Introducción

Según un informe oficial (CONEVAL, 2020), Ayutla de los Libres se encuentra entre los municipios con mayor pobreza extrema en el Estado de Guerrero, es decir, con un ingreso por debajo del valor de la canasta básica y tres o más carencias en términos de rezago educativo, acceso a servicios de salud, a la seguridad social, calidad y espacios de la vivienda, servicios básicos en la vivienda y acceso a la alimentación. Estas condiciones de marginación son particularmente acuciantes en las comunidades indígenas del interior del municipio, donde la política de las administraciones municipales históricamente descansó en una estructura clientelar, en la que las necesidades de las comunidades se subordinaban a la agenda partidista de los grupos mestizos en el poder, afincados en la cabecera municipal (Benítez, 2019).

Esta relación entre el poder político y las comunidades indígenas conoció un punto de inflexión con la entrada en funciones del Concejo Comunitario de Gobierno (CCG), el 1 de octubre de 2018, primer gobierno municipal elegido por usos y costumbres en Ayutla y una experiencia todavía inédita en el estado de Guerrero. Bajo la encomienda de servir y no servirse, la llegada del CCG supuso la culminación de un proceso organizativo que aglutinó a diversas comunidades y organizaciones locales en su búsqueda por una elección municipal sin la intervención de los partidos políticos. Semejante apuesta, nacida de un cuestionamiento a lo que bien podría denominarse la “geografía étnica” del poder a nivel municipal, se planteaba conseguir, para las comunidades del interior, una mayor asignación de recursos para su desarrollo material, en términos de construcción de obra pública para la dotación de servicios básicos y de caminos, y el mejoramiento de los ya existentes. Demandas que, a pesar de tener más de dos décadas (Muñoz y Pineda, 2017) habían sido desoídas por una política basada en el manejo patrimonialista y sin contrapesos reales de los recursos públicos (Gaussens, 2021).

Figura 1
Ubicación del municipio de Ayutla de los Libres, Guerrero
Elaboración propia con base en INEGI (2019).

A pesar de su carácter reciente, existen varios trabajos que se han ocupado del proceso de cambio político en Ayutla. En uno de ellos, Gaussens (2021) destaca su importancia al introducir una ruptura en el orden de dominación de la política municipal, pues, en vez de buscar el poder del cabildo, se aspira a distribuirlo entre las localidades mediante la soberanía de las asambleas generales. En otro par de artículos, Gaussens (2019a; 2019b) llama a situar la elección por usos y costumbres, en Ayutla, en el marco de las luchas municipalistas en el Estado de Guerrero, las cuales han recuperado la escala de realización de la autonomía de los pueblos y comunidades indígenas. Desde una óptica similar, Benítez (2019; 2021) encuadra el proceso ayutlense como parte de un amplio abanico de disputas por la democratización y la participación política en la entidad, destacando la manera en que las luchas de los pueblos indígenas provienen de una matriz cultural comunitaria, que se hace patente en la toma colectiva de decisiones y la rotatividad propia del sistema de cargos, en una imbricada relación entre el orden civil y el religioso. Otro conjunto de estudios da cuenta de la plataforma política que impulsaron las comunidades y organizaciones locales para lograr la elección por usos y costumbres, en cuyo tenor ha de considerarse la movilización social y la estrategia jurídica (Warnholtz, 2021; 2016; Gálvez, 2020; Anacleto, 2020). Por su parte, otras publicaciones abordan las negociaciones, las tensiones y los desencuentros que tuvieron lugar a la hora de elegir por asamblea a los integrantes del CCG, conformado en primera instancia por un representante de cada una de las tres etnias con presencia en Ayutla: la mixteca, la tlapaneca y la mestiza (Nicasio, 2021; 2020; Navarro, 2021) (Ver Figura 2).

Figura 2
Comunidades de Ayutla según pertenencia étnica
Elaboración propia con base en INALI (2009) y en información levantada durante el trabajo de campo.

Aunque los trabajos aquí señalados se ocupan a cabalidad de varias aristas del proceso de cambio político encabezado por las comunidades indígenas en Ayutla, se hace notar la falta de estudios que den cuenta de la lucha de estas por el desarrollo antes y después de la llegada del Concejo Comunitario de Gobierno. Esta cuestión es relevante porque, como se señaló, la demanda de las comunidades por recursos para obra pública fue el punto de partida del proceso organizativo que desembocó en la conformación del CCG en Ayutla. En este sentido, resulta pertinente analizar esta lucha dando cuenta tanto de su conexión con la plataforma política por los usos y costumbres, como del modo en que el CCG buscó resolver su demanda por obra pública.

Desde la perspectiva de la geografía política crítica, este objeto de estudio coloca en el centro la cuestión de la territorialización de la lucha de comunidades indígenas por el desarrollo, entendiendo que esta supone la afirmación espacial de un actor que busca imprimirle una intencionalidad a un fragmento del espacio en escalas y temporalidades diversas (Fernandes Mançano, 2013). En efecto, lejos de ser puro y objetivo, todo espacio tiene una dimensión política y estratégica porque su producción nunca puede abstraerse de las relaciones de poder (Lefebvre, 1976) entre un actor con la capacidad de imprimirle una intencionalidad y otros actores con la capacidad de resistirla o disputarla a partir de sus propias estrategias territoriales (Delaney, 2005). Relaciones que, al territorializarse en el espacio, mantienen una naturaleza híbrida, resultado de una compleja interacción entre el poder más material de las relaciones económico-políticas y el más simbólico de las de carácter cultural (Haesbaert, 2004).

Este último punto es clave para el soporte teórico de este trabajo, toda vez que evidencia que la territorialización de la lucha de las comunidades indígenas por el desarrollo, en Ayutla de los Libres, lejos de ceñirse exclusivamente a relaciones de poder de orden económico-político, también se hizo eco de relaciones asentadas en la construcción simbólica de un territorio como referente de identidad colectiva, es decir, de un sentido de pertenencia compartido, al delimitar un espacio independiente de los partidos políticos y los grupos mestizos de poder local. Como apunta Haesbaert (2013, p.26), “el poder es mucho más que el conjunto de prácticas materiales como la coacción y el control físico […]. El poder tiene también un carácter más simbólico, que se manifiesta, por ejemplo, en la construcción del consenso”.

En este orden de ideas, el objetivo de este trabajo es analizar la territorialización de la lucha de las comunidades indígenas por el desarrollo, en el municipio de Ayutla de los Libres, como punto de partida y llegada de un proceso de cambio político que se planteó revertir las condiciones de marginación imperantes, en particular en las comunidades indígenas. De conformidad con lo anterior, las preguntas que guían esta investigación son dos: ¿Dónde y cómo se afirmó espacialmente la lucha de las comunidades indígenas por el desarrollo que dio lugar a la plataforma política por los usos y costumbres?; y, una vez esta lucha dio paso al Concejo Comunitario de Gobierno, ¿Qué tipo de producción de espacio llevó a cabo este para territorializar la lucha, cómo y dónde lo hizo? A continuación, se presenta el marco teórico, la estrategia metodológica y los resultados de esta investigación, concluyendo con la discusión sobre los hallazgos.

Espacio, territorio y territorialización

Desde los años 70 del siglo XX, Lefebvre (1976) expuso con acierto que todo espacio tiene una dimensión política y estratégica, dado que su producción es llevada a cabo por grupos de poder que se apropian de éste para administrarlo y explotarlo según sus intereses. En respuesta a las corrientes del urbanismo de su época, que reivindicaban una noción de espacio puro y objetivo, Lefebvre sostenía que todo espacio es una representación plagada de ideología porque su producción nunca puede abstraerse de las relaciones sociales de poder, ni siquiera cuando su planificación aparentemente esté guiada por un horizonte científico, técnico y racional. Para el mismo autor, a través de la ideología los actores dominantes buscan imponer sus propios modos de significar el espacio como los únicos criterios legítimos de valorización espacial. Esta premisa lleva a reconocer la existencia de formas hegemónicas de representar el espacio, que imponen una concepción política y parcial del mismo como una realidad supuestamente homogénea y neutral, naturalizando a su vez el ejercicio de determinadas formas de dominación de lo social en el espacio cotidiano.

Aunque que Lefebvre pone énfasis en la producción de espacio llevada a cabo por los actores dominantes, en particular el Estado y el capital, deja claro que el espacio, antes que una totalidad homogénea, expresa las contradicciones que existen en el seno de la sociedad. Así, aun cuando las estrategias políticas y económicas del Estado y el capital son las dominantes, estas no producen todo el espacio. En realidad, dice Lefebvre (1991), al hablar de espacio lo que hacemos es dar un nombre genérico a un conjunto innumerable de ámbitos sociales articulados en multitud de intersecciones, que involucran las acciones de sujetos individuales y colectivos que viven, transforman y significan sus espacios en un proceso de apropiación en el cual van reconociéndose y representándose a sí mismos.

A propósito de la obra de Lefebvre, el geógrafo brasileño Fernandes Mançano (2005) señala que las relaciones sociales son productoras de espacios fragmentados, en gran medida conflictivos, en función de intencionalidades enfrentadas, esto es, formas de poder que denotan la manera en que un actor o una colectividad busca afirmarse en el espacio sustentando una representación parcializada del mismo como la totalidad: el “territorio”. De acuerdo con este razonamiento, el espacio se encuentra en una posición de anterioridad con respecto al territorio, pues este último se expresa como la realización en el espacio de las relaciones sociales de poder, desde las más materiales hasta las más simbólicas.

En términos prácticos, este entendimiento del territorio nos lleva a prestar atención a dos dimensiones presentes en nuestro caso de estudio, una simbólica y otra material. Por un lado, la de la lucha por construir y hacer valer espacios de representación y deliberación intercomunitarios con base en la politización de la etnicidad de las comunidades indígenas. Por otro, la de la lucha de estas comunidades por mejorar sus condiciones materiales de vida mediante la construcción de obra pública. En efecto, como destaca Haesbaert (2011, p.81), “cada grupo social, clase o institución puede 'territorializarse' a través de procesos de carácter más funcional (económico-político) o más simbólico (político-cultural) en la relación que desarrollan con 'sus' espacios, dependiendo de la dinámica de poder y de las estrategias que están en juego”. Esta consideración da la pauta para entender al territorio como un espacio que se apropia tanto física como simbólicamente; que se delimita y, a la vez, se dota de significado (Raffestin, 1980).

Una vez se ha reconocido que el territorio de un actor supone un espacio apropiado por una intencionalidad con determinados objetivos, es oportuno tener en cuenta la existencia de tensiones, resistencias y negociaciones en su interior. Como apunta Delaney (2005), de pasar por alto estas dinámicas, además de normalizar el dominio de aquellos actores que imponen sus estrategias territoriales sobre otros, se estaría concibiendo el territorio de un actor como un espacio cerrado que pareciera regirse por una lógica de poder sin contrapesos ni impugnaciones. Si así fuera, el territorio de un actor aparecería como un resultado definitivo, es decir, un derrotero unívoco que reproduce a perpetuidad un estado de cosas sin variaciones ni trastocamientos en su dirección. De ahí el llamado de Moraes y Messias da Costa (2009) a trabajar con procesos sociales, antes que con “cosas” fijas y estables. En términos conceptuales, esto supone entender el territorio de un actor como el resultado siempre parcial de un proceso de afirmación espacial en constante movimiento, en lugar de un espacio material en sí. Por tanto, la atención ha de estar puesta, más que en el territorio en sí, en la territorialización, a saber: el proceso de afirmación espacial de un actor que busca imprimirle una intencionalidad a un fragmento del espacio en escalas y temporalidades diversas (Fernandes Mançano, 2013). Y es que el territorio de un actor expresa, en última instancia, el estado de la correlación de fuerzas que mantiene con otros actores, en el marco de procesos de territorialización-desterritorialización-reterritorialización en permanente transformación (Raffestin, 2009), debido justamente a la existencia de tensiones, disputas o negociaciones para definir la manera en que se organiza, materializa o representa un fragmento del espacio (Haesbaert, 2004).

De conformidad con el marco teórico presentado, la territorialización de la lucha de las comunidades indígenas por el desarrollo en Ayutla ha de entenderse como un proceso de afirmación espacial necesariamente dinámico, acusando transformaciones tanto en el plano discursivo como en el material, a medida que se afianzaba la llegada del CCG al gobierno municipal de Ayutla. Por lo que se formula la hipótesis de que esta territorialización estuvo marcada por dos procesos de afirmación espacial, condicionados por la creación del CCG. El primero, con un carácter predominantemente político-cultural, al articular las comunidades indígenas su lucha por el desarrollo a partir de la politización de su identidad étnica. El segundo, con una impronta de tipo político-material, al estar las comunidades indígenas en condiciones de materializar su lucha por el desarrollo a partir de la construcción de obra pública, una vez el proyecto por los usos y costumbres consiguió llegar al poder municipal.

Estrategia metodológica

Esta investigación abarca del 2011, inicio de la etapa más reciente de lucha de las comunidades indígenas por el desarrollo en Ayutla, al 2021, cuando culmina el período de tres años del gobierno municipal encabezado por el CCG en Ayutla. Su diseño se sustenta en el estudio de caso, entendido como una estrategia de investigación cualitativa que descansa en el análisis detallado de una o varias instancias de distinta naturaleza (individuos, instituciones) y magnitud (micro, meso o macro social), en las cuales el fenómeno de interés está presente (Verd y Lozares, 2016). En concreto, esta investigación se hace eco de la propuesta de Yin (2009), para quien el estudio de caso asume un carácter analítico causal, pues se busca responder el “cómo” y el “por qué” de un fenómeno. Para este autor, el estudio de caso es idóneo cuando, además de la búsqueda causal, el investigador tiene poco control sobre los eventos y su interés está puesto en un fenómeno contemporáneo dentro del contexto de la vida real.

Se tomó la decisión de trabajar con un estudio de caso único debido al carácter inédito del proceso sociopolítico de Ayutla en el Estado de Guerrero. Con todo, más que interesarse por el fenómeno en sí ¾como propone Stake (1998), por ejemplo¾, el diseño de estudio de caso recuperado en este trabajo se interesa por construir un objeto de investigación tomando a la teoría como eje estructurador desde el planteamiento hasta la conclusión de la pesquisa (Yin, 2009). De este modo, el estudio de caso del tema en cuestión, a saber, la territorialización de la lucha de las comunidades indígenas por el desarrollo en el municipio de Ayutla de los Libres, entre los años 2010 y 2021, se justifica no sólo por su relevancia factual, sino también por su importancia teórica para las discusiones sobre la territorialización de los movimientos indígenas en México y América Latina, desde la perspectiva de la geografía política crítica.

Cabe señalar que el concepto de territorialización se volvió operativo mediante las dos consideraciones siguientes: 1) Para la primera pregunta de investigación se tomaron en cuenta aquellas acciones de afirmación espacial, tanto materiales como simbólicas, llevadas a cabo por las comunidades indígenas del interior frente a los grupos de poder, un conjunto de intermediarios y gestores con asiento en la cabecera, vinculados al mantenimiento de la estructura clientelar de los partidos políticos, en su búsqueda por conseguir una mayor asignación de recursos para la construcción de obra pública entre los años 2011-2018; 2) Para la segunda pregunta de investigación, se consideraron los resultados de la política municipal que ejerció el CCG entre el 1 de octubre del 2018 y el 30 de septiembre del 2021, para darle salida a la lucha de las comunidades indígenas por el desarrollo, en términos de la construcción de obra pública.

Por lo demás, esta investigación se sustenta en la triangulación de metodologías: la entrevista semiestructurada a profundidad, la observación participante en campo, junto con la revisión documental y hemerográfica. Se llevaron a cabo dos estancias de trabajo de campo en la cabecera municipal y en comunidades del interior de Ayutla durante los meses de enero y diciembre del 2019. Aunque se tenía previsto realizar otras visitas de campo más adelante, las condiciones de salud imperantes en los años 2020 y 2021, debido a la emergencia sanitaria producto del SARS-CoV-2, impidieron que se llevaran a cabo.

En las dos estancias de campo se realizaron entrevistas a profundidad y semiestructuradas a integrantes del CCG, líderes comunitarios locales y miembros de una de las organizaciones sociales más cercanas a la lucha de las comunidades indígenas por el desarrollo: la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG). Las fuentes fueron informadas acerca del objetivo de la investigación y el uso de la información proporcionada, garantizándoles el anonimato a quienes lo solicitaron. También se hizo un seguimiento puntual de los comunicados del CCG sobre la construcción de obra pública en el municipio de Ayutla durante el período entre el 1 octubre de 2018 y el 30 de septiembre de 2021. Este arrojó un total de 305 registros, cada uno acompañado de fotografías que dieron cuenta de la obra construida. Cabe señalar que los comunicados se publicaron de forma continua en las páginas de Facebook que el CCG utilizó como medios de comunicación con la sociedad ayutlense.^[1]

Los datos recabados en este seguimiento de las redes sociodigitales del CCG se complementaron con la información disponible en el sitio Web de la Plataforma Nacional de Transparencia, correspondiente a los contratos de obra pública celebrados por el Ayuntamiento de Ayutla de los Libres durante el período de gobierno del CCG. Este segundo seguimiento arrojó un total de 179 registros. Para ello, se seleccionaron aquellos contratos realizados con recursos provenientes tanto de entidades federales como estatales. Por las entidades federales, se obtuvo información de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) y la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA). Por las entidades estatales, se obtuvo información de la Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria (CICAEG), la Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero (CAPASEG) y la Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial (SEDUOPOT). Al depurar y clasificar los registros tanto de las redes del CCG como de la Plataforma Nacional de Transparencia, se obtuvo el total de obras construidas en Ayutla. Estos resultados, además de clasificarse por tipo de obra, se georreferenciaron en un sistema de información geográfica para obtener una cartografía sobre la construcción de obra pública durante la administración del primer gobierno elegido por usos y costumbres en Ayutla.

Resultados

La territorialización de la lucha de las comunidades indígenas por el desarrollo antes de la llegada del CCG

En los años previos a la llegada del CCG a Ayutla, la lucha de las comunidades indígenas por el desarrollo se caracterizó por la conformación de un territorio acotado culturalmente mediante la politización de la identidad originaria, al demarcar un espacio de representación y deliberación propio de las comunidades indígenas, independiente de los partidos políticos y los grupos mestizos de poder local. Este tipo de afirmación espacial predominantemente simbólica deriva de un proceso organizativo que se inauguró en el 2011 con la llegada de la UPOEG al municipio de Ayutla, una joven organización social creada con la finalidad de gestionar recursos con los distintos niveles de gobierno para mejorar las condiciones de vida de las comunidades indígenas en el municipio vecino de San Luis Acatlán. De acuerdo con uno de sus impulsores, la creación de la UPOEG supuso la culminación de un proceso organizativo que conoció dos momentos: el primero, marcado por un trabajo de base para demandar la construcción de ejes carreteros y obra pública; el segundo, definido por la coordinación con organizaciones sociales para exigir a la paraestatal Compañía Federal de Electricidad (CFE) la disminución de los altos costos del servicio de energía eléctrica en las comunidades indígenas (M. Vázquez Quintero, comunicación personal, 23 de diciembre de 2019). Sobre la concepción de desarrollo de la UPOEG, uno de sus iniciadores en Ayutla, señalaba lo siguiente:

La idea de la UPOEG sobre el desarrollo es que sea un proyecto horizontal, donde el beneficio le llegue a toda la población, un proyecto colectivo, que no sea sólo para la cúpula, para los de arriba, como siempre se ha hecho. Ésa es la diferencia. Eso es también el proyecto comunitario. “Comunitario” quiere decir comunidad donde tú te organizas, y todas las comunidades tienen el mismo derecho. Es un derecho constitucional que nos corresponde: el desarrollo de los pueblos. Y es un derecho que reclamamos porque nunca nos lo han dado. Nosotros decimos que la UPOEG es una de las pocas organizaciones que no lucha por pedir cemento o despensa, varilla… pues algo para uno, ¿no? La UPOEG lucha por todo un desarrollo integral en varios ejes, como salud, educación, seguridad, todo lo que es básico para los pueblos. Buscamos contribuir con propuestas al trabajo del Estado para bajar el alto nivel de pobreza, en vez de solamente ir a cerrar carreteras para exigir al gobierno dinero o algo. (G. Torres, comunicación personal, 6 de enero de 2019)

La agenda por el desarrollo que empezó a impulsar la UPOEG en algunas comunidades mixtecas y tlapanecas del interior de Ayutla, principalmente Plan de Gatica y Ahuacachahue, se sumó, no sin tensiones, al trabajo de base que ya realizaban otras organizaciones locales, en particular la Organización para el Futuro del Pueblo Mixteco (OFPM) y la Organización del Pueblo Indígena Me’phaa (OPIM). Ambas agrupaciones se hacían eco de una trayectoria organizativa por el desarrollo que venía desde los años 70, que demandaba proyectos productivos y la apertura de caminos rurales, junto con la necesidad de hacer frente a los intermediarios y acaparadores que lucraban con los productos del campo (Muñoz y Pineda, 2017). La novedad introducida por la UPOEG en Ayutla fue que, además de su agenda por el desarrollo de las comunidades en el plano de las obras, los servicios básicos y las vías de comunicación, impulsó la formación de grupos de policía comunitaria con el objetivo de preservar la seguridad en las comunidades indígenas del interior y los caminos rurales que las conectan. Esta segunda faceta cobró mayor notoriedad a partir del 5 de enero de 2013, fecha en que diversas células de civiles armados bajo su coordinación, posteriormente conocidas bajo el nombre de Policía Ciudadana, irrumpieron en la cabecera municipal para disputar el control territorial desplegado por la delincuencia en el municipio (Paulino Becerril, 2021). Desde ese momento, la lucha de las comunidades cobró mayor relieve en Ayutla, porque la UPOEG condicionó el desenvolvimiento del movimiento armado a la realización de proyectos productivos y de infraestructura en las comunidades del interior. Además, el levantamiento armado trastocó la correlación de fuerzas entre los actores políticos asentados en la cabecera y las comunidades indígenas, al favorecer la territorialización de estas últimas para reconocerse como sujetos de derechos que, así como estaban dispuestos a luchar por defender su vida frente a la delincuencia, aspiraban a superar la consabida política asistencialista a corto plazo de las élites locales.

En particular, la labor de acompañamiento de la UPOEG como promotora de una nueva relación entre las comunidades indígenas y el poder político a nivel municipal buscó recuperar la figura de la asamblea comunitaria como contrapeso a la influencia que ejercían tanto los grupos políticos afincados en la cabecera como las propias organizaciones sociales, entre ellas la misma UPOEG. Así lo planteaba una promotora de esta en Ayutla:

Entonces, ésa es la característica nos define […] que la UPOEG, como organización, ha enseñado, ha empoderado al ciudadano, a los pueblos, a las comunidades indígenas, para ser sujetos de derechos, pero también de obligaciones; de decir: “Bueno, tienes derecho a esto, pero tu obligación es esto, y tienes que caminar con las asambleas de los pueblos”. Tienen que ser los pueblos los que digan cuáles son sus necesidades y planteárselas al gobierno porque no podemos llegar nosotros, como promotores, y decirles: No, pues tu pueblo necesita esto.” No, la asamblea decide qué es lo que quiere. (E. Lozano, comunicación personal, 22 de diciembre de 2019)

La apuesta por hacer valer la preeminencia de la asamblea comunitaria por encima de las organizaciones sociales cobró relevancia ante la necesidad de las comunidades indígenas de impulsar movilizaciones de manera conjunta, después de que caminos, carreteras y viviendas, lo mismo que cultivos de maíz, frijol, calabaza y jamaica, quedaran devastados por la temporada de lluvias del 2013. En efecto, según se desprende de una nota periodística publicada meses después de estos eventos (Corresponsalía Ayutla, 2014), comisarios de las comunidades de El Timbre, La Concordia, Arroyo Zapote, El Charco, El Sauce y Ahuacachahue, junto con representantes de la UPOEG y la OFPM, resolvieron formar un frente de autogestión (Figura 3) con el objetivo de demandar apoyos de los gobiernos federal, estatal y municipal para la recuperación y el desarrollo de sus comunidades.

Figura 3
Frente de autogestión
Elaboración propia con base en revisión hemerográfica

Además de llamar la atención sobre la falta de atención gubernamental a las demandas más acuciantes de las comunidades, la conformación del frente marcó el inicio de una etapa organizativa basada en la recuperación de la identidad indígena como una identidad política capaz de integrar a las comunidades indígenas de Ayutla más allá de las diferencias existentes entre sus organizaciones. En este sentido, resulta significativo que en los planteamientos del frente se encontraran llamados al respeto de las lenguas y culturas originarias de los pueblos indígenas de Ayutla, junto con demandas bien conocidas como las de proyectos productivos, reparación de caminos y carreteras, así como la entrega en tiempo y forma de fertilizante.

La recuperación de la identidad indígena con un sentido claramente reivindicativo llevó a la conformación de un territorio acotado culturalmente mediante la politización de la etnicidad, al demarcar un espacio de representación y deliberación propio de las comunidades indígenas, independiente de los partidos políticos y los grupos mestizos de poder local. Este territorio, compuesto por las comunidades base de las organizaciones sociales que formaron el frente de autogestión, supuso la plena vigencia de la figura de la asamblea comunitaria, lo que vino a desterritorializar los espacios de poder de un conjunto de intermediarios, principalmente los diputados locales Valentín Rafaela Solís y Raymundo García Gutiérrez, junto con el consejero local, Rutilio Espíndola, cuya función era la de gestionar recursos para obras públicas en las comunidades del interior, siguiendo una lógica clientelar vinculada a los partidos políticos.

En efecto, la toma de conciencia de los pueblos indígenas de Ayutla respecto a la necesidad de trazarse su propio horizonte colectivo supuso la impugnación del tratamiento paternalista y clientelar dirigido hacia las comunidades del interior por parte de los grupos mestizos de poder afincados en la cabecera municipal. El reconocimiento de que, por tratarse de comunidades indígenas, quedaban excluidas de las mismas oportunidades que tenían en la cabecera municipal, queda sintetizado en la siguiente intervención de una profesora indígena en la comunidad mixteca de Ahuacachahue, una de las más organizadas en el municipio:

eso es lo que yo pido de parte de la gente indígena que somos de aquí: que el gobierno valore, que ponga una vista hacia la gente indígena ¿sí? Porque no tenemos buenas oportunidades como tienen los de allá de otros lugares, la zona urbana, no; ellos están bien servidos en la cabecera, pero nosotros, no. Por eso pedimos que también volteen a ver las condiciones en que vive nuestro pueblo, y que abran buenos proyectos para el beneficio de nuestro pueblo mixteco.[…] “La gente -dicen ellos-, ¡Ah, está sufriendo porque quieren! porque no estudió; no quiso […]”. Pero oportunidades no hubo, ¿sí? Pero la gente no se rinde, dice: “No hay problema si el gobierno no nos apoya, pero yo sigo cosechando mis nanches”. ¿Para que paguen el precio que dan?, es injusto. (Profesora “Nadia”, evento público, Ahuacachahue, 21 de diciembre de 2019)

El que las comunidades indígenas de Ayutla se reconocieran cada vez más como sujetos de derechos, con voz propia y con la capacidad de trazarse su propio horizonte colectivo, llevó a cuestionar la lógica clientelar del poder político municipal basada en la diferenciación étnico-territorial entre las comunidades del interior y la cabecera. Y es que, desde la perspectiva de las comunidades indígenas y sus organizaciones, esta lógica claramente beneficiaba al centro urbano mestizo por encima de las comunidades indígenas, en particular en lo que se refiere a la distribución de los recursos públicos para obras, servicios y proyectos productivos.

Basta ya de mucha discriminación de racistas que habitan en la cabecera municipal. El resultado que el pueblo quiere es que le den el recurso que a ellos les pertenece. El dinero es para el pueblo y va a ser para el pueblo. (L. Julio Hernández, evento público, Ahuacachahue, 21 de diciembre de 2019)

Por lo demás, el uso instrumental que la clase política local hacía de las comunidades indígenas del municipio, sólo para olvidarse de atender sus demandas al llegar al poder, también fue puesto en cuestión al reconocer las comunidades la importancia de su propio trabajo colectivo para mejorar sus condiciones de vida. Al respecto, véase el siguiente testimonio también recogido en la comunidad de Ahuacachahue:

Los políticos nomás prometen tantas obras, hasta prometieron hacer puentes donde no hay río, eso sí es imposible, ¿no? ¡Cómo venían engañándonos con un kilo de frijoles con gorgojo que ya están descompuestos!, pero la gente todavía, algunos todavía están a favor de ellos, pero de zona baja, aquí ya no, estamos ya más o menos más despiertos, ya más conscientes […] Hubo uno, lo que es técnico estudio, hace diez años, sólo que, en lugar de ejecutarlo, estuvieron escondiéndolo. El presidente que estuvo, en lugar de ejecutarlo para que llegue a su destino, pues esconderlo porque no quieren atender más que nada lo que es la zona indígena. Ustedes saben que a nosotros nos utilizan nada más como escalera para llegar a su poder, ya estando en el poder ya se olvidan totalmente de nosotros, los pobres, los indígenas; pues aquí, gracias a dios, la gente se defiende, no muchos, pero sí: la comunidad ha progresado, con mucho esfuerzo; pero de la comunidad, no de los políticos que nos han venido engañando a nosotros. (Profesor E. Morales, evento público, Ahuacachahue, 21 de diciembre de 2019)

Finalmente, hay que destacar que semejante despertar también vino acompañado del entendimiento de que nadie podía hablar por los pueblos indígenas, sino ellos mismos, punto de partida del surgimiento de nuevos liderazgos indígenas en Ayutla, como se aprecia a continuación:

Las comunidades indígenas somos abandonadas, marginadas, discriminadas, por todo lo que sea. Como poco decimos, poco reclamábamos, éramos comunidades que no decíamos nada, precisamente allí surge este movimiento por el abandono, la marginación y discriminación; esto es cosa que originó la pobreza. Nos entregamos a eso los que ya entendemos cómo están las cosas porque no hay otro que hable por nosotros, los indígenas, sino nosotros mismos. Nosotros mismos tenemos que hablar por nosotros mismos porque no hay otro que hable por nosotros. Y por eso, la decisión fue que los que entendemos algo nos entregamos en cuerpo y alma para servir sin ninguna condición, sin a cambio de algo. (R. Nava, comunicación personal, 6 de enero de 2019)

El proceso organizativo en torno al frente de autogestión tomó un cauce más amplio al plantearse las comunidades indígenas la necesidad de transformar las relaciones centro-periferia dominantes en términos distributivos, esto con el objetivo de volver menos asimétrica la distribución del presupuesto municipal entre la cabecera y comunidades del interior. Aunque este esfuerzo se impulsó por varias comunidades indígenas vinculadas a un abanico de organizaciones sociales, fueron la UPOEG y sus comunidades de base: Ahuacachahue, El Mezón, Mesón Chico y Plan de Gatica (Figura 4), las que dieron los pasos más consistentes en su búsqueda por hacer valer los intereses de las comunidades indígenas de cara a los poderes de facto de la cabecera, al apostar desde el 2015 por la elección de un gobierno municipal mediante usos y costumbres.

Figura 4
Base social más consolidada de la UPOEG
Elaboración propia con base en trabajo de campo.

El papel protagónico que asumió la UPOEG en la búsqueda de los usos y costumbres en Ayutla se explica, en parte, por la experiencia de algunos de sus integrantes, quienes previamente habían impulsado sin éxito la elección por usos y costumbres del gobierno municipal en San Luis Acatlán. La otra parte de la explicación radica en la creciente influencia que alcanzó la UPOEG luego de encabezar el movimiento armado por la seguridad en Ayutla. Como se dijo, dicho movimiento vino a trastocar la correlación de fuerzas hasta entonces dominante, caracterizada por un conjunto de comunidades indígenas replegadas con procesos organizativos atomizados y una serie de actores dominantes de facto, muchos de los cuales tenían un pie en la vida política y otro en la economía criminal. Al respecto, véase el siguiente testimonio de un impulsor de los usos y costumbres en Ayutla:

Yo creo que las condiciones se generan. Para que pueda tener éxito algún proyecto, las condiciones se tienen que generar. Si no hubiera sido por la formación de este proceso, de la Policía, y de la ciudadanía que se organizó para hacer frente a la delincuencia, no hubiéramos podido sacar el otro proyecto de usos y costumbres, no se hubiera podido porque hubiera estado una situación de problemas de violencia y no hubiéramos podido hacerlo. Entonces, gracias a que el pueblo se organizó, se generaron esas condiciones para que se pudiera dar esa otra parte. Yo creo que sin eso antes, no hubiera podido estar lo otro: lo que estamos ahorita viviendo una experiencia en Ayutla importante. (A. Salado, comunicación personal, 6 de enero de 2019)

Al llegar a este punto, hay que señalar que la apuesta por un gobierno elegido por usos y costumbres en Ayutla se dio en sentido contrario a la tendencia centrífuga señalada por Flores Félix y Canabal Cristiani (2019) en los municipios indígenas del estado de Guerrero. Ciertamente, al optar por un cambio político desde dentro del municipio, los esfuerzos de la UPOEG y sus comunidades de base siguieron una dirección opuesta a la de muchas otras comunidades en la entidad por crear nuevos municipios para lograr el control directo de los presupuestos municipales. Estas luchas por la creación de nuevos territorios, a saber: nuevos municipios indígenas con sus propias centralidades (cabeceras municipales) y periferias (comunidades subordinadas), han sido frecuentes en Guerrero desde que los municipios vieron crecer sus ingresos, al tiempo que los campesinos se convirtieron en objeto de políticas asistencialistas a partir de los años 90 (Figura 5).

Figura 5
Dinámicas territoriales etnopolíticas centrípeta y centrífuga a nivel municipal
Elaboración propia.

Bajo el impulso de la UPOEG y sus comunidades de base, surgió una nueva alternativa para las comunidades en Ayutla, en su búsqueda por territorializar su lucha por el desarrollo: la de un gobierno municipal elegido por la vía de los usos y costumbres, el cual entró en funciones bajo el nombre de Concejo Comunitario de Gobierno entre el 1 de octubre de 2018 y el 30 de septiembre de 2021. Cabe señalar que la apuesta por los usos y costumbres en Ayutla supuso la voluntad de las comunidades indígenas de ampliar tanto espacial como socialmente el territorio intercomunitario conformado durante la etapa del frente de autogestión. Y es que, al plantearse la necesidad de pasar de una lucha circunscrita a espacios locales a una a nivel municipal, las comunidades indígenas impulsoras de los usos y costumbres hicieron patente que las comunidades mestizas y afrodescendientes del municipio, en particular las colonias situadas en la periferia de la cabecera, también estaban llamadas a beneficiarse de los resultados de su lucha por el desarrollo.

La territorialización de la lucha de las comunidades indígenas por el desarrollo después de la llegada del CCG

El cuestionamiento de la geografía étnica del poder en el municipio de Ayutla de los Libres llevó a varias comunidades indígenas, junto con la UPOEG y otras organizaciones sociales, a impulsar la elección del gobierno municipal por la vía de los usos y costumbres. El éxito de esta lucha se materializó con la entrada en funciones de un Concejo Comunitario de Gobierno para el período 2018-2021. Este CCG llegó con la encomienda de redefinir las relaciones asimétricas entre los poderes de facto asentados en la cabecera y las comunidades del interior, de composición mayoritariamente indígena. Se trata de un proceso organizativo que logró aglutinar a diversas comunidades y organizaciones sociales las cuales resolvieron impulsar el proyecto de usos y costumbres más allá de sus diferencias. En sentido contrario, apunta Gaussens (2019b, p.193), los grupos caciquiles locales cercanos a los partidos políticos tuvieron una respuesta tardía y dispersa, ante la lucha por el cambio, en la forma de elección del gobierno municipal en Ayutla. Y es que “debido a la conflictiva historia de su competencia por el poder municipal, no lograron una cohesión suficiente para enfrentarse a la movilización social”.

En este marco, el territorio intercomunitario conformado a la luz del frente de autogestión de los pueblos indígenas de Ayutla terminó por ampliar su representatividad tanto en términos sociales como espaciales. Esto porque el territorio intercomunitario dejó de ceñirse únicamente a las comunidades indígenas para abarcar también a las mestizas y afrodescendientes. Con ello, el alcance del territorio intercomunitario, entendido como un espacio de deliberación dentro del cual se buscó dar preeminencia a la figura de la asamblea comunitaria, no sólo se diversificó en términos sociales, también adquirió una dimensión municipal y evidentemente política.

Al respecto, véanse los siguientes testimonios de miembros de la UPOEG, organización que impulsó la reformulación de lo comunitario como expresión de un proyecto de alcance societal en Ayutla, en cuyo seno se buscaba acoger la diversidad étnica del municipio:

No luchamos nada más por los negros, por los mestizos o por los indígenas, nosotros luchamos por todos porque todos somos mexicanos al final, y somos una sola raza humana. Y lo que le duele al hermano, pues, de la parte negra o, decimos acá: tlapaneca o mixteca -porque eso se nos facilita, se me facilita más, aunque sé que son otros términos-, o la parte mestiza, o sea, a todos nos duele, y a todos nos duele lo que le suceda a nuestros hijos, a nuestra familia, lo que estemos sufriendo con nuestra tierra, con nuestros animales, lo que estamos sufriendo con nuestros hogares. Entonces, esa parte, como organización, la tenemos nosotros bien clara: que luchamos por todos. Eso es lo comunitario. (E. Lozano, comunicación personal, 22 de diciembre de 2019)

La palabra “comunitario”, para muchos creen que es policía, y hasta algunos políticos y abogados se me atontan: creen que hablar de comunitario es policía. Hablar de comunitario es hablar de comunidad; fortalecer la comunidad dentro de un esquema de asamblea: la democracia participativa, coordinado con la autoridad municipal. (B. Plácido, evento público, Copala, 6 de enero de 2019)

La labor de la UPOEG como detonante de procesos organizativos y soporte jurídico de la lucha por usos y costumbres fue clave para elegir a un gobierno comunitario en Ayutla. Con todo, es importante tener presente que la agenda por el cambio en la forma de elección del gobierno municipal no se limitó a las acciones de los miembros de la UPOEG, pues la mayoría de los ciudadanos del municipio hicieron suyo este objetivo tempranamente ante la posibilidad de que otro miembro de la familia Castro-Aldaco iniciara un nuevo período de gobierno en el municipio (Benítez, 2021).^[2]

Así las cosas, la labor de la UPOEG por los usos y costumbres en Ayutla debe ser entendida más en los términos de un acompañamiento, que en los de la imposición de una agenda unilateral por parte de sus dirigentes ¾idea, esta última, que se encargaron de difundir los detractores de la lucha por los usos y costumbres para restarle legitimidad. Cabe apuntar que la misma designación de los integrantes del CCG se llevó a cabo mediante la figura de la asamblea general, la cual estaba llamada a tener un papel de primer orden, pues se buscó reterritorializarla del nivel de las comunidades al del municipio para dar lugar a una nueva forma de gobernar el espacio de Ayutla, con base en la deliberación y la legitimación colectivas. Mediante esta nueva forma de gobernar, se desplazó a las figuras de la presidencia y el cabildo municipal y, por consiguiente, también a los grupos de poder que tradicionalmente ocupaban los puestos. Al respecto, véanse los siguientes extractos de una conversación sostenida con miembros del CCG que entró en funciones en octubre del 2018:

Y nosotros, como órgano de gobierno, decimos: “Tenemos que fortalecernos porque nosotros somos salidos del pueblo, somos puestos por el pueblo”. El pueblo nos mandató [sic] a cada quien; cada pueblo, cada localidad, mandó a dos representantes al órgano de gobierno. Ahorita todo el municipio está representado en el nuevo modelo de gobierno. Todos tienen dos representantes: un hombre y una mujer, que son los que traen y llevan a su gente la información o el beneficio que puede hacer […] Entonces, creemos que esto es fortaleza para los pueblos, y creemos que esto vino a quedarse para los pueblos, creemos que este proyecto es el viable. Lógico que hay gente que no lo ve bien, quienes simpatizan […] todo el tiempo han andado simpatizando del otro lado: los partidos políticos. Hoy decimos nosotros: “No, hoy es el pueblo el que manda, hoy es el pueblo el que nos dice cómo vamos a hacer las cosas. Nosotros venimos a obedecer trabajando para llevar el beneficio a nuestra gente, a nuestros pueblos. (S. Calderón, comunicación personal, 6 de enero de 2019)

Mediante esta nueva forma de gobernar, el CCG buscó instaurar una nueva lógica redistributiva hacia las comunidades del interior, en particular en lo que se refiere a la asignación de recursos para obra pública. Además de ser la prioridad del nuevo gobierno (Redacción, 2019), la construcción de obra pública se caracterizó por el hecho de que fueron las mismas comunidades y colonias las que decidieron el tipo de obra a construirse en función de sus necesidades y requerimientos. De acuerdo con un comunicado del CCG, los montos para obra pública se asignaron con base en el número de habitantes, las solicitudes hechas, la urgencia y el impacto en beneficios para su población y las aledañas. Se está hablando de infraestructuras diversas y del mejoramiento de los caminos que conectan a las comunidades del interior, tanto de la región mixteca como de la tlapaneca, así como la pavimentación de calles en colonias periféricas de la cabecera.

Como se señaló en el apartado metodológico, el seguimiento, tanto a los medios digitales de comunicación del CCG como a los datos contenidos en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), arrojó un total de 274 obras construidas en 139 comunidades y colonias. El tipo de obra construida y su cantidad pueden encontrarse en la Tabla 1, mientras que su presentación desagregada y georreferenciada puede apreciarse en las Figuras 6, 7, 8 y 9.

Tabla 1
Obra pública construida bajo el CCG
Elaboración propia con base en redes sociodigitales del CCG y datos de la PNT.

Figura 6
Obra pública en vías de comunicación
Elaboración propia con base en redes sociodigitales del CCG y datos de la PNT.

Figura 7
Obra pública en servicios básicos
Elaboración propia con base en redes sociodigitales del CCG y datos de la PNT.

Figura 8
Obra pública en equipamiento urbano
Elaboración propia con base en redes sociodigitales del CCG y datos de la PNT.

Figura 9
Obra pública en servicios diversos
Elaboración propia con base en redes sociodigitales del CCG y datos de la PNT.

Conclusiones y discusión de los resultados

Los hallazgos aquí señalados dan sustento a la conclusión de que la territorialización de la lucha de las comunidades indígenas por el desarrollo en el municipio de Ayutla de los Libres, entre los años 2011 y 2021, se basó en el despliegue dinámico de dos procesos de afirmación espacial interrelacionados, pero mediados por la llegada del CCG al gobierno municipal de Ayutla. En efecto, entre los años 2011y 2018, las comunidades indígenas afirmaron espacialmente su lucha por el desarrollo a partir de la conformación de un territorio acotado culturalmente mediante la politización de la etnicidad. Esto, al demarcar un espacio de representación y deliberación propio de las comunidades indígenas, independiente de los partidos políticos y los grupos mestizos de poder local, identificados como actores que históricamente se habían beneficiado de una producción de espacio dominante, en términos de la falta de infraestructura y servicios básicos en las comunidades indígenas del interior. Territorio que, en última instancia, surgió a partir de la politización de un sentido de pertenencia.

Por su parte, entre los años 2018 y 2021, las comunidades indígenas estuvieron en condiciones de afirmar espacialmente su lucha por el desarrollo mediante la construcción de obra pública, un tipo de producción de espacio que materializó la intencionalidad de las comunidades de revertir las condiciones de marginación social imperantes. Fue posible gracias a la llegada del CCG, un gobierno cuya base asamblearia permitió a la lucha de las comunidades indígenas por el desarrollo alcanzar una territorialización efectiva del espacio no sólo a nivel intercomunitario, sino a nivel municipal.

De conformidad con lo anterior, la territorialización de la lucha de las comunidades indígenas por el desarrollo ha de ser entendida en función de un curso multifacético en el que se imbricaron una dimensión político-cultural a nivel intercomunitario y una político-material a nivel municipal. Para llegar a este entendimiento de la territorialización de la lucha de las comunidades indígenas por el desarrollo, en Ayutla, fue clave hacerse eco de un marco teórico que se alimentó de los planteamientos de espacio, territorio y territorialización, desde una geografía política crítica.

Los resultados de esta investigación retroalimentan este marco teórico al evidenciar, mediante un estudio de caso empírico: a) cómo la producción del espacio es un proceso político, en el sentido de que entran en juego relaciones de poder que se disputan la conformación de su significado y su materialidad; b) cómo el territorio, siendo producto de ese mismo espacio entendido como totalidad, es el mecanismo de poder que hace que la producción del espacio, sus usos y sus significados se orienten hacia la consecución de los intereses de ciertos grupos o actores sociales; y c) cómo un mismo actor (individual o colectivo) puede territorializarse de distintas maneras en un mismo espacio, en escalas y temporalidades diversas; constituyendo de esta forma un objeto de estudio complejo, aún más si se considera que dicho actor puede pasar, como en el caso analizado, de una posición de política contenciosa al ejercicio del poder político de base asamblearia.

No se puede soslayar el hecho de que la territorialización de la lucha de las comunidades indígenas por el desarrollo en Ayutla se da en un contexto de alta marginación social, donde la idea de “desarrollo” apunta al mejoramiento urgente de las condiciones materiales de existencia. Es importante hacer énfasis en este contexto para entender desde una perspectiva situada las luchas de las comunidades indígenas y sus organizaciones tanto por una justicia redistributiva como por un cambio político a nivel municipal. Son éstas luchas, que van en sentido contrario a la reconfiguración del Estado como facilitador de las dinámicas de despojo propias de un modelo extractivista, cuya idea de desarrollo nos recuerdan Santos (2005), Ulloa (2014) y Valladares (2017), supone una producción del espacio orientada, más que a atender las necesidades de las comunidades, a la integración subordinada de sus habitantes y recursos a las cadenas productivas y especulativas del gran capital.

Para finalizar, hay que destacar el papel que tuvo el uso de las redes sociodigitales por parte del CCG. Lejos de ser únicamente una medida para dar a conocer a la población la construcción de obra pública, ha de entenderse también como una práctica orientada a visibilizar simbólicamente las capacidades de los integrantes del CCG, quienes, desde su elección, fueron minimizados por su origen social ¾la mayoría de ellos indígenas¾ por los discursos racistas de los grupos mestizos de poder radicados en la cabecera municipal (Nicasio, 2021), que durante décadas hicieron un uso patrimonialista del poder político municipal (Gaussens, 2021).

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Notas