siguen fuertemente condicionadas a la entrega de resultados rentables, numerosos espacios universitarios están tomados por grupos ajenos a la comunidad estudiantil activa, como la situación de los “porros” en la UNAM o el IPN, entre otras situaciones. Ante el escrutinio o los legítimos cuestionamientos de cómo y cuándo darán una solución a los problemas, los directivos educativos en función han encontrado en la tergiversación del valor de la autonomía su excusa para justificar la inacción o el deslindamiento de responsabilidades.

Una de las primeras indagaciones filosóficas sobre la autonomía universitaria, y acaso la de mayor trascendencia histórica, es la reflexión de Immanuel Kant en El conflicto de las facultades de 1798. Releído y discutido a lo largo de la historia del pensamiento, es una respuesta contextual a las dos macro instituciones que amenazaban la libertad de pensamiento y la autonomía científica de la universidad a fines del siglo XIX –autonomía que, es cierto, Kant reserva fundamentalmente para la Facultad de Filosofía, a distancia de la Teología, el Derecho y la Medicina–: la Iglesia, por un lado, y el Estado por otro. Instituciones que durante siglos confrontaron con la libertad científica y con la autonomía universitaria –a veces como aliados de la misma, también es cierto–, pero que rediscutiendo a Kant, hoy también han dejado lugar principal a otros modos de control y dilución de la autonomía, por parte de instituciones bien distintas. (Tatián y Vázquez, 2018, p. 23)

Restituir el valor de la autonomía en una institución, y en la persona también, no se logra a expensas de las intenciones o la voluntad de alguien más. La autonomía, parafraseando a Kant: es una ética de la buena voluntad en primera persona, por lo tanto, esta se debe de reafirmar con un proceder ético, racional, crítico, pedagógico y democrático de todos los que son parte de una comunidad universitaria. La autonomía no es una cuestión innata, dada porque sí, ni es incorruptible a pesar de todas las buenas acciones, este valor es uno que está en constante estado de cambio, crece o disminuye de acuerdo con la buena voluntad de quienes la ejercen.

Hay conceptos (jurídicos, políticos, científicos) que nacen, crecen y se desarrollan siempre en tensión. Pareciera un defecto, una falta (de rigor, de arraigo), pero es quizás también símbolo de una cierta vitalidad. Tal es el caso de la autonomía universitaria. Esa tensión, en esos conceptos, es inerradicable; ello no implica que pueda fluctuar más hacia un lado o hacia el otro de los extremos de la tensión, de acuerdo al momento histórico, al actor político que la utilice, o al contexto científico que busque asirla. Tampoco encuentra en ningún polo una pureza absoluta: para el caso de la autonomía ni la dependencia más férrea a un poder instituido ni la separación con pretensiones de soberanía. (Tatián y Vázquez, 2018, p. 15)

Esta potestad no debería ser solo letra muerta en las leyes universitarias, ni ser solo una nomenclatura en el nombre de estas instituciones, ni una frase que quede bien en los discursos de las autoridades de estas máximas casas de estudio, cada que una ocasión ceremoniosa así lo requiera. “La autonomía no es una idea abstracta, es un ejercicio responsable, que debe ser respetable y respetado por todos” (Monsiváis, 2004).

En la actualidad, el autogobierno de las universidades públicas enfrenta una grave crisis, esta situación ha sido provocada principalmente por gestiones corruptas, intereses de unos cuantos, nepotismo, una abismal e injusta diferencia entre los salarios de las autoridades y los de profesores, administrativos y el personal; también por las oportunidades para unos cuantos favoritos para promociones y ascensos; por la violencia de género; por procesos de democracia simulada al momento de elegir rectores, directores de facultades y consejeros universitarios. Por no brindar oportunidades al verdadero talento académico y de investigación para poder llegar a ocupar un cargo en la docencia o para pertenecer al alumnado; por la justicia simulada cuando hay situaciones como el plagio en los trabajos académicos de titulación, porque estas instituciones por años han fungido como el refugio o centro de mando de diversos políticos, quienes las emplean como un trampolín para alcanzar sus próximas ambiciones políticas o para anclarse a las cúpulas más altas de su administración.

Pero, sobre todo, una de las prácticas que más ha erosionado a la autonomía universitaria versa sobre cómo dichas escuelas maquillan su calidad educativa comprando calificaciones de rankings universitarios, las cuales se destacan con orgullo y algarabía en los discursos oficiales de los directivos educativos ante la opinión pública. Las posiciones que otorgan estos organismos externos exigen a cambio adoptar sus reglas de operación que, sin oposición, las autoridades universitarias aceptan y las imponen al resto de su comunidad. Esto, una vez más, es un claro ejemplo de la corrupción de la autonomía en las universidades que operan de este modo.

Ante este panorama de erosión de la autonomía universitaria, es que se reitera porqué la nueva ley del Conahcyt vino a ser un espejo que les mostró a varias universidades un reflejo incómodo en donde constataron que, en los últimos tiempos, ellas mismos han sido los principales artífices de los problemas y las injusticias del estudiante en general, lejos de ser su solución o el lugar donde el estudiante se sienta seguro y respaldado, han tomado el rol protagónico de haberse vuelto en un opresor estudiantil.

Reflexión final

La crítica al proceder de las universidades es su intento de blanqueamiento ante la opinión pública, su incapacidad de autoexamen y que les sea más cómodo responsabilizar al gobierno (o a los que consideran son sus detractores) de su crisis, tanto de valores como económica, pero en la opinión de estas escuelas es el Conahcyt el que afecta su autonomía y, aunque técnicamente tienen razón, no hay que dejar de lado que, en la actualidad, también ha amainado por la mala praxis de sus administraciones.

Los estudiantes y los demás miembros de las universidades interesados en lograr cambios reales dentro de sus instituciones tienen que dar un paso enfrente y hacer valer su derecho y obligación como personas, del ejercicio de su autonomía. Aquellos que estén inconformes, en conjunto tendrán que recuperar ese auténtico estatus y valor kantiano, con el cual las universidades se regían cuando adoptaron dicha potestad; habrá que hacerlo a sabiendas de que el modelo ético de Kant es estricto y requerirá un cambio de actitud de todos los interesados dentro de la comunidad universitaria, ya que habrá que asumir nuevas responsabilidades sociales dentro y fuera de las aulas. Hay que tener presente que, si se exige justicia a las autoridades de las escuelas de nivel superior, también en las propias obras y actos se ha de procurar actuar con esa misma rectitud, pues este principio es una de las reglas del imperativo categórico del oriundo de Königsberg: hay que obrar de modo que nuestro actuar en algún momento dado pueda ser visto como un parámetro a seguir por los demás.

Quienes se identifican como universitarios no deberían suponer que el objetivo único de su educación es solo el de buscar un empleo o generar algún emprendimiento lucrativo, sino que el acceso a la educación y la posibilidad de seguirse preparando en la academia conllevan a asumir una conciencia social y un compromiso ético y empático con los demás. El universitario no puede quedarse en un estado de conformidad y de esfuerzo mínimo, tiene que reasumir su papel dentro de la sociedad como un agente de cambio, un personaje que orienta, apoya, educa, discute, reflexiona y crítica la vida política y que le interesan los problemas actuales. De este modo, también quedarán asentadas las diferencias entre un universitario en pleno ejercicio de su autonomía y una autoridad que solo en el discurso pretende jactarse con este valor.

Con este contraste y con el apoyo de una sociedad más involucrada e identificada con las causas del estudiante universitario, debido a su presencia y apoyo, los corruptos dejarán de tener espacios y serán desplazados por haber desdibujado durante años este valor dentro de las escuelas de nivel superior. Esta no es una labor sencilla, ni pronta y expedita, llevará tiempo, avances y retrocesos, pero, requiere de un inicio y de la buena voluntad de quienes sí acepten y quieran ser agentes activos de estos cambios.

Referencias

Ad Noticias. (4 de mayo de 2021). 20 años de candidaturas únicas para rector en la UAEMéx. AD Noticias. https://adnoticias.mx/20-anos-de-candidaturas-unicas-para-rector-en-la-uaem/#google_vignette

Delgado Gómez, Á. (1 de noviembre de 2021). Un regalo para Claudio X. Calderón usó Conacyt para darle 36 millones a González Laporte y a Kimberly Clark. SIN EMBARGO. https://www.sinembargo.mx/01-11-2021/4049337

Esquivel Estrada, H. (2022). Universidad para el siglo XXI. Autonomía y democracia. En Salvador Benítez, J. [Coord.]. Pensar la Universidad: Autonomía, conciencia histórica e incertidumbre actual. UAEMéx.

Flores, N. (5 de agosto de 2023). Desde el Conacyt, Calderón benefició a Kimberly Clark: Álvarez-Buylla. CONTRALÍNEA. https://contralinea.com.mx/interno/semana/desde-el-conacyt-calderon-beneficio-a-kimberly-clark-alvarez-buylla/

González López, S. (2022). La autonomía universitaria en un contexto de incertidumbre. En Salvador Benítez, J. [Coord.]. Pensar la Universidad: Autonomía, conciencia histórica e incertidumbre actual. UAEMéx.

Jiménez de Sandi Valle, A. (2022). Orígenes y desempeño del Conacyt en el sexenio de Luis Echeverría Álvarez. Sociológica (México), 37(105), pp. 219-248. http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0187-01732022000100003&lng=es&tlng=es

Jiménez Moreno, J. (2019). El Sistema Nacional de Investigadores en México como mecanismo meritocrático de un Estado Evaluador. Reflexión Política. 21(41), pp. 81-90. https://doi.org/10.29375/01240781.2850

Kant, Emmanuel. (2010). Fundamentación para una metafísica de las costumbres. Gredos.

Ley General en Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación. (8 de mayo de 2023). Nueva Ley DOF 08-05-2023 https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGMHCTI.pdf

Monsiváis, C. (30 de noviembre de 2004). Cuatro versiones de Autonomía Universitaria. Letras Libres. https://www.letraslibres.com/mexico/cuatro-versiones-autonomia-universitaria

Pastrana Orozco, J.G, y Rosas Herrera, P. (2017). La autonomía universitaria en el marco de la Evaluación a los Posgrados. Revista Reencuentro: Análisis de Problemas Universitarios, 28(73), pp. 185-198. https://www.redalyc.org/journal/340/34056722011/34056722011.pdf

Sánchez Jiménez, A. (19 de octubre de 2019). Destruye nuestra identidad, elegir al rector por voto universal: académicos. LA JORNADA. https://www.jornada.com.mx/2019/10/19/sociedad/033n1soc

Tatián, D. y Vázquez, G. (2018). La autonomía hacia el centenario de la Reforma Universitaria. Cuadernos de Universidades, UDUAL.

Toche, N. (28 de junio, 2022). Conahcyt anuncia nuevos lineamientos para otorgar becas de posgrado. EL ECONOMISTA. https://www.eleconomista.com.mx/arteseideas/Conacyt-anuncia-nuevos-lineamientos-para-otorgar-becas-de-posgrado-20220627-0095.html

Notas

1 Como ejemplo se destaca el caso de la elección de rector de la UAEMéx, con candidato único en los últimos 20 años (Ad Noticias, 2021).