Consideraciones iniciales

Desde que los exilios políticos se masificaron en el contexto de las guerras mundiales, el ascenso de los regímenes nazi-fascistas en Europa y con la instauración de las dictaduras militares de la Doctrina de la Seguridad Nacional en el Cono Sur, determinar cuántos ciudadanos y habitantes saltaron las fronteras territoriales de sus países de nacimiento/residencia como consecuencia de la violencia no solo ha planteado desafíos de orden práctico para gobiernos y agencias humanitarias en la urgencia de la coyuntura emigratoria, sino otros de orden jurídico, memorial y hasta cognoscitivo de más largo plazo.

De hecho, todas las investigaciones, que han intentado dar sustento empírico a la pregunta de cuántas personas se exiliaron durante el siglo XX en circunstancias históricas excepcionales de violencia extrema, coinciden en señalar la dificultad de aportar cifras concluyentes sustentadas en pruebas irrefutables (Rubio, 1996; Groppo, 2002; Yankelevich y Jensen, 2007). Dificultad que si en parte remite a cuestiones de orden analítico (identificar en cada caso quiénes fueron reconocidos o pueden ser identificados como exiliados políticos) y/o metodológico (acceso a fuentes y archivos para la reconstrucción de trayectorias personales de exilio y para la determinación de la magnitud global del fenómeno), en no menor medida guarda relación con cuestiones de orden fáctico y situado.

Me refiero a las singularidades que asumió en cada contexto histórico-político el proceso exiliar: a. la diversidad de formas de salida al exilio: huidas, expulsiones, “opciones”, asilos diplomáticos, exilios de hecho o de derecho, exilios organizados institucionalmente o producto de decisiones individuales, familiares o grupales, exilios preventivos o exilios colofón de otras prácticas/dispositivos represivos; b. la peculiaridad de la cronología o timing exiliar: exilios riadas en pocos días o semanas y exilios goteos que se prolongan a lo largo de años, con coyunturas de mayor o menor concentración de salidas en función de la selección de oponentes, la intensidad y extensión de la represión y su despliegue territorial, o la estrategia de repliegue planteada por actores políticos, militares o sindicales perseguidos; c. la espacialidad de las salidas al exilio: salida masiva por puntos reconocibles de la frontera territorial del país de origen de los huidos o multiplicidad de rutas, medios de transporte y estrategias de escape legales, clandestinas, visibles o camufladas; d. el perfil y/o condición política del exiliado: tipo de militancia, compromiso, nivel de responsabilidad, significación pública, pero también el modo en que las huidas/expulsiones fueron concebidas (por los protagonistas del proceso: exiliados y poder exiliar) o significadas ex post sea como dispositivo represivo, sea como una consecuencia de la represión, sea como una alternativa de la militancia y/o de la representación política o político-institucional del afectado.

Más allá de las dificultades de orden fáctico, analítico o metodológico a la hora de cuantificar los exilios políticos del siglo XX, no resulta trivial preguntarse si detrás de la “masividad” atribuida a esos fenómenos, las diferentes sociedades productoras de exilios y sus historiografías han aludido al mismo problema.

En principio, reconocer la “masividad” de los exilios de mediados/fines del siglo XX en Latinoamérica ha implicado situarlos en una historia de más largo plazo que posiciona los fenómenos recientes de emigración política en relación con sus precedentes en las historias nacionales e incluso en la historia previa a la constitución de los actuales estados. Genealogía que permite mostrar que la cimentación de esferas público-políticas ampliadas convirtieron un mecanismo de exclusión institucional de resolución de luchas facciosas y de uso restringido para integrantes de las elites político-militares e intelectuales, en el destino de amplios conjuntos de individuos o grupos que bajo determinados regímenes y circunstancias fueron convertidos en elementos disruptivos y plausibles de ser excluidos de la comunidad política y nacional. Para Sznajder y Roniger (2013), fue en el contexto de movilización masiva y radicalización de los sectores medios y populares en la Latinoamérica de la Guerra Fría que el exilio engrosó sus filas hasta convertirse en un fenómeno masivo que tuvo como protagonistas no solo a dirigentes y militantes políticos, sino también a activistas sindicales, humanitarios, barriales o religiosos; a intelectuales, artistas, profesionales y estudiantes; y a personas con escasa o nula participación o significación público-política, incluyendo amigos, compañeros de trabajo y familiares de los represaliados (p. 178).

En tal sentido, si por un lado la historiografía ha hablado de “masividad” asociándola a la “democratización” del exilio en contextos de violencia extrema y de represión estatal planificada, sistemática y generalizada; también lo ha hecho para mostrar que en el siglo XX los exilios políticos afectaron a todas las clases sociales –incluyendo sectores populares, trabajadores no calificados y obreros–, a todas las generaciones y géneros –las políticamente activas, pero también ancianos, niños y mujeres–, y a población con residencia en grandes y pequeñas ciudades e incluso en zonas rurales. Sin embargo, en no todos los procesos exiliares del pasado reciente podemos constatar “masividad” por referencia a transversalidad socio-demográfica e incluso geográfica. Como ha señalado buena parte de la historiografía exiliar (Jensen, 1998: 47-64; Yankelevich y Jensen, 2007, p. 246; Franco, 2008, pp. 40-41, Yankelevich, 2010, pp. 23-49), las principales colonias del destierro de los años setenta estaban constituidas por una emigración de adultos jóvenes, pertenecientes a sectores medios urbanos y con elevados niveles de escolarización. Si bien esta situación resulta coherente con el hecho de que los sectores medios (estudiantes universitarios, docentes, periodistas, artistas y profesionales) fueron protagonistas centrales del proceso de activación social y radicalización política que atravesó el país tras el “Cordobazo” y se convirtieron por ello en blancos represivos prioritarios, la escasa representatividad de obreros y trabajadores no calificados en el exilio argentino en contraste con su sobrerrepresentación en las cifras de “desaparecidos” (30,2 %, CONADEP, 1984, p. 294) obliga a matizar la “masividad” del exilio entendida como “transversalidad” en términos de clase.

Existen otros dos significados de “masividad” que el sentido común y las investigaciones sociales asocian a las experiencias de destierro del pasado reciente del Cono Sur. El primero, el que liga “masividad” a dispersión geográfica. Lo que distancia las experiencias exiliares de las dictaduras de la Doctrina de la Seguridad Nacional de los exilios-retaguardia en los países limítrofes que habían sido una constante de la historia del subcontinente desde tiempos de la independencia de España hasta bien avanzado el siglo XX. Así la persecución sistemática del “enemigo subversivo” en el contexto de la Guerra Fría y la coordinación represiva regional en el marco de la “Operación Cóndor”, transformó las retiradas estratégicas para el reagrupamiento de fuerzas político-militares en auténticas diásporas que atravesaron países y continentes. En este sentido, no ha sido raro el uso del adjetivo “masivo” para referirse antes a la extensión geográfica de las colonias exiliares y la diversidad de “tierras de acogida” (Dutrénit Bielous, 2008, pp. 31-33) que a la democratización del exilio por amplificación del universo de afectados en términos sociales, políticos, culturales, generacionales o de género (Dutrénit Bielous, 2006, p. 6). El segundo, el que referencia la “masividad” del exilio a su representatividad sobre la población total del país de origen de los desterrados. En tal sentido, procesos paradigmáticos de la historia exiliar del pasado reciente del mundo hispano-atlántico han quedado asociados a cifras abrumadoras que elevan la magnitud de exilios como el chileno, el uruguayo o el argentino de los años 1970 a casi el 10% de la población total de esos países.^[1]

Este trabajo historiza las disputas por las cifras del exilio de la última dictadura militar argentina, identificando diferentes escenarios políticos, judiciales y memoriales entre 1976 y la actualidad, que permiten al mismo tiempo reconocer una variedad de narrativas en pugna acerca de las causas y motivaciones de la expatriación de ciudadanos y habitantes de la Argentina de los años setenta, como una pluralidad de usos de la magnitud de ese peculiar drenaje poblacional por parte de los gobiernos argentinos y los poderes del Estado, las organizaciones internacionales humanitarias, los medios de comunicación.

En este contexto, intenta reconstruir quiénes agitaron qué cifras, con qué intereses y en qué contextos, de cara a reconocer que en la constitución del drenaje poblacional de los años setenta como un “problema” de la agenda público-política y eventualmente en la “alarma” (“índice de genocidio”, “exportación de talentos”, “pérdida poblacional”, “impunidad”, etc.) por su magnitud (“masividad”); diferentes actores sociales y políticos vienen poniendo en juego una diversidad de narrativas identitarias, humanitarias y políticas que en su heterogeneidad y conflicto, permiten comprender tanto los modos en que el dispositivo exiliar articuló con otras modalidades represivas bajo imperio del terrorismo de Estado (1974-1983), como su peculiar inscripción en las políticas de “Verdad, Justicia y Memoria” de los gobiernos democráticos desde Raúl Alfonsín al presente.

El trabajo está organizado en tres apartados. El primero explora la disputa en torno a cuántos nacionales y extranjeros estaban saliendo del país y las razones de su partida en el contexto más álgido de la confrontación del gobierno militar contra la denominada “campaña antiargentina”, impulsada por exiliados y organizaciones solidarias de ámbito local, nacional o transnacional. La segunda retoma el problema de cuántos y quiénes se exiliaron por razones políticas durante la transición democrática y en el contexto de publicación del Nunca Más y el Juicio a las Juntas Militares, cuando ciertos sectores de la sociedad civil y algunos actores estatales evaluaban la necesidad de implementar políticas concretas para facilitar el retorno y reintegración social de los “argentinos en el exterior”. La tercera atiende a la reactualización del problema del exilio y su magnitud desde la coyuntura de discusión del proyecto de ley de reparación a los exiliados políticos (1998) y con los primeros fallos de la Corte Suprema de Justicia a favor de los desterrados, y en diversos escenarios en los que la cuestión de cuántos se exiliaron entre 1974 y 1983 ha vuelto a poner en debate tanto su condición de víctima del terrorismo de Estado, como su estatuto de práctica represiva/consecuencia de la violencia estatal.

El uso polémico de las cifras de la expatriación en la contemporaneidad dictatorial. Los exiliados, la imagen exterior del gobierno militar y la denuncia de la “tragedia humanitaria”

Si en los últimos años la historiografía ha realizado enormes avances en la reconstrucción pormenorizada de las prácticas denuncialistas promovidas por los exiliados argentinos tanto al interior de las esferas públicas de sus países de residencia, como ante foros internacionales y organizaciones humanitarias transnacionales; aún queda mucho por explorar no solo acerca del modo en que se fueron construyendo las cifras de represaliados del terrorismo de Estado (detenidos-desaparecidos, presos, muertos, exiliados), sino también sobre la instrumentalización de esas cifras en coyunturas concretas de una confrontación que para los exiliados implicó trabajar contrarreloj para desvelar “la gravedad del cuadro de violaciones a derechos y libertades fundamentales que se estaban perpetrando en la Argentina” (El País, 22/2/1977); y, para el régimen castrense, desarticular las que calificó como “patrañas” impulsadas por los “terroristas huidos” del país y sus “adláteres”^[2] que “manipulaban los derechos humanos para atacar a la Argentina” (Gente, Buenos Aires, nro. 670, 25/5/1978).

En el dificultoso camino hacia la instalación de la “cuestión argentina” en la esfera pública internacional, la exposición de las cifras de la “acción represiva y asesina” del Estado argentino –cuyo “balance trágico”, según la Comisión Argentina por los Derechos Humanos (CADHU), mostraba “caracteres genocidas” (El País, 22/2/1977)– resultó central no solo para conquistar voluntades de gobiernos, organismos internacionales, dirigencias políticas y sindicales de los diferentes países y organizaciones humanitarias de ámbito local o transnacional, que fueron parte de los círculos de la solidaridad concreta hacia las víctimas directas y sus familiares; sino en la producción de un creciente número de condenas internacionales que hacia el mediodía del “Proceso de Reorganización Nacional” (1979-1981) resultaron fundamentales si no en la puesta en jaque de la política represiva (“guerra antisubversiva”), como mínimo en la modificación de ciertas prácticas y discursos con los que el gobierno militar buscaba ampliar/recuperar sus bases sociales internas y sobre todo blanquear su imagen internacional.

En los meses que siguieron al golpe, los exiliados se ocuparon no solo de denunciar el horror de unas “cifras pavorosas por tratarse de seres humanos” (2.300 muertos, 10.000 prisioneros políticos y entre 20.0000 y 30.000 desaparecidos),^[3] sino de señalar que detrás de una “tragedia” de tal magnitud solo podía estar un “aparato estatal militarizado y estructurado capaz de provocar tantas víctimas en tan poco tiempo” (El País, 22/2/1977). Y no como argumentaba el gobierno de Videla, simples “grupos de incontrolados” que escapaban de la égida del Estado, o las “bandas de terroristas” que seguían operando en el país o que habían huido al exterior.

¿Qué lugar ocuparon las cifras de exiliados en las tempranas denuncias sobre las “graves, generalizadas y sistemáticas violaciones de los derechos y libertades fundamentales” que buscaban romper el silencio y la negación oficial?, ¿quiénes eran esos que las organizaciones del destierro argentino y los sectores solidarios identificaban como “exiliados o refugiados”, y a los que la Junta Militar calificaba como “subversivos derrotados”? Y finalmente, ¿cómo, o al servicio de qué fines o intereses, fueron usadas en coyunturas álgidas de la “campaña antiargentina” las cifras de la expatriación?

Entre septiembre de 1976 y marzo de 1977, un conjunto de denuncias de autoría, legitimidad y ámbitos de circulación diversos instalaron las primeas cifras sobre “refugiados y asilados”, cuya situación de vulnerabilidad y su sometimiento a violencia sistemática y extrema por parte de las fuerzas militares y seguridad argentinas (detenciones, asesinatos, torturas, entrega compulsiva a sus países de origen) no solo desnudaban la verdadera naturaleza violenta del gobierno castrense que ocupó el poder el 24 de marzo de 1976, sino que ponían en evidencia la eficacia de la coordinación represiva entre las dictaduras del Cono Sur, al tiempo que configuraban el cuadro de violaciones a los Derechos Humanos (DDHH) que vivía el país como un “crimen internacional”. Un evento que excedía el conflicto entre nacionales y que por lo mismo constituía “un incalificable desafío al mundo civilizado” (CADHU, 2014, p. 172) que no podía alegar desconocer la magnitud del menosprecio a los derechos y libertades fundamentales, en particular el sufrido por entre “15.000” (Archivo Nacional de la Memoria, 2020) y “18.000 refugiados de países vecinos” que residían en el país.^[4] En este punto, señalar la magnitud del problema de los refugiados chilenos, uruguayos, bolivianos, brasileños y también paraguayos residentes en la Argentina fue un recurso orientado a movilizar a gobiernos, agencias internacionales y no gubernamentales, tanto laicas como religiosas para la evacuación de aquellos que más allá de su estatus migratorio (residentes temporarios o permanentes, refugiados bajo protección del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), asilados territoriales o migrantes y trabajadores documentados o indocumentados) tenían su vida, libertad o integridad en peligro bajo un régimen que terminó por convertir en sinónimas las palabras “extranjero” y “subversivo” (Amnistía Internacional, 1977, p. 56).

Ahora bien, la temprana visibilización de la dimensión del problema de los “refugiados” (latinoamericanos) fue la contracara de la dificultad que enfrentaron los exiliados argentinos para mostrar que el gobierno militar vulneraba no solo el derecho constitucional de los ciudadanos de “entrar, permanecer, transitar y salir de territorio nacional” (Artículo 14), sino todo un conjunto de tratados humanitarios internacionales de los que Argentina era signataria.

De hecho, la Junta Militar operó en torno al problema de refugiados y exiliados de dos formas. En primer lugar, negando la existencia de exiliados (perseguidos políticos). Y en segundo lugar, asimilando a los “pretendidos exiliados” con los “terroristas argentinos derrotados”, que vivían en forma clandestina en el exterior. “Minoría subversiva” que alimentaba las “usinas” de la “prédica malintencionada contra el país” (Gente, Buenos Aires, nro. 738, 10/9/1979) y cuyos nombres eventualmente servían para engrosar la “ficción” de los “desaparecidos” (Junta Militar, 1980, p. 71).

Recordemos que en contraste con la “barbarie primitivista del régimen de Pinochet”, el gobierno militar argentino no solo privilegió la “sofisticación represiva” –desaparición forzada de personas y Centros Clandestinos de Detención y Exterminio-,^[5] sino que se encargó de mostrarle al mundo que, a diferencia de otros países de la región, aquí ni las embajadas ni los consulados de terceros países fueron invadidos por personas que buscaban protección. Del mismo modo, argumentó ante los foros internacionales que en Argentina no existía pena de destierro o expulsión, ni tampoco listas oficiales que prohibieran el reingreso de los huidos. En todo caso, si ciertos ciudadanos habían salido del país lo habían hecho/hacían libremente, sea por tratarse de presos políticos ejerciendo el derecho constitucional a salir del país en vigencia el Estado de sitio (“opción”) (La Nación, Buenos Aires, 18/9/1979); sea porque en su condición de “talentos” o “cerebros” fueron seducidos por los países centrales que ofrecían mejores condiciones para el desarrollo científico o profesional (Gente, nro. 659, 8/3/1978).

Frente a esta estrategia comunicacional de “verdades a medias”,^[6] para los expatriados magnificar la dimensión del problema de “refugiados y exiliados” –incluyendo argentinos nativos o naturalizados y extranjeros que habían llegado al país buscando protección con la sucesión de golpes de Estado en la región– operó como antídoto frente a la negación, la criminalización y la subestimación oficial.

Así mientras eventos de naturaleza disímil ponían la situación humanitaria en el centro de la atención internacional^[7] y el gobierno militar denunciaba que la nación sufría la “virulencia de la campaña anatiargentina” (Gente, nro. 670, 25/5/1978), los exiliados se esforzaron por colocar su experiencia de expatriación a la altura de sus homólogas de la región. Fue entonces cuando comenzaron a agitar cifras que oscilaban entre los centenares de miles^[8] y el millón o varios millones de nacionales desterrados.^[9] Cifras que si por un lado contribuían a reforzar la pintura de las “atrocidades” que perpetraba el Estado terrorista–incluyendo al exilio como “castigo político”, “forma de la represión” o “consecuencia de la represión”, con sus implicancias psicológicas, sociales, económicas, culturales y políticas-;^[10] por el otro, reforzaban la legitimidad de los denunciantes que, lejos de la imagen castrense de “minoría subversiva en desbandada” que inventaba “patrañas” sobre el país (Gente, nro. 661, 23/3/1978), se constituían en la “resistencia exterior organizada y masiva” (Cada voz, Tel Aviv, marzo 1978, p. 3).

Si el régimen militar negaba, desfiguraba o minimizaba la existencia de perseguidos políticos, no ocurría lo mismo –como vimos– con el “éxodo de cerebros” o la “fuga de talentos” que, en vísperas del Mundial de Fútbol, se había convertido en un tema de debate público que llenó las páginas de la prensa,^[11] con visiones que iban desde la “alarma” al “orgullo patriótico”; y desde la simple constatación de que “de pronto el país se quedó sin medio millón de argentinos que decidieron viajar al exterior” (Resumen de Actualidad Argentina, Madrid, nro. 32, 17/11/1980, p. 15), hasta la denuncia de la “sangría poblacional” que vivía el país. Evento dramático con ribetes de “verdadera diáspora” que no siempre reconocía la misma dimensión cuantitativa, las mismas causas, ni los mismos protagonistas.

Mientras la Junta Militar daba pasos hacia el “nuevo tiempo político”, y acusando recibido de la acumulación de condenas de la comunidad internacional, ensayaba mecanismos para “cerrar legalmente” el “problema de los desaparecidos”,^[12] la publicación de los resultados de la Encuesta^[13] del Comité de Estímulo a los Universitarios Argentinos en el Exterior (CEUAE)^[14] soldaba la cuestión de la emigración argentina a la “escalofriante” cifra de los “2 millones”.

Si el CEUAE pretendía dotar de fundamento empírico a la “alarmante sangría poblacional” expresada en las “colas de argentinos frente a los consulados extranjeros” (Clarín, Buenos Aires 6/9/1981), y revelaba que esos entre “1.700.000 y 2.125.000 nacionales” (Zucotti, 1987, p. 66) que vivían fuera del país ya no eran solo “profesionales, técnicos, expertos, científicos y mano de obra calificada”, sino amplios sectores de la población (Zucotti, 1987, p. 51); el gobierno militar utilizaba la Encuesta para ratificar tres ideas-fuerza de su narrativa emigratoria: 1. que los argentinos que vivían fuera del país emigraron libremente y por su propia voluntad, aunque condicionados por las recurrentes crisis económicas, la inestabilidad política, el desgobierno y la “violencia subversiva”; 2. que dentro de esa “sangría poblacional” preocupaba especialmente la “evasión de cerebros” porque –como señalara Otaño Sahores– “la soberanía de un país se defiende hoy más por los hombres inteligentes que lo gobiernen que, como en otras épocas, por el número de cañones, de soldados y caballería o de infantería que posea. Cuantos más hombres inteligentes posee un país” (Gente, nro. 659, 8/3/1978, p. 47); y 3. que más allá de lo que denunciaban aquellos sectores del mundo occidental que se habían apropiado de los DDHH, los llamados “exiliados políticos” eran apenas una “minoría ruidosa”^[15] que desde sus “usinas” en España y Francia centralizaban la “campaña internacional contra el régimen militar” montando “una verdadera red publicitaria internacional, cuyo origen y fondos no es el caso comentar” (Zucotti, 1987, p. 97).

Mientras que los promotores de la Encuesta reclamaban a Videla revertir la histórica “indiferencia” gubernamental frente a la “sangría poblacional” y le exigían política activas de “recuperación” de “profesionales y técnicos” y un llamado más amplio al retorno de argentinos comunes que pudieran servir al poblamiento de “espacios vacíos”;^[16] el exilio se hizo eco de la Encuesta, se apropió de sus “cifras escalofriantes” y compartió el estado de “alarma” de sus promotores y hasta habló del “peligro de exportar argentinos” (Resumen de Actualidad Argentina, nro. 35, 23/12/1980, p. 32). Sin embargo, historizó el proceso emigratorio en otra clave: la violencia estatal como denominador común de un movimiento masivo de población y la persecución política como causa de los centenares de miles de huidas y expulsiones. Y alertó a sus connacionales en el exterior y a los sectores solidarios de la comunidad internacional, sobre la “discreta campaña” pro-retorno lanzada por la diplomacia dictatorial que coincidía con la “ofensiva no tan discreta y menos personalizada en cuanto al objetivo, iniciada desde la Argentina por medio de organizaciones privadas^[17] (Resumen de Actualidad Argentina, nro. 25, 2/5/1980, p. 1).

Las cifras millonarias de “argentinos en el exterior” que el CEUAE contribuyó a instalar en la arena pública nacional e internacional a principios de la década del 1980 desafiaron a los exiliados de modo contradictorio. Por una parte, el peso cuantitativo de la diáspora que la Encuesta sancionó, le sirvió para reforzar su cuestionamiento al silencio oficial sobre el “exilio forzoso y masivo”,^[18] y también para denunciar la indiferencia de una sociedad que había dejado que marcharan centenares de miles de connacionales, “sin contar los 30 mil argentinos que se esfumaron” (Resumen de Actualidad Argentina, nro. 32, 17/11/1980, p. 15). Pero, por otra parte, creyeron que la iniciativa del CEUAE surgía en un momento en que la dictadura no solo buscaba mejorar su “imagen exterior” recurriendo a “llamados selectivos” al retorno de “los argentinos en el exterior”, sino que pretendía minar la potencia denuncialista del exilio, quitándole potencia demográfica. Para el Club para la Recuperación de la Democracia de Madrid, se trataba de una estrategia doblemente perversa tendiente a “vaciar el agua de la pecera” (Resumen de Actualidad Argentina, nro. 25, 2/5/1980, p. 25). En este contexto, los sectores más politizados del exilio advirtieron que los representantes diplomáticos de la dictadura manipulaban sentimientos de nostalgia, culpa, desarraigo o pérdida de los expatriados, intentando seducirlos con “promesas de no ser molestados, de buenos ingresos, de recuperación del status” si regresaban al país. Al mismo tiempo, denunciaban que esas “invitaciones oficiales” y “selectivas” a retornar se sucedían “mientras el terrorismo de estado continua[ba] ejerciéndose con total impunidad contra todo intento de reorganización de las fuerzas populares o como prevención ante simples estados de opinión contrarios a la dictadura” (Resumen de Actualidad Argentina, nro. 25, 2/5/1980, p. 26). De este modo, alertaban a sus compatriotas que el precio a pagar en el retorno era desde el “no meterse” hasta “el reportaje periodístico en el que el recién vuelto tiene oportunidad de decir que la Argentina es el mejor país del mundo y que nunca debió haberse ido” (26). Frente a estos “intentos de manipulación” dirigidos tanto “al pueblo argentino, a los antiguos compañeros de exilio y a la comunidad internacional”, los exiliados nucleados en el Club de Madrid se afirmaban en la necesidad de continuar la política de denuncia y aislamiento internacional, exigiendo “la aparición con vida y la libertad de todos los desaparecidos y la liberación de los presos sin exclusiones” (Resumen de Actualidad Argentina, nro. 25, 2/5/1980, p. 26).

Al mismo tiempo, las cifras de la Encuesta fueron utilizadas por el exilio para tensionar uno de los relatos fundantes de la argentinidad y para volver a denunciar al gobierno militar como único responsable de la decadencia nacional y de la tragedia humanitaria que vivía el país. Como señalaba César Fernández Moreno desde las páginas de Temps Modernes, Argentina se había convertido en un “país de desinmigración”^[19] como consecuencia del “terrorismo de estado”. A juicio del escritor, la Argentina estaba viendo cómo los descendientes de aquella inmigración no deseada por la oligarquía gobernante en 1880 –“la pacífica invasión de gallegos, napolitanos, árabes y judíos”– era forzada por las FFAA en el poder a

la sumisión más absoluta: cuando no son asesinados o desaparecidos, son reducidos a la impotencia, a la miseria. El ideal perseguido por los que gobiernan en este momento es reducirlos a la nada, borrarlos, remontar el tiempo para restituir la historia argentina a esa época en la cual los antepasados inmigrantes no deseados no habían llegado todavía al país (Fernández Moreno, 2011, p. 42).

El uso político de las cifras de “argentinos en el exterior” en la temprana transición: ¿recuperar recursos altamente calificados o asistir a los exiliados/retornados políticos?

La potencia de los “2 millones” y la versatilidad de su uso volvió a hacerse evidente mientras se desgranaban los retornos políticos al país (1982-1986). Retornos que instalaron con fuerza en la escena pública nacional, el problema de “los argentinos en el exterior” en general y del exilio político en particular, en coincidencia con la creación de la Oficina de Solidaridad con el Exilio Argentino (OSEA) (julio 1983) y de la Comisión Nacional para el Retorno de los Argentinos en el Exterior (CNRAE) (julio 1984).^[20]

En el primer trimestre de 1984, mientras OSEA administraba los fondos de organizaciones humanitarias gubernamentales y no gubernamentales internacionales que permitían la puesta en marcha de algunos programas de reasentamiento para los retornados políticos, su secretario Octavio Carsen incidía en el debate de las cifras, afirmando que “la dictadura militar instaurada en marzo de 1976 tuvo como consecuencia del accionar represivo más de 30.000 ‘desaparecidos’, miles de muertos y presos políticos y una emigración de 2 millones de argentinos, de los cuales tenemos un elevado porcentaje de exiliados políticos”.^[21]

Desde la óptica de OSEA, el exilio tenía una “dimensión cuantitativa” –se trataba de un fenómeno masivo en la historia migratoria del país (Reencuentro, Buenos Aires, nro. 8, marzo 1986, p. 8) y no de la “minoría ruidosa” de la que había hablado el CEUAE–; pero sobre todo una “dimensión política” que, en palabras de Augusto Comte, requería un abordaje diferente al de la “fuga de talentos” y al de la “emigración por razones económicas” (Reencuentro, Buenos Aires, nro. 1, noviembre 1984, p. 4). Siendo un problema “político” (porque sus protagonistas “se tuvieron que ir como consecuencia de la persecución política bajo el régimen militar”), OSEA reclamaba que la situación de los exiliados-retornados no fuera vista desde la lógica de la “recuperación de recursos humanos”^[22] (“retorno de talentos” o “repatriación de profesionales y técnicos”) que contribuirían “al desarrollo cultural, económico y científico del país”.^[23] Y en cambio abogaba por superar la descontextualización política del exilio, el aislamiento de la experiencia de los desterrados de las otras víctimas del terrorismo de Estado y su interpretación como “opción vital” e “individual” (Reencuentro, nro. 8, marzo 1986, p. 12).

En tal sentido, para OSEA, la “dimensión” del problema de los retornados políticos involucraba tanto la solución de sus problemas de documentación, trabajo, vivienda y educación de los hijos –problemas que solo en parte eran asimilables a los de otros “argentinos en el exterior” –, como un cambio de paradigma que permitiera comprender que la “represión estatal” fue “una sola”, que no existían “diferencias de grado entre sus víctimas”, y que el exilio no solo constituía per se una “violación a los DDHH”, sino que en muchos casos “pudo ser precedido por [otras] situaciones traumáticas como cárcel, cautiverio, pérdidas familiares, etc.”.^[24]

En una coyuntura en que la revisión del accionar represivo de las Juntas militares estaba en el centro de la escena público-política (Nunca Más, Juicio a las Juntas); el premio Nobel de Medicina de César Milstein reflotaba el tema de la “fuga de cerebros” y su impacto sobre la soberanía científico-tecnológica,^[25] y cuando salir del país volvía a ser la aspiración o el proyecto de miles de nacionales que agobiados por la situación económica buscaban nuevos rumbos; las estimaciones sobre la magnitud de la diáspora argentina en su conjunto y la pregunta por la masividad o no del exilio/retorno político se consolidaban como tema de preocupación y debate social.

Y tal como se había planteado durante el “PRN” no solo volvían a agitarse cifras tan distantes que iban desde millones de personas a varias decenas o centenares de miles (pero independientemente de la cifra, siempre con el propósito de mostrar la “masividad” del éxodo, cualquiera fuera el significado de “masividad”), sino que habitualmente esos guarismos no referían al mismo proceso emigratorio, ni reconocían los mismos sujetos, ni las mismas motivaciones y causas de expatriación. En unos casos hablaban de “argentinos residentes en el exterior desde 1955 a 1980/1983”. En otros de “profesionales, científicos y técnicos expatriados”, aquel movimiento de población que desde los años 1960 se asoció a la “fuga de cerebros”. Y, finalmente, a los “exiliados políticos”, esto es, aquellos que salieron del país desde 1974 como consecuencia de la violencia política paraestatal y estatal y en el contexto del terrorismo de Estado.

Si bien la publicación en 1987 de la Encuesta del CEUAE en formato libro reactualizó^[26] la cifra de los “2 millones de argentinos en el exterior” (el 9 % de la población del país), en los primeros años del gobierno de Alfonsín la dimensión cuantitativa de la expatriación quedó fijada entre las 250.000/350.000 y 500.000 personas para el periodo 1950-1983. Valores conjeturales obtenidos de la consulta de fuentes censales de los países receptores de la emigración, ante la dificultad de acceder a series estadísticas completas del Estado argentino, porque la Dirección Nacional de Migraciones dependiente del Ministerio del Interior había discontinuado el registro de entradas y salidas al país entre 1977 y 1981. Estas investigaciones llevadas adelante por académicos de reconocida trayectoria público-política (Lelio Mármora, Enrique Oteiza) también confirmaron que más allá de la dificultad de desagregar exiliados políticos y emigrantes económicos, entre 1974 y 1983 la cifra de argentinos que salieron por razones políticas no habría superado las 80.000 personas (Bertoncello y Lattes, 1987, Maletta et al, 1986, Lattes y Oteiza, 1985).

Estos guarismos de la expatriación argentina en general y sobre el exilio político en particular resultaban coherentes con aquellos que venían manejando las principales organizaciones humanitarias locales e internacionales. En particular aquellas que habían colaborado oportunamente con la evacuación de perseguidos y/o habían denunciado la violación por parte del Estado argentino del derecho a “entrar, permanecer, transitar y salir del territorio del país de nacimiento/residencia”, y que ahora colaboraban en la migración política de retorno.

Sin embargo, cabe recordar que, a principios de la década del 1980, una encuesta del Consejo Mundial de Iglesias había ponderado la cifra de “refugiados argentinos” en 235.000;^[27] mientras Amnistía Internacional responsabilizaba al régimen militar argentino de haber forzado a abandonar el país a “250.000 nacionales” (El País, 28/5/1981).

Por su parte, mientras el ACNUR asistía el retorno de los “refugiados”, estimaba que fueron entre “30.000” y “60.000” los argentinos que abandonaron el país por razones políticas entre 1974 y 1983 (Somos, 20/4/1984). Del mismo modo, cuando las organizaciones humanitarias argentinas articuladas en OSEA^[28] hacían balance de los diversos programas de ayuda al retorno que habían administrado, volvían a insistir en la dificultad de cuantificar un fenómeno demográfico opaco como el exilio político. Recuperando datos del Comité Intergubernamental para las Migraciones, estimaban que “existían alrededor de 40.000 argentinos residentes en el exterior por causas políticas”, y que “cerca de 20.000 regresaron al país”.^[29]

Pero el dificultoso maridaje entre emigración y cuantificación no se agotaba en el problema del dato duro, de la cifra definitiva o del guarismo estadísticamente fundado. En el debate social y político argentino persistía el problema de quién podía ser considerado un exiliado político y de cómo distinguirlo de aquellos otros nacionales que habían dejado el territorio nacional en los años setenta.

Quizás donde con mayor tensión se expresó el problema de las fronteras porosas entre las diferentes categorías emigratorias fue en el colectivo de los profesionales, universitarios, científicos y técnicos. Aquellos que los militares habían considerado el único habitante legítimo de la “Argentina exterior”, los “talentos perdidos” por culpa de la “violencia subversiva” (Fosbery, 1982: 66). Los que organizaciones exiliares como la CADHU habían incluido en sus denuncias ante la ONU, mostrando que tras el golpe de Estado “se ha[bía] producido una fuga de cerebros y universitarios que supera[ba] la cifra de 100.000 personas, exiliadas forzosamente del país dada la situación represiva existente” (El País, 9/3/1979). Y los que durante la transición fueron funcionales a las políticas oficiales de retorno. Políticas que si en ocasiones mostraban que esos profesionales y universitarios constituían el habitante promedio del exilio político;^[30] en la mayoría de los casos usaron la representación de la “fuga de talentos” para eludir la demonización que pesaba sobre el exiliado político. Sea por el amplio calado del discurso castrense del “subversivo huido y antiargentino”, sea por la reedición de su estigma en el marco de la “teoría de los dos demonios”.

En cualquier caso, cuando en la temprana transición, la prensa –aún aquella más comprometida con las luchas por la Verdad y Justicia– titulaba “Only 800,000 Argentine abroad” (Buenos Aires Herald, 6/7/1984), y cuando enfatizaba que “100.000 out of 800.000 emigrant are university proffesionals”; sus efectos eran ambiguos. De hecho, mientras una vasta porción de la sociedad argentina descubría a los exiliados (perseguidos) políticos, cristalizaban representaciones públicas que asociaban exilio a “privilegio” (de clase), alternativa para colectivos específicos (los “subversivos derrotados que disfrutaban en el exterior del dinero obtenido en su actividad delictiva) o a una opción libre y voluntaria de ciertos individuos. Lecturas que parecían olvidar que más allá de sus modalidades (expulsiones, exilios preventivos o del miedo, opciones, asilos, refugios, repatriaciones forzadas, expulsiones, retornos judicializados, etc.) y de sus habitantes (profesionales, artistas, científicos, obreros), los exilios solo podían dimensionarse como parte (dispositivo/consecuencia) de un proceso que conectaba con la violencia homicida, la desaparición forzada de personas, los Centros Clandestinos de Detención y Exterminio (CCDyE), la prisión política y otras formas de violencia (laboral, judicial, cultural) propiciadas por el Estado terrorista.

La reactualización de la disputa por las cifras y la condición de víctima del exiliado en el nuevo milenio. Usos judiciales en contexto de institucionalización de la memoria del terrorismo de Estado

Tras los masivos actos de conmemoración del 20° aniversario del golpe de Estado, mientras “la memoria de los setenta” recuperaba centralidad en la arena pública local y en varios países europeos se abrían causas judiciales contra militares argentinos acusados de violar sistemática y masivamente los DDHH y /o de reprimir ilegalmente a sus connacionales durante la última dictadura, el parlamento argentino encaraba el debate sobre la “reparación a los exiliados políticos”. Con este proyecto, Marcelo López Arias y un grupo de diputados^[31] pretendían “cerrar” el ciclo de leyes reparatorias a víctimas del terrorismo de Estado abierto por la ley 24.043/91^[32] y continuada por la 24.411/94 que otorga beneficios a familiares de detenidos-desaparecidos.^[33]

El proyecto surgía en un contexto de fuerte movilización de los ex exiliados en el país y en el mundo y tras la sentencia favorable de la Sala I de lo Contencioso-Administrativo del Fuero Federal de la ciudad de Buenos Aires que reconoció que la situación vivida por Alfredo Mario Bufano podía asimilarse a la de aquellos amparados por la ley 24.043, en tanto “su secuestro trajo aparejada una resistencia y como consecuencia la pérdida del derecho a permanecer, transitar y salir del país”.^[34]

Desde entonces y hasta hoy, toda vez que el proyecto ha sido fue revisado o reactualizado para el trámite legislativo, la sociedad ha debatido por un lado sobre cuántos exiliados políticos produjo la dictadura militar argentina; y por el otro, si los exiliados pueden considerarse “víctimas” del terrorismo de Estado.

Con respecto al cuántos, el proyecto de 1998 asumía la falta de información estatal confiable y la necesidad de recurrir a las cifras que se construyeron en la coyuntura del retorno. Como explicaba Rodolfo Ojea Quintana,^[35] la cifra de exiliados estaba muy lejos de los 2.000.000 de los que se hablaba durante la dictadura. Los diputados recurrieron al sociólogo Enrique Oteiza que explicó que si para 1983 había medio millón de argentinos viviendo en el exterior, 50.000 eran “los realmente exiliados”. En este contexto, saber cuántos se exiliaron resultaba fundamental para prever cuál sería el posible compromiso presupuestario del Estado, asumiendo que “el número de presentaciones no superaría las 6000 o 7000”.^[36]

Con respecto a quiénes reparar y por lo mismo a quiénes tipificar como exiliados políticos, el proyecto de 1998 establecía tres procedimientos de prueba: l. el estatus de refugiado otorgado por el ACNUR, 2. la condición de asilado otorgada por el país asilante; y 3. “el procedimiento de información sumaria de un órgano judicial de cualquier fuero o jurisdicción” que certificara que el demandante salió del país y permaneció fuera del territorio nacional hasta diciembre de 1983, debido a “temores fundados de persecución política, con acciones represivas en su contra por parte del estado o de grupos paraestatales”.

Pese a que los legisladores que impulsaban la iniciativa evaluaron que se trataba de procedimientos simples que abarcaban el conjunto de tipos y modalidades exiliares distinguibles, no pocas voces cuestionaron las dificultades para acreditar el exilio político. No solo fueron porque entre 1974 y 1983 resultaba complejo distinguir un exiliado político, un emigrante económico y un universitario en búsqueda de un país para su desarrollo profesional o científico, sino porque era difícil mostrar los grados de compulsión o libertad que comportaron muchas de las salidas y permanencias fuera del país durante los años setenta.

Pero el debate fue más allá, tensando incluso los fundamentos del proyecto que calificaba sin más al exilio político como una “violación a los DDHH” en el “marco de la Doctrina de la Seguridad Nacional”. Para los impulsores del proyecto resultaba claro que quienes abandonaron el país ante la “evidencia cierta de muerte o desaparición” habían sufrido “desarraigo, pérdida de identidad, interrupción violenta de todas las actividades de la vida cotidiana (laborales, estudiantiles, culturales), ruptura de los lazos familiares, niños nacidos en el exterior, muchos en condición de apátridas, secuelas psicológicas etc.”. Y en tal sentido, debían ser consideradas “víctimas del terrorismo de estado”, plausibles de reparación no solo económica, sino en un sentido amplio.

Sin embargo, muy rápidamente volvió a debatirse como en la transición si el exilio fue un “daño producido por el estado” o si fue una “opción individual”; si se trató de un “daño directo o indirecto”, “si fue un agravio mayor o menor” e incluso si lejos de ser un castigo, fue un “privilegio para la clase media”.

El proyecto de ley de reparación a “personas argentinas, nativas o por opción y extranjeros residentes en el país exiliadas por razones políticas, entre noviembre de 1974 y diciembre de 1983” no ha sido aprobado. Sin embargo, desde entonces y hasta hoy, miles de exiliados –sus hijos nacidos en Argentina y aún los nacidos en el exilio de sus padres– continúan luchando porque el “daño” que comportó el exilio sea reconocido y reparado por el Estado.^[37]

Más allá de no haberse aprobado ninguno de los diferentes proyectos de ley de reparación a exiliados que se presentaron durante las presidencias de Menem, de la Rúa y Néstor Kirchner,^[38] frente al número creciente de peticiones, el Estado ha actuado mediante procedimiento jurisprudencial de interpretación ampliada de los supuestos contemplados por la ley 24.043/91, esto es, asimilando ciertas modalidades exiliares a la situación de los detenidos por razones políticas. Bajo estos supuestos, han sido indemnizadas aquellas personas cuyos exilios estuvieron precedidos por formas de detención ilegal, sea en cárceles de máxima seguridad o en CCDyE, y tanto si sus salidas del país se produjeron a “requerimiento” de las fuerzas represivas, eludiendo su control o burlando el régimen de libertad vigilada previsto por la ley 21.650/77. Y a la vez, si las salidas se concretaron en un periodo próximo a la detención ilegal, o si medió un lapso de tiempo mayor en el que el perseguido se ocultó para proteger su vida o libertad. En estos casos, el exilio ha sido considerado una “consecuencia directa” o una “prolongación de la detención ilegal”. En tal sentido, el Estado ha entendido que prisión y exilio comparten la vulneración de la libertad ambulatoria.

Posteriormente, a partir de la presentación del “caso Susana Yofre de Vaca Narvaja” se abrió otra vía de reparación para los llamados “exilios puros”, o sea aquellos no mediados por ninguna forma de detención ilegal, pero donde la expatriación fue considerada por el afectado la “única alternativa para salvar la vida o la libertad personal” (Página 12, 15/10/2004). En este universo encontramos a los asilados diplomáticos, cuya persecución debe acreditarse como mínimo por apelación al estatus jurídico otorgado por el país asilante (asilo diplomático o territorial). En estos casos, el Poder Judicial ha argumentado que, ante la persecución estatal o paraestatal, ciertas personas se vieron “forzadas” a buscar protección de un tercer Estado para luego emigrar de su país de residencia u origen como la única forma de “salvar la vida” o de “recuperar su libertad” (Página 12, Buenos Aires, 15/10/2004).

Más recientemente el universo de los reparados por vía jurisprudencial ha incluido a los “hijos de exiliados nacidos en el exterior” siempre que hayan podido probar el “carácter forzado” del exilio de los padres. Así, en julio de 2014, la Corte Suprema resolvió conceder la indemnización a dos mujeres nacidas en Venezuela, pese a “no haber sido ellas mismas perseguidas”. En este caso, la Justicia consideró que “fue la conducta estatal la que hizo que nacieran y crecieran en culturas ajenas a la cultura y a la idiosincrasia de sus padres”, ambos perseguidos políticos que recibieron la protección del ACNUR (Caso Eleonora y Ana De Maio) (Perfil, Buenos Aires, 14/9/2014).

Sin embargo, la acumulación de fallos judiciales y de resoluciones administrativas favorables no debe hacer pensar que el camino hacia el reconocimiento estatal y social de la pluralidad de trayectorias violentas, que conforman el exilio político argentino de los años setenta como proceso colectivo, está hoy libre de obstáculos y de tensiones. Lo curioso es que no pocos de esos obstáculos y tensiones abrevan en disputas de amplio calado temporal y en no pocos casos las mismas que en la contemporaneidad dictatorial pusieron en entredicho no solo la existencia de exiliados/perseguidos políticos, sino también la magnitud política y cuantitativa de este proceso.

A manera de cierre

En los últimos años, las disputas en torno a las cifras de la represión estatal^[39] han tornado a la escena pública nacional sobre todo en relación con el problema de los “desaparecidos”. Para el caso del exilio político, si bien la desclasificación de archivos de agencias estatales de Argentina y del exterior, y el acceso a repositorios de organizaciones no gubernamentales de asistencia a refugiados, están permitiendo avanzar hacia un mayor esclarecimiento de las magnitudes de las diversas modalidades exiliares que conforman el destierro argentino 1974-1983 –sobre todo en sus formas más institucionalizadas, asilados territoriales y diplomáticos, refugiados, opcionados, expulsados–, subsisten varios problemas.

Y el menor de los problemas no es dar una magnitud definitiva de un fenómeno emigratorio que además tuvo una dimensión regional; ni tampoco determinar de manera fehaciente cuántos argentinos integraron el heterogéneo universo de los “exiliados del miedo”: los huidos, los clandestinos, los negados, los silenciosos, los que no tuvieron prensa, ni gozaron de reconocimiento público o protección oficial, y sobre los que hasta hoy en día subsiste la sospecha de que no tuvieron “verdaderas razones” para salir del país porque su vida o libertad no estaban amenazadas.

De hecho, animarse a responder a la pregunta de cuántos argentinos se exiliaron bajo imperio del Estado de sitio, si se trató de un movimiento poblacional masivo e inédito que habla de la ferocidad represiva pero también de las modalidades de la violencia estatal, no es tanto un desafío de orden intelectual, como de carácter ético-político. Un desafío que no es ajeno a esta larga y compleja historia de luchas por las cifras del exilio (y la condición de exiliado) que este artículo trató de reponer.

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Notas

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