1. Introducción

Este artículo tiene por objetivo reconstruir el reagrupamiento de la vertiente militante ligada a Montoneros y a la Tendencia Revolucionaria del Peronismo en el segundo tramo de los años ochenta, y analizar la perduración de la corriente en un marco político y legal extraordinariamente adverso. Montoneros es habitualmente reconocido como uno de los principales emergentes del proceso de radicalización política que tuvo lugar en la Argentina durante los años setenta; especialmente por haber hegemonizado el proyecto de construir el «socialismo nacional» desde el peronismo. La mayor parte de la bibliografía se focalizó en el primer tramo de aquella década, el momento de mayor importancia de Montoneros y de sus frentes de masas, agrupados en la Tendencia Revolucionaria del Peronismo (TRP). En menor medida, también ha sido reconstruido el derrotero de Montoneros durante la última dictadura cívico–militar (1976–1983), periodo en el que la organización reimpulsó la lucha armada desde el exterior del país; cuyo mayor hito fue la «Contraofensiva Estratégica» (CE) emprendida entre 1979 y comienzos de 1980. En tal sentido, puede considerarse el clásico libro de Richard Gillespie (2011), que desde una reconstrucción general de la historia de Montoneros aborda el periodo dictatorial y concluye con el «declive montonero» de comienzos de los años ochenta. Otra contribución relevante sobre el periodo dictatorial es la de Hernán Confino (2018), focalizada en la historia de Montoneros con posterioridad al golpe de Estado y su experiencia fuera del país, dado el exilio de sus principales dirigentes. Desde estas coordenadas temporales y espaciales, el autor se focalizó particularmente en la CE, objeto de cierta polémica e interés en el debate académico y político contemporáneo. Su aporte toma un periodo escasamente investigado y brinda una minuciosa reconstrucción de las redes organizativas y las alianzas conformadas por Montoneros, prestando particular atención al sentido que la CE tuvo para sus protagonistas. Ello permite comprender el universo de la lucha armada en sus últimos estertores históricos —dando cuenta de sus prácticas y dimensiones simbólicas—, tan diferente al universo político construido durante la recuperación democrática de los ochenta y al coetáneo desde el cual los historiadores abordan el pasado nacional.

Resulta significativo que Confino constate que durante la recuperación democrática Montoneros conformó Intransigencia y Movilización Peronista (IMP) en alianza con un sector del peronismo liderado por Vicente Saadi y que la dirigencia montonera sostuvo su actividad política durante toda la década del ochenta. Pese a ello, el autor concluye su pesquisa sugiriendo cierta clausura temporal de los estudios sobre Montoneros, al afirmar que «la CE había sido la última estrategia política de la organización y también la causa de su desarticulación final como proyecto político» (Confino, 2018, p.346). Para sostener ello, Confino argumenta que en el periodo posterior a la CE la presencia de Montoneros en la prensa y la escena pública nacional fue marginal y obedeció más a las causas penales que tuvieron que afrontar sus dirigentes que a su peso político.^[1] El argumento no se sostiene desde lo que puede llamarse una crítica inmanente (Bonb, 2005).^[2] Con sobrados elementos, el autor muestra que la CE fue un fracaso rotundo desde el punto de vista del enfrentamiento militar con la dictadura, fue silenciada por la prensa argentina y generó un importante repudio en diversos actores, tanto dentro como fuera del país (Confino, 2018, p.345). A nuestro modo de ver, el «éxito» o «fracaso» de un proyecto político, su centralidad o marginalidad en un escenario político, no constituye un criterio válido —per se— para definir su status como objeto de estudio. En la medida en que la marginación política no es un dato autoevidente, sino una construcción histórica resultante de la interacción entre los agentes de un campo político (Bourdieu, 1982; 2001), huelga reconstruir cómo se produjo tal exclusión del juego político. A su vez, se ha observado que el estudio de una corriente política minoritaria puede ser una vía de acceso productiva a problemáticas más amplias, propias del periodo histórico donde aquella intervino (Mangiantini, 2017, p.180). En tal sentido, el estudio de Montoneros durante el periodo democrático representa una vía de acceso a una problemática planteada con insistencia por la sociología política; a saber, el efecto de censura y exclusión que ejerce un campo político —de mayor intensidad cuanto mayor es la autonomía del mismo—, no solo respecto de los agentes considerados indeseables —ya sean «populistas» o «extremistas»—, sino de los legos de la política, es decir, los simples «ciudadanos» que participan del juego político en calidad de electores (Offerlé, 2004; 2011).

En esta perspectiva, la democracia representativa constituye una forma de dominación política cualitativamente diferente a la que puede regir bajo un régimen dictatorial, que, creemos, no ha sido del todo problematizada por las visiones tradicionales sobre el periodo.^[3] En un campo político estructurado en torno a las instituciones de la democracia representativa, los agentes políticos dominantes tienden a monopolizar los instrumentos políticos.^[4] Con ello, se arrogan la potestad de definir las formas «autorizadas» de percibir y clasificar el mundo político y los límites del espacio de juego, delimitando a los agentes que están habilitados a jugar respecto de aquellos que son estigmatizados en tanto «malos jugadores».

Como se ha señalado, IMP, el primer armado montonero de la posdictadura, fue un actor secundario, si no marginal.^[5] En la reorganización partidaria de la apertura democrática, las corrientes prevalecientes dentro del Partido Justicialista (PJ), fueron esquivas a la línea política confrontativa hacia los militares de IMP (Ferrari y Closa, 2015).^[6] A su vez, los últimos coletazos represivos del régimen militar derivaron en un aislamiento de la corriente, que perdió así buena parte de sus aliados. En la provincia de Buenos Aires, en la medida en que el PJ bonaerense se rearticulaba surcado por importantes conflictos internos, IMP no mostraba un peso relevante en la estructura partidaria y su lista finalmente no participó en las conflictivas primarias de agosto (Ferrari, 2009). En Córdoba, no logró estructurarse en los departamentos del interior de la provincia en las elecciones internas del PJ de julio de 1983, pese a los avances que en un primer momento había logrado en materia de interlocución con dirigentes políticos y la estructuración de su Juventud Peronista (JP) en los departamentos del interior provincial.^[7]

En ese marco, se ha observado que durante la apertura democrática del bienio 1982–1983 los agentes dominantes del campo político construyeron un consenso antimontonero orientado a excluir a la cúpula del Movimiento Peronista Montonero (MPM) del juego político (Roland, 2023, pp.129–148).^[8] Ello generó condiciones extraordinariamente difíciles para la reconstrucción del peronismo de extracción montonera y tendencista.^[9] Dicho consenso no se produjo de manera deliberada o pautada de antemano por un actor en particular, sino que fue el resultante de una serie de acontecimientos y de posicionamientos e intercambios entre diversos agentes, en un escenario político de alta incertidumbre. Esta delimitación del espacio de juego democrático fue clave para legitimar no solo al nuevo gobierno constitucional, sino al régimen político en su conjunto. Las piezas claves del consenso antimontonero fueron el reclamo de los militares en retirada para evitar un «rebrote subversivo» (una forma oblicua de relegitimar su gobierno de facto y reclamar impunidad por los crímenes cometidos),^[10] la discusión por el retorno de la cúpula del MPM al país —donde gravitaron tanto dirigentes nacionales del radicalismo y del peronismo, como importantes medios de prensa escrita (Lastra y Jensen, 2014)— y la narrativa dominante sobre la violencia en el pasado reciente y las violaciones a los derechos humanos —cristalizada en la llamada teoría de los dos demonios— y la política que en esta materia impulsó el presidente electo Raúl Alfonsín (UCR).^[11] En este relato Montoneros pasó a representar uno de los demonios que había llevado al país al imperio del autoritarismo y la violencia, mientras pesaba sobre los integrantes de la cúpula del MPM una persecución penal impulsada por el nuevo gobierno constitucional.^[12]

Sin embargo, Montoneros logró reagrupar a través de IMP un conjunto amplio de militantes a nivel nacional. De una muestra de trece militantes de la agrupación entrevistados, la mayor parte de ellos se habían vinculado a la TRP y, en algunos casos, orgánicamente a Montoneros, en el periodo previo al golpe de 1976.^[13] Dada la represión desatada, se desvincularon de la organización, pero no abandonaron su identidad política y sostuvieron diversas prácticas militantes, incorporándose a IMP en la apertura democrática. A ello deben sumarse los militantes orgánicos con los que contaba el MPM, el retorno de exiliados y la liberación de presos políticos de esta extracción política. Con dicha base militante, los recursos económicos de Montoneros y el entramado de vínculos políticos con los que contaba su principal aliado —el caudillo catamarqueño Vicente Leónidas Saadi— la agrupación tuvo presencia en 18 de los 24 distritos electorales.^[14] El despliegue organizativo de IMP no fue menor. Contó con un medio de comunicación financiado por Montoneros —el diario La Voz del Mundo— (Mancuso, 2015); una línea política que cubrió los principales temas del debate público de la apertura democrática —conformada por los documentos programáticos y las publicaciones de sus «frentes de masas» y las intervenciones de sus portavoces (Saadi, Nilda Garré, Andrés Framini, Susana Valle y Dante Guillo, entre otros) —, un espacio intersindical con inserción significativa en diversos sindicatos, las Asociaciones Sindicales Peronistas (ASP) (Gordillo, 2017; Roland y Sapp, 2020), un frente agrario que publicó la revista Campo Nuevo y un importante desarrollo numérico de su JP, que congregó cerca de 3700 jóvenes en el Congreso Dalmiro Flores de febrero de 1983.^[15]

Pese al fracaso de IMP en sus objetivos más ambiciosos, en este artículo veremos que la CN de Montoneros —en aquel entonces conformada por Firmenich, Perdía y Vaca Narvaja— persistió en su empeño en insertarse en la actividad política y sostuvo, por vías precarias, sus lazos con el conjunto de las fuerzas militantes que había logrado reagrupar en el bienio 1982–1983.^[16] En un contexto de militancia clandestina para buena parte de los cuadros montoneros, ello dio lugar a la conformación del PR a mediados de 1985. Como veremos, una organización dependiente de Montoneros, que, si bien buscó nuclear a diversos sectores del peronismo, resultó hegemonizada por la CN.^[17] Si bien los miembros de la cúpula del MPM no contaban con un capital político que le permitiera acceder al campo político democrático y ser reconocidos como interlocutores válidos por los demás agentes políticos, huelga reparar en un aspecto clave para comprender la persistencia de la corriente en un contexto tan adverso.

La noción de capital político que hasta aquí hemos empleado, remite a una especie de capital simbólico definido como un crédito basado en la creencia y el reconocimiento que un agente porta ante los demás agentes del campo político y ante sus adherentes y la ciudadanía en general (Bourdieu, 1982, p.20). Sin embargo, al examinar con mayor detenimiento las prácticas militantes, un agente político no solo requiere de la creencia que otros depositan en él, sino también de la internalización de un conjunto de disposiciones obtenidas a partir de la socialización en el seno de un grupo movilizado o un marco organizacional (partido, sindicato, asociación, entre otros), que conforman un capital militante (Poupeau, 2008). Su constitución deriva de una compleja asociación entre diversos capitales (culturales, escolares, sociales e incluso económicos) y el dominio práctico de un cierto número de técnicas, frecuentemente aprendidas en la práctica militante, como la oratoria, la escritura de un pasquín, la dirección de un grupo, la capacidad de gestar alianzas, de planificar y financiar actividades de la organización, de formular estrategias de inserción social, entre otros (Aiziczon, 2012). Dado que el marco socio–político tornaba infructuosas las inversiones realizadas por la dirigencia montonera para ingresar al campo político, nuestra hipótesis remite a que el reagrupamiento de la corriente a través del PR y la estructuración de su base militante se explicaría por el esfuerzo de reconversión del capital militante de los dirigentes y cuadros políticos de la corriente. Para ello fue crucial su trayectoria militante previa, ya que les permitió internalizar una serie de saberes prácticos que adaptaron al campo político de la posdictadura.

2. La respuesta al consenso antimontonero: el lanzamiento del Peronismo Revolucionario

Una vez producida la sorpresiva derrota del peronismo en las elecciones de octubre de 1983, la CN publicó una serie de notas en La Voz del mundo que definieron una orientación para intervenir en la interna peronista.^[18] Allí se cuestionaba a la conducción del PJ, aduciendo que no propiciaba la democracia interna en la estructura partidaria y en el ámbito sindical. En esa dirección, se planteaba que la reconstrucción movimientista de un peronismo comprometido con la estabilidad democrática, tendría por eje la democratización y normalización de las organizaciones sindicales:

Es innegable que la primera prioridad de la reorganización del peronismo pasará en lo inmediato por los trabajadores, en razón de la normalización sindical. Si la burocracia derrotada políticamente es derrotada también en lo que fue su fuente, es decir el poder sindical, luego no será necesario ni siquiera pedirles la renuncia. Por otra parte, en la reorganización democrática de los sindicatos no se jugará solamente un problema de poder interno dentro del movimiento. En realidad, se jugará allí la posibilidad de que el peronismo se recupere de su derrota electoral o, por el contrario, el alfonsinismo lo vencerá definitivamente.^[19]

Este diagnóstico debe entenderse desde múltiples dimensiones. Por una parte, en el peronismo del primer tramo de la reconstrucción democrática no logró consolidarse una coalición dominante legítima, tanto entre sus diversos sectores internos como ante el conjunto de la sociedad. En tal sentido, la rama sindical liderada por Lorenzo Miguel —Unión Obrera Metalúrgica (UOM) —, central en la reorganización partidaria, y la ortodoxia política de la provincia de Buenos Aires referenciada en Herminio Iglesias, fueron tildados como los «mariscales de la derrota».^[20] En ese marco, Saadi, el principal aliado de la dirigencia del MPM —electo senador nacional por Catamarca— optó por una alianza con la ortodoxia de cara a la disputa por la estructura partidaria.^[21] Posiblemente, el caudillo catamarqueño haya evaluado modificar sus aliados en función a los magros resultados obtenidos por IMP. Lo cierto es que ello profundizaba el aislamiento de la cúpula del MPM, que se distanciaba de un valioso aliado y era condenada por amplios sectores del arco político. Por otra parte, el desarrollo de las ASP y el proceso de normalización sindical en curso era quizás lo más auspicioso.^[22] La apuesta hacia el campo sindical, si bien estuvo lejos de darle un lugar dominante a la vertiente sindical identificada con el peronismo revolucionario, alimentaba la expectativa de constituir una importante base social en un espacio social tradicionalmente relevante para el peronismo.

En ese marco, la militancia identificada con Montoneros y la TRP atravesó una discusión interna en la que decantaron dos posiciones: una proclive a asociarse a otras vertientes del peronismo, asumiendo nuevas definiciones identitarias; otra, afín a «refundar el peronismo revolucionario» reivindicando la identidad montonera de sus miembros, en la expectativa de un cambio en el escenario social y político.^[23] Sobre esta segunda postura se conformó el Peronismo Revolucionario (PR) en un plenario realizado el 19 de agosto de 1985 en Mendoza, cuya estructura interna adoptó un «modelo estructural movimientista y federal con prioridad explícita en el desarrollo de su representatividad sindical».^[24] La centralidad asignada al movimiento sindical procuraba construir una «hegemonía obrera» al interior del peronismo y proyectarla al conjunto de la sociedad. De esas coordenadas la militancia del PR apostaba a que una unificación del peronismo sobre un eje obrero y sindical, les permitiera integrarse al principal partido opositor como una corriente interna.^[25] En esa dirección, pese a contar con una plataforma propia —«Los seis puntos del Peronismo Revolucionario»— el PR hizo suyo el «Programa de los 26 puntos» de la CGT que por entonces lideraba el dirigente cervecero Saúl Ubaldini e intentó fortalecer su propia base gremial.^[26]

3. La adaptación de la corriente al nuevo escenario

En cierto modo, el PR se acoplaba a ciertas expresiones opositoras del peronismo en los primeros años de la presidencia de Alfonsín, que la bibliografía especializada calificó de «izquierda» en materia socio–económica (Levitsky, 2005, p.143). En ese sentido, las publicaciones de la organización reivindicaron lo sostenido por el PJ —en aquel entonces conducido por la ortodoxia— en la Conferencia Latinoamericana sobre la Deuda Externa realizada en Cuba, y los reclamos de la CGT. En ambos casos, la agrupación destacaba la impugnación al «Plan Austral», que caracterizaba como una continuidad de la política económica de la dictadura.^[27] En este aspecto, si bien buena parte del peronismo recuperó desde la oposición su tradición de proteccionismo económico, políticas keynesianas de demanda y alta regulación del mercado laboral (Murillo, 1997), puede observase que el PR subestimó dos transformaciones cruciales que estaban teniendo lugar en dicha fuerza. En primer término, el predominio de la «rama política» en el PJ, en detrimento del sindicalismo, implicado en el ascenso de la corriente renovadora (Gutiérrez, 1998; Levitsky, 2005). En segundo término, la paulatina asimilación de la agenda de reformas «de mercado» por parte de la dirigencia renovadora, en consonancia con los elencos gubernamentales del radicalismo.^[28]

La estrategia adoptada por el PR obedeció a que la CN recuperó un sesgo intelectual que distinguió a la izquierda peronista de los años sesenta y setenta: su «ardua posición inmanente» (Acha, 2009, p.304). Para esta vertiente de la izquierda argentina el carácter de una fuerza política se desprendía de su base social. Por ello resultaba estéril la tentativa de construir un agrupamiento político por fuera de los canales de participación de las masas, que se hallaban en el movimiento peronista. Ello justificó la apuesta por radicalizar la lucha obrera y popular desde una transformación del peronismo, derivada de su crisis interna ligada a la diversidad de clases que lo constituía.^[29] En esa perspectiva, en un análisis de las elecciones de medio término de 1985, centrada en la nueva derrota del peronismo, la CN caracterizó al peronismo en los siguientes términos:

El peronismo sigue siendo una realidad social y política de gran significancia: si se tiene en cuenta que ya no existe Perón, que la figura de Isabel no jugó ningún papel que mantuviera viva «la magia del apellido», que el grueso de la dirigencia partidaria no significaba garantía de nada para la masa peronista, como ser garantía de división y de carencia de propuestas adecuadas al momento y al futuro, es indudable entonces que lo único que pudo convocar a las masas peronistas es su propia conciencia con un contenido político específico que solo en el peronismo podía encontrar, pese a estar en el peor momento de su historia. Ese contenido es el nacionalismo popular revolucionario, humanista y cristiano, antioligárquico, antiimperialista, latinoamericanista y tercermundista.^[30]

Ante una dirigencia partidaria desacreditada ante las masas, la CN justificaba la propuesta de conformar una corriente interna capaz de estimular sus expresiones de mayor combatividad. Para ello era necesario formar una organización de cuadros insertos en diversos espacios sociales, capaz de aglutinar a las diversas expresiones de lo que Montoneros entendía como «peronismo revolucionario», pero en los hechos la agrupación fue hegemonizada por Montoneros y los dirigentes de la CN.^[31] En la práctica ello implicó un esquema organizativo dual, bajo el cual la discusión interna se procesaba primero en Montoneros y luego en el PR, y ello implicó que no todos los militantes del PR formaran parte de la orgánica que en ese momento manejaba Montoneros. Si bien la mayor parte de la militancia del PR estaba vinculada a la experiencia de Montoneros y la TRP, también contó con la reincorporación de viejas disidencias de Montoneros, como el sector liderado por Galimberti,^[32] e incorporó a nuevas camadas de militantes.^[33] En tal sentido, Guillermo Martín Caviasca, militante del Peronismo por la Patria (una disidencia del PR conformada en 1988), recuerda que la identidad montonera aún conservaba prestigio en espacios de militancia juvenil.^[34]

Es importante dar cuenta del capital militante con el que contaban los líderes montoneros. La trayectoria misma del PR puede ser interpretada como una reconversión de dicho capital en las condiciones políticas de la reconstrucción democrática, con el objetivo de conservar una base militante que les permitiera insertarse en el campo político. Como ya vimos en torno a la estrategia de inserción social y política del PR, la CN era capaz de elaborar caracterizaciones del mapa socio–político —que incluyeron análisis internacionales y regionales—, centrados en la dinámica interna del peronismo, a efectos de prescribir las coordenadas generales sobre las cuales se debía desarrollar la militancia del PR. Estos análisis se inscribieron en una interpretación «autocrítica», que, si bien definió una serie de «errores» cometidos en el pasado, intentó dotar de un sentido de coherencia a la trayectoria de la corriente, sustentado en el cotejo de sus planteos programáticos con el análisis de la situación política, y rescató una serie de rasgos de la militancia montonera que cobraban vigencia en el escenario posdictadura.^[35]

En torno a la cuestión político–ideológica, el PR sostuvo los lineamientos centrales del documento «Bases para la Alianza Constituyente de la Nueva Argentina» publicado en 1982.^[36] En este planteo, el objetivo de la etapa política democrática era la construcción de una «unidad nacional antioligárquica», cristalizada en un frente político policlasista hegemonizado por la clase trabajadora y un programa de nacionalismo económico centrado en las empresas estatales. Ya avanzada la recuperación democrática, desde la dirección del PR, Perdía sostuvo la justeza del planteo al considerar el debate para una reforma de la constitución nacional, como un intersticio para instalar la línea política de la corriente.^[37] En la misma sintonía, el PR continuó con el trabajo teórico de caracterización de la clase dominante iniciado en el MPM bajo la orientación de Rodolfo Puiggrós. En el libro Los grupos económicos de la oligarquía, publicado en México en 1982, los portavoces del MPM plantearon que la «pata civil» de la dictadura, artífice y beneficiaria de su política económica, se conformó por un nuevo agente, denominado «grupo económico».^[38] Por su intermedio la oligarquía tradicional habría diversificado sus medios de acumulación, poseyendo no solo grandes extensiones de tierra en la zona pampeana, sino importantes empresas industriales y de servicios. En esta perspectiva, los grupos económicos locales junto a los monopolios extranjeros controlaron la dirección económica del Estado Nacional, y desataron un ciclo de especulación financiera que les permitió reestructurar la economía argentina y acaparar una mayor proporción del ingreso nacional, en detrimento de los sectores populares. En esa clave, durante el periodo democrático, la publicación del PR, elaboró informes sobre la vinculación entre los llamados «capitanes de la industria» y el gobierno de Alfonsín, fundamentalmente a partir de la implementación del Plan Austral y la creación de un holding de empresas estatales, en cuyo directorio hubo representantes, según denunció el PR, del Grupo Roberts, Bunge y Born y Pérez Companc, entre muchos otros.^[39]

Junto al trabajo de actualización teórica, los dirigentes montoneros hicieron un importante esfuerzo para adaptar su tradición militante a las nuevas circunstancias. Ello implicó una exhortación de la CN a sus bases para evitar la «inercia a la autoproscripción» que operaba como respuesta ante el rechazo social.^[40] Uno de los documentos internos resulta elocuente:

No podemos actuar como si fuéramos el MAS, el peronismo de las bases, o las corrientes más radicalizadas del PI y ni siquiera como el PC en su nueva línea surgida de la autocrítica de haber apoyado a Videla. Nuestra fuerza electoral será reducida y nuestro espacio político–social será estrecho, no podemos declarar una huelga general ni ganar una elección. PERO PARA LA CIA, EL MOSSAD, PARA MARTÍNEZ DE HOZ Y BUNGE Y BORN SEGUIMOS SIENDO LOS MONTONEROS.^[41]

Pero más allá de la resistencia a la adversidad, desde la CN se rescataban aspectos identitarios como la «vocación de mayorías», que los obligaba a no apartarse del peronismo, y el contar con cierto saber hacer en la militancia social.^[42] En este aspecto fue determinante el abandono de la lucha armada, ya que perdió sentido el verticalismo característico de la etapa previa y su sentido de la disciplina. Por ello, sin abandonar el «centralismo democrático», Perdía reconoció la necesidad de “reconstruir las reglas morales del comportamiento” militante, ya que la tradicional pauta normativa no se adaptaba a las nuevas circunstancias.^[43]

Todo el proceso referido se desenvolvió desde una situación legal que obligó a buena parte de la dirigencia montonera a actuar en la clandestinidad. En un primer momento, la orden de captura que cayó sobre la cúpula del MPM a partir del decreto 157/83, derivó en que Perdía y Vaca Narvaja se mantuvieran clandestinamente en países limítrofes como Uruguay, Paraguay y Brasil,^[44] y que Obregón Cano fuera apresado al volver al país desde Brasil, pero en 1987 su causa se reabrió y resultó absuelto.^[45] Bidegain, por su parte, regresó en el mismo avión que Obregón Cano, pero pudo evitar la detención por razones fortuitas. Luego se trasladó clandestinamente a Brasil y volvió a exiliarse en España (Mancuso, 2015, pp.417–421). Firmenich fue extraditado desde Brasil en octubre de 1984, encarcelado por un conjunto de causas y luego condenado a 30 años de prisión.^[46] De las causas en su contra, quizás la más resonante haya sido del secuestro de los hermanos Born (del grupo Bunge y Born), un hito en la historia de fondeo económico de la organización y los atentados contra el empresario Francisco Soldatti y el ex secretario de Hacienda de la dictadura Juan Alemann, efectuados durante la CE.^[47]

Para lidiar con este escenario los dirigentes montoneros contaban con una vasta experiencia, que se remontaba a los orígenes de su militancia; tal como señala Marcelo Langieri:

La organización se construyó en un marco de clandestinidad y sobrevivió en el marco de la clandestinidad durante muchos años. La práctica clandestina era una práctica común para la organización. La relación entre los compañeros que estaban afuera, en este caso Perdía y Vaca Narvaja, estaba facilitada por esta práctica histórica de la organización. Después había mecanismos con relación a los abogados y las visitas a Firmenich que posibilitaban el intercambio de opiniones, burlando los mecanismos de control. El caso del contacto del abogado de Firmenich, era un caso que el gobierno no lo podía controlar. Recordemos que tampoco estábamos en la dictadura. Esto implicaba que se respetaba la investidura de un abogado, aunque fuera un militante que supieran que estaba relacionado con la organización. El contacto era un derecho democrático.^[48]

Pero en el escenario democrático la clandestinidad no era adoptada con el propósito de estructurar una organización político–militar como en el periodo formativo, sino por el imperio de las circunstancias legales. Desde sus orígenes el PR buscó revertir dicha situación cuestionando frontalmente la «proscripción» de su fuerza y la «persecución penal» de sus referentes. Ya en noviembre de 1985, la Junta Promotora de la organización manifestó que iba a luchar por la «conquista plena» de su «legalidad política», difundiendo una carta pública de Mario Firmenich.^[49] No casualmente, un componente central de la línea política de la agrupación fue el impulso de una política de derechos humanos «específicamente peronista», que polemizó con la teoría de los dos demonios, el reclamo por la liberación de los presos de la corriente, especialmente Firmenich, Obregón Cano y Osvaldo Lovey, y el levantamiento de las causas a los militantes que se mantenían prófugos.^[50] En esta materia la línea política del PR sostuvo que el origen de la violencia no era el accionar de los grupos guerrilleros en los años setenta, como sostuvo el discurso del gobierno nacional, sino el derrocamiento del peronismo en 1955, cuyo hito fueron los bombardeos a Plaza de Mayo. Ello justificaba que todas las fuerzas políticas, incluido el radicalismo, hicieran su «autocrítica», ya que todas participaron de la «guerra civil intermitente» iniciada con la autodenominada «revolución libertadora». Desde esa clave, la agrupación bregó por una «reconciliación» a partir de la «unidad nacional» cristalizada en su propuesta de «nuevo pacto constituyente».^[51] A ello se sumó la campaña por la liberación de «los presos del Plan Austral», tres militantes encarcelados en el paro del 13 de junio de 1986 de la CGT, donde contaron con el apoyo de la secretaría de derechos humanos de la CGT a cargo de Ricardo Pérez (camioneros) e importantes figuras del movimiento de derechos humanos y del peronismo.^[52]

Huelga puntualizar un último aspecto, clave para la reorganización del peronismo montonero. La CN controlaba recursos económicos obtenidos a través de los años. Ello posibilitó que el PR financie una publicación periódica —La liberación es posible—, Unidades Básicas, agrupaciones en los frentes de masas y una estructura de militantes rentados. El testimonio de Langieri es contundente:

Montoneros era una organización que tenía recursos de distinto tipo. Pensemos en el manejo de los recursos económicos, que estaba en manos de los compañeros de la CN. Esa era una forma de poder. El PR tenía un presupuesto de funcionamiento importante, una estructura con cuadros rentados, toda una serie de cuestiones que otras organizaciones no pudieron tener. Estos eran recursos que se habían conseguido como organización, no lo habían obtenido 3 o 4 compañeros. Eran recursos colectivos, de una organización revolucionaria. La apropiación de esos recursos por parte de unos compañeros era un problema. De alguna manera el PR fue una socialización de esos recursos. El PR tenía limitaciones en su presencia política y justamente los recursos permiten el reagrupamiento, la conexión con compañeros del interior. Viajar a reconectar compañeros a lo largo de toda la geografía argentina implica recursos.^[53]

Analicemos las «limitaciones» que señala Langieri.

4. El último intento de reconocimiento

Como ya señalamos respecto de IMP, la marginación del peronismo montonero se asentó en la teoría de los dos demonios como dispositivo de legitimación del sistema democrático. Ello se afianzó con el correr de los años ochenta. El efecto de censura que el campo político ejerció sobre el peronismo de extracción montonera, derivó en que los pronunciamientos de los portavoces de la corriente no accedieron al estatus de opiniones válidas. En cambio, la asociación de su trayectoria con la violencia política fue un elemento central que definió su marginación del juego político, pese a los esfuerzos que estos realizaron en sentido contrario.^[54] En este marco, luego del fracaso de IMP, el espacio político de la dirigencia proveniente del MPM, tendió a estrecharse en los márgenes de la militancia que aún se identificaba con la tradición montonera.

Esta situación puede observarse en las elecciones de septiembre de 1987. A nivel nacional el resultado de la contienda fue sumamente favorable para el peronismo, evidenciando el ascenso de la corriente renovadora. En la campaña electoral, el PR hizo público su apoyo a los candidatos de las listas del PJ, con una solicitada en Clarín.^[55] La adhesión fue rechazada por Cafiero, candidato a gobernador por la provincia de Buenos Aires, reflejando que la organización de identidad montonera no lograba romper su aislamiento. Sin embargo, fue aprovechada por el radicalismo para reeditar el clivaje entre democracia y autoritarismo instalado exitosamente en la campaña de 1983. Quizás quien más haya exagerado este recurso retórico fue Eduardo Angeloz (UCR), candidato a la reelección como gobernador de Córdoba. Fustigando el apoyo del PR a De la Sota, su principal contrincante, sostuvo:

Nadie quiere que el país retorne a los años difíciles y de violencia. Entre ellos estás vos, José Manuel De la Sota. Deciles a los ciudadanos de Córdoba que no es cierto. Deciles en nombre de la paz, en nombre de la vida que hemos recuperado, deciles en memoria de todos los muertos que alguna vez tuvo Córdoba, deciles en nombre de las muertes que vos viste en esta provincia, que no es cierto. Que vos rechazas la apoyatura de los Montoneros, que no es cierto. Que sos la alternativa limpia para disputarme a mí el poder y que no tenes nada que ver con los Montoneros. Decíselo a la ciudadanía cordobesa. Te lo pido en nombre de nuestros hijos.^[56]

Puede observarse que los agentes dominantes del campo político estaban perfectamente al tanto de que el PR era motorizado por Montoneros. Periodistas especializados en política, como Julio César Moreno y Luis Majul lo explicitaban en sus publicaciones, con connotaciones condenatorias.^[57]

Las primarias del PJ de julio de 1988 para definir la fórmula presidencial representaron el último intento de integración al peronismo por parte del PR. La agrupación atravesó una discusión interna, en torno a prescindir u apoyar a alguna de las fórmulas en pugna. En un plenario realizado en México a comienzos de 1988 se impuso la posición de apoyo a Menem, justificada por su recuperación de los postulados tradicionales del peronismo y su perfil «federal» (Perdía, 2013, pp.638–649).^[58]Sobre esa base, el PR se sumó a los heterogéneos apoyos de Menem, que incluyeron el sindicalismo ortodoxo y grupos de derecha desplazados por la Renovación (Ferrari y Closa, 2015, pp.55–56).^[59]

La participación del PR en el esquema de alianzas de Menem fue motivo de una intensa polémica. En primera instancia, el candidato a presidente del PJ intentó «blanquear» la alianza, sosteniendo ante un matutino español la necesidad de integrar políticamente a los otrora «terroristas»:

No podemos entrar en un ámbito de seleccionar a la gente. Lo importante es darle la oportunidad a los que pusieron bombas de que dejen de ponerlas… ¿O quieren que los convirtamos nuevamente en terroristas?^[60]

En similar sentido, el jefe de campaña del gobernador riojano, Julio Mera Figueroa, ex integrante de IMP, sostuvo que los montoneros «debían encolumnarse» tras Menem; generando un amplio repudio.^[61] El panorama se terminó de dificultar a raíz de la entrevista que Pablo Unamuno —referente de la JP del PR— concedió a El Ciudadano, donde sugirió la posibilidad de un indulto a Firmenich en un eventual gobierno justicialista.^[62] Los principales portavoces del peronismo repudiaron las declaraciones de Unamuno, aclararon que Montoneros «no formaba parte del peronismo» y Menem, en particular, se manifestó contrario a rever lo actuado por la justica durante el periodo constitucional.^[63] La conducción del PJ dictó una suspensión temporal de Unamuno, que no abarcó al resto del PR.^[64] La cerrazón de los dirigentes justicialistas a reconocer la identidad montonera como parte del peronismo era terminante, como puede apreciarse en las declaraciones de De la Sota, secretario político del PJ:

El peronismo no puede tolerar en sus filas a nadie que exprese una posición de violencia como método de acción o de represión política. En realidad, la resolución abarca a todos los que pregonan una amnistía para quienes fueron sancionados por los jueces de la Constitución.^[65]

Evidentemente el sector de Montoneros no expresaba una «posición de violencia» hacía largos años, pero la estigmatización de la identidad montonera no habilitaba su disociación de la lucha armada.^[66] En este marco, el apoyo a Menem decantó en un fraccionamiento de la base militante del PR. En desacuerdo con dicha alianza surgió a mediados de 1988 el Peronismo por la Patria referenciado en Ricardo Rodríguez Saa, Jorge Reyna y Emilio Pérsico, espacio al que se incorporó Patricia Bullrich.^[67] Esta agrupación luego se volvió a fraccionar, entre un sector que conservó el nombre original, y las Unidades Básicas Revolucionarias Juan Domingo Perón lideradas por Rodríguez Saa, Reyna y Langieri.^[68] En esta coyuntura, los nuevos núcleos de extracción montonera rechazaron la orientación neoconservadora adoptada por Menem, organizando una «marcha de las antorchas» a los pocos días de asumido el gobierno y una campaña de agitación callejera.^[69] En ese sentido realizaron una pegada de afiches en la zona metropolitana —Capital Federal y Gran Buenos Aires— y una convocatoria a la movilización bajo el lema «El hijo de cuca», tomado de la canción de «Pocho La Pantera».^[70]

El compromiso asumido de manera poco transparente por Menem para «resolver» la situación de los montoneros presos, derivó en una «política de reconciliación» que fijó una serie de indultos a militares involucrados en el terrorismo de Estado y ex guerrilleros.^[71] Así, fueron indultados sucesivamente Perdía, Vaca Narvaja y Galimberti, primero, y Firmenich, a fines de 1990. La «resolución» de la situación legal de los jefes montoneros sumada a la orientación económica del gobierno, derivó en una fuerte crisis del PR, cuya militancia ya había comenzado a disgregarse. La política de indultos era considerada por sectores de la militancia montonera como una convalidación de la teoría de los dos demonios que habían confrontado y la alianza entre el gobierno y los «enemigos históricos» de Montoneros, tiró por la borda al conjunto de caracterizaciones y estrategias sostenidas por el PR. En este escenario, la credibilidad de los líderes montoneros comenzó a mermar entre los militantes que reivindicaban la identidad montonera y la trayectoria histórica de la corriente. A comienzos de 1990 comenzó a tomar forma la ruptura de la CN. Firmenich no aceptó la orientación asumida por Menem y el modo en el que se tramitaron los indultos y Perdía y Vaca Narvaja sostuvieron el apoyo al gobierno, con reparos a su política económica (Perdía, 2013, p.645).^[72] A fines de ese año, previo a la liberación de Firmenich, el PR realizó un Congreso Nacional en el Hotel Argentino (Capital Federal), donde se resolvió la disolución de la agrupación.^[73]

5. Conclusiones

En este artículo planteamos una discusión en torno al supuesto «final» de Montoneros luego de la CE. En nuestra perspectiva, la CE implicó el agotamiento de la lucha armada, más no la disolución del proyecto político de Montoneros. La última operación armada operó como un punto de inflexión, pero ello no imposibilitó que la dirigencia montonera, especialmente los tres sobrevivientes de la CN, impulsaran dos tentativas de reconstrucción de su corriente política: IMP, primero, y el PR, después, agrupación sobre la que nos focalizamos. Para ello contaron con bases militantes, que, si bien no tuvieron la cuantía del periodo precedente, fueron mucho más relevantes de lo que una mirada prejuiciosa hubiera reconocido. En buena medida, ellos fueron militantes de los frentes de masas de la TRP en el periodo precedente a la dictadura, que contaban con un saber hacer militante capaz de adecuarse a las condiciones de la reconstrucción democrática.

La dirigencia de Montoneros no contó con un capital político que le permitiera acceder al campo político posdictadura, pero merced a su capital militante pudieron sostener la existencia de la corriente; aspecto en el que fue central la disposición de recursos económicos y su vasta experiencia en militancia clandestina. En cierto modo, la disolución del PR supone un «cierre» o habilita a concluir una periodización, en la medida en que a partir de allí la vertiente militante vinculada a Montoneros no tuvo una dirección que hegemonizara la identidad montonera e ingresó en un proceso de disgregación. Sin embargo, la identidad montonera fue resignificada y muchos de los militantes que participaron de la experiencia del PR formaron parte luego de otras organizaciones que reivindicaron la tradición montonera. Algunas de ellas lo hicieron de manera explícita como «Montoneros Santa Fe», «Montoneros Córdoba» y «Montoneros Mendoza», actuantes desde los años noventa. Allí operaron procesos de resignificación de su identidad política, pero este fenómeno no es distintivo de las corrientes ligadas a la lucha armada —aunque quizás en ellas sus implicancias sean más drásticas—, sino común al devenir de todas las corrientes políticas.

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