Dossier

El rol del estado desde una perspectiva feminista. Santa Fe y sus ejes de acción (2019-2022)

The role of the state from a feminist perspective. Santa Fe province and its lines of action (2019-2022)

Marinaro, María Florencia

María Florencia Marinaro

migyd@santafe.gov.ar

Gobierno de la Provincia de Santa Fe Argentina

PAPELES del Centro de Investigaciones de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNL

Universidad Nacional del Litoral, Argentina

ISSN: 1853-2845

ISSN-e: 2591-2852

Periodicidad: Semestral

vol. 17, núm. 27, e0040, 2023

papelesdelcentro@fcjs.unl.edu.ar

Recepción: 25 Agosto 2022

Aprobación: 04 Mayo 2023

URL: http://portal.amelica.org/ameli/journal/500/50045525004552017/

DOI: https://doi.org/10.14409/pc.2023.27.e0040

Modelo de publicación sin fines de lucro para conservar la naturaleza académica y abierta de la comunicación científica

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Resumen: En el presente trabajo se buscará dar cuenta de las acciones llevadas adelante por el gobierno de la Provincia de Santa Fe a partir de disponer, desde 2020, de un Ministerio de Igualdad, Género y Diversidad.

En este sentido, luego de realizar un recuento de la historia institucional del género dentro del Poder Ejecutivo provincial, se describirán las políticas llevadas adelante en materia de igualdad de género y se reflexionará sobre los desafíos futuros en este área.

Para ello, se realizará un análisis tomando como base la estrategia planteada por el Ministerio, la cual se rige en función de tres principios que sirven como directriz para la gestión: institucionalidad, territorialidad y transversalidad. Estas serán puestas bajo el lente del marco teórico del mainstream de género.

Así, la pregunta guía del trabajo es: la presencia y jerarquización de un Ministerio de Igualdad, Género y Diversidad, ¿permite dar respuesta a las demandas vinculadas a las desigualdades de género? ¿Cuál es la respuesta que da el gobierno de la provincia de Santa Fe frente a ello? ¿Qué desafíos quedan por delante?

Palabras clave: Mainstream de género, políticas públicas con perspectiva de género, Poder Ejecutivo, Ministerio.

Abstract: This article outlines the actions that the Ministry of Equality, Gender and Diversity in Santa Fe province has developed since it was established founding in 2020. After doing research on the institutional history of gender in Santa Fe province, this article discusses the policies developed and implemented addressing gender equality. On the other hand, it reflects on the obstacles that remain to be overcome on this topic.

The analysis is carried out by taking into account the main principles that are followed by the Ministry to design its public policies -institutionality, territoriality and transversality- This will be is done considering the theoretical framework of the gender mainstream.

The main question is: Does the existence of a Ministry of Equality, Gender and Diversity allow for giving answers to the demands related to gender inequalities? What is the provincial government of Santa Fe doing in this regard? In the future, what will the challenges be?

Keywords: gender mainstream, Santa Fe province, public policies with a gender perspective, executive power, ministry.

1. Introducción

En Argentina, el 3 de junio de 2015 significó un parteaguas en términos de organización social de las mujeres. La consigna “Ni Una Menos” aglutinó a miles de ellas en las calles y demostró la solidez del movimiento feminista argentino. Un movimiento que puso en discusión las políticas públicas, el rol del Estado y de las instituciones con una mirada transversal que atraviesa a los distintos partidos políticos y las realidades de los diversos territorios.

El mensaje de ese día siguió resonando y se transformó en una demanda del movimiento femenino para con el Estado: “basta de matarnos”. Frente a ello, la pregunta fue y sigue siendo: ¿qué hace el Estado? ¿Es capaz de escuchar ese mensaje? ¿Cómo le da respuesta?

En el presente trabajo se buscará dar cuenta de las acciones llevadas adelante por el gobierno de la Provincia de Santa Fe a partir de disponer, desde el año 2020, de un Ministerio de Igualdad, Género y Diversidad. En este sentido, luego de realizar un recuento de la historia institucional del género dentro del poder ejecutivo provincial, se buscará dar cuenta de cuáles han sido las políticas llevadas adelante y qué desafíos quedan por delante.

En este sentido, se realizará el análisis en base a la estrategia planteada por el mencionado Ministerio, la cual se rige en función de tres principios que sirven como directriz para la gestión: institucionalidad, territorialidad y transversalidad.

El primero de ellos se denomina “Institucionalidad” y se basa en la jerarquización dentro del organigrama provincial, lo cual a su vez habilita la disposición de un presupuesto propio, un mayor nivel de respuesta y una mejor visibilización y promoción de derechos.

Por su parte, el segundo principio fue caracterizado como “Territorialidad”, y busca potenciar las áreas de género de los gobiernos locales, como así también establecer vínculos con organizaciones sociales y construir nexos con la población a través de los Puntos Violetas.

Finalmente, el último eje es “Transversalidad”, donde se plantea, la consolidación del Plan Estratégico Provincial de Igualdad 2020-2030, el Presupuesto con Perspectiva de Género (PPG) y la implementación de las capacitaciones sobre Ley Micaela y Masculinidades por la Igualdad.

A partir de estos tres principios de trabajo del Ministerio se puede observar la política de género propuesta por el Gobierno de la Provincia de Santa Fe y analizar la posibilidad efectiva de un Estado con una perspectiva de mainstream de género.

La existencia de un Ministerio de Igualdad, Género y Diversidades no es algo recurrente dentro de los gobiernos, no obstante, ha sido una demanda de los movimientos sociales durante muchos años con el objetivo de visibilizar la cuestión del género en el Estado a través de su institucionalización ministerial. ¿Puede entonces el Estado santafesino a partir de ello dar respuesta a las demandas del movimiento de mujeres?

2. Políticas públicas y género

La ciencia política ha desarrollado una línea de análisis respecto de la capacidad de respuesta que los gobiernos pueden dar a la hora de pensar políticas públicas con perspectiva de género. Influenciados por los organismos internacionales, a partir de 1980, se potenció el rol de los Estados como promotores de la participación de las mujeres en diversos ámbitos políticos, económicos, sociales. Un rol central en ello tuvo las discusiones en el marco de la “Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer” en 1979 (CEDAW, por sus siglas en inglés).

Así, una de las líneas de análisis dentro de las teorías han sido las teorías sobre el mainstream de género (García Prince, 2010). Estos trabajos abordan las capacidades que presentan los Estado y las administraciones públicas para generar procesos de igualdad de género. La pregunta guía aquí es cómo y dónde incorporan una mirada integral de género los Estados (Guzman, 2001; Rigat-Pflaum, 2008).

En esta línea de razonamiento, se plantean una serie de interrogantes que interpelan al Estado en su rol de formulador de políticas públicas y de decisor político:

¿Qué políticas públicas resultan adecuadas? ¿Qué condiciones económicas y sociales son necesarias para que éstas cumplan su papel transformador? ¿Son viables en un contexto de ajuste donde prevalecen criterios de gestión económica? […] ¿Qué límites y obstáculos encuentra la acción pública en ese contexto? ¿Cualquier gestión gubernamental es capaz de facilitar este proceso o son necesarios determinados atributos para promover un verdadero debate? (Pateman, 1995, p. 8).

Esta mirada permite repensar no sólo las capacidades de las instituciones para dar respuesta a las demandas sino también ir hacia su interior y pensar en los recursos humanos y las capacidades técnicas que estos tienen para formular políticas públicas bajo perspectiva de género (Benavente y Valdés, 2014; Rodríguez Gustá, 2008).

Estos trabajos establecieron protocolos que buscaban incorporar la “lente de género” en diferentes entidades públicas. El problema aquí era que no había contemplación de las características necesarias y particulares de los Estados y sus sociedades (Guzmán, 2001; Pollack, 2002).

Frente a esta crítica, posteriormente, se desarrollaron trabajos que plantearon la necesidad de pensar la cuestión latinoamericana, más conocida como perspectiva de desigualdades cruzadas: los individuos presentan diversas y variadas identidades que generan a su vez múltiples desigualdades al mismo tiempo. Por lo que para pensar las desigualdades de género se requiere considerar la raza, la clase, las condiciones socio-económicas, la educación, etc; esto siempre dependerá del contexto donde se lleve a cabo el análisis (Zapata Galindo, García Peter y Chan de Avila, 2012).

3. El género dentro del Ejecutivo

La necesidad de dar respuesta a las demandas de la sociedad y de ese movimiento de mujeres antes mencionado, llevó a que la Provincia de Santa Fe en el año 2021 transformará la Secretaría de Género en Ministerio de Igualdad, Género y Diversidades.

Pensar la institucionalización de las políticas de género en la provincia de Santa Fe permite también analizar las formas históricas en que se traducen las etapas del movimiento internacional de mujeres y las demandas sociales del ámbito provincial (ver Gráfico 1).

Gráfico1.
Institucionalidad del género en el Estado provincial, Provincia de Santa Fe, 2022

Fuente: Material elaborado por el Ministerio de Igualdad, Género y Diversidad de la Provincia de Santa Fe.

En este proceso de institucionalización, lo primero que hay que señalar es la jerarquización que tuvo el área de género en los últimos 20 años. En los años ‘90 encontramos la Dirección Provincial del Menor, la Mujer y la Familia. Esta denominación no es aleatoria, sino que representa la manera de entender a la mujer y su rol e inserción social.

Durante esa época, también encontramos que la incorporación masiva del colectivo de mujeres a los espacios legislativos, a partir del establecimiento de cuotas, permitió la sanción de las primeras leyes que tenían que ver con la vida misma de las mujeres, sus derechos sexuales y reproductivos. Ejemplo de ello fueron las licencias por maternidad o por lactancia y las primeras leyes de violencia familiar. También las leyes de niñez rompieron el modelo de patronato, evolucionando a un modelo y sistema de protección integral de la niñez y la adolescencia.

Esta forma de entender a las mujeres se tradujo en las denominaciones que tomaron las comisiones en los legislativos provinciales y nacionales: la comisión de la mujer, la familia y el menor, todas ocupadas en su totalidad por mujeres, y que surgieron en la década del ‘90. Ello tendrá su repercusión en el ejecutivo donde se creó esta Dirección dentro de las áreas sociales.

Esta forma de entender a la mujer como sujeto pensado desde la política pública social y asistencial, se sostuvo durante años dentro de la Secretaría de Estado de Promoción Comunitaria (1999-2008), que luego pasó a la órbita del Ministerio de Desarrollo Social (2011-2019). Fue en el año 2019 cuando se transformó en Secretaría de Estado de Igualdad, Género y Diversidad para luego, en el año 2021, convertirse en Ministerio.

La jerarquización a rango ministerial de un área que trabaja temáticas de género expresa cómo las necesidades se plasman en el Estado. Dar respuesta política a esa demanda significa posicionar a las personas que integran esas áreas a sentarse y discutir en los espacios donde se toman las decisiones -presupuesto, hacienda, gobierno-. Esto marca una decisión profunda y un cambio de enfoque ya que previo a ello se dependía de otros funcionarios (y es en masculino con clara intencionalidad) para poder llevar propuestas e iniciativas vinculadas a la temática género a la mesa de negociación.

Adicionalmente, en el contexto actual, la jerarquía y la institucionalidad se otorgan y se refuerzan al tener recursos propios para tomar decisiones y promover políticas públicas concretas desde el Ministerio. Estas requieren recursos materiales para ser ejecutadas y dar un mejor nivel de respuesta de las acciones estatales. Esto, sin lugar a dudas, pudo materializarse al transformar un Área en Ministerio.

4. Incorporar el territorio

La provincia de Santa Fe tiene 133.007 km² de superficie, es una provincia extensa, profundamente desigual y heterogénea. Cuenta con 365 municipios y comunas, con una diversidad muy grande entre ellos, lo cual repercute en las prácticas culturales que cada zona posee, en el acceso a la vivienda y a bienes culturales o sociales. Se suele entender que Santa Fe posee un sur profundamente rico y un norte pobre y sin accesos y/o conectividad; a ello se le suma que de la localidad de San Justo hacia el sur vive el 80% de la población provincial, mientras que hacia el norte solo el 20% de ella.

Entonces la territorialidad en este escenario que se presenta geográfica y económicamente heterogéneo es clave; la premisa aquí fue el “fortalecimiento territorial” y, a partir de allí, se orientaron las políticas del Ministerio (ver Gráfico 2).

Por eso, se comenzó a trabajar con los municipios y comunas, entendiendo que las demandas y las obligaciones de los gobiernos locales han cambiado en el nuevo siglo. No solo deben ocuparse del barrido, alumbrado y limpieza, sino que ahora tienen jardines municipales, áreas sociales, de género, de educación. Se transformaron en la primera puerta que la ciudadanía golpea, donde canalizan sus demandas y donde exigen derechos. Los gobiernos locales dejaron de ser solo ordenador territorial y de servicios públicos básicos, y esto está dado por las nuevas demandas sociales.

Entonces una política de territorialidad fue fortalecer las áreas locales de género. De los 365 municipios y comunas, el Estado provincial transfiere recursos económicos y técnicos a 317 con el objetivo de que dichas áreas crezcan y se fortalezcan. La definición de los recursos asignados para cada uno de ellos se hace mediante la evaluación de los niveles de necesidades básicas insatisfechas, en la cantidad de mujeres y en la cantidad de femicidios que tiene cada población.

Esta política de fortalecimiento local se encuentra con un desafío vinculado a aquellos gobiernos locales que no identifican a las problemáticas de género como una temática de relevancia en su comunidad. Entonces allí se hace necesario repensar la “ruta crítica de la violencia de género” y lo que sucede previamente. No es solo el hecho que no se toma la denuncia o que no se denunció a tiempo; sino que hay condiciones previas que también impactan sobre las posibilidades o capacidades construidas por las mujeres.

En las pequeñas localidades las mujeres emigran para estudiar y/o trabajar a las grandes ciudades porque no hay oportunidades laborales para ellas. Las que se quedan se vinculan laboralmente con cooperativas agrícolas y con el sector del campo donde no son vistas como fuerza laboral. Esto habla de la necesidad de observar la desigualdad estructural. De allí, la importancia de estos ejes y la transferencia de recursos económicos y técnicos a todo el territorio provincial.

Gráfico 2.
Políticas públicas con perspectiva de género pensadas desde la territorialidad, Provincia de Santa Fe, 2022

Fuente: Material elaborado por el Ministerio de Igualdad, Género y Diversidad de la Provincia de Santa Fe.

Otra política pública con perspectiva de género pensada territorialmente son los Puntos Violetas, que se desarrollan en el marco del Plan Incluir, [1] donde se construyen 40 espacios de atención para las localidades de la provincia. Los mismos no pretenden reemplazar a los gobiernos locales y las acciones que ellos desarrollan, pero sirven para trabajar fuertemente la prevención y la promoción de los derechos. Estos Puntos descentralizan la acción ministerial. A lo que se suman, actividades culturales, talleres, programas de emprendedurismo y distintas políticas del Ministerio.

Por otro lado, aparece el Sistema de Protección Integral contra las Violencias con distintos dispositivos. Ejemplos de ellos son la conformación de la Red de Casas de Protección y el Observatorio de Violencias, los cuales permiten formular políticas públicas de asistencia, prevención y atención en materia de género.

Así también se están pensando diversos programas denominados “Políticas de Igualdad y Diversidad”, como los Centros de Día, Espacio educativo secundario travesti, trans y disidente, Cupo Laboral Travesti y Trans, los acompañantes territoriales LGTBIQ+ y el Programa “Familias en Plural”.

Dentro de la línea “Género, Empleo y Desarrollo Productivo” se busca promover la inserción laboral de las mujeres dentro del desarrollo productivo y tecnológico provincial. Como se expresaba en apartados anteriores, sin desarrollo económico es difícil pensar en mujeres libres y con iguales condiciones que los varones. Aquí entonces encontramos diversas políticas públicas que, con una visión transversal, apuntan a dicho objetivo.

Con el “Sello Empresa Propiedad de Mujeres”, por primera vez, la provincia realiza un registro de mujeres que están a cargo de empresas, cooperativas, federaciones y mutuales. Es el primer mapa donde es posible identificar cuántas son las mujeres que están al mando de este tipo de organizaciones. Por otro lado, el Decreto Nº 1.361 de Fomento Industrial tiene perspectiva de género. El gobierno otorga exenciones impositivas y tributarias a aquellas industrias que cumplan determinados requisitos; uno de ellos refiere a la cantidad de mujeres incluidas dentro de las empresas.

El desafío en esta línea de políticas públicas tiene que ver con la brecha digital y de conocimiento a las que están sometidas las mujeres. Por ello, se busca capacitar con perspectiva de género en economía del conocimiento, a partir de cursos orientados a mujeres, que favorezcan su ingreso a esta industria.

En la línea, “Formación y Capacitación para la Igualdad”, quizás la política pública más reconocida a nivel mediático y social, son las capacitaciones a partir de la Ley Micaela, política vertebral a todo el Ministerio. En este sentido, la implementación de esta ley no solo tiene que ver con lo meramente educativo, sino también con lo cultural, porque se entiende que las modificaciones que la Ley Micaela promueve no pueden pensarse sin cambios culturales profundos.

Otra línea programática tiene que ver con repensar los cuidados en la provincia de Santa Fe. En este sentido, se está trabajando junto con ONU Mujeres elaborando un costeo de los cuidados. Se busca observar las características, en términos de cuidado, que presenta la provincia, los establecimientos con los que cuenta, las personas que a futuro pueden requerirlos. La necesidad de ello radica en que Santa Fe tiene una de las poblaciones más envejecidas a nivel nacional, hay decrecimiento poblacional, y podríamos decir que una de las causas es porque ni el Estado ni el sector privado ofrecen una infraestructura de los cuidados.

Frente a estos cambios demográficos se hace necesario ponerse las “lentes de género”, pensar quiénes son los que cuidan. Suelen estar en este rol las mujeres y las disidencias, quienes ocupan su tiempo en dicha actividad. Esto motiva el trabajo con ONU, para ver desde donde se está partiendo para pensar los cuidados.

5. Atravesar el Estado

El tercer principio para pensar el género es la transversalidad. Este concepto ha sido desarrollado por las teorías sobre políticas públicas de género hace tiempo. Sin embargo, se ha concebido como un área específica de género dentro de los ejecutivos y ello se transforma en algo estanco.

Al circunscribir el género en un área, y no pensar en todos los espacios del Estado, no logramos incorporar a la institución la mirada de las desigualdades estructurales que se mencionaban anteriormente. Es necesario, por ejemplo, observar la economía y la producción desde una perspectiva de género, porque si no se sigue reproduciendo y profundizando desigualdades sociales que tienen que ver con la feminización de la pobreza.

La transversalidad es clave para trabajar en todos los ministerios, en todas las áreas estatales y, a partir de allí, pensar cuáles son las herramientas que permiten llevar adelante la transversalización de las políticas públicas en términos de género. Principalmente, la herramienta con la que se cuenta para alcanzar este objetivo es el presupuesto. Por ello, Santa Fe cuenta desde el año 2020 con un Presupuesto con Perspectiva de Género (PPG), el cual fue fruto de una cooperación internacional entre la provincia y la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD).

Esta actividad requirió de los trabajos en conjunto entre los diversos ministerios y los equipos técnicos que elaboran anualmente los presupuestos para poder pensar profundamente cuál sería el impacto.

Enseñar a mirar y analizar el programa estatal con perspectiva de género implica considerar todas las problemáticas: seguridad/inseguridad, pobreza, acceso a la vivienda, economía, salario. En todas esas desigualdades es posible introducir la perspectiva de género. Este trabajo permitió etiquetar 13 programas en el primer año de su puesta en práctica, luego se sumaron 17 más, y se proyecta para el 2023 escalar a más de 50.

Pensar estas políticas desde una mirada de transversalidad, permitirá también que el Estado se vincule y trabaje más allá de la pertenencia político-partidaria de un gobierno y, a la vez, incorporar las opiniones y perspectivas de la sociedad civil y del sector privado, para pensar en una comunidad organizada en términos de género (ver Gráfico 3).

Gráfico 3.
Sectores intervinientes para gestionar con transversalidad de género, Provincia de Santa Fe, 2022

Fuente: Material elaborado por el Ministerio de Igualdad, Género y Diversidad de la Provincia de Santa Fe.

6. Conclusiones

Pensar políticas públicas con perspectiva de género significa transformar claramente la estructura, y las bases sobre las que se construyen las desigualdades. Ese debe ser el rol del Estado, un rol activo y de intervención, trabajando fuertemente y coordinadamente con los otros actores; sobre todo en temáticas que nos atraviesan como son las desigualdades estructurales de género. Más estado, más organización y más feminismo. Esa es la respuesta.

Si el objetivo es que las mujeres sean parte de la recuperación del empleo y de la industria, si queremos que mejoren y se valoren los trabajos de cuidado y la posibilidad de crear oportunidades, se requieren en todos estos objetivos acciones concretas, discriminaciones positivas, cupos. Para ello justamente es necesario un Ministerio. Y en ello, la institucionalidad del Ministerio es la memoria colectiva de luchas y de logros, pero también de nuevos desafíos, necesidades, demandas y derechos que aún restan. Entonces, la existencia de un Ministerio también plantea la necesidad de seguir profundizando las acciones.

Considerando que los “lentes violetas” son los que van a transformar desigualdades sociales, económicas y de género que atraviesan a la sociedad en su conjunto, el compromiso social, pero también de lo público a partir del diseño de sus políticas, debe ser persistente y profundo. Debe efectivizarse como una política de Estado.

El desafío consiste entonces en abandonar el modelo asistencialista a la hora de pensar políticas públicas para las mujeres y las disidencias, para dar paso a una perspectiva renovada, fundada en el derecho a las necesidades de estos colectivos y con una impronta que combine lo institucional, con una mirada transversal de la gestión pública y una penetración territorial de las políticas públicas.

Bibliografía

Benavente, M. C. y Valdés, A. (2014). Políticas públicas para la igualdad de género: un aporte a la autonomía de las mujeres. Santiago de Chile: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

Birgin, H. (2000). Acción pública y ciudadanía: ¿políticas públicas para las mujeres o derechos ciudadanos?. En Birgin, H. (comp). Las trampas del poder punitivo: el género del derecho penal. Buenos Aires: Editorial Biblos.

Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, 1979, Organización de Naciones Unidas.

García Prince, E. (2010). Notas para el debate: Mainstreaming de género y políticas de igualdad. En Proyecto "Superando obstáculos para la transversalidad de Género en América Latina y el Caribe". Área Práctica de Género del RSCLAC PNUD para América Latina y el Caribe con apoyo de la Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament.

Guzmán, V. (2001). La institucionalidad de género en el Estado. Nuevas perspectivas de análisis. En Serie Mujer y Desarrollo N° 32. Santiago de Chile: CEPAL.

Pateman, C. (1995 [1988]). Contrato Sexual. México: ANTHROPOS - UAM.

Pollack, M. (2002). Mainstreaming gender in global governance. En European Journal of International Relations.Vol 8 N° 3. Pp. 339-373.

Rigat-Pflaum, M. (2008). Gender mainstreaming: un enfoque para la igualdad de género. En Revista Nueva Sociedad. N° 218. Pp. 40-56. Acceso web: www.nuso.org

Rodríguez Gusta, A. L. (2008). Las políticas sensibles al género: variedades conceptuales y desafíos de intervención. En Revista Temas y Debates, N°16, Rosario.

Zapata Galindo, M.; García Peter, S. y Chan de Ávila, J. (2012). La interseccionalidad en debate. En Actas del Congreso Internacional “Indicadores Interseccionales y Medidas de Inclusión Social en Instituciones de Educación Superior”. Lateinamerika-Institut der Freien Universität Berlin.

Notas

[1] El Plan Incluir es un dispositivo multiagencial y multiministerial que se lleva adelante junto a municipios y al Ministerio Publico de la Acusación (MPA), con el objetivo mejorar la calidad de vida de vecinos y vecinas en los barrios y la población más vulnerables, a partir de una intervención integral. Tiene como eje de gestión el trabajo sobre los barrios y la población más vulnerables, los factores de riesgo asociados a la delincuencia, principalmente en lugares con mayores desventajas sociales, educativas, culturales, comunitarias, físicas y ambientales, con la incorporación de mesas participativas y organizaciones de la sociedad civil. (Fuente: https://www.santafe.gob.ar/noticias/noticia/271245/).

Notas de autor

* Abogada. Integró un estudio jurídico que atendía situaciones de mujeres que atravesaban violencias por motivos de género. En el año 2013 integró el equipo jurídico del caso Ana María Acevedo. En el 2015 formó parte como tallerista en las Escuelas Populares de Formación en Género. En diciembre de 2019 fue designada como Subsecretaria de Mujeres, Género y Diversidad en la Secretaría de Estado de Igualdad y Género. Desde 2021 (y hasta el momento de esta publicación) es Ministra de Igualdad, Género y Diversidad de la Provincia de Santa Fe.