Caravanas migrantes y el régimen de control fronterizo en México

Entre octubre de 2018 y la primavera de 2019, un número no calculado de personas migrantes participó en la convocatoria, puesta en marcha y consolidación de las caravanas migrantes como una nueva práctica política: caminar en grupo. Desde entonces, ésta se ha convertido en una forma de transmigrar en la región centroamericana, novedosa en su volumen, si bien no inédita, pues se tienen documentadas travesías de caravanas migrantes desde la década del 2000 y hasta la fecha (Varela y McLean, 2019). Sin embargo, las caravanas de 2018 a 2022 exponen una relevancia política nueva, pues los éxodos de personas centroamericanas (como les han llamado los/as caravaneros/as) se masificaron por una suma de factores que explicaremos a lo largo de este artículo. Pero, más que su tamaño, parece relevante analizar las caravanas como episodios de lucha migrante que significaron una respuesta organizada, espontánea y de una profunda politicidad por parte de las comunidades migrantes y refugiadas, frente a las estrategias de control migratorio presentes desde hace más de dos décadas en el corredor migratorio que une Centroamérica, México y Estados Unidos (en adelante corredor CA-Mex-EEUU). Un control que se ha ejercido a través de dispositivos temporales, espaciales, legales y paralegales que explicaremos a lo largo del texto.

Las caravanas, desde nuestra perspectiva, son una novedosa forma de transmigración. Al mismo tiempo que un nuevo tipo de lucha migrante que responde a la violencia del Estado y del mercado que pretenden administrar y gobernar las migraciones en la región. Sin reificar las caravanas, argumentamos que son el resultado de la imaginación política de personas migrantes y refugiadas, al mismo tiempo que responden a la necesidad inherente, a la pulsión de vida, de quien debe desplazarse desde zonas donde el extractivismo, la neoliberalización de todas las esferas de la vida, la violencia social e institucional, la violencia patriarcal e incluso el cambio climático, obligan a migrar para sobrevivir. Cuando decimos neoliberalización de la vida nos referimos a la desestatización del andamiaje que hace posible el sostenimiento de lo común: privatización de la salud, la educación, la seguridad pública, además de la sobreexplotación del trabajo vivo de las personas. En América Latina, en general, asistimos a un proceso de desmontaje de lo público común que deja a la intemperie a las comunidades para la gestión, por ejemplo, del cuidado de la vida, del territorio, de la salud, de la educación.

En otros trabajos, hemos puesto especial énfasis en pensar las caravanas de migrantes como acción política y forma de transmigración novedosa, estrategia de autocuidado colectivo, herramienta pedagógica antirracista y respuesta a la violencia de Estado por parte de los protagonistas de la migración (Glockner, 2019; Frank-Vitale y Núñez-Chaim, 2020; Varela, 2020a). En este artículo, nos parece central enfatizar el análisis de las respuestas por parte de otro grupo de actores protagónicos del corredor migratorio que reconfiguraron las caravanas: el Estado y sus instituciones. Desde nuestra perspectiva, las caravanas de migrantes surgieron como respuesta a una serie de dispositivos de gubernamentalidad migratoria consolidados en el espacio transnacional. Al desafiar estos dispositivos, las personas caravaneras reconfiguraron las tácticas de disciplinamiento y gubernamentalidad migratoria. Partimos de considerar la gubernamentalidad migratoria como una forma de necropolítica (Mbembe, 2011) que se conforma de dispositivos de disciplinamiento anatomo-políticos y biopolíticos (individuales y de poblaciones) para controlar la migración. Por dispositivos, siguiendo la tradición teórica del biopoder foucaultiano (2004), nos referimos a las prácticas, saberes, discursos y sus respectivas traducciones en instituciones, infraestructura, leyes, funcionariado y gobiernos privados indirectos, que intentan gobernar la migración. La categoría de gobierno privado indirecto la propuso Achille Mbembe en su trabajo Necropolítica (2011) para pensar las prácticas de gestión de lo público por parte de entramados privados, en este caso, cárteles, redes de trata de personas, entre otros. Desde la dimensión temporal, interrumpieron la espera perpetua de la transitoriedad indefinida a la que el régimen de visados de México les somete, contraponiendo la estrategia de caminar juntas y a su ritmo, desafiando los dispositivos de gubernamentalidad del espacio al fugarse de los centros de detención, al no seguir las rutas migratorias clandestinizadas e, incluso, al desbordar y reinventar el uso de los albergues temporales de migrantes que sostienen iglesias y sociedad civil.

Además, las personas caravaneras desafiaron los dispositivos de roles y funciones de los actores clave dentro del gobierno de las migraciones, por ejemplo, en relación a los polleros o coyotes (traficantes de personas), que perdieron entre 5 y 14 mil dólares por cada persona que se unió a las caravanas y dejó de usar sus servicios. También en cuánto a los funcionarios del Instituto Nacional de Migración (INM), a las policías locales y estatales, a la Guardia Nacional, a los agentes de la Comisión Mexicana de Ayuda al Refugiado (COMAR) de la Secretaría de Gobernación (SEGOB, Ministerio del Interior, México). Incluso, respecto a las tecnocracias contratadas por agencias internacionales como el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), entre otras, involucradas en la gestión estatal y de la industria del rescate y/o el humanitarismo de las rutas migratorias y las estrategias ejercidas, hasta entonces, de forma individual o familiar. Estos funcionarios, coyotes, ‘oenegeros' y técnicos del humanitarismo, una vez recuperados de la sorpresa, han cambiado sus discursos, sus prácticas y sus infraestructuras para responder, cada uno a su manera, el desafío planteado con las estrategias y episodios de lucha de las caravanas. Aquí nos interesan particularmente las acciones y discursos, prácticas y transformaciones estructurales que han desplegado los actores estatales, policía, agentes migratorios y funcionarios que gestionan las peticiones de refugio. Buscamos analizar las estrategias que han emergido para el gobierno de las migraciones, reforzadas por lógicas abiertamente militares, como los discursos, prácticas y nuevas infraestructuras (centros de detención, equipamiento policial y militar), creadas para retomar el control de la gubernamentalidad migratoria. Es decir, volver a pautar por dónde se puede migrar, cuáles deben ser los precios de las rutas clandestinas, quiénes pueden atravesar sin permisos migratorios un territorio que han bautizado como el “país tapón,” cuáles son las rutas y los tiempos para atravesar México. Una de las hipótesis centrales del artículo es que los actores estatales de la gubernamentalidad migratoria recurrieron a viejas prácticas y técnicas de contrainsurgencia transnacional practicadas desde hace ya varias décadas en América Latina para desarticular a las caravanas migrantes como forma de transmigración y como estrategia de lucha migrante.

Realizamos en este ejercicio una cartografía de las lógicas de gobierno de la movilidad humana en México y, con ello, nos centramos en el análisis de las prácticas de muerte y de contrainsurgencia ejercidas por instituciones estatales. Prestamos atención a un episodio concreto de lucha migrante: una de las caravanas surgida durante 2021 que viajó entre Tapachula y Ciudad de México, cuando la pandemia de Covid-19 estaba todavía en su apogeo, y que fue violentada múltiples veces por diferentes actores estatales. Analizaremos este caso al final del artículo.

Nuestro lugar de enunciación como investigadoras de la migración

Nos conformamos como comunidad epistémica desde 2020, cuando la pandemia por Covid-19 nos confinó en nuestras casas, a partir del colectivo de investigación-acción (In)movilidad en las Américas.^[1] A partir de este trabajo, hemos centrado nuestra imaginación teórica y nuestros esfuerzos de acuerpamiento político en comprender las agencias políticas de migrantes y las contrainsurgencias, abiertamente militares, que ejercen los Estados expulsores, de tránsito y de asentamiento. Desde la década del 2000 y hasta la fecha actual, los gobiernos de los Estados involucrados en este corredor migratorio han signado acuerdos de externalización de fronteras y convenios de securitización de la gestión de lo migratorio que tienen como eje, entre muchas otras consecuencias, la militarización de la gestión de las migraciones (Varela, 2015a).

Según la Real Academia de la Lengua Española, contrainsurgencia se refiere a una “operación militar o política opuesta a una insurgencia con el fin de sofocarla” (RAE, 2022, párr. 1). En América Latina, existe una amplia tradición teórica en torno a estas prácticas (Marini, 1978; Klare et al., 1990; Bonavena, 2011), pero aquí nos referimos particularmente a las contrainsurgencias ejercidas por actores estatales en contra de las caravanas migrantes, porque partimos de la certeza de que éstas, y el acto mismo de migrar, son una forma de insurgencia y resistencia anticolonial frente al neoliberalismo y sus regímenes de despojo y de muerte (Morales, 2022). Definimos contrainsurgencia como una política del Estado que, a través de disciplinas, dispositivos y estrategias de gubernamentalidad, intenta retomar la hegemonía política que una insurrección desafía, agrieta y cuestiona como una forma de gubernamentalidad que busca minar hasta destruir aquellas prácticas que las instituciones estatales definen como insurgencias políticas. Proponemos que las contrainsurgencias han instalado una guerra contra las personas migrantes, evidenciada en el hecho de que, para el 2022, hubo alrededor de 48 mil militares vigilando las fronteras y las rutas migratorias en México, según informe del gobierno de Andrés Manuel López Obrador (2022). Mientras que, según datos de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), cedidos por comunicación personal para esta investigación, en el país hay solamente 137 agentes de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) financiados con presupuesto federal, es decir, de la Secretaría de Gobernación (SEGOB); 2 financiados por el Registro Nacional de Población (RENAPO); y 209 financiados por la propia ACNUR, lo que da un total de 327 agentes con capacidad para procesar y autorizar peticiones de asilo, las cuáles, por cierto, sólo en 2021 ascendieron a más de 131 mil 400, según la directiva de la misma Oficia de ACNUR en México (comunicación personal, COMAR, 2022).

Durante meses, realizamos entrevistas con personas migrantes que han integrado las caravanas, acompañándolos durante los trayectos o a través del acompañamiento remoto a personas defensoras de derechos humanos. Tanto la etnografía como el caso de estudio de este artículo resultan del trabajo de acompañamiento en terreno, realizado por Margarita Núñez. Construimos nuestra investigación partiendo de la investigación-acción participante y la praxis (Fals Borda, 2009) y la investigación situada e implicada (Malo, 2004). Tradiciones que proponen construir las preguntas colaborativamente con las comunidades con las que tejemos conocimiento, en este caso, con las personas migrantes. Además, hemos construido el corpus y el pozo contextual de este texto en medio de la pandemia de Covid-19, haciendo monitoreo de medios y ciberetnografía entre organizaciones. Haciendo etnografía digital de portales nativo-digitales y redes socio-digitales de periodistas, investigadores y personas migrantes. Pero, como se ha dicho, poniendo el cuerpo sobre todo al acompañar el caminar de las personas caravaneras en terreno, un ejercicio imprescindible, que implica atravesar la experiencia junto con los sujetos protagonistas de la investigación. Comenzamos situando el contexto con un apartado que describe el corredor CA-Mex-EEUU. Después avanzamos con una caracterización de las caravanas migrantes como estrategias de lucha y como insurgencias migrantes en el presente. En el apartado final, analizamos un ciclo de movilización migrante en el tiempo de elaboración de esta reflexión, la caravana “Por la justicia, la dignidad y la libertad del pueblo migrante”, un episodio de lucha migrante que duró alrededor de 50 días y recorrió desde la ciudad de Tapachula, en Chiapas, hasta la capital del país, Ciudad de México, en demanda de libertad de tránsito y derecho al refugio. Ponemos especial énfasis en las estrategias para desarticular la caravana que desplegaron distintos actores gubernamentales. Además de explicar la penalización que se ejerce sobre los ejercicios de solidaridad y hospitalidad radical hacia las personas caravaneras, se busca comprender la militarización del gobierno de la migración como una estrategia de contrainsurgencia. Al mismo tiempo, narramos y analizamos las respuestas prácticas y la imaginación política desplegadas por las personas caravaneras para seguir avanzando en grupo hacia el norte de México y el sur de Estados Unidos. Cerramos con unas conclusiones provisionales sobre los procesos de insurgencia y contrainsurgencia en el corredor migratorio CA-Mex-EEUU.

Este trabajo reúne dos años de investigación en torno a las prácticas de gubernamentalidad necro y biopolíticas con las que se deporta, se confina y se violan los derechos humanos de personas migrantes y refugiadas en el corredor migratorio que une Centroamérica, México y Estados Unidos. Sobre todo, es un ejercicio para caracterizar las formas en que se intenta gobernar a las personas migrantes, para explotar el trabajo de quien busca, del otro lado del muro, una vida que se pueda vivir y celebrar. La investigación combina prácticas etnográficas tradicionales, investigación acción participante, etnografía digital y monitoreo de medios informativos. Partimos de analizar las caravanas como un tipo de lucha migrante concreta y una forma desafiante de transmigración, entre 2018 y 2022. Proponemos que, durante 2022, además de haber reestructurado el régimen de control migratorio en la región y los imaginarios sociales en torno a la transmigración, las personas caravaneras enfrentaron una contrainsurgencia estatal y de los gobiernos privados indirectos que gestionan la migración. Esta contrainsurgencia buscó desarticular la politicidad de “caravanizar” la transmigración de miles de personas que buscan atravesar la región sin hacer uso de traficantes, desobedeciendo las tramas de paralegalidad con las que se controla la migración en México, y con ello desafían la industria de la hospitalidad que organizaciones civiles nacionales y transnacionales sostienen en este corredor migratorio.

Palabras clave

Caravanas migrantes, corredor migratorio centroamericano, contrainsurgencia, industria de la migración, gobierno privado indirecto.

Abstract

This chapter gathers two years of research on the bio and necrology politics in the government practices with which migrants and refugees are deported, confined, and have their human rights violated in the migration corridor that encompasses Central America, Mexico, and the United States. It is primarily an exercise in characterizing the attempts to govern the lives of migrants to exploit the labor of those who seek a better life on the other side of the wall, a life that can be lived and celebrated. The research combines traditional ethnographic practices, participatory action research, digital ethnography, and media analysis. We start by analyzing the migrant caravans as a specific type of migrant struggle and a defiant form of transmigration in the region between 2018 and 2022. We propose that, during 2022, people in those caravans not only restructured the migration control regime in the region and social imaginaries regarding transmigration, but also faced a counter-insurgency operation by the state and indirect private governments that manage migration. This counter-insurgency, we argue, sought to disarticulate the political implication of the “caravans” the transmigration of thousands of people who seek to cross the region without using human traffickers, disobeying the frameworks of parallel legality with which migration is governed in Mexico, thus challenging the hospitality industry that national and transnational civil society organizations sustain in this migration corridor.

Keywords: Migrant caravans, Central American migration corridor, counter-insurgency, migration industry, indirect private government

Introducción: Caravanas migrantes y el régimen de control fronterizo en México

Entre octubre de 2018 y la primavera de 2019, un número no calculado de personas migrantes participó en la convocatoria, puesta en marcha y consolidación de las caravanas migrantes como una nueva práctica política: caminar en grupo. Desde entonces, ésta se ha convertido en una forma de transmigrar en la región centroamericana, novedosa en su volumen, si bien no inédita, pues se tienen documentadas travesías de caravanas migrantes desde la década del 2000 y hasta la fecha (Varela y McLean, 2019). Sin embargo, las caravanas de 2018 a 2022 exponen una relevancia política nueva, pues los éxodos de personas centroamericanas (como les han llamado los/as caravaneros/as) se masificaron por una suma de factores que explicaremos a lo largo de este artículo. Pero, más que su tamaño, parece relevante analizar las caravanas como episodios de lucha migrante que significaron una respuesta organizada, espontánea y de una profunda politicidad por parte de las comunidades migrantes y refugiadas, frente a las estrategias de control migratorio presentes desde hace más de dos décadas en el corredor migratorio que une Centroamérica, México y Estados Unidos (en adelante corredor CA-Mex-EEUU). Un control que se ha ejercido a través de dispositivos temporales, espaciales, legales y paralegales que explicaremos a lo largo del texto.

Las caravanas, desde nuestra perspectiva, son una novedosa forma de transmigración. Al mismo tiempo que un nuevo tipo de lucha migrante que responde a la violencia del Estado y del mercado que pretenden administrar y gobernar las migraciones en la región. Sin reificar las caravanas, argumentamos que son el resultado de la imaginación política de personas migrantes y refugiadas, al mismo tiempo que responden a la necesidad inherente, a la pulsión de vida, de quien debe desplazarse desde zonas donde el extractivismo, la neoliberalización de todas las esferas de la vida, la violencia social e institucional, la violencia patriarcal e incluso el cambio climático, obligan a migrar para sobrevivir. Cuando decimos neoliberalización de la vida nos referimos a la desestatización del andamiaje que hace posible el sostenimiento de lo común: privatización de la salud, la educación, la seguridad pública, además de la sobreexplotación del trabajo vivo de las personas. En América Latina, en general, asistimos a un proceso de desmontaje de lo público común que deja a la intemperie a las comunidades para la gestión, por ejemplo, del cuidado de la vida, del territorio, de la salud, de la educación.

En otros trabajos, hemos puesto especial énfasis en pensar las caravanas de migrantes como acción política y forma de transmigración novedosa, estrategia de autocuidado colectivo, herramienta pedagógica antirracista y respuesta a la violencia de Estado por parte de los protagonistas de la migración (Glockner, 2019;Frank-Vitale y Núñez-Chaim, 2020; Varela, 2020a). En este artículo, nos parece central enfatizar el análisis de las respuestas por parte de otro grupo de actores protagónicos del corredor migratorio que reconfiguraron las caravanas: el Estado y sus instituciones. Desde nuestra perspectiva, las caravanas de migrantes surgieron como respuesta a una serie de dispositivos de gubernamentalidad migratoria consolidados en el espacio transnacional. Al desafiar estos dispositivos, las personas caravaneras reconfiguraron las tácticas de disciplinamiento y gubernamentalidad migratoria. Partimos de considerar la gubernamentalidad migratoria como una forma de necropolítica (Mbembe, 2011) que se conforma de dispositivos de disciplinamiento anatomo-políticos y biopolíticos (individuales y de poblaciones) para controlar la migración. Por dispositivos, siguiendo la tradición teórica del biopoder foucaultiano, nos referimos a las prácticas, saberes, discursos y sus respectivas traducciones en instituciones, infraestructura, leyes, funcionariado y gobiernos privados indirectos, que intentan gobernar la migración. La categoría de gobierno privado indirecto la propuso Achille Mbembe en su trabajo Necropolítica (2011) para pensar las prácticas de gestión de lo público por parte de entramados privados, en este caso, cárteles, redes de trata de personas, entre otros. Desde la dimensión temporal, interrumpieron la espera perpetua de la transitoriedad indefinida a la que el régimen de visados de México les somete, contraponiendo la estrategia de caminar juntas y a su ritmo, desafiando los dispositivos de gubernamentalidad del espacio al fugarse de los centros de detención, al no seguir las rutas migratorias clandestinizadas e, incluso, al desbordar y reinventar el uso de los albergues temporales de migrantes que sostienen iglesias y sociedad civil.

Además, las personas caravaneras desafiaron los dispositivos de roles y funciones de los actores clave dentro del gobierno de las migraciones, por ejemplo, en relación a los polleros o coyotes (traficantes de personas), que perdieron entre 5 y 14 mil dólares por cada persona que se unió a las caravanas y dejó de usar sus servicios. También en cuanto a los funcionarios del Instituto Nacional de Migración (INM), a las policías locales y estatales, a la Guardia Nacional, a los agentes de la Comisión Mexicana de Ayuda al Refugiado (COMAR) de la Secretaría de Gobernación (SEGOB, Ministerio del Interior, México). Incluso, respecto a las tecnocracias contratadas por agencias internacionales como el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), entre otras, involucradas en la gestión estatal y de la industria del rescate y/o el humanitarismo de las rutas migratorias y las estrategias ejercidas, hasta entonces, de forma individual o familiar. Estos funcionarios, coyotes, ‘oenegeros' y técnicos del humanitarismo, una vez recuperados de la sorpresa, han cambiado sus discursos, sus prácticas y sus infraestructuras para responder, cada uno a su manera, el desafío planteado con las estrategias y episodios de lucha de las caravanas.

Aquí nos interesan particularmente las acciones y discursos, prácticas y transformaciones estructurales que han desplegado los actores estatales, policía, agentes migratorios y funcionarios que gestionan las peticiones de refugio. Buscamos analizar las estrategias que han emergido para el gobierno de las migraciones, reforzadas por lógicas abiertamente militares, como los discursos, prácticas y nuevas infraestructuras (centros de detención, equipamiento policial y militar), creadas para retomar el control de la gubernamentalidad migratoria. Es decir, volver a pautar por dónde se puede migrar, cuáles deben ser los precios de las rutas clandestinas, quiénes pueden atravesar sin permisos migratorios un territorio que han bautizado como el “país tapón,” cuáles son las rutas y los tiempos para atravesar México. Una de las hipótesis centrales del artículo es que los actores estatales de la gubernamentalidad migratoria recurrieron a viejas prácticas y técnicas de contrainsurgencia transnacional practicadas desde hace ya varias décadas en América Latina para desarticular a las caravanas migrantes como forma de transmigración y como estrategia de lucha migrante.

Realizamos en este ejercicio una cartografía de las lógicas de gobierno de la movilidad humana en México y, con ello, nos centramos en el análisis de las prácticas de muerte y de contrainsurgencia ejercidas por instituciones estatales. Prestamos atención a un episodio concreto de lucha migrante: una de las caravanas surgida durante 2021 que viajó entre Tapachula y Ciudad de México, cuando la pandemia de Covid-19 estaba todavía en su apogeo, y que fue violentada múltiples veces por diferentes actores estatales. Analizaremos este caso al final del artículo.

Nuestro lugar de enunciación como investigadoras de la migración

Nos conformamos como comunidad epistémica desde 2020, cuando la pandemia por Covid-19 nos confinó en nuestras casas y “habitaciones propias”, a partir del colectivo de investigación-acción (In)movilidad en las Américas.[1] A partir de este trabajo, hemos centrado nuestra imaginación teórica y nuestros esfuerzos de acuerpamiento político en comprender las agencias políticas de migrantes y las contrainsurgencias, abiertamente militares, que ejercen los Estados expulsores, de tránsito y de asentamiento. Desde la década del 2000 y hasta la fecha actual, los gobiernos de los Estados involucrados en este corredor migratorio han signado acuerdos de externalización de fronteras y convenios de securitización de la gestión de lo migratorio que tienen como eje, entre muchas otras consecuencias, la militarización de la gestión de las migraciones (Varela, 2015a).

Según la Real Academia de la Lengua Española, contrainsurgencia se refiere a una “operación militar o política opuesta a una insurgencia con el fin de sofocarla”. En América Latina, existe una amplia tradición teórica en torno a estas prácticas (Marini, 1978; Klare, et al., 1990; Bonavena, 2011), pero aquí nos referimos particularmente a las contrainsurgencias ejercidas por actores estatales en contra de las caravanas migrantes, porque partimos de la certeza de que éstas, y el acto mismo de migrar, son una forma de insurgencia y res

Las caravanas en el “país tapón”

En diálogo con las ideas de Soledad Álvarez Velasco, Claudia Pedone y Bruno Miranda (2021), y para los fines de este artículo, entenderemos por corredor migratorio el espacio geográfico transnacional que ha sido moldeado por procesos sociohistóricos comunes o interconectados, la acumulación de tránsitos migratorios a través del tiempo y la relación desigual y de tensión entre movilidad/inmovilidad y control migratorio, así como por las relaciones de poder que dicha relación suscita a nivel local, nacional y transnacional. Siguiendo esta definición, podemos caracterizar de manera general al corredor migratorio CA-Mex-EEUU como constituido a partir de una constelación de modos de gobernanza migratoria (Agudo Sanchíz, 2021), donde confluyen actores legales e ilegales, estatales y no-gubernamentales, que dan lugar a violentos regímenes de securitización y gubernamentalidad migratoria a partir de políticas y dispositivos de control cuya racionalidad y herramienta principal revela una creciente racialización e ilegalización de las personas en situación de movilidad, la negación del derecho al asilo y la obstrucción de los mecanismos legales para la migración. El corolario de este régimen ha sido la exacerbación de la violencia y la clandestinización de las personas migrantes. La violencia ejercida por todo tipo de autoridades de los distintos países, así como por los cárteles del narcotráfico –que actualmente controlan prácticamente todas las rutas migratorias–, ha crecido hasta el punto que se ha vuelto la base de la experiencia migratoria en forma de secuestros, extorsiones, desapariciones forzadas, masacres, detenciones arbitrarias, abuso de autoridad y violación al debido proceso judicial, por mencionar algunos. Además, desde 2018 y hasta la fecha, hemos visto un incremento en los flujos migratorios familiares y una dinámica de familiarización de la composición de los contingentes de transmigrantes que, a la par de su caminar, ha familiarizado a las víctimas. Es decir, que los delitos y violaciones a los derechos humanos ya mencionados son padecidos cada vez más por todos los miembros de una unidad familiar (Varela y Paris, 2021).

Es en este contexto que, en 2018, luego de más de una década de presenciar la organización de caravanas de migrantes en México, un grupo de familias y personas, muchas de ellas deportadas, se organizaron para autoconvocarse a caminar el corredor migratorio que une a Honduras, El Salvador y Guatemala con México y a todos estos territorios con Estados Unidos. No había dirigencias, ni órganos de toma de decisiones colectivas que lograran reflejar la diversidad de subjetividades que conformaron el llamado “éxodo centroamericano”. Pero sí logró darse vida a y consolidar una novedosa forma de transmigración que caminó fuera de las sombras. No obstante, es importante reconocer que el proceso organizativo que dio lugar a las caravanas lleva configurándose cuando menos medio siglo. Al menos desde que colisionaron los procesos de reorganización neoliberal de las sociedades posconflicto en América Central. Fue entonces que comenzó a surgir un renovado régimen de gobierno de las migraciones en el sistema migratorio norteamericano, que desde los 1990, y hasta la fecha, pasó de gestionar a las personas migrantes como una fuerza de trabajo móvil y desechable a convertirlas además en otra dimensión de las políticas de seguridad nacional. La así llamada securitización y externalización de la política de extranjería estadounidense en la región.

Así, además de la contrainsurgencia contra la pulsión de “liberación nacional” y los procesos de cambio democrático en América Central, el gobierno estadounidense respondió con contrainsurgencia armada y diplomática para desactivar los procesos de organización popular en esas regiones, procesos que, por otra parte, no estuvieron exentos de contradicciones complejas y que exceden los objetivos de este texto. Hablar de este periodo histórico para el subcontinente llevaría otro ejercicio de síntesis. Sirva explicar que durante las décadas de 1970 y 1980 tuvieron lugar, en diferentes países de América Central, procesos populares, armados y en el ámbito de la contienda política, en los que se intentaron consolidar las democracias a las que han aspirado siempre esos pueblos. Como respuesta a las resistencias sociales y armadas, las oligarquías locales y el gobierno estadounidense pusieron en práctica procesos de contrainsurgencia de diferente índole. Una panorámica regional de este proceso puede encontrarse en Mario Vázquez Olivera y Fabián Campos Hernández (2016). Lo que nos parece fundamental recalcar es que la política exterior estadounidense de intromisión en la vida pública de los países expulsores de Centroamérica –dónde migra alrededor de un millón de personas por año, según la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobierno (2022)–, se ha dado a la par de la construcción de confines migratorios que el criminólogo Giuseppe Campesi define como el proceso por medio del cual se:

amplía la confusión entre seguridad interna y seguridad externa, […] de modo que las fronteras de la seguridad interna se proyectan, de forma creciente, hacia el exterior, mientras que la esfera de acción de la seguridad exterior tiende a penetrar en el interior de la esfera política [...] El nexo entre migraciones y seguridad ha transformado los confines en un potente dispositivo de control que funciona mediante la sistemática reducción de los derechos y libertades de los migrantes, sometido a un complejo de poderes y prerrogativas administrativas que, por su naturaleza y extensión, parecen transformar el propio confín en una tecnología ubicua de seguridad. (Campesi, 2012, pp. 3-4)

De ahí que, las caravanas no sean nuevas, llevan más de una década construyéndose como opción autogestionada para la transmigración desde América Central hacia Estados Unidos. Tampoco es novedosa la contrainsurgencia que sobrevino al “otoño caravanero” de 2018. Ambos fenómenos, las prácticas de vida cristalizadas en la organización de las familias y comunidades migrantes por una parte y, por la otra, las prácticas de muerte que vemos en las respuestas de los gobiernos y las élites económicas, que constantemente cruzan la frontera entre lo legal y lo paralegal, tienen una historia de largo aliento en el corredor migratorio norte y centroamericano. Son muchos los procesos y acontecimientos relevantes que sería importante detallar para el periodo 2018-2022. Aquí analizaremos principalmente las políticas de control migratorio implementadas durante estos años y que permiten caracterizar lo que consideramos la fase más reciente del régimen migratorio: el cierre selectivo de las fronteras norte y sur de México, y la cancelación de facto del derecho al asilo por parte de Estados Unidos, con la complicidad y participación de las autoridades mexicanas. Para este periodo queremos destacar la exacerbada violencia y securitización migratoria que representó la política de tolerancia cero del presidente Donald Trump. La política de zero tolerance que provocó la separación de familias en la frontera entró en vigor en abril de 2018. No obstante, la separación familiar ya era una constante en algunos puntos de la frontera cuando menos desde 2015 (Danielson, 2015), y el procedimiento de separación familiar que la orden ejecutiva de Donlad Trump hizo oficial ya se estaba implementando desde mediados de 2017 en el estado de Texas como el Programa El Paso (SPLC, 2019). Esta política construyó mecanismos legales para convertir en criminales a las personas migrantes y solicitantes de asilo, y en campo de tortura y reforzamiento de las fronteras a los niños y niñas, mediante mecanismos de separación familiar (Glockner, 2021). Tan solo en los primeros once meses del 2019, las autoridades migratorias de Estados Unidos aprehendieron a 72 mil 873 niñas/os y adolescentes migrantes no acompañadas/os, y a 457 mil 871 miembros de unidades familiares (Nowak, 2019, p.461). La cifra de personas menores de 18 años en privación de la libertad en Estados Unidos es la más grande encontrada para cualquier país del mundo.

Además de la política de zero tolerance, las caravanas tuvieron que enfrentarse también con la política de “metering” –listas de espera de personas solicitantes de asilo, que comenzaron a implementarse cuando la población haitiana quedó encapsulada en ciudades de la franja fronteriza norte mexicana–, que Estados Unidos ya venía aplicando desde 2016 en la ciudad de Tijuana y que se extendió a otras ciudades fronterizas en años siguientes. Con el pretexto de falta de personal y de capacidad institucional para procesar el número de personas migrantes y solicitantes de asilo que llegaban a los puntos autorizados de entrada, la oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos limitó la entrada diaria por los puntos autorizados, creando un “cuello de botella” que terminó convirtiéndose en una estrategia extralegal de cierre fronterizo, y produjo y legitimó el bloqueo, la burocratización y la inmovilización del asilo y la migración regular (Torres y Glockner, 2022). En marzo de 2022, después del estallido de la guerra en Ucrania, miles de personas de este país llegaron a México y se presentaron en la frontera terrestre para solicitar asilo. Durante un mes, aproximadamente, las autoridades estadounidenses admitieron hasta 550 personas al día tan sólo en el puerto de entrada de San Ysidro, California, frontera con Tijuana. Lo anterior evidenció el racismo detrás del sistema metering, en tanto sí hubo personal y capacidad para admitir a para personas blancas de esta nacionalidad, mientras más de 15 mil personas, principalmente centroamericanas y del Caribe, permanecen en las listas de espera de todos los puertos fronterizos desde 2020. Aunque se dictaminó en un tribunal federal que la política del metering era una práctica ilegal (Al Otro Lado et al. vs Mayorkas et al., 2021), aún continúa en la mayor parte de la frontera entre México y EE.UU. Por supuesto, esto sólo podría suceder con la anuencia y tolerancia de las autoridades mexicanas.

Más adelante, la administración de Trump, también con la colaboración del gobierno mexicano, daría un nuevo golpe a las personas migrantes y solicitantes de refugio: la implementación del Protocolo de Protección a Migrantes (MPP, por sus siglas en inglés), en enero de 2019. Se trató de un programa que obligaba a las personas solicitantes de refugio en Estados Unidos a esperar, en México, sus audiencias de las cortes migratorias de EEUU. El inicio del MPP no sólo evidenció el autoritarismo con el que Estados Unidos declaraba a México como un “tercer país seguro” de facto para las personas solicitantes de refugio, también la complicidad y sumisión de las autoridades mexicanas para bloquear e inmovilizar a las personas migrantes y con necesidad de protección internacional, algo que ya existía, pero no se había hecho visible con la política de metering. Las cifras oficiales muestran que durante la vigencia del MPP más de 80 mil personas fueron obligadas a esperar en México, en condiciones de suma peligrosidad y precariedad, y violando las convenciones internacionales en materia de refugio, asilo y protección internacional (Eller et al., 2020). Al escenario de inmovilidad forzada, bloqueo y cancelación del derecho al asilo, producido por el metering y el MPP, y en el contexto del cambio a un gobierno autodenominado como de izquierda, en México, con la elección de Andrés Manuel López Obrador, siguieron una serie de decisiones gubernamentales que incrementaron el contexto de criminalización y violencia con una mayor militarización de las fronteras y del control migratorio (Calva Sánchez y Torre Cantalapiedra, 2020; Serrano Carreto, 2019). Esto se dio, entre otras cosas, con la creación de la Guardia Nacional, un cuerpo de seguridad militarizado, y su despliegue en tareas migratorias en las fronteras norte y sur, junto con decenas de miles de elementos del ejército mexicano, y la aprobación del Acuerdo presidencial que dispone la participación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad, vigente hasta 2028 (Brewer, 2021).

Desde que comenzó, en la década de 2010, el giro securitario para la gestión de la migración (policialización y militarización para la contención y la deportación) el involucramiento de las fuerzas militares produce más violencia y genera situaciones de mayor vulneración de derechos. Durante los años 2020 y 2021, la pandemia de Covid-19 sirvió como herramienta para la exacerbación del control biopolítico de las personas migrantes y solicitantes de asilo (Castro Neira, 2021), pues permitió justificar y legitimar el cierre selectivo de la frontera México-Estados Unidos a partir de marzo de 2020, y que sigue vigente. Esto ha afectado de manera desproporcionada a las personas migrantes precarizadas y racializadas, así como a las personas desplazadas y solicitantes de refugio. Este cierre selectivo se ha dado, principalmente, mediante la puesta en marcha del Título 42 que suspendió de manera total el procesamiento de las solicitudes de asilo en los puntos autorizados de entrada por parte de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) (Leutert y Yates, 2022). El Título 42 es una normativa que autoriza a la Patrulla Fronteriza a la expulsión inmediata de las personas migrantes por motivos de emergencia sanitaria, sin garantizar su derecho al debido proceso y a la evaluación (screening) de ley que permite determinar si requiere de protección internacional, medida que ha afectado incluso a niños/as y adolescentes no acompañados/as (Amnesty International, 2021). Esto ha significado que, de hecho, Título 42 funcione como dispositivo para el cierre de facto de la frontera, el bloqueo del asilo y la legitimación de la expulsión exprés y extra judicial (sin registro oficial) basada en criterios raciales y biopolíticos de cientos de miles de personas que intentan solicitar refugio en los EEUU por vías legales. Mientras esto sucedía al norte de México, en el sur, a finales de 2021, Tapachula, Chiapas, una de las fronteras más icónicas del continente, se convertía en una “ciudad cárcel,” término surgido del discurso de protesta acuñado por las propias personas migrantes y que refleja la situación de “atrapamiento” creada por la conjunción de las políticas antiinmigrantes mexicanas y estadounidenses (Torre Cantalapiedra, 2021). Durante el periodo aquí referido, Tapachula se convirtió en el símbolo mexicano del régimen de frontera mediante la externalización, los excesos de la militarización, la brutalidad de las autoridades migratorias, el cierre fronterizo selectivo y el bloqueo del derecho al asilo mediante la precarización, dilación y burocratización de los procesos legales, así como a través del rechazo y el desconocimiento por parte de las propias autoridades mexicanas encargadas de los controles migratorios de los documentos que su gobierno otorgaba a las personas migrantes. Un régimen migratorio que ha sido aún más violento y exacerbado hacia la población negra intra y extra-continental (Morley, 2021).

Es imposible describir a detalle el impacto y el daño que las políticas y medidas antes mencionadas han tenido en la población migrante y solicitante de refugio. Pero es fundamental mencionar que, en todo momento, durante el periodo comprendido entre 2018 y 2022, distintos procesos organizativos y caravanas migrantes han desafiado, contestado, resistido, negociado y subvertido estas políticas de muerte y deshumanización. Dos ejemplos paradigmáticos de estas luchas son: la Asamblea de Migrantes Africanos, surgida en Tapachula, que realizó diversas protestas y emitió una declaración escrita en 2019 (FASIC, 2019; Morley, 2021); y la caravana de personas originarias de Haití, y provenientes no sólo de aquella nación, sino de países de asentamiento previo, como Chile y Brasil, que atravesaron el continente hasta llegar a la frontera entre Acuña (Coahuila, México) y Del Río (Texas, Estados Unidos), donde fueron brutalmente reprimidas, exponiendo el racismo y supremacismo blanco del régimen migratorio, así como la capacidad organizativa de una de las diásporas más vulneradas de las Américas (Santos Cid, 2021).

La caravana de los 50 días. Prácticas de contrainsurgencia para desmovilizar las caravanas

Llevo 50 días caminando en la caravana con todos mis compañeros, una caravana que ha sido sumamente dolorosa y ardua porque hemos pasado lluvia, sol, frío, hambre. Gracias a Dios nos hemos encontrado personas mexicanas que nos dieron auxilio, nos dieron alimentos y agua. Ahora, la Guardia Nacional dice que no nos podemos subir a un transporte por seguridad de uno, pero ¿cómo se contradicen ellos en esto? Dicen que no nos podemos transportar en aventones, pero algunas personas cuando querían agarrar un taxi o mototaxi, o autobús, también los bajaban ¿entonces, de qué seguridad están hablando ellos? Ellos querían sacrificar a cada migrante, prácticamente irnos matando en el camino. Cuando nosotros salimos en la caravana éramos como cuatro mil personas, los que se adelantaban los agarraban y los que se atrasaban, también los agarraban. Ahora, Migración hacía cosas que no tiene que hacer, por lo menos, crear xenofobia. Iban de pueblo en pueblo y le decían a la gente que cerraran porque los migrantes iban. Entonces, cuando llegábamos a cada pueblo, la gente nos tenía miedo, como que íbamos robando, asaltando, haciendo violencia, pero nada de eso. Entonces Migración hacía cosas que no debía hacer, no es esa la función de ellos, ir creando miedo a la gente. Nosotros desde que salimos de Tapachula hemos ido en paz. (Hombre nicaragüense, Secretaría de Gobernación, 16 de diciembre de 2021, citado en UIA & Cultura Migrante, 2022, p.10)^[2]

El 12 de diciembre de 2021, cuando en México se celebra la Virgen de Guadalupe, la figura de culto más importante de ese país, la Basílica de la Ciudad de México recibió a cuatro millones de peregrinos. En esa misma fecha llegó a la capital mexicana la caravana de personas migrantes que, 50 días antes, había salido de Tapachula, la “ciudad cárcel”, como las mismas personas llamaban a ese enclave fronterizo que divide a México de Guatemala. En un inicio, de acuerdo con sus relatos, la caravana estaba conformada por un aproximado de cuatro mil personas provenientes de diversos países de Centroamérica, el Caribe y Sudamérica. Sin embargo, a su llegada a la Ciudad de México, el contingente había ya menguado a 500, resultado de la estrategia de contrainsurgencia desplegada por las instituciones del Estado mexicano y denunciada por representantes de las caravanas ante diversas autoridades con las que dialogaron en la Secretaría de Gobernación el 16 de diciembre de 2021 (UIA y Cultura Migrante, 2022). Como relataron, la contrainsurgencia utilizó dos prácticas centrales: desgastar e inmovilizar a las personas mediante el cansancio extremo, lo que reconocieron como una tortura física, psicológica y emocional inflingida por las autoridades (militares, migratorias y representantes de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, CNDH) al obligarles a transitar todo el recorrido a pie y sin dejarles abordar ningún tipo de transporte. Además de promover activamente la xenofobia y criminalización de las personas entre las poblaciones por las que la caravana transitó, de manera directa por autoridades y con el efecto indirecto de hacerles pasar hambre y sed, a partir de aniquilar las prácticas cotidianas de hospitalidad que se dan en México en las comunidades de tránsito. Estas tácticas de disciplinamiento y gubernamentalidad no son nuevas, han sido ya ensayadas, y probada su eficacia, a través de la política impulsada por Estados Unidos desde la década de los 90, conocida como Prevención a través de la Disuasión (PTD, por sus siglas en inglés). La PTD ha tomado diversas formas para infringir dolor físico y trauma psicológico a las personas migrantes provenientes de América Latina bajo la falsa hipótesis de que dichos daños generarían que dejaran de emigrar o, al menos, lo hicieran con menor intensidad (Gokee, Stewart y De León, 2020). En sus inicios, PTD consistió en reforzar los puntos de control migratorio en las zonas urbanas de la frontera con la intención de desviar el tránsito migratorio hacia zonas geográficamente más agrestes, como el desierto de Arizona. De manera que la tecnología de vigilancia, junto con la geografía, el clima, la flora y la fauna del desierto, actuaran como estrategia de control migratorio (De León, 2015; Martínez et al., 2013).

En una entrevista a un agente de la patrulla fronteriza, retomada por Gokee, Stewart y De León (2020), el agente declara que “dejar caminar” a las personas en condiciones climáticas extremas, por varios días, es la “mejor táctica” para después aprehenderlas, pues así están tan exhaustas y desesperadas que no es necesario perseguirlas. Estas prácticas se replican como estrategia de contrainsurgencia para la caravana de los 50 días: obligarles a caminar, a pasar hambre y sed, promover xenofobia y, para quienes van quedando rezagados por no aguantar el paso, detenerles y deportarles sin debido proceso judicial. Tal y como muestra la llegada de 500 personas a la Ciudad de México el 12 de diciembre de 2021, y la disminución numérica de este contingente a lo largo del trayecto, las tácticas de gubernamentalidad por medio de la disuasión, tanto de desgaste como de producción de xenofobia y criminalización, no generaron que las personas dejaran de migrar. Al igual que en el desierto de Arizona, lo que sí lograron fue “el objetivo tácito de moldear la zona fronteriza [que en este caso es el territorio mexicano en su totalidad] en un estado de excepción en donde el Estado trabaja para suspender o ignorar los derechos de las personas, especialmente de les migrantes indocumentades” (Gokee, Stewart y De León, 2020, p. 2). Lo anterior se llevó aún más lejos pues, desde la perspectiva de defensores de migrantes, activistas y periodistas (UIA y Cultura Migrante, 2022), para la caravana de los 50 días las instituciones mexicanas que forman parte del gobierno global de las migraciones utilizaron otra práctica contrainsurgente que suspende los derechos de las personas migrantes por una vía legal ilusoria: mientras les dejaron caminar, apostando por el desgaste y la desesperación, les ofrecieron una vía de regularización migratoria temporal a cambio de desistir de la caravana.

No puedo creer que cuando nosotros decidimos caminar Migración ya quería darnos las Tarjetas ¿por qué no lo hizo en Tapachula? ¿Por qué esperar que tomáramos esa decisión peligrosa, que nuestros niños y mujeres se desgastaran? Tuvimos que venir acá para exigirles que cumplan las leyes, y les queremos pedir que quiten esa cadena militarizada en Tapachula porque lo único que hace es incitar al odio y a la violencia. Quiten los puntos de registro ilegales en las paradas de buses y en los aeropuertos. Si van a dar las Tarjetas Humanitarias que sean renovables automáticamente y nos den toda la documentación que corresponde. (Hombre guatemalteco, Secretaría de Gobernación, 16 de diciembre de 2021, citado en UIA y Cultura Migrante, 2022, p. 15)

Durante esos 50 días, el INM se acercó al contingente con la oferta de regularización migratoria a cambio de “entregarse de manera voluntaria.” Lo cual, en las condiciones en que les obligaron a transitar, se volvió una alternativa seductora para muchos/as, sobre todo quienes viajaban con niños/as o personas enfermas. No obstante, para las 500 personas que llegaron a la Ciudad de México, la oferta era una ilusión de legalidad que no estaban dispuestas a aceptar, pues sabían que no les garantizaba las condiciones de vida que estaban buscando: la modalidad de regularización migratoria ofrecida consistió en las Tarjetas de Visitante por Razones Humanitarias (TVRH),^[3] mejor conocidas como “visas humanitarias”, las que, como denunciaron las caravanas en la SEGOB, las propias autoridades migratorias no las hacen válidas de manera cotidiana. De hecho, esto fue uno de los principales motivos que llevó a movilizarse en caravana pues, aún con la documentación migratoria, no podían salir de la ciudad “cárcel” de Tapachula, en la frontera sur.

Yo he presenciado, por ejemplo, en Viva México, cuando me bajaron del bus en un punto de revisión, yo vi y presencié que las tarjetas que dan no son válidas ¿Por qué no son válidas? ¿Por qué las quiebran y las tiran enfrente de nosotros sin darnos la oportunidad de la palabra, sin darnos nuestros derechos? Nada más nos violentan, yo vi cómo a un hondureño le quebraron su tarjeta, lo golpearon y lo intimidaron, lo reprimieron. (Hombre guatemalteco, Secretaría de Gobernación, 16 de diciembre de 2021 citado en UIA y Cultura Migrante, 2022, p. 8)

Ha sido duro el venir desde Tapachula y vivir lo que hemos vivido como migrantes […] Emigré cuando me dieron la resolución positiva de mi caso en COMAR, porque me fui para Migración para que me dieran la tarjeta [residencia], pero no me la daban. Así que me fui con la [visa] humanitaria y logré subir a Sinaloa. En Sinaloa me bajaron del transporte y me maltrataron, porque hubo un policía que me golpeó. He sufrido mucho maltrato. […] Luego de mucho tiempo en Tapachula logré mis papeles, pero aun así en Sinaloa me detuvieron y pasé 14 días detenida, después me mandaron de regreso para Tapachula. (Mujer salvadoreña, Casa del Peregrino CDMX, 16 de diciembre, citado en UIA y Cultura Migrante, 2022, p. 8)

La frontera vertical del territorio mexicano actúa como estado de excepción (Varela, 2019) en el que se suspenden los derechos de las personas migrantes empobrecidas y racializadas, tengan o no documentos.

Necesitamos por lo menos la visa humanitaria, pero una que sirva porque la que han dado ¿de qué sirve? De nada, porque la damos y nos bajan siempre de los transportes. Sólo si llevas una mordida [soborno] te dejan pasar, disculpen que les hable así, pero es la verdad, Migración son unos corruptos. Necesitamos papeles que sean legítimos. (Mujer salvadoreña, Secretaría de Gobernación, 16 de diciembre de 2021, citado en UIA y Cultura Migrante, 2022, p. 15)

Esta práctica contrainsurgente tampoco es nueva, desde las caravanas-viacrucis anteriores a los éxodos caravaneros de 2018, el Estado mexicano, en algún momento del tránsito, ofreció “la oferta de visas humanitarias” con la intención de que, una vez que tuvieran documentos, ya no se movilizaran en caravana. A inicios del 2019, y como primera respuesta del gobierno de Andrés Manuel López Obrador a las caravanas migrantes, esta práctica también fue la apuesta de desmovilización. En la caravana de los 50 días, una vez que las personas llegaron a la Ciudad de México, la oferta de visas humanitarias evidenció su intención ulterior. Las autoridades esgrimieron como pretextos estar próximos al cierre de año y tener un rezago importante de trámites que atender para no cumplir con la exigencia de otorgarles la visa en la capital. En su versión, las oficinas centrales del INM, en la quinta ciudad más grande del mundo, no tenían capacidad para gestionar 495 trámites en los diez días que estuvieron en la Ciudad. Por tanto, las autoridades migratorias de México recurrieron a otra práctica contrainsurgente ensayada en los éxodos de 2018: ofrecer transporte para acercar a las personas a su destino deseado, Estados Unidos, y con ello dispersar la movilización. En esta ocasión lo hicieron, como en las políticas norteamericanas de disuasión, utilizando la geografía como dispositivo de control, pues los destinos deseados por las personas obligaban a tomar caminos distintos desde la capital hacia la frontera norte. Así, lograron dividir al grupo de 500 en tres: aproximadamente la mitad se fue a Hermosillo, Sonora; cerca de 200 a Monterrey, Nuevo León; y 50 restantes a Ciudad Juárez, Chihuahua. Todas salieron el 22 de diciembre de 2021 en autobuses proporcionados por el INM.

No obstante, así como las políticas de disuasión no tienen ningún efecto significativo en la “reducción” de la migración, pues la pulsión de vida frente al neoliberalismo de la maquila y la mara (Varela, 2020b) es más poderosa que las prácticas de muerte infringidas por el gobierno global de las migraciones, la ilusión de la legalidad migratoria tampoco tiene un efecto significativo en la desmovilización de las personas, pues las razones de la movilización, la precarización y los riesgos del camino, frente al gobierno de las migraciones y sus gobiernos privados indirectos, superan la frágil ilusión de un documento migratorio. Así lo demostraron algunas caravanas-viacrucis que continuaron su movilización con documentos: las de inicios de 2019 con visas humanitarias, la de los 50 días,^[4] y otros procesos que se han gestado desafiando esta contrainsurgencia reelaborada, como: [1] No sólo la movilización hasta la Ciudad de México, a pesar de que el 39% de las personas contaban ya con algún trámite de regularización migratoria (UIA y Cultura Migrante, 2021); sino también, posterior a su estancia en la Ciudad, el contingente que se trasladó hacia Monterrey, Nuevo León, decidió continuar su trayecto en caravana hacia la frontera con Estados Unidos. No obstante, las personas no lograron llegar a la frontera por amenazas que recibieron del crimen organizado en la zona, una de las tácticas más recurrentes de gubernamentalidad migratoria utilizada por el gobierno privado indirecto que opera en el corredor CA-Mx-EEUU.

a. Los campamentos de personas migrantes afuera de las instalaciones del centro de detención en Tapachula, entre agosto y diciembre de 2019, principalmente de personas haitianas y africanas. Movilización que surgió a raíz de un cambio en la documentación migratoria que las autoridades entregaban a dicha población y que, mientras en años anteriores les permitía la libre movilidad por el territorio nacional, a partir de estas fechas les restringió a permanecer en la frontera sur de México.

b. El campamento El Chaparral en Tijuana que, tras el anuncio del presidente Joseph Biden de suspender el programa Protocolo de Protección a Migrantes, en febrero de 2020, surgió a partir de la movilización de población migrante que, en su mayoría, llevaba desde tres meses y hasta dos años varada en diversas ciudades de la frontera norte de México, hacia los puertos de entrada de Estados Unidos, con la intención de solicitar asilo. No obstante, debido a la vigencia del Título 42, no pudieron acceder a este derecho y decidieron permanecer en el puerto de entrada peatonal de Tijuana conocido como El Chaparral, en un campamento. En el lugar llegaron a vivir más de 2000 migrantes entre tiendas de campaña y carpas. El campamento estuvo instalado casi un año y fue desalojado por fuerzas de seguridad mexicanas en febrero de 2022.

c. Las protestas de personas haitianas en la Ciudad de México, en enero de 2021, en las oficinas de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados para exigir la agilización de sus trámites de solicitud de reconocimiento de la condición de refugiados.

Como se mencionó al inicio, las tácticas de disciplinamiento y gubernamentalidad migratoria se reconfiguraron en el corredor CA-Mx-EEUU a raíz de los éxodos caravaneros de 2018-2019. Lo cual tuvo como resultado que, durante dos años, desde el verano de 2019 y hasta el de 2021, ninguna movilización logró pasar los límites del Estado fronterizo de Chiapas. Todos los intentos caravaneros, “ciclos de lucha migrante” como los ha llamado Georgina Garibó (2021), ocurridos durante este período, enfrentaron una violencia directa a través del despliegue militar de fuerzas de seguridad para su total contención. Fuerzas de seguridad que, desde 2019, se militarizaron con el desarrollo de la Guardia Nacional para el control migratorio en la frontera vertical mexicana, junto con la suma de cuadros militares a la gestión del INM. En marzo de 2019 se creó en México la Guardia Nacional, una fuerza de seguridad que reemplazó a la Policía Federal y con un carácter militar ya que, actualmente, sus agentes se forman con entrenamiento militar, su mando operativo está subordinado al ejército mexicano, además de que más del 80% de sus integrantes provienen de las Fuerzas Armadas mexicanas, por mencionar algunos de los elementos más relevantes (Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, 2021; Storr, 2021). Además, dentro de las facultades que se le otorgaron a la Guardia Nacional se incluyen las de control y verificación migratoria de las personas extranjeras, así como el resguardo de los centros de detención de migrantes. Finalmente, en junio de 2019, tras las amenazas del presidente de EEUU, Donald Trump, de imponer un arancel de 5% adicional a los productos mexicanos, el gobierno de México desplegó 15 mil efectivos de la Guardia Nacional en las fronteras norte y sur de México. Desde 2019, el INM ha designado a personal con formación en las Fuerzas Armadas mexicanas al frente de 19 de las 32 delegaciones estatales de esta institución a nivel nacional. De nuevo, una táctica de gubernamentalidad que ha sido ya desplegada en otras geografías, como la frontera sur estadounidense, y que, como las ya mencionadas, ahora se aplica en el sur para una profundización de la externalización de fronteras.

A manera de hipótesis, podríamos concluir que la caravana de los 50 días no enfrentó el bloqueo absoluto de su paso por medio del uso de la fuerza durante su tránsito por los estados del sur de México, debido al escalamiento previo de la contención militarizada que desató un escarnio público y mediático cuando se viralizó la imagen de un agente del Instituto Nacional de Migración mexicano pateando la cabeza de un hombre haitiano. Esta imagen se dio en el contexto de un despliegue intensivo, durante más de cinco días, de fuerzas de seguridad militarizadas por las carreteras y comunidades costeras chiapanecas, para contener varios intentos caravaneros de personas haitianas desde finales de agosto a principios de septiembre de 2021. A finales de agosto de 2021, las personas haitianas en la ciudad de Tapachula comenzaron a organizar diversas protestas para exigir la agilización de sus trámites de regularización migratoria, así como un trato no discriminatorio y condiciones de vida digna. Tras una semana de protestas, comenzaron a organizar caravanas que, durante al menos cinco días, salieron de manera continua desde Tapachula por la carretera costera de Chiapas con la intención de desplazarse hacia el norte del país. Estos intentos caravaneros haitianos enfrentaron tácticas de disciplinamiento y gubernamentalidad como: encapsulamiento de las personas en las carreteras; persecución con tácticas militares por los alrededores de carreteras; persecución de las personas por las comunidades de tránsito, lo que incluyó el allanamiento de casas de personas que, ejerciendo prácticas de hospitalidad (Varela, 2015b), albergaron a familias que huían y se escondían de la persecución; violencia física a través de golpes con toletes, escudos, piedras y gas lacrimógeno para inmovilizar y detener a las personas; violencia psicológica a través de la separación familiar durante la detención y expulsión del país de las familias migrantes; y tortura durante la detención.

Después de esta coyuntura, la caravana de los 50 días se organizó y caminó hasta la Ciudad de México demostrando que, aún con este despliegue de la guerra contra las personas migrantes empobrecidas y racializadas, la insurgente pulsión de vida desafía estas prácticas de terror del gobierno global de las migraciones. Sin embargo, aunado a las prácticas de desgaste y la oferta de regularización migratoria, la caravana de los 50 días tampoco estuvo exenta de la violencia directa y el despliegue masivo de fuerzas de seguridad para su intento de contención, como parte de la estrategia insurgente por desmovilizarla. En diversos límites estatales interiores del territorio mexicano encontró bloqueos de fuerzas de seguridad. Durante el tránsito por Chiapas, Oaxaca y Veracruz, se encontró con bloqueos de la Guardia Nacional y del INM en los límites estatales. En estos episodios, se dieron enfrentamientos en los que hubo personas heridas, así como detenciones de grupos pequeños. No obstante, tras la presión de las personas, los enfrentamientos y diversas negociaciones entre la caravana y las autoridades, los bloqueos se retiraron. El más violento de ellos fue precisamente el 12 de diciembre, a su llegada a la Ciudad de México, cuando una barrera de más de 300 policías les encapsuló, gaseó y golpeó, resultando en 46 personas lesionadas, incluyendo niñas/os, y 13 que requirieron intervención médica (UIA y Cultura Migrante, 2022).

Dejé mi país con miedo, logré mis documentos y aun así me tuvieron detenida 14 días, me uní a la caravana por eso. Con todo mi sacrificio he caminado 1200 km con mi hija y mi nieto. Con mis compañeros hemos luchado y hemos llegado hasta aquí, sólo queríamos llegar a dar gracias a la Basílica de Guadalupe. Y aun así nos recibieron con golpes y gas lacrimógeno, esa fue la bienvenida que nos dio la Ciudad de México. (Mujer salvadoreña, Secretaría de Gobernación, 16 de diciembre, citado en UIA y Cultura Migrante, 2022, p.12)

A pesar de que la Ciudad de México tiene una legislación local que la considera como un espacio “santuario”, la así llamada Ley de interculturalidad, atención a migrantes y movilidad humana en el Distrito Federal (2011) –lo que implica, entre otras cosas, la prohibición de operativos de detención migratoria–, las escenas vividas por las caravanas a su llegada a la capital denotan el despliegue de la violencia directa como parte de la estrategia de contrainsurgencia. El mismo día de este episodio de guerra contra la caravana, la Ciudad de México recibió a cuatro millones de peregrinos guadalupanos de todo México, ofreciéndoles alimentos y atención médica, mientras, al igual que la caravana, se dirigían a la Basílica de Guadalupe. Así, el operativo de contención violenta fungió también como un dispositivo de control en forma de mensaje a través del castigo ejemplar: podrán llegar cuatro millones, pero si son personas migrantes son consideradas “desechables”, como diría la filósofa Judith Butler (2010). El mensaje era claro por parte del partido gobernante también a escala federal, “no son bienvenidos”. El mensaje de repudio a la presencia caravanera lo manifestaron las instituciones de la Ciudad, no sólo a la llegada, también durante los diez días de la estancia en la capital mexicana. La ciudad, de millones de habitantes, no tuvo la voluntad o la capacidad institucional para proveer de una atención en condiciones mínimas de dignidad a 500 personas: no se proveyó de alimentación, ni higiene adecuada, no hubo un lugar para dormir fuera de la intemperie y las bajas temperaturas invernales, ni atención médica básica, por mencionar lo más sobresaliente. Otra vez, se trataba de gobernar desde prácticas y dispositivos que gestionan la muerte antes que gobernar la vida, ahora con el refugio a la intemperie, el disimulo de la acogida, la pasividad para no otorgar documentos, formas de gobierno del tiempo, el espacio y los recursos vitales para las personas migrantes, caravaneras o no. Todas formas de contrainsurgencia.

Finalmente, esta estrategia de contrainsurgencia produce también un creciente deterioro de las prácticas de hospitalidad hacia las personas migrantes, sobre todo, hacia aquellas que deciden desafiar el gobierno global de las migraciones y hacerse visibles en caravanas y otras formas de lucha migrante. Una de las dimensiones más controversiales que ha tomado esta táctica es la reproducción del discurso y las prácticas discriminatorias y estigmatizantes entre los actores de la industria humanitaria. Durante el tránsito de la caravana de los 50 días, con contadas excepciones,^[6] fue notoria la ausencia de actores humanitarios, lo cual denota el efecto que ha generado esta estrategia de contrainsurgencia en términos de aislar de redes de apoyo a las personas migrantes. Lo anterior se ha gestado y consolidado desde las caravanas-éxodos de 2018, sobre todo, a raíz de la criminalización de personas defensoras de derechos humanos que acompañaron dichos éxodos. A partir del otoño caravanero de 2018, los gobiernos de la región desataron una campaña de criminalización contra las personas defensoras de derechos humanos de migrantes, sobre todo contra quienes acompañaron el tránsito caravanero. Las organizaciones Frontline Defenders, la Red TDT y el Programa de Asuntos Migratorios de la Universidad Iberoamericana (2019) documentaron 69 eventos de agresión a personas defensoras entre 2018 y 2019. Los casos más graves sucedieron en junio de 2019, cuando dos defensores fueron detenidos y criminalizados, se les acusó de tráfico de personas y enfrentaron hasta 23 años de prisión.

Finalmente, esta estrategia de contrainsurgencia produce también un creciente deterioro de las prácticas de hospitalidad hacia las personas migrantes, sobre todo, hacia aquellas que deciden desafiar el gobierno global de las migraciones y hacerse visibles en caravanas y otras formas de lucha migrante. Una de las dimensiones más controversiales que ha tomado esta táctica es la reproducción del discurso y las prácticas discriminatorias y estigmatizantes entre los actores de la industria humanitaria. Durante el tránsito de la caravana de los 50 días, con contadas excepciones,^[5] fue notoria la ausencia de actores humanitarios, lo cual denota el efecto que ha generado esta estrategia de contrainsurgencia en términos de aislar de redes de apoyo a las personas migrantes. Lo anterior se ha gestado y consolidado desde las caravanas-éxodos de 2018, sobre todo, a raíz de la criminalización de personas defensoras de derechos humanos que acompañaron dichos éxodos. A partir del otoño caravanero de 2018, los gobiernos de la región desataron una campaña de criminalización contra las personas defensoras de derechos humanos de migrantes, sobre todo contra quienes acompañaron el tránsito caravanero. Las organizaciones Frontline Defenders, la Red TDT y el Programa de Asuntos Migratorios de la Universidad Iberoamericana (2019) documentaron 69 eventos de agresión a personas defensoras entre 2018 y 2019. Los casos más graves sucedieron en junio de 2019, cuando dos defensores fueron detenidos y criminalizados, se les acusó de tráfico de personas y enfrentaron hasta 23 años de prisión. Algunos actores de la industria humanitaria mexicana –acostumbrada a trabajar desde la lógica paternalista en la que las personas migrantes se presentan como víctimas pasivas– se han sumado a la reproducción del discurso y las prácticas de estigmatización-criminalización. Esto sucede en un espectro que va desde posturas veladas que plantean que por el “propio bien” de las personas no debieran realizar alguna movilización (por ejemplo, cuando se instaló el campamento migrante El Chaparral en Tijuana, diversas organizaciones de ayuda humanitaria y atención a migrantes se opusieron a éste, argumentando que las personas migrantes se exponían a graves riesgos de seguridad y salud al vivir en el espacio público), hasta otras explícitas que perciben la movilización como parte de una estrategia planeada desde cúpulas de poder, sin reconocer la agencia política de las personas migrantes: tal es el caso de las teorías de la conspiración desatadas a partir de la explosión del otoño caravanero de 2018. Por ejemplo, en México, personas que se dedican a la asistencia humanitaria a personas migrantes han declarado que la movilización de las personas en caravana es una estrategia política para atacar al gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

La crueldad de la suma de todas estas tácticas contrainsurgentes queda manifiesta en el dolor de pies y piernas por la caminata de 50 días, de espalda por dormir a la intemperie, en los pulmones enfermos de niños/as, en los estómagos con hambre de padres y madres migrantes que priorizan el escaso alimento para sus hijos/as, y en el estado de shock resultado de los golpes con toletes a madres con sus bebés en brazos y la asfixia de niños/as por gas lacrimógeno, por mencionar los efectos más evidentes. Pero también, la crueldad de esta contrainsurgencia, se manifiesta en la manera en que el gobierno global de las migraciones construye el espectro de la ilegalidad/legalidad migratoria en una zona gris que constituye al territorio mexicano en frontera vertical, donde opera un estado de excepción en el que también se desbarata la hospitalidad a favor del discurso y las prácticas de repudio social que ganan terreno, incluso dentro de la industria humanitaria de las migraciones. Todo esto se señala para localizar, identificar, nombrar y no olvidar las tácticas de contrainsurgencia y sus múltiples reconfiguraciones. Pero también para obligarnos a dimensionar la pulsión de las prácticas de vida que se siguen rearticulando para enfrentar esta guerra global contra las personas migrantes desechadas. No porque esta resistencia se dé fuera de las clásicas claves ideológicas antisistémicas deja de ser menos transgresora del orden que las personas migrantes, caravaneras, se niegan a aceptar como destino (Varela, 2020b). Dejar de reconocer esto y, con ello, la agencia migrante caravanera, con todas sus tensiones y contradicciones, es dejar de reconocer la condición de sujetos políticos y epistémicos de las personas y reproducir las lógicas paternalistas dicotómicas, victimizantes-criminalizantes, promovidas por la gubernamentalidad migratoria.

Conclusiones

En este texto hemos esbozado la historia reciente del gobierno de las migraciones en México, trazando la insurgencia con la que las personas migrantes y refugiadas desafiaron ese régimen de muerte y deportabilidad. Sobre todo, hemos puesto la mirada en un episodio de lucha migrante, una de las caravanas, conocida como la de los 50 días, que llegó desde la frontera sur mexicana para ser desarticulada en su capital, la Ciudad de México. A lo largo del texto pusimos especial atención a las prácticas de muerte, las estrategias, dispositivos y subjetividades para la contrainsurgencia con las que, dos años después del así llamado otoño caravanero de 2018, el Estado respondió en plena época pandémica a las insurgencias migrantes. En el corredor migratorio que estudiamos se ensayan prácticas de muerte, de gubernamentalidad necropolítica que profundizan todas las formas de contrainsurgencia hasta ahora registradas. Se torturan familias, se separan núcleos familiares o de afinidad, se apuesta porque enfermen, se deshidraten, se pierdan, les secuestren o roben, violen o asesinen como modo de concretar el compromiso que el gobierno mexicano suscribió como expresión de una gestión de la migración “segura, ordenada y regular”. Como hemos documentado en los estudios migratorios y fronterizos ya varias generaciones de intérpretes, a estas lógicas de muerte, las personas migrantes y refugiadas responden con prácticas de vida. Antes con redes migratorias, ahora, además, con la apuesta por caravanizar la transmigración. Las caravanas son una forma de lucha migrante, una estrategia de sobrevivencia al régimen global de fronteras y una nueva forma de transmigración en México donde, además de prácticas necropolíticas, también existen prácticas de solidaridad y hospitalidad radical que, como las caravanas y las personas migrantes, resultan siempre ingobernables.

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Notas