Violencia De Género en Perú y la Responsabilidad Social Universitaria

Candiotti Paredes, Luz Amparo; Ludeña Manco, Diego Conrado; Ludeña González, Gerardo Francisco

Luz Amparo Candiotti Paredes

lcandiottipa14@ucvvirtual.edu.pe

Universidad Cesar Vallejo Perú

Diego Conrado Ludeña Manco

U20151b634@upc.edu.pe

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas Perú

Gerardo Francisco Ludeña González

gludenag@ucv.edu.pe

Universidad Cesar Vallejo Perú

LEX, Revista de Investigación en Ciencias Jurídicas

Centro de Investigación y Desarrollo Ecuador, Ecuador

ISSN: 2631-2883

ISSN-e: 2631-2883

Periodicidad: Trimestral

vol. 5, núm. 17, 2022

editor@revistalex.org

Recepción: 27 Junio 2022

Aprobación: 24 Julio 2022

Publicación: 17 Agosto 2022

URL: http://portal.amelica.org/ameli/journal/622/62234366223436004/

Modelo de publicación sin fines de lucro para conservar la naturaleza académica y abierta de la comunicación científica

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Resumen: La violencia de genero está impregnada en la realidad social en Perú, sobre todo en los niveles económicos y sociales donde prima la pobreza, la miseria, el hambre, la enfermedad, la fuerte desigualdad en la distribución del ingreso y la discriminación en sus múltiples formas (racial, de clase, de edad, por la orientación sexual, por la nacionalidad y por la pertenencia étnica), son expresiones de la violencia estructural presente en la sociedad actual. El objetivo fue describir el enfoque de género sin ninguna diferencia entre el sexo masculino y femenino para así tener igualdad de oportunidades reduciendo la violencia familiar y el subsecuente feminicidio que tiende a su incremento. Se concluye que, las Universidades tienen la responsabilidad conjunta con la sociedad, de difundir la igualdad de condiciones entre las personas de uno y otro sexo, conforme lo estipula los tratados de derechos humanos y la Constitución política del Perú por una sociedad con justicia social y equilibrada.

Palabras clave: Violencia, Familia, Género, Responsabilidad universitaria.

Abstract: Gender violence is impregnated in the social reality in Peru, especially in the economic and social levels where poverty, misery, hunger, disease, strong inequality in income distribution and discrimination in its multiple forms (racial, class, age, sexual orientation, nationality and ethnicity) are expressions of the structural violence present in today's society. The objective was to describe the gender approach without any difference between the male and female sexes in order to have equal opportunities, thus reducing family violence and the subsequent feminicide that tends to increase. It is concluded that Universities have the joint responsibility with society to spread equality of conditions between people of both sexes, as stipulated in human rights treaties and the Political Constitution of Peru for a society with social justice and balance.

Keywords: Violence, Family, Gender, University responsibility.

Resumo: A violência de gênero está impregnada na realidade social do Peru, especialmente nos níveis econômico e social onde pobreza, miséria, fome, doença, forte desigualdade na distribuição de renda e discriminação em suas múltiplas formas (raça, classe, idade, orientação sexual, nacionalidade e etnia) são expressões da violência estrutural presente na sociedade de hoje. O objetivo era descrever a abordagem de gênero sem nenhuma diferença entre os sexos masculino e feminino, a fim de ter igualdade de oportunidades, reduzindo assim a violência familiar e o subseqüente feminicídio que tende a aumentar. Conclui-se que as universidades têm a responsabilidade conjunta com a sociedade de difundir a igualdade de condições entre as pessoas de ambos os sexos, conforme estipulado nos tratados de direitos humanos e na Constituição Política do Peru, para uma sociedade com justiça e equilíbrio social.

Palavras-chave: Violência, Família, Gênero, Gênero, Responsabilidade universitária.

INTRODUCCIÓN

La violencia contra las mujeres, afecta a muchas familias a diario en todo lo largo y ancho de nuestro territorio y a pesar de que existen instituciones que amparan a las mujeres en situación de violencia, aun los indicadores reflejan cifras muy altas, esto se debe en la mayoría de los casos a la conducta machista de muchos hombres en la sociedad.

El enfoque de Género constituye una brecha que manifiesta la desigualdad en cuanto a Derechos, recursos y coyuntura. Esta valoración, puede aplicarse a diferentes ámbitos, como el trabajo, la política, la educación y sobre todo, el paradigma de que las personas del sexo femenino por el hecho de ser mujeres, son consideradas el sexo débil de tal modo que son calificadas como incompetentes para cumplir determinadas funciones y labores, habiendo familias que aun en el presente año 2022, discriminan a sus hijas desde el momento que nacen, criándolas con muchas características de un estereotipo que estas niñas solo aprenderán las labores del hogar, así mismo sufren una distinción, minimizándolas frente a sus hermanos y familiares de sexo opuesto, negándole la oportunidad de desarrollar su proyecto de vida en igualdad de condiciones, forjando en ellas creencias limitantes en la familia, siendo que desde su nacimiento les brindan obsequios que las limitan para su desenvolvimiento en el mundo actual, que es un mundo donde priman las competencias y los desempeños de los seres humanos (Cruz, 2021).

En la actualidad los padres marcan la diferencia de género en los hijos ya que en fechas importantes como cumpleaños, navidades, entre otras festividades, donde las familias por costumbre, les obsequian a sus hijos juguetes según su género, como muñecas, juegos de té, cocina entre otros, así como carros, soldados, motos, armas de fuegos, siendo que con estos obsequios se les está dando al subconsciente de que las niñas son el sexo débil, las futuras amas de casa y el niño el sexo fuerte, los que a futuro impondrán el orden y la fuerza en el hogar como jefe de familia, siendo esto un pensamiento machista y paradigmático en pleno siglo XXI, que al vivir en el subconsciente de las personas este internalizado como un hecho normal en nuestra sociedad, es cierto que se han realizado diferentes cambios de estas conductas aprendidas, teniendo en cuenta que las costumbres y los conocimientos se aprenden y desaprenden; definiendo esta teoría como: Aprender a desaprender es dejar de repetir las misma formas. Es decir, explorar o hallar la existencia de otros caminos que permitan alcanzar las mismas oportunidades, dejando las limitaciones que comúnmente se tiene, por otras que no han experimentado. Aprenden automáticamente desde el momento de nacer (Cruz, 2021).

Por lo que cabe precisar, que solo desaprendiendo las viejas estructuras del pensamiento de las familias se logrará el verdadero cambio paradigmático de la diferencia de género, se podrá lograr devastar la brecha de género en Perú y toda Latinoamérica, donde las mujeres concurran.

Por ello, el propósito estudio describir las experiencias de vida en las familias en Perú, respecto a las marcadas diferencias, que atentan contra la libertad y los derechos humanos de mujeres de distintas culturas, condiciones sociales, niveles de educación, religión, raza, etnia y edad. La discriminación racial en Perú muestra las siguientes cifras. Más de un millón de peruanos han sufrido de discriminación. Además, el 81% de los encuestados indica que la “discriminación ocurre todo el tiempo y nadie hace nada. También, el 79% de la población dice que Perú es un país racista (Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, 2021).

MÉTODO

El estudio se diseñó sobre un enfoque cualitativo, La investigación es de tipo básica descriptiva y enlaza una serie de conceptos que vulneran los derechos fundamentales de las personas objetivamente “las mujeres” en general sin importar las condiciones sociales, culturales, de credo, raza, edades. Investigando los conflictos que dan origen a la violencia intrafamiliar en las rutinas del hogar donde el varón, por lo general, es considerado como cabeza de familia (Ministerio de Cultura, 2018).

Del estudio se ha determinado la evolución de este fenómeno a través de la historia; la sociedad, ha puesto el poder en manos de maridos y padres cuando se entabla una relación conyugal o de pareja”, quiere decir que las desavenencias que generan los problemas en contra de las mujeres se desarrolla en el seno de la familia, los mismos que desde los confines de la historia aun antes de Cristo y en el mismo derecho romano, las mujeres eran consideradas inferiores en la sociedad, donde la sociedad patriarcal se impone ante las personas de sexo femenino, considerándosele a los hombres, como cabeza de familia, ya que ellos fueron quienes sostenían económicamente (Vásquez, y Ramón, 2022).

El concepto de género alude a los distintos roles, responsabilidad y atributos que se asignan a hombres y mujeres en la sociedad como producto de una construcción socio cultural respecto de su sexo biológico (Martens, 2018).

Lo que quiere decir Martí (2011) es que estos conceptos determinan las características naturales de hombres y mujeres, el genoma se comporta de forma diferente dependiendo del género. Estos nuevos datos plantean retos para la ciencia, la medicina e incluso la igualdad de género que no se derivan del sexo de las personas, sino que son constituidas a través de las relaciones sociales y las imposiciones culturales, pues no es lo mismo referirse al género o el sexo, pues el primero define conjunto de los individuos que comparten esta misma condición orgánica, por ser el conjunto de las peculiaridades que caracterizan los individuos de una especie dividiéndolos en masculinos y femeninos, y hacen posible la reproducción y se caracteriza por una diversificación genética, sexo apunta a las características fisiológicas y sexuales con las que nacen mujeres y hombres.

Mientras que género se refiere a las ideas, normas y comportamientos que la sociedad ha establecido para cada sexo, y el valor y significado que se les asigna (Graves, 2018).

Otorgar a mujeres y hombres igual valoración y goce real de derechos y oportunidades, acabando así con las discriminaciones, la violencia basada en género, que tiene un carácter generalizado, constante y múltiple, se presenta en distintos espacios de la vida por lo que requiere ser atendida desde un enfoque que permita visibilizar las múltiples conexiones entre las diferentes formas en que se presentan, la ley Reconoce la existencia de circunstancias asimétricas en la relación entre hombres y mujeres, construidas sobre la base de las diferencias de género que se establecen en una de las causas principales de la violencia hacia las mujeres. Este enfoque debe orientar el diseño de las estrategias de intervención orientadas al logro de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Del enfoque de género, lo que la ley quiere decir alude al conjunto de características diferenciadas que cada sociedad asigna a hombres y mujeres (Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, 2021).

Del enfoque integral, lo que la ley aborda es la iniciativa que busca crear un modelo de desarrollo y transformación para facilitar la construcción de una comunidad conectada. Del enfoque de interculturalidad, lo que la ley quiere decir es que Perú es un país pluricultural, como lo establece el Art. 2 de la Constitución Política del Perú numeral 19 de 1993, en la que todas las personas tienen derecho a: Su identidad étnica y cultural y enfoque de derechos humanos, la cual permite crear las condiciones indispensables para que los seres humanos vivan dignamente en un entorno de libertad, justicia y paz. El derecho a la vida, a la libertad de expresión y de conciencia, a la educación, a la vivienda, a la participación política o de acceso a la información son algunos de ellos.

Respecto del enfoque de interseccionalidad, lo que la ley quiere decir es que, dentro del género, etnia, la clase y orientación sexual, como otras categorías sociales, lejos de ser “naturales” o “biológicas”, son construidas y están interrelacionadas, así mismo, respecto del enfoque generacional lo que la ley quiere decir es que apunta al análisis en tiempo y espacio de las relaciones intergeneracionales, en contextos históricos, sociales, económicos, políticos y culturales determinados, tomando en cuenta los ciclos de vida, roles, acciones que la persona establecen con sus entornos, la sociedad y sus instituciones. Las mujeres estamos sujetas a esta ley en todo nuestro ciclo de vida, Niñas, adolescentes, adultas y adultas mayores (Elichiry, 2019).

Lo que evidencia la ley incluye a las mujeres en todo su ciclo vida, con la finalidad de brindar protección oportuna, es sumamente importante lo que diga la voluntad expresa de la ley y otra la vida cotidiana donde hay caos en los procesos, expedientes judiciales, precedentes judiciales y vinculantes, incluso en las mujeres adultas mayores que son fuertemente violentadas por el hecho de haber nacido mujeres, en este extremo se presenta, la mayor realidad problemática de esta investigación, pues al fin y al cabo el resultado final de la Violencia de género es la muerte, que llamado en términos legales se trata del feminicidio (Vite, 2021).

En Lima, con fecha veintidós del mes de noviembre del año dos mil quince, se publicó en el Diario El Peruano la Ley N° 30364, que corresponde a la Ley para Prevenir, Sancionar, y Erradicar la violencia Contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar.

En el presente artículo, se atribuye que a la presente ley muestra avances relevantes por parte del Estado para luchar contra la violencia hacia las mujeres y otros integrantes del grupo familiar, a su vez, se esbozan puntos importantes que no fueron tomados en cuenta y que se mantienen como retos normativos para combatir este fenómeno, la autora trata de explicar que la ley N° 30364, Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, resultó obsoleta, puesto que tenía la anterior una serie inobservancias e implicancias sumamente importantes como que se limitaba a sancionar los actos constitutivos como violencia familiar, es decir, aquellos cometidos únicamente por personas vinculadas familiarmente a la víctima, cónyuges, convivientes, ex convivientes, ascendientes, descendientes, parientas colaterales hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, quienes habitan en el mismo hogar sin relación laboral o contractual, quienes hayan procreado hijos (Díaz, 2019).

Es decir, no existía en Perú una norma que sanciona la violencia contra la mujer por razones de género, sino únicamente en contextos familiares. La nueva ley, en cambio, reconoce en su artículo, la definición de violencia contra las mujeres, se define de la Convención Interamericana para Prevenir, Erradicar y Sancionar la Violencia Contra la Mujer, Convención “Belém do Pará”. Esto significa que reconoce que la violencia hacia las mujeres no se limita al ámbito doméstico pues puede ocurrir también en el ámbito público y, además, implica que estos problemas responden a desigualdades estructurales y sociales hacia las mujeres, es decir, se da por razones de género (Defensoría del pueblo, 2022).

Una vez más, se trata de explicar que las mujeres por el simple hecho de haber nacido mujeres se ven expuestas a ser violentadas no sólo dentro del círculo familiar y hogareño sino también en el entorno público, esta definición es manifiesta y recogida de la convención de, Convención “Belém do Pará - Brasil” del año 2020 quien define en su Artículo “2” que se entenderá como violencia contra la mujer aquella que incluye la violencia física, sexual y psicológica, además:

A. Que tenga lugar dentro de la familia o unidad doméstica o en cualquier otra relación interpersonal, ya sea que el agresor comparta o haya compartido el mismo domicilio que la mujer, y que comprende, entre otros, violación, maltrato y abuso sexual;

B. Que tenga lugar en la comunidad y sea perpetrada por cualquier persona y que comprende, entre otros, violación, abuso sexual, tortura, trata de personas, prostitución forzada, secuestro y acoso sexual en el lugar de trabajo, así como en instituciones educativas, establecimientos de salud o cualquier otro lugar.

C. Que sea perpetrada o tolerada por el Estado o sus agentes, donde quiera que ocurra.

Al ponerse de manifiesto este importante cambio en Perú, el propósito de la norma es que las mujeres estén protegidas ya sea en su centro de estudios, centro laboral y que se puedan desplazar con tranquilidad y sin miedo de ser atacadas por propios y ajenos ya que se considera también el grado de vulnerabilidad al que están expuestas por el hecho de ser mujeres y no pueden defenderse frontalmente por cualquier sociópata o psicópata que algún día pasó por sus vidas sin ser reconocido por ellas, ya que estos hombres muestran grados de simpatía que pasan por desapercibidos en sus emociones en razón que ese tipo de relaciones fueron tóxicas en las vidas de las féminas en la que aquellos tienen el afán de vengarse, estando en cualquier momento expuestas a sus ataques, puesto que estos sujetos las creen de su propiedad, como es de notarse a partir del estudio de caso donde, una mujer de 22 años fue atacada por un sujeto que prendió fuego en el interior de un bus de la empresa de transporte público Etuls S.A. en la cuadra 9 de la avenida 28 de Julio en Miraflores - Lima, Perú, el hecho, que se produjo a las 7:05 pm de la noche, dejando a la señorita un total de 10 heridas con quemaduras de segundo y tercer grado; así mismo el caso de un hombre que echó gasolina al interior de la unidad de placa B3H-711, que cubre la ruta San Juan de Lurigancho-Chorrillos-Lima, quedando gravemente herida la Srta. con más del 70% del cuerpo quemado, caso en el que, según la representante de la Defensoría del Pueblo, se trató de un feminicidio con estrecho vínculo de sospecha que la víctima tendría alguna relación con el agresor, siendo que posteriormente, el artículo del diario La República, de fecha 25 de abril del 2018, refirió que después de estar hospitalizada y de todos los esfuerzos médicos, falleció Eyvi Ágreda Marchena, la joven que fue brutalmente atacada por Carlos Hualpa Vacas, quien insatisfecho porque la muchacha jamás accedió a sus pretensiones románticas, le roció con gasolina dentro de un bus en Miraflores y luego le prendió fuego (La República, 2019).

Estos correlatos evidencian claramente el grave problema de violencia de género en que diariamente se está viendo expuestas las mujeres peruanas y que, aun estando establecida en la normatividad vigente, no se procede oportunamente y no se respeta la hoja de Valoración de Riesgo, pues a las víctimas no se les brinda las correspondientes medidas de protección o no se cumplen con las mismas, exponiendo a las féminas al peligro y a la agresión de estos sujetos quienes resultan responsables de estas conductas ilícitas que terminan en muchos casos con el resultado de muerte por feminicidio, pese a ya haber existido denuncias anteriores. En todos los casos citados resulta común la circunstancia en la cual se resta importancia a las denuncias pues los sucesos causados por ejemplo la de la Srta. Eyvi Ágreda Marchena, se perpetraron dentro de un transporte público, a vista y paciencia de las otras personas que se encontraban en el bus, quienes no pudieron evitarlo, lamentablemente por temor y represalias, casos de esta naturaleza se evidencian con frecuencia (Fernández, 2019).

En Perú se indica que, durante el año 2021, cinco mil niñas, adolescentes y mujeres adultas fueron reportadas como desaparecidas, y ocurrieron 147 feminicidios. El escenario parece no mejorar para este 2022, en el que solo en enero ya se habían denunciado la desaparición de 519 niñas, adolescentes y mujeres adultas, así como 18 feminicidios, cifras superiores en un 19% a lo reportado en enero del 2021, según datos de la Defensoría del Pueblo. Quedando demostrado que este problema está centrado a las personas de sexo femenino de todas las edades ya que sufren diversos tipos de vulneración, donde también se tiene que considerar la desaparición de mujeres de todas las edades y etapas de la vida, situación que parece mantenerse ajena a los ciudadanos peruanos, puesto que el Gobierno, la Defensoría del pueblo, el Ministerio de la mujer y poblaciones vulnerables así como también el ministerio de educación deben tomar en cuenta que inconscientemente se está normalizando la violencia contra la mujer en todas las etapas de su vida. Estos estudios fueron abordados cerca al día internacional de la mujer en el presente año 2022, por lo que se considera de suma relevancia, mantener la lucha contra la violencia de género en todos sus aspectos (Centro de Investigación de la Universidad del Pacifico, 2022).

El feminicidio en Perú contra las mujeres, se trata de un asesinato de masas y sucede cuando las condiciones históricas generan prácticas sociales que permiten atentados contra la integridad, la salud, las libertades y la vida de las mujeres. En el feminicidio concurren en tiempo y espacio, daños contra mujeres realizados por conocidos y desconocidos, por violentos, violadores y asesinos individuales y grupales, ocasionales o profesionales, que conducen a la muerte cruel de algunas de las víctimas. No todos los crímenes son concertados o realizados por asesinos seriales, los hay seriales e individuales, seriales que constituyen una serie, nacen de una declaración de voluntad realizada frente a una pluralidad indeterminada de personas, del cual, algunos son cometidos por conocidos, parejas, parientes, novios, esposos, acompañantes, familiares, visitas, colegas y compañeros de trabajo; también son perpetrados por desconocidos y anónimos y por grupos mafiosos, sicarios delincuentes ligados a modos de vida violentos y criminales, sin embargo, todos tienen en común que las mujeres son usables, prescindibles, maltratables y desechables (Fernández, 2019).

Desde luego, todos los responsables de estos ataques coinciden en su infinita crueldad y son, de hecho, crímenes de odio contra las mujeres. Este reporte del centro de la Mujer Flora Tristán, es un estudio concreto y descriptivo, explicativo respecto a la conducta de los hombres maltratadores y genocidas, sobre todo por la especial vulnerabilidad a la que somos expuestas basada en el género sobre todo por la infravaloración de la mujer en la sociedad peruana, donde los causantes de esta realidad problemática en nuestro país son personas de sexo masculino con particularidades conductas distorsionadas y enfermas, hombres que se encuentran en procesos psicológicos de los celos paranoides o del miedo intolerable a ser abandonados controlan el pensamiento de la persona y mantienen la relación porque gradualmente van convirtiendo a la mujer como un objeto, ya no perciben a la mujer como persona sino como un objeto de su pertenencia que, como no logran controlarlo, necesitan destruirlo (Meléndez, 2021).

Por ello, en los feminicidios hay mucha violencia, hay más heridas de las que se necesitaría para matar a una persona y luego tratan de aniquilar al cadáver, algunos lo disuelven en ácido, lo queman o descuartizan. Son crímenes típicos del compromiso emocional, el hombre violento siempre se va a arrepentir de lo que ha hecho y a pedir disculpas, incluso de rodillas, la psiquiatría demuestra y resalta que lo más probable es que no esté mintiendo, de verdad no piensa volverlo a hacer; lo que pasa es que las modificaciones en su cerebro, la gran disfuncionalidad que tienen, les impide cambiar su conducta, a menos que tengan un proceso terapéutico. Entonces, van a volver a golpear o maltratar, porque les gana el impulso, el feminicidio muestra el real contexto de violencia y discriminación hacia la mujer; de este modo se convierte en uno de los principales problemas sociales que se tiene que enfrentar, pues es evidente que las construcciones sociales en Perú, toleran la violencia basada en la discriminación de género, Por otro lado, es fundamental señalar que las organizaciones del Estado y de la sociedad civil deben promover estrategias para prevenir y enfrentar casos de feminicidio en el país, pues son delitos de lesa humanidad cotidianamente vividos por las mujeres (Flores, 2018).

Se debe exigir a las autoridades la investigación exhaustiva de los hechos y la aplicación de justicia a los responsables, pues de estos resultan graves problemas sociales, asuntos que implican, una serie de delitos infringidos contra de las mujeres, no resultando eficientes las políticas de Estado para desarrollar programas sociales necesarios que permitan revertir el problema social en cuestión y, de este modo, mejorar la calidad de vida de las mujeres y de la sociedad (Lansford, et. al., 2014).

En un artículo del diario La República del año 2018, se elaboró una descripción cuantitativa y de número de proporción de la realidad problemática planteada en nuestro país el último año, habiendo determinado que se han cometido 146 feminicidios en Perú, escalofriante realidad. En los últimos cinco años, este delito ha ido en aumento en Perú, con proyección similar en Latinoamérica, hasta llegar a la dramática cifra de 582 casos reportados sólo en Lima, habiendo sido denunciados un promedio de 170 agresiones por día (Hernández, 2019).

En el año 2022 hasta la fecha se cometieron 146 feminicidios en Perú, un caso mediático que puso en evidencia este controvertido problema es el caso de la ciudadana Eyvi Liset Ágreda Marchena, así también como los de Marisol Estela Mendoza, Julia Reyner y Estefany Torres. Todas ellas tienen algo en común, sus nombres forman parte de la escalofriante cifra de 146 feminicidios perpetrados en el año 2018. Además, son parte de una dramática estadística que muestra la realidad sobre estos delitos perpetrados en contra de la mujer (Flores, 2018).

Este tipo de crímenes se han incrementado hasta llegar a los 582 casos en lo que va del presente año, sin embargo, las cifras de horror no terminan ahí. Según el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, solo en Lima- Perú, entre enero y noviembre 2019 se han denunciado 39,000 casos de violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar, de lo que se colige que son aproximadamente 170 casos de violencia diarios. No obstante, la ministra de la Mujer, Ana María Mendieta, informó, que solo el 29% de ellas denuncia la agresión, es decir, si todos los casos fueran denunciados, la realidad y el problema sería mostrado de forma más alarmante y real. Ante ello, invocó a las mujeres a denunciar a sus agresores. Se dijo que para revertir esta realidad están trabajando de forma articulada con los diversos ministerios, así como con la Policía, la Fiscalía y el Poder Judicial, a fin de fortalecer el sistema de protección a la mujer, al finalizar el 2019 el caso fue promedio fueron 163 feminicidios reportados en Perú (Solís, 2019).

DESARROLLO Y DISCUSIÓN

Cada una de las mujeres prevalentemente tienen responsabilidad en esta lucha, lo cual refleja que no se puede ser indiferentes, no hay que quedarse callados pensando que el problema es de otros, circunstancia que suma la carente reversión frente a la creciente violencia contra las mujeres que con la pandemia cerró con las cifras más alarmantes de feminicidios en Perú, pese a los esfuerzos de liderazgo de las autoridades locales, teniendo solo 80 de las 183 municipalidades provinciales en Perú, instancias provinciales de coordinación con la cifras mínimas a nivel distrital (Revollar, 2021).

De otro lado, el Ministerio de la Mujer informó que los Centros de Emergencia Mujer (CEM) en Perú, atendieron, a nivel nacional, 120,734 casos de violencia contra las mujeres integrantes del grupo familiar habiendo sido implementadas 49 CEM que funcionan dentro de las comisarías de la policía nacional (Anteparra, 2019).

En todo caso, respecto a las causas de violencia, hay factores sociales que influyen en las personas, como son, por ejemplo, algunos contenidos televisivos. Estos no son una relación causa y efecto, pero sí son influyentes. Una marcha contra las agresiones a las mujeres no va a cambiar los efectos de la violencia. Se debe ser constante, bombardear la mente de las personas con spots publicitarios, segmentos en programas que hablen de cómo tratar y respetar a las mujeres, charlas en los centros educativos, universidades, medios de comunicación y sobre todo dentro del núcleo familiar donde se enseñe a auto valorarse, la autoestima, la inteligencia emocional, a las integrantes de la familia de sexo femenino, así también a informar que el más mínimo intento de violencia de género, en cualquiera de sus modalidades, debiendo ser denunciado de inmediato a las autoridades pertinentes, la Policía Nacional del Perú, el Ministerio Público, el Ministerio de la Mujer, entre otros (ANDINA, 2019).

Abordando el compromiso de la responsabilidad social universitaria, el presente artículo, describe evidencias respecto a la violencia familiar, siendo éste un problema de interés público, por tanto es deber del estado enfrentarlo, dado que éste conflicto vulnera los Derechos Fundamentales de la Persona, como el derecho a la vida y a la salud pública, puesto que se ven en grave peligro, llegando muchas veces al feminicidio como consecuencia final de estos graves hechos que se dan en la realidad peruana, motivo por el que se recomienda cumplir con la alianza de la Sociedad Civil en general, entre todos los sectores de la sociedad, siendo preferente que el sector privado también lo conforme, pues, implica a todos (Vallaeys, 2021).

Como lo indica el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, la Responsabilidad Social tiene como objetivo, promover la no violencia contra la mujer y el grupo familiar dentro de sus organizaciones y en la comunidad de su entorno como parte interesada, esto implica el reconocimiento y la valoración ante la diferencias de género y mayor respeto en principios y valores dentro de la familia para focalizar programas según cada caso y género a partir de sus limitaciones y potencialidades, teniendo en cuenta el enfoque de integridad que reconoce que la violencia contribuye a factores que están presentes en distintos ámbitos, familiar, individual, comunitario y estructural, desde la formación académica, la empatía, los valores y comportamientos sociales responsables del estudiante.

En todo caso, a decir de Canchanya (2020) la violencia se mantuvo latente en sectores mayormente vulnerables, sin embargo, el Estado peruano no utilizó mecanismos apropiados para paliar los riesgos de las mismas ni fueron eficaces las políticas públicas de prevención dispuestas. De ahí que, las últimas recomendaciones dirigidas a Organizaciones, Gobiernos, instituciones y proveedores de servicios para adaptarse y dar respuesta a las circunstancias derivadas de la violencia familiar debe tener presente que la comunidad internacional ha reconocido que la violencia contra mujeres y la violencia contra niñas y niños, representan violaciones de los derechos humanos y problemas de la salud pública, con implicaciones para el desarrollo integral, educación e integración social de niñas, niños y adolescentes.

En tal sentido, la violencia contra las mujeres y la violencia contra los niños y las niñas frecuentemente ocurren en el mismo hogar o familia y al mismo tiempo, como tal, tienen que ver con las relaciones desiguales de poder al interior de la familia, la exposición a la violencia desde temprana edad, las masculinidades nocivas y violentas, y las desigualdades de género (Guedes y Bott, 2019).

De otro lado, aún están presentes normas sociales que contribuyen a la permisividad del castigo físico; a las normas de masculinidad basadas en el control y violencia; a priorizar la reputación familiar sobre el cuidado de las personas que sufren violencia y rechazar la igualdad de género (Klevens y Ports, 2017).

La evidencia demuestra que la igualdad de género y la promoción de normas sociales equitativas, son factores protectores tanto para la violencia contra las mujeres como para la violencia contra los niños y las niñas, de ahí que, Las personas y las familias a menudo están expuestas a múltiples formas de violencia que pueden ser difíciles de abordar de manera aislada (Guedes, et. al., 2017).

Dentro de este marco conceptual la responsabilidad social universitaria, planifica programas para atender estas problemáticas dentro de la prevención y atención, así como otros que promuevan la equidad de género y que brinden oportunidades para salir del círculo de la violencia tales como generación de renta de desarrollo, capacidades y educación equitativa (Cabrejos, 2017).

Se recomienda determinar que los programas para el fortalecimiento de capacidades y de generación de rentas para mujeres, den evidencia de esta independencia financiera, a fin de que tienda a empoderar a las mujeres tales como el estudio de caso del programa juntos en Perú, donde se encontró que las transferencias a los hogares tienen un impacto significativo en la reducción de la violencia doméstica y es porque las mujeres perciben ingresos adicionales por trabajos remunerados, recomendando que, para disminuir estos problemas, resulta necesario potenciar todos los aspectos y oportunidades y fortalezas a través de la sociedad civil, Universidad, Empresa y Gobierno (Huerta, 2018).

Se debe tener en cuenta que es importante que la empresa, la Universidad y la sociedad civil se unan al Estado para reducir la violencia como parte de la Responsabilidad Social Universitaria y así eliminar las prácticas machistas y de violencia, tomando acciones para orientar y prevenir la violencia, así como costumbres y prácticas culturales que proponen eliminar la desigualdad histórica de poder hombre - mujer y / o Adulto, para, a partir de ello, reducir el embarazo de adolescentes, etc., resultando una sociedad menos violenta, con una cultura de paz, mejor calidad de vida, mejora económica y reducción de la pobreza (Javier, 2019)

CONCLUSIÓN

La violencia de género en Perú, advierte en la mujer un problema social de gran magnitud que atenta contra la libertad y los derechos humanos de distintas culturas, condiciones sociales, niveles de educación, religión, raza, etnia y edad. En tal sentido, la equidad de género propugna otorgar a las mujeres y hombres igual valoración y goce real de derechos y oportunidades, acabando así con las discriminaciones. La violencia basada en género, constante y múltiple, se presenta en distintos espacios de la vida social, por lo que requiere ser atendida desde un enfoque que permita visibilizar las múltiples conexiones entre las diferentes formas en que se presentan, en razón a que se determina que es latente con graves consecuencias de violencia intrafamiliar en las rutinas del hogar acopladas a una fuerza de trabajo con una dirección masculina, en la que se monopoliza los ingresos económicos de la familia a la cabeza del hogar como lo es el hombre (Huerta, 2018).

Los estudios ponen en evidencia a Perú como un país frágil en términos de violencia y maltrato psicológico hacia la mujer, producto de una sociedad patriarcal y machista. Se publicó en el Diario El Peruano la Ley N° 30364, Ley para Prevenir, Sancionar, y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar, la misma que derogó la ya desfasada Ley N° 26260, Ley de Protección Frente a la Violencia Familiar, esta nueva ley significa un avance positivo por parte del Estado para luchar contra la violencia hacia las mujeres y otros integrantes del grupo familiar (Centro de Investigación de la Universidad del Pacifico, 2022).

La Responsabilidad Social Universitaria, permite realizar en el ámbito universitario una serie de programas que minimicen o reflejen la ausencia de agravios desde la violencia familiar, en una política de gestión universitaria acorde a los desafíos del mundo moderno del siglo XXI, donde el objetivo fundamental sea desarrollar una serie de acciones que permitan estrechar las relaciones de la universidad con la sociedad, contribuyendo con una investigación a fondo que ayude y dé pie al mejoramiento de las problemáticas existentes en cuanto a la violencia de género. En la actualidad existen instituciones que amparan y protegen a las mujeres en situación de violencia de género, es de mencionar que es de vital importancia el involucramiento de toda la sociedad para poder resolver esta problemática que nos empaña a todos.

REFERENCIAS

Anteparra, V. (2019). Feminicidio. https://amazonica.pe/3476/actualidad/asesino-evi-agreda-busca-evitar-sentencia-feminicidio

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