Artículos de Investigación
Recepción: 08 Julio 2015
Aprobación: 02 Septiembre 2015
Resumen: La política de microcréditos a la gente pobre, impactando las tres dimensiones: Bienestar económico, Derechos sociales y Contexto Territorial, hasta hoy día no ha tenido impacto en la calidad de vida de los beneficiarios en los aspectos esenciales y básicos, tales como una alimentación digna. El esquema de microfinanciamiento debe de tomar un nuevo cauce, que permita evitar la pobreza sistemática que hoy día nos agobia.
Palabras clave: Calidad de vida, Microcrédito, Pobreza.
Abstract: The politics of microcredit to poor people, hitting the three dimensions: economic, social rights and Context Territorial, until today had no impact on the quality of life of beneficiaries in basic and essential aspects such as adequate food. The microfinance scheme should take a new path, which avoids systemic poverty that now afflicts us.
Keywords: Quality of life, Microcredit, Poverty.
I Introducción
La política de microcréditos a la población ubicada en pobreza, impactando las tres dimensiones, contextualizadas en la Ley General de Desarrollo social: Bienestar económico, Derechos sociales y Contexto Territorial, hasta hoy día no ha tenido un efectoen la calidad de vida de los beneficiarios en los aspectos esenciales y básicos, tales como una alimentación digna. La inserción de capital fresco en el círculo económico a través de créditos, el cual tiende a producir riqueza, es una de las constantes que prevalece en todo modelo económico que se precie de llevar mejor calidad de vida a sus habitantes. En la India, esta situación la detectó el Dr. Muhammad Yunus, el cual instauró un modelo de microcréditos que ha sido el detonante en el ámbito mundial de esta actividad, misma que ha sido tomada como línea estratégica en el combate contra la pobreza por parte de algunos gobiernos, en los cuales está incluido México. En nuestro país, esta línea estratégica la ha tomado la Secretaría de Economía, instaurando diversos fideicomisos para alentar esta práctica, misma que ha otorgado créditos desde 1998, , tratando de potencializar el desarrollo e incrementar la calidad de vida de sus familias.
El concepto de pobreza, se establece desde hace mucho tiempo, Seebohm Rowntree, a principios del siglo XX definió a las familias en situación de “pobreza primaria” como aquellas “…cuyos ingresos totales resultan insuficientes para cubrir las necesidades básicas relacionadas con el mantenimiento de la simple eficiencia física” (Sen, 1992).
El desarrollo tiene diversos elementos que lo limitan, entre los principales, sino es el que más, es la pobreza. Actualmente se han establecido diversas formas de medir la pobreza, dependiendo desde la perspectiva que se desee analizar, esto redunda en la no universalidad y por ende en la regionalización del concepto pobreza; por ello establecía que “casi todo procedimiento en la definición del nivel de subsistencia de la pobreza puede ser razonablemente cuestionado”. (Rein, 1971)
Uno de los criterios más persistentes que se asocian con la pobreza es la ausencia de ingresos, tanto en la generación como en el acumulamiento, sin embargo, en el transcurso del tiempo, se ha establecido que la definición de la pobreza es mucho más compleja.
II Planteamiento del problema
Para efectos de poder establecer una debida construcción de nuestro objeto de estudio y pueda ser asequible el proceso de investigación, tomaremos los elementos teóricos desde una perspectiva de la totalidad, misma que está planteada en el Uso Critico de la Teoría, en torno a las funciones analíticas de la totalidad (Zemelman, 1987) , quien al hablar de una realidad, establece representar como una totalidad dialéctica crítica, el fundamento de la construcción del objeto de estudio, tomando como eje transversal la epistemología dialéctica crítica lo cual nos puede acercar al conocimiento de lo real, en términos sencillos, es una forma de organizar el pensamiento, el siguiente Heurístico, encuadrado en la figura 1
se fundamenta en los elementos jurídicos que establece la Ley General de Desarrollo Social:
Bajo este proceso epistemológico, deberían los microcréditos ser un elemento catalizador en el combate de la pobreza en Chiapas, sin embargo, los siguientes datos nos demuestran que, en los elementos básicos y esenciales, en nada se ha avanzado:
Según cifras del Consejo Nacional de la Evaluación de la Política de Desarrollo Social, en Chiapas de 2008 a 2010 hubo una disminución de la población en pobreza extrema en Chiapas de casi 72,000 personas, pasando de 35.6 al 32.8%, lo cual equivale a un decremento de 2.8%, esto según los resultados de la medición las cuales consideran factores de ingreso, rezago educativo, acceso a los servicios de salud, acceso a la seguridad social, calidad y espacios de la vivienda, servicios básicos en la vivienda, acceso a la alimentación y grado de cohesión social. ( CONEVAL, 2011).
En esta evaluación de la pobreza, según las cifras oficiales se redujo la incidencia de cinco de las seis carencias más notables, como el rezago educativo que pasó del 38 al 35%, el acceso a servicios de salud del 52.2 al 36.5 por ciento, aunado al acceso a seguridad social que disminuyó del 85.4 al 82.4%, así como los servicios básicos de la vivienda que pasaron del 36.3 al 34.1% y los espacios de la vivienda que cambiaron del 38.4 al 33.3%, lo cual contribuye a mejorar la calidad de vida de los chiapanecos.
De igual manera, se observó una disminución de la población vulnerable por carencia social en un total de 113,300 personas, lo que significa una transformación favorable del 16.1 al 13.1% mermando tres puntos porcentuales.
Sin embargo, ya analizando la perspectiva total del problema de la pobreza en Chiapas, los datos también arrojan cifras desoladoras: los estados de Oaxaca, Chiapas y Veracruz, en el sur de México, concentran los municipios con el mayor porcentaje de la población viviendo con menos de 2,000 pesos al mes, en los cuales el 95% de esa población se ubican en una condición de pobreza. Un rubro del que las autoridades no opinó fue el relativo a la dimensión de carencia al acceso de la alimentación, el cual se incrementó de manera
significativa: en 2008 existían 1 216 800 chiapanecos, sin acceso a una alimentación digna, a ser 1 460 900 chiapanecos en el rango de pobreza alimentaria, es decir que de un 26.2% se brincó a un 30.3% de pobreza alimentaria, lo cual genera mucha incertidumbre sobre si los avances generados en las otras dimensiones medidas, en realidad tienen un efecto directo en los chiapanecos o solamente son cifras que redundan en aspectos macroeconómicos sin impacto en la calidad de vida de los habitantes.
III Definición y conceptualización la pobreza
Por ello es importante establecer dos elementos de suma importancia en el proceso de análisis de nuestro objeto de estudio: la definición y la conceptualización de la pobreza. A la pobreza la podemos definir como “la condición de menoscabo sistemático en los ámbitos de alimentación, capacidades y de patrimonio que incide en lo físico, fisiológico y sicológico de los seres humanos, privándoles para ejercer sus derechos y mejorar su calidad de vida”. La pobreza se conceptualiza como “la instrumentación metodológica con la cual se establecen rangos de medición, añadiendo dimensiones las cuales nos permiten hacer asequible su concepto”. En México, la conceptualización de la pobreza, de acuerdo a la Ley General de Desarrollo Social la podemos contextualizar en el siguiente esquema:
La primera dimensión que es importante conocer, en el ámbito de aplicación de los microcréditos, es la dimensión de bienestar económico, en el cual se buscará determinar lo referente a la resulta del recurso en tener acceso a un ingreso percápita por encima a lo conceptualizado como Línea de bienestar, la cual permite identificar a la población que no cuenta con los recursos suficientes para adquirir los bienes y servicios que requiere para satisfacer sus necesidades (alimentarias y no alimentarias). Y la línea de bienestar mínimo, la cual permite identificar a la población que, aun al hacer uso de todo su ingreso para la adquisición de alimento, no puede adquirir lo necesario para tener una alimentación nutritiva. Estas líneas de bienestar deben estar calculadas para zona urbana y zona rural
La segunda dimensión es la referente a los derechos sociales, la cual se enfoca a que toda persona debe tener, como garantía mínima, el derecho a prestaciones básicas tales como: educación, salud, seguridad social, vivienda, justicia y alimentación.
La ultima dimensión, la de contexto territorial, proceso en el cual el beneficiario, al recibir el microcrédito, se supone tiene efectos en algunas variables que reflejan el entorno donde vive y se desarrolla cotidianamente, redundando estos aspectos básicos, en mejorar los indicadores de calidad de vida.
IV Objetivos
Objetivo General
Explicar la interacción que presenta en el combate a la pobreza en Chiapas, en sus dimensiones de bienestar económico, derechos sociales y contexto territorial, la utilización, en el actual arquetipo, de los microcréditos por parte de la población identificada en pobreza y, en su caso, proponer un nuevo paradigma.
Objetivos Específicos
Analizar la interacción que presenta en el combate a la pobreza en Chiapas, en la dimensión de bienestar económico, con relación a la utilización de los microcréditos por parte de la población identificada en pobreza.
Analizar la interacción que muestra en el combate de la pobreza en Chiapas, en la esfera de los derechos sociales con la utilización de los microcréditos por parte de la población beneficiada ubicada en el rango de pobreza.
Analizar la interrelación que presenta en el combate a la pobreza en Chiapas, en el espacio de contexto territorial, con respecto a la utilización de los microcréditos por parte de la población identificada en pobreza
V Hipótesis
En el presente estudio se estableció la siguiente hipótesis:
Los usuarios de microcréditos en el Estado de Chiapas, reflejan un efecto en la disminución de la pobreza en los ámbitos de bienestar económico, derechos sociales y contexto territorial en la aplicación de los recursos obtenidos
VI Universo y muestra
El universo sobre el cual se desarrolló el estudio son los 118 040 beneficiarios de microcréditos en el año 2010, los cuales fueron integrados por las 4 financieras de mayor presencia en los municipios en los cuales se habrá de aplicar el cuestionario, dichas financieras se analizan en el cuadro 1 son:
La muestra se calculó con base en la siguiente fórmula:
Dónde: n = muestra
N = Universo
D = precisión (*)
( * ) La precisión es el margen de error permitido y el intervalo de confianza. Los márgenes de error son: 1 %, 5 %, 10 %.
Para calcular la muestra de nuestro universo que está compuesto por 118 040 beneficiarios, lo realizaremos con los siguientes elementos:
a) con un margen de error del 5 %.
n = 399
VI Resultados
Bajo el esquema anterior, integrando las tres dimensiones que conforman, de acuerdo a la Ley General de Desarrollo Social, el ámbito de pobreza y el perfil inicial del beneficiario de los recursos, podemos establecer de manera puntual que los microcréditos no son otorgados a personas en condiciones de pobreza, sino, por el contrario, se configura el que solo a personas con solvencia económica y un ingreso constante es susceptible de obtener el beneficio del otorgamiento de dichos recursos.
Por lo anterior expuesto, podemos establecer dos espectros:
El establecido conforme al perfil del beneficiario actual de los microcréditos y
El establecido conforme al perfil que debe tener una persona en pobreza con base en los lineamientos establecidos por el CONEVAL
Esto nos da una idea clara, que los dos perfiles no son coincidentes con la política de otorgar microcréditos a las personas ubicadas en pobreza. Lo anterior lo podemos analizar en el siguiente cuadro:
VII Propuesta del Nuevo Paradigma
Se torna imprescindible retomar algunos puntos específicos analizados en el marco teórico, respecto al establecimiento de los paradigmas a que hacía referencia Thomas Kuhn, para referirse a las ciencias duras y que la ciencia no es acumulativa, sino que cambia a través de rupturas o revoluciones científicas (Barba, 2006).
En nuestro caso específico, se demostró en el capítulo anterior, que los actores del microcrédito, son disímbolos entre sí: el paradigma utópico de los microcréditos debe enfocarse a proveer de recursos financieros a los individuos situados en pobreza (actor 1), sin embargo, el paradigma formal, el que prevalece en la actualidad, es proporcionar dichos recursos financieros a aquellas personas que no se ubican en ese umbral de pobreza ( actor 2).
La presente propuesta se sustenta en los hallazgos de la revisión bibliográfica y en los resultados obtenidos en el desarrollo de la presente investigación.
VII Descripción conceptual del paradigma
En este orden de ideas, se establecen los elementos paradigmáticos sobre los cuales versaría el otorgamiento para la utilización de los recursos provenientes de los microcréditos, logrando con ello un efecto en la reducción de la pobreza. Los elementos teóricos respecto de la definición y conceptualización de pobreza son inamovibles, ya que están fundamentados en la Ley General de Desarrollo Social y en los Lineamientos y Criterios Generales para la Definición, Identificación y Medición de la Pobreza, por lo que se procede a describir conceptualmente los elementos paradigmáticos que la integran:
a) Instrumentación Del Microcrédito:
En el transcurso de la presente investigación, se revisó documentalmente las características de instrumentación de los microcréditos de cada empresa oferente de recursos. Este proceso donde se revisa la integración del “prospecto” aprobado para ejercer la operación autorizada, se ratifica la información necesaria para instrumentar al cliente, así como se construye el contrato estándar bajo los productos estándar o “términos y condiciones” especiales de operación, donde se pudo observar que se encuentra diametralmente opuesto con la conceptualización de lo que, de acuerdo a CONEVAL, es una persona en pobreza. Por ello, es necesario estructurar una nueva forma de instrumentar el microcrédito, con el objeto de ubicar los recursos entre la gente pobre y reducir los índices de pobreza que se tienen en la actualidad.
b) Marco Jurídico Y Justicia:
La investigación realizada en campo y con la literatura consultada al respecto de los microcréditos, demuestran que en México (al ser las Leyes y su marco regulatorio de aplicación Federal) y en Chiapas (al ser el Código Civil de aplicación Estatal) existen actualmente deficiencias en cuanto a ordenamientos jurídicos y marcos regulatorios que garanticen, encuadren y regulen el quehacer y la operatividad de las instituciones dedicadas al otorgamiento de los microcréditos.
No podemos obviar que en la actualidad, un elemento catalizador de la economía, es un sistema financiero sano, sin embargo, es donde la dicotomía de fin del microcrédito pierde esencia, al favorecer los actuales ordenamientos jurídicos solamente a las dependencias y empresas que otorgan microcréditos, no teniendo acceso a la justicia la persona ubicada en pobreza.
c) Educación Financiera Básica:
En general se establece que el nivel de educación es determinante del nivel de ingresos y en muchas ocasiones se propone incrementar el nivel de educación como la única medida capaz de producir la movilidad social deseada. Pocos son los detractores de la idea de una educación generalizada y del impacto positivo que esta podría tener sobre el nivel de pobreza de las familias.
La educación financiera básica debe enfocarse a potenciar las habilidades y crear conciencia en el manejo de los recursos, tanto los obtenidos por los microcréditos, como los generados.
d) Acompañamiento Del Microcrédito:
Es necesario caminar, antes, durante y después de la aplicación de los recursos, con los beneficiarios de los microcréditos; se debe establecer estratégica y prioritariamente hacia donde irán dirigidos y sobre todo, la aplicación de manera solidaria y no unilateral, como se ha venido dando en la actualidad.
Este punto en específico, se establece con una debida interrelación de los tres ejes propuestos con anterioridad, ya que este es el momento, en el horizonte del microcrédito, que podemos catalogar como el punto esencial donde la operacionalización del microfinanciamiento se vuelve tangible y debe rendir frutos que permee las dimensiones de pobreza.
VIII Contextualización del nuevo paradigma
En el punto anterior se describió el marco conceptual de cada una de las aristas que habrán de fundamentar el nuevo paradigma para la instrumentación de los microcréditos para el combate a la pobreza en Chiapas, por lo que, se procede a contextualizar este nuevo paradigma, interrelacionando el estado actual del microcrédito y la pobreza en Chiapas, con los vestigios encontrados en el proceso de la presente investigación:
a) Instrumentación Del Microcrédito
Esta dimensión, fundamentada en un marco jurídico coherente, debe ser el instrumento a través del cual se canalice de manera adecuada, los recursos vía microcréditos. En primer término, este proceso debe ayudar a identificar a los usuarios que se ubiquen en situación de pobreza y considerarlos idóneos para ser beneficiarios de los microcréditos, para posteriormente identificar afinidades y canalizarlos en proyectos productivos, los cuales reditúen beneficios que sean encauzados adecuadamente e impacten en las esferas sensibles que permitan reducir los márgenes de pobreza que actualmente prevalecen.
El espectro que se debe adecuar para cumplir las condicionantes de pobreza son los siguientes:
Como se estableció en el marco teórico, una persona en pobreza es “aquella que presenta al menos una carencia social y no tiene un ingreso suficiente para satisfacer sus necesidades” (LCGDIMP, 2010), por lo que la instrumentación debe enfocarse a estructurar esos elementos que conceptualizan la pobreza:
En el cambio paradigmático, anteriormente solo se les otorgaban microcréditos a las personas que no se ubicaban en este espectro de pobreza, que tenían una forma de vida libre de carencias y con un ingreso constante, arriba de la línea de bienestar, en este nuevo esquema, es precisamente a este tipo de personas a los que debe otorgárseles dichos recursos.
En lo referente a la canalización de los microcréditos, debe realizarse un trabajo de esquematización de las necesidades y, afiliando atipicidades, tipificar las carencias y priorizarlas, otorgándose los recursos a proyectos productivos enfocados a mantener un ingreso constante, en primera instancia, satisfacer necesidades básicas de la comunidad, en segunda instancia y, finalmente, introducir los beneficios o rendimientos a rubros específicos que permitan producir más riqueza e invertir en los aspectos familiares que ayuden a reducir la pobreza.
Lo planteado, instrumentándolo adecuadamente, debe de estructurar una adecuada canalización de los recursos, detonando lo que desde un principio debe ser la causa fundamental de los recursos vertidos: el combate a la pobreza.
b) Marco Jurídico Y Justicia:
Aunque en la actualidad existe normatividad que regula la operación de las instituciones, ya sean públicas o privadas, que otorgan microcréditos, cierto es que en su operación aprovecha argumentos legales que le permiten cobrar tasas de interés exorbitantes, no dejando lugar para la justicia a los usuarios de los microcréditos; por ello, se torna necesario el desarrollo y crecimiento ordenado para la masificación de los servicios financieros a las personas ubicadas en pobreza y dependerá del respaldo que el gobierno otorgue en materia de una legislación y regulación prudencial adecuada, que permitan conformar una industria de microfinanzas creciente, sostenible, que apoye a estos segmentos pobres, informales, ubicados en lugares apartados, para con ello contribuir a tener una mejor calidad de vida.
Por ello, es importante se promulguen leyes encaminadas específicamente a regular el microcrédito, ya que, si bien la Ley de Ahorro y Crédito Popular es la normatividad más importante que en la actualidad rige el sector de los créditos populares, cierto es también que no abarca lo relativo a los microcréditos, los cuales, al ser un tema amplio, debe promulgarse una ley específica, al estar direccionado el mercado meta a la población ubicado en el ámbito de pobreza.
De igual manera, debe establecerse un ordenamiento jurídico que dé vida a una procuraduría que dirima las controversias suscitadas entre los usuarios de los microfinanciamientos y los organismos que los otorguen, a efectos de procurar justicia a ese segmento de la población.
Los ordenamientos jurídicos que emanen del proceso legislativo deben atender, como mínimo los siguientes elementos:
1) Marco regulatorio federal.
Establecer un ordenamiento a nivel federal que regule exclusivamente a las personas físicas o morales que realicen contratos por microcréditos con interés.
2) Requisitos de los contratos registrados ante la Procuraduría Federal para los usuarios de microcréditos.
Verificar y fortalecer la observancia de la Ley Federal de Protección a los usuarios de los microcréditos y de las normas oficiales mexicanas que se emitan al respecto, para brindar una mayor seguridad jurídica y transparencia al usuario.
3) Estricta observancia de la Ley.
Sea la Secretaría de Hacienda y Crédito Público quién otorgue permisos para operar como organismo dispersor de microcréditos, previa evaluación y pago de derechos, que dará seguridad jurídica al usuario.
4) Fijar topes a las tasas de interés
Con el fin de evitar abusos o fraudes a los usuarios, se establezca una tasa de interés máxima mensual.
5) Obtención de un microcrédito a través de un estudio socioeconómico.
Con el fin de ubicar a la persona en su justa dimensión de pobreza, se realice un estudio socioeconómico que permita evaluar su situación actual...
6) Vigilancia y sanción por parte de la Procuraduría Federal de los usuarios de microcréditos.
La vigilancia del cumplimiento de la Ley y las sanciones correspondientes serán facultades exclusivas de la Procuraduría Federal de los usuarios de microcréditos, pues son atribuciones previamente concedidas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Con lo anterior plasmado, se puede establecer de manera gráfica ésta arista del cambio paradigmático referente al ámbito jurídico a través de la siguiente imagen:
c) Educación Financiera Básica
Con un marco jurídico establecido, aunada a una debida instrumentación para el otorgamiento del microcrédito, hace falta establecer la dimensión referente a la educación financiera básica.
El aspecto toral de este tipo de educación es el adecuado manejo de los recursos otorgados. Como se observó en el resultado de las encuestas, los recursos que se obtienen en su mayoría son destinados a subsanar necesidades primarias, tales como alimentación, educación y pagos de pasivos; en el establecimiento de este nuevo paradigma, el enfoque de la capacitación, debe poseer una tendencia de concientización del manejo adecuado de los recursos y el cambio paradigmático que dicho recurso debe retornar con un respectivo interés.
Aunado a lo anterior, la capacitación debe colocar escenarios alternos para el manejo adecuado de los rendimientos y su efecto en las esferas.
Adicionalmente, es necesario establecer, que las organizaciones dispersoras de microcréditos, sean públicas o privadas, sean las que otorguen este programa de capacitación.
La esquematización y réplica de estos cursos, deben de ir enfocados no solo a una persona, sino al grupo social beneficiado con los recursos, de tal manera que, entre las mismas personas participantes del proyecto, tengan plena conciencia de la participación individual y su importancia para los resultados del grupo.
A continuación se presenta esquematizado el proceso de esta dimensión, en el nuevo paradigma:
d) Acompañamiento Del Microcrédito.
El otorgamiento de microcréditos no debe establecerse como una dispersión sin corresponsabilidad por parte de la entidad otorgante. Se observa, que el mercado meta, son personas ubicadas en pobreza, donde las necesidades urgentes y básicas no dan lugar a un razonamiento mesurado al momento de canalizar los recursos.
Por ello, es imprescindible, para que las otras 3 dimensiones del nuevo paradigma puedan concretarse de manera formal y tangible se establezca un acompañamiento constante con el beneficiario del microcrédito
Por ello, es importante que se dé un acompañamiento durante todo el proceso del microcrédito, el cual debe constar de 3 etapas:
Estos tres ámbitos en el acompañamiento de los microcréditos, es el elemento catalizador de este proceso, y su enfoque sistémico hace se tengan la información de los resultados de manera constante y evita que los recursos se enfoquen en masas poblacionales que no son ubicadas en pobreza.
Con la aplicación de estos 4 elementos paradigmáticos, se puede inferir que el manejo de los recursos provenientes de los microcréditos será eficaz y eficiente, ya que se cumplirá con el objetivo de combatir frontalmente a la pobreza y, el manejo de los recursos será el adecuado.
IX Conclusiones
El combate a la pobreza no se circunscribe únicamente al otorgamiento de recursos, ya sean materiales o monetarios. De igual manera, el microcrédito debe tener un espíritu enfocado a ser generador de riqueza, agente detonador de mejores condiciones de vida y no lo contrario: un elemento explotador y precursor de menores capacidades generadoras en la calidad de vida.
El tema del combate a la pobreza actualmente tiene un lugar importante en las agendas de gobierno, en cualquiera de sus tres niveles, y aunque en la actualidad existe toda una infraestructura normativa y operacional para identificarla, conceptualizarla, medirla y confrontarla, poco se ha podido hacer en la disminución de la misma.
Actualmente existen 273 programas federales y 2 391 programas estatales para el combate a la pobreza en México según el Consejo Nacional de Evaluación (CONEVAL, 2012) y aun así, no se observa un efecto de mejoría en la calidad de vida de los mexicanos, por el contrario, el número de pobres en México, de 2008 a 2010, aumentó 3 155 millones de personas, ubicando la cifra hoy día en 51 993 millones de mexicanos ubicados en pobreza; en Chiapas son 3.778 millones de pobres, siendo estas cifras alarmantes, ya que a nivel nacional el 46.2% de la población es pobre y en Chiapas el 78.4% de la población están ubicados en pobreza (CONEVAL, 2011)
Una directriz a atenderse es la enfocada a la generación de ingresos y esto, solo puede lograrse a través de mecanismos que permitan integrar en una dinámica productiva a los grupos ubicados en el ámbito de pobreza; con esta medida, la participación de los programas sociales, complementarán el incremento en la calidad de vida de las personas pobres de nuestro país.
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