Artículos

Sobre políticas inclusivas en la Educación Superior: marco conceptual

About Inclusive Policies in Higher Education: conceptual framework

Bárcenas Freyre, José

José Bárcenas Freyre

jbarcenas@pucp.edu.pe

Pontificia Universidad Católica del Perú Perú

Revista Educación y Sociedad

Academia de Estudios Educativos y Sociales, Perú

ISSN-e: 2709-9164

Periodicidad: Bianual

vol. 2, núm. 3, 2021

revista@acees.net

Recepción: 10 Mayo 2021

Aprobación: 12 Julio 2021

URL: http://portal.amelica.org/ameli/journal/590/59031255903125002/

DOI: https://doi.org/10.53940/reys.v2i3.62

Autor de correspondencia: jbarcenas@pucp.edu.pe

Modelo de publicación sin fines de lucro para conservar la naturaleza académica y abierta de la comunicación científica

ePub generado a partir de XML JATS4R

Resumen: El objetivo de esta investigación es conocer la implementación de la política institucional inclusiva para personas con discapacidad en la universidad en estudio. Para tal efecto se analizó dicha política, los procesos de implementación y el rol de la comunidad educativa en el proceso. Asimismo, se busa aportar al mejoramiento de dicho proceso y promover la cultura inclusiva universitaria. Esto permitirá a los estudiantes con diversidad funcional de la región y el país alcanzar la formación profesional con equidad para poder aportar a la sociedad desde la diversidad.

Palabras clave: discapacidad, diversidad funcional, política educativa, educación superior.

Abstract: The objective of this research is to know the implementation of the inclusive institutional policy for people with disabilities in the university under study. For this purpose, said policy, the implementation processes and the role of the educational community in the process were analyzed. Likewise, it seeks to contribute to the improvement of this process and promote an inclusive university culture. This will allow students with functional diversity in the region and the country to achieve professional training with equity for to be able to contribute to society from diversity.

Keywords: disability, functional diversity, educational policy, higher education.

Introducción

En la historia antigua de la humanidad, el trato al “diferente” ha estado marcado por una nítida situación de exclusión social y educativa (Neves y Araujo, 2017). Sin embargo, ya en la historia contemporánea, las sociedades en general han manifestado su preocupación por el colectivo de personas con discapacidad. La Organización Mundial de la Salud (OMS, 2011) describió la discapacidad como un concepto que abarca todas las deficiencias desde una visión enfocada en las limitaciones para la realización de actividades que implica una participación social empobrecida. Esta visión de la discapacidad está enfocada en lo negativo de la interacción entre la persona que tiene una condición de salud y el contexto ambiental y personal en el que se desenvuelve.

Existen diferentes clasificaciones de la discapacidad relacionadas con el origen de esta y el grado de intensidad en el que afecta a las personas. Se pueden identificar tres grandes grupos: física o motora (falta de miembros o problemas en la función motora), sensorial (visual o auditiva en diferentes grados) e intelectual (problemas para la comprensión y el aprendizaje) ([Ley Nº 27050] Congreso de la República, 2012, p. 1). En este caso el presente manuscrito se centrará en la implementación de la política inclusiva para estudiantes con discapacidad sensorial y motora en la universidad en estudio.

Al revisar la bibliografía académica se han encontrado repetidos intentos por reducir la discriminación que genera la nominación de personas con discapacidad y en el intento de hacer una mejora se ha propuesto llamarlas personas con habilidades diferentes, personas con necesidades diferentes, personas con necesidades diversas y personas con diversidad funcional. Todas estas alternativas tienen la intención de eliminar el matiz negativo y rescatar de manera positiva la diferencia, sin señalar la carencia o deficiencia de la persona. Esta investigación asumirá el término de personas con diversidad funcional (PDF) en un intento por reducir la estigmatización que implica el señalamiento de la dificultad y por aportar un sentido positivo cada vez que el colectivo sea mencionado en el texto. También se considera la diferencia entre las personas como un valor individual y social que debe ser respetado, lo que apela a la solidaridad en la búsqueda de una sociedad basada en la confianza.

Este estudio aborda la inclusión de personas con diversidad funcional en el marco de la política educativa de una institución de educación universitaria de Lima Metropolitana con 13 Facultades y un promedio de aproximadamente 30,000 estudiantes matriculados. Se entiende por política educativa a “un conjunto de líneas de acción diseñadas, decididas y efectivamente seguidas por la autoridad educativa en el ámbito de su competencia” (Mancebo, 2001, p. 3), con el fin de integrar contenido y proceso. Este proyecto se basa en un análisis de los procesos de implementación de dicha normativa, con el propósito de conocer si una organización puede conjugar recursos humanos y materiales en forma coherente y organizada, y lograr, además, que sus operadores sean capaces de alcanzar los objetivos explicitados por la organización (Williams, 1975).

Enfoque de inclusión social

La inclusión social es la forma en que se concreta la participación de las personas en la vida democrática. En otras palabras, se trata de la implementación de políticas públicas que vinculan a los miembros de la sociedad en una convivencia beneficiosa para todos. Una sociedad inclusiva intenta satisfacer las necesidades sociales, económicas, de salud, políticas y culturales de todos sin discriminación. Se relaciona con el derecho humano a la igualdad en el acceso a la vida comunitaria, sin excepción por raza, credo, color, opción sexual, afinidad política, etc. En una sociedad democrática e inclusiva se debe asegurar el acceso a las oportunidades y recursos para una vida plena para todos. Bajo el enfoque de inclusión se estudian las políticas referidas a preservar los derechos de diversos grupos históricamente excluidos entre los que se encuentran las PDF (Akel, 2013).

Más allá de la consideración de la inclusión de las personas con discapacidad como un derecho, están las actitudes respecto a estas en sus procesos de socialización. Una de las dificultades para la aceptación de la diferencia se debe al temor a lo desconocido, que genera inseguridad y desconfianza, y da lugar a prácticas de exclusión social justificadas por conceptualizaciones teóricas elaboradas a partir de esos temores. Desde el modelo biopsicosocial se comprende la discapacidad como una condición en interacción con el contexto, que puede ser limitante y restrictivo (Aparicio, 2009).

Así mismo, existen posturas que consideran la convivencia con la diferencia como una experiencia de enriquecimiento social, si se piensa la diferencia como un valor. Lejos de ser considerada una amenaza, la convivencia con la diferencia es posible siempre y cuando se le perciba como una ventaja para el desarrollo de valores que deben impregnar las relaciones humanas, como la solidaridad, el apoyo al otro, la aceptación, etc., en camino a una sociedad más inclusiva (Brazão, 2005).

Persona con diversidad funcional

La transición respecto a los anteriores esquemas radica en desentenderse de la nominación que señala la no participación en las personas con discapacidad y reivindicar la presencia del sujeto y la riqueza para todos en la diversidad. El discurso de la diversidad funcional deberá agregar en su elaboración del concepto de discapacidad, la exigencia de una categorización desmedicalizada. Esto hará posible la integración de la diversidad interna del colectivo a partir de una redefinición de las capacidades y discapacidades humanas según criterios sociológicos, políticos y culturales. De este modo habrá una apropiación del sentido de la salud más allá del estricto discurso de la ciencia médica (Rodríguez y Ferreira, 2010).

En términos generales, las PDF crecen arrastrando limitaciones en sus procesos educativos desde la etapa escolar, lo que genera en el colectivo un marcado abandono luego de la secundaria, al momento de acceder a la educación superior (Belzunegui y Puig, 2016). La conquista de los derechos de las personas con diversidad funcional se describe como un largo camino de exclusiones, pues históricamente se les ha mantenido aisladas de los espacios donde se imparte conocimiento. De ahí que la educación inclusiva se considere una cuestión de derechos humanos, pues ninguna persona debe ser segregada por sus discapacidades (Rodríguez y Ferreira, 2010).

Educación inclusiva

El sistema educativo es el motor principal de la movilidad intergeneracional, que permite el acceso al desarrollo humano y laboral, el cual si se mantiene en el tiempo puede generar desplazamientos para poder salir de la pobreza y la exclusión. No obstante, este mismo sistema de movilidad social puede ser un instrumento de exclusión social y mantener la desigualdad, si en su actuar se reproducen los privilegios dentro de los grupos históricamente favorecidos.

El marco normativo propuesto por la UNESCO (2008) establece que “la educación superior es un bien público estratégico”, esencial en las sociedades democráticas como impulso para el logro de la equidad, la justicia y la solidaridad, en la búsqueda de la cohesión social. La UNESCO también señala que aun más importante que la incorporación en las convenciones, es el hecho de haber adoptado el acceso, la no discriminación, la permanencia, el avance y progreso educativo a lo largo de la vida como elementos fundamentales y de reconocimiento universal, es decir, la educación inclusiva (2008).

Concepto de educación inclusiva

La educación inclusiva fue definida por Ainscow (2019) como un proceso que responde a la diversidad, reduce la exclusión e incrementa la participación en los procesos e instituciones educativas. Así, se propone una educación de calidad sin diferencias ni discriminación, en la que se trata de lograr una experiencia de aprendizaje exitosa que requiere de cambios estratégicos significativos en las instituciones. Para CINDA (2019) esta educación debería ser garante del acceso, permanencia y egreso de los estudiantes que forman parte de los grupos históricamente segregados por su condición de vulnerabilidad social, pobreza, identidad de género, orientación sexual, condición de inmigrantes o situación de discapacidad.

Por su parte, Constantino (2017) expresó que la “educación inclusiva influye en la formación de las personas sin discapacidad al ayudar a inculcar valores como la solidaridad y la inclusión” (p. 112), que aportan a la construcción de una sociedad más inclusiva, formada por individuos con y sin discapacidad. La concepción de educación inclusiva que asume esta investigación, es una que comprende tanto el reconocimiento de la diversidad sin diferencias ni discriminación, así como la garantía de la integración de los estudiantes con diversidad funcional (EDF) a la educación, en condiciones de igualdad. Esto implica, además, el beneficio de la convivencia con los estudiantes sin diversidad funcional para la generación de valores en la ruta de construcción hacia una sociedad más integradora.

Políticas educativas inclusivas

Los tratados internacionales describen la educación de la siguiente forma:

Un derecho que les corresponde a todas las personas, independientemente de sus diferencias culturales, sociales, económicas, étnicas, religiosas, de género, idioma, condición de discapacidad o estilos de aprendizaje. Toda institución educativa debe brindar el servicio educativo para todas las personas, sin ningún tipo de discriminación (Defensoría del Pueblo, 2019, p. 20).

Una de las premisas de la atención a la diversidad en la educación es el deber de garantizar el derecho a la disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y adaptabilidad de los procesos educativos en todas las etapas de la vida (Ruiz, 2014), así como la convicción de que todas las personas pueden estudiar y aprender juntas. Alineados con los enunciados de la Cumbre del Milenio (Nueva York, 2000), los Estados miembros de las Naciones Unidas se comprometieron a “lograr la plena protección y promoción de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales de todas las personas” (Defensoría del Pueblo, 2019, p. 30). En función de esos principios se han diseñado e implementado políticas educativas inclusivas basadas en la responsabilidad de todos los Estados de “respetar y defender los principios de la dignidad humana, la igualdad y la equidad” (Asamblea General de las Naciones Unidas, 2000, p. 1) a nivel mundial.

La educación inclusiva está vinculada con la educación en democracia, que no excluye ni discrimina y es un derecho para todos. Desde este enfoque se diseñan las políticas que parten del hecho de que “la educación inclusiva es un modelo que implica que en toda aula el profesor respete la diferencia, las necesidades y los retos de cada uno de sus estudiantes, y que los prepare para la vida” (Mayo, 2015, p. 9).

Políticas educativas inclusivas en educación superior

Con la creciente movilidad social y la revolución tecnológica, el modelo de universidad elitista y selectiva ha quedado atrás. Se han abierto las puertas a estudiantes provenientes de diversas realidades, que se movilizan gracias al acceso a la información y a las ventajas de la vida globalizada, y que han cambiado el perfil del estudiante universitario de décadas pasadas para ser hoy más heterogéneos. En las últimas décadas las instituciones de educación superior se han visto en la necesidad de asumir dicha heterogeneidad mediante políticas inclusivas que requieren la elaboración de estudios diagnósticos de la realidad y sus contextos, presupuestos suficientes, docentes capacitados para la inclusión, infraestructuras adecuadas y una planificación estratégica que pueda responder a las necesidades del día a día.

Una de las demandas sociales de mayor presión para los Estados es la relacionada con los derechos en la educación, porque “son una herramienta para el desarrollo de los pueblos” (Avendaño, 2017, p. 3). Recientemente se han incrementado las manifestaciones públicas en toda la región latinoamericana que exigen a los gobiernos la creación e “implementación de políticas educativas para la educación superior que hagan” (p. 3) efectivo ese derecho. Las políticas públicas son un mecanismo de participación ciudadana; desde la sociedad civil, representada por el Estado, se generan las propuestas para el conjunto de la sociedad en general. En palabras de Avendaño (2017):

La base de la construcción y diseño de las políticas públicas deberían ser las necesidades, intereses y requerimientos de la sociedad civil y de los grupos o sectores que la componen, especialmente lo que se encuentran en desventaja, inequidad o pobreza. (p. 5)

CINDA (2019), en lo que se refiere al diseño de políticas inclusivas en la educación superior, recomienda establecer objetivos generales en periodos temporales posibles de controlar, a partir de los cuales se puedan generar objetivos específicos, indicadores de resultados y balances de impacto. También indica que estos deberían guardar correspondencia con la misión institucional y con la normativa nacional e internacional vigente. Las políticas, según el mismo documento, deben contar con presupuesto suficiente para su continuidad en el tiempo, disponer de recursos técnicos (personal, equipos e infraestructura) y económicos para su implementación y mantenimiento, ser flexibles y adaptables a los cambios posibles en el tiempo, y deben poderse evaluar en su impacto (CINDA, 2019). Así mismo, el Centro Interuniversitario de Desarrollo, plantea que se debe considerar la importancia de la realización de un diagnóstico previo al diseño de una política de inclusión, el reconocimiento de las fortalezas y debilidades de la institución respecto al tema, su particularidad, la misión y visión sobre la que se desarrollan sus acciones y el modelo educativo, con la idea de formar una cultura inclusiva que perdure.

De acuerdo con Gómez y García (2017) la educación superior inclusiva es un fenómeno social que hace posible la interacción entre sujetos que se caracterizan por ser diferentes. Los autores plantearon que los sistemas educativos deben desarrollar propuestas que atiendan a esa diversidad en espacios formativos, en aras de lograr la participación plena de las personas en todas las dimensiones de la vida humana, a partir de una educación de calidad, sin discriminación, con la que se resuelvan las dificultades de acceso y se aliente la cohesión social.

En esa línea, el CINDA (2019) ha indicado que las instituciones de educación superior son de los pocos espacios que generan el encuentro en la diferencia entre personas de orígenes, culturas y trayectorias diversas, que unidas por el interés de su desarrollo académico pueden construir redes y superar las barreras sociales que en la actualidad moldean a la sociedad. La implementación de las políticas inclusivas es un proceso de adecuación progresiva que debe considerar las realidades particulares de cada institución y conocer sus fortalezas y debilidades en cuanto a la inclusión.

El compromiso de garantizar la igualdad de oportunidades para la educación de personas tradicionalmente excluidas, como las PDF o los grupos segregados por género, multiculturalidad o diversidad sexual, demanda a las “instituciones de educación superior proporcionar contextos de equidad” (CINDA, 2019), en los que los estudiantes puedan participar de la vida académica y universitaria según sus intereses y en igualdad de condiciones para todos en un espacio de sana convivencia. La garantía de igualdad de oportunidades puede cuestionarse con base en las ideas filosóficas de Derrida (2008) y su idea de hospitalidad incondicional.

Respecto a las políticas educativas inclusivas se debe considerar la no condicionalidad en el proceso de inclusión del diferente y la no configuración de un mundo a la medida de la norma social a la que los discapacitados deban adecuarse. La importancia de esta reflexión reside en el peligro de caer en procesos de hospitalidad que lejos de ofrecer espacios para desarrollar la voz diversa, se conviertan en oportunidades para establecer más barreras. Según el autor de esta forma se crea la posibilidad de hospedar la diversidad en las instituciones educativas sin proponer un cambio, por lo cual los conceptos siguen moldeándose en la normalidad.

Política institucional universitaria para personas con diversidad funcional

Las políticas institucionales se relacionan con la cultura organizacional y son el resultado de la toma de decisiones sobre qué se debe explicitar, cuáles de estas políticas son de carácter público y cuáles son restrictivas, etc. (Sime, 2008). Las políticas institucionales, al igual que las políticas públicas, son un conjunto de objetivos, decisiones y acciones que se orientan a la resolución de problemas que se han identificado y que se consideran de urgente solución. En el ámbito educativo, con frecuencia, se refieren a la creación de servicios y el impacto que se pretende lograr por lo general está incluido en los objetivos planteados. Las metas son los resultados que se intentan alcanzar a partir de las acciones propuestas (Delgado, 2009).

Según Mancebo (2001) “se entiende por política educativa a un conjunto de líneas de acción diseñadas, decididas y efectivamente seguidas por la autoridad educativa en el ámbito de su competencia, integrando contenido y proceso”. El contenido, de acuerdo con el autor, está conformado por una serie de líneas de acción o inacción (que también pueden constituir una política) orientadas normativamente por principios y valores. Estas se pueden materializar en formato de leyes, reglamentos o resoluciones institucionales. Las políticas institucionales educativas se diferencian por los principios que orientan sus contenidos y por los niveles educativos a los que están destinadas.

Implementación de políticas inclusivas

La fase de implementación de una política inicia después de que el problema central que se pretende resolver ha sido identificado y analizado; y luego de haber tomado la decisión de resolverlo o de participar en su solución. Generalmente, la decisión es refrendada por una norma, pero entre la aprobación de esta y la ejecución real hay un conjunto de procesos institucionales que deberán efectivizarse de manera coordinada y sistemática. Se trata de la etapa en la que deben generarse todas las condiciones necesarias para que esa decisión se convierta en acciones o servicios concretos. Por eso, se dice que existe una importante diferencia entre la fase de implementación y la fase de ejecución de la política. La primera crea todas las condiciones técnicas, materiales y financieras para hacer posible la segunda.

Esta investigación tiene como objeto de análisis el proceso de implementación de la política institucional de inclusión para las PDF, es decir, el proceso de generación de las condiciones para que los objetivos de la política institucional se puedan cumplir. Para diversos autores (Muñoz, 2014; Rodríguez y Ferreira, 2018; Navarro, 2016) el estudio de la implementación de las políticas es decisivo para entender el funcionamiento y resultados de una política, pero también es un proceso sobre el cual se sabe poco. Aguilar (2000) aseguró que este desconocimiento obedece a la suposición ingenua de que luego de que una entidad tome la decisión esta necesariamente será realizada con éxito y se mantendrá el mismo espíritu e interés de los tomadores de decisión.

Adicionalmente, los investigadores empíricos identifican fallas en los procesos de implementación de las políticas educativas inclusivas, en parte porque ocupan el último lugar en la preocupación institucional. Por el contrario, destacan el trabajo de las ONG, que suplen la labor del Estado (Fajardo, 2017). En todo caso, el problema viene de atrás, del ámbito de la educación básica: se generan dificultades de inclusión educativa en la primaria, se produce el abandono escolar en la secundaria, lo que deviene en el poco acceso a la educación superior por la carencia de un sistema educativo capaz de generar una experiencia global y continua de no discriminación y de inclusión en toda la experiencia educativa de las PDF (UNESCO, 2008).

El CINDA (2019) considera necesario “diseñar políticas institucionales sostenibles, y consistentes con una conceptualización de la inclusión” (p. 116), y, además, plantea como urgente revisar el proceso que permitirá concretar estas decisiones institucionales. En el presente estudio, ante la escaza literatura que se ocupa del tema en el ámbito universitario, se recurrió a la referencia conceptual de la implementación en cuanto fase de la política pública, que incluye principalmente la planificación institucional universitaria, la organización, la financiación, la adecuación estructural y la capacitación docente.

Participación de la comunidad educativa

La inclusión como tarea de la comunidad educativa implica la participación de todos sus miembros, pues la inclusión es mucho más que la mera incorporación de las personas en los ámbitos ya existentes. Se trata de crear contextos nuevos que representen mejoras y beneficios generales; una tarea en la cual es necesaria la participación de todos en la construcción de una cultura de inclusión. Se han investigado diversas estrategias para la identificación de buenas prácticas inclusivas en el personal directivo de una comunidad educativa, así como para el diseño de intervenciones transversales para la sensibilización y capacitación docente, estudiantil y administrativa para el trato adecuado de las PDF (Tapia, 2016; Gairín et al., 2015).

Una manera de lograr la participación de la comunidad educativa en la construcción de una cultura inclusiva en la educación superior es generando espacios de capacitación para el manejo de situaciones propias de la vida estudiantil universitaria. Aguilar (2000) ha detectado dificultades a nivel de la planificación del proyecto docente desde los principios del diseño universal (una metodología para todos) y una falta de estructuras de apoyo al estudiante discapacitado en la prestación de servicios académicos y administrativos adaptados.

Conclusiones

En el presente artículo se presentan los enfoques y conceptos que dan marco conceptual a la investigación sobre políticas de educación inclusiva de PDF en las universidades, así como las posibles relaciones que existen entre ellos. En particular, se aborda, por un lado, el enfoque de inclusión social para comprender la perspectiva de la diversidad funcional en relación con el concepto de persona con discapacidad, la educación inclusiva y la política inclusiva institucional.

Referencias

Aguilar, L. (2000). El estudio de las Políticas Públicas. México: Miguel Ángel Porrúa Grupo Editorial.

Ainscow, M. (2019). Documento de discusión preparado para el Foro Internacional sobre Inclusión y Equidad en la Educación «Todas y todos los estudiantes cuentan». Unesco. Recuperado de https://es.unesco.org/sites/default/files/2019-forum-inclusion-discussion-paper-es.pdf

Akel, S., Baloira, K., y Bastos, J. (2013). ¿Qué es la inclusión social? La Inclusión Social como Derecho Humano. Recuperado de https://sites.google.com/site/g113141dhsocial/home/-que-es-la-inclusion-social

Aparicio, M. (2009). Evolución de la conceptualización de la discapacidad y de las condiciones de vida proyectadas para las personas en esta situación. En M. Reyes y S. Conejero (Coordinadoras), El largo camino hacia una educación inclusiva: la educación especial y social del siglo XIX a nuestros días. Llevado a cabo en el XV Coloquio de Historia de la Educación. Recuperado de https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2962512

Asamblea General de las Naciones Unidas. (2000). 55/2 Declaración del Milenio. Resolución aprobada por la Asamblea General. Recuperado de https://www.un.org/spanish/milenio/ares552.pdf

Avendaño, W., Paz, L., y Rueda, G. (2017). Políticas públicas y educación superior: análisis conceptual del contexto colombiano. Revista Venezolana de Gerencia, 22(79). doi: 10.37960/revista.v22i79.23034

Belzunegui, A., & Puig, X. (2016). El abandono de los estudios entre los jóvenes con discapacidad. Grandes transformaciones sociales, nuevos desafíos para la Sociología. Conferencia llevada a cabo en el XII Congreso Español de Sociología, Gijón, España.

Brazão, W. (2005). Pessoas com deficiência são sujeitos de direito e eu quero ter o direito de conviver com eles em todos os espaços sociais: reflexão sobre a educação & cultura. En A. Barbosa, Inclusões (pp. 131-151). Brasil: Rede SACI.

Centro Interuniversitario de Desarrollo. (2019). Educación superior inclusiva. Cinda. Recuperado de https://cinda.cl/publicacion/educacion-superior-inclusiva/

UNESCO. (2008). La educación inclusiva: el camino hacia el futuro. Conferencia Internacional de Educación, Ginebra, Suiza.

Congreso de la República del Perú. (2012). Ley N.° 27050 del 24 de diciembre de 2012. Ley General de la persona con discapacidad. Lima, Perú. Congreso de la República del Perú.

Defensoría del Pueblo. (2019). El derecho a la educación inclusiva. Barreras en la implementación de los servicios educativos públicos y privados para estudiantes con discapacidad y con otras necesidades educativas. (Informe N° 183). Recuperado de https://www.defensoria.gob.pe/informes/informe-defensorial-no-183-el-derecho-a-la-educacion-inclusiva/

Delgado, L. (2009). Las políticas públicas. El ciclo de las políticas públicas. Clases de políticas públicas. Eficacia, legalidad y control. Indicadores de gestión. Recuperado de https://www.colibri.udelar.edu.uy/jspui/handle/20.500.12008/22880

Fajardo, M. (2017). La Educación Superior Inclusiva en Algunos Países de Latinoamérica: Avances, Obstáculos y Retos. Revista Latinoamericana de Educación Inclusiva, 11(1), 171-197. doi: 10.4067/S0718-73782017000100011

Gairín, J., Rodríguez-Gómez, D., y Barrera-Corominas, A. (2015). Acceso, permanencia y éxito académico de colectivos vulnerables en la Educación Superior. Recuperado de https://ddd.uab.cat/pub/llibres/2015/132954/accperexi_2015.pdf

Gómez, Y., y García, MM. (2017). Hacia una Educación Superior Inclusiva. ReiDoCrea, 6(24), 300-319. doi: 10.30827/Digibug.48554

Mancebo, M. (2001). La larga mancha de una reforma exitosa: de la formulación a la implementación de políticas educativas. En P. Narbondo y C. Ramos (Compiladores). Uruguay: La reforma del Estado y las políticas públicas en la democracia restaurada (1985-2000) (139-162). Montevideo, Uruguay: ICP-EBO.

Mayo, L., Cueto, S., y Arregui, P. (2015). Políticas de inclusión educativa (Boletín N° 39). Consejo Nacional de Educación. Recuperado de https://www.cne.gob.pe/uploads/publicaciones/boletin/boletin-cne-opina-39.pdf

Muñoz, E. (2014). Estudio de la implementación de política pública desde la perspectiva organizacional. El caso del Proyecto Estratégico de Seguridad Alimentaria en el Estado de Zacatecas, 2005-2013 (Tesis de maestría). Recuperado de https://colsan.repositorioinstitucional.mx/jspui/handle/1013/351

Navarro, C. (2016). El estudio de las políticas públicas. Revista Jurídica Universidad Autónoma De Madrid (17), 231-255. Recuperado de https://revistas.uam.es/revistajuridica/article/view/6100

Neves, A. y Araujo de Lima, C. (2017). A historia da pessoa com deficiencia e da educaçao especial em tempos de inclusao. Revista Interritórios, 3(5). Recuperado de https://periodicos.ufpe.br/revistas/interritorios/article/view/234432/27604

Organización Mundial de la Salud. (2011). Resumen. Informe mundial sobre la discapacidad. Recuperado de https://www.who.int/disabilities/world_report/2011/summary_es.pdf

Rodríguez, S., y Ferreira, M. (2010). Diversidad funcional: Sobre lo normal y lo patológico en torno a la condición social de la dis-capacidad. Cuadernos De Relaciones Laborales, 28(1), 151-172. Recuperado de https://revistas.ucm.es/index.php/CRLA/article/view/33363

Rodríguez, S., y Ferreira, M. (2018). Desde la dis-capacidad hacia la diversidad funcional. Un ejercicio de Dis-Normalización. Revista Internacional de Sociología (RIS), 68(2), 289-309. doi: 10.3989/ris.2008.05.22

Ruiz, M. (2014). El derecho a la educación y la construcción de indicadores educativos con la participación de las escuelas. Sinéctica, (43), 1-19. Recuperado de http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_issuetoc&pid=1665-109X20140002&lng=es&nrm=iso

Sime, L. (2008). Pautas para el análisis de documentos de organizaciones educativas [diapositivas de PowerPoint].

Tapia, E., García, J., y Quintero, L. (2016). Educación superior accesible para todos con un enfoque diferencial frente a la diversidad. Revista nacional e internacional de educación inclusiva, 9(1), 250-260. Recuperado de https://revistaeducacioninclusiva.es/index.php/REI/article/view/84/81

Williams, W. (1975). Implementation Analysis and Assessment. Policy Analysis, 1(3), 531-566.

Constantino, R. (2017). Juntos y revueltos: Evolución, justificación y debates de la educación inclusiva en el derecho internacional de los derechos humanos. Anuario de Investigación del CICAJ, 111-158. http://repositorio.pucp.edu.pe/index/handle/123456789/110985

Notas de autor

jbarcenas@pucp.edu.pe