Ciencias Políticas

Democracia delegativa de alta intensidad: Una mirada sobre el régimen político argentino del siglo XXI

DELEGATIVE DEMOCRACY OF HIGH INTENSITY: AN OVER VIEW OVER THE ARGENTINIAN POLITICAL REGIME OF THE 21TH CENTURY

Costa, Flavio

Flavio Costa

costaflavio184@gmail.com

Práctica privada Argentina

Ciencia Nueva, revista de Historia y Política

Universidad Tecnológica de Pereira, Colombia

ISSN-e: 2539-2662

Periodicidad: Semestral

vol. 2, núm. 1, 2018

ciencianueva@utp.edu.co

Recepción: 07 Octubre 2017

Aprobación: 15 Diciembre 2017

Publicación: 12 Marzo 2018

URL: http://portal.amelica.org/ameli/journal/619/61941336194133005/

DOI: https://doi.org/10.22517/25392662.16661

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Resumen: En el presente trabajo nos proponemos acercarnos a los gobiernos argentinos kirchneristas (2003-2015) teniendo en cuenta la democracia delegativa, modelo político esbozado por Guillermo O´Donnell a comienzo de los noventa. Luego de recorrer el marco teórico conceptual y las perspectivas actuales en torno a este “animal político”, nos enfocamos en el terreno empírico de la política. Allí advertimos que ciertas conductas, acciones, discursos y vínculos tejidos por los gobiernos kirchneristas nos permiten repensar el modelo de democracia delegativa en Argentina, a la luz de las siguientes dimensiones: las peculiaridades del Estado durante esos años y la relación del Poder Ejecutivo con la accountabilityhorizontal ejercida por otros órganos estatales.

Palabras clave: Democracia delegativa, política argentina, kirchnerismo, peculiaridades del Estado, accountability horizontal.

Abstract: In the present work we propose to approach the argentine Kirchnerist governments (2003-2015) taking into account the delegative democracy, political model that was outlined by Guillermo O'Donnell at the beginning of the nineties. After going through the theoretical conceptual framework and the current perspectives around this "political animal", we focus on the empirical terrain of politics. There we warn that certain behaviors, actions, discourses and ties woven by the Kirchnerist governments allow us to rethink the model of democratic delegative in Argentina, in the light of the following dimensions: the peculiarities of the State during those years and the relation of the Executive Power with horizontal accountability exercised by other state bodies.

Delegative democracy, argentine politics, kirchnerismo, peculiarities of the State, horizontal accountability.

Keywords: Delegative democracy, argentine politics, kirchnerismo, peculiarities of the State, horizontal accountability.

Introducción

A principios de los años noventa, Guillermo O´Donnell acuñó una forma política en torno a ciertos gobiernos latinoamericanos: la democracia delegativa. Este “nuevo animal político” presentaba características lo suficientemente particulares, como para ser analizado diferencialmente. El texto original vio la luz en portugués en 1991, un año más tarde fue publicado en castellano y finalmente, en 1994, en inglés 1 . Originalmente el concepto de democracia delegativa fue utilizado para describir los procesos políticos de Carlos Menem en la Argentina, Fernando Collor en Brasil y la primera presidencia de Alan García en Perú. Es decir, la nueva categoría creada por el autor, emerge en un contexto más amplio que buscaba analizar y comprender los regímenes democráticos transicionales de la región. Ellos, paulatinamente, habían logrado dejar atrás los años de dominio hegemónico de los regímenes autoritarios 2 .

Sin embargo, con el correr del tiempo y habiendo corrido mucha agua bajo el puente, se puede observar que ciertos trazos de estas democracias delegativas, pervivieron en los regímenes políticos latinoamericanos de principios de este siglo. Esto llevó a O´Donnell a repensar el concepto en torno a los acontecimientos políticos acaecidos en los últimos años 3 . Asimismo, se ha podido observar una interesante apuesta intelectual en la región, que estudia los diferentes tópicos que conforman una democracia delegativa 4 . En esa línea, el presente trabajo propone una aproximación a los gobiernos argentinos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández (2003-2015), teniendo en cuenta esta categoría política.

En primer lugar, vamos a reconstruir un marco teórico conceptual que nos permita formar una base sobre la cual erigir los cimientos para poder enfocarnos en la dimensión política empírica. Así, daremos cuenta de los rasgos principales que presenta un modelo democrático delegativo y ciertas características genéricas que exhiben los regímenes democráticos en Latinoamérica. Luego, arribaremos al contexto de crisis que dio paso a un gobierno transicional que encumbró a Néstor Kirchner a la presidencia. Así cómo también, un conjunto de comportamientos, conductas, acciones y vínculos inherentes a los gobiernos kirchneristas, que conllevaron a determinada forma de estatalidad. Finalmente, introduciremos una línea de debate de mayor especificidad en torno al tipo de relación que Néstor Kirchner y Cristina Fernández construyeron frente a los otros poderes del Estado. Para ello, nos serviremos de un subconjunto teórico presente en las democracias representativas: los mecanismos de accountability intraestatal o, en términos de O´Donnell, horizontal.

Este recorrido por ciertas facetas de los gobiernos de los Kirchner, nos permitirá advertir la presencia de los rasgos o características típicas de una democracia delegativa. Así como también, la dinámica que estos rasgos o características van adoptando según los diferentes contextos políticos y económicos. Cabe señalar que con ello no pretendemos agotar el tema ni mucho menos, sino plantear algunos lineamientos generales que nos permitan ahondar en estudios futuros para enriquecer los conocimientos políticos de la región latinoamericana en general.

Un repaso al concepto de democracia delegativa: alcances y dimensiones

Según lo afirma el propio O´Donnell, “la democracia delegativa expresa e intenta llevar a cabo una manera de concebir y ejercer el poder político” que difiere del régimen democrático representativo 5 . En este sentido, cabe aclarar que, en toda democracia representativa de base teórica liberal, los electores deben decidir quiénes serán los representantes que cumplan las funciones fijadas por el sistema legal. Es decir, existe una delegación de poder y responsabilidad desde la comunidad política hacia sus elegidos. Sin embargo, las decisiones de los gobernantes deben tomarse “a la luz del día” permitiendo a los gobernados “ver cómo y dónde se toman dichas decisiones” 6 . Además, la democracia representativa posee un marco institucional facilitador de una política mediada que implica el desarrollo de formas de comunicación entre representantes y representados 7 .

Así pues, la particularidad de una democracia delegativa reside en que esta delegación va acompañada de ausencia de la responsabilidad, de controlar y de rendir cuentas 8 . Esto último, conlleva a que los ciudadanos resignen un medio de ejercer influencia en las políticas públicas, debilitando el régimen democrático representativo. Porque, como señala Osvaldo Iazzeta citando a Fabbrini, “una democracia es sólida si logra garantizar, al mismo tiempo, una doble exigencia: la toma de decisiones y el control de quien las toma” 9 . Sin control por parte de los ciudadanos es altamente probable que los representantes dirijan sus acciones en un sentido donde no contemplen las opiniones de los primeros 10 .

Sin perjuicio de lo antes dicho, según O´Donnell, este modelo debe ser considerado un régimen político democrático porque surge y se legitima a través de elecciones razonablemente limpias y competitivas. Además, con mayor o menor intensidad, se respetan ciertas libertades básicas que no pueden estar ausentes en una poliarquía 11 . Pero la singularidad de este régimen está en que el presidente tiene derecho a tomar decisiones por el bien del país, sujeto solo a las interpelaciones que el pueblo efectúe mediante elecciones futuras 12 . En ese contexto, él representa mejor que nadie los intereses y el bien común de aquellos referentes identitarios construidos por el propio Estado: el pueblo, la ciudadanía o la nación 13 . Lo anterior sitúa al presidente por encima de la sociedad e inclusive de los partidos políticos, vistos estos últimos, como expresión limitada de esos intereses más amplios. Por este motivo, los frentes o movimientos encabezados por estos líderes, incluyen intereses de diversos partidos políticos, pero no son reductibles a ellos.

Según O´Donnell, la génesis de este tipo de democracias es multicausal. En primer lugar, surgen a partir de crisis generalizadas que hacen temblar los cimientos básicos de la convivencia social. Estos momentos excepcionales pueden crear un clima de tal temor en los gobernados, que los desliza a delegar el poder en un líder que garantice certidumbre; prescindiendo del uso de mecanismos de control ciudadano –a excepción del acto eleccionario– 14 . En segundo lugar, están atravesadas por un contexto de fragmentación social y crisis de representación de los partidos políticos y del sistema democrático en general 15 . Además, un tercer factor que precede, produce y realimenta los anteriores, está vinculado a la baja calidad institucional que muestran los Estados en este tipo de democracias 16 . Finalmente, puede llegar a observarse una determinada predisposición de la sociedad civil, con sus raigambres históricas y culturales a cuestas, a deslizarse a favor de una democracia delegativa. En este punto, va a resultar fundamental la capacidad discursiva del líder para movilizar hacia el/ella predisposiciones ya existentes en la sociedad. Como señala Gabriela Ippolito-O´Donnell, “la política es el pilar que da a los líderes el material necesario para construir marcos de interpretación. Cuando un marco de interpretación incorpora como creencias, políticas enraizadas, las chances de lograr alta resonancia aumentan exponencialmente” 17 .

Por otro lado, la versión actualizada de democracia delegativa propuesta por el politólogo argentino, nos provee herramientas teóricas más que interesantes para indagar a los gobiernos argentinos de los primeros años del presente siglo. El rasgo sobresaliente que aporta el autor, es la idea del presidente como “salvador de la patria” en un momento de crisis generalizada donde la sociedad parece no encontrar un paradigma y una visión de sí misma a futuro. Esto dispara un instrumento discursivo en el líder, quien advierte a la sociedad que, so pena de caer nuevamente en un estado de crisis, no puede modificar el camino (o el muy utilizado término “modelo” en Argentina) propuesto por este.

Bajo esa óptica, el grupo afín al gobierno representa los verdaderos y más genuinos intereses de la nación, y el presidente encarna la figura del “salvador de la patria”. Esto conlleva a un clima político dicotómico de patria/antipatria o nación/antinación que invita al conjunto de la sociedad a polarizarse. En este contexto de creciente polarización, la alternancia en el poder es presentada como un acontecimiento catastrófico que conducirá a la pérdida de derechos y logros recientemente alcanzados 18 .

Bajo este clima dicotómico, se agudizan las tensiones entre el líder y unos de los subtipos de rendición de cuentas en un régimen político democrático representativo: la accountability horizontal 19 . Para los líderes delegativos estas instituciones horizontales de control o rendición de cuentas, implican “palos en la rueda” a la hora de llevar a cabo sus políticas de gobierno. Estas instituciones pueden ser básicamente las constitucionales republicanas, el poder judicial y el poder legislativo, o bien, instituciones creadas a lo largo de tiempo para controlar las decisiones del ejecutivo como las fiscalías, el defensor del pueblo, contralorías, etc. 20 .

Esta tendencia proclive a no rendir cuentas horizontalmente, se agudiza al advertirse la cercanía de una crisis socioeconómica, pudiendo, en última instancia, deslizar el régimen democrático hacia el autoritarismo. Este último fue el caso de Fujimori en Perú, Putin en Rusia y, más recientemente, Chávez/Maduro en Venezuela. El motivo de una salida autoritaria radica en que la polarización de la sociedad va siendo cada vez mayor, así como los agravios de parte del gobierno a la oposición, y viceversa, achican el margen para encontrar espacios de diálogo y consenso entre las distintas fuerzas políticas. No obstante, O´Donnell va a mencionar salidas alternativas a este penoso destino autoritario. En primer lugar, se pueden abrir caminos que permitan alcanzar una democracia representativa. Una segunda alternativa, es reproducir la crisis que generó la emergencia de una democracia delegativa. Como última alternativa, puede que la democracia delegativa perviva más allá de la crisis.

Por otra parte, a partir de las experiencias políticas recientes, O´Donnell incorpora una noción no prevista en el escrito originario: las democracias delegativas pueden atravesar épocas de bonanza económicas que ayudan a lograr un equilibrio micro y macroeconómico que alejan el fantasma de las crisis. Sin embargo, aun en tiempos relativamente estables, esta concepción delegativa permanece agazapada resurgiendo con cierta intensidad en épocas de tensiones socioeconómicas. En ese sentido, el carácter central de la figura presidencial y la falta de rendición de cuentas horizontal, producen un marco de inestabilidad política en momentos de mayor inestabilidad económica.

Así pues, al extinguirse las épocas de bonanza económica, los presidentes suelen encontrarse aislados ante los inconvenientes, e inmersos en un régimen carente de las herramientas institucionales para hacer frente a coyunturas inestables. Como bien señala María Ollier, “las DD carecen de una adecuada interdependencia de las instituciones que permite el control en épocas de bonanza y la contención en temporadas de crisis” 21 .

Finalmente, nos parece oportuno aclarar que, si bien varios de los aspectos mencionados precedentemente pueden llegar a identificarse con los denominados regímenes políticos populistas 22 , las democracias delegativas, a diferencia de los populismos, no emergen como reacción a regímenes políticos liberales de carácter oligárquico o elitista cuyo engranaje ideológico-institucional es tributario de la exclusión simbólica y política de los sectores populares 23 . Así pues, la piedra angular de estos regímenes era el vínculo identitario entre el líder y el pueblo históricamente excluido, convertido en una masa homogéneamente organizada en el sentido schmittiano. Sin embargo, me parece más atinado explorar a los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández con otras herramientas teóricas que permitan observar mejor las características que presenta la sociedad y la política en la Argentina contemporánea. Por cierto, muy distantes a los tiempos de las democracias conservadoras del preperonismo que, en parte, empujaron a los sectores populares a la consecución de un mayor protagonismo en la política nacional.

La crisis como factor preponderante en los orígenes del kirchnerismo

Durante las décadas de 1980 y 1990, los países latinoamericanos incorporaron un ideario neoliberal que reinterpretaba los vínculos entre el Estado, la ciudadanía y el mercado. A la aplicación de este concepto de neoliberalismo en sentido amplio, caracterizado por una fuerte retracción de las capacidades estatales y una mayor dependencia del mercado 24 , debe sumarse una debilidad histórica de los Estados en la región, que no pasa –o no solamente–, por una menor cantidad de ministerios o de funcionarios públicos, sino que dicha debilidad radica en que estos Estados no pueden garantizar derechos civiles básicos –inviolabilidad del domicilio, acceso universal a la justicia, derechos de las minorías, prohibición de violencia doméstica, prohibición de torturas, etc.– sobre todo a los sectores sociales débiles y empobrecidos.

Como señala O´Donnell, las sociedades de donde provienen las tradiciones intelectuales adoptadas por los países latinoamericanos –principalmente Gran Bretaña, Francia y con ciertas salvedades, Estados Unidos– los derechos civiles habían sido conquistados con anterioridad a la democracia política o los derechos sociales, en cambio, en Latinoamérica este proceso ha sido inverso. Se lograron extender universalmente los derechos políticos sin haber logrado universalizar los derechos civiles básicos 25 .

De esta manera, este paradigma neoliberal montado sobre un Estado permeado por prácticas patrimonialistas y clientelistas, causó en Argentina graves daños económicos y sociales 26 . Bajo el influjo de las ideas neoliberales, se produjeron transferencias de tipo patrimoniales desde el sector estatal hacia el sector privado 27 , desregulaciones en el mercado y una preocupante pérdida de funciones estatales que calaron hondo en el deterioro de los tejidos sociales de las familias argentinas. Esta “reformulación” del rol del Estado respecto a la economía y la sociedad, trajo aparejado una nueva composición social marcada por una fuerte polarización y una multiplicación de las desigualdades 28 .

Este momento de crisis social, económica y política, propició una profunda desconfianza de los ciudadanos hacia los partidos 29 –recordar la famosa y multitudinaria proclama “que se vayan todos” – e incluso del propio sistema democrático 30 . La consigna en las marchas callejeras responsabilizaba por la crítica situación a todo el espectro político, incluido funcionarios, legisladores y jueces. Este proceso no institucional, daba vida a un tipo de accountability político difuso, el cual fue materializado en un catártico reclamo por la incompatibilidad entre las políticas públicas y los intereses de los electores 31 .

En este contexto de profunda crisis institucional, Eduardo Duhalde lideró un proceso político transicional y propuso a Néstor Kirchner como candidato presidencial para las elecciones del año 2003 32 . Las elecciones se celebraron con un Partido Justicialista fuertemente dividido y los resultados mostraron una gran atomización en las preferencias: la fórmula Menem-Romero obtuvo el 24.25 % de los votos, Kirchner-Scioli el 22.24 %, López Murphy-Gómez Diez el 16.37 % y Rodríguez Saá-Posse el 14.11 % 33 . El primero y segundo debían ir a una instancia de ballotage, pero el expresidente Carlos Menem, sabiéndose derrotado, decide bajarse de la contienda. Así es como Néstor Kirchner arriba al poder encabezando el Frente para la Victoria, un movimiento frentista que, ante la crisis de representación de los partidos políticos, aglutinaba en sus filas fuerzas provenientes de diversos orígenes y contaba con el decisivo apoyo del duhaldismo en el Gran Buenos Aires.

Este escenario de reconfiguración de los lazos de identidad política, parecía un territorio fértil para la irrupción de líderes refundadores quienes, en nombre de esa misión reparadora, “se liberan de buena gana de las formas institucionales” 34 . Como bien señala Cheresky, “Estos nuevos liderazgos cristalizan un malestar social y suplen una vacancia en la representación instituyendo, en cambio, un lazo cuya precariedad potencial deriva del hecho de que la popularidad está sustentada en la acción inmediata o en circunstancias particulares” 35 .

Además de la crisis coyuntural, no debemos soslayar las raigambres históricas y culturales del país, es decir, aquellas creencias políticas enraizadas en la sociedad argentina que necesita de un régimen político paternalista –o maternalista– que los prohíja del desamparo 36 . Esta conducta pretoriana de la sociedad, se acrecienta en un escenario de inseguridad, saqueos y estallido social, donde la ciudadanía demanda recuperar la sensación de calma y gobernabilidad. Las raigambres históricas del país, cuya concepción del poder antepone la decisión por sobre el consenso, al convergir con un momento de inseguridad excepcional provocan una acumulación de poder decisorio en el líder del Ejecutivo en detrimento de los otros poderes del Estado 37 .

El cúmulo de estos factores propiciaron, rápidamente, un ejercicio personalista del poder bajo el influjo de un nuevo proyecto político kirchnerista que, ante la naturaleza de la crisis del modelo neoliberal, centraba su discurso en la recuperación de ciertas capacidades del Estado, junto a la reconciliación de la política, las instituciones y el gobierno con la sociedad 38 . Lejos de posibilitar mecanismos orientativos hacia la construcción de una red de accountability 39 , a través de la reclamada reforma política, Néstor Kirchner en persona encarnó buena parte de las expectativas de la renovación política y de las demandas de las clases medías y populares 40 . Es decir, la crisis había reconvertido la democracia delegativa, pero no se avizoraba un deslizamiento hacia un tipo de régimen representativo de mediación política.

Algunos lineamientos acerca de las caras estatales durante los gobiernos de Néstor Kirchner (2003-2007) y Cristina Fernández (2007-2015)

Suponiendo que estamos en presencia de una democracia con características delegativas de la segunda ola 41 , nos interesa preguntarnos acerca de las caras que configuraron el Estado a lo largo de esos años.

Durante los años de la poscrisis el clima de ideas fue virando hacia un cambio de paradigma estatista que creía en las capacidades del Estado para revertir la situación de caos. Desde el punto de vista estratégico político, como vimos anteriormente, el kirchnerismo encarnaba una posición estatista que buscaba diferenciarse de los años del neoliberalismo menemista. Sin embargo, los Kirchner fueron configurando su propia red de vínculos formales e informales, con buena parte de sus allegados más íntimos provenientes de la política santacruceña. Así pues, no fueron pocos los actores que ocuparon un lugar de privilegio, ya sea como funcionarios estatales, o bien, en su rol de flamantes empresarios 42 .

Esta forma de ejercer el poder, facilitadora de la penetración de intereses privados en la esfera estatal, va a contramano de la correcta división de los intereses públicos y privados. En este escenario, la posesión de poder se convierte en un instrumento de intercambio de favores dando paso a un Estado predatorio. Esta cultura del intercambio, deriva en la mercadización del aparato estatal cuyos principales beneficiaros resultan ser el presidente y sus allegados 43 .

Por ejemplo, esos lazos tejidos por los Kirchner con empresarios amigos beneficiados por los vientos de cambios, pueden observarse en la composición societaria de empresas como la petrolera Repsol-YPF o las licitaciones para la realización de obras públicas, cuyos procedimientos instalaron fundadamente la sospecha de realizar “capitalismo de amigos” 44 . En estas acciones reprivatizadoras, son reeditadas una de las peores caras del Estado durante los noventa, las prebendas otorgadas al sector privado que dieron paso a la “patria contratista”. En términos de O´Donnell, esto último demuestra la debilidad a nivel republicano del régimen, donde los beneficios personales –entiéndase particulares– a partir del ejercicio de un cargo público, se justifican por intentar concretar un cierto aspecto del bien público 45 .

Ocurre un proceso similar de estatización reprivatizada en las políticas referidas a los medios de comunicación. La estatalidad o reconversión de determinados grupos de medios, en principio, tenía por objeto crear un clima plural y de federalización en el ámbito de la opinión pública, sin perder de vista el interés común. Ello se desprende de la letra de la Ley N ° 26.522 vinculada a los servicios de comunicación audiovisual. El objetivo de los legisladores fue “desarrollar mecanismos destinados a la promoción, desconcentración y fomento de la competencia con fines de abaratamiento, democratización y universalización del aprovechamiento de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación” 46 .

No obstante, la aplicación de la ley de medios audiovisuales por parte del Poder Ejecutivo, demostró un espíritu distante al que se desprende de la letra de la misma. Es decir, lejos de favorecer un clima de pluralidad, debate y consenso, el gobierno colonizó, con sus intereses políticos partidarios, las intenciones democratizantes que podía despertar la letra de la norma. Ello quedó demostrado en la aplicación discrecional de algunos artículos de la ley, según la mayor o menor simpatía del gobierno con el grupo de medios afectado 47 . Además, fueron utilizados gran parte de los espacios en agencias de noticias estatales, radios y televisión pública con fines políticos propagandísticos. Tal vez, los casos emblemáticos de esta colonización estatal sean la creación del programa Fútbol para Todos 48 , y el criterio de distribución, por parte de la jefatura de gabinete de ministros, del dinero correspondiente a la pauta oficial 49 .

La apuesta dicotómica o polarizante del oficialismo, requería de una pata comunicacional en la arena de la opinión pública, dispuesta a dar “una batalla cultural” aún al precio de debilitar las agencias de interés público. Esta apuesta gatilló la creación de un grupo de medios afines al líder del Ejecutivo, cuya línea editorial provenía directamente de las órdenes enviadas desde la Casa Rosada 50 . El objetivo del gobierno kirchnerista resultó políticamente exitoso, logrando un nivel de polarización en la opinión pública, inédito en la política argentina moderna. Al mismo tiempo, el éxito de una estrategia comunicacional dicotómica, también penetró en los bordes de la distinción entre los intereses públicos y privados. Como consecuencia, se fueron debilitando aquellos espacios estatales vinculados a los intereses públicos debido a la utilización de funciones, recursos o capacidades inherentes al Estado y comunes a todos, para fines o intereses particulares.

Otras capacidades del Estado, lejos de mejorar, fueron directamente desactivadas. Es el caso de la intervención del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) en 2007. Esta institución, fundamental en su rol de productor de información pública, fue despojada de su autonomía y estatalidad, para convertirse en un organismo funcional a las estrategias políticas del kirchnerismo. Allí se genera un cambio de funcionarios, de aquellos cuya mayor virtud radicaba en sus capacidades técnicas –tecnócratas en términos weberianos–, por otros cuyo mérito era ser fieles al proyecto “nacional y popular”. Esta decisión debilitaba la institucionalidad de instancias mediadas del poder del líder y privaba al país de contar con información socioeconómica fiable para, entre otras cosas, decidir el rumbo de las políticas públicas.

La experiencia del desmantelamiento estatal en la Argentina de los noventa, dejó en claro que un régimen democrático descansa en las estructuras del Estado. Sin embargo, este debe ser fuerte, efectivo y democrático, para sancionar y proteger un conjunto de derechos básicos orientados al bienestar de la ciudadanía. El Estado no es esencialmente justo y progresista por definición; es decir, habría que evitar dar por sentado que, por naturaleza, emprende tareas de control y redistribución favorables a los grupos sociales vulnerables o dominados 51 . Por ello, el hecho de recuperar ciertas capacidades estatales perdidas en el pasado neoliberal noventista, no debió menoscabar los mecanismos institucionales. Porque, la privatización de funciones, aptitudes o capacidades del Estado, pueden coadyuvar a deslizar los regímenes políticos democráticos a terrenos autoritarios a partir de la pérdida de estos mecanismos de democraticidad.

Los mecanismos de accountability horizontal

En el presente siglo, tanto a nivel mundial como regional, se observa una mutación en el régimen político democrático tendiente a una marcada personalización política en detrimento de plataformas e identidades políticas partidarias. En ese cuadro de situación, la estima de la ciudadanía por las instituciones representativas, es considerablemente baja 52 . Esta percepción ciudadana, coincide con la aparición de líderes políticos que tienden a ofuscarse por la presencia de órganos de representación mediada, ubicados entre los representantes y los representados. Es decir, se impone una lógica decisionista sobre una lógica deliberativa, dañando el debate público del órgano legislativo y el rol del Poder Judicial 53 . Los líderes delegativos, bajo una tónica plebiscitaria, consideran que solo importa la aprobación del pueblo a través de los actos electorales y buscan desarticular todos aquellos mecanismos de accountability presentes en un sistema representativo.

Néstor Kirchner, durante los primeros años de mandato, carecía de un capital político extendido, pues fue electo con el 22 % de los votos. En ese contexto, se pueden identificar iniciativas institucionales que logran coaligar al oficialismo con buena parte de los poderes del Estado. Por ejemplo, en un clima político-institucional más estable luego de los caóticos años 2001-2003, el entonces presidente argentino, propuso un nuevo procedimiento para nombrar a los jueces de la Corte Suprema de Justicia. Estos mecanismos propiciaron mayor transparencia y claridad respecto al funcionamiento del máximo tribunal en épocas menemistas. Además, los nuevos miembros de la Corte contaban con sólidos antecedentes técnicos y, por sobre todas las cosas, eran portadores de una trayectoria que contribuiría a la conformación de una nueva doctrina jurídica acorde al clima del nuevo siglo 54 .

Sin embargo, con el paso del tiempo, estas decisiones “institucionalistas” coexistieron con actitudes del gobierno refractarias a los mecanismos de control y el republicanismo. Las tensiones a nivel horizontal se acentuaron a partir de la asunción como presidente de Cristina Fernández en 2007, tras cuatro años de gobierno de su esposo, Néstor Kirchner. Así, una sucesión de fallos de la Corte Suprema considerados contrarios a sus políticas de gobierno, harían despertar el encono en los miembros del Poder Ejecutivo hacia el máximo tribunal de justicia 55 . No fueron pocas las ocasiones donde los funcionarios del Ejecutivo elevaban sus voces para expresar su inconformismo con la actuación de la justicia.

En este rumbo de fragilidad republicana y tensión institucional, el gobierno planeaba una serie de medidas tendientes a limitar el accionar de aquellos organismos que, por mandato constitucional, asumían funciones de contraloría de las cuentas públicas 56 . Asimismo, el entonces fiscal nacional de investigaciones administrativas, Manuel Garrido, presentó la renuncia como consecuencia del recorte de facultades que sufrió la fiscalía a su cargo 57 .

Además, tejiendo lazos con lo propuesto por O´Donnell, podemos observar que la derrota electoral del año 2009 sumada a una crisis económica internacional que afectaba la actividad económica local 58 , profundizó el discurso confrontativo del gobierno respecto a los otros poderes. Bajo esta nueva coyuntura política, el Congreso, ahora con mayoría opositora, se había convertido en un obstáculo a la hora de profundizar ese modelo que lograría la gesta patriótica 59 . Bajo la óptica del líder de una democracia delegativa, las diferencias políticas partidarias en lugar de ofrecer oportunidades que nutran el debate público, representan un obstáculo que debe ser superado.

El Informe del Comité de Derechos Humanos de la ONU advertía que en Argentina existía una marcada representación de los órganos políticos afines al Poder Ejecutivo, en detrimento de los órganos técnicos representados por profesionales del derecho 60 . Asimismo, la propia Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales, publicó una carta abierta recordando a la sociedad que “la independencia del Poder Judicial es un principio fundamental del Estado Democrático de Derecho” y llamaba a los órganos de este Poder a ejercer sus funciones “sin presiones ni influencias” 61 .

Luego de una serie de reveces políticos y personales sufridos por Cristina Fernández durante el transcurso de su primer mandato 62 , obtuvo más de un 54 % de los votos en las elecciones presidenciales del año 2011. Semejante adhesión popular en un contexto de fuerte fragmentación y debilidad de la oposición 63 , fortaleció aún más su liderazgo y contribuyó a debilitar los mecanismos de accountability. Bajo una lectura de la democracia pro electoralista donde el voto de una mayoría circunstancial representa a la voluntad popular general, el permiso para gobernar otorgado por la ciudadanía fue interpretado, tanto por gobernantes como por gobernados, como una suerte de cheque en blanco 64 .

Por otro lado, la recuperación de las mayorías parlamentarias de 2011 fue acompañada por una mayor alineación de los congresistas oficialistas hacia lo que decía “la jefa”. Los propios representantes del parlamento se autodenominaban soldados del proyecto “nacional y popular” o de “Néstor y Cristina” 65 . Esto provocó que la fosa entre la democracia electoral o nominal y la democracia del ejercicio, fuera cada vez más profunda, debilitando las funciones del Congreso como órgano controlador, supervisor, analizador o evaluador 66 .

Cristina Fernández hizo hincapié en la necesidad de “democratizar la justicia”, haciendo uso de la aceptación popular a su gestión y la poca credibilidad de la ciudadanía hacia el Poder Judicial –en muchos casos ampliamente fundamentada–, durante la apertura del año legislativo 2013. En ese sentido, anunció un proyecto de ley que modifica la composición de los miembros del Consejo de la Magistratura 67 y el ingreso al Poder Judicial. Lo sustancial de la reforma radicaba en que los miembros del Consejo serían elegidos directamente por el pueblo 68 . Allí se instaura el voto popular como mecanismo de elección de cada uno de los miembros que compondrían el Consejo. Bajo esta aplicación del principio de la soberanía popular, se iguala a la democracia con la voluntad de una mayoría circunstancial 69 , sin tener en cuenta la legitimidad constitucional 70 .

El gobierno, en su estrategia por enfrentar a la “corporación judicial”, decidió apoyarse en las “trincheras de la sociedad civil” 71 . Un ejemplo de ello, fue el lanzamiento de una sociedad civil denominada Justicia Legítima cuyos presupuestos teóricos apuntaban –y apuntan– a “democratizar los poderes judiciales de la Argentina” y “promover un sistema de justicia más plural e independiente, tanto de los otros poderes del Estado como de los poderes fácticos” 72 . Utilizando la misma tesitura discursiva que la expresidenta Cristina Fernández respecto a la necesidad de “democratizar la justicia”, la organización Justicia Legitima –articulada con otras organizaciones de la sociedad civil– produce y reproduce un discurso que entiende a la democracia, únicamente, con un sentido minimalista.

Durante el lanzamiento formal de la organización, el jurista español Baltazar Garzón, señaló “Si los ciudadanos estamos preparados para votar a los que nos dirigen en la más alta responsabilidad de un país y nadie lo cuestiona porque es la esencia de la democracia, no entiendo cómo se cuestiona la posibilidad de que el órgano de jueces sea elegido también de forma democrática y universal” 73 . Bajo esta óptica, donde “el único titular de la justicia es el pueblo”, la esencia de la democracia radica en la elección de una mayoría circunstancial omitiendo las dimensiones liberal y republicana de una democracia. Así, el Poder Judicial pasa de ejercer el control de los actos de gobierno del Ejecutivo a ser disciplinado por este a través de los miembros del Consejo de la Magistratura ungidos por el voto popular.

Sin embargo, dentro de un panorama que estaba tornando sombrío el futuro político del país, comenzaron a dispararse los mecanismos de control en los poderes estatales básicos. En primer lugar, la Corte Suprema de Justicia de la Nación con 6 votos a favor y 1 en disidencia, declara inconstitucional aquellos artículos de la Ley N ° 26.855 que establecían la composición y procedimientos de elección de los miembros del Consejo de la Magistratura. El máximo tribunal es concluyente respecto al apartamiento del artículo 114 de la Constitución Nacional que “buscó asegurar una composición equilibrada de los integrantes de dicho Consejo, de modo tal que no tuvieran primacía los representantes provenientes del sistema de naturaleza exclusivamente político-partidario respecto a los representantes del Poder Judicial, del ámbito profesional y del académico”. 74 En segundo lugar, el kirchnerismo pierde las mayorías parlamentarias a partir de los resultados en las elecciones celebradas en 2013. En las elecciones para diputados en la provincia de Buenos Aires, principal bastión eleccionario del país, el Frente Renovador encabezado por Sergio Massa –otrora jefe de gabinete de ministros de Cristina Fernández– obtiene el 43,95 % de los votos, frente a un 32,33 % del Frente para la Victoria 75 .

Paralelamente a estos mecanismos que debilitan el poder del oficialismo, la Corte Suprema comienza a resentirse a raíz del fallecimiento de la jueza Carmen Argibay y del juez Enrique Petracchi. Además, Eugenio Zaffaroni anuncia su retiro como juez del máximo tribunal. En ese entonces, para dar cumplimiento a la Ley 26.183 que fijaba en 5 la cantidad de miembros de la Corte, Cristina Fernández propuso a Manuel Carlés, delfín del kirchnerismo, para ocupar la vacante por el retiro de Zaffaroni 76 . Además, el oficialismo comenzó a presionar para forzar el retiro del juez Carlos Fayt, poniendo en duda su capacidad para el cumplimiento de sus funciones a causa de su avanzada edad 77 .

Mientras los conflictos intraestatales se acentuaban, la situación económica era cada vez más crítica, debido. principalmente, al aumento generalizado de los precios en los últimos años 78 . A pesar de la limitación al acceso a la información pública 79 , la crisis económica, comenzó a desnudar una pobreza estructural que, lejos de reducirse, se consolidó en las generaciones del nuevo siglo 80 . Este escenario socioeconómico poco alentador, acentuó la división en el espacio social entre quienes aún apoyaban al gobierno y aquellos que arengaban por un cambio de rumbo. Este clima fue minando los espacios de debate, entre el arco político opositor y el oficialismo, durante los últimos años de mandato de Cristina Fernández.

Podemos concluir que durante los gobiernos kirchneristas, se evidencia una marcada “transgresión” del Poder Ejecutivo hacia otras agencias estatales, conjuntamente con prácticas de “corrupción” que otorgaron ventajas ilícitas al matrimonio Kirchner y/o sus asociados. Estas dos vías de violación de la accountability horizontal bajo una perspectiva insuficiente de la democracia, se vuelven intrascendentes y poco cuestionables. Este es el caso de la política argentina de los últimos años, donde el voto universal correspondiente a la tradición democrática, posee una fuerte valoración no alcanzada por los débiles componentes liberales y republicanos del régimen. Esta combinación altamente desequilibrada a favor del voto de las mayorías, revaloriza a la figura del líder elegido por el voto popular, debilitando al conjunto de instituciones de representación mediada.

Algunas reflexiones finales

En el presente artículo, nos propusimos comenzar a navegar las complejas aguas de la democracia en Argentina, utilizando el modelo político acuñado por Guillermo O´Donnell a principios de la década de 1990, democracia delegativa. De la mano de este instrumental teórico exploramos los gobiernos kirchneristas (2003-2015) bajo tres dimensiones: sus orígenes luego de la crisis, ciertas caras del Estado durante esos años y los vínculos del Ejecutivo con los otros poderes del Estado.

La crisis socioeconómica que hizo implosión a fines del año 2001 en Argentina, fue acompañada de factores que gatillan la emergencia de un tipo de democracia delegativa. Así pues, durante la crisis, los cimientos más profundos a nivel del régimen representativo se debilitaron fuertemente. La ciudadanía mostró su descontento con los partidos políticos y con las instituciones representativas en general, por entender que ni estas ni aquellos lograban alinearse con sus intereses. Asimismo, un contexto de creciente fragmentación social sumado a una histórica debilidad institucional, presionaban a favor de una salida hacia una democracia delegativa. Además, no debemos soslayar las raigambres históricas y culturales de una sociedad argentina de inclinación pretoriana, que busca en los líderes políticos la protección de ese desamparo institucional.

Es por ello que, siguiendo a O´Donnell, podemos afirmar que los años de la poscrisis vieron nacer una democracia delegativa de la segunda ola. Néstor Kirchner comenzó a personificar al “salvador de la patria”, es decir, aquel que encarnaba los verdaderos intereses de la nación. Esta personalización en la forma de concebir el poder, generó un clima de creciente polarización que comenzó a enraizarse en la sociedad. Aquellos que no estaban de acuerdo con las políticas del gobierno eran señalados como antipatrias o enemigos de la nación. Allí pudimos observar que los rasgos delegativos fueron confirmados y acentuados, a medida que transcurrieron los años.

Por otro lado, el recorrido por el gobierno de los Kirchner nos permite dar cuenta de la presencia de una red de vínculos hacia adentro del Estado, y de este con el espacio social circundante. Los favores e intercambios con actores de su círculo más cercano, exhibe la cara de un Estado cooptado por ciertas prácticas que reeditaban los rasgos patrimonialistas y clientelares de los años noventa. Asimismo, esta situación se articulaba con un avance colonizador de los espacios estatales orientados al bien común. Ello generó que los bordes del Estado comenzaran a perder nitidez frente a la penetración de intereses políticos particulares, lo que tendió a debilitar las instituciones del primero y fortalecer los intereses de los segundos.

Al transcurrir los años del gobierno de Néstor Kirchner caracterizados por un período de bonanza económica, los rasgos que identifican a una democracia delegativa comenzaron a ganar intensidad. Podemos afirmar que, promediando el primer mandato de Cristina Fernández, advertimos una suerte de evolución del régimen delegativo que intensifica los rasgos del mismo. Esta mutación daría por resultado una democracia delegativa de la tercera ola que se desplaza hacía la órbita de un régimen autoritario.

En este contexto, la sociedad en su conjunto se polariza fuertemente y los intereses privatizadores comienzan a ganar espacio frente a las funciones/dimensiones del Estado. En esa tónica de divide et impera, Néstor Kirchner y Cristina Fernández le hablaron directo “al pueblo” y colocaron sus esfuerzos en influenciar partidariamente a instituciones de la sociedad civil (organizaciones sociales, organizaciones de derechos humanos, universidades, sindicatos, cámaras empresariales). Ello se combina y realimenta con la crisis internacional de 2008-2009 que afecta la actividad económica en el país. Allí definitivamente desde el oficialismo se aplica la estrategia del miedo, es decir, la oposición representa el caos y el gobierno la salvación 81 .

Bajo este panorama, se acentúa el debilitamiento de la accountabiliy horizontal, trazando una de las principales características que acompaña a un tipo de democracia delegativa. El control horizontal intrapoderes es visto por el líder como un serio obstáculo a su gesta refundadora. Esta concepción que reniega del ordenamiento jurídico constitucional conlleva al Poder Ejecutivo a emplear todas las herramientas que estén a su alcance –aún contra la propia Constitución– para debilitar el control de otras agencias estatales.

En este nuevo escenario, los rasgos del régimen se intensifican al punto de intentar colonizar al Poder Judicial, único poder cuya elección de sus funcionarios no proviene del voto popular sino de un mandato constitucional. El hostigamiento hacia la justicia en general y los miembros de la Corte Suprema en particular, es acompañado por un discurso que reivindica una definición minimalista de la democracia. Según los voceros de este discurso, la esencia de la democracia radica, únicamente, en el voto de las mayorías. Sin embargo, omiten reconocer las dimensiones liberales o republicanas inherentes a las democracias modernas presentes, incluso, mucho antes que se produjera la democratización política. Esta definición monocolor de lo que significa una democracia no tiene en cuenta, entre otras cosas, el contrapeso y equilibrio que debe existir entre los poderes para evitar el atropello de una mayoría circunstancial hacia la minoría. En definitiva, sin los límites que emanan de la Constitución se pone en riesgo la supervivencia del propio Estado de Derecho como ha ocurrido recientemente en Venezuela 82 .

Afortunadamente, aún bajo este panorama político institucional sombrío, los mecanismos de la accountability horizontal se activaron para impedir el ejercicio de un poder omnipotente de parte de la presidenta. La Corte Suprema declaró inconstitucional la ley sancionada por un Congreso de mayoría oficialista que, en vistas a “democratizar la justicia”, fijaba que la totalidad de los miembros del Consejo de la Magistratura fueran elegidos por el voto popular. Por otro lado, con la victoria de la oposición en las elecciones legislativas del 2013, el oficialismo perdió las mayorías en el Congreso; y la caída abrupta en el nivel de aceptación del gobierno de Cristina Fernández, reveló que los resultados obtenidos en la contienda electoral del 2011 –que la consagraron presidenta de la nación con el 54 % de los votos–, fueron un punto de llegada en el idilio entre la líder y el pueblo que paulatinamente se va deshilachando. De todas maneras, las marcas de la dicotomía que permearon a la comunidad política durante estos años, no se extinguirán fácilmente. La lógica de amigo/enemigo o patriota/antipatriota atravesará los discursos de la comunidad política por un largo tiempo.

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Notas

1 Fue publicado en portugués en octubre de 1991 en la revista Novos Estudos del CEBRAP de San Pablo; luego, sería publicado en español en los Cuadernos del CLAHE en la ciudad de Montevideo; y en 1994, en inglés, en el Journal of Democracy

2 Los regímenes autoritarios se hicieron presentes durante los años sesenta, setenta y comienzos de los ochenta, en gran parte de la región: en Argentina desde 1966 a 1973 y luego de 1976 a 1983; en Brasil desde el golpe a João Goulart en 1864 hasta 1985; en Chile, el régimen cívico militar encabezado por Augusto Pinochet se extendió de 1973 hasta 1990; en Bolivia, los gobiernos militares se desarrollaron entre 1964 y 1982; en Paraguay, la dictadura de Stroessner inició en 1954 y se prolongó hasta el inicio de 1989; en Perú, los gobiernos militares ocuparon el poder entre 1968 a 1980; en Uruguay, la dictadura cívico militar se extendió de 1973 a 1985. Las excepciones a estos regímenes autoritarios se dieron en países como Colombia y Venezuela donde, sin embargo, se tejieron acuerdos frentistas entre los principales partidos políticos, los cuales se alternaban el poder con el objeto de disminuir el clima de violencia política. En Colombia, se celebró en 1957 el Frente Nacional entre conservadores y liberales, y en Venezuela, el Pacto de Punto fijo realizado en 1958 entre el AD, Copei y URD.

3 Guillermo O´Donnell, “Nuevas reflexiones acerca de la democracia delegativa (DD)”, en Democracia delegativa, coord. por G. O´Donnell, O. Iazzetta y H. Quiroga (Buenos Aires: Prometeo, 2011), 19.

4 Varias democracias de la región, a nivel nacional o subregional, han sido exploradas por diversos autores a partir del concepto de democracia delegativa: para el caso de Colombia, Uribe López (2010) y Pérez Múnera (2007); para Argentina, Osvaldo Iazzetta (2011), Hugo Quiroga (2011), María Ollier (2011), Gabriela Ippolito-O´Donnell (2011); para México, Emmerich (2009), Albero Olvera (2011); para Ecuador, Mejía Acosta (2011); para Nicaragua, Anderson (2006); para Venezuela, Uribe López (2010); para América Central, en general, Walker (2009).

5 O´Donnell, “Nuevas reflexiones acerca de la democracia delegativa (DD)”, 21.

6 Norberto Bobbio, Teoría general de la política (Madrid: Trotta,2003), 418.

7 Enrique Peruzzotti, “La democracia representativa como política mediada: repensando los vínculos entre representación y participación”, Debates en Sociología, n.º 33 (2008): 25-26. El autor utiliza el término política mediada para referirse a la presencia de un marco institucional sólido que dé lugar a diversas formas asociativas que permitan la expresión de distintos grupos de electores. Es decir, coloca el centro de atención en diversos grupos del proceso político que a través de sus dinámicas logran influenciar el comportamiento de los representantes, rompiendo con la visión individualista de la representación entre agente-principal.

8 Hugo Quiroga, “Parecidos de familia. La democracia delegativa y el decisionismo democrática”, en Democracia delegativa, coord. por G. O´Donnell, O. Iazzetta y H. Quiroga (Buenos Aires: Prometeo,2011), 45.

9 Osvaldo Iazzetta, “La democracia delegativa y su cara estatal. Un abordaje del caso argentino”, en Democracia delegativa, coord. por G. O´Donnell, O. Iazzetta y H. Quiroga (Buenos Aires: Prometeo, 2011),85.

10 Quiroga, “Parecidos de familia. La democracia delegativa y el decisionismo democrática”, 46.

11 Este término es acuñado por Robert Dahl para diferenciar las democracias modernas respecto a las democracias antiguas. Según Dahl, una poliarquía consiste en: 1. Funcionarios electos. 2. Elecciones libres y limpias. 3. Los funcionarios electos son elegidos y removidos de sus cargos por medios pacíficos en elecciones periódicas y limpias. 4. Prácticamente todos los adultos tienen derecho a presentarse para ocupar cargos públicos. 5. Libertad de expresión. 6. Información alternativa. 7. Autonomía de asociación. Esta definición está compuesta por atributos que deben cumplir los actos eleccionarios y un conjunto de libertades políticas primarias básicas que deben estar presentes en una democracia. Además, O´Donnell considera oportuno agregar que las elecciones democráticas deben ser decisivas en tres sentidos: “Uno, que quienes resulten ganadores puedan asumir los cargos gubernamentales correspondientes. Dos, que los funcionarios electos, basándose en la autoridad que se asigna a sus cargos, puedan tomar las decisiones vinculantes que normalmente autoriza el marco legal/constitucional de una democracia. Tres, que estos funcionarios concluyan sus mandatos en el plazo y/o en las condiciones estipuladas por ese marco legal/constitucional”. Guillermo O´Donnell, Democracia, agencia y estado. Teoría con intención comparativa (Buenos Aires: Prometeo, 2010), 28-31.

12 Es decir, en el sentido de Manin, la única forma de la accountability que influye en las políticas públicas decididas por los representantes, son los actos electorales recurrentes. Bernard Manin y Fernando Vallespín, Los principios del gobierno representativo (Madrid: Alianza, 1998), 175.

13 O´Donnell, Democracia, agencia y estado…,105-131.

14 Iazzetta, “La democracia delegativa y su cara estatal. Un abordaje del caso argentino”, 82.

15 En ese sentido, María Ollier señala la influencia mutua entre la debilidad institucional y los fuertes liderazgos delegativos presentes en la mayoría de los países de la región. La explicación de este cuadro político lo encuentra en la existencia de configuraciones partidarias en lugar de sistemas partidarios, en la gran influencia de las fuentes de poder extrapartidarias –sindicatos, empresarios, organizaciones sociales, instituciones religiosas, gobiernos subnacionales, organizaciones de indígenas y campesinos- y en la dinámica presidente/oposición en lugar de oficialismo/oposición presente en las democracias del Noroeste. Según Ollier estos tres componentes impactan en las funciones del parlamento de control –en épocas de bonanza– y de contención –en épocas de tensiones socioeconómicas– al presidente. María Ollier, “Centralidad presidencial y debilidad institucional en las democracias delegativas”, en Democracia delegativa, coord. por G. O´Donnell, O. Iazzetta y H. Quiroga (Buenos Aires: Prometeo, 2011), 126.

16 En este sentido, Osvaldo Iazzetta destaca, a partir de un recorrido por la obra de O´Donnell, dos vertientes analíticas para explorar los nexos que el Estado mantiene con la democracia: un primer aspecto son las condiciones de ciudadanía en las democracias latinoamericanas –por cierto, de baja intensidad en cuanto a dimensiones civiles, sociales y culturales–, un segundo tópico está vinculado a los mecanismos de control de poder que el Estado monopoliza. Iazzetta, “La democracia delegativa y su cara estatal. Un abordaje del caso argentino”, 91.

17 Gabriela Ippolito-O´Donnell, “Visiones ciudadanas en torno de la democracia delegativa: Argentina y Brasil”, en Democracia delegativa, coord. por G. O´Donnell, O. Iazzetta y H. Quiroga (Buenos Aires: Prometeo, 2011), 57.

18 Isidoro Cheresky, “Ciudadanía y democracia continúa”. En Ciudadanía y legitimidad democrática en América Latina (Buenos Aires: Prometeo, 2011), 174.

19 Para O´Donnell la accountability horizontal implica “la existencia de agencias estatales que tienen la autoridad legal y están fácticamente dispuestas y capacitadas para emprender acciones, que van desde el control rutinario hasta sanciones legales o incluso impeachment, en relación con actos u omisiones de otros agentes o agencias del Estado que pueden, en principio o presuntamente, ser calificadas como ilícitos”. Guillermo O´Donnell, “Accountability horizontal”, Estudios políticos, (1998): 26.

20 O´Donnell, “Accountability horizontal”, 29.

21 Ollier, “Centralidad presidencial y debilidad institucional en las democracias delegativas”, 121.

22 Carlos de la Torre, “Populismo, ciudadanía y Estado de derecho”, en El retorno del pueblo. Populismo y nuevas democracias en América Latina, ed. por Carlos de la Torre y Enrique Peruzzotti (Quito: FLACSO-Ecuador, 2008).

23 Enrique Peruzzotti, “Populismo y representación democrática”, en El retorno del pueblo. Populismo y nuevas democracias en América Latina, ed. por Carlos de la Torre y Enrique Peruzzotti (Quito: FLACSO-Ecuador, 2008), 106-107.

24 Michael Walton, “Neoliberalism in Latin America: Good, Bad or Incomplete?”, Latin America Research Review 39, n. º 3 (2004), 181

25 Hugo Quiroga y Osvaldo Iazzetta, “Guillermo O´Donnell: ‘Hoy ser progresista es ser liberal, y viceversa’”, Estudios Sociales 12, n.º 1 (1997), 199-133.

26 La evolución de los indicadores socioeconómicos del período 1990-2002 fueron contundentes: el PBI per cápita pasó de un incremento promedio del 2.6 durante 1990-1999 a una caída del 6.6 durante 2000-2002; el desempleo urbano promedio aumentó del 11.9% durante 1990-1999 al 17.4% en el trienio 2000-2002. En 2002, el porcentaje de pobreza superó el 40% de la población, es decir, el doble que el 20% alcanzado en 1999; y el de indigencia se ubicó en un 18%, casi cuatro veces más que el 4.8% alcanzado en 1999. Además, en 2002 el PBI cayó 10,9%. Esta contracción económica fue acompañada de una mayor desigualdad respecto a la distribución del ingreso: en 1990, el 40% más pobre de la población participaba en el 14,9% del ingreso, mientras que en 2002, ese porcentaje se redujo a un 13.4%. Por otro lado, en 1990, el 10% más rico participaba en un 34.8% del ingreso, mientras que en 2002, ese porcentaje se incrementó a un 42%. Asimismo, en 1990, un 39% de personas percibía un ingreso per cápita menor al 50% del promedio, mientras que en 2002, ese porcentaje se incrementó a un 47.9%. Durante el bienio 2000-2001, el gasto social per cápita fue de UDS 1650, el más elevado en términos absolutos. “Panorama Social de América Latina 2002-2003”, Comisión Económica para América Latina y el Caribe - CEPAL, acceso el 5 de octubre de 2017, https://www.cepal.org/es/publicaciones/1217-panorama-social-america-latina-2002-2003.

27 En ese sentido, se pueden destacar las privatizaciones de la empresa telefónica, los transportes aéreos, el servicio eléctrico, gasífero, de agua y cloacal; algunas líneas de ferrocarriles, áreas petroleras, polos petroquímicos, y canales de televisión y radio.

28 Maristella Svampa, La sociedad excluyente. La Argentina bajo el símbolo del neoliberalismo (Buenos Aires: Taurus, 2005), 35.

29 Según la Corporación Latinobarómetro, el 55.8 % de encuestados, durante 2001, no tenía ninguna confianza en los partidos políticos; el 29.9 % poca; el 10.3 % algo y solo un 1.9 % mucha. Cabe señalar que, para el año 2015, la imagen respecto a los partidos políticos mejoró, arrojando los siguientes resultados: 41.2% ninguna, 35.4 % poca, 20.7 % algo y 2.3 % mucha. Sin embargo, los mayores porcentajes se mantienen en las categorías ninguna y poca. “Informe 2016”, Corporación Latinobarómetro, acceso el 5 de octubre de 2017, https://www. latinobarometro.org/Informes/1995-2016.

30 En el año 2001, el 57 % de los encuestados consideraban que la democracia era preferible ante cualquier otra forma de gobierno, sufriendo una caída del 14 % respecto al año anterior. Además, es el porcentaje más bajo desde 1995 hasta 2016. “Informe 2016”, Corporación Latinobarómetro.

31 Inés Pousadela, “Fora Collor/Que se vayan todos: Episodios de accountability en Argentina y Brasil”, Revista de Sociología, n.º 24 (2010), 77.

32 Eduardo Duhalde no era un outsider como en los casos, por ejemplo, de Uribe en Colombia o Correa en Ecuador, por el contrario, se trataba de uno de los dirigentes más destacados del peronismo de los noventa por haber ocupado la vicepresidencia de la nación y la gobernación de la Provincia de Buenos Aires. Ello demuestra la versatilidad política del Partido Justicialista.

33 “Elecciones Nacionales 27 de abril de 2003”, Secretarias Electorales. Dirección Nacional Electoral. Ministerio del Interior, acceso el 5 de octubre de 2017, http://www.mininterior.gov.ar/asuntos_politicos_y_alectorales/dine/infogral/RESULTADOS%20HISTORICOS/2003.

34 Alain Rouquié, A la sombra de las dictaduras. La democracia en América Latina (Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica, Política y derecho, 2011), 339.

35 Cheresky, “Ciudadanía y democracia continúa”, 172.

36 En ese sentido podemos mencionar a líderes de la Unión Cívica Radical como Hipólito Yrigoyen o el propio Raúl Alfonsín –“el padre de la democracia” –. Sin embargo, ello es bastante más notorio con la figura de Juan Domingo Perón y quién fuera la primera dama, Eva Duarte. En los últimos años hubo un rebrote de estas tradiciones políticas durante los gobiernos de Carlos Menem, Néstor Kirchner y Cristina Fernández.

37 Iazzetta, “La democracia delegativa y su cara estatal. Un abordaje del caso argentino”, 201.

38 En sus primeras palabras como jefe de Estado Néstor Kirchner llamó a recomponer los vínculos de confianza entre la política y la ciudadanía. Asimismo, dio al Estado el papel principal a la hora de promover políticas activas que lograran desarrollo, progreso social y una distribución más justa de los ingresos, “es que la presencia o la ausencia del Estado constituye toda una actitud política”. Además, consideró al Estado como el “gran reparador de las desigualdades sociales” y quien debe “viabilizar los derechos constitucionales, protegiendo a los sectores más vulnerables de la sociedad”. “El texto completo del discurso presidencial: Las primeras palabras de Néstor Kirchner como jefe del Estado”, La Nación, 25 de mayo de 2003, acceso el 18 de febrero de 2018, https://www.lanacion.com.ar/498849-el-texto-completo-del-discurso-presidencial.

39 Complementamos las orientaciones horizontales y verticales propuestas por O´Donnell con la idea de “red de accountability” propuesta por I. Pousadela donde el acountability es aprehendido “como un proceso que abarca diferentes clases de relaciones (…) y diversas categorías de actores que emplean una enorme variedad de herramientas, no todas las cuales incluyen la capacidad formalmente reconocida de imponer sanciones ‘duras’ y ‘directas’”. Pousadela, “Fora Collor/Que se vayan todos: Episodios de accountability en Argentina y Brasil”, 115.

40 Pousadela, “Fora Collor/Que se vayan todos: Episodios de accountability en Argentina y Brasil”, 80.

41 Consideramos democracia delegativa de la primera ola a aquella que dio lugar al nacimiento de este “animal político” creado por O´Donnell. Es decir, el gobierno de Carlos Menem, quien emergió como líder del Poder Ejecutivo luego de la crisis de fines de los años ochenta, que desembocó en la salida prematura del poder de Raúl Alfonsín.

42 Algunos de los nuevos empresarios santacruceños –principalmente en la industria del juego y los medios de comunicación– fueron Claudio Minnicelli, Rudy Olloa Igor y Lázaro Báez. Además de aquellos quienes fueron los principales beneficiarios en los contratos con el Estado como Gerardo Ferreyra de Electroingeniería o Cristóbal López del Grupo Indalo.

43 Peter Evans, “El Estado como problema y como solución”, Desarrollo Económico 35, IDES, n.º 140 (1996), 537.

44 Iazzetta, “La democracia delegativa y su cara estatal. Un abordaje del caso argentino”, 94. La familia Eskenazi a través del grupo Petersen, adquirió el 25 % de la compañía en dos tramos: en una primera fase adquirió el 14.9 % financiado en un 55 % con financiación propia y de un conjunto de entidades financieras, y, curiosamente, para el 45 % restante, recibió un préstamo del 45 % de la propia YPF cuya garantía eran las utilidades futuras de sus acciones. El 10.1 % opcional, se pactó a un plazo máximo de pago de cuatro años. Miguel Ángel Noceda, “Repsol cierra la venta del 25% de su filial YPF a la familia Eskenazi”, El País, 22 de diciembre de 2017, acceso el 18 de febrero de 2018, https://elpais.com/diario/2007/12/22/economia/1198278002_850215.html. Por otra parte, Lázaro Báez, un empleado bancario santacruceño devenido en empresario antes de la asunción de Néstor Kirchner en 2003, fue beneficiado en la ejecución de obras viales por más de $8.000 millones. Hugo Alconada y Mariela Arias, “Lázaro Báez recibió del Gobierno contratos por más de $ 8000 millones”, La Nación, 18 de agosto de 2015, acceso el 18 de febrero de 2018, https://www.lanacion.com.ar/1820048-lazaro-baez-recibio-del-gobierno-contratos-por-mas-de-8000-millones.

45 O´Donnell, “Accountability horizontal”, 28

46 Artículo 1°, Ley N° 26.522. “InfoLEG. Información Legislativa y Documental”, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, acceso el 5 de octubre de 2017, http://www.infoleg.gob.ar/.

47 Por ejemplo, la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) permitió la adecuación de Telefé de Telefónica de Argentina, ambas pertenecientes al grupo Telefónica S.A., y no aceptó la adecuación voluntaria del grupo Clarín en seis empresas.

48 Fue un programa dependiente de la jefatura de gabinete de ministros que dio comienzo en agosto de 2009, por medio del cual se habilitó a los canales a transmitir los partidos del fútbol argentino. Este programa era solventado desde las arcas del Estado –contaba con un único anunciante privado, Iveco– y combinaba el acceso a bienes culturales y educativos –siempre bajo un discurso político monolítico– con propaganda política a favor de los candidatos del gobierno, e incluso, críticas a los representantes de la oposición.

49 Entre julio de 2009 y junio de 2015, el grupo más beneficiado por la pauta oficial fue Veintitrés (Szpolski-Garfunkel) con $ 814.961.991, cuya línea editorial respondía a las órdenes del gobierno. “Pauta oficial 2009-2015: todos los nombres y los montos cobrados”, José Crettaz, La Nación, 1 de noviembre de 2015, acceso el 18 de febrero de 2018, https://www.lanacion.com.ar/1841286-pauta-oficial-2009-2015-todos-los-nombres-y-los-montos-cobrados.

50 El vínculo de los gobiernos de los Kirchner con los medios de comunicación más dependientes del mercado que del Estado, nos lleva a pensar en la noción de accountability social –Enrique Peruzzotti y Catalina Smulovitz, “Accountability Social: la otra cara del control”, en Controlando la Política. Ciudadanos y Medios en las Nuevas Democracias Latinoamericanas, ed. por Enrique Peruzzotti (Buenos Aires: Temas, 2002). – y las características de esta, bajo una democracia delegativa. Esta cuestión excede los contenidos de este artículo, pero podemos señalar, sintéticamente, que el lugar que ocupan estos medios de comunicación para el líder de una DD es el de un enemigo que obstaculiza el modelo “nacional y popular”. En ese sentido, estos medios representan lo peor de los poderes fácticos vinculado “al pasado más oscuro de la historia de la patria”. Por ejemplo, el neoliberalismo noventista o incluso, la dictadura cívico-militar de los setenta. Sin embargo, este discurso reduccionista y por demás tergiversado, no genera más que la debilidad de otra instancia de control o de rendición de cuentas en un régimen democrático: la ejercida por los medios de comunicación.

51 Iazzetta, “La democracia delegativa y su cara estatal. Un abordaje del caso argentino”, 194.

52 Cheresky, “Ciudadanía y democracia continúa”, 151-152.

53 Quiroga, “Parecidos de familia. La democracia delegativa y el decisionismo democrática”, 47.

54 Además, a fines de 2006, el gobierno impulsó un proyecto de ley para que la Corte Suprema de Justicia de la Nación retornara a su número histórico de 5 miembros tal como fue pensada por los constituyentes de 1860. A la sazón el número de miembros era de 7, pasando la mayoría de 5 a 4 votos. Sin embargo, cabe señalar que esta modificación ya había sido planteada por miembros de la oposición siendo tratados de “golpistas” por el entonces jefe de gabinete de ministros, Alberto Fernández, cuando la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados aprobó un dictamen en el año 2005. Laura Serra, “Ya es ley: la Corte Suprema tendrá menos miembros”, La Nación, 30 de noviembre de 2006, acceso el 18 de febrero de 2018, https://www.lanacion.com.ar/863406-ya-es-ley-la-corte-suprema-tendra-menos-miembros.

55 Algunos fallos de la Corte Suprema que incomodaron al gobierno de Cristina Fernández, fueron el de instar al gobierno a limpiar el Riachuelo, el ajuste a los haberes de los jubilados a partir del fallo Badaro, la libertad sindical o que el Estado debía responder con políticas públicas para evitar la desnutrición en la población.

56 Este es el caso de la reforma planteada por el gobierno que recortaba funciones al presidente de la Auditoría General de la Nación (AGN), elegido por la fuerza política de la oposición con mayoría en el Congreso, y daba mayor poder de decisión a los auditores oficialistas del organismo. “Busca controlar el Gobierno a quién lo controla”, La Nación, 23 de febrero de 2009, acceso el 18 de febrero de 2018, https://www.lanacion.com.ar/1102422-busca-controlar-el-gobierno-a-quien-lo-controla.

57 Este recorte provino de una resolución de la Procuraduría General de la Nación a cargo de Esteban Righi. El propio fiscal Righi, renunció a su cargo en abril de 2012, luego de una denuncia del entonces vicepresidente Amado Boudou contra el estudio de la esposa del procurador. En el escrito, Boudou sostuvo que esta última le propuso hacer lobby en Tribunales en la causa por la expropiación a la empresa Ciccone Calcográfica. Irina Hauser y Raúl Kollmann, “Boudou llevó sus denuncias y Righi renunció”, Página 12, 10 de abril de 2012, acceso el 18 de febrero de 2018, https://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-191526-2012-04-10.html. Finalmente, el juez federal Ariel Lijo, dictó su procesamiento por los delitos de cohecho pasivo y negociaciones incompatibles con la función pública.

58 La economía argentina experimentó una marcada desaceleración durante el 2009. Los sectores productores de bienes se contrajeron en 3.5 %, principalmente, a partir de una disminución de la oferta agropecuaria y una contracción de la demanda que afectó a las exportaciones, el consumo de bienes duraderos y la inversión. “Repositorio Digital”, CEPAL, acceso el 5 de octubre de 2017, http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/1070/11/Argentina_es.

59 En un acto en la ciudad de La Plata en 2010, Néstor Kirchner fue crítico contra la oposición calificada como “la máquina de impedir”, contra el grupo de medios Clarín y el Partido Judicial. Además, señaló: “No vamos hacer acuerdos para traicionar las banderas de transformación de la patria”. Juan Pablo Morales, “Kirchner: ‘No quieren que Cristina gobierne’”, La Nación, 25 de febrero de 2010, acceso el 18 de febrero de 2018, https://www.lanacion.com.ar/1237003-kirchner-no-quieren-que-cristina-gobierne.

60 Iazzetta, “La democracia delegativa y su cara estatal. Un abordaje del caso argentino”, 98 y 99.

61 “Carta Abierta de la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales”, Centro de Información Judicial -CIJ, 18 de junio de 2010, http://www.cij.gov.ar/nota-4346-Carta-abierta-de-la-Asociaci-n-de-Magistrados-y-Funcionarios-Judiciales.html

62 Repentinamente, el 27 de octubre de 2010, fallece Néstor Kirchner. Según el parte médico oficial, el fallecimiento se produjo como consecuencia de un paro cardiorrespiratorio no traumático.

63 Cristina Fernández se impuso por una amplia diferencia a los candidatos de la oposición. Obtuvo 11.865.055 votos, que representó a un 54.11 % de los electores. La segunda fuerza política fue la Alianza Frente Amplio Progresista con tan solo un 16.81 %. Luego siguieron la Alianza Unión para el Desarrollo social con el 11.14 %, y la Alianza Compromiso Federal con el 7.96 %. Ello demuestra la marcada debilidad y atomización de las fuerzas políticas de la oposición. Argentina.gog.ar, acceso el 5 de octubre de 2017, https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/resultados_nacionales_2011_ presidente_vice_total_país.

64 Sobre el vínculo de gobernados y gobernantes en los últimos años, ver la obra del autor Pierre Rosanvallon, El buen gobierno (Buenos Aires: Ediciones Manantial, 2015).

65 En este sentido, una imagen política simbólica del vaciamiento del contenido de las principales funciones del Parlamento reemplazadas por la adoración al líder que no solo representa a la patria, sino que es la patria, se pudo observar cuando tres senadoras al asumir sus funciones en la Cámara Alta juraron por “Néstor y Cristina”. “Las senadoras que juraron ‘por Néstor y Cristina’”, La Nación, 3 de diciembre de 2015, acceso el 18 de febrero de 2018, https://www.lanacion.com.ar/1851045-las-senadoras-que-juraron-por-nestor-y-cristina.

66 Véase entrevista a Pierre Rosanvallon en Eduardo Febbro, “Tenemos democracia electoral, pero no de ejercicio”, Página 12, 29 de noviembre de 2015, acceso el 18 de febrero de 2018, https://www.pagina12.com.ar/diario/elmundo/4-287172-2015-11-29.html.

67 El Consejo de la Magistratura es un órgano creado por la reforma constitucional de 1994 con el fin de lograr mayor transparencia a la hora del nombramiento de los jueces. El artículo 114° indica que las principales funciones del Consejo será la selección de los magistrados y la administración del Poder Judicial. Por otro lado, señala que la composición del mismo deberá observar el equilibrio “entre los representantes de los órganos políticos resultantes de la elección popular, de los jueces de todas las instancias y de los abogados de la matrícula federal. Será integrado, asimismo, por otras personas del ámbito académico y científico, en el número y la forma que indique la ley”. Biblioteca digital. Dr. Rodolfo G. Valenzuela. Corte Suprema de Justicia de la Nación, acceso el 5 de octubre de 2017, bibliotecadigital.csjn.gov.ar.

68 “Cristina: ‘No se va a reformar ninguna Constitución, quédense todos tranquilos’”, La Nación, 1 de marzo de 2013, acceso el 18 de febrero de 2018, https://www.clarin.com/politica/cristinano-reformar-constitucion-quedense-tranquilos_0_S12ZTt9jw7e.html.

69 Esto reedita una vieja discusión acerca de la visión de la democracia y la Constitución. Ya en el siglo XVIII, Thomas Jefferson se preguntaba por qué la voluntad de la mayoría debería ser limitada por la Constitución, prohibiendo la reelección indefinida. La respuesta de James Madison fue que el propósito de la Constitución no era limitar la democracia, sino asegurar que esta perdure. En ese sentido, Stephen Holmes afirma que las normas constitucionales de funcionamiento de la democracia no deben ser consideradas obstáculos, sino, más bien, un ordenamiento jurídico que facilita la democracia y sus posibilidades de sobrevivir en el tiempo. Entrevista a Stephen Holmes en César Rodríguez Garavito y María Paula Saffon Sanín, “La esencia de la democracia es la alternación en el poder”, El Espectador, 13 de junio de 2009, acceso el 18 de febrero de 2018, https://www.elespectador.com/impreso/politica/articuloimpreso145727-esencia-de-democracia-alternacion-el-poder.

70 Hugo Quiroga, “La justicia en debate. El Consejo de la Magistratura y la democracia mayoritaria”, Estudios Sociales 48, n.º 1 (2015), 157.

71 Me permito utilizar este término gramsciano con fines sintetizadores para describir la creación, durante el kirchnerismo, de un conjunto de organizaciones en la esfera de la sociedad civil que reproducen una determinada cultura política polarizante: universidades, organizaciones sociales, organizaciones de derechos humanos, medios de comunicación, sindicatos o cámaras empresariales. Por supuesto que este tema trasciende el alcance de este trabajo y debe ser abordado con la suficiente especificidad acorde a su riqueza intelectual.

72 Justicia Legítima, acceso el 18 de febrero de 2018, www.justicialegitima.org/misión.

73 Además del jurista español, se encontraban presentes la procuradora general de la nación, Alejandra Gils Carbó, el defensor de la justicia de Buenos Aires, Mario Kestelboim, y el juez de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, Omar Palermo. “Lanzaron formalmente la Asociación Justicia Legítima”, Universidad Nacional de la Plata, acceso el 5 de octubre de 2017, perio.unlp.edu.ar/node/3226.

74 Además, el fallo señala que la ley resulta inconstitucional en cuanto a que: “a) rompe el equilibro al disponer que la totalidad de los miembros del Consejo resulte directa o indirectamente emergente del sistema político-partidario, b) desconoce el principio de representación de los estamentos técnicos al establecer la elección directa de jueces, abogados, académicos y científicos, c) compromete la independencia judicial al obligar a los jueces a intervenir en la lucha partidaria, y d) vulnera el ejercicio de los derechos de los ciudadanos al distorsionar el proceso electoral”. ámbito.com, acceso el 5 de octubre de 2017, https://www.ambito.com/diario/aw_documentos/archivospdf/2005.

75 Argentina.gob.ar, acceso el 5 de octubre de 2017, https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/buenos-aires-dip.

76 “El candidato para completar la Corte”, Página 12, 29 de enero de 2015, acceso el 18 de febrero de 2018, https://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-264993-2015-01-29.html.

77 “El gobierno presiona para forzar la salida de un juez de 97 años”, El Mundo, 11 de mayo de 2015, acceso el 18 de febrero de 2018, http://www.elmundo.es/internacional/2015/05/11/5550d4eaca4741f2618b4575.html.

78 Ismael Bermúdez, “Entre 2002 y 2015, la inflación real acumulada fue de 1.385 %”, Clarín, 10 de enero de 2016, acceso el 18 de febrero de 2018, https://www.clarin.com/economia/inflacion-real-acumulada_0_S1Ll5SROvQx.html.

79 Entre otras cosas, por la intervención del INDEC que no divulgaba datos relacionados a la pobreza y la falta de una legislación de acceso a la información pública acorde a estos tiempos.

80 En 2015, el déficit fiscal alcanzó los $ 3.035 millones, el peor registro desde 1999. “En su primer informe, el INDEC revisó datos de balanza comercial de 2010 a 2015”, ámbito.com, 18 de febrero de 2016, acceso el 18 de febrero de 2018, http://www.ambito.com/828106-en-su-primer-informe-el-indec-reviso-datos-de-balanza-comercial-de-2010-a-2015. El déficit fiscal alcanzó, durante el 2015, el 5.4 % del PBI. “El déficit fiscal primario se disparó un 73,2% en 2015 a $ 291.000 millones”, ámbito.com, 10 de marzo de 2016, acceso el 18 de febrero de 2018, http://www.ambito.com/830832-el-deficit-fiscal-primario-se-disparo-un-732-en-2015-a--291000-millones. Este desequilibro fiscal fue acompañado por una caída abrupta de las reservas del Banco Central. En términos sociales, el empleo en el sector privado comenzó a retroceder y los niveles de indigencia y pobreza tendieron a crecer. Según el Observatorio Social de la Universidad Católica Argentina-UCA, el 5.3 % de las personas eran indigentes –alrededor de 4.000.000 de personas– y el 29 % eran pobres –alrededor de 11.500.000 de persona–. “Pobreza y desigualdad por ingresos en la Argentina urbana 2010-2015. Tiempos de balance”, Pontificia Universidad Católica Argentina, acceso el 5 de octubre de 2017, www.uca.edu.ar/uca/common/grupo68/files/2016-Obs-Informe-n1-Pobreza-Desiguladad-Ingresos-Argentina-Urbana.

81 En este sentido, en un acto de lanzamiento de candidaturas en territorio bonaerense, Néstor Kirchner se dirige a la oposición cómo “la máquina de impedir” y señala “si triunfa la máquina de impedir, volvemos a situaciones espantosas como en 2001”. “Néstor Kirchner: ‘Si triunfa la máquina de impedir, volvemos a situaciones espantosas como en 2001”, La Nación, 14 de mayo de 2009, acceso el 18 de febrero de 2018, https://www.lanacion.com.ar/1128057-nestor-kirchner-si-triunfa-la-maquina-de-impedir-volvemos-a-situaciones-espantosas-como-en-2001.

82 Aquí se rompe directamente la noción de régimen democrático por no permitir la celebración de elecciones libres y competitivas según el mandato de la Constitución.

Notas de autor

Magíster en Historia por la Universidad Nacional de Tres de Febrero, Argentina