Un texto que a través de sus cinco capítulos y epílogo navega sobre dos singularidades. De un lado, la geografía e historia del antiguo Caldas, y de otro, el ejercicio del poder gubernamental de las Fuerzas Armadas. De esta doble «ecualización» surge Botas militares para salvar la democracia… como una ejercicio de historia bajo la pulsión de comprender no la Violencia en mayúscula como nos la enseñaron, sino los afanes de paz de un país que a comienzo de la década de 1954 vio la llegada de los militares al poder como un segundo proceso emancipatorio, con el ascenso del teniente general Gustavo Rojas Pinilla al poder tras el «golpe de opinión», que puso fin a la presidencia de Laureano Gómez y su reemplazo Roberto Urdaneta Arbeláez. En 72 horas, Colombia tuvo tres presidentes, una muestra de la crispación en la elite política tanto liberal como conservadora con el proyecto político corporativista de Laureano Gómez, inspirado en el gobierno de Francisco Franco en España.

Esa crispación amenazó desatar el averno semejante al que desencadenó a finales del siglo XIX la guerra de los Mil Días, y la secuela trágica de la pérdida de Panamá en 1903. Fue ahí cuando las Fuerzas Armadas que venían en un proceso de profesionalización, como brazo armado de la Constitución, desde la guerra con el Perú en 1932 y la participación del batallón de Colombia en la guerra de Corea, a comienzos de la década de 1950; intentó ser una opción a la intolerancia y el sectarismo político que estaba iniciando el fuego de otra guerra en el solar patrio. Cuando el ejército apenas estaba ingresando a la modernidad fue llamado a defender la institucionalidad que amenazaba un desplome parcial del Estado, para el apuntalamiento de una gobernabilidad duramente ganada, con la formación de unas instituciones de gobierno demasiado endebles frente a los retos de empuñar el timón de una nación compleja desde el punto de vista regional y social.

A escala regional, la singularidad de un gobierno militar para un departamento con una circularidad de flujos migratorios y de una boyante economía cafetera, emergido en la zona media entre Antioquia y Cauca, con acceso al mercado interno estructurado por el río Grande de la Magdalena. Donde una ciudad como Pereira pasaría de ser un paso de mula a un poblamiento urbano, que galoparía, gracias al ferrocarril, a una urbe que repetía la gesta de Barranquilla, como puerta de oro del suroccidente colombiano.

El libro revela el contexto político, social y de seguridad que dio origen a la designación de gobernadores y alcaldes militares para el departamento de Caldas entre 1953 y 1957, así como la caracterización de la violencia liberal–conservadora, que llevó al departamento a ser una de las zonas con mayor tasa de homicidios por mil habitantes en Colombia, en el periodo entre 1946 y 1964.

Una visión de conjunto entre las causas de la violencia y los anhelos de democracia representados ya no por los partidos políticos y sus dispositivos de propaganda, como la prensa y la radio, sino por el estamento militar con sus llamados a la paz, la democracia y la concordia. Pero sin renunciar al uso punitivo de la fuerza en contra de los grupos armados que bajo el amparo de los partidos políticos se habían lanzado a la lucha contra la otra colectividad doctrinaria y de paso contra la institucionalidad. Fue así como las Fuerzas Armadas se posicionaron como la última línea de defensa de la Constitución, bajo el mandato del general Gustavo Rojas Pinilla, quien dio continuidad a la Asamblea Nacional Constituyente convocada por Laureano Gómez, casi al final de su malogrado mandato, para la reforma del Estado bajo una concepción corporativa, no sobre la base de partidos políticos, sino de instituciones como la Iglesia, las Fuerzas Armadas hundían sus cimientos en la sociedad colombiana.

El 29 de octubre de 1954, Rojas Pinilla promulgó el decreto presidencial 3170, que reglamentó el funcionamiento de los consejos administrativos departamentales y municipales, base jurídica para nombramiento de militares en gobernaciones y alcaldías a fin de restablecer la paz y defender las instituciones democráticas del vendaval de la intolerancia política y el sectarismo.

Pero el utillaje de las Fuerzas Armadas para evitar el derrumbe parcial del Estado no solo incluyó el control del conjunto de instituciones públicas, sino además planes de inversión con un empuje importante de la ingeniería militar, como herramienta de la paz, en un momento en que se propalaba en América Latina la doctrina desarrollista que apoyaba la inserción del continente en la plataforma capitalista global.

El texto da cuenta de las luchas de los militares en el plano civil por penetrar la mentalidad de gamonales y caciques para conocer las causas de la violencia y poder transcender a la consecución de la paz. Simplemente allí estuvo su fallo: no conocer de forma solvente las profundas raíces del conflicto social y político en que se había desenvuelto la vida republicana en el país, la intensa lucha del hacha contra el papel sellado, como llamo el economista Alejandro López a la desposesión de la tierra civilizada por los agricultores, por terratenientes y tinterillos, no pocas veces con el auxilio de la policía departamental, que desalojaba a los campesinos de las tierras tras varios años descuajando monte para establecer sus cultivos. El conocimiento de la Violencia se encontraba allí en los Directorios Nacionales de los Partidos Políticos y no en el Estado Mayor de la Fuerzas Armadas, de allí que el afán de profesionalización del ejército encalló en el arrecife de un conflicto interno de amplio espectro tras la firma de los pactos del Frente Nacional, que endosó a las fuerzas armadas un choque que no habían iniciado y del que no se ha podido liberar hasta el tiempo presente.

Era esa pista de los derrotados y de las razones de su constante derribamiento lo que era necesario conocer para concluir la tarea que llevó a las fuerzas armadas al poder, el 13 de junio de 1954, con el «golpe de opinión» de Rojas Pinilla.

El golpe militar significó un control institucional unificado del Estado sobre el conflicto armado, buscó ganarles una base social propia a las fuerzas armadas al estilo Juan Domingo Perón en Argentina o de Francisco Franco en España. Todo ello de manos de la Asamblea Nacional Constituyente que Rojas retomaría del gobierno de Laureano Gómez, al que había desbancado. Asamblea que sirvió de termómetro político para indicar el estado de las relaciones del régimen militar con liberales y conservadores, así como de la corriente socialista, esta última en menor escala, pero todos ellos sedientos de nombramientos en los cargos públicos, donde los conservadores del sector de Mariano Ospina Pérez y del caldense Gilberto Alzate Avendaño, tuvieron mayoría de cargos.

Los intentos pacificadores de los militares se enfrentaron en algunas regiones con el recrudecimiento de la violencia, como en el Valle del Cauca y Caldas, conflicto asociado a la depredación de las cosechas de café y el robo de ganado y que sirvió de cobertura a una nueva distribución de la riqueza por medios violentos, donde: «… mayordomos, fonderos y políticos locales estructuraron el despojo sistemático de fincas, la comercialización de cosechas de café y ganado y la manipulación bajo amenaza a la mano de obra campesina»¹.

De forma incidental emergían los hilos profundos en el uso de la fuerza y la intimidación para el despojo de tierras, que se dieron con la colonización de vertientes que provinieron tanto de Antioquia del Cauca como de Boyacá en el poblamiento de los valles intermedios del centro occidente en la segunda mitad del siglo XIX. Colonización que abrió la frontera agrícola al cultivo del café, producto de exportación que se constituyó en la espina dorsal de la economía colombiana.

De allí que en Caldas durante el periodo de la Violencia de mediados de siglo XX, aumentaron los homicidios, las masacres y la migración forzada, durante la temporada de cosecha del café. Un conflicto alimentado por la falta de legitimidad en las instituciones de gobierno de carácter nacional y regional, entre cuyas fisuras dada su inoperancia fue emergiendo sectores medios y altos que aprovecharon el ambiente de violencia para posicionarse territorial, política y económicamente, como lo señala el texto de Gonzalo Sánchez, Bandoleros, Gamonales y Campesinos². De allí el afán de los autores de Botas Militares para salvar la democracia de rastrear su trabajo investigativo en la prensa regional y local, así como en los archivos existentes en la región cafetera de Caldas, Risaralda y Quindío.

Buscando en la prensa ese trasfondo ideológico con que los partidos educaban políticamente a sus lectores en «… un conjunto de representaciones simbólicas de la sociedad y la promoción de saberes, valores y normas las cuales buscaban crear un consenso para ordenar y estructurar el mundo bajo ciertos parámetros»[3].

Gracias a las colecciones de prensa y a los archivos regionales, donde dormita la información que reclama la consecución de respuestas a las inquietantes preguntas que sugiere el texto, es posible un avance en la historia política del país. La investigación es apoyada también en la corriente de estudios sobre la violencia política de la mitad del siglo XX, para llegar a un enfoque cultural a través de esta nueva mirada de historiadores que tienen en común su preparación universitaria.

En el antiguo departamento de Caldas dos periódicos: La Patria de Manizales y El Diario de Pereira fueron los pilares de la consulta, junto al periódico El Binomio editado en Calarcá.

La llegada de Rojas Pinilla al poder intentó ser un contrapunto al sectarismo liberal–conservador, que se había incrementado luego de la guerra de los Mil Días, y dos décadas de una relativa paz en la historia colombiana, en 1930, con la llegada de Olaya Herrera. En Santander y Cundinamarca se iniciaron los conatos de una nueva conflagración que ascendía y descendía, eclosionando el 9 de abril de 1948 con el asesinato de Jorge Eliecer Gaitán.

El 8 de agosto de 1953, El Diario de Pereira publicó «La total pacificación de departamento no se logrará sino a base de autoridades militares…»[4].Señalaban a León María Lozano y a Gustavo Salazar García, jefes conservadores del Valle del Cauca, como responsables de las incursiones de bandas de Pájaros en el Quindío y en el occidente de Caldas.

Para ocupar la gobernación del departamento fue designado el coronel Gustavo Sierra Ochoa, quien había combatido a las guerrillas liberales en el llano. Su nombramiento al Palacio Rosado, sede del gobierno departamental, fue recibido con complacencia tanto por conservadores y liberales. Estos últimos confiaban en el Ejército para restablecer el orden público en el occidente de Caldas, en tanto los conservadores contaban con una amplia mayoría en la Asamblea Nacional Constituyente anac como forma de respaldo constitucional al golpe del 13 de junio.

El coronel Sierra Ochoa pareció gozar de cualidades políticas para el cargo de gobernador, lo que fue útil para estar por encima de la beligerancia política y armada de liberales y conservadores en el departamento, armonía pintada a veces con tintes mesiánicos por la prensa de Manizales y Calarcá. Dicho apoyo empezó a resquebrajarse por cuenta de las obras que orientó para la conmemoración de los cincuenta años de creación del departamento, como lo fue el Teatro Municipal, el Hotel de Turismo y el Instituto Universitario de Caldas, las tres obras ubicadas en Manizales; razón por la cual el rotativo pereirano El Diario se preguntó por las obras en Pereira, Armenia, Calarcá, Riosucio, Salamina y la Dorada, importantes espacios urbanos caldenses.

En tanto, la prensa conservadora, como el diario La Patria de Manizales o El Diario del Quindío, en octubre de 1954, publicó un reportaje con Sierra Ochoa donde anunció el apoyo a la hidroeléctrica de Caldas y al Banco del Café, al desarrollo de un programa de electrificación y a un plan vial para la región del Quindío, así como el mejoramiento de la Casa de Menores y la Casa Correccional, y apoyaban irrestrictamente al gobernador militar.

La pérdida de popularidad coincide tanto a nivel regional del gobernador como a nivel nacional del régimen de Rojas Pinilla, cuando a inicios de 1955 se informó de la continuación del estado de sitio y del uso de los medios de comunicación para difundir la posición de la dictadura de Rojas, esto como una acción con el fin de establecer el binomio pueblo–Fuerzas Armadas con miras al periodo presidencial de 1958 a 1962

Este llamado tuvo una amplia resonancia en Caldas donde la corriente conservadora liderada por Gilberto Alzate Avendaño, mayoritariamente concentrada en el departamento, ocupaba un número importante de escaño en la anac, junto a la corriente del expresidente conservador Mariano Ospina Pérez.

A nivel regional, el conservatismo se galvanizó alrededor de la figura del gobernador militar, recalcando las similitudes entre el discurso de Rojas con la ideología del centenario Partido Conservador, intentando asimilar las posturas del general en funciones presidenciales a un espíritu de armonía y tradición, propio de la ideología conservadora, elementos capaces de constituirse en antídoto a la intolerancia y sectarismo político de tinte liberal. Esta estrategia pareció diseñada para atribuirle al liberalismo la causa de la Violencia. Una Intolerancia que hacía del ejercicio de la política un tobogán que descendía de forma inevitable a un conflicto social de amplio espectro.

Fue así como desde la orilla liberal, la imagen que se tenía del régimen de Rojas Pinilla se fue desmoronando, que ya se venía deteriorando por la mayoritaria participación conservadora en el gobierno militar y la poca presencia de figuras liberales en él.

Esta fueron las razones en la disputa de la prensa liberal, encabezada por El Diario de Pereira, que le increpaba al gobernador que sus actos de gobierno no podían ir en contravía de las razones que llevaron a Rojas al poder.

Ya la cuerda estaba tensa, cuando en el segundo aniversario de la toma del poder de Rojas, el 13 de junio de 1955, una información emitida por las ondas de Radio Nacional de Colombia, sentenció que en la defensa de la patria los militares contaban con tres argumentos sólidos: «patriotismo, inteligencia y ametralladoras». Una jugada hábil de avivamiento de las tensiones políticas que evidenció cómo la «caldera del diablo» de los militares no estaba en las trincheras del campo de batalla contra guerrillas liberales o conservadoras, sino en la política partidista con sus periódicos y emisiones radiales. Cuando los militares detectaban alguna sombra opositora reaccionaban de una forma que no aclimataba bien en la sociedad civil, corroyendo de paso esa cuidada imagen de exaltación de los símbolos patrios y el fervor casi religioso de llamados a la convivencia entre colombianos.

Las voces críticas conocidas como los «enemigos del gobierno de Rojas Pinilla» o los enemigos del pueblo recibieron respuesta desde el estamento militar, los diarios conservadores y los pulpitos religiosos. Una visión simplista y deformadora de la democracia política que intentaban cristalizar los militares. Las críticas se agudizaron por el asimétrico reparto del Régimen de los puestos en la anac, lo que significó el aumento de las tensiones políticas entre los liberales y Rojas Pinilla, y sirvió a los intereses de grupos regionales emergentes que vieron en este escenario la oportunidad para la depredación del patrimonio de otros. Se encubrieron con la nebulosa de la Violencia para que su acumulación, a «sangre y fuego», de tierras, ganado y café, quedara en la impunidad.

El libro Botas militares para salvar la democracia hace un relato pormenorizado de la gestión de los gobernadores militares en el departamento de Caldas, tanto de sus aportes como de sus limitaciones. Revela con rigor documental el tránsito de la violencia liberal–conservadora a las guerrillas izquierdista, asentadas en el filo cordillerano que cruza el departamento dividido en tres entidades territoriales y administrativas en la década de 1960: los departamento de Caldas, Risaralda y Quindío, que no dejan de tener esos poderosos vasos comunicantes en geografía, historia y cultura, algo que se transpira en el término Eje Cafetero utilizado actualmente para designar el conjunto de estos tres departamentos.

A pesar del logro de los autores Jhon Jaime Correa Ramírez, Natalia Agudelo Castañeda, Edwin Mauricio López García, Wilton Holguín Rotavista y Anderson Andrés López Urrea, en la introducción, los cinco capítulos y el epílogo, quedan flotando preguntas tan con respecto al papel de la jerarquía eclesiástica regional en este periodo; la Violencia en el occidente del antiguo Caldas, y las razones de la fuerte dinámica económica y de construcción de infraestructura en un departamento con récord en presencia de grupos armados irregulares.

Del resultado del equipo de investigadores de la Maestría de Historia de la Universidad Tecnológica de Pereira, dirigida por Jhon Jaime Correa, surgen estas preguntas que esperamos en un futuro cercano sean el motivo de nuevas tareas investigativas que nos ayuden a abrir la caja de Pandora del conflicto político, que ya no quiere permanecer envuelta en la nebulosa de archivos abandonados y dispersos en la región; porque es allí donde posiblemente estén las respuestas para formular las acciones frente a los cada vez más acuciantes retos del tiempo presente.

Referencias

Correa Ramírez, Jhon Jaime, Natalia Agudelo Castañeda, Edwin Mauricio López García, Wilton Holguín Rotavista y Anderson Andrés López Urrea. Botas militares para salvar la democracia: miradas a las acciones de pacificación en la gobernación de Caldas 1953-1964. Pereira: Editorial Universidad Tecnológica de Pereira, 2020.

Sánchez, Gonzalo. Bandoleros, gamonales y campesinos. El caso de la violencia en Colombia, vol. 18. El Ancora Editores, 2020.

Notas

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