Introducción

Las localidades de Huillinco y Rucañanco, hoy parte de la comuna de Contulmo, se encuentran en uno de los valles ubicados entre el Lago Lleulleu y la cordillera de Nahuelbuta, Región del Biobío, territorios que estaban densamente poblados antes de la llegada de los conquistadores (Correa y Mella, 2010, p. 11). La presión ejercida por el proceso de colonización espontánea al sur del Biobío, una vez iniciada la construcción del Estado de Chile en 1818, y luego acentuada por la ocupación militar del territorio lleulleuche (el que ocupan las comunidades que habitaban alrededor del lago Lleulleu), en 1869, obligó a las comunidades originarias a reducir su tenencia de tierra. Las reducciones fueron legalizadas a través de un proceso de radicación iniciado en 1884, a través del cual a las familias mapuche se le otorgaron derechos legales sobre dicha reducción. Este hecho inaugura el conflicto territorial que se mantiene vigente hasta el día de hoy desde el río Biobío hacia el sur, donde se ven envueltos el Estado chileno, los colonos y las comunidades indígenas.

Figura 1
Localización de Huillinco y Rucañanco en el territorio chileno
Elaboración propia sobre la base de la información del Instituto Geográfico Militar (IGM) y los límites de la división político-administrativa digital, proporcionados por la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (SUBDERE).

Para comprender mejor este conflicto, la presente investigación busca responder las siguientes preguntas: ¿Cómo se ha generado el actual conflicto? ¿Cuáles son sus principales mecanismos causales? ¿Qué dinámica ha adquirido durante su desarrollo? Se espera establecer la dinámica de desarrollo que adquiere el conflicto entre 1979 y 2014 con el fin de avizorar posibles orientaciones de su desarrollo posterior.

Estado de la cuestión

Los estudios sobre historia mapuche están atravesados por la relación que establecen sus autores entre acción y estructura. Mientras algunos ven la acción mapuche como expresión de los sistemas culturales indígenas y, por tanto, evidencia de una otredad epistémica (de Sousa Santos, 2010), otros perciben cómo esta acción se apropia de la estructura previamente existente desde una perspectiva realista y analítica (Bhaskar, 2008). Los estudios que investigan a los mapuches en las historias locales dentro de un espacio geográfico acotado se pueden dividir entre los que buscan reconstruir la historia mapuche a partir de la relación sincrónica entre las comunidades y las estructuras (Marilaf, 2005; Peredo y Barrera, 2005; Lafferte, 2006; Núñez, 2006; González, 2007; Egert y Godoy, 2008; Neira et al., 2012), y los que realizan una reconstrucción histórica de la agencia de las comunidades distinguiendola en tiempo y forma de las estructuras (Ortiz, 2004) (Maldonado, 2004) (Mallon, 2004). Sobre estos últimos pondremos más atención dado que se asimilan a la perspectiva morfogenética que pretende aplicar nuestro estudio (Archer, 2009).

Para revisar el estado de la cuestión, pondremos en diálogo los textos referenciados de acuerdo a tres conceptos claves: Estado, identidad y territorio. Respecto al Estado, existe un amplio consenso entre la literatura sobre que el Estado representa intereses opuestos a los de las comunidades rurales indígenas. Esta oposición es caracterizada como una diferencia ontológica entre comunidades y Estado respecto a la relación con el medio (Núñez, 2006),o como resultado de la acción mapuche frente a las estrategias de control del Estado (Mallon, 2004) que han variado en la era de la globalización (Ortiz, 2004). Esta segunda visión permitiría comprender la configuración de distintos escenarios de conflicto territorial con el Estado a lo largo del tiempo.

Respecto a los procesos de construcción de identidad, la literatura coincide en caracterizarla como resultado de las relaciones interétnicas y de las comunidades con las estructuras. Podemos distinguir entre visiones conflacionistas (Peredo y Barrera, 2005; González, 2007) y dualistas (Mallon, 2004; Ortiz, 2004; Maldonado, 2004). A su vez, las conflacionistas, se pueden dividir entre una de carácter descendente y otra ascendente (Archer, 2010). En la primera, la acción reivindicativa étnica se ve determinada por los procesos de mercantilización de los agroinsumos (Peredo y Barrera, 2005), mientras que, en la segunda, el ethos segmental del pueblo mapuche determina su relación con las estructuras (González, 2007). Las dualistas, en cambio, asumen la identidad étnica como una acción resultante del acondicionamiento estructural. Para Mallon, dicha estructura de referencia es el Estado (2004), para Ortiz la globalización (2004) y para Maldonado, la tenencia de la tierra (2004). Esta segunda perspectiva, permite comprender la identidad étnica como un producto dinámico de acuerdo a las motivaciones del agente que la crea.

En nuestro trabajo la dimensión territorial es de vital importancia en tanto media entre la acción de las comunidades y su reproducción o transformación de la realidad social. En ese sentido, distinguimos entre un grupo de títulos de tipo conflacionista descendente y otro dualista morfogénetico (Archer, 2009). Los primeros, perciben la relación productiva de las comunidades con el territorio y su transformación en el tiempo producto de la subordinación de la producción a las normas del modelo de desarrollo neoliberal (Egert y Godoy, 2008; Peredo y Barrera, 2005) y, otro enfoque, observa la compleja relación que se establece entre identidad y territorio para el despliegue de la agencia (Maldonado, 2004; Mallon, 2004). El segundo grupo permite comprender mejor cómo la apropiación del contexto condiciona estrategias de sobrevivencia y bienestar de las comunidades indígenas. En este escenario, nuestro estudio aporta datos empiricos acerca de dos temas que no han sido suficientemente abordados por los demás estudios relativos a los mapuches en las historias locales. Primero, sobre el rol de la agencia en los procesos de construcción de identidad étnica. Segundo, sobre cómo impacta la instalación de la industria forestal en la identidad étnica y la reproducción de las condiciones de producción de la zona de estudio.

Metodología

El proceso investigativo que sustenta este trabajo se realizó por medio de una observación prolongada de la vida de los habitantes de las localidades de Huillinco y Rucañanco, especialmente de la comunidad mapuche Juana Millahual. La implicación directa en las relaciones sociales de la zona de estudio se realizó de manera descontinuada y articulada en torno a un razonamiento abductivo que nos permitió realizar un muestro teórico inicial, con el cuál establecimos las principales categorías de análisis e hipótesis de nuestra investigación (Charmaz, 2006).

Para el levantamiento de información, utilizamos el documento oral como válido para la reconstrucción histórica de la Comunidad indígena y la zona de estudio. Este se produjo a partir de entrevistas en profundidad como principal recurso para estudiar la experiencia histórica de habitar un territorio. En ese sentido, producimos historia a través del rescate de la memoria, para desde ahí reconstruir identidades contingentes que interpretan el pasado para la construcción de futuro (Garcés Durán, 1996; Ticona, 2002). En ese sentido, se realizaron doce entrevistas a personas seleccionadas por su pertenencia a cinco grupos con intereses en el conflicto territorial de la zona. Estos grupos son: la comunidad mapuche, los pequeños propietarios, los medianos propietarios, las empresas forestales y el Estado de Chile. Seis entrevistas se realizaron a personas pertenecientes a la comunidad Juana Millahual y fueron seleccionadas para que estuvieran representados los diferentes subgrupos que la componen. Éstos fueron determinados durante el proceso de muestreo inicial y obedecen a alianzas familiares, localización, roles y jerarquía. Tres entrevistas fueron dedicadas al segundo grupo de interés, el de pequeños propietarios, seleccionadas según localización, jerarquía y actividad económica. A los demás grupos se les representó mediante una entrevista por cada uno.

Junto con las entrevistas, que permitieron levantar documentos orales, realizamos una observación en terreno guiada por una matriz con indicadores enfocados en levantar los datos establecidos en nuestro muestreo teórico inicial. Esta observación se registró en un cuaderno de campo, contemplando grabaciones de audio, vídeo, y siguiendo los preceptos de un análisis arraigado, tal como propone el método etnográfico (Cefaï, 2013, p. 103). Además, se utilizaron materiales históricos documentales como Títulos de Merced, Censos Silvoagropecuarios (1975 - 2017), datos proporcionados por el Servicio de Impuestos Internos (2014) relativos al tamaño de la propiedad y los censos demográficos de 1982, 1992, 2002 y 2017 (Instituto Nacional de Estadísticas, 2022).

Justificación

El remonte genealógico que propone esta investigación, a partir de 1979, se explica por la promulgación ese año del decreto ley que posibilita la división de tierras indígenas (DL 2568 de marzo de 1979). Este opera como un dispositivo foucaultiano en tanto busca generar las condiciones sociales para la instalación de un determinado modo de existencia contributivo al desarrollo forestal (Heredia, 2014). En ese sentido, forma parte de un importante esfuerzo estatal iniciado en 1974 con el decreto ley que ordena la bonificación del 75% de la inversión de forestación y costo de manejo a cualquier persona que haga uso forestal de su propiedad (DL N°701 de 1974). Estas medidas ajustaron las relaciones sociales y las posibilidades de desarrollo productivo de las zonas rurales a los límites de la nueva estructura económica basada en el monopolio del uso de suelos por parte de la industria forestal (Dos Santos, 2015). Estas transformaciones ocurren en un contexto más general de transición hacia un modelo de desarrollo neoliberal que operaba activamente para configurar la realidad de acuerdo a una estrategia de “acumulación por desposesión” (Graciarena, 1998; Harvey, 2007).

La expansión forestal implicó la pauperización generalizada del campo y la progresiva insostenibilidad de las actividades agropecuarias de las comunidades mapuche. Mientras la mayoría de los pequeños y medianos propietarios se acogieron a las bonificaciones del decreto de ley 701 llenando sus propiedades de pinos o eucaliptos, la comunidad mapuche perdió sus tierras más fértiles, ya que algunos de sus miembros optaron por la subdivisión de tierras. Estas nuevas condiciones dificultaron el desarrollo de las actividades agropecuarias de todos los grupos propietarios del lugar, inhabilitaron los terrenos desocupados por estar afectados con especies forestales asilvestradas y aislaron al sector de estudio de los sistemas de intercambio de bienes y servicios.

La pregunta por la dinámica histórica del conflicto y sus posibles derivas se debe responder observando las estrategias que la población articuló para adaptarse al modelo de desarrollo forestal, en cuanto orientación de los grupos hegemónicos que integran políticas de desarrollo como los conflictos que “deliberadamente o no, se están produciendo” (Graciarena, 1998, p. 683). Los dispositivos para propiciar el monopolio del uso forestal del suelo sedujeron a pequeños y medianos propietarios para la instalación de especies forestales en sus propiedades. La mayoría de las veces, el reemplazo de la actividad agropecuaria por la silvícola significó la enajenación de la propiedad de las manos de pequeños y medianos propietarios. Las propiedades con uso de suelo forestal fueron adoptando de manera paulatina, y a ratos estrepitosamente, sistemas de arriendo a largo plazo, que terminaron en la venta directa a las sociedades anónimas. Esto se tradujo en una acelerada migración de pequeños y medianos propietarios hacia la ciudad. Quienes se quedaron viviendo en el sector, principalmente familias de la comunidad indígena y de pequeña propiedad, se vieron en la necesidad de aumentar su acceso a la tierra para elevar sus niveles de producción agropecuaria. El estudio de los cambios en los usos de suelo se ha utilizado para evidenciar transformaciones en los modelos de desarrollo de territorios donde predominan comunidades indígenas, ya que permite observar la concentración de las actividades productivas y distinguir prácticas económicas y culturales dentro de una misma propiedad (Buitrón, 2017).

Nuestra hipótesis supone que, frente a la configuración general de monopolio en el uso de suelo de tipo forestal, la comunidad indígena tenía la urgente necesidad de aumentar su acceso a la tierra y así viabilizar su subsistencia en el territorio. Para conseguir esto, desarrolla un proceso de reetnificación y otro de recuperación territorial. Respecto a ambas estrategias, que hemos observado en nuestro muestreo teórico inicial, esperamos que no solo hayan conseguido aumentar el acceso a la tierra de la comunidad, sino que, además, hayan afectado la reproducción de las estructuras económicas y culturales del lugar. El muestreo teórico inicial permite interpretar que la eficacia al aumentar su acceso a la tierra hace que la comunidad Juana Millahual pueda expandir su influencia hacia los pequeños propietarios del sector en una lógica simétrica de relaciones interétnicas y sobre prácticas comunitarias de propiedad y de trabajo. Esto podría constituir un proyecto de transformación de las estructuras heredadas en el sentido de un modelo de desarrollo alternativo al forestal en el territorio de estudio.

Antecedentes de la comunidad Juana Millahual (1850 - 1970)

La comunidad Juana Millahual, ubicada en la región del Biobío, entre el lago Lleulleu y la cordillera de Nahuelbuta, está dividida por las localidades de Huillinco y Rucañanco. Cada una tiene un nombre autoexplicativo, de acuerdo a la toponimia originaria que describe las características de su paisaje. Huillinco alude a la presencia del huillín o nutria de río en el co o agua de río, por lo que fácilmente se puede inferir que Huillinco es un valle cruzado por un río, un territorio medianamente plano y con desembocadura al lago. Cruzando el valle y adentrándose hacia el monte se asoma Rucañanco, la otra localidad de estudio. Ruca significa casa y ñanco hace referencia al águila parda o aguilucho, ave rapaz que habita en las alturas, por lo que Rucañanco se refiere al lugar donde habitan las águilas pardas, nombre que sugiere la colina de pronunciada pendiente y suelo pedregoso que caracteriza ese sector.

Esta comunidad es producto del proceso de colonización espontánea y sus orígenes se remontan al 1850, cuando numerosos colonos chilenos y extranjeros buscaron establecerse en el territorio ubicado al sur del Biobío, causando el desplazamiento forzoso de familias mapuche al sur de la frontera con el territorio chileno (Bengoa, 1985). Entre las desplazadas se encontraba la familia Llanquileo, cofundadora de la comunidad Juana Millahual. El linaje Llanquileo habitó el Valle de Laraquete, en la actual comuna de Lota, lugar del que huyeron asentándose en la ladera oriente del lago Lleulleu. Gracias a una alianza con la familia Millahual, que ocupaba desde tiempos remotos la ribera oriental del Lago Lleulleu, ambos linajes establecieron una única comunidad con autoridad sobre un territorio de alrededor de 10 mil hectáreas, ubicado entre los ríos Huillinco y Mahuilque (Correa y Mella, 2010).

La ocupación militar del territorio lafquenmapu por parte del Estado de Chile, en 1869, desconoció el territorio ancestral y redujo las comunidades a extensiones menores de tierra para la instalación de la gran propiedad privada de colonos (Bengoa, 1985). El diputado de la zona, Francisco Javier Ovalle, da forma a la Hacienda Tranaquepe en 1876, mediante dos escrituras, una al día siguiente de la otra. A ambas acuden apellidos que, en opinión del historiador Correa, no corresponden a la zona (2010). Luego, en 1878, se realiza una nueva escritura pública donde se establece que las propiedades son cedidas a Ovalle, en parte como pago por una deuda. Estos hechos fueron comentados al gobierno de manera contemporánea por el General a cargo de la ocupación militar, don Cornelio Saavedra, asegurando que:

en general, tales contratos son simulados […] se buscaba a cualquiera persona que vistiese un chamal y hablase indio, se le daba uno o dos pesos a fin de que asegurase ante un escribano ser dueños de grandes extensiones de terrenos y decir que había recibido unos cuantos miles de pesos. (Saavedra, 1870, p. 77)

En 1887, Ovalle vende su propiedad a la familia Ebensperger, quienes se encargan de hacer efectiva la ocupación del territorio que iba desde la ladera occidental del lago Lleulleu hasta la costa, desplazando forzosamente a las familias mapuche a los valles ubicados entre la ribera oriental del lago y la ladera occidental de la cordillera Nahuelbuta, donde se ubicaba la comunidad de los linajes Llanquileo y Millahual. Este desplazamiento significó la reducción territorial de la comunidad, que sigue presente en la memoria oral de J. Lincoqueo como “el robo de la patria mapuche por el Estado de Chile” (J. Lincoqueo, comunicación personal, agosto de 2014).

Al sur de la frontera del río Biobío, desde 1884, se inicia el proceso de radicación territorial para formalizar la reducción producida por la intervención del ejército y de la gran propiedad. En este contexto, la comunidad Llanquileo, constituida por 15 familias, fue expulsada del Valle de Huillinco y sufrió el confinamiento a una reducción de 100 hectáreas en el sector de Rucañanco. Esto fue debidamente consagrado en un título de propiedad entregado en 1904, llamado Título de Merced.

Los Títulos de Merced fueron títulos de propiedad otorgados a las comunidades indígenas una vez que el Estado chileno concluyó el proceso de ocupación militar en 1884. Fueron normados por la Comisión Radicadora de Indígena a cargo de su distribución en las provincias al sur del Biobío hasta Osorno, entre 1866 y 1929 (Comisión Verdad Histórica y Nuevo Trato, 2008). Los procesos de reducción y radicación territorial, legalizados por el Título de Merced de 1904, posibilitaron que, durante los siguientes 70 años, la relación entre los miembros de la comunidad Juana Millahual y sus nuevos vecinos: colonos chilenos y extranjeros que fueron poblando de forma paulatina las tierras aledañas, se caracterizaran por el establecimiento de un modelo asimétrico de relaciones interétnicas (Cardoso de Oliveira, 2007). Los mapuches ocupan desde entonces una posición subalterna respecto a los particulares instalados por el Estado. Debido a la racialización e inferiorización hacia las personas pertenecientes a la etnia mapuche, se justificaban modos de superexplotación, es decir, como una forma de retribución de la fuerza de trabajo a un coste que está por debajo del índice de reproducción de la misma fuerza. En Huillinco, se pagaba una jornada de trabajo con las comidas del día y alcohol para el empleo indígena, y diferencias estructurales respecto a las condiciones de producción agropecuaria (González Casanova, 2006). Mientras los mapuches habían sido desplazados forzosamente al montañoso sector de Rucañanco, los propietarios particulares habitaban las fértiles tierras del Valle de Huillinco. En la Figura N°2 se puede observar el contraste entre el territorio ocupado por la comunidad antes y después del proceso de reducción y radicación territorial.

Figura 2
Radicación y territorio ancestral reivindicado por la comunidad Juana Millahual.
Elaboración propia según datos de la observación participante y del Título de Merced proporcionado por CONADI.

Las condiciones para la producción agrícola, creadas por la radicación, fueron determinantes para la instalación de un sistema de relaciones interétnicas asimétricas. El reducido acceso a talaje para ganado y las magras cosechas que conseguían en las pedregosas tierras de Rucañanco forzaba a los miembros de la comunidad mapuche a trabajar sin intermediar sueldo. Según relata el colono Enrique Briones, era habitual que los comuneros trabajaran para los colonos a cambio de comida y algunos víveres. Uno de los comuneros más longevos, Pablo Llanquileo, de 87 años, recuerda vívidamente que habitualmente se referían a ellos como “mapuchitos” y que eran discriminados por hablar mapudungun (Pablo Llanquileo, comunicación personal, agosto 2014).

En este contexto, entre 1930 y 1960, se desarrolló una nueva fase de pérdida de territorio por vía judicial. El mecanismo esta vez fue el decreto ley 4.111 de 1931, que permitió la división de los títulos de merced siempre que lo solicitase un tercio de los comuneros individualizados en el título o los jefes de las familias firmantes. Para hacer valer estas nuevas disposiciones, se crearon 5 Juzgados de Indios con la obligación de destinar tres horas diarias, por lo menos, para oír personalmente “las peticiones, quejas y reclamos que los indígenas quieran formularles” (Decreto 4111, 1931, párr. 21). Se calcula en más de 100 mil hectáreas el total de tierras que perdieron las comunidades mapuches por la aplicación de este mecanismo (Correa y Mella, 2010).

La reproducción de estas condiciones de despojo territorial encontró resistencia en una demanda interpuesta por Juan José Llanquileo, en 1930, en contra del particular Serafín Ortiz Plasencia. En esta, se establecía que la extensión original de la radicación no era de 100 hectáreas, sino de 270, por lo que acusaban a Plasencia de haberse apropiado fraudulentamente de 170 hectáreas. El 16 de agosto de 1932, la Corte de Apelaciones de la ciudad de Temuco dictó sentencia y aumentó la extensión reconocida por el Título de Merced a un total de 120 hectáreas. Este fue el territorio con el que contó la reducción de Rucañanco hasta 1996, cuando comenzaron las primeras recuperaciones territoriales (Informe Jurídico comunidad Juana Millahual, 2001).

El fin de los Juzgados de Indios y la implementación de la primera Reforma Agraria, en 1962, contribuyó a la dinamización del movimiento político mapuche que buscó ser integrado a la distribución de tierras por parte del Estado. La política redistributiva inicial consideraba únicamente a los inquilinos que trabajaban en los fundos expropiados. En 1970, el movimiento político mapuche logró que sus reivindicaciones de acceso a la tierra pasaran a formar parte del proceso general de redistribución. Pero, como norma general, la posibilidad de las comunidades indígenas de aumentar su acceso a la tierra dependía exclusivamente de su vinculación con partidos o movimientos de izquierda. En el caso de las comunidades del Lleulleu, la Reforma Agraria se dirigió a la gran hacienda en beneficio de sus inquilinos, en vez de aumentar la propiedad colectiva de las comunidades indígenas (Correa, 2010). Si bien la hacienda Tranaquepe fue expropiada y estuvo a punto de repartir extensiones importantes de tierra entre sus inquilinos, en la memoria oral de los comuneros de la Juana Millahual, y según el Informe Jurídico de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (2001), la reducción Rucañanco no experimentó ninguna variación respecto a su propiedad, manteniéndose desde 1932 las mismas 120 hectáreas (Informe Jurídico comunidad Juana Millahual, 2001).

El movimiento mapuche en Chile desde 1979

El 12 de septiembre de 1978, se congregaron, en la Casa de Ejercicios del Obispado de Temuco, 155 dirigentes mapuches representantes de 90 comunidades. Tal encuentro conformaba un referente que fuera capaz de oponerse a las políticas de la dictadura cívico-militar de Augusto Pinochet hacia los pueblos indígenas, en especial frente al decreto ley que buscaba facilitar, nuevamente, la división de la propiedad colectiva. Así es como, con el patrocinio de un número acotado, pero no despreciable, de agrupaciones, surge la primera organización indígena en tiempos de dictadura: los Centros Culturales Mapuche de Chile. Dos años más tarde, estos se constituyen legalmente con el nombre de Asociación Gremial de Pequeños Agricultores y Artesanos Ad Mapu (1980).

Este momento fue clave en la historia mapuche reciente, ya que en Ad Mapu “se comienza a hablar de un Proyecto Histórico, en donde la organización aportaría los elementos para que los dirigentes mapuches y las comunidades organizadas definieran sus prioridades y la forma de abordarlas, mediante una política de autogestión” (Levil et al, 2006, p. 235). Con esa matriz, se comienza a formar un incipiente movimiento mapuche de base que abre la siguiente década con un discurso marcado por los conceptos de pueblo, territorio, autonomía y nación. En los 90, se fue constituyendo una comunidad de intelectuales mapuche comprometidos con los horizontes contenidos en el panteón conceptual de lo que se entendió como el proyecto histórico de las etnias o naciones indígenas, y también un conjunto de académicos, antropólogos e historiadores influenciados por el giro de las ciencias sociales hacia el estudio de los sujetos invisibilizados por los grandes relatos, que simpatizaron con el reclamo situado de construir narraciones desde la diferencia. Como indicó el profesor Bengoa (1985):

nuestro intento ha sido rescatar esta historia olvidada, negada, silenciada por nuestras culturas intolerantes. Cada frase, cada relato, cada episodio recuperado, es un alegato ético que rechaza la intolerancia y afirma el derecho de los pueblos a ser como quieren ser, a vivir de acuerdo a sus propias modalidades sociales. (Bengoa, 1985, p. 5)

El tiempo que abarca nuestra investigación está marcado por el proceso histórico latinoamericano de reemergencia indígena, entendida como una “reinvención” de la cuestión por parte de sus mismos liderazgos en un contexto de confrontación entre identidades particulares y la modernidad. De esta relación dialéctica, emergen propuestas desde lo indígena para el futuro de un mundo moderno, desde nuestra especificidad latinoamericana (Bengoa, 2000). En el presente estudio abarcamos este marco temporal. Además, los últimos 30 años han estado marcados por un conflicto territorial in crescendo entre el Estado, los colonos de múltiples nacionalidades, las sociedades anónimas y las comunidades mapuche, al punto de constituir hoy el problema específico de mayor relevancia para el Estado de Chile, según el gobierno (Cisternas, 2022).

Tal como lo hicieran los 155 dirigentes reunidos en 1978, que recogían su historia para abordar mejor los desafíos del presente, queremos poner el énfasis en la transición entre modelos de desarrollo. Revisar cómo los agentes locales se han apropiado de las estructuras históricamente heredadas a través de su reacción a la agresiva alteración de la realidad que ha significado la instalación del modelo forestal será clave para conocer las posibles alternativas de transformación de las estructuras que se gestan al interior del conflicto mismo (Bhaskar, 2008).

Instalación del modelo forestal y respuestas de la Comunidad (1974 - 2014)

Como el régimen de propiedad sobre la tierra no sufrió transformaciones en Rucañanco durante el ciclo de transformaciones estructurales en Chile (1962-1973), el golpe cívico militar de 1973 no tuvo repercusiones inmediatas en la zona. Recién a mediados de la década de los 70, el Estado diseñó un nuevo modelo de incorporación de la economía nacional al mercado mundial, modificando la configuración general de la estructura económica en el lugar. El modelo de desarrollo neoliberal, edificado sobre las premisas de la desregulación de la economía y el fomento de las inversiones extranjeras, se basó en la exportación de materias primas a los mercados internacionales, privilegiando aquellos recursos explotables que tenían ventajas comparativas considerables, es decir, que eran productos más competitivos en el exterior (Harvey, 2007).

De acuerdo con este principio, se fomentó la inversión nacional y extranjera en un tipo de actividad productiva específica para cada zona de Chile, según sus condiciones geográficas y sus recursos explotables. En el norte, la minería; en la zona central, la fruticultura; en todo el territorio costero, la pesca; por último, en el sur, y con particular relevancia en las regiones de la Araucanía y el Biobío, la silvicultura (Camus y Hajek, 1998). En el 1974, mediante el Decreto Ley N° 701 de fomento forestal, la dictadura fundó las bases del nuevo modelo de desarrollo. Esta ley, subvencionaba en un 75% la inversión inicial y el costo de manejo a cualquiera que decidiera iniciar proyectos de estas características (Montalba-Navarro y Carrasco, 2003). Esta legislación, sumada a la ley de División de las Tierras Indígenas en el 1979, operaron como dispositivos para la construcción de las condiciones sociales proclives al desarrollo de la industria silvícola, que en sólo un año duplicó la cantidad de tierras dedicadas a este tipo de cultivos. En 1980, llegó a constituir el 9,7% de las exportaciones totales del país, y para 1993 aumentó hasta el 13,2% (Camus, 2000). Este fenómeno transformó de forma radical las localidades de Huillinco y Rucañanco durante la década de 1980. Con la entrada de la industria forestal en el territorio, se alteró la economía que se había mantenido hasta entonces en las localidades de Huallepén Bajo^[1] y Huillinco, tradicionalmente agrícolas. En la actualidad poseen un 40% de su superficie ocupada por plantaciones de eucaliptos globulus, y solo un 4% dedicada a las actividades agrícolas. Si tomamos en cuenta la superficie de suelo cultivada, el porcentaje de tierra ocupada por las plantaciones llega al 90,4%. La transformación inducida por el modelo forestal fue tan impactante en la comuna de estudio que pasó de tener menos de 5 mil hectáreas de uso forestal en 1975 a más de 20 mil en 2007.

Gráfico 1
Comparación usos de suelo en la comuna de Contulmo entre 1975-2007.
Elaboración propia a partir de datos del V Censo Nacional Agropecuario 1975 – 1976 (Instituto Nacional de Estadísticas, 1983) y VII Censo Agropecuario y Forestal 2007 (INE- Oficina de Estudios y Políticas Agrarias, 2007).

Entre los años 1980 y 1990, la instalación del modelo de desarrollo forestal implicó el sacrificio de las formas tradicionales de desarrollo que hasta entonces habían sostenido los habitantes de la zona, la agricultura, que había sido siempre la actividad económica, pasó a representar un escuálido 4% en el 2014 (ver gráfico N°2).

Gráfico 2
Usos del suelo en las localidades de Huallepén Bajo y Huillinco.
Elaboración propia a partir de datos del Departamento de Medio Ambiente de la Municipalidad de Contulmo (2014).

Este hecho tiene relación con el concepto de colonialismo interno desarrollado por González Casanova, que supone la permanencia de distribución de territorios dentro del modelo neoliberal según criterios de exclusión (étnica, racial o socioeconómica) que determinan espacios para la acumulación mediante el despojo o la desposesión (González Casanova, 2006). Así, los entrevistados constatan que, “en el Valle de Huillinco, siempre la actividad económica ha sido la agricultura [y ahora] los eucaliptos no dejan producir la tierra” (E. Briones, comunicación personal, agosto 2014).

Las dificultades para el desarrollo de las fuerzas productivas de las personas en el territorio obligó, tanto a las familias mapuches como a los colonos chilenos, a elaborar diferentes estrategias para adaptarse a la nueva situación. En el caso de los colonos chilenos, gran parte migró hacia los centros urbanos frente a la imposibilidad de desarrollo local. Como señala Lucia Catalán, chilena e inquilina del lugar, “si hablamos de chilenos son poquitos” porque la mayoría “se fueron, o sea porque migró tanto la gente, una porque vendieron sus propiedades y se fueron, y vendieron a las forestales”, mientras que las familias que se quedaron, optaron por tener menos hijos, “todas las casas, había sus 4, 5, o 6 personas, y ahora no po [sic], si ahora los matrimonios están solos, uno, dos, tres a donde mucho” (Lucía Catalán, comunicación personal, agosto 2014).

La población mapuche local no optó por la migración interna, como sí lo ha hecho la criolla. Toda la población menor de edad de la comunidad Juana Millahual se encuentra escolarizada en la zona. Desde 1994, cuando se constituyó la comunidad frente a la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI), hasta el 2013, los grupos familiares mapuche aumentaron de 10 a 23 (Informe Social comunidad Juana Millahual, 2013). Ante la pauperización rural y la necesidad de articular una alternativa económica para subsistir, la respuesta indígena fue la organización y movilización por el acceso a la tierra en forma de ocupación territorial ilegal o recuperación territorial.

Estas movilizaciones por necesidad de tierra emergieron en un contexto de aguda escasez por la expansión forestal. La primera movilización de ocupación territorial en el Lleulleu fue en 1994, por la vecina comunidad Pascual Coña sobre territorio del gran propietario Arturo Del Pino. En dicha recuperación participaron miembros de la comunidad Juana Millahual, quienes pudieron:

llegar a un punto de acuerdo que diga o que dijera: “ya, vamos a recuperar tierra, porque no hay otro camino que le dé una solución a este problema que tenemos de tierra”, y la verdad es grave el nivel de pobreza que había en ese tiempo. (J. Llanquileo, comunicación personal, agosto 2014)

Si bien la recuperación territorial fue elaborada de manera reactiva frente a la necesidad de acceso a la tierra provocada por la expansión forestal, debemos cuidar de no solapar el proceso reflexivo que dio un encuadre a dicha acción, volviéndola una estrategia conducente a metas y objetivos. La contingencia en la cual la comunidad Juana Millahual debió procesar las estructuras económicas y el sistema cultural heredado, estuvo caracterizada por una respuesta etnopolítica a los desafíos impuestos por la globalización neoliberal. En ese sentido, la comunidad generó un proceso reflexivo donde elaboró un diagnóstico, identificó un problema y conjeturó posibles soluciones. El diagnostico tenía por epítome la insoslayable huida de la población del lugar frente a la expansión, desde inicios de los 80, de las plantaciones forestales. Este hecho expresaba la constatación de intereses contrapuestos entre la vida en el lugar y el uso monopólico del suelo por la actividad silvícola. El problema entonces era el modelo forestal de desarrollo, y la solución “que las forestales se vayan del territorio” a través de una estrategia de tomas de predios con plantaciones para transformarlos en agrícolas, de uso ganadero y de nuevas actividades económicas (J. Llanquileo, comunicación personal, agosto de 2014).

La tierra como territorio, politización de la Comunidad Juana Millahual (1987 - 2014)

La reconstrucción de la memoria de distintas personas de la comunidad, seleccionadas según subgrupos por criterios de alianzas familiares, localización, roles y jerarquía, nos permite la identificación cultural y política de un “nosotros” que actúa en el presente según los condicionamientos de estructuras económicas y culturales pasadas (Ticona, 2002). El hecho de quedarse viviendo en el territorio cuando el resto de los agentes de las localidades migraban configuró la construcción identitaria de la comunidad en una relación antagónica al modelo de desarrollo forestal. Así, desarrolló una pugna contra la pretensión monopólica de la industria forestal sobre el uso de la tierra. Por lo tanto, para acceder al medio de producción tierra y, con ello, abrir nuevas alternativas económicas, debió iniciar un proceso político articulado en cuatro fases. La primera fue de formación, entre 1987 y 2014, período que inicia cuando la comunidad, radicada en Rucañanco demandó a una empresa forestal acusándola de vulnerar el título de merced en más de 180 hectáreas por medio de corridas de cerco^[2] y que finaliza en 1994, al constituirse legalmente la comunidad indígena Juana Millahual ante la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena. Este ciclo se distingue por dos sentidos: continuar la reivindicación legal de la integralidad de la propiedad establecida en el Título de Merced de 1904, afectada por la práctica de corrida de cerco; y cambiar el adversario de un particular como Serafín Ortiz a la forestal dueña del predio La Posada, entonces propiedad de la empresa Santa Ester.^[3] Este hecho distintivo nos permite identificar esta fase como la primera de un largo proceso político por operacionalizar la estrategia para aumentar el acceso a la tierra. Durante estos años de formación, se activaron componentes significativos para el desarrollo ulterior del proceso de politización al interior de la comunidad, tales como: 1) la instalación de la idea de pertenencia étnica mapuche asociada a intereses comunes y a una determinada estrategia para subsistir en el territorio; 2) el reconocimiento de la validez de un derecho ancestral, alternativo al estatal, sobre el cuál podían alegar jurídicamente propiedad de tierras antiguamente arrebatadas, dado que ese había sido el argumento de la demanda de 1987 conducida por José Lincoqueo; 3) la organización de las familias mapuche del territorio en torno a una misma entidad legal y debidamente organizada, de acuerdo a la Ley Indígena de 1993. Este último hecho, concretado en abril de 1994, permitió a la comunidad contar con una directiva y dotarse de una estructura orgánica mínima, lo que contribuyó a un mejor funcionamiento de la misma (J. Lincoqueo, comunicación personal, agosto de 2014; Informe Jurídico comunidad Juana Millahual, 2001).

Entre 1996 y 2001, identificamos una segunda fase de politización que combina lucha social y jurídica. Comienza con la ocupación ilegal del predio La Posada, ahora en manos de forestal Mininco, y termina cuando la represión del Estado comienza a debilitar al movimiento político mapuche a través de la Operación Paciencia. Siguiendo lo aprendido durante la experiencia de recuperación territorial de la comunidad Pascual Coña dos años antes, en 1996 los miembros de la comunidad Juana Millahual iniciaron la ocupación de las más de 180 hectáreas que comprendía el predio La Posada. Un año después, el abogado José Lincoqueo presentó una demanda en la que reclamaba el mencionado terreno a la forestal Mininco en el sexto Juzgado Civil de Santiago, argumentando el derecho ancestral de la comunidad sobre dichas tierras (Lavanchy, 1999). El juicio tuvo una sentencia favorable en el 2001, pero aún no se aplica debido a que el predio todavía se encuentra en proceso de compra a través de la CONADI. Si bien entre 1996 y 2001 la comunidad articuló la lucha en tribunales con la movilización social, se evidenció, en los primeros ejercicios de recuperación territorial, el predominio de la lucha social sobre la jurídica. La valoración de la fuerza real movilizada sobre el quehacer jurídico será abrazada por varias comunidades como un principio de acción conectado con la idea de un proyecto histórico mapuche, que se refiere, en última instancia, a que el sujeto afectado reconstruya su dignidad en tanto igual a un otro que lo inferioriza y expolia (Antileo, 2012; J. Lincoqueo, comunicación personal, agosto de 2014).

Una tercera fase de lucha social radical ocurre entre el 2001, cuando se empieza a hablar de una “intifada mapuche” articulada por la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), hasta el 2011, cuando la comunidad pudo volver a establecer una directiva legalmente reconocida ante CONADI. La CAM representó una nueva forma de hacer política desde el mundo mapuche en la medida en que utilizó la violencia política como forma de lucha para conquistar sus reivindicaciones (Pairicán y Álvarez, 2011). La comunidad forma parte de la coordinadora y al menos dos de sus dirigentes fueron voceros de la organización. Por lo tanto, siguió en este transcurso la suerte de la CAM, viéndose afectada por la clandestinidad y el presidio de liderazgos importantes de su organización. Esta nueva situación política que atravesó al movimiento mapuche generó fuertes tensiones dentro de la comunidad (A. Ñancupil, comunicación personal, agosto 2014). El abogado José Lincoqueo, que había asesorado a la comunidad en varias demandas y defensas judiciales, señala que la estrategia que se había utilizado hasta entonces combinaba “la demanda jurídica más la lucha social, ese era el camino, la demanda jurídica, actuación en tribunales más lo otro” (J. Lincoqueo comunicación personal, agosto de 2014), pero esta premisa que había resultado exitosa se dejó de lado por los comuneros más jóvenes. Iván Llanquileo, parte de esa generación, señala que no podían seguir esperando que “los tribunales resolvieran nuestros problemas, entonces nos dimos cuenta de que el camino correcto era la lucha por el control territorial” (I. Llanquileo, comunicación personal, agosto de 2014). La Operación Paciencia (2002), durante la cual se persiguió por asociación ilícita terrorista a la CAM, desarticuló parcialmente la organización y sus dirigentes fueron encarcelados o pasaron a la clandestinidad. Varios de los miembros de la comunidad sufrieron la misma suerte, entre ellos José Llanquileo Antileo, Iván Llanquileo Antileo y Angélica Ñancupil Poblete. En el 1999, a partir del “caso Lleulleu”, José Llanquileo vive una precoz clandestinidad. Desde entonces, comienza una persecución política a la Coordinadora Arauco Malleco, organización de la que es vocero. En diciembre del 2002 son detenidos Angélica y José e imputados por asociación ilícita terrorista. En septiembre del 2006 José es encarcelado. Iván es detenido en 2007 y encarcelado, acusado de porte ilegal de armas, y sale en libertad en el 2009. El ciclo represivo frenó de forma categórica las recuperaciones territoriales obligando a los dirigentes a escoger entre la clandestinidad o el presidio entre 2002 y 2009 (Pairicán y Álvarez, 2011).

La cuarta fase que hemos podido identificar se propone un nuevo impulso de lucha jurídica y social. Se incuba a partir del 2009, cuando retornan los liderazgos imputados en el ciclo anterior y la comunidad retoma sus actividades organizativas. Esto se vuelve patente en el 2011 con el establecimiento de una nueva directiva de la comunidad Juana Millahual. El diagnóstico que acompaña el nuevo período era el desgaste que había provocado la conducción del proceso hacia la radicalización, por lo que se tendía a volver a formas de lucha que articularan la escena jurídica y social, como dos dimensiones complementarias, en un mismo ejercicio de presión hacia el Estado por la autonomía. En el 2012, la comunidad interpuso una demanda por 1.000 hectáreas ante CONADI, la mayoría de las cuales se encontraban en manos de las forestales Mininco y Volterra. El 4 de marzo de ese año, ocupa 150 hectáreas consideradas dentro de la demanda, entonces propiedad de Paulino Contreras, Francisco Ulloa y Halda Herrera, los tres pequeños y medianos propietarios. Si bien el proceso resultó exitoso, ya que en poco tiempo se consiguió la compra de las parcelas ocupadas a través de CONADI, esta acción dividió a la comunidad en lo consiguiente, entre quienes realizaron la ocupación y quiénes se abstuvieron de la acción. Uno de los comuneros que forma parte del segundo grupo manifestó que luego que sucedieran estos hechos “somos dos grupos” (P. Llanquileo, comunicación personal, julio 2015).

Las distintas estrategias para aumentar el acceso a la tierra significaron un proceso práctico de politización. Fueron diversas las experiencias que vivieron las familias de la comunidad y, sobre todo, sus liderazgos, que les enseñaron sobre cómo accionar en un determinado escenario de fuerzas en función de objetivos determinados. En su lucha por aumentar su acceso a la tierra, debieron enfrentarse a la vasta hegemonía neoliberal y a las formas del Estado para procesar los diversos intereses en juego. Cultivaron la noción de estrategia, donde la acción particular se encadena a otras junto a las cuales adquiere coherencia. Experimentaron represión, sufrieron derrotas en clandestinidad y celebraron públicas victorias en un camino autónomo de aprendizaje político. Tal como ocurrió en otros casos, “la comunidad mapuche rearma y reteje los discursos y prácticas que tiene a la mano para crear su propia estrategia de lucha y sobrevivencia” (Mallon, 2004, p. 224). Es decir, la comunidad Juana Millahual modifica su relación con el Estado en función de aumentar su acceso a la tierra.

Esta politización resignificó la tierra como territorio en torno a nociones éticas que dan a la lucha un curso de acción específico. El desarrollo de estas nociones es resultado del proceso de conversación interna de la comunidad en el marco de la contradicción objetiva entre sus intereses y los del modelo de desarrollo forestal. La instalación, en la primera fase de lucha, de una conciencia étnica que permitía trascender la normativa legal a partir de la afirmación de un derecho ancestral sobre las tierras reclamadas, justificó posteriormente una reconfiguración de las prácticas económicas y culturales de acuerdo a principios y nociones éticas coherentes con esa misma conciencia étnica y política.

Una economía ética, proyecto de resistencia al modelo forestal (1979-2014)

e han podido observar tres grandes etapas que fueron transformando los mecanismos de reproducción de la comunidad Juana Millahual en su historia económica: un estadio primero sin predominio de la actividad forestal, de actividad agropecuaria dominante y con excedente para la comercialización (1960-1975); un segundo momento de instalación del modelo forestal, de pauperización, crisis y migración de la población local (1975-1997); y un tercer momento de reactivación de la economía local, de planificación comunitaria de la producción agropecuaria para la subsistencia, desarrollo del turismo como nuevo rubro y establecimiento de consensos sustentados sobre nociones éticas que dieron coherencia al curso de acción de la comunidad, desde la primera fase de lucha iniciada en 1987 hasta la actualidad. Este tercer momento del desarrollo económico local fue posible por el aumento en el acceso a la tierra, producto del proceso de lucha antes descrito. Según nuestra investigación, el Título de Merced, después de la sentencia de 1932, otorgaba a la comunidad una propiedad de 120 ha ubicadas en el sector de Rucañanco. Éste fue el territorio con el que contó hasta 1996, año en que expande su acceso a la tierra en más de 180 ha. Luego, en el 2013, se incorporan 150 más. Es decir, entre 1979 y 2014, la comunidad Juana Millahual aumentó su tenencia de tierra en más de 330 ha.

Figura 3
Expansión del acceso a la tierra por la comunidad Juana Millahual 1904-2014.
Elaboración propia a partir de datos del Servicio de Impuestos Internos de Chile (2014) y contrastados con la información recogida durante la observación participante.

El aumento de acceso a la tierra, en los últimos 18 años, también suma 8 kilómetros de la rivera del Lago Lleulleu. Aun así, la comunidad indígena sigue siendo el grupo de interés, en el conflicto territorial, con menor acceso a la tierra. Mientras cada comunero tiene en promedio 8,1 hectáreas, cada colono del Valle de Huillinco administra en promedio 22,8 hectáreas (J. Llanquileo, comunicación personal, agosto de 2014; Servicio Agrícola y Ganadero de Arauco, 2014).

Todas las tierras que fueron recuperadas por el esfuerzo colectivo fueron ocupadas usando exclusivamente formas comunitarias de trabajo que tendían a incluir a los colonos del Valle de Huillinco, sobre todo después de la recuperación del 2013. Ello significó la ocupación de la desembocadura del río Huillinco por parte de la comunidad, parte fundamental del Valle que hasta entonces estaba reservada para los colonos. En opinión de José Llanquileo, su presencia en el Valle de Huillinco vino a “cambiar este orden que el Estado fijó, [donde las] comunidades de colonos se quedan con las mejores tierras, [...] y los mapuches en nuestro “gueto”, en cerro, sin tierra y mirando cómo la gente de aquí generaban procesos productivos” (comunicación personal, agosto de 2014). El trabajo en las tierras recuperadas se da bajo las formas tradicionales de pichangas y mingakos (dinámicas de trabajo comunitario muy comunes en el campo chileno, donde se trabaja de manera mancomunada en el terreno de alguien, se come y se comparte en comunidad), pues “todos en conjunto vienen a trabajar”. La propiedad es colectiva y la distribución de lo que se produce (sobre todo papas y fardos) es equitativa entre los que trabajan. Además, el trabajo es una actividad obligatoria que la comunidad sanciona y multa en caso de faltas (J. Llanquileo, comunicación personal, agosto de 2014). La estrategia desarrollada para el uso de las nuevas tierras permitió una débil, pero sostenida, recuperación económica basada en relaciones de producción de diferente tipo a las acostumbradas en el modelo asimétrico de relaciones interétnicas. Esta transformación de las relaciones sociales de producción opera desde las primeras recuperaciones, como recuerda Angélica Ñancupil, “el conflicto de la forestal Mininco [1997], ese fue el primer predio que se empezó a trabajar en forma comunitaria”. Esto impactó la subjetividad de la comunidad, al habilitar salidas a la crisis económica que sufren principalmente las familias mapuches de la zona (A. Ñancupil, comunicación personal, agosto de 2014).

Las formas comunitarias de propiedad y trabajo constituyen un proyecto, resultante de la agencia de la comunidad Juana Millahual, que fricciona con el condicionamiento del sistema cultural dominante. Este proyecto ha transformado los mecanismos de reproducción económica de la comunidad en la cuarta fase (1997-2014) y, con ello, ha afectado los sistemas de interacción cultural de la zona de estudio. Identificamos aquí una contradicción entre el modelo asimétrico colonial de relaciones interétnicas y las nuevas relaciones económicas que ocurren una vez que la comunidad consigue un mayor acceso a la tierra. Esto implica que, a nivel de sistema de interacción cultural, la figura del “mapuchito” pierda sentido frente a la evidencia del mapuche poseedor del medio de producción. Esta contradicción vuelve necesario un arreglo a nivel del sistema cultural que estructura las relaciones interétnicas. En otras palabras, las formas comunitarias de propiedad y trabajo operan como proyecto que fricciona con el modelo asimétrico de relacionamiento interétnico, lo que obliga a su modificación (Archer, 2009).

Hacia relaciones interétnicas poscoloniales (1979-2014)

Desde

Desde la radicación de las comunidades mapuches y el poblamiento foráneo de la Araucanía por chilenos y otros extranjeros, se erigió un modelo de relación interétnica asimétrico, donde el indígena es racializado, asimilado por la fuerza e inferiorizado (Cardoso de Oliveira, 2007). El proceso de colonización de la segunda mitad del siglo XIX, que dio origen a la comunidad Juana Millahual, se sustentó en un discurso civilizatorio donde la otredad era la “barbarie” y estaba racializada (Bengoa, 1985). En la zona de estudio, este modelo asimétrico de relaciones interétnicas se concretó mediante prácticas abusivas de los colonos hacia la población mapuche, como relata Iván Llanquileo: “corridas de cerco, fraude y fuerza bruta para aumentar su propiedad” (I. Llanquileo, comunicación personal, agosto de 2014). Ese orden de colonialismo interno, donde “la cultura dominante –colonialista– oprime y discrimina a la colonizada” (González Casanova, 2006, p. 141), ha sufrido en la actualidad importantes variaciones, pero no han sido ni la reforma agraria, ni la contrarreforma los procesos que han afectado significativamente la estructura de propiedad del lugar y el orden de cosas. Han sido las iniciativas estatales de fomento forestal y la instalación del régimen económico neoliberal las que han generado como corolario un proceso de reetnificación que, en los últimos 30 años, ha perjudicado el orden colonial preexistente. Las prácticas económicas sustentadas en nociones éticas afirman la posibilidad de avanzar hacia identidades complementarias entre chilenos y mapuches, en las localidades de Huillinco y Rucañanco. Esto es posible gracias a que estas prácticas, sostenidas en el tiempo, constituyen un proyecto que transforma las relaciones de producción y dinamiza las adormecidas fuerzas productivas de las localidades de estudio, y que, en ese sentido, anticipa la posibilidad de una nueva economía ética en el territorio cada vez más extenso de la comunidad.

En el tránsito entre un modelo de relación interétnica asimétrica y uno complementario, las relaciones interétnicas necesariamente pasan por un momento de contraste, tal y como lo plantea Cardoso de Oliveira (2007). Si bien el pequeño propietario Enrique Briones valora positivamente la instalación de los mapuches en la explanada del Valle de Huillinco desde el 2013, y señala que “mejor ellos que una empresa que deje todo sucio”, a su vez, expresa temor de que “le vayan a quitar un campo a un pequeño agricultor” aunque asegura que “aún no se ha visto eso” (E. Briones, comunicación personal, agosto de 2014). Por su lado, cuando a una comunera le preguntamos ¿qué es lo que distingue el trabajo agropecuario y forestal de la comunidad del de los colonos? Respondió que “tenemos un mayor respeto hacia la tierra” (F. Viluñir, comunicación personal, agosto 2014). Pese a que entre colonos y mapuches siguen operando arquetipos del modelo de relación asimétrica, con miedo explícito a la diferencia, prevalece la condición de “vecindad” sustentada en una similar condición económica y material determinada por habitar una zona periférica donde el imperativo de subsistencia hace de la solidaridad un factor económico clave.

Como señala Angélica Ñancupil, que se encuentra asentada en el Valle de Huillinco, “los pequeños propietarios son colonos que no tienen grandes recursos, no son millonarios que uno pueda decir, bueno, este tiene mucha riqueza y tiene que repartirla” (comunicación personal, agosto de 2014), para esta comunera su lucha se trata de “ir en contra de los grandes, los que sí tienen cómo defenderse y no un parcelero que tenga una o dos hectáreas y que a veces no tiene ni siquiera donde criar a sus animales o sembrar” (comunicación personal, agosto de 2014). La condición de clase, en el sentido de una misma situación económica y rol productivo, es determinante para entender el potencial expansivo de la economía ética y su capacidad de alteración de las formas coloniales de relacionamiento entre las distintas identidades de la zona de estudio. En ese sentido, en la investigación constatamos que el proyecto económico que condensa las formas comunitarias de propiedad y trabajo ha tendido a la integración de personas no mapuches a los circuitos económicos de la comunidad indígena. Mediante su asociación al trabajo de pichangas y mingakos o su inclusión legal en la organización indígena para el goce pleno de la propiedad comunitaria, tal como ocurrió con “una persona chilena que no tenía tierra y que luego de un pacto se hizo de la comunidad” (P. Llanquileo, comunicación personal, agosto 2014).

Conclusiones

Nuestra investigación aporta datos empíricos para evaluar el impacto que ha tenido la instalación del modelo forestal en los territorios de las comunidades indígenas. Hemos podido constatar que el modelo asimétrico de relaciones interétnicas se ha visto afectado por la respuesta de la comunidad ante la instalación del proyecto neoliberal de desarrollo. Los comuneros identificaron que las forestales no eran “un propietario más” y distinguieron en ellas al agente opuesto en la dinámica del conflicto territorial. Esto permitió que la comunidad desarrollara nociones ontológicamente diferenciadas de los dispositivos neoliberales descritos, dando como resultado nociones éticas en fricción con las estructuras económicas y el sistema cultural colonial que antecede a la acción de la comunidad. Como el nivel de fricción o contradicción de la comunidad es alto respecto a las estructuras, la conciencia de pertenencia étnica que cobija el proceso de elaboración de la acción tiende a diferenciarse radicalmente (de raíz) en función de sustentar un proyecto con poder de reelaborar las estructuras (Archer, 2003).

La pertenencia étnica como componente activado durante la primera fase de lucha traduce la histórica necesidad de tierra en términos de poder establecer una nueva relación con el entorno, lo que consigue dotar de contenido político a la tierra. En palabras de José Lincoqueo: “esa consciencia de que nos habían robado la patria, no la tierra, sino que la patria” (comunicación personal, agosto de 2014). En ese mismo sentido, la construcción sociohistórica de la identidad étnica de la comunidad Juana Millahual es inseparable de esta respuesta en contra del modelo forestal por aumentar su acceso a la tierra. Por lo tanto, está atravesada por la conciencia de querer afectar, en un contexto con una determinada correlación de fuerzas, en función de un objetivo concreto y medible. Esa direccionalidad política de la identidad étnica es una de las principales conclusiones de este estudio de caso y nos invita a observar la profundización de la identidad étnica con la mirada puesta en su capacidad para universalizar nociones éticas y proyectos alternativos al modelo de desarrollo neoliberal. Que la base del proyecto de la comunidad Juana Millahual esté en la propiedad común de la tierra y de la producción reside en su capacidad expansiva hacia los demás habitantes de Huillinco y Rucañanco, que tienen condiciones materiales similares de vida y ocupan un mismo rol en la producción. Este hecho hace que la comunidad, a través de prácticas de asociación productiva comúnmente practicadas en el campo chileno, incorpore a pequeños y medianos propietarios en circuitos económicos propios.

Para finalizar, la posibilidad de impactar en la estructura económica y en el sistema cultural, por parte de la comunidad, justamente tiene que ver con el fortalecimiento de su proyecto, para que la contradicción con lo heredado genere tal nivel de fricción que posibilite su reelaboración. En ese sentido, la construcción de un modelo alternativo de desarrollo para las localidades de estudio es una tarea que debe superar el domicilio étnico. Este proyecto debe nacer de la profundización de lo singular mapuche en cuanto nociones éticas ontológicamente diferenciadas del modelo forestal y, al mismo tiempo, debe tener la direccionalidad política necesaria para apostar por su universalización como modelo de desarrollo alternativo. Como señala Pablo Llanquileo “hay que hacerlo para todos los habitantes de nuestro país” (P. Llanquileo, comunicación personal, agosto 2014).

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Notas