Introducción

De acuerdo con el historiador Enzo Traverso, al ser un acto cargado de presente, la “escritura de la historia participa […] de un uso político del pasado” (Traverso, 2012, p. 318), es por tanto un campo de batalla en el que las representaciones del pasado cobran nuevos significados a partir de intereses situados en un presente dado. Esa disputa, en determinados contextos, puede rebasar los límites del debate académico para adquirir tintes de polémicas en el espacio público donde no solo existen como discursos sino que mueven a la acción. En ese punto, cuando se puede hablar de “usos públicos de la historia”, lo cotidiano se trastoca por los retornos de pasados dolorosos, silenciados u olvidados (Pasamar, 2003, p. 246). Cabe señalar que, lejos de ser un enfrentamiento binario entre historia y memoria o entre dos memorias delimitadas por contornos ideológicos, estos fenómenos suelen ser complejos e incluir “múltiples disputas […] libradas por varios y heterogéneos actores” (Cattaruzza, 2011, p. 163), por lo que incluyen procesos de construcción de identidades y de pugnas por la legitimidad política.

En ese marco se sitúa el presente trabajo que tiene como tema central la polémica generada a partir de un breve texto de difusión en el que se conmemoró un evento ocurrido el 17 de septiembre de 1973 en la ciudad de Monterrey, capital del estado de Nuevo León al noreste de México: mientras se trasladaba en auto hacia su oficina, en compañía de un chofer y un escolta, el empresario Eugenio Garza Sada (EGS) —cabeza del Grupo Monterrey (GMty)—^[2] sufrió un intento de secuestro por parte de un comando de jóvenes militantes de la Liga Comunista 23 de Septiembre (LC23S);^[3] la inexperiencia de los ejecutores y la reacción de los acompañantes armados se conjugaron para que la operación resultara fallida con un saldo de 5 muertos —dos ligueros, el escolta y el chofer, así como el empresario—; los hombres de negocios del GMty culparon al gobierno encabezado por Luis Echeverría Álvarez (LEA) de permitir el avance del comunismo en México y, por tanto, de la muerte del patriarca. A partir de entonces, la persecución y la represión por parte de agentes gubernamentales se acrecentaron con el objetivo de exterminar a las organizaciones político-militares, especialmente a la Liga, pero no solo se enfocaron en la militancia sino que se expandieron a familiares y personas sospechosas, rebasando constantemente los límites legales (Aguayo, 2001, p. 189; Cedillo, 2008, p. 236-237; Gamiño, 2011, p. 88-89). A pesar de esta respuesta por parte del gobierno, el conflicto con los empresarios se acrecentó al ritmo de la crisis económica, así como del discurso nacionalista y beligerante del presidente, lo que derivó en la creación del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), órgano que a partir de entonces aglutinaría al sector para darle presencia y voz en la arena política.

En particular, interesa analizar la referida polémica —desarrollada entre septiembre y octubre de 2019— pensada como campo de disputa entre historia(s) y memoria(s) y, por tanto, como ejemplo de los usos políticos del pasado a partir de intereses del presente. En ese sentido, se argumenta que no solo se confrontaron dos memorias diferenciadas por una frontera ideológica nítida, sino que diversas representaciones del pasado producidas por distintos actores con lugares sociales igualmente plurales, convergieron en una coyuntura delimitada no solo por el interés político inmediato, sino por un marco más complejo de narrativas y condiciones de posibilidad. Considerando ese entramado, el recorrido de la polémica no fue lineal y progresivo sino que se desarrolló en, al menos, tres circuitos de información devenidos campos de disputa en los que se traslaparon distintos tópicos y símbolos.

Para lo anterior, el texto incluye una primera parte en la que se desglosan dos grandes procesos que funcionaron como condiciones de posibilidad de la polémica. La descripción de esta última, hecha con base en la revisión de redes sociales, videos y prensa, ocupa el segundo apartado. En la tercera sección se analiza la polémica para dar cuenta de los distintos circuitos de información en los que se desenvolvió, así como de las narrativas y temáticas que la conformaron. Por último, se ofrecen algunas consideraciones finales.

Condiciones de posibilidad

El cruce de narrativas que se abordará en las siguientes páginas fue posible en el marco de, al menos, dos grandes procesos: 1) la construcción del tema de las organizaciones político-militares y las violaciones de los derechos humanos, así como su posicionamiento en ciertos espacios de la opinión pública; y 2) la disputa por la hegemonía política en el contexto de la campaña presidencial, el triunfo electoral y el inicio de un nuevo gobierno federal, proceso en el que distintas narrativas históricas y memorísticas han fungido como herramientas importantes.

El primer proceso se ha desarrollado en dos pistas estrechamente vinculadas, pero no iguales. Por un lado, los familiares de personas desaparecidas —no necesariamente militantes— por cuerpos estatales en el contexto de la lucha antisubversiva impulsaron el tema con un carácter jurídico y político al poco tiempo de los sucesos. Aunque con la marginalidad derivada de la censura y la persecución gubernamentales, varias de esas experiencias se mantuvieron y consolidaron proyectándose hasta el presente. En ese camino, la creciente violencia ejercida por el crimen organizado y los cuerpos de seguridad estatales derivó en nuevas oleadas de desapariciones no necesariamente vinculadas a cuestiones políticas y en mayor número que las ejecutadas en décadas anteriores. Ahí, de nuevo, familiares sin mayor experiencia se organizaron para exigir a las autoridades que hicieran valer la justicia, pero ante la poca o nula respuesta asumieron roles activos de búsqueda. De esta forma, las desapariciones de las décadas anteriores y las más recientes dieron forma a una demanda social que se abrió camino hasta la agenda política nacional.

Por otro lado, se ha desarrollado un campo de estudio en el que conviven los trabajos sobre violencia, desapariciones forzadas y derechos humanos con los realizados en torno a la historia de movimientos sociales y, especialmente, de las organizaciones político-militares de la segunda mitad del siglo XX. Este intrincado universo está conformado por literatura de diverso signo —testimonial, periodística, académica— y se caracteriza por un evidente impulso del presente, de ahí que incluya constantes cruces entre militancia y reflexión académica, así como entre historia y memoria. El interés y las preguntas derivadas del presente han encontrado algunas respuestas —y nuevas interrogantes— gracias a la proliferación de testimonios y a la apertura de archivos oficiales, así como a la consolidación de espacios institucionales para albergar proyectos de investigación y difusión (Sánchez, 2006; Cedillo et. al., 2014; Cedillo, 2015; Dannemiller, 2019). Así, por ejemplo, el 23 de septiembre de 2019, apenas unos días después de la polémica a tratar, se inauguró el Seminario del Movimiento Armado Socialista en el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México (INEHRM).^[4]

Aunque ambas rutas corren paralelas y se vinculan a través de intereses, fuentes de información y productos —textos, documentales, etc.—, lo cierto es que también existen diferencias entre objetivos, métodos y supuestos. Este punto es relevante pues, aunque se usan en los dos ámbitos, las definiciones de términos como fuente de información, verdad e historia no necesariamente coinciden y se pueden prestar a equívocos y cruces inesperados, especialmente en coyunturas como la que se describirá.

El segundo gran proceso también es complejo. En primer lugar, en el ámbito político mexicano es ampliamente conocido el gusto del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) por la historia de corte nacionalista.^[5] En ese sentido, no extraña que en sus escritos y discursos, así como en la simbología proyectada en sus actos políticos, haga constante referencia a personajes y eventos del pasado, especialmente de los momentos identificados por él como los grandes cambios de la historia nacional: la independencia, la guerra de reforma encabezada por los liberales y la revolución mexicana. De hecho, durante la campaña presidencial de 2018 y ya en el gobierno, ha renombrado al movimiento que encabeza como la Cuarta Transformación de la vida nacional o 4T.^[6] Dentro de ese constructo, entendido como un instrumento político, se han definido dos identidades políticas enunciadas como bandos que atraviesan la historia a manera de esencias en disputa: aquellos que encarnan los ideales del pueblo mexicano y los conservadores. En esa lógica, algunos espacios institucionales del gobierno promovieron cambios en sus objetivos, como el INEHRM que, en agosto de 2019, solicitó la modificación del Decreto que le otorga existencia y definición: en lugar de estudiar las revoluciones y la “Transición Democrática de finales del siglo XX” —frase agregada durante el primer gobierno del Partido Acción Nacional (PAN) en 2006—, se concentraría en las etapas de cambio y “las otras grandes transformaciones de nuestra historia”.^[7]

Pero lejos de la omnipresencia, la legitimidad derivada del resultado de las elecciones y la autorrepresentación del gobierno como progresista, ha impulsado otras narrativas históricas. Por ejemplo, no es extraño que diversas tradiciones de izquierdas se legitimen a través de la defensa de su papel histórico como parte del triunfo electoral del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), independientemente de que esto sea verificable. Por su parte, las narrativas opositoras también han encontrado terreno fértil para desarrollarse y en el caso de la polémica sobre los “valientes jóvenes” destacaron tres estrechamente vinculadas: la que equipara a AMLO con el gobierno de Luis Echeverría; la anticomunista; y la regionalista que se opone al “centro”.^[8]

Durante el primer tercio de 2018, derivado de sus propuestas para reivindicar el papel del Estado en materia económica, en diversos medios de comunicación se insistió en comparar a AMLO —en ese momento el candidato puntero de las encuestas— con los expresidentes de los años sesenta y setenta, especialmente con LEA,^[9] cuyos mandatos correspondieron al llamado “milagro mexicano” y que antecedieron a la terrible crisis económica de los años ochenta. En abril, cuando las campañas presidenciales se enfilaban hacia el último tramo, los distintos equipos de campaña adoptaron estrategias discursivas similares para posicionarse, a saber: mostrarse como opciones “modernas” que “ven hacia el futuro” en contraste con López Obrador que representaría “lo antiguo”, “lo viejo” y la “visión hacia el pasado”. En particular, destacó Jorge Castañeda —exsecretario de relaciones exteriores y coordinador de campaña del PAN— quien inauguró esta narrativa como estrategia en el noticiero matutino de la principal televisora mexicana. Ahí, el político argumentó que el candidato de Morena no necesitaba de referentes extranjeros —en alusión a las reiteradas campañas que, desde 2006, equiparaban a AMLO con Hugo Chávez y Fidel Castro—, pues “su referente mexicano es Luis Echeverría […] como dos gotas de agua” y ahondó en el punto, argumentando que el candidato había iniciado su participación política en el Partido Revolucionario Institucional (PRI) durante ese periodo, por lo que sus propuestas provenían de ahí. Luego apeló a la memoria de la audiencia mostrando la fotografía oficial de LEA con la banda presidencial y lo calificó como el “que reprimió, el que estatizó […]” —en alusión a su participación en las represiones contra estudiantes de 1968 y 1971 y las diversas decisiones de política económica que tomó—; además, de manera indirecta, mediante una frase recordó el enfrentamiento que tuvo con los empresarios: “en Monterrey también lo recuerdan bien a Echeverría. Muy muy bien”.^[10]

A lo largo del mes siguiente, el panismo y sus simpatizantes se abocaron a la repetición de la comparación, por ejemplo, se difundió un video en el que el abogado regiomontano Patricio M. O’Farrill hizo un ejercicio para imaginar el futuro de México comparándolo con diversas experiencias latinoamericanas —con énfasis en Venezuela— y agregaba: “Entonces aprueba crudas reformas para regresar al siglo pasado, justo donde Echeverría nos dejó en aquel año 76”.^[11] Pero avanzaron los días y las encuestas no cambiaban, así que algunos empresarios decidieron intervenir de forma directa. Hacia fines de mayo se difundió un video en el que, a propósito de la conmemoración de la muerte de Eugenio Garza Lagüera, hijo de EGS, José Antonio Fernández Carbajal —presidente del consejo de administración de Fomento Económico Mexicano S.A. (FEMSA) y líder del empresariado regiomontano— recordó dos pasajes: “el cobarde asesinato de […] don EGS por parte de un grupo guerrillero […] en un momento en el que había gran hostilidad del gobierno de Luis Echeverría hacia la Iniciativa Privada y hacia las empresas”; y los “efectos […] catastróficos” de las “políticas populistas de los gobiernos de Luis Echeverría y de José López Portillo”.^[12] A la par, José Ramón Elizondo presidente de Grupo Vasconia participó en un video que fue difundido entre los trabajadores de la empresa y en el que, apelando a las emociones —enojo, miedo—, llamaba a reflexionar sobre el voto: “Y para todos aquellos que piensen que no podríamos estar peor, les pido voltear a ver países o épocas en donde reina o ha reinado el populismo”.^[13] De igual forma, Héctor Hernández Pons Torres, director General de Grupo Herdez, envió una carta a sus empleados en la que advirtió: “Una de las épocas que más nos perjudicó como empresa y en general a todos los mexicanos, fue la que vivimos en épocas de los presidentes Luis Echeverría y José López Portillo. Fueron años donde hubo devaluaciones importantes del peso, inflación de hasta 80% y 90%, control de cambios, precios controlados, nacionalización de la Banca y de algunas industrias”.^[14] Una vez pasada la elección y durante los primeros meses del nuevo gobierno, la narrativa de la comparación siguió subsistiendo de forma discreta en redes sociales y ocasionalmente ha cobrado bríos en coyunturas específicas, sobre todo cuando hay grandes intereses económicos involucrados. Por eso, no fue extraño que durante la polémica sobre los “valientes jóvenes”, la historiadora Elisa Servín, en entrevista para el periódico Reforma, sugiriera que la ruptura LEA-empresarios “tiene ecos con las actuales desavenencias entre el Gobierno de AMLO y el empresariado”.^[15]

En estrecha relación con la línea anterior, se ha reactivado una serie de referentes que podemos englobar en el anticomunismo. Desde el proceso electoral de 2006, diversos actores políticos, empresariales y sociales, con el CCE como cara visible, promovieron una campaña mediática cuyo eje era la frase “López Obrador es un peligro para México” y la asociación del candidato señalado con algunas figuras de las izquierdas latinoamericanas, especialmente con el venezolano Hugo Chávez y el cubano Fidel Castro. A partir de entonces el uso peyorativo del término “populismo” para descalificar al político mexicano y su movimiento fue de uso corriente. Sin embargo, al menos desde inicios de 2018 y con mayor claridad luego de la elección presidencial, el “populismo” comenzó a compartir espacio con el “comunismo” en el imaginario de sectores opositores. De hecho, el segundo término sustituyó al primero en los casos más radicales, como el de algunas expresiones de militancias católicas adheridas al Frente Nacional AntiAmlo (Frena) que durante un corto tiempo logró aglutinar a la oposición. En ese submundo de militancias y simpatías políticas marginales, el comunismo no fue una ideología exclusiva de la guerra fría, sino una “amenaza” con hondas raíces históricas y, por ende, latente aún después del fin de la URSS. Puesto así, desde ese punto de vista, toda reivindicación histórica hecha por AMLO en su afán por construir una teleología de la izquierda —así, en singular—, así como las voces de otras izquierdas que buscan su lugar en el triunfo político, resultan “pruebas” de que el comunismo ha vuelto a resurgir.

La tercera narrativa opositora tiene que ver con el regionalismo. El éxito económico del núcleo empresarial regiomontano sumado a la cercanía geográfica con los Estados Unidos, permitieron que cristalizara un largo proceso de hegemonía cultural en la capital de Nuevo León donde amplios sectores sociales interiorizaron la llamada “cultura del esfuerzo” y el mito del “self-made man” traducido como “el hombre de frontera” (Aboites, 1995; Cavazos, 2003, p. 137; De la Cruz, 2019), una autopercepción que podría sintetizarse así: los primeros habitantes de la región se enfrentaron a los “bárbaros” —entiéndase a los indígenas— y, a través de su trabajo —especialmente de carácter manual— e ingenio lograron prosperar incluso a pesar del clima semidesértico; a diferencia de las personas de otras partes del país —especialmente del centro-sur—, los regiomontanos lograron industrializarse y acumular riquezas gracias a la suma de esfuerzos individuales; en consecuencia, todo individuo es libre de disfrutar lo que se ha ganado con su trabajo; finalmente, el máximo ejemplo de lo anterior son los empresarios locales y, por oposición, lo que represente al centro del país —gobierno federal, población identificada con el término de “chilangos”— es visto como algo ajeno, extraño y potencialmente nocivo. Este constructo hecho con retazos de liberalismo ha resultado funcional para la constitución de identidades socioculturales con base en estereotipos fundados en el caló y el tono de voz, la vestimenta, los gustos musicales y, en general, la vida cotidiana. Por supuesto, esto también se ha traducido en fronteras identitarias políticas.

La polémica

El martes 17 de septiembre de 2019, el historiador Pedro Salmerón, director del INEHRM, publicó un texto en la página de Facebook de la institución en el que reseñaba brevemente el fallido secuestro del empresario Eugenio Garza Sada al que calificó como “uno de los más notables y emprendedores industriales del país” y quien “a pesar de su fortuna era un hombre modesto y austero”; los otros actores del suceso, los “jóvenes socialistas armados”, ocuparon apenas algunas líneas pues el centro de la conmemoración era el magnate norteño. Pero lo que pudo ser una publicación más o menos difundida entre un público cautivo, se convirtió en un problema porque el autor se refirió a los ejecutores como “valientes jóvenes”, frase que catalizó los comentarios en internet. En pocas horas, el texto fue leído y comentado por un universo de lectores mucho más amplio del habitual y, con esa misma velocidad, la discusión en redes sociales olvidó el resto de la crónica para concentrarse en la frase “valientes jóvenes”, también replicada como “jóvenes valientes”, inversión que evidenciaba la autonomía de la frase con respecto al texto completo adquirida en las repeticiones de internet. Salmerón, reconocido en el contexto mexicano por declaraciones polémicas y una intensa actividad en redes sociales, defendió su escrito: “Si no entendemos las causas de la violencia política, no podremos encontrar la manera de superarlas. Al entenderlas nosotros, rechazamos toda forma de violencia, y así actuamos. Cuando una nota histórica suscita esta rabia, claramente acierta”.^[16]

Al día siguiente, el 18 de septiembre, el texto original fue modificado mediante la supresión de la polémica palabra y la inserción de una leyenda entre corchetes: “[Había aquí un adjetivo: no les importó la elogiosa nota, fue este adjetivo, que demuestra que hay quienes siguen librando esa guerra: nosotros hacemos historia y, por hoy, lo quitamos]”.^[17] Esto volvió a encender los ánimos en las redes sociales donde defensores y detractores intercambiaron opiniones e insultos. Por su parte, sólo algunos actores políticos de la oposición al gobierno federal pusieron atención en el tema, como Ildefonso Guajardo —secretario de Economía en el gobierno anterior (2012-2018) y diputado federal del PRI por el estado de Nuevo León— quien publicó en su cuenta de Facebook:

Estoy convencido que llamar “jóvenes valientes” y pretender justificar un acto ruin y cobarde como el que cobró la vida de Don Eugenio Garza Sada por parte del INEHRM, es totalmente contrario a la convocatoria que ha hecho el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que busca promover el crecimiento y el desarrollo económico, mejores empleos, la paz, la concordia, la unidad, la justicia y el bienestar en un país azotado por la inseguridad, la injusticia, la pobreza y la violencia.^[18]

El jueves 19, Reforma —periódico abiertamente opositor al gobierno federal— abordó el tema en su columna de trascendidos “Templo Mayor” mediante una mínima descripción con un inicio provocador —“VER para creer... o no creer!”— y un cierre con alusiones a la élite gobernante: “HABRÁ que preguntarle al presidente Andrés Manuel López Obrador y a la secretaria de Cultura, Alejandra Frausto, si comparten esta santificación de los asesinos de Garza Sada y la justificación del asesinato de empresarios”.^[19] Al día siguiente, el tema ya estaba en la portada del diario^[20] y la polémica comenzó a crecer rápidamente involucrando a actores políticos relevantes del gobierno y la oposición, así como a académicos, periodistas y empresarios. Ese viernes 20, José Antonio Fernández presidente de FEMSA envió una carta a Olga Sánchez Cordero, secretaria de gobernación, para manifestar “extrañeza por la utilización del calificativo ‘valientes’” derivada de dos razones principales: resultaba ofensivo para quienes se habían beneficiado de la obra de Garza Sada, y porque el acto narrado había sido un “cobarde atentado”. Por último, el empresario calificaba de “injustificables” e “inaceptables” los argumentos expuestos por el historiador “pues claramente promueven o justifican el uso de la violencia para resolver la falta de oportunidades”.^[21]

En la misma línea argumentativa, pero con mayor énfasis, el CCE difundió un comunicado a través de su cuenta de Twitter con el título “La violencia no es el camino para lograr la pacificación”. Además de afirmar que “un episodio como este […] abona al clima de violencia social que hoy vivimos”, el texto calificaba al autor como “apologista de la violencia” y “defensor del delito”, y se concentraba en refutar el discutido adjetivo:

No es valiente quien busca privar a una persona de su libertad.

No es valiente quien planea un secuestro para financiar armamento ilegal para actividades ilícitas.

No es valiente quien asesina a un hombre de bien.

No es valiente quien se escuda en la violencia como vía de cambio.^[22]

El Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) —conocido como el “Tec de Monterrey”— también se manifestó a través de un comunicado titulado “Transformar a México por la vía pacífica: uno de los legados de Don Eugenio Garza Sada” en el que se condenó el calificativo para quienes “asesinaron a nuestro fundador y uno de los hombres con el más alto liderazgo social de nuestro país”. Además, manteniendo el reto político, se reivindicó “la concordia y la paz, como vía para hacer realidad la transformación pacífica del país a la que el Presidente Andrés Manuel López Obrador nos ha convocado”.^[23]

Por su parte, el regiomontano Gustavo de Hoyos, presidente nacional de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) reforzó el tono beligerante a través de un tuit:

Don Eugenio Garza Sada fue abatido por asesinos inspirados en el odio social que hoy se pretende revivir. Es inaceptable que desde el @INEHRM del @GobiernoMX, su Director @HistoriaPedro llame “valientes” a los homicidas. El Presidente @lopezobrador_ debe deslindarse y removerlo.^[24]

Al mismo tiempo, diversos actores afiliados o vinculados al PAN reaccionaron a la publicación de Reforma, destacando los expresidentes Vicente Fox (2000-2006) y Felipe Calderón (2006-2012): el primero tuiteó “Pobres imbéciles [sic]!! Eso es la 4a destrucción!!”;^[25] mientras que el segundo ironizó “Sólo en México: llaman terrorista a quien hace una broma de mal gusto, y valiente a quien asesina a un empresario […]”.^[26] Por su parte, la bancada panista del senado definió los dichos de Salmerón como “una vergüenza” y lo descalificó como servidor público por su “insensibilidad”.^[27] En ese tono, Miguel B. Treviño, el alcalde de San Pedro Garza García —el municipio más rico del país— afirmó: “Nuevo León aporta el 8% del PIB nacional, eso es empleo, ingresos, e impuestos. […] Por respeto a NL, el parásito que llamó “valientes” a los asesinos de don Eugenio debe salir”.^[28] Incluso algunas figuras al interior de Morena, el partido gobernante, se manifestaron en esta misma línea como la senadora Lilly Téllez quien posteó:

No fueron valientes, fueron cobardes.

El secuestro es un vil acto de cobardía.

No hay justificación para la violencia criminal de los jóvenes de la Liga Comunista 23 de Septiembre contra Eugenio Garza Sada.

Pido, ahora sí en calidad de Senadora, que Pedro Salmerón renuncie.^[29]

Por supuesto, las voces en defensa del historiador y del gobierno federal también ocuparon amplios espacios en redes sociales, destacando el diputado del Partido del Trabajo Gerardo Fernández Noroña, famoso por sus declaraciones radicales y polémicas, quien respondió por la tarde: “Así que @HistoriaPedro puede haber hecho una declaración que altera las buenas conciencias, pero su juicio es certero: eran un puñado de valientes”.^[30]

Al margen de la polémica en las redes sociales, la Secretaría de Cultura del gobierno federal ya había comenzado una operación de control de daños. De hecho, desde el jueves, la dependencia había enviado un comunicado a Reforma en el que se afirmaba que la “postura institucional nada tiene que ver con reivindicar la violencia. […] No se trata de un problema ideológico. Representamos a un movimiento pacifista”.^[31] Mientras tanto, en entrevista para el mismo medio Eduardo Villegas, encargado de la Coordinación Nacional de Memoria Histórica, intentó matizar el texto original mediante “un ejercicio de exégesis”.^[32] Pero el esfuerzo más claro por destrabar el conflicto fue la publicación en redes sociales de un comunicado breve firmado por el INEHRM en el que, sin desacreditar el escrito original, asumía una posición crítica:

El INEHRM no reivindica la lucha armada ni hace una apología de la violencia. Lo que busca es dar a conocer una historia que no se conoce, rescatar del olvido una etapa de la historia de México en la que los luchadores sociales no existen.

[…]

En ese marco [México de los años 60 y 70], sin duda (desde nuestra perspectiva) de manera equivocada, fue en el que los jóvenes de la Liga Comunista 23 de septiembre, tomaron las decisiones que tomaron […].”

“’Valiente’ no significa ser héroe ni hacer lo correcto. Ofrecemos una sincera disculpa a quienes se ofendieron por este adjetivo, que no fue en el sentido de justificar su acción que terminó en la muerte del empresario.^[33]

No sobra señalar que, además de haber sido publicado en las redes del Instituto, este texto fue puesto como respuesta al comunicado del CCE en Twitter y luego replicado junto con una nota del periódico El Universal titulada “INEHRM se disculpa a nombre de Salmerón”.

Sin embargo, según rumores periodísticos, esta campaña no incluía la coordinación entre sus promotores. De hecho, según el mismo Reforma, la secretaria de Cultura había convocado al historiador para comentar en persona el asunto, pero este nunca se presentó^[34] y, por el contrario, atizó la polémica al publicar el texto original en su blog personal llamado “La cabeza de Villa”. Lo llamativo fue que agregó una frase al final: “(Este es el texto, íntegro, que se publicó en la página del INEHRM el 17 de septiembre, y que provocó la ira de la derecha intolerante)”.^[35]

La exaltación del día anterior redujo el margen de acción de las autoridades, mientras que los medios opositores seguían presionando —en “Templo Mayor”, Reforma anotó que el historiador había pasado de “piedrita en el zapato” a “una pesada roca” para el gobierno federal—.^[36] En ese complicado marco, la Secretaría de Cultura hizo pública la renuncia de Salmerón y el nombramiento del nuevo director del INEHRM, cuestión que el primero refutó con un tuit: “No se adelanten. No he renunciado a la Dirección General del @Inehrm, solamente la he ‘puesto sobre la mesa’”.^[37] Para ese momento había trascendido que el investigador había presentado su renuncia a través de una carta dirigida al titular del poder ejecutivo federal en la que afirmaba:

si mi presencia, mi estilo y talante pueden ser contradictorios con la reconciliación nacional que alienta el gobierno de la República, pongo el cargo de director del Inerhm a disposición del Presidente y hago de este texto mi renuncia formal al mismo. Renuncia que le presento al Presidente que con valor y decisión está transformando a México. Al Presidente, no a la derecha de talante fascista.^[38]

El tema había escalado rápidamente convocando a actores políticos y económicos, mientras las voces de profesionales de la historia quedaron supeditadas a algunas notas periodísticas donde apuntaban la necesidad de contextualizar los eventos de los años 70 y, ocasionalmente, intentaban situar el debate en el cruce de intereses del presente. Por supuesto, también aprovecharon las redes sociales donde alimentaron la discusión desde diversas posiciones ideológicas y con menos filtros que en la prensa.^[39]

El domingo 22, tres artículos de opinión publicados en medios nacionales dieron un nuevo rumbo al debate. Por un lado, en Reforma, el historiador Enrique Krauze^[40] firmó un texto titulado “Las obras de don Eugenio”, cuyo epígrafe anunciaba el tono del contenido —“Cuándo se apreciará al hombre que enseña y no al hombre que mata. Melchor Ocampo”— y que partía del supuesto de que en todo lo dicho durante la semana se había omitido al propio EGS: “Ignoro si los “valientes jóvenes” que lo asesinaron aquel 17 de septiembre de 1973 sabían quién era y qué había hecho. No sé si las autoridades del INEHRM y otros voceros saben quién fue ni qué hizo, aunque siendo custodios de la memoria deberían saberlo.” Por tanto, fiel a su propuesta historiográfica —biografías de “grandes personajes”—, el autor se propuso reivindicar la figura del empresario ubicándolo en la generación de 1915 “que en los más diversos campos de la cultura, la educación, la salud, la hacienda pública, la empresa privada, la ciencia y la vida sindical construyó las instituciones de todo orden que, frágilmente, aún nos sostienen.”. En particular, según Krauze, el industrial fue promotor y pionero de la seguridad social, destacando siempre por su sobriedad y austeridad como “los estoicos o los primeros cristianos”. Y para que no quedara duda de la diferencia entre los aludidos, cerró con una comparación contundente: “Los guerrilleros representaban principios que sembraron de muerte el siglo XX. El empresario representaba principios que sembraron vida, y aún florecen”.^[41]

En contraste, la periodista y escritora Elena Poniatowska^[42] firmó un breve texto que se publicó en La Jornada —periódico abiertamente simpatizante de la 4T— titulado “Recuerden torturas y desapariciones” en el que identificó a los militantes de la Liga y sus familiares como los olvidados en la polémica. En particular, la autora menciona a “doña Rosario Ibarra de Piedra, cuyo hijo Jesús Piedra Ibarra [fue] acusado de militar en la Liga 23 de Septiembre y desaparecido en Monterrey el 18 de abril de 1975”, mientras que su esposo, un médico, fue brutalmente torturado. A partir de entonces, la señora Ibarra comenzó a movilizarse en la capital del país y logró aglutinar a otras madres de desaparecidos políticos en un colectivo que, con el tiempo, adoptó el nombre de Comité Eureka. Por eso, para cerrar el texto y reforzar su posición, Poniatowska afirmó contundente:

[…] sería bueno recordar las acciones en contra de los jóvenes: los simulacros de fusilamiento, la tortura de la picana que se aplicaba a los detenidos en los pezones, los labios, las partes blandas, la tortura del Tehuacán con gas que se introduce en la boca y revienta el tímpano, los sótanos en que los muchachos esposados aguardan tirados en el suelo, la falta de agua para lavarse (muchos compañeros se zurraban en los calzones), la oscuridad del sótano, la búsqueda infructuosa de las madres en todas las cárceles clandestinas de México, Vivos los llevaron, vivos los queremos, la lucha del Comité Eureka.[…].^[43]

En tercer lugar, El Universal —diario también crítico del gobierno federal— publicó un texto titulado “Los VALIENTES guerrilleros” en el que la dramaturga y escritora Sabina Berman^[44] hizo un ejercicio singular de tres partes. En el número uno hizo referencia a la “Cabeza del poderoso Grupo Monterrey, el octogenario empresario [que] estilaba una vida austera” y dio voz a un simpatizante imaginario: “Muchachos locos. Desencaminados. Posiblemente mariguanos. Rebeldes sin causa. Al día de hoy nadie se explica qué hacían disparando esas armas.” En el dos, apeló al contexto: “por esos días el ejército se encontraba desplegado por el territorio nacional capturando a diestra y siniestra a disidentes del sistema, para encarcelarlos y torturarlos —y finalmente ajusticiarlos sin ningún trámite legal […]”; y con esto explicó la decisión de los jóvenes quienes “Sabiendo que arriesgaban la vida [...] saltaron de la camioneta disparando contra el Galaxy del potentado”. Finalmente, en el número tres, la autora nombró a “los comentaristas liberales” y a los “marxistas recalcitrantes” como los posibles defensores de cada versión, para luego reivindicar el relato del historiador como “el más cercano a lo que de verdad ocurrió”. En ese sentido, para Berman “el linchamiento de Salmerón es la petición de una visión simplista de nuestra Historia. Peor, una visión melodramática, de buenos y malos, ángeles y demonios. Peor, una visión estrictamente neoliberal. Y aún peor, una visión mentirosa”.^[45]

Ese mismo día, en el salón Adolfo López Mateos del Complejo Cultural Los Pinos^[46] se entregó el Premio Nacional “Carlos Montemayor”^[47] a Florencio Lugo Hernández y Francisco Ornelas Gómez quienes formaron parte del Grupo Popular Guerrillero que intentó asaltar el cuartel en Madera, Chihuahua, el 23 de septiembre de 1965 y que sirvió de referente a quienes fundaron la LC23S, así como al músico y cantante Francisco Madrigal y a “las Mujeres del Alba” que aglutinan y representan a madres, esposas y hermanas de desaparecidos o muertos en la lucha clandestina. El evento, cargado de emociones y consignas como “vivos se los llevaron, vivos los queremos” se vio necesariamente cruzado por la polémica de los días anteriores. Por eso, Lugo y Ornelas reivindicaron los dichos de Salmerón afirmando que aquellos jóvenes fueron “muy valientes” y “conscientes”. El primero, además, acusó a los “defensores del sistema” de alterar la historia, mientras que el segundo recordó que era “una guerra”, pero “ellos” —en referencia a los cuerpos de seguridad del gobierno— “torturaba, los hacían garras, los desaparecían”.^[48]

Por su parte, en la tarde de ese domingo, la cuenta de Facebook Madera Periódico Clandestino publicó un texto firmado por José de Jesús Morales Hernández —exmilitante de la Liga— y Jaime Laguna Berber —quien ha rescatado la memoria del periódico clandestino de la agrupación—. Ahí, sin mayores sorpresas, los autores reivindicaron la valentía de enfrentar al Estado, la “manifestación violenta en respuesta a la violencia que el Estado creó” y la idea de que, en aquel contexto, “fue la única vía que nos dejaron a los jóvenes”. Pero más allá de lo previsible, el texto condensó una serie de ideas que habían habitado en algunas publicaciones de internet y charlas entre interesados. Por un lado, el silencio respecto a la represión, que ya había hecho eco gracias a las publicaciones de los artículos de prensa: “[…] cientos de jóvenes muertos y muchos más desaparecidos hasta la fecha. El comunicado del CCE, Calderón y demás no dicen nada sobre este tema”; y en esa línea, la afirmación de que dos dirigentes de la LC23S “fueron detenidos meses después y torturados lacerando sus cuerpos con clavos, descuartizados para ser lanzados cerca de las residencias de Garza Sada y de Aranguren […] en forma de homenaje y tributo.” En segundo lugar, la idea implícita de una conexión entre la experiencia de los jóvenes guerrilleros y el triunfo electoral de AMLO: “el movimiento que llevó a López Obrador a la presidencia es resultado de cientos de luchas precedentes, es el resultado de años de luchas que ahora se ha expresado electoramente pese a los intereses de la burguesía más recalcitrante como es el Grupo Monterrey […]”. Y finalmente, una caracterización del empresario y su muerte opuesta a la difundida por sus simpatizantes: “el mismo que apoyaba al nazismo en los años 40, el mismo que reprimió huelgas en Monterrey por afectar a sus intereses, el mismo que despidió cientos de trabajadores que se le enfrentaron legalmente en huelgas; el mismo que creó sindicatos blancos, patronales para controlar a los trabajadores” y que “cayó abatido por uno de sus escoltas pues así había recibido instrucciones”.^[49]

Esto último fue parcialmente defendido en una entrevista para un medio digital el lunes 23 —fecha simbólica para la historia de la Liga— por Elías Orozco Salazar, exmilitante de la organización que intentó llevarse a EGS hasta que se percató de que estaba gravemente herido. Además, el exguerrillero recordó que no tenían la intención de matar al industrial, sino intercambiarlo por la publicación de un comunicado y la liberación de presos políticos.^[50]

Horas antes, ese mismo lunes en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco (CCUT),^[51] a nombre del Estado mexicano, la secretaria de gobernación Olga Sánchez Cordero ofreció una disculpa pública a Martha Alicia Camacho Loaiza, su pareja y su hijo, pues en 1977 los dos primeros fueron detenidos y acusados de formar parte de la LC23S en Culiacán, Sinaloa. Luego de 49 días de tortura y con 7 meses de embarazo, ella fue liberada, pero él fue ejecutado y su cuerpo desaparecido. La ceremonia, al igual que la realizada el día anterior en Los Pinos, congregó a exmilitantes, simpatizantes, familiares y defensores de derechos humanos quienes repitieron consignas referentes a los desaparecidos. Poco antes, en una entrevista, Camacho abordó la polémica desde un ángulo original: “Sí fuimos valientes. Yo creo que así era, porque nosotros teníamos que hacer presión al gobierno por algunos temas específicos, por ejemplo, libertad a los presos políticos”.^[52] En el acto también habló Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, quien afirmó que la disculpa implicaba el reconocimiento por parte del Estado mexicano de la existencia de un aparato represivo que cometió delitos y a propósito de la polémica, afirmó: “Creo que este debate que hoy enfrentamos debe abrir las puertas a un proceso de reconciliación y no alentar la confrontación que dividió a este país durante la Guerra Sucia y durante tantos años de una visión autoritaria del ejercicio del poder”.^[53]

Más temprano, en su conferencia matutina diaria —conocida coloquialmente como “la mañanera”— el presidente de la República fue interpelado por la prensa sobre la discusión generada por el adjetivo “valientes”. La respuesta circuló cuidadosamente el tema, reiterando la necesidad de evitar la confrontación, pero al mismo tiempo tomando posición. Primero, lamentó la renuncia del historiador y lo elogió extensamente: “[…] es un investigador muy acucioso, profesional […]. Yo lo respeto mucho. Es un extraordinario intelectual. De primer orden. […] Pedro vale más como historiador, como investigador, que como funcionario. Es un gran historiador, no un buen historiador. Un gran historiador.”. En segundo lugar, marcando distancia de familiares y amigos de EGS, el presidente caracterizó a quienes promovieron la polémica: “Nuestros adversarios, los conservadores, que están moralmente derrotados, están buscando todas nuestras posibles fallas o errores, porque quieren articularse, quieren agruparse, quieren constituirse en un grupo reaccionario como los que han habido cada vez que se lleva a cabo una transformación en nuestro país. […] Por ejemplo el que salgan los expresidentes y agarren esto de bandera en contra de nosotros”.^[54]

Aunque la respuesta del mandatario cerró una parte del debate, lo cierto es que este ya había tomado caminos autónomos como el del premio “Carlos Montemayor” otorgado el día anterior. Al respecto, el periódico Reforma se posicionó en la columna de Manuel J. Jáuregui —seudónimo de Alejandro Junco de la Vega, periodista regiomontano y presidente del Grupo Reforma—sintetizando en pocos párrafos varios elementos de la polémica. El texto cuyo título “A quien premian” anunciaba la concentración de baterías en los galardonados del domingo: “ese grupo terrorista de corte marxista que pretendía derrocar al Gobierno por las ARMAS mediante una sublevación que ellos pensaron que sería general, pero el pueblo los rechazó y su ‘movimiento’ nunca fue abrazado por la gente, precisamente por violento y desubicado […]”; pero luego tejió puentes entre ese periodo y el presente político de México: “[…] estos pobres despistados, obsoletos, retrógrados, simpatizantes comunistas-marxistas, que pretenden promulgar en México la lucha de clases, la división, el ataque al capital, desmembrando los medios de la producción en la fallida creencia de que el Gobierno debe hacerse cargo de todo, han sido ya ASIMILADOS por la 4T”; posteriormente, la red se extendió hacia otras latitudes: “Si la lucha de clases, el Gobierno totalitario, el comunismo, y otras chupaletas emanadas del marxismo, leninismo o trotskismo, funcionaran, Cuba y Venezuela serían superpotencias. ¡Caray, hasta la antigua URSS dejó de ser comunista!”; y remató con una sentencia para el futuro: “No piensan estos despistados que si México no participa activamente en el concierto de naciones desarrolladas jugando el mismo juego DE HOY (no el de hace 60 años) no sólo se quedará FUERA, sino se quedará SOLO, y antes de que termine este sexenio pudiera ser una nueva VENEZUELA, en la que ni los “iluminados” del marxismo encontrarán papel de baño para cubrir sus más básicas necesidades. ¡Y vaya que son frecuentes!”.^[55]

Otra vertiente de la polémica fue retomada por el poder legislativo del estado de Nuevo León donde, en nombre de la bancada panista, el diputado Luis Alberto Susarrey Flores presentó un punto de acuerdo para declarar “personas non gratas” a Pedro Salmerón Sanginés y al diputado federal Gerardo Fernández Noroña “por el desafortunado e indignante comentario de calificar como ‘jóvenes valientes’ a los cobardes asesinos de don Eugenio Garza Sada en tanto no ofrezca una disculpa pública y se retracte de sus comentarios.” La propuesta fue aceptada con 30 votos a favor —incluyendo algunos de Morena—, dos en contra y tres abstenciones.^[56]

Al día siguiente, el martes 24, la decisión del congreso neoleonés llegó a la Cámara de Diputados federal donde se debatió. Al final, la Junta de Coordinación Política del órgano legislativo puso a votación un acuerdo para expresar la defensa del diputado con base en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como para manifestar preocupación por las expresiones en la legislación estatal ya “que atentan contra la libertad de palabra y constituyen actos de discriminación”. Con 284 votos a favor, 51 en contra y 47 abstenciones, el acuerdo fue aprobado por el pleno de la cámara.^[57] Un día después, el miércoles 25, en una especie de celebración, el congresista aludido publicó una fotografía en la que posaba junto a dos hombres entrados en años: “No lo conocía, hoy conocí en la reunión del @PTnacionalMX al único sobreviviente del comando que intentó secuestrar a Eugenio Garza Sada, Elías Orozco, ahí con él y con Héctor Domínguez”.^[58] Lejos de convertirse en catalizador, la publicación del diputado tuvo algunas reacciones viscerales en redes sociales, pero los medios nacionales mostraron desinterés. Sin embargo, aún faltaba un epílogo compuesto por las respectivas conmemoraciones.

El martes 8 de octubre, la senadora Sasil de León Villard del Partido Encuentro Social (PES)^[59] presentó el dictamen de la comisión encargada de proponer a la persona que recibiría la Medalla Belisario Domínguez:^[60] “la ciudadana Rosario Ibarra de Piedra por su incansable lucha y activismo de más de cuatro décadas en favor de los presos, desaparecidos y exiliados políticos”. Posteriormente, 11 integrantes del Senado desfilaron por el estrado para respaldar la propuesta y se procedió a la votación cuyo resultado fue contundente: 95 a favor, sin votos en contra ni abstenciones. Dos días más tarde se publicó el acuerdo oficial.^[61]

El miércoles 23 de octubre, flanqueada por los titulares de los tres poderes de la federación, Rosario Piedra Ibarra recibió —en nombre de su madre que tenía en ese momento 92 años— la presea de manos de la presidenta de la Mesa Directiva del Senado. Posteriormente, Claudia Piedra Ibarra, la otra hija de la galardonada, leyó un mensaje en el que su madre hizo alusión clara a la “impunidad absoluta del aparato represor y de sus creadores” y con contundencia afirmó que los “señores del poder quisieron borrar todo rastro de sublevación y rebeldía, pero no pudieron.” Y la declaración política fue redondeada por un acto simbólico: “Señor presidente, Andrés Manuel López Obrador, querido y respetado amigo […] dejo en tus manos la custodia de tan preciado reconocimiento y te pido que me la devuelvas junto con la verdad sobre el paradero de nuestros queridos y añorados hijos y familiares, y con la certeza de que la justicia anhelada por fin los ha cubierto con su velo protector.” Finalmente, se develó el nombre de la premiada en el Muro de Honor y se montó una guardia ante el busto de Belisario Domínguez.^[62]

Al iniciar la siguiente semana, el congreso del estado de Nuevo León invitó a la familia de Eugenio Garza Sada a inaugurar un altar por el próximo día de muertos dedicado exclusivamente al empresario. En ese contexto, David Garza Lagüera —uno de los hijos del difunto— fue interpelado por la prensa respecto a la polémica del mes pasado y respondió sin mayores filtros: “Fueron jóvenes idealistas. Todos ustedes, yo mismo, fuimos idealistas, pero ubicados, no chiflados y loquitos. […] Yo opino así de ellos: son chiflados, cobardes, locos, desubicados, qué más te digo”.^[63] En ese contexto, tanto el diputado Luis Donaldo Colosio Riojas^[64] de Movimiento Ciudadano como la congresista Delfina Beatriz de los Santos Elizondo de Morena, enviaron propuestas coincidentes para homenajear al industrial y colocar su nombre en el muro del recinto legislativo estatal. Luego de una votación favorable, el miércoles 30 de octubre el congreso recibió de nuevo a la familia de Eugenio Garza Sada para que, junto con el pleno, develaran las letras de oro. El discurso oficial corrió a cargo del panista Juan Carlos Ruiz García, presidente del Congreso, quien ensalzó la figura del homenajeado caracterizándolo como un precursor de la seguridad social, en el mismo tono que aquel texto de Enrique Krauze publicado en Reforma en el contexto de la polémica: “Sin duda Don Eugenio Garza Sada fue un gran empresario, quizás el último gran empresario de Nuevo León y México, que tuvo una gran visión no solamente para hacer crecer sus empresas, sino de dar las herramientas y satisfactores necesarios a sus trabajadores para mejorar su calidad de vida”.^[65]

Cruces entre historia y memoria: arenas de disputa y narrativas

Aunque en primera instancia podría pensarse que la polémica desarrollada entre septiembre y octubre de 2019 en torno al adjetivo “valientes” estuvo definida simplemente por una frontera entre simpatizantes y detractores del gobierno encabezado por AMLO, lo cierto es que implicó el traslape de diversos procesos en distintas escalas y dimensiones.

En primer lugar se pueden identificar al menos tres circuitos autónomos de información —con emisores, receptores y un código—^[66] que cobraron relevancia de forma sucesiva durante el desarrollo de la polémica, produjeron una enorme cantidad de mensajes no necesariamente dialogantes entre sí y tuvieron dos características relevantes: primero, no desaparecieron una vez perdida la primacía en el altavoz de la opinión pública, sino que se superpusieron complejizando el entramado de símbolos y significados; y segundo, estos últimos estuvieron en disputa durante todo el proceso, por lo que cada circuito también puede ser pensado como una arena de confrontación de narrativas, es decir, los campos de lucha en los que el pasado fue traducido a las necesidades o intereses del presente.

El texto original se dio a conocer y se convirtió en objeto de debate en las redes sociales —el primer circuito—, cuya naturaleza dotó al fenómeno de peculiaridades de inicio: en muy poco tiempo rebasó el universo de “lectores ideales”, redujo la dimensión del objeto comentado a una frase y luego a un adjetivo, alimentó la exaltación redimensionando el impacto del texto “fantasma” ya reducido a un dicho, promovió la circulación de posiciones emotivas y de menor extensión, y, en ese sentido, privilegió los argumentos ad hominem. Sin embargo, a pesar de los intentos, este circuito no logró posicionar el debate en la agenda política nacional. Al retomar la polémica, el periódico Reforma inició la conformación de la segunda arena de disputa de la opinión pública delimitada por las voces de medios de comunicación —fundamentalmente prensa escrita impresa y digital— y actores políticos de diverso nivel. Como se vio en el apartado anterior, este nuevo circuito obtuvo los insumos iniciales de las redes sociales en las que, además, encontró una caja de resonancia donde se catalizaron dichos y acusaciones, pero a diferencia de los mensajes cortos en internet, las narrativas de la nueva arena evidenciaron mayor densidad tanto por la extensión de los textos, como por los temas y aristas enunciados. En ese sentido, no resulta extraño que el clímax haya sido el domingo con la publicación de los artículos firmados por Krauze, Poniatowska y Berman. Ese mismo día, sin que desaparecieran los primeros dos, cobró forma el tercer circuito con la entrega del premio “Carlos Montemayor” y llegó a su máximo punto con los homenajes en los recintos legislativos, pasando por la disculpa del Estado mexicano en el CCUT. Aunque las ceremonias podrían ser pensadas como la culminación de un proceso lineal, es claro que la sacralización de las memorias en el caso descrito condensó solo una parte de los procesos y, lejos de representar un final, se constituyó en un eslabón más del conflicto por el pasado.

La definición de eventos y actores fue el punto de inicio de la polémica, pero atravesó las distintas arenas en pequeñas disputas por sustantivos y adjetivos que daban cuenta del lugar social de cada enunciante. A su vez, este eje tuvo dos dimensiones: por un lado, las definiciones sobre el acontecimiento y los actores de 1973 —secuestro fallido, operativo, asesinato, crimen, hombre de 81 años, filántropo, gran hombre, antiobrero, jóvenes, valientes, asesinos—; y por otro, las enunciadas para dar cuenta de la discusión y sus participantes en 2019 —derecha intolerante, derecha de talante fascista, conservadores, imbécil, comunistas—. Como se mostró en la descripción, la frontera entre las dimensiones temporales referidas, casi siempre se traslapó evidenciando la construcción de continuidades —no necesariamente existentes— entre ambos periodos. Esa herramienta, que recuerda a la “invención de la tradición”, también da cuenta de la constitución de identidades políticas: una izquierda frente a una derecha —singulares— y ciudadanos mexicanos conscientes frente a comunistas violentos. Al respecto, llaman la atención dos cuestiones. Primero, que ambas diadas tienden a esconder la heterogeneidad propia de cada conglomerado, pues los circuitos de información devenidos arenas de disputa no estaban configurados para los matices. Y segundo que, aunque ambas distinciones parecieran reivindicar su actualidad, hunden sus raíces en el pensamiento moderno de dos o tres siglos de antigüedad: la primera se basa en un criterio ideológico situacional surgido en la Francia revolucionaria y la otra parece dar cuenta de la frontera entre civilización y barbarie. Por supuesto, no afirmo que esas ideas hayan atravesado las centurias manifestándose de forma prístina. Por el contrario, considero que el fenómeno de sujetos concretos del siglo XXI en México codificando la disputa política con base en esos términos es digno de ser pensado más allá del lugar común sobre lo curioso que resulta ese lenguaje político varios lustros después del fin de la Guerra Fría.

Otro eje de las narrativas, que cobró especial notoriedad en la segunda y tercera arenas de disputa, fue el de las ausencias. El texto original de Salmerón no tenía una intención de exhaustividad y, por ende, tampoco podía abarcar todas las dimensiones de análisis sobre el evento narrado, sin embargo, intentó presentar brevemente a los principales actores. Además, como se mostró en el apartado anterior, en buena parte de las publicaciones en redes sociales que cuestionaban al director del INEHRM se hizo al menos una mención sobre el empresario regiomontano. En ese sentido, no deja de llamar la atención que Krauze haya justificado su texto a partir de la ausencia o el olvido de la figura de EGS. Caso contrario resulta el señalamiento de Poniatowska sobre los jóvenes detenidos, torturados y desaparecidos, así como sobre sus familias devenidas colectivos de búsqueda. Esto tuvo eco en las consignas gritadas durante las ceremonias —“vivos se los llevaron, vivos los queremos”—, así como en los señalamientos específicos de Camacho cuando recibió las disculpas del Estado mexicano: “¿y qué pasó, por qué no hablan de los muchachos que murieron?”.^[67] Ahí, las ausencias no se pudieron resarcir con comentarios laudatorios pues, de hecho, no eran solo extravíos o anulaciones deliberadas en el discurso, sino que eran —y son— ausencias concretas, desapariciones forzadas de seres humanos. De ahí que la demanda no haya sido solo por la recuperación digna del recuerdo, sino por la aparición con vida y la obtención de justicia. De forma paralela, otras voces identificaron y reclamaron ausencias más específicas de aquellos cuyo paradero fue sabido, por ejemplo, los exligueros mencionaron en su publicación de Facebook las detenciones de compañeros cuyos cuerpos, con evidentes rasgos de tortura, fueron tirados como una especie de “ofrenda”. En este punto se evidenció que la ausencia narrativa de los actores y su terrible destino, derivaba en la necesaria anulación de los perpetradores como participantes del fenómeno. Por tanto, no solo se trató de contraponer narrativas con sus respectivos ausentes, sino de repoblar el recuerdo para dimensionarlo como un problema del presente.

La violencia, abordada desde distintos ángulos, fue un tercer eje que trenzó los distintos momentos de la polémica. Por un lado, con un filtro ideológico, algunos exmilitantes de la Liga reivindicaron la legitimidad de la violencia practicada: “¿Quién es el responsable de la violencia, el que produce el hambre o el que lucha contra ella?”.^[68] Por su parte, ciertas voces académicas y simpatizantes del gobierno —incluso la Secretaría de Cultura y el INEHRM— apelaron a la contextualización para comprender el actuar de los jóvenes en los 70 y diferenciarlo de los fenómenos actuales. Esto último fue necesario porque, casi desde el inicio, voces políticas de la oposición al gobierno intentaron posicionar la idea de que el polémico adjetivo evidenciaba la reivindicación de la violencia, entendida como un mismo fenómeno en los años 70 y en el presente: mientras que el presidente de la República ha promovido la paz, la reconciliación y la amnistía,^[69] uno de sus funcionarios —la lista crecería— hace apología de la violencia; más aún, eso resulta muy peligroso en el contexto actual de inseguridad y polarización.^[70] Esta línea narrativa, además, tuvo dos vertientes menos difundidas, pero cuyos consecuencias han demostrado su peligrosidad. Por un lado, una subrama muy delicada —que encontró asidero principalmente en las redes sociales— en la que se equiparó a ligueros con delincuentes del presente: “los sicarios y asesinos de la Liga Comunista 23 de Septiembre y los asesinos, secuestradores, torturadores y cocineros de los carteles son exactamente lo mismo. […] Caray, entonces los sicarios de [sic] todos los carteles son verdaderos héroes...”.^[71] Esta idea, llevada al extremo y en combinación con otros elementos como la defensa de la Nación ante una amenaza externa o el dilema libertad-seguridad, constituye el fermento ideal para justificar la represión —incluso extralegal— en contra de actores sociales diversos.^[72] La segunda subrama, también de limitado impacto, se publicó en la prensa digital e impresa y tuvo algún eco en redes sociales: “Los abusos fueron de las dos partes. La guerrilla, cuyas tácticas produjeron más secuestros y asesinatos, y el gobierno, que desató una feroz guerra sucia contra las guerrillas, donde murieron decenas, quizá cientos de ellos, pero también arrasaron con personas inocentes”.^[73] Por supuesto, la afirmación remite a la “teoría de los dos demonios” que ha sido piedra angular de los procesos de anulación de la memoria histórica en transiciones democráticas y, por ende, cobertura para numerosas violaciones de derechos humanos que no han sido juzgadas (Franco, 2014).

Por último, en contadas ocasiones se hizo mención a las heridas, figura que guarda estrecha relación con el eje anterior. En efecto, al haber sido un evento violento con un saldo mortífero en el que participaron actores con determinada trascendencia, el fallido secuestro de 1973 se convirtió en un punto de referencia en la memoria colectiva de diversos sectores sociales. Sin embargo, en el contexto de la polémica se hizo mención a la “herida cerrada” —“No estamos por abrir heridas del pasado sino por la reconciliación”,^[74] “Pedro Salmerón, se convirtió […] en una pesada roca para AMLO al abrir, innecesariamente, heridas muy profundas entre los empresarios y la sociedad de Nuevo León.”^[75]— y a la “abierta” —“La polémica por la publicación del INEHRM, apunta [Elisa Servín], tiene que ver con la herida abierta que existe a partir del hecho, que sigue enfrentando posiciones”—.^[76] Esta dualidad de concepciones sobre el fenómeno confirma, por un lado, que el evento y sus ecos se asocian con el dolor y el trauma, y por otro, que el proceso de rememoración colectiva —una especie de duelo— no ha sido elaborado y mucho menos analizado, en consecuencia, para algunos es una cicatriz hecha con el tiempo que solo testimonia, pero no debe ser abierta, y para otros, es claro que sangra cada vez que es tocada.

Consideraciones finales

La polémica desarrollada durante seis semanas no solo confrontó dos versiones sobre un suceso ocurrido 46 años atrás, sino que condensó varios procesos de memorias necesariamente significadas desde un momento convulso. Poco se inventó durante esos días, pues una parte de los sentidos en disputa corrieron por vías subterráneas de larga data hasta encontrar una fractura que les permitiera erupcionar, mientras otras tantas habitaban en la superficie, pero se catalizaron cuando la disputa cobró forma. El punto de inflexión fue el presente político producto, a su vez, de procesos con densidades históricas igualmente disímiles. Ahí, los agravios no resueltos se proyectaron de nuevo y aquellos que habían sido archivados cobraron bríos.

Tres circuitos de información albergaron y dieron cauce a la polémica: las redes sociales, los medios de comunicación y los espacios políticos institucionales, así como los homenajes. Pero al no ser dos narrativas paralelas, sino un complejo entramado que tendía a la densidad, los circuitos devinieron campos de disputa que se traslaparon, conformando un tejido de narrativas ramificadas. En ese sentido, insisto, la polémica por los “valientes jóvenes” no solo implicó la confrontación entre dos representaciones sobre el pasado delimitadas por envoltorios ideológicos bien definidos, aunque el discurso político, que no suele reconocer matices y pluralidades, haya insistido en la interpretación binaria.

En esos marcos de interpretación se dibujaron dos temas que fungieron como motores de las diversas narrativas, a saber: las tensiones entre la verdad historiográfica, la verdad testimonial y la verdad jurídica; y la pelea por la legitimidad política, es decir, la lucha por la hegemonía. A esto se sumaron las erratas y la ausencia de diálogo para confirmar que, lejos de haberse “resuelto”, los eventos del pasado en cuestión y sus consecuencias directas seguían constituyendo experiencias dolorosas para comunidades específicas y que podían ser atraídas por nuevos grupos desde lugares sociales diversos.

Las páginas anteriores solo constituyen una aproximación al fenómeno, por lo que aún queda pendiente desarrollar investigaciones académicas sobre el fallido secuestro de EGS, por supuesto, capaces de contextualizar el evento y de problematizar —o al menos identificar— las numerosas aristas analíticas que se desprenderían de tales ejercicios. Ahí se dibuja otra veta poco explorada, a saber: recorrer las diversas memorias en las que se inscribe el recuerdo —o el olvido— de ese evento sangriento, a sabiendas de que no han sido lineales y que en más de un momento se han confrontado. Y por último, se ha vuelto necesario profundizar en el análisis sobre la conflictiva relación entre un presente pigmentado por las violencias y los cambios políticos y un pasado reciente que apenas revisitamos, pues la pugna ha continuado de forma esporádica, casi imperceptible para la voracidad inmediatista de las redes sociales y las ansias mediáticas de primeras planas, anunciando condiciones fértiles para multiplicar los usos del pasado.

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Notas

Notas de autor