INTRODUCCION

Las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) han sido y son parte fundamental para la promoción y ejecución del desarrollo sustentable, no solo a nivel local, sino global. Este capítulo plasma cómo la sociedad civil organizada puede impactar de manera positiva a través de mecanismos institucionales en el quehacer del interés ciudadano por medio de diferentes objetos sociales establecidos en su figura constitutiva. Estos objetos sociales van desde la atención a la salud, educación, discapacidad, hasta el cuidado del medio ambiente o la igualdad de género. Además de mecanismos institucionales existen también los mecanismos informales, pero estos pueden enfrentarse sobre todo a la informalidad y a la posibilidad de desaparecer con el tiempo, sin embargo, la movilización cívica ha sido parte fundamental para generar un impacto trascendental. Previamente será establecida la conceptualización de las OSC, así como su contexto histórico en el ámbito del desarrollo sustentable y posteriormente los mecanismos a través de los cuales pueden generar incidencia, tal es el caso de la atención federal al desarrollo sustentable o su participación en el panorama exterior para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030 (ODS 2030). Es importante señalar que en este capítulo será usado el término de Organizaciones de la Sociedad Civil como sinónimo de Organismos No Gubernamentales (ONG); este último ha caído en desuso dado el antagonismo al Estado que refleja el propio término, sin embargo, para fines del contexto histórico pueden usarse de manera similar.

A pesar de que el desarrollo humano ha sido un eje buscado permanentemente por la sociedad, no es así con el desarrollo sustentable, este último al igual que las OSC tiene una aparición que surge en la segunda mitad del siglo pasado teniendo un auge en la década de los noventa. En lo que respecta a la sociedad civil es evidente que el concepto puede cambiar con el tiempo, ya que no es una interpretación de un fenómeno permanente; es decir, probablemente el concepto o la idea del término religión mantenga su significado sin mutar por al menos un tiempo indefinido, sin embargo, en el caso de la sociedad las definiciones que aportan incluso los más ilustrados autores dependen de los elementos involucrados. La sociedad civil es dinámica y cambiante y los elementos culturales, de identidad, históricos, temporales y de la ciencia desde la que es estudiada, son de carácter apropiado para generar una definición adecuada a las circunstancias temporales.

CONCEPTUALIZACIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL

Condicionada a su atribución cambiante, la idea de sociedad civil previa a noviembre de 1989 era reflejada como la imagen de un actor antagonista del Estado, y dado que el Estado era el único actor en la gestión de las políticas públicas, la sociedad civil era ajena a la participación oficial del desarrollo sustentable, concepto que tenía apenas cinco años de haberse socializado en la esfera internacional del medio ambiente. Posterior a ese punto de inflexión, la sociedad civil es transformada a un actor que está inmerso en un plano de interacción con el Estado (Cohen y Arato, 2000), interacción que no había aparecido en la escena internacional ni local, salvo algunos casos de ayuda humanitaria y que después de la caída del muro de Berlín provocó una dispersión y poco consenso en lo que a un concepto único de sociedad civil pueda referirse. El grado de inserción en los espacios estatales estaría determinado por la apertura democrática que cada Estado brindara.

Keane (1998) y Pérez-Díaz (1994) coinciden en que, hasta antes de la caída del Muro de Berlín, la sociedad civil y el Estado eran actores contrapuestos. Después de ese momento, pueden identificarse patrones diferenciados en los cuales ambos actores continúan en diferentes polos de acción comportándose de manera antagónica, y al mismo tiempo surgen situaciones en las cuales comienza una unificación de esfuerzos para lograr un solo objetivo, como el auge en la promoción del desarrollo sustentable promovido en gran medida por organismos especializados internacionales, así como por foros de carácter multilateral. Un factor sumamente relevante y condicionante del cambio que generó la década de los noventas en el comportamiento de la sociedad civil, es el internet; visto como herramienta comunicativa para conocer más sobre el uso irresponsable de los recursos naturales y a su vez como un instrumento que permitía publicar información que hasta antes de ese momento podría haber sido reservada, así como acceder a convocatorias globales en las que la sociedad civil organizada en México había tenido poca o nula participación debido al control por parte de la Administración Pública Federal en las política públicas.

En el mismo orden de ideas, Nicolás Grimaldi (1999) calificó de enigmático el término de sociedad civil y realizó toda una obra dedicada a esta peculiaridad conceptual en Observaciones de un ciudadano sobre el carácter enigmático de la sociedad civil, precisamente por la multiplicidad de perspectivas que el concepto empezó a reflejar en la década de los noventa. El auge del interés por este tema provocó “la atención de múltiples disciplinas: sociólogos, filósofos, políticos, economistas, etc.” (Gómez, 2015, p.24), sin embargo, persiste en un debate intelectual sobre definir una postura de los orígenes y desarrollo del concepto de sociedad civil. Este debate arrojaría tres ideas sobre las cuales existe un consenso en los principales autores del tema, en resumen, esas ideas son: “una proliferación de significado en torno a la idea de sociedad civil, el tema se ha puesto de moda y goza de resonancia cultural y por último que tiene algo que ver con la caída del Muro de Berlín” (Gómez, 2015, p.30 y 31).

La reflexión conceptual histórica fue realizada con la finalidad de comprender los elementos que construyen al concepto moderno de sociedad civil y su influencia en el marco del desarrollo sustentable, empero una de las realidades referidas en este capítulo es el hecho de la multiplicidad de significados de la expresión y definir la postura que es tomada para estudiar su concepto es imperativo, ya que de ello dependerá entender el uso correspondiente de los marcos normativos, los cuales son abordados también en este capítulo. Es apropiado definir un enfoque para analizar el desarrollo de este actor, objeto de estudio de la investigación. Por lo tanto, el concepto de sociedad civil más adecuado al contexto actual, considerado adelantado a su época, y que sigue pareciendo el más ad hoc por los autores mexicanos es el de Larry Diamond (1997), quien participó en la revista mexicana Metapolítica con la actualización de Rethinking civil society de 2004, en ella concibió a la sociedad civil como:

El espacio de la vida social organizada que es voluntariamente autogenerada, (altamente) independiente, autónoma del Estado y limitada por un orden legal o juego de reglas compartidas. Es distinta de la sociedad en general, por cuanto involucra a ciudadanos actuando colectivamente en una esfera pública para expresar sus intereses, pasiones e ideas, intercambiar información, alcanzar objetivos comunes, realizar demandas al Estado y aceptar responsabilidades oficiales del Estado (p.186).

Es pertinente exponer que anteriormente las relaciones de Estados para proponer estrategias de desarrollo sustentable estaban estrictamente conformadas por relaciones entre actores oficiales y no por la sociedad civil, sin embargo, actualmente bajo un sistema de gobernanza global el poder de la sociedad civil está en su máxima capacidad para argumentar proponer, denunciar y experimentar (Forman & Segaar, 2016) para generar un impacto en el tema de desarrollo. Al observar la información presentada, la participación de la sociedad organizada está en su mayor expresión, inclusive definir su comportamiento es complicado ya que influyen temas tan variados unos de otros, y está presente en escenarios multilaterales como el cumplimiento de los ODS, buscando principalmente su reconocimiento, así como el de los principios que representan.

La organización de la sociedad ha evolucionado desde lo más simple a lo más complejo; han sido observadas acciones asociativas desde los orígenes del hombre basadas en tradiciones de comunidad, hasta la asociación de personas por diferentes razones como el disgusto a la soledad o, por el contrario, la vida en sociedad por conveniencia. Cualquiera que sea la razón, el análisis de la presente investigación está centrado en la participación actual de la sociedad civil organizada, y al uso de marcos normativos para incidir en el tema de desarrollo.

EL INICIO DE LA INCIDENCIA POLÍTICA DE LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL EN MÉXICO

Durante la mayor parte del siglo pasado, la influencia que ejerció la sociedad civil organizada en el desarrollo sustentable fue muy poca o casi nula gracias al escaso interés en este tema por parte de la sociedad mexicana, ocasionado por el bajo grado de información sobre el comportamiento de las políticas en el cuidado de los recursos y el medio ambiente. México ha sido visto como un país presidencialista y sumado a la concentración de poder en un partido que operó de forma centralizada (Loaeza, 2013), provocó que las directrices fueran dictadas por el ejecutivo sin tomar en cuenta la opinión de la sociedad para formular y diseñar esta política pública en el país.

Posteriormente, la apertura política y económica de los ochenta y sobre todo en los noventa, trajo consigo que otros actores no estatales como el gremio empresarial y las Organizaciones de la Sociedad Civil, buscaran involucrarse en la toma de decisiones de la agenda multilateral, a pesar de que en esa década todavía no había un esquema organizacional bien definido en el plano global para alcanzar metas de desarrollo sustentable, este tema cobró fuerza a la par que las Organizaciones de la Sociedad Civil lograron posicionarse como actor interesado en la política internacional, en desarrollo humano y en sustentabilidad, a través de convocatorias realizadas por agencias especializadas. Ese ejercicio de involucramiento tiene una corta trayectoria, ya que “es hasta hace algunos años cuando actores no gubernamentales han aumentado su presencia y su interés por participar en el proceso de formulación de políticas que impactan a toda la ciudadanía” (Schiavon y Velázquez, 2010, p.5). En México, el escenario anterior fue impulsado para ambos sectores con la alternancia del partido político hegemónico en el país, particularmente en el sexenio de Vicente Fox, dos de los instrumentos institucionales para las organizaciones civiles fueron proclamados y la consolidación tuvo lugar en el sexenio federal de 2012 ya que las OSC estuvieron ampliamente involucradas para incidir en el diseño de los ODS.

En definitiva, las Organizaciones de la Sociedad Civil no mostraban un particular interés de influir en temas de desarrollo al carecer de mecanismos formales que les permitieran su inserción, no obstante, su interés ha proliferado y en el presente buscan participar en temas ampliamente diversos. Para destacar los logros y alcances obtenidos por las Organizaciones de la Sociedad Civil mexicanas es preciso entender que una de las razones para que esto suceda es la interrelación entre el escenario nacional y el contexto internacional (Soto, 2018), así como los efectos de la globalización que inspiraron más de un movimiento social. Otra de las razones que justifica el creciente interés de las Organizaciones de la Sociedad Civil por temas que habían sido tratados exclusivamente por el Estado, es la formalidad en los espacios de participación, aunque de manera muy vaga los marcos normativos comenzaron a respaldar las actividades de la sociedad civil mexicana. De la Vega y Enríquez (2014) mencionan que es a principios de la década de los noventa “cuando un colectivo de organizaciones comienza a impulsar un marco legal que reconociera y fomentará el desarrollo integral del sector social, fundamentado en nuevos esquemas de relación entre el gobierno y la ciudadanía” (p.3).

En México las Organizaciones de la Sociedad Civil lograron construir una nueva identidad participativa por medio de diferentes sucesos: movimientos sociales con escasa organización como el de Tlatelolco en 1968, movimientos sociales que lograron repercusiones a base de organización ajena al gobierno como la ayuda obtenida por organizaciones de otros países tras el terremoto de 1985, la observación de procesos electorales y la inconformidad llevada a la opinión pública de los resultados posiblemente fraudulentos de 1988 (Lehoucq, 2007), hasta la posición formal de protesta hacia la firma del Tratado de Libre Comercio con América del Norte (TLCAN) por parte de una coalición de organizaciones, y el levantamiento indígena que declaró la guerra al Estado mexicano en el estado de Chiapas son algunos ejemplos de esos sucesos.

Uno de los casos más relevantes es el de la Cooperación de Partes 16 (COP16) realizada en Cancún, en noviembre y diciembre de 2010, la contribución de las Organizaciones de la Sociedad Civil fue más provechosa y sustantiva, ya que varios organismos fungieron como observadores y desempeñaron un papel notable en las negociaciones entre diferentes países y organismos intergubernamentales con México. La Convención Marco de la Organización de Naciones Unidas sobre Cambio Climático contempla la participación de organizaciones observadoras de la sociedad civil en sus artículos cuarto y séptimo. De este modo, “se reconoce la capacidad de interlocución de los observadores con otros actores involucrados en el proceso de negociación, así como su incidencia en los temas analizados por la Conferencia de las Partes” (Secretaría de Relaciones Exteriores, 2012, p.9). Para lograr lo anterior, era reclamado un gran esfuerzo, ya que la experiencia de un año anterior en Copenhague 2009 fue más bien de desencuentro y provocó desconfianza hacía las Convenciones de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (Díaz, 2013). Ante el desafío que implicó la COP16, las Organizaciones de la Sociedad Civil demostraron la creciente capacidad de generar acuerdos, impulsar agendas e incidir en las negociaciones mediante propuestas construidas en conjunto.

A pesar de que a dos semanas de que iniciara el foro de la COP16, las Organizaciones de la Sociedad Civil no tenían información concreta al respecto de las actividades en las que podrían participar, fue posible concretar una de las experiencias de mayor cooperación como producto del compromiso adquirido por parte de la Administración Pública Federal hacia la sociedad civil organizada interesada en el desarrollo sustentable, lo anterior en palabras del entonces director de la Dirección de Vinculación con las Organizaciones de la Sociedad Civil de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Miguel Díaz Reynoso (2013). A diferencia de lo ocurrido en la COP15 de Copenhague, la opinión pública nacional e internacional no descalificó la actuación del gobierno de México y su atención a las Organizaciones de la Sociedad Civil.

Los procesos para lograr una participación más activa en temas restringidos para la sociedad civil, así como el generar opinión pública relacionada a los grandes problemas nacionales del cuidado a los recursos y el medio ambiente, tiene que ver El reconocimiento formal a esta nueva participación quedó confirmado con el decreto dispuesto en el Diario Oficial de la Federación el 2 de marzo de 2005, en el cual publicaba el Acuerdo por el que se Establecen los Lineamientos para la Participación de las Organizaciones de la Sociedad Civil en Temas de Política Exterior. Por medio de este, el gobierno mexicano a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores hacía público el compromiso de cumplir las obligaciones estipuladas en el ordenamiento, con el fin de que las organizaciones participen y expresen sus propuestas en temas encontrados en la agenda global. Entre los compromisos por parte de la secretaría hacía la sociedad civil están el consultar a través de diversos foros la opinión pública; el promover una mayor participación y compromiso de la sociedad en la formulación de las políticas internacionales y propiciar una mayor coordinación entre gobierno y sociedad civil.

los hechos locales y globales simultáneamente, lo que genera una primera relación entre la agenda de cooperación internacional y sociedad civil (Alejo, 2022). En México, lo anterior ocurrió en un ambiente de incertidumbre política, la alternancia de los partidos políticos trajo consigo un impulso a la relación de dichos actores. “El gobierno de la alternancia estaba interesado en promover la institucionalización del diálogo con las organizaciones de la sociedad civil de México en asuntos internacionales” (Icaza, 2006, p.497). Fue entonces cuando el gobierno inició la promoción por parte de la Administración Pública Federal (APF) a las Organizaciones de la Sociedad Civil para involucrarse en temas de la agenda internacional y el desarrollo sustentable; particularmente las consecuencias de esa supuesta promoción permiten configurar la parte medular de este capítulo, ya que es en ese momento cuando dos instrumentos federales promovieron la participación oficial de las OSC así como la apertura a la asistencia en foros internacionales de cooperación.

Las organizaciones sociales, los ciudadanos y las empresas exigen efectividad en las políticas del Estado y buscan armonizar los acuerdos internacionales con las leyes locales, a fin de construir una comunidad internacional justa e incluyente (Pría, 2008). La asociación que surge entre el Estado y las Organizaciones de la Sociedad Civil, permite una mejor relación de contribución en el proceso de toma de decisiones de carácter exterior al crear espacios para influir en el desarrollo sustentable y como actores que fomentan el cumplimiento de los ODS. En México, pueden encontrarse diversos momentos, convocatorias y espacios en el que el involucramiento de las OSC fue más sustancioso, la Secretaría de Relaciones Exteriores promueve, a través de sus marcos normativos, el fomento de la participación de las Organizaciones de la Sociedad Civil como medio de colaboración en el diseño de políticas de desarrollo. Este interés por parte de las Organizaciones de la Sociedad Civil de colaborar en la formulación de políticas de desarrollo sustentable obliga a reconsiderar los tradicionales medios de participación social y, por lo tanto, a abrir canales para una postura más activa.

EL DESARROLLO SUSTENTABLE Y SU VÍNCULO CON LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL. CONTEXTO HISTÓRICO Y PRÁCTICO.

El desarrollo sustentable es un término que, si bien fue acuñado a finales del siglo pasado, es desprendido del desarrollo humano, tema que puede encontrarse en diferentes escenarios históricos, como la búsqueda del desarrollo moral o tecnológico, asociados a tiempo incluso anterior a la antigua Grecia. La paradoja del desarrollo sustentable trasciende en que es una necesidad para remediar las consecuencias provocadas por el mismo desarrollo humano, ya que desde la ilustración hasta la revolución industrial el hombre consolidó la postura de que los recursos y los bienes crearían riqueza económica, provocando desarrollo económico y facilitando al mismo tiempo las variables que impactan en el desarrollo humano, sin considerar los desastres ambientales que tendría como consecuencia el aprovechamiento sin medida de recursos propios o coloniales.

Por otro lado, a pesar de que el concepto de desarrollo sustentable tiene su auge en las últimas décadas, puede encontrarse que desde la época antigua existía preocupación por diferentes elementos que constituyen hoy al desarrollo sustentable como el agotamiento de recursos agrícolas o el acceso continuo al agua. Durante la revolución industrial, sumado al crecimiento demográfico el agotamiento de recursos trajo consigo el inicio del despertar de consciencia con el uso responsable de los recursos, sin embargo, no fue suficiente para estructurar proyectos, ya que las potencias de ese momento carecían de voluntad para generar planes relacionados al cuidado del planeta, por el contrario, la coyuntura radica en el expansionismo con el objetivo precisamente de la obtención de recursos. Uno de los primeros escenarios para desarrollar alternativas del cuidado ambiental fue la Unión Internacional para la Protección de la Naturaleza, hoy conocida como Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, dicha organización fue fundada en 1948, es importante señalar que no es un organismo especializado de la ONU. Un año después la ONU llevó a cabo la Conferencia Científica de las Naciones Unidas sobre Conservación y Utilización de los Recursos, sin embargo, dada la coyuntura del escenario global en ella no participó ninguna organización de la sociedad civil.

Es hasta la segunda mitad del siglo XX que puede identificarse una preocupación más genuina por el exceso de consumo en los recursos naturales y las consecuencias que esto tendría en las generaciones futuras. A causa de considerar el surgimiento de una posible crisis ecológica, es que comienzan a aparecer organismos no gubernamentales estructurados y con objetivos sociales vinculados a fomentar el cuidado de los recursos naturales en el planeta, tal es el caso de World Wilflife Fund en 1961 con antecedentes desde 1948 o Friends of The Earth en 1969, sin embargo las estructuras institucionales globales y locales no estaban totalmente interesadas en generar mecanismos formales que permitieran la vinculación de la sociedad civil organizada y los gobiernos estatales, por lo que en un inicio comenzaron con movilizaciones informales de movilización y a desarrollar estrategias desde las propias organizaciones.

Es en las décadas de los sesenta y setenta que el concepto de desarrollo sustentable comienza a acuñar y a recibir atención, sin embargo, el término estaba asociado en un principio únicamente al cuidado del medio ambiente y surge la corriente conocida como ecologismo. Durante esas décadas puede identificarse diferentes circunstancias que son reconocidas como acciones pioneras para el cuidado del medio ambiente y el uso adecuado de los recursos, una de ellas fue la Conferencias de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente en 1972 en Estocolmo, la cual fue la primera motivación para desarrollar más espacios que pudieran reconocerse como formales. La Conferencia declaró 26 principios, dentro de los cuales destacan:

Al igual que en la Conferencia Científica de las Naciones Unidas sobre Conservación y Utilización de los Recursos, en la Cumbre de 1972 de Estocolmo no participó ningún organismo de la sociedad civil u organismo no gubernamental, lo cual es congruente debido a que como ha sido mencionado, el desarrollo sustentable (en ese momento delimitado al concepto de medio ambiente y ecología) estaba en sus inicios y eran pocos los organismos que habían decidido concretarse para tratar el tema. Uno de ellos, pionero en el cuidado ambiental fue el organismo no estatal Greepeace que nace en 1971 motivado por la preocupación de pruebas nucleares dispuestas por el gobierno de Estados Unidos, siete años más tardes diferentes Estados aportaron recursos económicos y administrativos para la creación de Greenpeace Internacional. Con respecto a espacios interestatales y como resultado de la evaluación hecha en la Cumbre de Estocolmo, también en 1972 la Organización de Naciones Unidas propone la creación del primer programa formal y permanente dentro de su estructura relacionado al tema, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) que tiene como objetivo la gestión del cuidado ambiental y más recientemente el cumplimento de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, el PNUMA no funge como organismo especializado del Consejo Económico y Social (ECOSOC), sino como un fondo a cargo de la Asamblea General.

Es a partir de este momento que diferentes especialistas en el tema, así como personas interesadas en el cuidado ambiental y sus consecuencias comienzan a movilizarse y establecerse de manera formal como OSC, bajo la legalidad de cada una de sus soberanías. Aunque 1972 marca el inicio de la época de preocupación por el cuidado del planeta, los resultados no tuvieron un avance significativo, sin embargo, a la par de este inicio tuvieron sus creaciones los primeros organismos de carácter global de la sociedad civil medioambiental. Debido al interés que estaba emanando en la creación de ONG surge en 1975 el Centro de Enlace Ambiental la cual es una red que promueve el flujo de comunicación, información y acciones entre organizaciones para la protección del medio ambiente a nivel global. Como ejemplo de acciones en agendas locales puede mencionarse al Consejo para la Defensa de Recursos Naturales fundado al inicio de los setenta en Estados Unidos por expertos en el tema, pero a su vez ajenos a la representación estatal. Durante la década de los setenta y ochenta los organismos interestatales en particular la ONU, continuó realizando cumbres para discutir las consecuencias de la explotación no responsable de recursos, tal es el caso de la cumbre llevada a cabo en Serbia en 1975 y que tuvo como resultado la Carta de Belgrado, la I Conferencia Internacional sobre Educación Ambiental de la cual emana la Declaración de Tbilisi o años más tarde el Congreso Internacional sobre Educación y Formación Ambiental realizado en Moscú.

Debido a que las ONG están ligados al avance democrático de las naciones, así como al respeto de los derechos civiles, es clave el fin de la Guerra Fría y el inicio de la década de los noventa, la cual se caracteriza por el triunfo del modelo neoliberal, que si bien ha sido de manera directa o indirecta propulsor en el impacto ambiental, también trajo consigo un cambio de paradigma con relación a las OSC. El concepto sustentable es concretado en 1983 con la creación de la Comisión Mundial del Medio Ambiente y el Desarrollo, también conocida como Comisión Brundtland, en ella definió el término Sustentabilidad como un modo de vida individual que de una forma particular a una general da origen al término desarrollo sustentable, al cual se definió como el desarrollo que satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras de satisfacer sus propias necesidades (ONU, 1987, p.29). Si bien una vez que fue definido el concepto, la sociedad civil comenzó a demostrar un creciente interés en él, más no fue así en el caso de las propuestas formales para fomentar el desarrollo sustentable por parte de los gobiernos, sobre todo aquellos en los que el sistema democrático era inestable.

Durante la década de los noventa una de las cumbres que históricamente ha de identificarse como parteaguas para la promoción del Desarrollo Sustentable y el inicio activo de la participación de las OSC en el tema, fue la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo o también conocida como Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro en 1992, en ella participaron más de 2,400 representantes la OSC, consolidándose como la primer cumbre con participación masiva de representantes de la sociedad civil, en la cumbre las OSC realizaron foros alternos y un cabildeo permanente para la formulación del Programa 21, el cual fue visto como un consenso por parte de diferentes actores, cabe mencionar que durante ese tiempo los actores no estatales, en particular las organizaciones civiles no eran considerados actores preponderantes en el sistema internacional. Es a partir de este momento que el activismo social organizado empieza a encontrar espacios de incidencia en el panorama global del desarrollo sustentable, sin embargo, esto no sucedió en todos los foros relacionados al tema, tal es el caso del Protocolo de Kyoto en el cual el debate fue canalizado únicamente por Estados debido a que para su éxito dependía solamente de la voluntad política para llegar a acuerdos.

Las Organizaciones de la Sociedad Civil mantuvieron su activismo con el fin de generar un impacto para el cumplimiento del desarrollo sustentable, a pesar de las carencias de mecanismos formales fueron encontrando un crecimiento en su protagonismo en la agenda sustentable y acercándose cada vez más a un multilateralismo en el que fueran tomados en cuenta. El siguiente esfuerzo por parte de la ONU para el cumplimiento del desarrollo sustentable fue la Declaración del Milenio en el que se formalizaron los ocho Objetivos del Milenio (ODM) que tenían como fecha límite el 2015 para cumplirse, de acuerdo a la información publicada por la ONU, las organizaciones fueron antagonistas durante el proceso para la materialización de llegar a un acuerdo en establecer los 8 ODM, sin embargo, en el boletín de avance para el cumplimiento de los ODM en 2013, las ONG fueron mencionadas como actores que pueden brindar servicios directos, suministrar recursos, desarrollar capacidades para los garantes del cumplimiento de derechos, monitorear el progreso y alentar a los gobiernos a mantener sus compromisos en relación, en definitiva el clima de participación cambió durante los siguientes años de la Declaración del Milenio, siendo más favorable para considerar en el diseño de propuestas a las Organizaciones de la Sociedad Civil.

En el 2012 en la Cumbre de Río+20 tuvo como fin la observación del cumplimento de los ODM, así como el inicio para impulsar la creación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, a diferencia de otros foros de carácter multilateral, en este espacio estuvo presente de manera importante las organizaciones civiles, a las cuales se les permitió participar con voz en diferentes reuniones así como proponer estrategias para el establecimiento de los ODS. Durante este momento y hasta la proposición formal en 2015 de los ODS, las organizaciones jugaron un papel trascendental, ya que fueron en gran medida las encargadas para proveer información e inquietudes de la sociedad en general. Desde informes, encuestas, entrevistas hasta investigaciones de expertos, las organizaciones civiles estuvieron involucradas en la elaboración de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y a diferencia de años anteriores dejaron de ser vistas como un actor antagónico para sumarse de manera activa a la agenda para la promoción de los ODS. Es importante reconocer que las Organizaciones de la Sociedad Civil pueden jugar un papel de cooperación con los Estados, sin embargo, es necesario la existencia de mecanismos y canales formales para la adecuada manifestación de propuestas, en el caso de México existen diferentes herramientas para materializar esta participación, sin embargo, han existido circunstancias que no permiten la cooperación integral de las organizaciones. A continuación, podrán analizarse algunas de las principales herramientas para la participación de las OSC en el diseño de políticas de desarrollo sustentable en el país.

MECANISMOS INSTITUCIONALES PARA LA PARTICIPACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL EN LAS POLÍTICAS DE DESARROLLO SUSTENTABLE.

En México existen diferentes herramientas mediante las cuales la ciudadanía a través de la asociación formalizada puede participar en temas de interés público y contribuir al desarrollo sustentable local y global. Dada la importancia que han adquirido las Organizaciones de la Sociedad Civil y lo imprescindible de dar seguimiento para cumplir los ODS, hoy es reconocido su derecho a participar y cuentan con marcos normativos que plasman los derechos y obligaciones, marcos que despliegan tanto de la Administración Pública Federal, así como de diferentes plataformas institucionales y definitivamente los escenarios de cooperación internacional que permiten la participación de las OSC en sus foros. Por marco normativo es entendido el “conjunto de leyes, reglamentos, políticas, normatividad, reglas de operación, disposiciones y requisitos, procedimientos y prácticas de la administración pública frente a las Organizaciones de la Sociedad Civil y sus actividades” (Tapia y Robles, 2006, p.22).

Los avances de las organizaciones civiles en México han tenido lugar a lo largo de más de dos décadas y han logrado una importante inserción en temas de desarrollo sustentable y de responsabilidad social, durante ese tiempo han buscado reconocimiento en el ámbito legal e institucional, con logros precisos como concretar leyes y acuerdos que representan sus intereses (Becerra y Pineda, 2014). Algunos de los casos calificados como logro es la aprobación de la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por las Organizaciones de la Sociedad Civil, y el Acuerdo por el que se Establecen los Lineamientos para la Participación de las Organizaciones de la Sociedad Civil en temas de Política Exterior, este último les permite hacerse valer en el panorama global, así como hacer uso de instrumentos internacionales que México ha ratificado. En el contexto actual, las Organizaciones de la Sociedad Civil precisan cumplir con el objeto social que dictan sus propios estatutos y buscan a través de los marcos normativos generar una incidencia política (De la Vega y Montes, 2016). Por incidencia política puede entenderse:

El proceso deliberado y sistemático que contempla la realización de un conjunto de acciones políticas de la ciudadanía organizada, dirigidas a influir en quienes toman decisiones sobre políticas, mediante la elaboración de propuestas que ofrezcan soluciones a los problemas sociales o de la comunidad, con la finalidad de lograr cambios en el ámbito público, que beneficien a amplios sectores de la población o a sectores más específicos (Manual de Indecencia Política, 2003, p.12).

La incidencia política por medio del uso de marcos normativos es un medio a través del cual las Organizaciones de la Sociedad Civil pueden involucrarse en procesos políticos para hacer valer sus intereses en el desarrollo sustentable y legitimar su participación así como su propia existencia. De aquí la importancia del buen funcionamiento de los procedimientos para legitimar a las Organizaciones de la Sociedad Civil como partícipe de los escenarios que promueven el desarrollo sustentable local e internacional. El proceso de legitimación de las organizaciones civiles en México es entendido como “el derecho ganado a lo largo de los años de actuar en los campos de interés social o ciudadano, de participar en las decisiones fundamentales que afectan a distintos sectores de la población” (Becerra et al., 2014, p. 23). Las Organizaciones de la Sociedad Civil son conocidas desde hace dos décadas como instancias de interés público, que buscan actuar bajo derecho al cumplir con alguno de los objetos sociales que estipula la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por las Organizaciones de la Sociedad Civil y que además buscan incidir en las políticas públicas correspondientes a sus intereses.

Como es manifestado, la inserción de las Organizaciones de la Sociedad Civil puede ser a través de marcos normativos o a través de mecanismos informales, éstos últimos, aunque han sido medios para generar espacios, han sido vistos como medidas antagonistas al vínculo estatal. Es apropiado una institucionalización del tema para que las opiniones y esfuerzos no sean solo intenciones y puedan ser consolidadas en un marco legal acertado para las organizaciones y para el bienestar de la ciudadanía. El marco legal actúa como garantía de las formas en que habrá de darse la relación en la promoción al desarrollo sustentable de las Organizaciones de la Sociedad Civil con la Administración Pública Federal y la manera en que las dependencias gubernamentales fomentarán sus actividades (Vázquez, 2011). Los pasos dados y logros para generar esta institucionalización no son menores, las Organizaciones de la Sociedad Civil han buscado canales de comunicación para posicionar en los temas de debate sobre el desarrollo, con esto pueden incorporarse o participar en las propuestas de ley que respaldan la participación de la sociedad civil en todos los ámbitos de la ciudadanía.

Uno de los ámbitos que mayor avance ha tenido en términos de incidencia social, es la incorporación de las organizaciones en el tema de desarrollo sustentable. Para generar la participación por parte de las Organizaciones de la Sociedad Civil en diferentes ámbitos del interés ciudadano es básico contar con un entorno favorable, factor estratégico para continuar y fortalecer su papel (Becerra y Pineda, 2014). Aunque la mayor parte de las Organizaciones de la Sociedad Civil participantes en las consultas nacionales “consideran que el entorno político en general no es facilitador” (Becerra y Pineda, 2014, p.15), han sido alcanzados escenarios de éxito, ya sea por la promoción de marcos normativos, elemento medular en este capítulo, así como espacios de participación y seguimiento, como en la reunión de la Alianza Global para la Cooperación al Desarrollo, celebrará en el 2014 en México, en la cual fue integrado desde un Marco de Seguimiento para Evaluar el Progreso para un Entorno Favorable de las Organizaciones de la Sociedad Civil. Estos instrumentos normativos son notables porque contemplan en su contenido la participación de las Organizaciones de la Sociedad Civil y promueven dicha participación como elemento para la consolidación democrática de México. De acuerdo con el Open Society Institute (2004) desde mediados del siglo pasado han existido factores claves para consolidar una democracia, entre ellos está la participación de un sector cívico vigoroso.

LA INSTITUCIONALIDAD EN MÉXICO PARA LA INCIDENCIA DE LA SOCIEDAD CIVIL EN DESARROLLO SUSTENTABLE

La institucionalidad supone un proceso de consolidación y si bien en México este proceso de consolidación institucional no ha sido inmediato, ya que, en la mayoría de los casos, más que la voluntad de los tomadores de decisiones ha sido la insistencia de las Organizaciones de la Sociedad Civil a través de diversos canales efectivos, la causa de lograr un mayor grado de institucionalidad en los marcos normativos relacionados a la participación civil. Como ejemplo estatal puede encontrarse la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (LOAPF) que establece las atribuciones de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) en su artículo 32 bis en su fracción XI: Evaluar y dictaminar las manifestaciones de impacto ambiental de proyectos de desarrollo que le presenten los sectores público, social y privado; resolver sobre los estudios de riesgo ambiental, así como sobre los programas para la prevención de accidentes con incidencia ecológica; y en la fracción XVII: Promover la participación social y de la comunidad científica en la formulación, aplicación y vigilancia de la política ambiental, y concertar acciones e inversiones con los sectores social y privado para la protección y restauración del ambiente. En la misma ley, pero con respecto a la Secretaría de Bienestar puede encontrarse en su artículo 32, fracción IV: Fomentar las actividades de las organizaciones de la sociedad civil en materia de bienestar, combate a la pobreza y desarrollo humano.

Así mismo, la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en su título quinto señala de manera reiterada en el artículo 158 el compromiso del Gobierno Federal, así como de la SEMARNAT para celebrar acuerdos y promover la participación de la sociedad civil en la planeación, ejecución, evaluación y vigilancia de la política ambiental y de recursos naturales. Uno de los principales marcos normativos mexicano que en sus disposiciones sugieren de diferentes maneras la participación de la sociedad civil es la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por las Organizaciones de la Sociedad Civil. “El instrumento más importante que da orientación y sustento político-jurídico a las políticas de fomento a las actividades de la Sociedad Civil es la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por las Organizaciones de la Sociedad Civil” (Evangelista, 2014, p.421), que aparece en el Diario Oficial de la Federación el 9 de febrero de 2004. Puede afirmarse que la entrada en vigor de esta ley cierra una etapa en el proceso de evolución de la sociedad civil en México y da comienzo a una nueva etapa que requiere del cumplimiento de las obligaciones adquiridas por parte del gobierno, así como de la sociedad civil para la participación en el desarrollo sustentable.

El proceso de democratización en México, percibido así debido a la alternancia del partido en el poder, permitió modificar la actitud hacia la apertura de la participación cívica. Esta actitud positiva fue un elemento importante para la aprobación de la iniciativa de ley, sin embargo, la Administración Pública Federal no asimiló inmediatamente esta actitud positiva, en parte porque la ley enfrentó la interacción de muchas agencias gubernamentales que continuaban resistiéndose, e incluso continúan haciéndolo, a aceptar a las Organizaciones de la Sociedad Civil como interlocutoras en las políticas públicas (Tapia y Robles, 2006). Opuesto a esa resistencia, los funcionarios con postura positiva a la participación de la sociedad civil en las cuestiones ambientales fueron un factor determinante para materializar la aprobación de la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por las Organizaciones de la Sociedad Civil.

La Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por las Organizaciones de la Sociedad Civil fue una iniciativa propuesta por la misma sociedad civil organizada, dada la falta de un marco jurídico apropiado para el progreso de estas organizaciones, el principal objetivo de la propuesta era que existiera un instrumento que reconociera sus capacidades, esfuerzos y al mismo tiempo fomentará las actividades para el desarrollo que las Organizaciones de la Sociedad Civil llevan a cabo. El siguiente objetivo era lograr una adecuada normatividad que pudiera diferenciarlas de las sociedades mercantiles y de los fines que éstas realizan, ya que las obligaciones fiscales en un principio fueron las mismas para los dos tipos de sociedades, sin tomar en cuenta que las Organizaciones de la Sociedad Civil llevan a cabo actividades sin fines comerciales y no lucrativas, sobre todo en un tema que estaba de manera inicial probando en el escenario internacional la inserción de las OSC en la agenda sustentable.

Conclusiones

El reconocimiento formal a esta nueva participación quedó confirmado con el decreto dispuesto en el Diario Oficial de la Federación el 2 de marzo de 2005, en el cual publicaba el Acuerdo por el que se Establecen los Lineamientos para la Participación de las Organizaciones de la Sociedad Civil en Temas de Política Exterior. Por medio de este, el gobierno mexicano a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores hacía público el compromiso de cumplir las obligaciones estipuladas en el ordenamiento, con el fin de que las organizaciones participen y expresen sus propuestas en temas encontrados en la agenda global. Entre los compromisos por parte de la secretaría hacía la sociedad civil están el consultar a través de diversos foros la opinión pública; el promover una mayor participación y compromiso de la sociedad en la formulación de las políticas internacionales y propiciar una mayor coordinación entre gobierno y sociedad civil.

La Secretaría de Relaciones Exteriores mostró con claridad que reconoce el rol que pueden tener los actores de sociedad civil en el desarrollo sustentable, durante el evento del Departamento de Información Pública/ Organizaciones No Gubernamentales de la Organización de las Naciones Unidas, la embajadora Patricia Espinosa señaló que las relaciones internacionales contemporáneas no pueden pensarse sin la participación activa de las Organizaciones de la Sociedad Civil, “los Estados y los organismos internacionales han dejado de ser interlocutores únicos en las discusiones multilaterales” (Espinosa, 2009, p.2). En efecto, en los contextos globales actuales, los movimientos sociales que quieran incidir en las decisiones y en las políticas públicas ambientales, de la misma manera que tienen grandes retos por delante. De acuerdo con Richard Falk (2018) nos encontramos en un momento en el cual los Estados no pueden enfrentar solos el reto de la globalización. En términos generales, las Organizaciones de la Sociedad Civil cuentan con instrumentos que les permiten involucrarse en el diseño de las políticas relacionadas al desarrollo sustentable, sin embargo, es necesario como ya sido mencionado la voluntad estatal para permitir una inserción correcta en la incidencia política ambiental

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Alejo, A. (2022). La incorporación de la sociedad civil mexicana a la política global del siglo XXI. Revista Mexicana de Política Exterior, (98), pp.11-18.

Becerra, L. y Pineda, L. (2014). Las transformaciones experimentadas por las OSC, para generar procesos de cambio, de interacción y de incidencia política. Deca Equipo Pueblo. http://www.equipopueblo.org.mx/descargas/TRANSFORMOSC16dic2.pdf

Becerra, L., Pineda, L. y Castañeda, N. (2014). El ambiente en que se desarrollan las Organizaciones de la Sociedad Civil en México. Mesa de articulación de Asociaciones Nacionales y redes de ONG de América Latina y el Caribe. https://www.academia.edu/32180266/El_ambiente_en_que_se_desarrollan_las_Organizaciones_de_la_Sociedad_Civil_en_M%C3%A9xico

Cohen, J. y Arato, A. (2000). Sociedad civil y teoría política (Roberto Reyes, trad.). Fondo de Cultura Económica. (Obra original publicada en 1992).

De la Vega, M. y Enríquez, H. (2014). La ley federal de fomento a 10 años de su existencia: debates para su reforma.https://www.academia.edu/33719747/La_Ley_Federal_de_Fomento_a_10_años_de_su_existencia

De la Vega, M. y Montes, A. (2016, 22 de febrero). Impacto de la normatividad en el desarrollo de la sociedad civil mexicana. Incidencia pública. Reflexiones para un mundo efectivamente democrático. http://incidencia.laoms.org/2016/02/22/impacto-de-la-normatividad-en-el-desarrollo-de-la-sociedad-civil-mexicana/

Declaración de Estocolmo Sobre el Medio ambiente Humano. (1972, 16 de junio). http://www.ordenjuridico.gob.mx/TratInt/Derechos

Diamond, L. (1994). Rethinking civil society [Replanteando a la sociedad civi]. Journal of Democracy 5(1), pp.4-17.

Díaz, M. (2013). Canales institucionales para una diplomacia ciudadana en México. Revista Mexicana de Política Exterior (98). 257-282.

Espinosa, P. (2009, 9 de septiembre). Inauguración de la 62 Departamento de información pública/organizaciones no gubernamentales de la ONU. http://www.centrolindavista.org.mx/62_dip/ESPINOSASP.pdf

Evangelista, E. (2014). Organizaciones e iniciativas ciudadanas en México. En S. Cano (ed.), Pobreza y desigualdad social. Retos para la reconfiguración de la política social. (pp. 411-433). Ediciones Díaz de Santos.

Falk, R. (2018). A radical world order challenge: addressing global climate change and the threat of nuclear weapons [Un reto en el radical orden mundial: atendiendo al cambio climático y el manejo de las armas nucleares]. Journal Globalizations, 7(1), pp.137-155.

Forman, S. y Segaar, D. (2016). New coalitions for global governance: the changing dynamics of multilateralism [Nueva coalición para la gobernanza global: el dinámico cambio en el multilateralismo]. Global Governance: A Review of Multilateralism and International Organizations, 12(2), pp. 205-225.

Gómez, C. (2015). El ideal cultural de la sociedad civil en el contexto de su resurgimiento contemporáneo (Tesis doctoral inédita). España: Universidad de Navarra. http://dadun.unav.edu/bitstream/10171/38259/1/Tesis_CarlosGomezMinakata.pdf

Grimaldi, N. (1999). Observaciones de un ciudadano sobre el carácter enigmático de la sociedad civil. En R. Domínguez, M. Herrero y N. Grimaldi (eds.), Sociedad civil: la democracia y su destino. (pp. 21-26). Universidad de Navarra.

Icaza, R. (2006). To be and not to be: the question of transborder civic activism and regionalization in México. A critical account of neo-gramscian perspectives [Ser o no ser: la pregunta sobre el activismo cívico transfronterizo y regionalización en México. Una crítica a la perspectiva neo-gramsciana]. Journal Globalizations, 3(4), pp. 485-506. https://doi.org/10.1080/14747730601022461

Keane, J. (1998). Civil society. Old images, New Visions [Sociedad civil. Viejas imagines, nuevas visiones]. Polity Press.

Lehoucq, F. (2007). ¿Qué es el fraude electoral? Su naturaleza, sus causas y consecuencias. Revista Mexicana de Sociología, 69(1), 1-38.

Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. (2015, 9 de enero). Artículo 158 Diario Oficial de la Federación. https://biblioteca.semarnat.gob.mx/janium/Documentos/Ciga/agenda/DOFsr/148.pdf

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. (2021, 20 de octubre). Artículo 32 bis reformados en el Diario Oficial de la Federación 2000, 2003 y 2018 https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LOAPF.pdf

Loaeza, S. (2013). Dos hipótesis sobre el presidencialismo autoritario. Revista mexicana de ciencias políticas y sociales. 58(218), pp.53-72.

Manual de la incidencia política. (2003). USAID.

Open Society Institute. (2004). Guía para las leyes que afectan a las organizaciones cívicas. ICNL.

Organización de Naciones Unidad. (1987). Nuestro futuro común. Alianza.

Pérez-Diaz, V. (1994). Sociedad civil fin de siglo, esfera pública y conversión cívica. Alianza Editorial.

Pría, M. (2008). Las relaciones internacionales del siglo XXI: hacia una diplomacia ciudadana. Relaciones Internacionales, (101-102), 157+. https://link.gale.com/apps/doc/A244650074/IFME?u=anon~e0ff51dc&sid=googleScholar&xid=88a6461c

Schiavon, J. y Velázquez, R. (2010). La creciente incidencia de la opinión pública en la política exterior de México: teoría y realidad. (Documento de trabajo 197). DEI-CIDE. http://www.libreriacide.com/librospdf/DTEI-197.pdf

Secretaría de Relaciones Exteriores. (2012). Libro blanco. Conferencias de Cancún sobre cambio climático. SER. https://sre.gob.mx/images/stories/doctransparencia/rdc/5lbcop16.pdf

Soto, O. (2018). Movimientos sociales y articulaciones políticas. Apuntes sobre el Movimiento Nacional Campesino Indígena y el Movimiento Evita en el período kirchnerista. MILLCAYAC (V)9. 33-58. file:///C:/Users/Usuario/Downloads/Dialnet-MovimientosSocialesYArticulacionesPoliticasApuntes-6531580.pdf

Tapia, M. y Robles, G. (2006). Retos Institucionales del Marco Legal y Financiamiento a las Organizaciones de la Sociedad Civil. Alternativas y Capacidades, A.C.

Vázquez, I. (2011). Las Organizaciones de la Sociedad Civil en Obregón, Sonora, como una forma de innovación y desarrollo regional. ITESO.