Introducción

Atendiendo a que las narrativas historiográficas globales sobre la relación entre dictadura y sociedad se vienen revisando a partir de los estudios de caso centrados en provincias, localidades o incluso instituciones y con el objeto de contribuir a construir una visión más comprehensiva del período, el artículo aborda algunos aspectos del desarrollo político–social en Santo Tomé, una ciudad situada a tres kilómetros al oeste de la Capital de la provincia de Santa Fe. Siguiendo los planteos de Daniel Lvovich, el trabajo se aparta de aquellas representaciones del pasado en los que se considera que «el conjunto de la sociedad fue víctima de un régimen que no contó con más apoyo que el de las Fuerzas Armadas, el sector más concentrado del poder económico y la mayor parte de la cúpula eclesiástica, y que no gozó jamás de legitimidad alguna» (2009, p.276). Por el contrario, los estudios que se están llevando a cabo en las últimas dos décadas nos permiten observar que durante el tiempo transcurrido entre 1976 y 1983 (al menos hasta la finalización de la Guerra de Malvinas en 1982) quienes gobernaron, lo hicieron con importantes apoyos sociales, pese al desarrollo del terrorismo de Estado y sus consecuencias.^[1] Esto es lo que nos invita a considerar el caso santotomesino, particularmente aquello que tiene que ver con las estrategias de construcción de consenso y con algunas de las actitudes sociales asumidas durante el período.^[2]

El plan político de la última dictadura consideró a los municipios como ámbitos fundamentales para sus proyectos. Paula Canelo ha planteado que, para el régimen militar, los municipios fueron un «instrumento político del control territorial y poblacional “capilar”» y el espacio donde debía desarrollarse una «“ciudadanía municipal” apolítica y de alcance local», constituyéndose de esa manera en un «laboratorio de la apertura política» de donde debía salir una nueva dirigencia. En ese sentido debe decirse que el municipio fue considerado como «centro materializador» de la resocialización política de la sociedad (Canelo, 2015, p.433). Ello fue así porque los principales referentes de las fuerzas armadas concibieron la dictadura como una etapa fundacional de una nueva época, que excluía a los partidos políticos mayoritarios y proyectaba la creación de una fuerza política nueva que sería «la herencia del Proceso» (Gonzalez Bombal, 2015, p.351). Considerada entonces como una etapa transicional, en la que se debía formar una nueva clase política que reemplace a los dirigentes de los partidos mayoritarios, se identificó a las asociaciones locales y a los gobiernos municipales como los ámbitos de donde aquella debía surgir.

Los proyectos a los que hemos aludido no eran del todo nuevos, pues ideas similares se habían planteado con anterioridad. Durante la autodenominada «Revolución Argentina» el participacionismo y el asociativismo de las llamadas «fuerzas vivas de la comunidad» se promovió desde el Ministerio de Bienestar Social a partir de la Secretaría de Promoción y Asistencia a la Comunidad. Como lo ha demostrado Gabriela Gomes, el Onganiato no se limitó a las prácticas represivas, sino que consideró a los sectores populares como pilares importantes del «“nuevo” Estado que apuntaba a reemplazar a los partidos políticos como intermediarios entre la sociedad civil y el Estado» (2011, p.297). Para ello, la dictadura proyectó el desarrollo comunitario, intentando organizar a los sectores populares a través del fomentismo, las asociaciones vecinales, los Consejos Promotores de la Comunidad y Consultivos Vecinales, entre otros. Se entendía que la participación social sería «el punto de partida para una verdadera integración, reordenamiento y transformación social organizada» (Gomes, 2011, p.288). Sin embargo, estos proyectos quedaron más en el plano de lo discursivo que en las prácticas políticas concretas. La dictadura iniciada en 1976 los reconsideró y reformuló proponiéndose llevarlos a la práctica bajo las condiciones particulares de la nueva instancia.

Conviene tener en cuenta que Santo Tomé se componía de 24016 habitantes en 1970 pero para 1980 había ascendido a 36609, lo que equivale a un crecimiento del 52,43%,^[3] siendo la ciudad de la provincia que más creció durante aquellos años. Ello estuvo vinculado a la cercanía de la ciudad de Santa Fe, a las crecientes dificultades para encontrar viviendas allí y al hecho de que el lugar de mayor concentración de puestos de trabajo se encontrara más próximo a Santo Tomé que al Norte de aquella. Por otro lado, el crecimiento del parque industrial Sauce Viejo^[4] durante la década de 1960 generó muchos puestos de trabajo. La instalación de la empresa Fiat Concord Sauce Viejo, a partir de 1969, posibilitó que un número importante de trabajadores santotomesinos se incorporaran a la fábrica y otros lo hicieran en pequeños talleres que le proveían de piezas.^[5] No obstante, con el inicio de la última dictadura la Fiat comenzó un proceso de traslado de sus plantas de Sauce Viejo a Córdoba y un descenso del empleo de trabajadores y producción hasta llegar a su cierre en los inicios de los años ochenta. Por otro lado, es necesario recordar que durante el autodenominado «Proceso de Reorganización Nacional» Santo tomé contó con cuatro intendentes. El primero de ellos fue Elvio Gasparotti, quien había sido elegido para ese cargo en 1973 y por designación del gobierno provincial instaurado con el golpe de 1976 continuó hasta fines de junio de aquel año. Fue reemplazado por Cesar Luis Rey Leyes quien gobernó la ciudad hasta 1981, cuando lo sucedió su Secretario de Gobierno, Luis Alberto Mauri. Su gestión duró 2 años y en mayo de 1983 se hizo cargo de la Intendencia Juan R. Cifre, quien ya lo había hecho entre marzo de 1962 y octubre de 1963.

Atendiendo a lo planteado, nos proponemos, en primer lugar, presentar los procedimientos utilizados para la depuración y reordenamiento interno de la Municipalidad; en segundo lugar, examinar el rol desempeñado por la prensa escrita y la realización de obras públicas en el desarrollo de la gestión municipal; por último, describir las acciones llevadas adelante por el gobierno municipal en relación con las vecinales y cooperadoras escolares e identificar las actitudes asumidas por los miembros de esas entidades. La propuesta implica dar respuestas a un conjunto de interrogantes que hemos planteado de la siguiente manera: ¿cómo se llevó a cabo la depuración y el reordenamiento interno de la estructura de empleados municipales? ¿Qué estrategias se pusieron en práctica para lograr adhesión y apoyo social a la gestión municipal? ¿Cuál fue el rol de la prensa en ese sentido? ¿Qué políticas desplegó el gobierno municipal para con las vecinales y las cooperadoras escolares? ¿Cuáles fueron las actitudes asumidas por parte de vecinalistas y cooperadores escolares?

Tal como nos lo recuerda Gabriela Águila, «los municipios han sido un ámbito privilegiado para explorar las relaciones entre régimen y sociedad, el despliegue de estrategias hacia la sociedad civil y los comportamientos y las actitudes sociales» (2019, p.125). Las indagaciones sobre el caso santotomesino posibilitan buscar respuestas a una serie de preguntas sobre lo que la historiadora rosarina plantea «en una dimensión socio espacial concreta» (Ponisio, 2016a, p.8), una localidad pequeña de una provincia del interior. Ello permite poner en diálogo el caso particular con otros, a la vez que el nivel municipal con el provincial y el nacional. Para más, el estudio del desarrollo municipal en la ciudad de Santo Tomé durante la última dictadura es de por sí, hasta el momento, una vacancia a cubrir.

En función de los objetivos y los interrogantes expresados, la exposición del trabajo comienza atendiendo al proceso de designaciones de los agentes del poder militar en Santo Tomé y el reordenamiento así como la «depuración» interna de la Municipalidad. Continúa con el análisis de la Obra pública y las estrategias de construcción de consenso a través de la prensa escrita y finaliza considerando algunas expresiones de las actitudes sociales a partir de la actividad realizada por dirigentes de asociaciones vecinales y cooperadoras de la localidad. El desarrollo de la investigación se realizó utilizando documentación existente en el Archivo de la Secretaría de Gobierno y Acción Social de la Municipalidad de Santo Tomé, particularmente ordenanzas y decretos, y en el Museo Histórico y Archivo Municipal Andrés Roverano, en el que se consultó la colección de periódicos, artículos periodísticos y testimonios de diversa procedencia.

Los agentes locales del poder militar: Entre las designaciones y la depuración de la estructura de empleados municipales

Para el momento en que se produjo el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, la intendencia de la ciudad de Santo Tomé estaba a cargo de Elbio Gasparotti, un hombre dedicado a la actividad cooperativa y financiera local. Había sido elegido intendente en 1973 y estuvo al frente del municipio hasta el 24 de junio de 1976, día en que fue designado su reemplazante.^[6] Al respecto, Gasparotti explicaba

Yo era afiliado al Movimiento de Integración y Desarrollo (MID) y también integré, dentro del desarrollismo, el sector de Línea Popular, creado por Carlos Sylvestre Begnis. En ese contexto surgió mi candidatura como intendente, ya que hicimos un frente con el Peronismo, el conocido Frejuli (Frente Justicialista de Liberación), que en Santo Tomé tenía otro perfil, distinto al que mostraba en otros lados, […].

Así fue como en 1973 accedí a la Intendencia y estuve al frente del municipio hasta junio de 1976, ya que si bien el golpe de Estado fue el 24 de marzo, en mi caso, tuve que seguir algunos meses más en el cargo […] hasta que fuera nombrado César Luis Rey Leyes.^[7]

Como señala Gasparotti, al momento del golpe de Estado gobernaba la provincia Carlos Sylvestre Begnis, dirigente santafesino del Movimiento de Integración y Desarrollo (MID), quien había logrado imponerse en 1973 con la fórmula del Frejuli. En 1975, como producto de las divergencias con la conducción nacional del MID, se conformó el Movimiento Línea Popular (Molipo), convirtiéndose Sylvestre Begnis en uno de sus máximos dirigentes. Águila (2008) nos explica que «en el momento del golpe de estado Sylvestre Begnis había optado por ubicarse a la expectativa frente al gobierno, que en los hechos se tradujo en la colaboración» (p.273) con el poder militar. Sin embargo, al final de la dictadura, el ex gobernador había asumido una actitud crítica del gobierno. En lo que respecta al MID, apoyó públicamente a la dictadura.^[8] Estos comportamientos nos permiten entender, al menos en parte, algunos de los factores que posibilitaron que Elbio Gasparotti continuara al frente de la intendencia durante los tres primeros meses de aquel gobierno como «Comisionado Interventor Municipal». Con esta figura se resolvió la situación de acefalía en la que había quedado el gobierno municipal, como en las demás Municipalidades y Comunas, al caducar las autoridades que venían gobernando antes del golpe.^[9]

El 24 de junio de 1976 asumió la intendencia el abogado Cesar Rey Leyes. Bajo el título «Nuevo intendente de Santo Tomé», el diario El Litoral informaba que

Esta mañana asumió el cargo de intendente municipal de la ciudad de Santo Tomé el Dr. Cesar Luis Rey Leyes, designado recientemente por el gobierno de la provincia. El nuevo funcionario es oriundo de dicha ciudad, habiendo ocupado cargos en numerosas entidades deportivas, sociales y de bien público. El juramento de estilo fue tomado por el ministro de Gobierno, capitán de navío (RE) Eduardo máximo Sciurano, recibiendo finalmente el Dr. Rey Leyes el saludo de amistades, familiares y representantes de las fuerzas vivas de la ciudad santotomesina.^[10]

La mención a la condición de «oriundo» de la ciudad y de haber «ocupado cargos en numerosas entidades deportivas, sociales y de bien público» no es casual, ya que formaba parte de los requisitos exigidos desde el gobierno nacional para la designación de estos funcionarios civiles. Debe tenerse en cuenta que, desde la Presidencia de la Nación, el 26 de mayo de 1976 se envió al Ministerio del Interior una directiva para establecer las modalidades a seguir para la designación de intendentes, indicándose que las condiciones que debían reunir los hombres para desempeñarse en aquella función eran la honestidad, la idoneidad, el prestigio y representatividad en el medio donde deberá cumplir su cometido (Canelo, 2015, p.410). Las expresiones de El Litoral parecen pretender dar cuenta, al menos parcialmente, de esas condiciones y, de esa manera, ampliar las bases de sustentación del régimen, generando consenso en torno a las designaciones. Como sostiene Lvovich, se buscaba «que la elección recaiga sobre alguna figura con amplio reconocimiento a nivel local» (2010, pp.414–415).

Realizado el acto de asunción, el mismo día y por medio del Decreto Nro. 30, Rey Leyes designó a Luis Alberto Mauri como Secretario de Gobierno y Acción social. En el mismo se aclara que la designación es «con retención del cargo de Asesor Letrado y Apoderado General de la misma». Esto se debe a que Mauri era un empleado con varios años de antigüedad, que había logrado ir escalando posiciones en el escalafón municipal. Su último cambio en la situación laboral se había producido el 4 de febrero de 1976, cuando fue nombrado Asesor Letrado y Apoderado General de la Municipalidad.^[11] Luego el Intendente nombró a Armando Luis Bechis como Secretario de Hacienda y Economía. Como en el caso anterior, el decreto aclaraba que la designación era «con retención del cargo de Tesorero Habilitado de la misma».^[12] Bechis también era un empleado municipal con una categoría elevada. En los días posteriores y por medio de otros decretos^[13] se realizaron nombramientos y se reordenó la estructura orgánica de la Municipalidad reasignando funciones a varios empleados.^[14]

Como parte del reordenamiento y «depuración» interna de la Municipalidad, entre julio y diciembre de 1976, Rey Leyes y sus secretarios firmaron diez decretos dando de baja a agentes municipales (Decretos 34/76, 35/76, 37/76, 55/76, 61/76, 62/76, 63/76 ,64/76 ,65/76 ,69/76). Este tipo de prácticas no eran nuevas, sino que fueron llevadas a cabo «recurrentemente por gobiernos de diversa naturaleza jurídica y política» (Ponisio, 2016b, p.204). Se proponían con ello racionalizar el Estado a través de su «saneamiento», buscando la «idoneidad» y la «eficiencia» de quienes desempeñaran funciones, según el discurso imperante. Las medidas se tomaban apelando a la ordenanza 517, que había sido sancionada durante la etapa final de Gasparotti y por la que se adhería a la Ley provincial Nro. 7859.^[15] Particularmente, se aludía a los artículos que estipulaban

1. Artículo 1° – Autorízase hasta el 31 de diciembre de 1976, a dar de baja, por razones de servicio al personal […]

2. Artículo 3° – Las bajas serán efectivizadas teniendo en cuenta la necesidad de producir un real y concreto proceso depurativo de la Administración Pública, sin connotaciones partidistas o sectoriales.

3. Artículo 4° – El personal que sea dado de baja, siempre que tenga una antigüedad mínima de seis meses, tendrá derecho a percibir una indemnización […]

4. Artículo 5° – La indemnización prevista en el artículo anterior, es excluyente de cualquier otra que por despido pudiera corresponder al agente, […]^[16]

Esto ponía de manifiesto el carácter de «piezas clave» de los intendentes, puesto que se los consideraba elementos centrales «en el tendido de una red “capilar” de control político y vigilancia militar sobre la que se asentaba el poder de la dictadura militar» (Canelo, 2015, p.410). La articulación entre el nivel del gobierno nacional, con el provincial y el municipal quedaba claramente reflejado a través de las normas que se implementaron. Con estas, no solo se buscaba depurar al personal de la Municipalidad, sino que también se proponía disciplinar a aquellos que permanecían en sus puestos.

Durante el año 1977 se continuaron aplicando medidas como las citadas arriba,^[17] pero también se procedió al despido por otros motivos. El 30 de noviembre se dio de baja a tres operarios que trabajaban en la obra de provisión de agua potable, debido a la conclusión de los trabajos previstos y con «el objeto de evitar costos injustificados a cargo de los usuarios».^[18] También se dejó cesante a partir del 24 de noviembre a un empleado por «incapacidad total y permanente» y por no prestar servicios desde el 4 de noviembre de 1977.^[19]

Cabría cerrar esta parte señalando que por los Decretos 21/77, 22/77, 23/77, 28/77, 29/77, 31/77, 32/77, 36/77, 38/77, 42/77 y 49/77 se aceptan las renuncias que, en casi todos los casos, se dice que se producen «por razones estrictamente particulares».^[20] El número de casos llama la atención si se considera que en el año 1975 hubo once decretos,^[21] entre renuncias y bajas, en los que se observa que seis se correspondían con jubilaciones y una renuncia se hace necesaria para acceder a un cargo de mayor jerarquía en la Administración provincial. Solo en cuatro casos no se hace mención a los motivos de la renuncia. Un año antes, en 1974, se firmaron nueve decretos^[22] aceptando renuncias y/o bajas, de las cuales, tres respondían a procesos jubilatorios, una al cargo de Secretario de Gobierno Municipal, otra para ocupar un cargo de mayor jerarquía y cuatro no hacen mención a los motivos de la misma.

Si las bajas, las cesantías, las renuncias y el reordenamiento interno de la estructura municipal caracterizaron la relación que se fue desarrollando entre las autoridades municipales y los empleados, no debe dejar de mencionarse que también se procedió a otras medidas con el objeto de atender las necesidades salariales y generar adhesión a la nueva gestión. Atendiendo a ello, por la Ordenanza Nro. 523 del 6 de julio de 1976, se procedía a un aumento del 15% de las remuneraciones del personal municipal y se elevaban las asignaciones familiares. La medida, puede ser considerada como un gesto de reconocimiento para con los empleados municipales ante las necesidades creadas por la situación económica por la que atravesaba el país y la ciudad.^[23] Pero para otorgar los aumentos a los empleados se incrementó en un 200% el valor de la Tasa General de Inmuebles y un 100% de la Tasa de Sanidad, Plan de Hidráulica y Tasa de Conservación y Actualización de Catastro.^[24] Otras ordenanzas que se promulgaron durante el segundo semestre de 1976, al igual que muchos de los decretos que hemos citado, establecían decisiones relativas al reordenamiento de la «Estructura Municipal» y a ofrecer una «moratoria» para los propietarios de inmuebles que realizaron mejoras o construcciones en ellos.^[25]

Cuatro años después de haber asumido, La Voz de Santo Tomé anunciaba en su portada una entrevista realizada al Secretario de Gobierno Municipal bajo el título «Eficiente organización municipal». Al respecto, Luis Mauri señalaba

Hemos conseguido dentro del ordenamiento interno de la municipalidad, una total organización tendiente hacia la eficacia de la funcionalidad. Para ello, se han realizado cursos de capacitación, organizados en la municipalidad y se hizo participar al personal en diversos cursos a nivel provincial y nacional. De esta forma tenemos un cuadro de personal perfectamente ubicado, tendiendo siempre, hacia la jerarquización de la función municipal.^[26]

Lo señalado aporta un dato más sobre la concepción de la gestión y el reordenamiento interno de la estructura municipal. En este sentido, la reubicación del personal y su capacitación parece haber jugado un rol importante. Por otro lado, la apelación a la «eficiencia» sería una de las consignas expresadas por el gobierno municipal hasta el fin del período dictatorial.

Obra pública, prensa escrita y estrategias de construcción de consenso

Existen posiciones encontradas frente a la posibilidad de emplear el concepto de consenso para analizar las actitudes sociales en tiempos de dictadura. No obstante, es sabido que ningún régimen político puede sostenerse sobre la base exclusiva de la aplicación de métodos coercitivos. Esto significa que se hace necesario el desarrollo de otros tipos de políticas para que combinadas, se logre «la disposición a obedecer por parte de la población» (Lvovich, 2006, p.42). Es dable considerar entonces que se busca producir consenso a través de procesos que se llevan a cabo desde diferentes instituciones y con la aplicación de diversas estrategias, a fin de lograr adhesión y apoyo a las políticas que se definen desde el poder gubernamental.^[27] Esto no quiere decir que se logre aceptación y adhesión del conjunto de la sociedad a las políticas que se aplican, pero sí que se despliegan estrategias a los efectos de lograrlo. Como parte de ellas, cabe destacar el rol desempeñado por los medios de comunicación, ya que «gran parte de la información que a diario recibimos y mucho de lo que conocemos nos llega a través de los medios de comunicación, que son quienes construyen una imagen de la realidad en función de la cual nosotros construimos la nuestra» (Scatizza, 2008, p.182). En función de ello, nos interesa en esta parte del trabajo atender a las formas en que los medios de comunicación, particularmente la prensa escrita, «colaboró» en la construcción de imágenes y representaciones sobre la gestión del gobierno municipal en Santo Tomé, a los efectos de ponderar lo que transmitían y evaluar las posibles relaciones con los propósitos de construir consenso en torno a dicha gestión.

Comencemos atendiendo al diario El Litoral, considerado por María Virginia Pisarello como «medio de comunicación gráfico hegemónico» de la ciudad de Santa Fe.^[28] Observamos que a mediados de 1979 publicaba a página completa una «Síntesis informativa de la labor desarrollada desde junio de 1976, a junio de 1979». Bajo el título «Santo Tomé: tres años de gobierno municipal»^[29] se presentaba una larga lista en la que se enumeraban las obras públicas finalizadas y en ejecución. El informe era acompañado de cinco fotografías que destacaban algunas de las obras públicas: la pavimentación de calle Hernandarias; los trabajos correspondientes a la primera etapa de la obra de desagües cloacales (con un pie en el que se señala el hecho de que «significa para Santo Tomé un servicio vital del que carecía su radio urbano»); la «Avenida costanera» (indicándose que es un «sitio de permanente visita de turistas que concurren atraídos por la magnífica obra» y «sector de legítimo orgullo para los santotomesinos»); la ampliación del edificio del Liceo Faustino San Juan y, en último lugar, la segunda etapa de la obra del tendido de la red de agua corriente (sobre la que se dice que «coloca a Santo Tomé en lugar de privilegio en cuanto a mejoras urbanas»). Está claro que las fotos no pueden haber sido escogidas al azar, el efecto que se buscaba con ellas y el informe que las acompañaba se proponían mostrar lo que se había realizado y lo que se encontraba en ejecución, a la par que se anunciaba el «Plan Trienal de obras y nuevos servicios 1979/81». Esto último se publicó en un recuadro destacado en la parte superior y central de la página, con un título que decía «Santo Tomé se transforma» y un texto en el que se anunciaba que «es la programación más ambiciosa encarada por la Municipalidad, resultado de estudios técnico–financieros y consultas con las fuerzas vivas y entidades vecinales de la ciudad.». Así la obra pública que atendía a la extensión de los servicios sanitarios, al embellecimiento urbano, a la ampliación de la oferta educativa y al mejoramiento de la transitabilidad de las calles, entre otras, buscaba generar un efecto legitimante de la gestión emprendida por el gobierno municipal.^[30] Ese efecto buscó reforzarse aludiendo a la participación otorgada a las «fuerzas vivas» y a las vecinales de la ciudad. La estrategia que se monta en torno al accionar periodístico es, en este caso, promover condiciones de aceptabilidad y adhesión al gobierno municipal puesto que, como dice Lvovich, «la manipulación informativa a través de los medios, puede[n] ser interpretada[s] como intentos de generación de consenso»^[31] (2006, p.44). El mismo Lvovich, citando un trabajo de Guaitini y Seppelli, nos aclara que «la formación del consenso efectivo no es un fenómeno espontáneo y que se da por descontado sino que es inducido desde el poder a través de un conjunto de procesos, instituciones y aparatos que llevan a cabo las operaciones destinadas a la organización del consenso, esto es, a producir y extender comportamientos de adhesión en relación con el poder».^[32] Podemos considerar que en la nota que presentamos arriba se observan, al menos, la difusión de imágenes y juicios positivos sobre el gobierno y la creación de condiciones de existencia que favorecían la adhesión al mismo.

Estas formas de comunicación y difusión de la obra de gobierno municipal se continuaron de manera sistemática a lo largo del tiempo que duró la dictadura. En no pocas ocasiones, el diario apelaba a formas discursivas que marcaban diferencias con otras gestiones y que pretendían realzar, con más énfasis, los trabajos que se estaban realizando. El 31 de agosto de 1977, bajo el sugestivo título de «Se comenta y lo comentamos», El Litoral decía

Son expresiones que hacen pensar. «Cómo todo esto no se hizo antes?» decía un grupo de santotomesinos mientras caminaba en medio de la obra de la costanera. «Tenemos el río en el centro de la ciudad y nunca se lo aprovechó». «La verdad es que recién descubrimos el maravilloso paisaje que tenemos». En tanto, los operarios municipales continúan ejecutando lo que en pocos días más será el paseo obligado de todo el mundo.

[…] Porque hasta hace poco tiempo, se tenía en ese sector, además de pantanos y mosquitos, edificaciones ruinosas, esqueletos de hormigón desubicados dentro de un radio urbano tan populoso y alguna que otra entidad supuestamente deportiva que no cumplía sus fines específicos. Todo esto se ha rescatado para Santo Tomé y a quienes aún no han visitado el parque Martín Güemes y la costanera convendría invitarlos […].^[33]

La pregunta con la que comienza la nota conlleva una connotación negativa hacia las gestiones que precedieron a la de Rey Leyes y exalta la obra que bajo su gobierno se estaba llevando a cabo. Donde antes había «pantanos y mosquitos, edificaciones ruinosas, esqueletos de hormigón desubicados», los funcionarios designados por el gobierno dictatorial han construido un parque y una costanera que será «paseo obligado de todo el mundo». De esta manera, y siguiendo a Calvo Vicente, se difunden imágenes y juicios positivos sobre el gobierno y se crean condiciones de existencia que favorecen la adhesión al régimen.

Por otro lado, el periódico Diálogo,^[34]que comenzó a circular en junio de 1977 y salía con una periodicidad mensual, construyó representaciones y asumió posiciones políticas similares a los medios de prensa ya mencionados. En la primera plana del ejemplar aparecido en julio de 1978, se lee «Remodelación de la plaza Belgrano en Santo tomé». La nota va acompañada de una foto en la que se puede ver el sector central de la plaza con sus nuevos canteros y reciente parquización. El texto informa sobre los actos alusivos al «día de la bandera», haciendo hincapié en la inauguración de «las nuevas obras, que personal municipal realizara en la plaza principal de la comunidad santotomesina». Entre otras cuestiones vinculadas a esos trabajos, dice

Se han construido veredas y restaurado las existentes, idéntico trabajo se realizó con los canteros, los cuales presentan una imagen totalmente remozada al igual que toda la plaza, que muy a las claras muestra el interés de las autoridades municipales en brindar a la comunidad un sano lugar de esparcimiento tanto para niños como para adultos. Obra digna de destacar que viene acompañando el magnífico despliegue municipal.^[35]

Las expresiones marcan el posicionamiento político del medio informativo y colaboran en la construcción de la imagen de la gestión de gobierno municipal. Eso se observa cuando se dice que «muestra el interés de las autoridades municipales en brindar a la comunidad un sano lugar de esparcimiento» y «obra digna de destacar que viene acompañando el magnífico despliegue municipal.» De esa manera, el discurso periodístico coadyuva en legitimar el gobierno municipal y busca generar consenso en la población. La utilización del vocablo «comunidad» para aludir a la población santotomesina también resulta interesante de observar. Desde el discurso oficial «la ciudadanía era interpelada en términos de “fuerzas vivas”, los “vecinos” y en especial se reivindicó la figura de la “comunidad” como continuación casi natural de la familia». Según Gonzalez Bombal (2015) el paradigma de la «comunidad» era el eje a partir del cual la dictadura se oponía a la idea de «sociedad». Es que la «comunidad» se pensaba «como un estado casi presocial cuya matriz última es la familia como célula básica de la sociedad» (p.348).

Las relaciones entre el Estado Municipal y la sociedad civil santotomesina: Una mirada centrada en el accionar de las vecinales

En este punto de nuestro análisis recuperamos los planteos de Daniel Lvovich quien, retomando a Hugo Vezzetti, señala la necesidad de examinar el papel y responsabilidad de la gente corriente en las relaciones entre dictadura y sociedad, involucrando en esto «a muchos que brindaron una participación necesaria pero subordinada, obsecuente incluso, en funciones menores dentro del aparato estatal, en las Fuerzas Armadas y de seguridad y en instituciones públicas diversas» (Lvovich, 2010, p.412). Abordar este aspecto supone hacer visibles los apoyos que de forma activa brindaron sectores civiles de la sociedad.

En un estudio dedicado a los municipios de la provincia de Buenos Aires, Inés Gonzalez Bombal (2015) observa que quienes estuvieron al frente de la dictadura se propusieron hacer de aquellos un «verdadero nexo de comunicación entre gobernantes y gobernados y la base sobre la cual se elevaría el nuevo poder político desde lo local hasta lo nacional. En esta concepción gradualista de lo político, el municipio era la línea de avanzada y el lugar de una nueva “conciencia gubernativa”» (p.350). Relacionado con esto, Lvovich señala que el régimen militar desarrolló la estrategia de ampliar las bases de sustentación y de generación de consenso a partir de los municipios, no solo teniendo en cuenta los cuadros de gobierno, sino también intentando obtener el apoyo de las instituciones vecinales, fomentistas, culturales y deportivas, a nivel local (2010, p.416). El caso de la ciudad de Santo Tomé no escapó a esos proyectos y directivas, por lo que cobra particular relevancia observar el accionar de las vecinales en el espacio público, en tanto instituciones con las que se pretendió operar para hacer de ellas espacios de construcción de legitimidad en articulación con las autoridades municipales.^[36]

Esta afirmación, referida al lugar privilegiado que otorgamos a las vecinales en nuestro análisis, se sustenta en la constante cobertura que de las actividades y posicionamientos de dichas instituciones realizó el diario El Litoral, principal medio de comunicación gráfico de la región como se referenció al comienzo de este trabajo. Dicho periódico, destinó una sección especial para la publicación de las notas de la ciudad titulada «Santo Tomé», en la cual se informaban tanto las manifestaciones de apoyo y/o conflicto con las autoridades municipales, como también las alusiones que realizaban estas últimas. Para analizar la particularidad del vínculo entre vecinales y autoridades municipales y tratar de dar cuenta de la dinámica del mismo, tenemos en cuenta las observaciones propuestas por Philippe Burrin citadas por Lvovich (2010, p.426), al señalar que el término consenso genera un efecto de simplificación de la complejidad de las actitudes que los sujetos adoptan hacia el poder. Por esa razón, proponen reemplazar el término y ubicar a las actitudes en una escala que abarca las nociones de aceptación y distanciamiento. Así las cosas, la aceptación «comprende la resignación, el apoyo y la adhesión» y el distanciamiento «la desviación, la disidencia y la oposición». Los actores combinan esas distintas disposiciones.

El análisis de las fuentes nos habilita a caracterizar los años 1977–1978 como un período de marcado predominio del distanciamiento en las relaciones entre las vecinales y las autoridades municipales. Las situaciones de intervención efectiva o de posibilidad de llevarlas a cabo, así como de declarada acefalia, parecieran dar cuenta de los obstáculos que encontró la intendencia para legitimar el ejercicio de su autoridad. Como ejemplo de esta situación, el decreto de intervención de la Vecinal «Villa Libertad» expresó:

Visto la situación de irregularidad institucional y considerando:

Que dicha situación impide la realización y concreción de sus objetivos básicos y específicos, malogrando sus finalidades sociales, culturales y de asistencia a la comunidad que debe brindar toda entidad vecinal.

Que, sobre el particular, existe la lógica inquietud de sus vecinos conforme reiteradas presentaciones realizadas ante esta Municipalidad, donde señalan su disconformidad en los procedimientos en la conducción de la misma.

Que el informe de los señores veedores municipales […] resulta terminante y claro en cuanto al estado de división y enfrentamiento existente en la Vecinal, la descomposición de sus cuadros directivos y la carencia absoluta de un accionar conforme a normas fijadas por Estatuto respectivo.

Que, es obligación de esta Municipalidad tomar de inmediato los recaudos necesarios para hacer cesar la irregular situación imperante, arbitrando los medios que permitan asegurar y normalizar el eficaz funcionamiento de la Vecinal, como así también proceder a su reorganización institucional conforme lo dispuesto por la Ordenanza 430/74.^[37]

Tres meses después se hacía pública la situación de acefalia en la Vecinal «7 de Marzo», aclarándose que «no se conocen los motivos que llevaron a esta situación pero se trataría —según comentarios— de disidencias entre sus directivos, lo cual habría provocado que el local de la vecinal se encuentre hoy cerrado y sin funcionamiento alguno».^[38] Al finalizar el mes de noviembre se decretó la intervención de la vecinal «General Belgrano», argumentándose la «grave situación institucional» producto de «la acefalia» que «impide desde hace tiempo la realización y la concreción de sus objetivos específicos, malogrando sus finalidades sociales, culturales y de asistencia a la comunidad que debe brindar toda entidad vecinalista.». En este caso en particular se planteó la necesidad de implementar medidas administrativas y financieras para preservar el patrimonio social.^[39]

Poco tiempo después de la última intervención, El Litoral publicó una nota con el título «Sería decretada la intervención». La nota planteaba que

No obstante las reservas que se mantienen en esferas de las más altas autoridades de la Municipalidad, ha trascendido en los últimos días que habría criterio formado para decretar la inmediata intervención a la Sociedad Vecinal Gral. San Martín. Las causas se basarían en una serie de hechos que habrían culminado ahora con esta declaración de la citada entidad, que a juicio de los responsables comunales sería considerada ofensiva y agraviante. […] igual determinación se adoptaría con la Vecinal 7 de Marzo.^[40]

La política intervencionista del municipio, pese a haberse desplegado intensamente durante un año completo, parece no haber logrado los objetivos de funcionamiento acorde a sus expectativas. Un decreto de abril de 1978 dispuso una nueva intervención, esta vez a la de la Vecinal «Sarmiento», planteando que la renuncia del presidente de la institución obedecía a «la falta de colaboración por parte de los demás miembros de la Comisión Directiva» y a la «falta de interés y voluntad de los vecinos». Ante la situación de acefalia, el decreto expresó que «es deber del municipio tender a la normalización de las entidades vecinales, en razón de la importante misión que deben cumplir en beneficio de la comunidad».^[41]

Las situaciones descriptas parecieran dar cuenta de las dificultades que hasta mediados del año 78’ encontraron las autoridades locales para constituir las vecinales como instituciones barriales de mediación funcional entre el poder municipal y la sociedad local. En este sentido, los conflictos no solo se desplegaron al interior de las vecinales, sino entre estas y otras instituciones sociales. Así por ejemplo, puede leerse en los primeros días del mes de febrero de 1978 en la sección «Se comenta y lo contamos»,

Que existiría un marcado antagonismo, que data de varios meses atrás entre el consorcio y la mutual del barrio San Ignacio de Loyola, por una parte, y la nueva Sociedad Vecinal de la zona. Inclusive, serían vastos y variados los problemas que dividen a estos organismos que el caso habría sido elevado a distintos niveles gubernamentales, bancarios y castrenses, a fin de arribar a una solución amistosa y de acercamiento para el futuro.^[42]

El día 15 de febrero de 1978 la Vecinal «7 de Marzo» manifestó su malestar con el Municipio por la redefinición de jurisdicciones que realizó, retirando sus representantes del Servicio de Atención Médica. Las razones de la medida practicada por los vecinalistas se debían a que la Municipalidad había autorizado el funcionamiento de otra vecinal en el Barrio San Ignacio de Loyola. Frente a esta actitud, las autoridades municipales señalaron

[…] que las jurisdicciones únicamente puedan ser delimitadas por la comuna y no por cada entidad vecinalista, y en segundo término que en el caso de la Vecinal 7 de Marzo, su zona no ha sido afectada, […] [lo que] no deja de sorprender sin duda es la extemporánea actitud de la Vecinal 7 de Marzo de retirar su colaboración ante un ente de tanta importancia a nivel humano como lo es el Servicio para la Atención Médica de la Comunidad, organismo totalmente ajeno al problema que comentamos. […] Lo real sería que recapacitara sobre esta actitud bastante irreflexiva.^[43]

Dos días después, en relación a este conflicto, el diario tituló «Nueva medida de protesta de la Vecinal 7 de Marzo». En dicha nota se manifiesta que «la vecinal citada ha resuelto retirar también sus representantes vecinalistas ante la Secretaría de Gobierno y Acción Social de la comuna local, en protesta por la adjudicación de jurisdicción a la entidad colega del barrio San Ignacio de Loyola.»^[44] Resulta importante destacar que debajo de la nota aparece otra cuyo título es «Fuerte crítica a la Municipalidad hace una vecinal» y en su desarrollo dice

La Asociación Vecinal «Gral. San Martín» ha dado a publicidad una nota recibida en su local suscripta por un grupo de vecinos de la jurisdicción en la cual se efectúan fuertes críticas a la gestión municipal. «Los abajo firmantes —dice la nota— estamos enterados de las gestiones vecinales ante las autoridades municipales que no reciben respuesta alguna para solucionar los problemas que ya están llegando al extremo de graves […]». Finaliza la presentación ante el titular de dicha vecinal, señalándose que «nuestro deseo es hacer llegar por medio de su persona al diario “El Litoral”, a fin de que el señor intendente y su grupo de colaboradores se den por enterados de estos problemas, además recordarles que “los impuestos deben volver a la comunidad” y que la ciudad de Santo Tomé no comienza ni termina en la Avenida Costanera».^[45]

En este contexto de marcada crítica a la gestión municipal, el intendente le respondió a través de otra nota periodística expresando que

Siempre hay algunos que exageran las críticas con fines políticos —señaló—, pidiendo de todo pero sin ofrecer nada. Afortunadamente son minoría, ya que muchos más son los que colaboran y apoyan el progreso de Santo Tomé. Precisó el Dr. Rey Leyes que «por suerte una vez que tomaron estado público, recibí numerosas adhesiones de entidades y vecinos que alientan a continuar firmemente en la tarea emprendida: […] A los malintencionados —agregó— no se les hace caso y se les responde con la verdad de obras que se inauguran cada treinta días.» […] Sobre las vecinales manifestó «He solicitado información a la Secretaría de Gobierno y Acción Social área que ejerce la supervisión de dichas entidades, con el fin de determinar si todas cumplen con su misión de trabajar por sus barriadas. Después veremos la actitud a seguir sobre este particular.»^[46]

A partir de lo observado, es posible sostener que las acciones de las vecinales dan cuenta de un despliegue en el escenario político público centrado en el distanciamiento y la manifiesta desviación en el cumplimiento de la normativa prescripta para su funcionamiento, la expresión pública de la disidencia y hasta de oposición a las autoridades instituidas por el régimen de facto y su ejercicio del poder. Expresiones de la desviación, se leen en los fundamentos de los decretos de intervención, expresiones de disidencia y oposición se observan en las respuestas que dichas entidades brindaron ante disposiciones tomadas por las autoridades. En lo que respecta al papel de la prensa, Marcelo Borrelli (2011) nos dice que el «régimen buscaba una prensa que se posicionara en el “justo medio”; que se moviera dentro de ciertos “límites del disenso”» (p.33).

Hasta aquí sostuvimos que el vínculo político entre vecinales y autoridades de gobierno municipal en los años 1976 y 1978 se centró en el distanciamiento; analizaremos ahora el progresivo desplazamiento hacia la aceptación a partir de mediados del año 1978 hasta los tiempos que transcurren entre 1980 y 1981, al menos. Recordemos que desde 1977 el gobierno nacional intentó desarrollar una etapa de diálogo y participación, buscando operar desde las municipalidades, la periferia del poder, hacia el centro.^[47] El objetivo que se perseguía era fundar la denominada descendencia del régimen (Lvovich, 2010, p.412). Esta estrategia de ampliación de las bases de apoyo social a las medidas político–económicas del régimen dictatorial tenía entre sus destinatarios principales cooperadoras escolares, vecinales e instituciones fomentistas, entre otras.^[48] En ese contexto, a partir de junio del 1978 es notable el incremento de las estrategias de cooptación por parte de la gestión municipal. En primer lugar, la relevancia otorgada a las cooperadoras escolares para visibilizar su actuación en el escenario social. Así pues, a partir de esta fecha la entrega del FAE^[49] tendrá una presencia recurrente en los medios de comunicación.^[50]

Respecto de las vecinales, Lvovich señala que «los mecanismos empleados fueron la intervención a antiguas asociaciones vecinales y fomentistas, el reconocimiento oficial a instituciones simpatizantes, el subsidio económico a unas en detrimento de otras y la aprobación de proyectos de obras públicas que las beneficiaron» (Lvovich, 2010, p.414). El vínculo que entabló la Municipalidad con la Vecinal «La Adelina» es un caso de reconocimiento y relación «simpática». Si bien esta vecinal comenzó a funcionar oficialmente en 1980, el barrio se constituyó como «referente ejemplar» a partir de julio de 1978 y de los beneficios que se podían obtener a partir de una relación «armónica» con las autoridades municipales.^[51] Esto se vio favorecido por el respaldo a las autoridades municipales por parte del gobierno provincial, lo que prontamente generó que un conjunto de instituciones santotomesinas expresaran públicamente su acuerdo con las medidas. En este sentido, El Litoral publicó el «Apoyo de las fuerzas vivas a la extensión del límite Sur» de Santo tomé:

A raíz de la promulgación de la ley N°8.266 que determina la incorporación de una zona del límite sur de Santo Tomé, numerosas entidades representativas de las fuerzas vivas de la ciudad han dado a conocer un comunicado de apoyo a tal determinación oficial. […] La justicia de la medida adoptada radica en razones geográficas, jurídicas, históricas de fomento y desarrollo urbanístico, que toda la población de Santo Tomé anhelaba desde hacía años con sólidos fundamentos. […] El futuro inmediato permitirá observar el acierto de la ley dictada al ampliar el límite de la ciudad de Santo Tomé. Firman esta declaración los titulares de las vecinales San Ignacio de Loyola, Sarmiento,^[52] Pay Zumé,^[53] Oeste, Villa Luján y del Rotary Club y Centro Comercial e Industrial de Santo Tomé.^[54]

La publicación revela varios aspectos importantes. En primer lugar, el apoyo político del Ejecutivo provincial, pues la ley extendía el radio de acción territorial de las autoridades de Santo Tomé. En segundo lugar, teniendo en cuenta el conflictivo vínculo político vecinales/municipio hasta aquí analizado, la medida se presentó como una estrategia para el fortalecimiento de las autoridades comunales. En tercer lugar, es destacable el rol que cumplieron los medios de comunicación, en particular el diario El Litoral, expresando un discurso que apuntó claramente a fortalecer la legitimidad de las autoridades municipales.^[55] Todas las acciones emprendidas por el municipio fueron notoriamente destacadas^[56] y los conflictos presentados con una tónica minimizada, con predominio de la impugnación hacia los demandantes.^[57] Además, la emisora radial LT 10^[58] a partir del mes julio del año 1978 habilitó un espacio específico para la difusión de las actividades que se realizaban en la ciudad de Santo Tomé denominado Santo Tomé, Hoy.^[59] En este aspecto, compartimos con Águila (2008, p.261) cuando sostiene que las gestiones de los funcionarios seleccionados por las Fuerzas Armadas contaron con el acompañamiento de los medios de comunicación obteniendo «un “plus de legitimidad”, en tanto contribuían a conformar un ámbito de opinión y consenso que desbordaba a los personeros del régimen, exhibiendo el contundente apoyo proveniente de sectores que se definían como “representativos” de la comunidad». En este sentido, El Litoral decía

El accionar municipal se ejecuta en diálogo continuo con entidades y personas representativas de la ciudad. Así se efectúan reuniones, recorridas, charlas informativas y mesas redondas con el Centro Comercial e Industrial, Ente de Atención Médica, clubes de servicio, vecinales, escuelas, clubes deportivos, asociaciones profesionales, ex intendentes, cooperadoras y otras entidades que formulen sugerencias constructivas.^[60]

Teniendo en cuenta la conflictividad relevada en las fuentes en los años 1977/78 resultan significativas, por un lado, la actitud de supervisión de las vecinales^[61] en octubre del 1978 y por otro, la elaboración del Plan Trienal (1979/81) del municipio. Durante el año 1979 se suceden publicaciones en los medios de comunicación que detallan las obras que comprende dicho plan en cada vecinal. Puede decirse que el «Plan Trienal 79–81»^[62] operó como catalizador de las demandas de las entidades e instituciones hacia el municipio, especialmente en el caso de las vecinales.

En enero de 1979, el municipio divulgó intensamente el Plan Trienal. Al mismo tiempo, hizo pública su intención de formar una Comisión de Festejos, cuyo objetivo era hacer partícipes de forma activa y pública a representantes de un amplio y diverso espectro de instituciones santotomesinas. Entrevistada la titular de la Dirección de Educación y Cultura,^[63] Estrella G. de Cifre, sostuvo

Hemos pensado que, a pesar de que consultamos y atendemos las sugerencias recibidas por todas las instituciones, no podemos marginar el deseo de colaboración ofrecida por ellas, y por lo tanto hemos invitado a las más representativas a formar una Comisión Popular de Promoción y Festejos, con el objeto de que a través de la Municipalidad canalice sus actividades, no solo culturales sino de cualquier otra índole y que tenga intereses comunes con la educación de interés público.^[64]

A fines de abril, quedó conformada la Comisión de Festejos: 10 representantes de instituciones escolares, 1 representante del Banco Bica y del Centro Comercial, 2 de Clubes, 2 de la Iglesia, 1 de la vecinal 7 de Marzo y 1 del Liceo Municipal.^[65] En marzo, la estrategia de legitimación del ejercicio de la autoridad se amplió y dirigiéndose a la «comunidad», el municipio, desde la Secretaría de Hacienda y Administración hizo

público su agradecimiento a los contribuyentes de Santo Tomé, por la afluencia masiva registrada en oportunidad del pago del anticipo de tasas generales, lo que implica un apoyo total de la población a la continuidad de las obras actualmente en marcha. Se señala al respecto que este año ha sido un récord en la materia […] que en 1979 se elevó al 94%.^[66]

La publicación buscó visibilizar frente al conjunto de la sociedad santotomesina que la gestión municipal no solo contaba con el apoyo de sectores sociales y económicos nucleados en instituciones diversas, sino de la «comunidad» toda. El pago impositivo del ciudadano «anónimo» fue presentado como una prueba contundente del aval político. No obstante, esa forma de presentar la cuestión no debe pensarse solo como un consenso logrado de «arriba hacia abajo», sino que también «su construcción implica comprender los modos en que los objetivos del régimen coinciden en determinadas coyunturas con las expectativas sociales» (Luciani, 2009, p.7). En este sentido, teniendo en cuenta las proyecciones de crecimiento publicitadas por las autoridades municipales, es posible considerar que el discurso eficientista, asociado a la transparencia en la gestión económica y de proximidad a la comunidad, haya encontrado un «retorno» considerable en amplios sectores.

A modo de cierre

En función de los objetivos que nos propusimos y las respuestas logradas a los interrogantes planteados, hemos podido constatar que durante los dos primeros años de la gestión del intendente Cesar Luis Rey Leyes y su secretario de gobierno, Luis Alberto Mauri, se llevó a cabo el reordenamiento y la “«depuración» interna de la Municipalidad con los argumentos de lograr el «saneamiento», la «idoneidad» y la «eficiencia». Para ello se utilizó una ordenanza que adhería a la Ley provincial 7859 y esta, a la vez, a la Ley nacional 21274 por la que se establecía la prescindibilidad de los agentes estatales. Con esos instrumentos normativos se practicaron las bajas y las cesantías que se creyeron convenientes y, en el contexto de la situación general, se produjeron renuncias. Las medidas adoptadas también funcionaron como mecanismo de disciplinamiento para quienes siguieron como empleados municipales.

Con el objeto de lograr adhesión y apoyo social a la gestión municipal se adoptaron varias estrategias. El desarrollo de la obra pública jugó un papel central, orientándosela hacia el radio «céntrico» de la ciudad y hacia aquellos lugares visibles para la sociedad, tales como la pavimentación de algunas calles troncales, la ampliación de la red de agua potable, la construcción un sistema de desagües cloacales, edificios escolares, la costanera y la remodelación y construcción de plazas, entre otras obras. La obra pública fue concebida como el medio para generar consenso en torno a la gestión de gobierno y su legitimación. En relación con ello los medios periodísticos jugaron un papel muy importante, pues a través de la comunicación que posibilitaban se transmitía el discurso oficial con el que se proponían promover la aceptabilidad y la adhesión al gobierno. Cabe tener en cuenta que las empresas periodistas y quienes trabajaban en ellas debieron hacerlo en el marco de la política restrictiva y autoritaria que la dictadura impuso, por lo que la censura y la autocensura estuvo presente. No obstante, como hemos podido observar, no estuvieron ausentes en la información los reclamos y las oposiciones que algunas instituciones y grupos de vecinos expresaron para con el gobierno.

De acuerdo con Paula Canelo (2015), el régimen militar consideró a los municipios como un medio para el control territorial y poblacional, proyectándolos como espacios en donde debía desarrollarse una «“ciudadanía municipal” apolítica y de alcance local», pues se pretendía que de allí surgiera una nueva dirigencia. No obstante, durante 1976 y 1978 las vecinales y los vecinalistas demostraron actitudes de distanciamiento del gobierno municipal y varias fueron intervenidas con diferentes justificaciones. Como ya se ha señalado, en ese contexto la prensa puso en evidencia situaciones de descontento y rechazo expresados por algunas comisiones vecinales y vecinos de determinados barrios, ya sea por decisiones tomadas por la municipalidad o por la falta de acción en algunos lugares. De todas maneras, las actitudes sociales no expresaron un cuestionamiento profundo al régimen, aunque sí un desafío que debieron enfrentar.

Siguiendo las directivas que llegaban desde la cúspide del gobierno dictatorial, desde 1978 la gestión municipal buscó el diálogo y la participación de la vecinales en sus iniciativas con el objeto de ampliar las bases de apoyo social. El «Plan trienal» que se implementó para el período 1979–1981 contempló obras en diferentes barrios, posibilitando un importante acercamiento a las vecinales. Esto no solo fue logrando una mayor inclusión y participación de esas instituciones, sino también de los cooperadores escolares y docentes a través de las entregas del FAE y las aproximaciones que ello posibilita. Además, la conformación de la Comisión de Festejos que comenzó a funcionar en 1979 hizo partícipes de forma activa y pública a representantes de diversas instituciones santotomesinas en eventos organizados desde la municipalidad.

Las políticas implementadas a partir del año 1979 funcionaron como estrategias de cooptación de dirigentes vecinales, cooperadores, docentes y representantes de otras organizaciones de la ciudad, constituyendo un entramado socio–institucional legitimador del accionar de los representantes del poder dictatorial a nivel local. Las iniciativas puestas en práctica fueron difundidas a través de los medios periodísticos en las condiciones que ya hemos descripto, lo que permitió que la acción municipal ganara más adhesiones y apoyos. Tal como hemos señalado en la parte final del desarrollo, es posible considerar que la apelación a la eficiencia, la transparencia, la realización de obras públicas y la participación de la «comunidad», haya encontrado aceptación y reconocimiento en una parte significativa de la sociedad santotomesina. El grado de apoyo obtenido por las gestiones encabezadas por César Luis Rey Leyes y Luis Alberto Mauri puede haber sido la resultante de la conjunción de las expectativas generadas por el proyecto dictatorial y las de desarrollo municipal, al menos por una parte de la población. Quizás esta sea una de las razones que explican que el nombre de Rey Leyes haya sido propuesto por un grupo de vecinos en el año 2011 para denominar a la nueva costanera que se acababa de construir, aunque cabe aclarar que la misma no logró tener éxito.

Referencias bibliográficas

Águila, G. (2006). Represión, consenso y disciplinamiento social. En G. Águila (Comp.). De los cordones industriales a la integración del eje Mercosur (1940–2005), (pp.65–81). Prohistoria–Diario La Capital.

Águila, G. (2008). Dictadura, represión y sociedad en Rosario, 1976/1983. Un estudio sobre la represión y los comportamientos y actitudes sociales en dictadura. Prometeo.

Águila, G. (2015). «Violencia política, represión y actitudes sociales en la historia argentina reciente». Ponencia en Pensar con la Historia desde el siglo XXI. XII Congreso de la Asociación de Historia Contemporánea. UAM, Madrid.

Águila G. (2019). El régimen militar entre la represión y el consenso. Intendencia del Capitán Cristiani y las asociaciones vecinales, Rosario 1976–1981. En Anuario IEHS 34 (1), 123–144.

Ballester, G. (2014). Asociativismo y poder local: El caso de la Asociación Italiana de Ayuda y Socorros Mutuos Fraternidad y Unión en General Sarmiento durante la última dictadura Argentina (1976–1983). Anuario digital de la Escuela de Historia, (26), 264–282.

Bianco, D. y Brandolini, C. (2012). Activación y difusión de memorias locales. Memorias del mundo del trabajo. Industrias automotrices en las cercanías de Santo Tomé. Dirección de Cultura y Educación, Municipalidad de Santo Tomé.

Borrelli, M. (2011). Voces y silencios: La prensa argentina durante la dictadura militar (1976–1983). Perspectivas de la Comunicación. .(1), 24–41. file:///C:/Users/Usuario/Downloads/Dialnet–VocesYSilencios–3750384%20(1).pdf

Canelo, P. (2015). La importancia del nivel municipal para la última dictadura militar argentina. Un estudio a través de sus documentos reservados y secretos (1976–1983). Historia, II(48), 405–435.

Canelo, P. y Kryskowski, J. (2021). «Una nueva clase dirigente». Los intendentes bonaerenses durante el Proceso de Reorganización Nacional en Argentina. En Íconos. Revista de Ciencias Sociales, (71), 195–212.

Gomes, G. (2011). El Onganiato y los sectores populares: funcionarios, ideas y políticas de la Secretaría de Estado de Promoción y Asistencia a la Comunidad (1966–1970). Anuario del Centro de Estudios Históricos «Prof. Carlos S. A. Segreti», (11), 279–302. https://doi.org/10.52885/2683–9164.v0.n11.23032

Gonzalez Bombal, I. (2015). La cría del Proceso. Política local en el conurbano durante la dictadura militar. En G. Kessler (Dir.) El gran Buenos Aires. (pp.343–364). Gonnet: Unipe/Edhasa.

Lastra M. S. (2007). Actitudes sociales frente a la última dictadura militar en Argentina: Reflexiones y debates [Tesis de grado, Universidad Nacional de La Plata] http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/tesis/te.474/te.474.pdf

Luciani, L. (2009). Actitudes y comportamientos sociales durante la última dictadura militar en Argentina (1976–1983). Algunas consideraciones respecto de cómo analizar la compleja trama entre régimen y sociedad. Naveg@mérica, (3), 1–21. http://revistas.um.es/navegamerica/article/view/74991

Lvovich D. (2006). Dictadura y consenso ¿Qué podemos saber? Puentes, 6(17), 41–45.

Lvovich, D. (2008). Actitudes sociales y dictaduras: las historiografías española y argentina en perspectiva comparada. Revista Páginas, 1(1), 29 –49. https://doi.org/10.35305/rp.v1i1.149

Lvovich, D. (2009). Sistema político y actitudes sociales en la legitimación de la dictadura militar argentina (1976–1983). Ayer, Revista de historia contemporánea, 75, 275–299. https://revistaayer.com/sites/default/files/articulos/75–8–Ayer75_OfensivaCulturalNorteamericanaGuerraFria_Ni%C3%B1o.pdf

Lvovich, D. (2010). Burócratas, amigos, ideólogos y vecinalistas: el reclutamiento de funcionarios municipales de Morón durante la Dictadura Militar (1976–1983). En E. Bohoslavsky y G. Soprano (Eds.). Un Estado con rostro humano. Funcionarios e instituciones estatales en Argentina (desde 1880 a la actualidad) (pp.411–430). Prometeo.

Pisarello, M. V. (2005). La ilusión democrática desde El Litoral. Representaciones de la acción social e institucional en Santa Fe 1983–1987. Segundas Jornadas de Historia e Integración Cultural del Cono Sur, Entre Ríos, Argentina, 15–16 de octubre.

Ponisio, M. (2016a). La capilaridad del gobierno militar durante la última dictadura (1976–1983). Un abordaje de caso desde el nivel de las agencias estatales comunales de la provincia de Santa Fe. Historia Regional, (35), 7–18. https://historiaregional.org/ojs/index.php/historiaregional/article/view/102

Ponisio, M. (2016b). Las leyes de prescindibilidad en los gobiernos locales de la provincia de Santa Fe durante la última dictadura (1976–1983). Antecedentes y particularidades en su aplicación a partir de un estudio de caso. En Revista de Historia, (17), 202–224. https://revele.uncoma.edu.ar/index.php/historia/article/view/1339/pdf

Scatizza, P. (2008). La mitificación del sujeto manifestante. Representaciones de los conflictos sociales en la prensa escrita de Río Negro y Neuquén. Revista de Historia, (11), 177–192. https://revele.uncoma.edu.ar/index.php/historia/article/view/201

Notas

Notas de autor