I. Introducción

Como parte de los beneficios de los proyectos comunitarios, se encuentra que las comunidades energéticas constituyen un medio para promover el aporte de los miembros del grupo comunitario y una cooperación social en la toma de decisiones [1], [20], generar beneficios sociales y económicos para los miembros [21], aumentar las fuentes de generación de energía distribuidas [22] y potenciar la transición del sistema eléctrico para una energía baja en carbono [2]. También es un mecanismo conveniente para las comunidades con usuarios que no pueden o, simplemente, prefieren no instalar un sistema de generación de energía en su propia propiedad [23], [24].

El concepto de “energía comunitaria” ha sido un término que se ha usado en la literatura y en la práctica de una manera muy flexible y hasta ambigua. La gama de terminologías que hacen referencia a la idea de propiedad comunitaria, al interés y participación de iniciativas de recursos energéticos distribuidos (DER, por sus siglas en inglés) muestra que no existe una definición ampliamente aceptada en la comunidad científica.

Algunos términos reportados por diferentes autores en la literatura son: comunidad energética [1], [2], autoconsumo comunitario [3], energía ciudadana [4], sistemas energéticos comunitarios integrados [5], [6], energía local [7], [8], energía cívica [9], [10], energía de base [11], [12], comunidades compartidas [13]. Aunque los términos varían, coinciden en que las comunidades de energía son una forma de agrupación de personas interesadas en la generación de energía, alrededor de la participación y la gobernanza democráticas. Y su objetivo principal es proporcionar beneficios ambientales, económicos o sociales a la comunidad a través de fuentes de energía renovables locales sostenibles [14].

También existe una gran variedad de definiciones, según los diferentes gobiernos de los países: el Observatorio Global de modelos Peer-to-Peer, Autoconsumo Comunitario y Energía Transactiva (GOP2P) elaboró una recopilación con las diversas explicaciones decretadas sobre el concepto de energía comunitaria [15]. Para el gobierno belga (Decreto del 2 de mayo de 2019), por ejemplo, una “comunidad de energía renovable” es una entidad jurídica compuesta por un grupo de participantes con el fin de compartir, a través de la red de distribución pública o de transporte local, la electricidad producida únicamente a partir de energías alternativas [16]. Para el gobierno de Suiza, según la Ley de Energía (LEne) del 30 de septiembre de 2016, es una agrupación de personas para consumo propio de la energía generada [17]; para el Fideicomiso de Ahorro de Energía del gobierno escocés, los proyectos de energía compartida son grupos de distribución comunitarios y establecidos sin ánimo de lucro, y que operan en una comunidad definida geográficamente [18]; para la Agencia de Poder Comunitario de Australia son proyectos de energía renovable de personas jurídicas legalmente constituidas de propiedad comunitaria son aquellos que, al intercambiar la energía de forma local, ayudan a descarbonizar, descentralizar y democratizar los sistemas eléctricos [19].

Como parte de los beneficios de los proyectos comunitarios, se encuentra que las comunidades energéticas constituyen un medio para promover el aporte de los miembros del grupo comunitario y una cooperación social en la toma de decisiones [1], [20], generar beneficios sociales y económicos para los miembros [21], aumentar las fuentes de generación de energía distribuidas [22] y potenciar la transición del sistema eléctrico para una energía baja en carbono [2]. También es un mecanismo conveniente para las comunidades con usuarios que no pueden o, simplemente, prefieren no instalar un sistema de generación de energía en su propia propiedad [23], [24].

A nivel teórico, este artículo pretende reunir varios casos de estudio, realizando una revisión de los antecedentes de las comunidades solares, desde las primeras iniciativas reportadas para comprender los conflictos e intereses que se fueron desarrollando en la generación de energía comunitaria distribuida.

Este estudio pretende dar a conocer las brechas existentes y factores de éxito de los casos de estudio de comunidades de energía en otros países para catalizar el desarrollo en países latinoamericanos.

II. Experiencias internacionales en energía comunitaria

Las iniciativas de energía comunitaria han existido desde mediados del siglo xx, enfocadas en temas de generación de energía eólica rural [25], pero no fue hasta finales de la década de 1970 que los proyectos comunitarios basados en tecnologías de energía eólica, hidroeléctricas y biomasa o fuentes no convencionales de energía renovable comenzaron a asociarse al concepto de energías renovables comunitarias modernas [26], [27].

Algunos catalizadores que impulsaron esos proyectos fueron los problemas de desarrollo rural y crisis de empleo, el espíritu comunitario [28], los accidentes nucleares que ocurrieron en Japón de 2011 y los accidentes de Chernóbil de 1986 y Harrisburg en 1979, que impulsaron los proyectos de energía renovable para evitar riesgos de más desastres nucleares [11], [12], [29]. Desde entonces, se ha generado un aumento de iniciativas centradas en las energías renovables comunitarias, principalmente en Europa [3], [30], [31]; por ejemplo, en Alemania el 34 % de la capacidad renovable instalada era propiedad de grupos comunitarios, según los datos reportados [32].

Las comunidades energéticas en Asia se basan en microinstalaciones de energía hidráulica, como es el caso de la India [33], [34] o de Nepal, donde la generación de energía por microhidroeléctricas de propiedad comunitaria representa aproximadamente el 15 % de la electricidad producida en ese país [5]. En América Latina, por ejemplo, Costa Rica ha logrado un 98 % de acceso a la energía a través de un sistema energético basado principalmente en cooperativas a gran escala desde 1960. Cuenta con cuatro grandes cooperativas eléctricas: Coopelesca, Coope Alfaro Ruiz, Coope Guanacaste y Coopesantos. Sus afiliados suman 180393 que suministran energía eléctrica a 392071 usuarios, principalmente en áreas rurales. Estas cooperativas han sido financiadas conjuntamente por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional y el Banco Nacional de Costa Rica a través de préstamos concesionales con tasas de interés bajas, períodos de pago más largos y costos de endeudamiento reducidos [35], [29], [36].

Actualmente, diversos autores reportan factores de éxito en los proyectos de comunidad energética. Algunos argumentan que es necesaria una planificación energética estratégica y una planificación climática de los municipios [37]; también proponen que el sentido de una comunidad debe basarse en miembros que comparten intereses y objetivos comunes [8]. Sousa et al. [38] en su artículo de revisión hace mención de que cuando se aclara a los usuarios que pueden compartir energía a nivel comunitario existe una preferencia por la compra de electricidad local generada con fuentes de energía renovable no convencionales.

En el apéndice 1 se encuentra la Tabla 3 de las experiencias enlistadas individualmente.

III. Adopción y aceptación

Un foco de estudio muy importante ha sido la perspectiva de la aceptación y adopción de los proyectos comunitarios de energía, observando hasta qué grado la contribución de los miembros de la comunidad ha influido en la adopción y éxito a largo plazo, también el análisis de qué otros aspectos se deben de considerar en una dimensión que toca la antropología y psicología humana.

El autor Karl Sperling [23] sostiene que hay factores clave en el caso de éxito de la comunidad energética de la isla Samsø, expone que existen aspectos a los que se deben prestar especial atención: el apoyo en la promoción de los modelos de energía comunitaria en la política energética nacional y en los procesos gubernamentales, junto con el apoyo tecnológico gubernamental y la generación de centros de información con asistencia experta que promuevan la participación y el desarrollo local. El éxito del proyecto también se le atribuye al contexto interno de su propia cultura local, como es el espíritu comunitario (producto de sus tradiciones locales e historia de proyectos cooperativos), miembros con tendencia al emprendimiento, redes sociales existentes y una sensación de responsabilidad local.

Se encuentra que los beneficios individuales de la energía compartida son un claro factor que influye en la adopción de estos modelos de energía. En una encuesta realizada a los usuarios en Dinamarca se reportó que la independencia energética (con un 85 % de los encuestados) como el beneficio económico personal (75 %) son factores decisivos para participar en una iniciativa solar comunitaria. Los beneficios ambientales generales (92 %) y la motivación de trabajar con sus vecinos (63 %) también son componentes importantes [23].

Para la aceptación de los proyectos primero se tienen que identificar los factores de riesgo ya reportados. Algunos son: resistencia al cambio y oposición local [39], falta de confianza y seguridad por parte de los miembros de la comunidad [5], falta de participación local [39], alineación de los intereses de todos los miembros pertenecientes a la comunidad [37]. Para solucionar esto y asegurar la aceptación y adopción de los proyectos, diversos investigadores han analizado los factores con los que se pueden contrarrestar esos componentes de riesgo, siendo el primero de ellos el asegurar la participación ciudadana [30], [40].

Para analizar la preferencia de ubicaciones para proyectos de energía comunitaria, Frieden [5] realizó una encuesta a usuarios en Minnesota, encontrando una inclinación significativa por los llamados “activos negativos”, terrenos abandonados por los cuales hubo una preferencia del 66 % sobre otras ubicaciones en activos sociales para el proyecto, como techos de escuelas (68 %) o techos de iglesias (51 %).

IV. Retos financieros

Con la premisa de que los proyectos comunitarios deberían ser asequibles para los participantes, un gran número de artículos han realizado un barrido de los retos y esquemas económicos, donde describen los factores a considerar para la viabilidad financiera en las iniciativas de energía comunitaria y diversos esquemas y asociaciones por los que han optado los desarrolladores, de acuerdo con su contexto.

Murray [41] hace un estudio de los retos financieros, en el que destaca que los elevados costos iniciales de los proyectos basados en comunidad es el mayor obstáculo para un despliegue más amplio de estos modelos de energía. Por su parte, en una encuesta realizada en el sureste de Ohio, Estados Unidos en 2018 dio a conocer que el componente económico es motor crucial en la aceptación de proyectos ambientales, donde un 53 % de los encuestados no estarían dispuestos a pagar más dinero para desarrollar el proyecto y solo el 12 % pagarían una cantidad modestamente mayor [42].

Otro desafío es la búsqueda de inversionistas para los proyectos que buscan ser 100 % propiedad de la comunidad. La búsqueda de beneficios sociales y económicos para los integrantes de esta, genera una dificultad en la obtención de apoyos de financiación debido a la falta de claridad sobre los ingresos, a largo plazo, generados por los proyectos de propiedad comunitaria para los inversores tradicionales [41], [39].

Se recogen esquemas financieros reportados en la bibliografía que han aportado solución a los problemas económicos para desplegar proyectos de energía comunitaria. Los incentivos gubernamentales han sido un apoyo en el desarrollo de iniciativas comunitarias. Este tipo de esquemas incluyen los programas de bonos, préstamos y reembolsos para los sistemas instalados de fuentes renovables; estos programas se ofrecen a través de los gobiernos de los diferentes niveles [43].

Los incentivos fiscales son otro medio para alentar más proyectos por parte de los gobiernos [1], [44] como la exención de impuestos gravables a los equipos que integran un sistema de energía renovable [45], [30], también los incentivos fiscales a la propiedad en el lugar donde se ubica el proyecto comunitario [26], [45] y los incentivos para proyectos medioambientales [46]. Otros tipos de programas son créditos —tanto personales como corporativos— [47] y programas de préstamos y subvenciones de bajo interés [18]. En la Tabla 1 se pueden ver los incentivos financieros impulsados por instituciones gubernamentales.

En Alemania, por ejemplo, alrededor de la mitad de los proyectos de propiedad comunitaria han recibido financiación de bancos cooperativos y un tercio de los proyectos han recibido préstamos de bajo costo del Banco de Desarrollo del Estado de la República Federal de Alemania [41].

Los autores Peters et al. [30] aclaran que, en los países en vías de desarrollo, las iniciativas comunitarias de energía renovable dependen de un gran apoyo financiero, como el caso de la cooperativa Baglung en Nepal, quienes instalaron 6 microhidráulicas a través de un subsidio del 50 % de un programa de promoción de energías renovables, 30 % de préstamos y 20 % de contribución de los miembros individuales [2], [51]. En otros países tercermundistas, ubicados en África, Latinoamérica y al sur de Asia, la concesión de microcréditos ha sido ampliamente utilizada para iniciar proyectos comunitarios de energía [50].

En los países desarrollados, el impulso de proyectos comunitarios depende de esquemas de incentivos gubernamentales y mecanismos de mercado [30]. En Escocia, el gobierno ofrece un abanico muy amplio de opciones de financiamiento, gracias a su Plan de Energía Renovable y Comunitaria, con el que se proporcionan subvenciones a los postulantes desde USD 28.750 hasta USD 172.500 [18].

V. Regulación y política energética

Para dar solución algunos países han prestado especial atención a las oportunidades que tienen estos modelos. Por ejemplo, en 2020, Irlanda propuso un nuevo esquema de apoyo a la electricidad renovable c

Los marcos reguladores tradicionales de la energía suelen estar diseñados en torno a la generación de energía centralizada unidireccional y a gran escala, por lo que el desarrollo de la energía comunitaria se ve detenido por barreras normativas e institucionales [18].

La ausencia de políticas, regulaciones energéticas y estructuras administrativas que fomenten modelos descentralizados, es uno de los temas más debatidos y desafiantes en el panorama actual de las comunidades energéticas [30], [39], lo que indica que se deben proponer y generar diversos sistemas de participación ciudadana para las propiedades colectivas. Los investigadores Byrnes, Brown, Foster, y Wagner [39] reconocen la existencia de la incertidumbre y el riesgo causado por cambios regulatorios; la Agencia Internacional de Energías Renovables (IRENA) [47] sugiere que hace falta la creación de marcos de políticas estables a largo plazo para las comunidades energéticas, lo que es clave para estimular nuevas inversiones. La elección y el diseño de estos marcos de políticas deben adaptarse a las circunstancias locales y específicas del país, así como a los objetivos de desarrollo más amplios que pueden buscar apoyar [8], [52].

Para dar solución algunos países han prestado especial atención a las oportunidades que tienen estos modelos. Por ejemplo, en 2020, Irlanda propuso un nuevo esquema de apoyo a la electricidad renovable con un marco propicio para la participación de la comunidad a través de la provisión de vías y apoyos para que las comunidades participen en proyectos de energía renovable. Para aplicar, como requisito, los proyectos que se postulen deben cumplir con los criterios de precalificación [53].

La Unión Europea, en 2019, estableció un acuerdo político sobre todas las principales leyes que forman el pacto de energía limpia para todos los europeos (pacto Clean Energy for All Europeans) que nació desde el desarrollo obstruido de comunidades energéticas, a causa de los marcos políticos que cambian entre niveles de gobierno [52], [12], [28], [54].

Junto con el Pacto de Energía limpia, otro de los mayores avances fue el reconocimiento legal otorgado a los productores y comunidades individuales de energía renovable, lo que les genera tanto derechos como responsabilidades [3], [55].

VI. Modelos de gobernanza

Existen diferentes proyectos de propiedad comunitaria que pueden ser más adecuados en función de diversos marcos jurídicos, formas de propiedad, distribución de beneficios y nivel de gobernanza democrática [47].

En la Tabla 2 se observa una lista de esquemas de energía comunitaria con los que se define cómo los participantes de la comunidad pueden invertir colectivamente en activos energéticos para, en algunos casos, poseerlos.

Como se puede observar en la Tabla 2, algunos de los modelos de propiedad se encuentran ligados a una serie de empresas, públicas o privadas, que de forma subyacente se centran en el elemento multisectorial de las comunidades de energía.

Los temas principales de la dimensión multisectorial en los proyectos de energía comunitaria son las nuevas funciones del gobierno local, las relaciones con los actores privados y el sector energético existente, las relaciones y coordinación entre los niveles de gobierno, y la participación de los ciudadanos en la gobernanza municipal.

Actualmente, para el sector de los gobiernos locales se convierte en un reto fortalecer la participación ciudadana, por lo que se requieren nuevos enfoques y reformas institucionales para remodelar el sistema energético local con el fin de satisfacer las necesidades de sostenibilidad locales y regionales [59] ,[60], [61]. En este mismo artículo de revisión, Van der Schoor y Scholtens [61] hacen mención de que, en muchos estudios de casos, la comunidad, el Estado y el sector privado están entrelazados operando en múltiples escalas.

Los investigadores Berkhout y Westerhoff [62], a través de su estudio con comunidades de energía y gobiernos, identificaron una cíclica falta de integración entre los niveles local, regional y nacional de gobierno, lo que a su vez conduce a obstáculos a nivel legislativo en lo local. Sumado a lo anterior, Blanchet [11] dio a conocer la tendencia de la “remunicipalización” que insta a que las autoridades locales recuperen la propiedad de bienes y servicios privatizados. La alineación de los discursos entre estos niveles de gobierno y las partes interesadas se muestra como un factor importante en la creación de oportunidades para las iniciativas comunitarias por lo que se recalca la necesidad de generar una dinámica de participación y coordinación multisectorial [63].

Los investigadores Hoppe et al. [64] describen en su artículo el importante papel que juegan las autoridades locales cuando se trata de facilitar las relaciones entre los diversos actores involucrados de una iniciativa. por lo tanto, estas autoridades gubernamentales pueden ser un gran apoyo al proyecto al proporcionar apoyo en la planificación y recurso humano.

En la literatura, se discute sobre el papel de los “intermediarios” como organizaciones privadas que surgieron inicialmente como mediadores entre la comunidad, operadores de mercado, entidades privadas y gubernamentales [65]. Las empresas de servicios públicos pueden tomar el lugar de intermediario, lucrándose al cobrar para permitir la prestación de servicios, así como para obtener ingresos de esto; a su vez, fungen como tercero supervisor, en donde interactúa y garantiza los convenios de los colectivos comunes [66], [67] y apoyan al crecimiento de la energía comunitaria [2].

Las empresas privadas tienen un nicho de negocio con las comunidades de energía al formar personas jurídicas o haciéndose socios accionistas, a través de alguno de los modelos de propiedad comunitaria o haciendo uso de uno de los esquemas financieros. También pueden tomar participación desde una perspectiva externa de la comunidad, brindando asistencia profesional y consultoría legal, comercial, estratégica, financiera y técnica, antes y durante el desarrollo del proyecto comunitario [42], [68], [69]; este tipo de figuras predominan en lugares donde no tienden a compañías de monopolios energéticas fuertemente centralizadas [41].

VII. Discusión

En este artículo se analizaron las razones y motivaciones de los miembros para unirse a estos modelos para compartir energía. Para fomentar la producción de energía colectiva es pertinente dar a conocer la forma en que los sistemas son atractivos por sus beneficios sociales, ambientales y económicos. Se tiene que pasar de una promoción lejana donde el generador de energía se encuentra a cientos de kilómetros del consumidor, a una energía local y cercana con un sentido comunitario que humanice la generación de energía y las fuentes de producción renovable.

En primera instancia, lograr una activa participación ciudadana puede superar la resistencia al cambio, esto se puede alcanzar con programas que incentiven la integración de energías renovables, destacando los beneficios sociales, ambientales y económicos que pueden traer consigo. Para ello, también se requiere hacer una difusión de las ventajas que trae consigo la generación de energía distribuida con fuentes alternativas, y el potencial de los grupos comunitarios cuando trabajan de forma colectiva con objetivos en común.

Otro reto que tienen las autoridades y desarrolladores de proyectos comunitarios es la educación, a través de talleres se puede unir la ingeniería, la educación y la investigación para crear una base colaborativa de conocimiento con el fin de empoderar a los ciudadanos. Las ventajas de los programas de educación comunitaria incluyen la formación de una mejor comprensión de las tecnologías de energías renovables. Pueden entender los aspectos técnicos de todo el sistema de generación, cómo se transforma la energía, cómo se distribuye, se transmite, hasta que llega a su casa para su uso diario. Otro beneficio es la sensibilización energética para ahorrar energía, lo que lleva al usuario a reflexionar sobre cuestiones como el calentamiento global, el efecto invernadero, etc.

A fin de proporcionar certidumbre a los usuarios y miembros comunitarios, los gobiernos locales deben de ser conscientes del papel importante a la hora de establecer objetivos concretos con la promoción de energías renovables. Se requiere el apoyo gubernamental con planes de acción energéticos sostenibles como base en el que se integren las comunidades de energía como figuras con derechos y obligaciones de acuerdo con el país. También se debe llegar a un acuerdo de esos planes de acción entre los gobiernos de los diferentes niveles para que lleguen a objetivos precisos. La función legislativa no queda excluida de circunscribir, en las estrategias de desarrollo territorial, los desafíos regionales como parte de los elementos que vencer para fomentar la generación de energía local.

Para impulsar y desarrollar las iniciativas, cuando no se tienen socios y viene 100 % de los miembros de la comunidad, o bien cuando la figura tiene bajo capital para el proyecto planteado, entre otros casos; se debe estimular la inversión a través de programas financieros, beneficios tributarios y desgravaciones fiscales que permitan a los interesados en proyectos de energía comunitaria acceder a oportunidades de concesiones de capital de préstamo, créditos con bajas tasas de interés, programas de incentivos de energías renovables, convocatorias de subvenciones, programas para la comercialización directa de energía, entre otros.

Los esquemas financieros y las asociaciones con promotores privados, autoridades locales o empresas como parte de los modelos de propiedad, han sido un vehículo para financiar cientos de proyectos alrededor del mundo, pero la falta de integración y demanda de la energía comunitaria en los mercados de energía genera una desconfianza en los inversionistas, temiendo que su inversión no sea redituable. Se requieren buenas tasas de interés y el potencial de escalar las iniciativas comunitarias para que los sistemas de autoconsumo comunitario sean un negocio que le dé confianza a los inversionistas para poner en manos de un grupo comunitario su dinero.

VIII. Conclusiones

En este artículo se realizó una revisión de los casos de estudio de energía comunitaria para reportar las experiencias en sus diferentes modelos de asociación y para aprender de ellas.

La literatura revisada, como parte de los antecedentes de las comunidades de energía, muestra cómo las primeras comunidades se establecieron para darle solución a problemas económicos y sociales que se vivían en Europa. A través del tiempo, y con el desarrollo de más tecnología, estas comunidades empezaron a entrelazarse alrededor del tema de autonomía energética y desarrollo sostenible, apuntando a la transición energética que vivimos hoy en día.

La aceptación y adopción de estos proyectos en una etapa temprana por parte de los integrantes del colectivo y de las partes interesadas se debe ir desarrollando a través de esquemas de trabajo, para seguir promoviendo la participación, considerando el contexto de la región.

Según la revisión documental, los factores más importantes para asegurar la aceptación y adopción de los proyectos son los lazos de confianza entre la comunidad y con los desarrolladores o asociaciones del proyecto y los intereses colectivos de la comunidad, lo que impulsa al trabajo colaborativo.

Cabe destacar que, a pesar de que ha existido un gran número de iniciativas de energía colectiva en Europa, todavía falta un gran camino por recorrer. Se requieren incentivos a largo plazo y políticas energéticas estables; además, no existe un consenso en los marcos regulatorios locales y regionales, generando una barrera al despliegue de estos modelos.

El autoconsumo comunitario debe empezar a aparecer en las estrategias nacionales para entender el papel que las comunidades pueden llegar a jugar en el mercado de energía, estableciendo sus derechos y obligaciones. Esto puede ayudar a validar su capacidad para aplicar a esquemas de financiación y programas de apoyo tributario, atraer inversión y modificar las estrategias energéticas locales y regionales en torno a los modelos para facilitar el fomento de las comunidades energéticas.

Los retos financieros para la generación distribuida comunitaria son muchos, pero resaltamos los principales: se requiere una claridad sobre los ingresos que se puedan tener en el tiempo para que exista interés por parte de los inversionistas y para países en vías de desarrollo se tienen que establecer mecanismos de financiación con ayuda gubernamental, que, como se demostró en el artículo, han sido un medio para casos de éxito en países subdesarrollados.

A través de la revisión documental buscamos reportar las experiencias para aprender de ellas, principalmente en América Latina. Estas estructuras se pueden aplicar tanto a países desarrollados como en desarrollo; sin embargo, sus objetivos, modelos de negocio y constitución difieren, por lo que no existe un método universal para la puesta en marcha de proyectos comunitarios de generación distribuida. Destacamos la importancia de ligar los proyectos prácticos y su estudio teórico para futuros proyectos de la energía comunitaria.

A. Apéndice: casos de estudio

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