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Las funciones del Gobierno Boliviano durante la pandemia por el COVID - 19

The functions of the Bolivian Government during the pandemic for COVID - 19

Mendizábal Rodríguez, Mónica B.; Quiroga Mendizábal, Octavia

Mónica B. Mendizábal Rodríguez

monicamendizabalrodriguez@gmail.com

Investigadora Independiente Bolivia

Octavia Quiroga Mendizábal

quirogaoctavia@gmail.com

Universidad Católica Boliviana Bolivia

Revista Educación y Sociedad

Academia de Estudios Educativos y Sociales, Perú

ISSN-e: 2709-9164

Periodicidad: Bianual

vol. 1, núm. 1, 2020

revista@acees.net

Recepción: 15 Mayo 2020

Aprobación: 12 Agosto 2020

URL: http://portal.amelica.org/ameli/journal/590/59026575902657004/

DOI: https://doi.org/10.53940/reys.v1i1.50

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Citar como:Mendizábal, M. B. y Quiroga, O. (2020). Las funciones del Gobierno Boliviano durante la pandemia por el COVID-19. Revista Educación y Sociedad, 01(01), 55-61. doi: 10.53940/reys.v1i1.50

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Resumen: El presente artículo aborda la problemática por la que atraviesa Bolivia hoy en día, ante la emergencia sanitaria por el Covid -19. Frente a la crisis, no sólo el sistema de salud ha mostrado su ineficacia, sino también se observa la falta de respuestas por parte de las autoridades correspondientes en otras áreas que, de la misma manera, se han visto golpeadas por la llegada del virus. La educación se ha visto suspendida o entrecortada en algunas poblaciones y los casos de violencia en razón de género no han disminuido. El común denominador, en ambos casos, es la desvinculación de las autoridades frente a sus responsabilidades.

Palabras clave: Bolivia, pandemia, educación, violencia de género.

Abstract: This article addresses the problems that Bolivia is going through, in the face of the Covid -19 health emergency. During the crisis, not only has the health system demonstrated its ineffectiveness, but it also observes the lack of responses from the authorities in other areas that have seen truly affected by the arrival of the virus. For instance, education has been suspended or interrupted in some parts of the country, and cases of gender-based violence have not decreased. The common denominator in both cases is the absence of grueling of the authorities from their responsibilities.

Keywords: Bolivia, pandemic, education, gender- based violence.

Introducción

“Estamos hartos de vivir momentos históricos”, leía este post en Twitter a mediados de la cuarentena en Bolivia; justamente, un momento histórico es aquel que pone en tela de juicio – y en algunos casos destruye- lo que la población, en su mayoría, percibe como normalidad. Bolivia, desde el año pasado, se vio sacudida con una crisis política y social que, de manera general, terminó abriendo una grieta en la unidad e identidad nacional. Como si la situación no fuera de por si delicada, toca enfrentarse – ahora como población mundial- a un virus completamente nuevo y, por lo tanto, desconocido. Efectivamente, resulta complejo y, visto desde el aspecto psicológico, hasta traumático tener que enfrentarse con lo que se tiene (porque países como la Argentina no contaba con Ministerio de Salud hasta inicios del 2020) y, a su vez, tener que despedirse de seres queridos y de la vida previa a la pandemia.

La pandemia del Covid–19, además de revelar el precario sistema de salud de muchos países, ha dejado al descubierto las verdaderas prioridades e intenciones de ciertos gobiernos. El caso boliviano no es la excepción. El gobierno “transitorio” no ha hecho más que acumular fracasos frente a la pandemia: dos cambios de ministros de salud, pugnas entre el gobierno central y los servicios departamentales de salud, escándalos de corrupción y, sobre todo, un nivel bajo, e inclusive casi nulo, de compresión y empatía con el pueblo boliviano. Actualmente Bolivia, como muchos otros países, se encuentra en la fase de cuarentena flexible, es decir, las actividades laborales tanto públicas como privadas son permitidas bajo medidas de bioseguridad. Esta nueva etapa no quiere decir que el país haya alcanzado su nivel máximo de contagios, sino que responde a la necesidad económica de muchas familias que viven al día.

La adopción de medidas para la “nueva normalidad” sirve para evidenciar las brechas que existen entre los países que pueden permitirse un retorno a clases y quienes tienen que seguir con clases virtuales o, en muchos casos, no pueden continuar con sus estudios por la falta de recursos para acceder a los mismos. De la misma manera, existen países donde no se ha tenido que recurrir a la policía para controlar el cumplimiento de la cuarentena o participar en los rastrillajes en busca de casos; mientras, en Bolivia, miembros de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia han interrumpido sus labores para prestar servicios durante la pandemia. Sin embargo, los feminicidios e infanticidios no se han detenido -mucho menos disminuido- durante la cuarentena. El escenario boliviano actual, oscila entre el aumento de casos de Covid-19, la disminución de recursos para tratarlos, la violencia en razón de género en los hogares y la incertidumbre para muchos estudiantes de colegios públicos.

Entre la utopía y la realidad del sistema educativo boliviano

Desde los conflictos sociales y la posterior crisis política, la población boliviana estaba enfocada en tratar de recuperarse económicamente, mientras que los estudiantes estaban repasando – y en algunos casos aprendiendo - el contenido que no pudo llevarse en la gestión escolar pasada.

El 12 de marzo del presente año, dos días después de registrarse los primeros casos de Covid-19 en el país, se suspendieron las labores educativas en todos los niveles y en todo el territorio. De manera abrupta, los estudiantes dejaron de asistir a las escuelas y muchos dejaron de recibir clases en su totalidad. El problema más grande es la falta de acceso a internet y a dispositivos como computadoras y celulares inteligentes. Para ser más específicos, Bolivia tiene el internet más caro de América Latina, pagando 8,51 dólares por cada gigabyte consumido, mientras que en Perú un gigabyte cuesta 2,48 dólares (Los Tiempos, 2020).

Asimismo, los colegios fiscales no cuentan con plataformas en línea para impartir clases y, mucho menos, sus estudiantes cuentan con las herramientas para acceder a las mismas. En otras palabras, la educación ha entrado a la fase de la ley de la selva: ¡Sálvese quien pueda!

Víctor Hugo Cárdenas, el actual ministro de educación, es el responsable de dar respuesta a esta crisis que cada vez se hace más insostenible no solo por los estudiantes, sino también por el magisterio, quien ha estado sumando despidos injustificados durante la pandemia. Mostrando la verdadera cara de este gobierno de “transición”, Cárdenas habría desatendido los reiterados pedidos de los estudiantes que exigían alternativas a la modalidad virtual y los de padres de familia y profesores que pedían internet gratuito y clases semipresenciales. El ministro sostiene que se utiliza la pobreza como bastión ideológico para rechazar la educación virtual (Sánchez, 2020). Sigue la línea del resto del gabinete del gobierno de Jeanine Añez, quien politizó la educación de más de 2 millones de niños, niñas y jóvenes y culpó al ex gobierno de Morales, desligándose así de cualquier tipo de crisis actual en el sistema educativo.

A lo largo de la pandemia ha salido a la luz más de un testimonio de familias que cuentan con un sólo celular inteligente y con numerosos hijos, debiendo hacer turnos estrictos para poder ver los videos educativos enviados por sus profesores y enviar las tareas que los mismos les dan; en el área rural el escenario es mucho más complejo. Previo a la pandemia, los estudiantes debían caminar kilómetros para llegar a sus centros educativos; ahora, son los maestros los que deben recorrer varios kilómetros al día para poder llegar hasta sus alumnos, ya que desde el principio la educación virtual fue declarada una alternativa inaccesible.

Resultan aún más preocupantes las declaraciones de las autoridades, que romantizan las condiciones precarias en las que maestros imparten clases. Los llaman héroes, devotos de la patria, pero no hacen más por ellos; mismo accionar se evidencia con el trato hacia el personal de salud, quienes en primera fila reciben trajes de jardinería para hacer frente a la pandemia.

Las y los estudiantes, de cualquier nivel, no deberían siquiera pensar en abandonar su educación a causa de la pobre respuesta del gobierno. En Bolivia, la educación es un derecho y el ministro, al ignorar los pedidos de los estudiantes y los padres, está negando este derecho.

La pandemia ha golpeado a todos y a cada uno de los rincones de la sociedad; está claro que traerá cambios y nuevos problemas en todo el mundo, pero en Bolivia la pandemia trae consigo insostenibilidad. Si hasta antes de la presencia del Covid -19 era un desafío para muchas familias enviar a sus hijos a la escuela, ahora el escenario es mucho más oscuro. Por lo tanto, no es sorpresa que los padres de familia y el magisterio hayan decidido salir a las calles a pedir una solución – entre las opciones se encuentra la destitución de Víctor Hugo Cárdenas–. No, no son inconscientes ni tratan de atentar contra la salud del resto de los bolivianos; tampoco tienen porqué ser personas pagadas por Evo Morales. Son, en realidad, personas que exigen el derecho de ejercer su profesión en condiciones dignas y padres de familia que guardan en sus hijos e hijas la esperanza de un mejor futuro.

Resulta evidente – no sólo con las declaraciones del Ministro de Educación- que esta gestión pública ha optado por hacer campaña con el virus; al gobierno no le interesa su población – infectada o no – y, resulta más evidente aún que ni las propias autoridades nacionales creen su propio discurso, al sostener que el Coronavirus no distingue entre clases sociales. Pues claro que lo hace, porque están quienes pueden pagarse el tratamiento en un hospital privado, quienes disponen de internet ilimitado para acceder a sus clases virtuales y, además, pueden realizar compras de alimentos, de medios de entretenimiento, de material deportivo y hacer todo mediante pagos digitales; mientras, hay quienes deben salir a las calles para trabajar, para poder comprar datos y cumplir con la tarea y, aún más, para poder comprar algo de comer, porque duele más el hambre que el virus. Esta situación se ha visto, en algunas zonas de la ciudad de El Alto, donde comerciantes salieron a instalar sus puestos de venta a pesar de las restricciones, afirmando que sus ingresos son diarios y un día sin trabajar representa un día sin comer (Tapia, 2020).

Mujeres y Pandemia

Por otro lado, ser mujer en Bolivia es una condición de alto riesgo, más aún si muchas mujeres vivencian mayores opresiones, discriminaciones y vulneraciones que otras. Porque los sucesos nos impactan de diferente manera, desde nuestras identidades y condiciones de género, clase, origen étnico y cultural, preferencia sexual, entre otras diferencias. En el país, es frecuente que las mujeres indígenas, originarias, campesinas y afro descendientes sean las que mayor impacto reciban de las normas dictadas durante este confinamiento o bien desde las decisiones tomadas en la crisis política que pasamos.

En general y en todo el mundo, las mujeres ganan considerablemente menos que los hombres. ONU Mujeres (2020) afirma que, “en el mundo, las mujeres solo ganan 77 centavos por cada dólar que gana un hombre. La brecha se incrementa aún más cuando la mujer tiene hijos o hijas”. En Bolivia esa no es la excepción, es la realidad; a pesar de los esfuerzos mundiales para poner a la población femenina en situación de igualdad. En la actualidad, una mayoría de las mujeres trabajan del comercio informal, de la compra y venta.

Según el informe de la Unidad de Postgrado de la Universidad Mayor de San Andrés (2014), el mercado de trabajo boliviano es precario para hombres y mujeres, pero la situación de las mujeres es peor, pues están mayormente en los trabajos menos formales y más precarios. Por ejemplo, el 45% del total de los hombres ocupados son asalariados, mientras que solo el 32.2% de las mujeres lo es. Pese a varios cambios que ocurrieron los últimos 20 años, alrededor del 67% de las mujeres genera sus propias fuentes de trabajo; en ese mismo porcentaje están en establecimientos de menos de 5 trabajadores, 60% están en el sector de servicios y comercio, 88% no están inscritas en un sistema de jubilación y solo un 15% recibió aguinaldo alguna vez en su vida.

Muchas venden sus servicios y una mayoría vive al día con aquello que puede generar como ingresos. Son pocas las que cuentan con un salario fijo mensual. Las brechas existentes entre los ingresos de hombres y mujeres, ahora con el confinamiento obligatorio, la escasa o nula oportunidad de compra de mercadería y su venta, así como los empleos precarios y los despidos que se han venido produciendo, van a profundizar aún más la diferencia en la generación de ingresos entre hombres y mujeres (Banco Mundial, 2020) Pero no solamente entre ellos hay una diferencia, también entre mujeres. Aquellas que se permiten una mejor o peor cuarentena son las trabajadoras del hogar, frente a sus empleadoras. Y es el que trabajo doméstico, o trabajo no remunerado de los cuidados, en pandemia se ha desvelado como una carga difícil de seguir manteniendo. Es todavía muy lejana la posibilidad de que las mujeres puedan convencer al hombre de la casa de realizar tareas específicas dentro del hogar. Este no es un dato menor. A mayor tiempo ocupado en las tareas del hogar, menor tiempo para el ocio y la formación. Por lo tanto, mayor dependencia económica del jefe o hombre del hogar. Las investigaciones en el Uruguay con Karina Batthyani así lo confirman (Batthyani, 2007). Queda mejorar la corresponsabilidad en el hogar para mejorar los índices de violencia contra las mujeres.

Bolivia, según el Instituto Nacional de Estadística (INE, 2019), es el único país en América Latina que, hasta la fecha, sólo ha realizado dos pruebas piloto de la Encuesta exclusiva Uso del Tiempo. Ahora bien, esta encuesta permite medir el uso del tiempo entre hombres y mujeres y, así, cruzar el tiempo que tanto hombres como mujeres se dedican a las actividades de cuidado. Con esta encuesta, el Estado podrá designar un monto bajo las cuentas nacionales que asignen un valor económico al trabajo del hogar. Reconocer este valor a nivel nacional será un avance importante para la corresponsabilidad de las tareas del hogar. Son dos artículos de la Constitución Política del Estado (Asamblea Legislativa Plurinacional, 2009) las que soportan esta tarea. Artículo 64. I. Los cónyuges o convivientes tienen el deber de atender, en igualdad de condiciones y mediante el esfuerzo común, el mantenimiento y responsabilidad del hogar, la educación y formación integral de las hijas e hijos mientras sean menores o tengan alguna discapacidad. II. El Estado protegerá y asistirá a quienes sean responsables de las familias en el ejercicio de sus obligaciones y el Artículo 338. El Estado reconocerá el valor económico del trabajo del hogar como fuente de riqueza y deberá cuantificarse en las cuentas públicas.

La carga de cuidado en las mujeres se ha incrementado considerablemente también con el cierre de escuelas o centros educativos. Son ellas quienes deben acompañar a los hijos e hijas en las sesiones de video educativas, si es que pueden acceder a ellas. En su mayoría, deben darse modos para entrenar y mejorar las habilidades de aprendizaje de sus hijos e hijas. Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL, 2020), se han incrementado, casi exclusivamente a las tareas del cuidado, las labores de las mujeres.

De ahí que también se ha afirmado que, durante la cuarentena, la violencia contra las mujeres ha aumentado. ¿Será posible afirmar lo anterior, aun cuando no tenemos estadística básica para comparar? Sin embargo, hay evidencia de lo anterior en la vida cotidiana de las mujeres. Junto a los esfuerzos del gobierno por controlar la crisis sanitaria, también se dan ensayos para enfrentar la generación de empleos sostenibles. Muchas iniciativas de negocios y muchos emprendimientos han cerrado, poniendo en riesgo la subsistencia diaria de las familias. Tener a los hombres encerrados con su familia en una cuarentena que no termina, es un factor de estrés que suele terminar en increpaciones y reproches y la mayoría de las veces en violencia. Según la Fiscalía General del Estado, la violencia extrema en Bolivia, es decir feminicidios, ha llegado a 54 a nivel nacional a junio (2020). Es un hecho que mujeres adultas, jóvenes y niñas enfrentan una serie de riesgos durante este tiempo de emergencia. Los abusos y ataques sexuales contra niñas se agudizan en crisis. Pareciera ser que la depredación sexual es sinónimo de hábito en tiempos de crisis o de guerra. Así lo afirmaban las Naciones Unidas en el año 2015; en conflictos mundiales, ejércitos y grupos armados apelan a la violencia sexual como una táctica de guerra con secuelas devastadoras. (ONU, 2015) Es una táctica lamentablemente ya conocida por el feminismo.

Ahora bien, ¿la pandemia y la crisis política han detenido la realidad de las mujeres? Pues no, ellas siguen necesitando mayor información para tomar las decisiones en cuanto a las acciones que giran alrededor de ellas. Por ejemplo, es imposible pensar en la independencia y autonomía de las mujeres en contextos donde ellas están poco o casi nada informadas sobre la sexualidad y la reproducción. Las mujeres, niñas, adolescentes y jóvenes también se ven afectadas por el desconocimiento de su capacidad reproductiva, el funcionamiento de la sexualidad y, por lo tanto, ante el abuso sexual suelen “cargar” con los productos biológicos del ilícito: los embarazos no deseados.

Si bien contamos con normativa de avanzada en materia de Interrupción Legal del Embarazo, cabe preguntarnos, ¿Ante el convulsionado y apretado escenario de la crisis sanitaria, tendrán tiempo, equipamiento e infraestructura en los centros médicos para ocuparse de la Interrupción Legal del Embarazo? Pues es compleja la situación, y la inacción estatal frente a este delito lo único que hace es profundizar la desigualdad y la injusticia contra las mujeres en el país.

Las tensiones propias de la incertidumbre cotidiana y la dificultad para la generación de ingresos incrementan la tensión entre las familias, produciéndose así la violencia al interior de los hogares. De esta manera, niños, niñas y mujeres viven las consecuencias del autoritarismo, la persecución política de sus compañeros, amigos, parientes e incluso esposos, las amenazas diarias, así como la imposibilidad de generar ingresos de forma sostenible y segura. Finalmente, las mujeres resienten con mayor fuerza la tensión emocional ante la sospecha de estar contagiadas con el virus, la estabilidad y permanencia de sus compañeros y de ellas mismas en la vida de sus hijos e hijas y, por lo tanto, en la reproducción material de la vida. Esta puede ser la mayor consecuencia de la pandemia, el mayor impacto: la tristeza y angustia cotidiana de la mujer que engendró vida, pero que no puede asegurar el mantenimiento de la misma.

Pero toda esta situación es más que conocida. Lo que necesitamos de los estados modernos es que los mismos puedan ser capaces de garantizar, por lo menos, condiciones mínimas y dignas de atención, sanción y persecución ante la violencia; o bien sea capaz de proveer las condiciones necesarias a las mujeres para su sobrevivencia y la reproducción de la vida. Pero no es así. Recientemente conocimos por la Defensoría del Pueblo (2020), que la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia FELCV, dependiente de la Policía Boliviana, se viene negando de forma recurrente, sostenida más no pública, a atender las denuncias de violencia. Esto debido a la carga que sus efectivos han venido recibiendo con las consecuencias de la persecución y el control del estado hacia cualquier persona que transgreda las normas impuestas, inicialmente para la cuarentena, posteriormente para la persecución y sanción política de los opositores. Cuanto más ocupado esté el operador de la FELCV en otras labores que no son propias de la violencia contra las mujeres, menos podrá ocuparse de prevenir y sancionar el delito.

Muy poco o nada se puede esperar del Estado. Sólo queda exigir los derechos que tenemos conculcados por un aparato amplio de décadas en normativas y tratados internacionales y nacionales. Sólo queda denunciar los abusos. Y la solución quizás se encuentre en la permanente tensión que ha existido entre los derechos colectivos y los individuales. Esta tensión, por un lado, es nuestra garantía de exigencia en lo colectivo, pero, por otro lado, si no nos apropiamos individualmente del conocimiento y nuestros derechos, seguiremos en el dilema en el que nos encontramos: ciudadanía sin derechos y sin Estado que los garantice. De ahí que debemos internalizar e individualizar nuestros derechos y nuestras conquistas (Choque y Mendizábal, 2010).

Al fin y al cabo, tuvo que llegar una pandemia a Bolivia para mostrar al gobierno las epidemias dentro de la pandemia, como el estado en el que se encuentra el sistema educativo y la lucha contra la violencia de género y feminicidios. El problema no es reciente, tampoco la solución puede darse en un corto periodo de tiempo, pero ¿Qué ocurre cuando las autoridades responsables de establecer políticas públicas, no lo hacen?

Referencias

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Banco Mundial. (2020). COVID–19 podría agravar las desigualdades en América Latina. Recuperado de: https://www.bancomundial.org/es/news/feature/2020/05/15/covid-19-could-worsen-gender-inequality-in-latin-america-and-the-caribbean

Batthyani, K. (2007). Articulación entre vida laboral y vida familiar. Las prácticas de cuidado infantil de trabajadoras asalariadas de Montevideo. En M. A. Gutiérrez, Género, familias y trabajo: rupturas y continuidades. Desafíos para la investigación política (137-168). Buenos Aires, Argentina: Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO). Recuperado de: http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/grupos/gutierrez/07Batthyany.pdf

Choque, M. E., y Mendizábal, M. (2010). Descolonizando el género a través de la profundización de la condición sullka y mayt´ata. Revista Tinkazos, 13(28), 81-97. Recuperado de: http://www.scielo.org.bo/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1990-74512010000100005

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Defensoría Del Pueblo (2020). Guía Defensorial para conocer la operativización de la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia en tiempo de Pandemia. Documento de Trabajo.

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