Introducción

La crisis del año 2001 representó el colapso del modo de acumulación de capital que se impuso durante toda una década en la argentina: la convertibilidad. Más allá de la hegemonía que consiguió el orden neoliberal durante buena parte de la década de los ‘90, cimentado sobre una verdadera «comunidad de negocios» (Basualdo, 2001), lo cierto es que hacia fines de siglo, el consenso se había quebrado y se hacían evidentes las grietas entre los sectores dominantes de la economía en torno a la continuidad o no del modelo, y bajo qué condiciones. De esa forma, la crisis empezó a golpear y afectar de manera diferente en fuerza e intensidad a un conjunto de sectores sociales a lo largo y ancho del país, que, en el marco de la crisis, salieron a calles y rutas a plantear sus demandas.

En Entre Ríos, principalmente sobre la costa del río Uruguay, pequeños y medianos productores rurales (centralmente citrícolas) se vieron afectados por la política de apertura comercial que permitió la importación de mercancías producidas en la provincia, en el marco de la «crisis de las economías regionales» producidas en el momento de estancamiento y crisis de la convertibilidad (en especial de 1998 en adelante). A su vez, la devaluación del real en enero de 1999 contribuyó a la invasión de productos brasileños en el mercado interno, lesionando la competitividad del sector frutihortícola local. En consecuencia, tanto mediante sus organizaciones como la Federación Agraria Argentina (FAA), como de manera autoconvocada y en coordinación con otros sectores sociales, se nutrieron de distintas modalidades de acción colectiva contenciosa (McAdam, Tarrow y Tilly, 2005; Tarrow, 1997; Tilly, 2000) para hacer sentir su protesta contra el modelo económico imperante y por un cambio en el mismo.^[1] Fruto de ese proceso se gestó la carpa «de la Unión Nacional en Defensa de la Democracia», instalada por más de 100 días en la rotonda de acceso a la localidad de Chajarí, al norte de la provincia, sobre la ruta nacional 14 (la «ruta del Mercosur»), sector clave en el transporte de mercancías importadas provenientes, principalmente, de Brasil y de Paraguay. Se desplegó, a su vez, un importante plan de lucha, en conjunto con los propietarios de camiones, consistente en cortes de ruta durante los días álgidos de diciembre de 2001.

Estas condiciones estructurales que impuso la crisis del modelo de la convertibilidad fue el terreno sobre el cual brotó el conflicto en Chajarí. Sin embargo, las clases sociales y fracciones de clase que se configuran como actores sociales en el conflicto no van al enfrentamiento directamente sino constituidas en fuerzas sociales que expresan alianzas de clase y fracciones de clase (Marín, 2009). Por lo tanto, interesa observar el modo mediante el cual, en el devenir del proceso conflictivo, se va constituyendo una fuerza social, policlasista, que, dirigida y hegemonizada por los productores organizados en torno a la FAA, va a lograr acaudillar otros sectores y encolumnarlos en una lucha contra «el modelo».

En consecuencia, en el presente trabajo me propongo realizar un abordaje cualitativo, en clave descriptiva: el estudio de caso de la carpa de Chajarí del año 2001, instalada en la rotonda de ingreso a la localidad y sostenida por productores agrarios, comerciantes y vecinos autoconvocados de la localidad. Para ello centraré mi mirada en las acciones de lucha desplegadas, sus demandas, el modo en que construyeron su discurso en el contexto de la crisis nacional y provincial, y las formas organizativas de las que se valieron en la dinámica del conflicto. Para la reconstrucción histórica, la fuente utilizada es «El Diario» de Paraná, del cual se realizó un registro sistemático cubriendo el período de revisión del año 2001, dado que el presente artículo se enmarca en una investigación de más largo aliento sobre la crisis del 2001 en Entre Ríos. Si bien la utilización de la prensa como fuente de datos puede presentar algunas dificultades, consideramos que, siguiendo a Franzosi (2017), ninguna otra fuente de datos históricos sobre conflictos está exenta de errores y, por otro lado, en algunos casos constituye la única fuente de datos disponible. Nos valdremos del método narrativo–histórico, consistente «en la reconstrucción de sucesos históricos que son narrativamente descriptos e hilvanados alrededor de un proceso» (Sautu, 2011, p.222). A efectos de buscar profundizar en la comprensión del fenómeno estudiado y enriquecer el relato ante la ausencia de estudios previos sobre la trayectoria de los sujetos cuya acción se analiza, se combinó dicha fuente primaria con la comunicación personal con especialistas como fuente de sucesos anteriores al 2001.

Existen numerosos estudios que abordan los sucesos del 2001 desde la perspectiva de la protesta y el conflicto social (Iñigo Carrera y Cotarelo, 2006; Fradkin, 2002; Zibechi, 2003; Schuster et. al., 2005; Auyero, 2007; Bonnet, 2015, por mencionar algunos) e incluso otros que abordaron el impacto y desarrollo de la crisis en realidades provinciales y/o locales (Gordillo, 2010; Román, 2010; Mayor, 2019; Gutiérrez y Ertola, 2021; Aiziczon, 2021), sin embargo, los actores agropecuarios no han sido estudiados como un sujeto importante en aquellas protestas, siendo que su presencia y acción en algunas provincias, como en el caso que aquí abordamos, fue importante.

En ese sentido, consideramos que el presente trabajo puede representar un aporte para cubrir parte de ese vacío. Si bien asume un carácter necesariamente preliminar y puede pecar de ser descriptivo en exceso, nos parece una tarea fundamental para futuras aproximaciones, al carecer por completo de antecedentes bibliográficos no solo sobre el proceso en particular, sino sobre conflictividad en el sector en la historia entrerriana reciente.

Chacareros, productores agropecuarios, pequeña y mediana burguesía rural… los gringos del campo entrerriano

La provincia de Entre Ríos presentó desde sus primeras configuraciones territoriales jurídico–políticas, un actor social de características, tanto en virtud de su actividad de producción y reproducción social como de residencia, «rurales». Ya en el primer censo realizado en el actual territorio entrerriano, entre noviembre de 1820 y diciembre de 1821 durante la efímera experiencia de la «República de Entre Ríos» de Francisco «Pancho» Ramírez, se daba cuenta de la presencia preponderante en los distritos entrerrianos de un sector denominado «labrador» en función de las actividades productivas y laborales. ¿Qué era un labrador? Pequeños productores agrícolas independientes con un fuerte arraigo local (Kozul, 2017).

Los «pequeños productores» atravesaron diferentes mutaciones y trasformaciones al calor de los cambios en la estructura social entrerriana y, fundamentalmente, a partir del avance de las relaciones capitalistas en el agro, que en Entre Ríos se fueron generalizando en las primeras décadas del siglo XX. Como señala Ascolani (2009), en la región pampeana, el proceso de adquisición y distribución de la propiedad de la tierra, la explotación agrícola capitalista y el habitual sistema de monocultivo —trigo, lino, maíz— impidió la formación de una población campesina proletaria o semiproletaria. Y de esta manera se fue desarrollando como actor social, una capa de pequeños y medianos productores, diferenciados por el tipo de explotación. En Entre Ríos, el proceso de colonización agraria se produjo a partir de la repartición de tierras en lotes, formándose las primeras colonias, dedicadas a la producción cerealera, en las décadas de 1860 y 1870 (Gallo, 1984). En tanto la producción cerealera atravesó un proceso de profunda concentración de la tierra,^[2] orientándose crecientemente hacia el mercado externo en el último tercio del siglo, otras explotaciones como la frutihortícola, sobre todo sobre la costa del río Uruguay, se orientó también hacia el mercado interno. Es el caso de los productores del citrus o del arroz, del norte entrerriano.

Más allá de la evolución desigual y combinada de las pequeñas y medianas explotaciones agrícolas en la provincia, su peso relativo con relación a la estructura económico–social local y regional, etc., lo que interesa aquí es señalar una persistencia en la provincia de un actor^[3] vinculado a la explotación agraria, con un importante peso del trabajo familiar pero con capacidad de acumular capital (por ende capitalistas, no campesinos), que en distintos momentos históricos emergió en defensa de sus intereses con acciones de lucha, dotando de cierta particularidad a la conflictividad provincial. La FAA, surgida al calor de la huelga de arrendatarios y aparceros de 1912 que pasó a la historia como «el grito de Alcorta», fue la entidad que los organizó principalmente. Con la regulación del sistema de arrendamientos como uno de sus objetivos principales, estos pequeños y medianos productores, fundamentalmente agricultores, confrontaron con el sector capitalista terrateniente, fundamentalmente ganadero, organizado principalmente en torno a la SRA (posteriormente, los criadores se organizarían en torno a la CRA, formada en 1943). Hacia 1972, con el antecedente del Movimiento Rural promovido por la Acción Católica en la provincia desde principio de los sesenta (Chiapino, 2019), surgiría otra forma de organización político gremial de los pequeños productores (aquellos cuya explotación no superaba las 20 ha.) que se había extendido por territorios rurales extra pampeanos: la Liga Agraria, experiencia que no sobreviviría el golpe cívico militar de marzo de 1976.^[4] Sin embargo, el período de la última dictadura (1976–1983) no estuvo exento de confrontaciones violentas de los pequeños productores del citrus de Chajarí, como cuando ante una enfermedad del citrus la Secretaría de Agricultura a cargo de Jorge Zorreguieta decidió destruir las plantaciones, ante lo cual los productores reaccionaron enfrentando a los militares, destruyendo las motosierras e incluso atacando una camioneta.^[5]

Con las reformas estructurales de los noventa (las denominadas «políticas neoliberales»), tales como la apertura económica, la desregulación de los mercados y el tipo de cambio atado al dólar que planteaba el modelo de la convertibilidad, muchos productores se vieron afectados en su competitividad y rentabilidad.

Durante gran parte de la década 1992– 2001 los pequeños y medianos agricultores alcanzaron niveles mínimos o nulos de rentabilidad, lo cual generó una situación de endeudamiento creciente, determinada por las necesidades de capital de trabajo, renovación de equipos y pago de compromisos de diverso tipo que se iban acumulando en el pasivo de los chacareros. Este endeudamiento fue imponiendo el cese de actividades de numerosas explotaciones, y el despliegue de diferentes acciones defensivas, como la venta total o parcial de la tierra, o que muchos productores al no poder afrontar sus compromisos debieran forzosamente arrendar sus campos, transformándose en mini–rentistas (Azcuy Ameghino, 2016, p.15)

Si bien en esos años se produjo una reprimarización de la economía entrerriana, la expansión del producto agropecuario fue liderado por la agricultura extensiva: se produjo una fuerte concentración de la tierra. Este proceso fue evidenciado por primera vez en el Censo Nacional Agropecuario de 1988,^[6] cuando la cantidad de explotaciones agropecuarias de la provincia de Entre Ríos pasó de 32.000 a 27.132 (Truffer y Gamboa, 2021, pp.151–152). En el período 1988–2002, de acuerdo a los datos de los censos nacionales agropecuarios, en Entre Ríos desaparecieron 5555 explotaciones agropecuarias, un 94% de ellas de menos de 200 hectáreas (Rodríguez, Schunk y Riegelhaupt, 2019, pp.117–118). En el mismo período se crearon 142 nuevas explotaciones de más de 500 hectáreas (Rodríguez, Schunk y Riegelhaupt, 2019, p.119). Hubo un aumento de la superficie sembrada por los principales cultivos (trigo, maíz, soja, arroz, girasol, lino y sorgo). Estos representaron el 80% del valor exportado, lo que incidió decididamente en el crecimiento de las exportaciones entrerrianas, fundamentalmente en la venta de oleaginosas y cereales (trigo, arroz, cáscara y maíz), en un contexto de mejora de los precios internacionales de esos productos hasta 1996 (con una caída importante del trigo para los años siguientes). En 1998, las exportaciones agropecuarias superaron el 50% del total de exportaciones de la provincia (representando éstas a nivel nación el 25%) (Rodríguez, Shunck y Riegelhaupt, 2019). El tipo de cambio alto y la apertura comercial impusieron una tecnificación cuasi obligada del agro sobre la base del endeudamiento, lo cual perjudicó notablemente a los pequeños productores (además de medidas como la disolución de la Junta Nacional de Granos en el año 1992) que quedaron marginados o en muy malas condiciones para cumplir con los compromisos contraídos (Rodríguez, Shunck y Riegelhaupt, 2019, p.118). Indudablemente a partir de la implementación de las políticas de desregulación y apertura en los noventa, la tendencia general fue hacia la pérdida de la importancia relativa de este sector en los mercados (Rossi y Leon, 2008).

Por otro lado, en 1996 se produce la introducción de un nuevo paquete tecnológico que combinaba el uso de la Soja RR y otras semillas transgénicas, siembra directa y herbicidas (como el Glifosato), lo que reforzó el proceso de concentración y centralización del capital agrario y la agriculturización.^[7]

Fue en ese proceso de resistencia a los cambios estructurales en el agro, conjuntamente a los efectos de las políticas neoliberales y el agronegocio, que la FAA adquirió un importante grado de movilización política, incluyendo una política de articulación con las otras entidades rurales con las que históricamente había sostenido posturas de enfrentamiento como la Sociedad Rural Argentina (SRA) y las Confederaciones Rurales Argentinas (CRA).^[8] Esta capacidad de movilización, con formatos de acción como el corte de ruta y los tractorazos, configuraron un antecedente de la confluencia de las cuatro entidades rurales (junto a la Confederación Intercooperativa Agropecuaria Limitada –CONINAGRO–) en el conflicto desatado en marzo de 2008,

no solo por la permanente capacidad que exhibió esta entidad para sumar a la CRA las reiteradas acciones con las que enfrentó a los gobiernos de Menem y de De la Rúa, sino porque hacia el final de la década las cuatro entidades lograron unificar su acción en un extenso paro, y se puso en evidencia así, tempranamente, su capacidad de actuar de forma coordinada. (Pérez Trento, 2015, p.3)

Productores y camioneros a la ruta

Como adelantamos en el apartado anterior, desde la segunda mitad de los noventa comienzan a registrarse crecientes protestas de los pequeños empresarios agropecuarios. Dentro del repertorio de protesta, aparece un mayor uso del corte de ruta de parte de fracciones de la pequeña burguesía^[9] del campo (Cotarelo, 2000). Entre el ’97 y el ’99, los cortes de ruta de los pequeños y medianos empresarios del campo representan el 60% de los cortes de ruta protagonizados por empresarios (Schuster et al, 2006, p.51).

En 1997 se produce el primer tractorazo en la localidad santafecina de Cañada de Gómez (como parte de una serie de medidas en Santa Fe y Córdoba en demanda de créditos) y al año siguiente los cortes de ruta impulsados por la FAA a los que se pliegan CRA y CONINAGRO y el Movimiento de Mujeres Agropecuarias en Lucha (MMAL), en confluencia con entidades que nucleaban a los transportistas de carga, ante un aumento del peaje.

En enero del ’99 se produce un hecho de política internacional cuyas consecuencias tuvieron un impacto en la economía argentina y específicamente en sectores productivos del agro orientados al mercado interno: la devaluación del real en Brasil.^[10] Como consecuencia de la inundación de productos brasileños en las góndolas argentinas, con la consabida pérdida de competitividad d los productores locales de algunas de esas mercancías aparecen tractorazos y lock outs de la Mesa de Enlace^[11] (Kan, 2007, pp.239–240).

La crisis en el sector continuó manifestándose en acciones de protesta durante el primer año de gobierno de la Alianza (1999–2001), en la que los productores salieron a las rutas a dar cuenta de su descontento. En octubre de 2000, productores de citrus, cereales y arroz se unieron a camioneros en reclamo ante el aumento del gasoil y de los peajes, llevando su protesta a la ruta. Los transportistas no abandonarían la ruta hasta obtener respuestas. Sustentaban su reclamo en que la pérdida de rentabilidad de los productores que los llevaba a abandonar sus quintas, repercutía en una brusca caída de la actividad de las empresas de transporte. En la intersección de la ruta 14 y el acceso a Chajarí llegaron a concentrarse más de 140 camiones. Otro piquete se situó en el encuentro de la ruta 14 con la provincial 20, que conecta las ciudades de Gualeguaychú con Urdinarraín y Basavilbaso, el sudeste provincial, una zona de fuerte concentración de pequeños chacareros, quienes fueron acompañados por productores arroceros del departamento Uruguay, Colón y San Salvador. En el marco de esas protestas, con el ánimo exaltado de parte de los productores de Chajarí, el vicepresidente Carlos «Chacho» Álvarez se hizo presente en los cortes tratando de aquietar las aguas, cosa que no pudo conseguir.

Ya en los primeros días del 2001, el gobernador Sergio Montiel había declarado, en un acto durante la Fiesta del Melón en Colonia La Fraternidad (creada durante su primera gestión de gobierno), que su gestión había puesto desde el inicio el acento en «la defensa de la producción» y en esa línea anunciaba el otorgamiento de líneas créditos a productores algodoneros, arroceros y a cooperativas agropecuarias, sosteniendo a su vez que se daría un gran impulso a la industria citrícola. El año arrancaba con promesas y palabras grandilocuentes hacia el sector de parte del primer mandatario.

El malestar de los productores de la zona volvió a hacerse sentir a fines del mes de marzo, en el contexto del ajuste propuesto por López Murphy (el quinto que llevaba adelante el gobierno de la Alianza)^[12] y del paro nacional del 21 de marzo, cuando junto al Centro Comercial y docentes rodearon la sucursal local de Banco de Entre Ríos S.A. por las cuatro calles, en reclamo de un cambio en la política de la entidad, que sostenía unas altas tasas de interés del 5 o 6 % y presionaba a los productores. La FAA apareció como la portavoz de los productores en este momento, señalando que con el recorte propuesto los citricultores dejarían de percibir unos 11 millones en créditos y que los bajos precios del arroz y frutas, junto a la competencia de los productores de otros países los llevaría a la ruina. En palabras de Jorge Ruiz, presidente de la FAA:

en el humor de los productores se advierte que estamos tocando fondo, sobre todo con el arroz a 9,5 centavos, un cajón de frutas a un peso en Buenos Aires, un mercado interno que cada vez se restringe más y la apertura que hacemos para beneficio de otros países que vienen a competir deslealmente.^[13]

Ante el agravamiento de la situación de los productores citrícolas y arroceros (también de los algodoneros de La Paz y Feliciano) hacia fines de junio, el Jefe de Gabinete de la nación, Crystian Colombo, viajó a la provincia para plantear la firma de convenios de competitividad para esos sectores. También se encontraban en conflicto los camioneros, en estado de «asamblea permanente», disconformes con el aumento del precio del gasoil y con la postura del gobierno provincial hacia el sector. Camioneros de Villaguay, Larroque, Gualeguay, Gualeguaychú, San Salvador, Concordia, Chajarí, Urdinarrain, agrupados en la Federación Entrerriana de Transporte de Cargas se reunieron en Villaguay para debatir sobre las consecuencias del aumento del Impuesto a la Transferencia de Combustible (ITC) sobre el gasoil y amenazaban con cortar las rutas.

En Galarza (departamento de Gualeguay) la delegación entrerriana de la FAA decidió acompañar el reclamo multisectorial en Gualeguaychú junto a la CTA y el Centro Comercial, a la vez que dialogaba con los transportistas, en pleno plan de lucha («entendemos que el agro, la citricultura y muchas otras actividades están pasando por la misma situación y ven en nuestro reclamo una voz que representa la voz popular»,^[14] señaló Carlos Ziegler presidente de la Cámara de Transporte de Concordia).

También fue en dicha reunión provincial en Galarza donde surgió la posibilidad de instalar una carpa en la rotonda de ingreso a la ciudad de Chajarí, sobre la ruta 18, algo que finalmente se concretó el 8 de julio. Si bien se planteó como una carpa «autoconvocada», lo cierto es que el proceso decantó por la coordinación y articulación entre distintas organizaciones como la FAA y el Centro Comercial, aunque hubo amplia participación de la comunidad en la medida, y muchos de sus referentes y principales activistas no se encontraban encuadrados o referenciados en ninguna organización. Este último hecho impregnaba de cierto carácter «apolítico» al reclamo, cabalgando sobre los vientos de hartazgo hacia los representantes políticos del 2001 que eclosionarían en los últimos tres meses del año.

Un citricultor de Villa del Rosario, Rogelio Percara, fue elocuente al respecto de la situación:

[t]odos estamos luchando por la democracia y por un plan mucho más justo, que nos permita recuperar rentabilidad. La idea no fue hacer un piquete. Simplemente quisimos hacerle ver cosas a nuestros funcionarios, y hacerles entender que el campo está en una situación terminal, y sin rentabilidad. (…) No tenemos rentabilidad, y a este ritmo no podemos pagar impuestos ni cumplir con nuestras obligaciones bancarias.^[15]

Al tiempo señalaba que se congregaron entre 200 y 300 personas. Si bien el reclamo irrumpió en principio orientado por un interés sectorial y corporativo (la falta de rentabilidad), pronto fue tornándose, en el plano discursivo, un reclamo más amplio que pretendía acaudillar a otros sectores sociales, centrado en la crítica «al modelo». El hecho de no referenciarse la protesta exclusivamente en un sector en particular, a pesar de la clara preminencia de los productores, daba cuenta de la existencia de la alianza que constituía esta fuerza social. Sin embargo, persistió un elemento de distinción de la clase social (propietarios) interesante en el discurso: la diferenciación con los desocupados o «piqueteros». Frases del estilo «Tratamos de evitar que esto se convierta en una nueva Tartagal»^[16] (en alusión a la pueblada piquetera en la localidad salteña que incluyó agudos enfrentamientos con las fuerzas represivas), dicha algunos meses más tarde por Miguel Piana, principal referente de la protesta chajaríense, se escucharon muchas veces en los alrededores de la rotonda. Se establecía, de este modo, un principio de distinción clasista que, más allá de la adopción de mismas metodologías de lucha, distinguía entre piqueteros «buenos» y «malos».

En torno a la carpa instalada, todo un fenómeno en la localidad, se fueron articulando distintos sectores del agro, la industria, el comercio, el transporte, los sindicatos y otras actividades regionales, turnándose en diferentes horarios para participar en el estado de asamblea permanente, repartir naranjas y mandarinas, y volantes a los vehículos que transitaban la zona. Los volantes repartidos iban encabezados por una leyenda que rezaba: «Por la unión nacional, en defensa de la democracia, de las economías regionales, de la dignidad de las familias y por el futuro de nuestros hijos».^[17] Con esta impronta centrada en valores con alta aceptación por diversos sectores de la comunidad («unidad», «democracia», «familia», «dignidad», etc.), pronto se fue delimitando junto a las demandas específicamente sectoriales un discurso «antipolítico» o, mejor dicho, centrado en la crítica de los políticos profesionales (a tono con la crisis de representatividad política en curso). De esa manera se fueron estructurando demandas concretas como la de

[n]o realizar campañas políticas ante las próximas elecciones; reducción del costo político en un 50% y achicamiento de la infraestructura estatal con la reducción de empleados y asesores; disminución de los costos impositivos laborales; simplificación del sistema impositivo nacional, provincial y municipal, con un IVA no mayor al 10%, y eliminación total de impuestos distorsivos; eliminación de todo tipo de subsidio a empresas privatizadas; reducción sustancial de las tarifas de servicios públicos y privatizados.^[18]

Además de los reclamos vinculados a la política fiscal e impositiva, en coincidencia con algunos planteos del «Grupo Productivo»,^[19] en franca contraposición con los capitales financieros, especulativos y transnacionales, aparecen los «políticos», en tanto grupo social diferenciado como los principales apuntados por los productores, comerciantes y desocupados que protagonizaron la protesta.

Desde el piquete situado en la rotonda también construyó otro enemigo: los camiones provenientes de los países limítrofes, principalmente de Brasil. Además de a «los políticos», los productores responsabilizaron a la «invasión» de camioneros de Brasil y Paraguay con mercaderías producidas en la zona de la ruina económica en la región y por lo tanto fueron detenidos, desviados e «invitados» a pegar la vuelta en reiteradas ocasiones, a través de un desvío del tráfico sobre la ruta nacional 127. El martes 17 de julio, todos los camiones que transportaban citrus se concentraron en la rotonda, para que la gente pueda advertir el potencial económico de la actividad. «Queremos que todos sepan cuánto se mueve alrededor de nuestra economía regional, cuántos camiones trabajan en el citrus, cuántos embaladores, cosechadores y comercios viven de esta actividad»,^[20] señaló Miguel Piana, presidente del Centro Comercial de Chajarí. El mismo dirigente señaló que los camioneros de Brasil y Paraguay «nos invaden» con productos que se encuentran en la zona, produciendo la ruina de los productores locales (9 de cada 10 camiones son brasileños). También señaló que

la situación de nuestra región no es ajena a lo que se presenta en los lugares del país: se ha destruido las economías regionales; se empiezan a formar los pueblos fantasmas porque la gente del campo va a la ciudad y allá no tienen cabida; se forman las villas miserias.^[21]

La carpa de Chajarí, de esta manera, se convirtió en una referencia de las luchas del interior incorporando demandas muy sentidas por diversos sectores de la población, que le permitieron a los productores establecer alianzas sociales, y peticionar cambios en políticas generales del Estado: priorizar las inversiones en las áreas de educación, salud, justicia y seguridad, la suspensión de la deuda externa por un plazo no menor a los cinco años o «hasta lograr la reactivación nacional»^[22] y el «enjuiciamiento a funcionarios públicos por corrupción y enriquecimiento ilícito, con inhabilitación de por vida, y la devolución del dinero mal habido».^[23]

Otro sector que, debido al ejemplo exitoso de su medida de fuerza adoptó dicha modalidad de lucha, fueron los docentes, quienes, durante unos meses, instalaron una segunda carpa en la localidad (en este caso ubicada en el centro) que, al decir de José Luis Panozzo (secretario general de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos —AGMER— Federación), no surgió a instancias decisivas de AGMER sino de los docentes autoconvocados, más allá de contar con el total respaldo gremial.^[24] La misma se instaló para manifestar el descontento ante los reiterados pagos de haberes, rechazar el pago en bonos y la reforma del Estatuto Docente. Entre los reclamos también figuraban el pago del incentivo docente y del aguinaldo sin fraccionamiento.

Al cumplirse un mes de la instalación de la carpa, la protesta seguía más firme que nunca. Sostenida por productores —en su mayoría citricultores—, comerciantes, industriales, transportistas y trabajadores sindicalizados, todos autoconvocados bajo el lema «Por la unión nacional, en defensa de la democracia, de las economías regionales, de la dignidad de las familias y por el futuro de nuestros hijos».^[25] Mientras afirmaban que persistirían en la ruta hasta que sus reclamos sean atendidos, seguían apuntando, en sintonía con el discurso «productivista» sostenido por el Movimiento Productivo Argentino (MPA),^[26] al cambio del modelo «de exclusión y exterminio», el cual debía terminar «en paz y con ideas». Por transición, si el problema está en el modelo, el apuntado es también el gobierno, quien se aferraba a la continuidad del mismo. Para Piana, el gobierno, en lugar de defender la producción se pone del lado de «los grandes grupos económicos, que son los patrocinantes del desempleo y los “chupasangres” de la nación que viven a costillas de los subsidios que son millonarios y escandalosos, mientras la gente se va fundiendo y las villas miserias se van agrandando».^[27] Y el referente de los autoconvocados reafirmaba a su vez su diferenciación con respecto al movimiento piquetero: «mientras otros proponen el método de la violencia para salir de esto, nosotros proponemos el camino del diálogo».^[28] Y más explícito: «No queremos ser General Mosconi ni La Matanza. No queremos que nos regalen nada, no queremos Planes Trabajar, solo queremos trabajar con rentabilidad».^[29]

Sin embargo, esta posición con respecto al gobierno nacional no correspondía al modo en que se interpelaba al gobierno provincial, con el cual se quiso establecer una alianza (forzar su ruptura contra el gobierno nacional) y se lo invitó a hacerse presente en la protesta y ponerse al frente de la lucha contra el modelo. El mensaje que Piana le enviaba desde los medios al gobierno lo conminaba a «que rompa las cadenas (…) que se ponga al frente de los reclamos de los entrerrianos —no importa si son productores, comerciantes u obreros— y nosotros lo vamos a acompañar para retomar la ruta histórica de la nacionalidad».^[30] A su vez que expresaba confianza, ya convertido en vocero de la carpa y del pueblo chajaríense:

Yo creo que va a venir, no por nuestra presión, sino porque va a sentir la necesidad de venir a la carpa y nadie le va a gritar nada. Va a encontrar un pueblo que le va a decir: señor gobernador nos encolumnamos detrás de usted para salir a romper un modelo de exclusión y exterminio donde cada día menos gente es más rica y más gente es más pobre.^[31]

A los dos meses de instalada la carpa, ya había alcanzado repercusión nacional, dato que no pasó desapercibido para algunos dirigentes políticos del arco opositor, como Elisa Carrió (ARI), el senador nacional Héctor Maya (PJ) o el intendente de Concordia Hernán Orduna (PJ), quienes se acercaron a la protesta y adhirieron a la misma, alentados por la proximidad de las elecciones de medio término del 14 de octubre. Todo esto en un contexto de profundización de la crisis de los productores chajaríenses por la caída de la rentabilidad debida a los bajos precios que las fabricas estaban pagando la fruta (20 dólares la tonelada). Esta situación llevó a que unas 300 personas realizaran un «abrazo» a la filial Chajarí del Banco Nación. Sin embargo, la recepción de dirigentes políticos en una protesta que los había puesto como uno de los blancos de su crítica no se produciría sin tensiones: los autoconvocados declararon que la carpa no sería escenario de ningún acto político, descartando los rumores acerca del lanzamiento de la campaña de Carrió desde sus instalaciones. Incluso se repartieron volantes en la localidad aclarando esta situación. Con relación a la visita programada de Carrió a la carpa, Piana señaló que esta lo haría «así como lo han hecho otros legisladores y recibirá el mismo trato e incluso los mismos interrogantes que se le plantearon al resto».^[32] Carrió, que estuvo junto a su candidato en la provincia, Juan Domingo Zacarías en Concordia, Chajarí y Federación, llevaría como candidato a senador nacional en segundo término a un productor citrícola: Luis Román.

La referencia en la que se había convertido Chajarí la hizo punto obligado en el recorrido de la «Marcha contra la Pobreza»^[33] que pasó por la localidad el 19 de septiembre. Se reunieron unas 400 personas que concentraron en la intersección de las calles 9 de julio y Urquiza, donde se encontraba instalada la carpa docente, desde donde la columna recorrió las calles céntricas hasta finalizar su recorrido en la carpa instalada por los productores, comerciantes y vecinos autoconvocados.

Indudablemente, si bien la protesta persistió, el clima pre electoral incidió en que, más allá del episodio dentro de una medida de fuerza nacional como fue la «Marcha contra la Pobreza», no se registraron hechos conflictivos de relevancia en la zona ni de parte de productores agropecuarios o transportistas, una suerte de impasse, hasta después de las elecciones del 14 de octubre, que arrojaron un importante repudio al oficialismo en la provincia y un importante porcentaje de votos en blanco, nulos o impugnados («el voto bronca»), en el marco de una crisis provincial que se profundizaba vertiginosamente con el atraso de los pagos de salarios de los trabajadores estatales y la implementación de los «bonos federales», que prontamente evidenciarían una depreciación con relación al peso.

Al día siguiente del acto eleccionario, se levantó «la otra carpa» de Chajarí, la carpa docente, tras 78 días de permanencia en la intersección de las calles 9 de Julio y Urquiza. «Cumplió un ciclo, aunque no los objetivos»,^[34] señaló José Luis Panozzo, a la vez que fundamentó la decisión en el desgaste de los docentes, al tener que sostener la carpa durante las 24 horas del día.

Empero, la Carpa de la «Unión Nacional» siguió firme, superando los 100 días desde su instalación. En un comunicado de la FAA, activa participante en esta protesta, se indicaba que la carpa

continúa, con la firme determinación de toda una comunidad que expone desde allí sus convicciones sobre la necesidad de cambios profundos que reviertan la crítica realidad que motiva la protesta (…) también reivindica cuestiones de fondo, como la unión nacional, en defensa de la democracia, de las economías regionales, de la dignidad de las familias y por el futuro de nuestros hijos.^[35]

A su vez se anunció para el 31 de octubre protestas en catorce lugares por dos demandas centrales del sector: rentabilidad y endeudamiento.

Dos días antes de la jornada anunciada, el 29, se produjo un nuevo corte de la ruta 14, frente a la carpa, llevado a cabo por más de 500 manifestantes, convocados por la FAA y otros sectores de la producción y el comercio. La acción se decidió luego de que el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) no diera lugar al reclamo de intensificar los controles en Paso de Los Libres, Corrientes, paso fronterizo con Brasil por donde ingresaban camiones que transportan mercaderías importadas (hortalizas, cítricos, lácteos, embutidos). Camiones de Brasil, Paraguay y Uruguay comenzaron a formas colas sobre el asfalto al poco tiempo de iniciada a protesta. Se realizó una caravana en la cual, según los autoconvocados, participaron 1700 personas. Los cortes, a partir de aquí, al compás de la profundización de la crisis y de la conflictividad, se irían haciendo más frecuentes y contundentes.

En la jornada del 31 de octubre, las movilizaciones en la provincia, organizadas por la multisectorial, coincidentes con la jornada nacional de lucha de la CTERA y con la participación de los productores, tuvieron como blanco privilegiado de las protestas a las entidades bancarias, ante las cuales se realizaron algunos escraches. Además de Chajarí, los productores agropecuarios, en demanda de refinanciación de créditos, se movilizaron en Gualeguaychú frente al Banco Nación.

Héctor Toller, productor citrícola, describía de esta manera la dinámica de la carpa:

Durante el día, cada uno de los autoconvocados cumple con sus actividades y en horas de la noche se concentran en la carpa ubicada a la vera de la ruta 14. Allí paramos los camiones brasileños, hacemos reuniones e intercambiamos opiniones.^[36]

Asimismo, y con relación a la influencia que la protesta iba adquiriendo, se señaló como un triunfo de la carpa de Chajarí la propuesta del dirigente de la Confederación General del Trabajo (CGT) disidente, Hugo Moyano, de no permitir el ingreso de camiones extranjeros al territorio argentino. Para avanzar en la lucha, se trataba de armar un bloque de toda la región con el objetivo de «el cambio del modelo» ya que «este modelo económico no ofrece alternativas»,^[37] por lo que se invitó a los pueblos a «que se empiecen a mover pacíficamente, habida cuenta que en el diálogo con quiénes tienen la verdadera responsabilidad de cambiar, no hemos logrado nada».^[38]

Llegando a diciembre: la profundización de la lucha

Hacia fines de noviembre, el país y la provincia eran un hervidero, con conflictos en prácticamente todos los sectores y las localidades, y un creciente protagonismo de la Multisectorial.^[39] En una reunión llevada a cabo en Paraná, donde tomaron la palabra sus principales referentes (Massarotti —ATE—,^[40] Montaldo —AGMER—, Sologuren —CCC—,^[41] Echeverría —FAA— y Bachetti —Apyme—) y se anunciaron «medidas tendientes a profundizar la lucha contra el modelo económico imperante»;^[42] se decidió la realización de una reunión en la carpa de Chajarí donde, al decir de Massarotti, «vamos a reunirnos las organizaciones gremiales que venimos luchando por nuestros salarios y por muchas reivindicaciones, junto a los sectores de jubilados, productores y pequeños empresarios, vamos a delinear la acción conjunta contra este patético cuadro».^[43] La semana anterior se había realizado una reunión en Villaguay donde participaron delegaciones de distintos puntos de la provincia y se elaboró un documento titulado «Para recuperar la República».

En la reunión de las multisectoriales de la provincia en Chajarí, en la que también estuvieron presentes delegaciones de otras provincias, se ratificó el documento de Villaguay. Se criticó la emisión de bonos en tanto baja salarial encubierta, se planteó el no pago de la deuda externa (amparándose en el fallo del juez Ballesteros), la renacionalización de fondos jubilatorios, restablecer el 100 por ciento de los aportes patronales a bancos, hipermercados y empresas privatizadas, eliminar subsidios a empresas viales, ferroviarias y fluviales, anular la exención al impuesto a las ganancias a los grandes grupos económicos, renacionalizar empresas privatizadas, recuperar la banca nacional, el traspaso de la represa de Salto Grande a Entre Ríos. Con respecto a los funcionarios políticos se planteó el enjuiciamiento aquellos que hayan cometido actos de corrupción y de enriquecimiento ilícito, devolución del dinero e inhabilitación de por vida. También se exigió derogación del decreto 158/00 de aumento del funcionariado anual.

Fue la carpa «de la Unión Nacional» en Chajarí, entonces, el lugar del lanzamiento de la «Multisectorial de Entre Ríos para Recuperar la República», con la presencia de representantes de entidades nacionales y provinciales de todo Entre Ríos, Río Negro, Neuquén, La Pampa, Santa Fe, Rosario y Misiones. Allí se elaboró un documento con propuestas alternativas y se decidió concurrir a Concordia con el objetivo de impedir un remate de la propiedad del productor Samuel Fridman. La incorporación de esta práctica al repertorio de acción colectiva (Tilly, 2000) de los productores entrerrianos se nutre de la experiencia del MMAL, surgido en 1995, que tuvo a la interrupción de los remates como una estrategia central (Giarraca, 2001). A su vez, se anunció un fuerte plan de lucha con paros, movilizaciones y cortes de ruta para diciembre en conjunto con los transportistas, al que adhirieron representantes de otras provincias como Río Negro, Chaco, Misiones y La Pampa. De esta manera el plan se nacionalizó y apuntó al corazón del modelo de acumulación de capital vigente: «Argentina no tiene salida dentro del plan de convertibilidad»,^[44] sentenció Piana. La protesta de los productores agropecuarios, a su vez, se desenvolvió en un contexto municipal muy complicado, con un paro de más de cuarenta días ininterrumpidos de los trabajadores del municipio, quiénes alcanzaron los tres meses sin percibir sus haberes, y que le terminó produciendo la renuncia del intendente Daniel Tisocco (UCR), quién fue reemplazado por el presidente del Consejo Deliberante Oscar Casas.

Finalizando noviembre la Multisectorial produjo un corte de la ruta 14, a la altura de la localidad de Federación. Unas 150 personas realizaron el piquete que interrumpió el tránsito desde las 7 de la mañana hasta el anochecer. Se detuvieron los camiones provenientes en su mayoría de Brasil, a los cuales se les solicitó que se detengan durante una hora, se les tomó nota de la patente y de la mercadería que transportaban y su procedencia. «Nos genera mucha bronca ver lo que traen estos camiones, que están cargados con carne de cerdo, uva, tomate, zapallitos, citrus, pimientos y mucho arroz»,^[45] describió Miguel Piana.

Hacia la segunda quincena de diciembre, Entre Ríos (como todo el país) se encontraba en llamas y la explosión definitiva de la crisis se avizoraba a la vuelta de la esquina. Ya se habían producido los primeros saqueos en la provincia, en la ciudad de Concordia, que luego se extenderían a Concepción del Uruguay para llegar finalmente a la ciudad de Paraná (donde se cobrarían tres víctimas fatales).^[46] La multisectorial proseguía con sus movilizaciones y protestas diarias en la capital provincial. Ese fue el contexto en el que se desplegó el plan de lucha conjunto de productores agropecuarios y transportistas (propietarios de camiones), basado en los cortes de ruta, que abarcó varias localidades y tuvo en Chajarí su centro neurálgico y su corte más contundente. Los principales cortes se produjeron en Chajarí (el más masivo), Concordia, Federal, Gualeguaychú, San Jaime (localidad fronteriza con Corrientes) y hubo corte fugaz en San José. Entre las demandas se encontraban rebajas en el precio del gasoil (de 98 a 45 centavos el litro) y aplicación de una tarifa piso, mínima y obligatoria para cereales y forrajeras.

En Chajarí el corte de tránsito sobre la ruta 14 fue total: los camiones se acumulaban en una fila que llegó a superar los 2000 vehículos (siendo casi la mitad de ellos transportes de carga). En plena radicalización de la conflictividad, Piana insistía en que la voluntad de los productores era «evitar que esto se convierta en una nueva Tartagal».^[47] En Concordia el corte también era total. Además de los productores y de los transportistas autoconvocados, participaban del corte organizaciones como la FAA, ATE y otras pertenecientes a la Multisectorial. «Seguiremos aquí hasta que cambie el modelo económico»,^[48] planteaban desde la protesta, cuya continuidad se iba decidiendo en asamblea. Con referencia a los diputados y senadores entrerrianos que pretendían intermediar con el gobierno nacional en pos de una solución sostuvo que

[e]llos son culpables de lo que ha pasado, son todos culpables. Nosotros también tenemos nuestra parte de culpa por no haber hecho antes las cosas. Desde hace siete años venimos diciendo que este modelo nos dejaría en las calles y así estamos, en la calle. Nos ha llevado al desastre. Esto tiene nombre y apellido, y cómplices. Son los talibanes de la economía, solo les importa la timba financiera.^[49]

Junto a la demanda de máxima, que seguía siendo la salida del modelo, se planteaban una serie de demandas más específicas: pesificación de todas las cuotas, bajar los impuestos, controlar el transporte, bajar el precio del gasoil y políticas de mejoramiento para los productores regionales.

El 19 de diciembre, ante los cacerolazos, la propagación de los saqueos y los enfrentamientos producidos en la Plaza de Mayo de Capital Federal, el gobierno nacional decretó el estado de sitio, lo que generó inmediatamente alertas sobre la continuidad de las protestas, que se decidió en asambleas esa misma noche.

Es el momento de mantener la calma, de pensar con la mente muy fría, estamos tratando de cuidarnos mucho, no vaya a ser cosa que debajo de todo lo que está pasando en el país estén operando algunos oportunistas y nos desayunemos con algún fujimorazo,^[50]

dijo Miguel Piana, en referencia al proceso peruano que condujo al cierre del parlamento en el país andino. A su vez, en el marco del proceso de violencia colectiva que se estaba produciendo, con saqueos y enfrentamientos, mientras instaba a «evitar pelearnos pobres contra pobres porque la Gendarmería y la Policía es tan pobre como nosotros»,^[51] condenaba a los saqueos, cubriéndolos con un manto de sospechas:

Anoche veía en un saqueo a un supermercado a un hombre corriendo con una computadora diciendo que tenía hambre. Creo que debemos tener cuidado, porque este que se llevaba la computadora puede ser un incentivador de la gente para desestabilizar el orden institucional. Nosotros vamos a defender a muerte la democracia, pero una democracia donde estemos todos adentro.^[52]

En tanto, el apoyo de los vecinos chajaríenses fue masivo, con presencia en la ruta (donde los camiones en cola superaron el millar y medio) y en la ciudad (donde los comerciantes cerraron las puertas de sus locales a las 18 horas en apoyo). Salvo algunos momentos de tensión con camioneros provenientes de Misiones (que algunos atribuyeron a la labor de servicios de inteligencia) no se registraron incidentes.

Luego de la renuncia del presidente De La Rúa el día 20, los cortes más duros, los de Chajarí y Concordia, comenzaron a flexibilizarse, mientras que los que persistían en Gualeguaychú y Federal quedaron sin efecto. A contramano de la tendencia, surgió un corte en la localidad de La Paz, sobre la otra costa. En Chajarí el paso quedó liberado para quienes desearan retirarse de la concentración y continuar su marcha, aunque varios cientos optaron por permanecer en el lugar “dispuestos a hacer el aguante hasta que cambié la situación económica”.^[53]

Finalmente, el día 21, aún con estado de sitio, se levantaron los últimos cortes que quedaban: el de Chajarí y el de La Paz (que solo duro un par de días). Esto no implicó el fin de la protesta, sino un repliegue al formato anterior: la carpa.

Palabras finales

Hacia fines de la década del 90, el modelo de acumulación basado en la convertibilidad comenzó a dar muestras de su agotamiento. El consenso burgués, basado en la «comunidad de negocios» se quebró, y algunos sectores de la burguesía, fundamentalmente los denominados «productivistas» (burguesía industrial y agropecuaria, urbana y rural, media y pequeña, prioritariamente orientada hacia el mercado interno, pero también hacia la exportación) se vieron afectados, tanto por la retracción del consumo como por la pérdida de competitividad con relación a competidores externos. En ese contexto, pequeños y medianos productores agropecuarios entrerrianos, principalmente de localidades de la costa oriental, desarrollaron importantes acciones conflictivas, cuyo locus más importante fue la ciudad de Chajarí.

Con respecto, a las formas de organización de las que se valieron para llevar a cabo sus acciones, si bien se presentaron como «autoconvocados», lo cierto es que la FAA en todo momento estuvo presente articulando la demanda de los productores, específicamente las sectoriales que apuntaban a recuperar rentabilidad y ganar en competitividad. En la medida en que los productores pudieron ir estableciendo alianzas, incorporando demandas de otros sectores sociales y acaudillando la protesta, el tipo de organización fue multisectorial. Muchos de los participantes formaban a su vez parte de organizaciones como el Centro Comercial o sindicatos como ATE o AGMER, pero el tipo de lógica según el cual fueron organizando su actuar no dejo de ser «autoconvocado» en tanto no respondió a los canales institucionales de dichas organizaciones. A medida que se fueron incorporando los diferentes sectores, la protesta adquirió un carácter policlasista: una alianza entre clases y fracciones de clase que se veían afectadas en su reproducción social por la persistencia del modelo de acumulación de la convertibilidad. En ese sentido, se fue conformando en el proceso una fuerza social orientada a la modificación de esta situación y las demandas económico–corporativas fueron cediendo preponderancia a las centradas en el modelo y la crítica a los «políticos».

Las acciones que se produjeron para motorizar estas demandas fueron, en primer lugar, el corte de ruta. Este tipo de acción, que popularizaron los movimientos de desocupados desde la segunda mitad de la década del 90, fue adoptado por los productores (no sin diferenciarse de «los piqueteros» referenciados tanto en las puebladas de Tartagal y Mosconi como en el enclave Matancero), fundamentalmente en alianza con los transportistas, para cortar sistemáticamente la ruta 14, por la que transitaban camiones provenientes de los países limítrofes con mercaderías que competían directamente con las producidas localmente. Allí interviene un tinte nacionalista que adoptan los voceros de la protesta, también haciendo foco en los productores extranjeros como enemigos del desarrollo nacional, conjuntamente a sus cómplices locales que son los interesados en mantener «el modelo». Cuando los productores lograron acaudillar a los más variados sectores del pueblo (comerciantes, docentes, estatales, vecinos, etc.), se decidió la instalación de la carpa en la rotonda de acceso a la localidad. La carpa implicó un formato que, con un sistema de rotación de turnos, permitió la participación y el sostenimiento de la medida de parte de todos los sectores. A su vez, fue el espacio de la instancia deliberativa y decisoria de la protesta: la asamblea. El éxito de este formato de protesta, le dio relevancia nacional y la convirtió en una referencia. Incluso los docentes de la localidad adoptaron una medida similar, destacándose con las protestas llevadas a cabo por la docencia en otros lugares de la provincia. Con la articulación en un plan de lucha de los productores con los transportistas en el mes de diciembre, nuevamente aparecieron las demandas económico–corporativas de ambos sectores, aunque sin abandonar la crítica de fondo al modelo y su exigencia de cambiarlo.

El «rotondazo» de Chajarí constituyó una experiencia de lucha muy particular en el proceso conflictivo de la crisis del 2001, protagonizado por una alianza de clases y sectores sociales de la comunidad local, pero con el protagonismo fundamental de un actor cuyas protestas no han sido foco de los análisis de aquella crisis: los llamados productores agropecuarios. Principalmente, una fracción de clase muy golpeada por las transformaciones en la estructura del agro en los noventa (y que la devaluación del real a fines de esa década afectó profundamente): la pequeña y mediana burguesía rural orientada al mercado interno. En ese sentido consideramos que nuestro trabajo puede presentar una contribución para el armado del rompecabezas de aquel proceso nacional. La relevancia de la protesta, en extensión de tiempo e intensidad, convirtió a una localidad pequeña en el norte entrerriano, sin grandes tradiciones de lucha, en uno de los centros de la protesta entrerriana del 2001. Al carecer de bibliografía y trabajos sistemáticos sobre este proceso en particular y sobre conflictos en Entre Ríos en el período abarcado, en general, el trabajo necesariamente privilegió la descripción. Por lo tanto, en este trabajo no pretendemos agotar el análisis de esta protesta, si no realizar una primera aproximación que, a partir de la reconstrucción histórica, permita plantear preguntas y ejes de análisis para futuras indagaciones.

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Notas

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