1. Introducción

Esta ponencia plantea el potencial de la agroecología como estrategia de realización de los derechos ecológicos en Abya Yala. A partir de un cuestionamiento del impacto socio-ecológico de las empresas transnacionales en el continente, se postula el viraje agroecológico del modelo agroalimentario como auténtica estrategia de efectivización de los derechos (socio-)ecológicos.

Se parte de una noción amplia del término ecología, que implica la convivencia entre humanos y no humanos. En este sentido no sería necesaria la aclaración de “socio-”, la cual sin embargo es incorporada a menudo en el texto debido a la naturalización de la dicotomía entre naturaleza y sociedad y a la consecuente identificación de lo no-humano con términos como ambiente o incluso ecología.

El concepto de agroecología es recuperado por su vinculación a la gestión local de la producción agroalimentaria. El descarte de los insumos extranjeros -tanto de semillas como de agroquímicos- contribuye no sólo a la sustentabilidad ecológica, sino también a la independencia socioeconómica respecto de las empresas transnacionales. Promueve así también la recuperación de los saberes ancestrales relacionados con la tierra y la cultura.

2. Neoextractivismo y neocolonialismo

El paradigma hegemónico del libre mercado se impuso a nivel global a través de una narrativa apologética respecto del comercio internacional. Exportación, ingreso de divisas, incorporación de tecnología, producción y competencia se instalaron por medio de la prensa y la educación formal, como pilares incuestionables del discurso del progreso y el desarrollo (cf. Zapata Galvis, 2018, p. 100).

Monocultivo y monocultura se instituyeron como mecanismos de expansión del modelo desarrollista (Escobar, 2014, p. 57, p. 114; Gudynas, 2018, p. 21). A través de la imposición cultural del estilo de vida del desarrollo capitalista, se instauró a nivel global un modo de producir, de comercializar, de comer, de vivir (Brand y Wissen, 2017, p. 78).

El paradigma del bienestar capitalista desplazó a nivel global la diversidad de modos y aproximaciones a lo que las sociedades venían entendiendo como una buena vida, como un vivir bien. En Abya Yala particularmente este paradigma del bienestar arrasó con las diversas y variadas formas del buen vivir,^[2] que desde tiempos ancestrales venían cultivando, custodiando y transmitiendo las comunidades locales en el continente.

Bajo slogans vinculados al desarrollo económico y la transferencia de tecnología, grandes capitales acuerdan con los gobiernos locales llevar adelante actividades de producción intensiva. A cambio de promesas de inversión en infraestructura local e ingreso de divisas, los Estados locales realizan concesiones y otorgan beneficios fiscales y regulatorios a las empresas extranjeras que se instalan en su territorio (Mercand Rojas, 2016, p. 164). Ello facilita la obtención de mayores ingresos para las empresas, pero también para el Estado que encuentra soluciones a corto plazo para sus problemas de infraestructura, financiamiento social y en definitiva, para su legitimación pública (Escobar, 2010, p. 18). Se denomina desarrollo, bajo esta lógica, al aumento de la producción, la incorporación de tecnologías de punta y el establecimiento o mejora de infraestructura -sea de servicios como de transporte-.

El costo socio-ecológico a mediano y largo plazo de este ‘desarrollo’ no alcanza a ser considerado por los gobiernos cortoplacistas, que priorizan medidas de impacto electoral. El establecimiento de los latifundios requiere de grandes extensiones de tierra. Cuando no están disponibles, ello implica el corrimiento de las fronteras agrícolas -es decir el desplazamiento de los ecosistemas locales para volverlos productivos-, o el desplazamiento de otros establecimientos productivos locales que, si bien no producen al estilo del desarrollo, a menudo mantienen maneras más amigables con el entorno y las sociedad. La proliferación de este tipo de mecanismos ha conducido a una denominación común del fenómeno bajo el concepto de `acaparamiento de tierras’ o land grabbing (Cochrane, 2016).

El corrimiento de las fronteras conlleva el desmonte de los ecosistemas locales, que se lleva a cabo a menudo a por medio de quemas -grandes incendios con graves consecuencias ambientales-, y el desplazamiento -más o menos- forzado de las poblaciones locales. Los incendios erosionan la tierra, afectando el biotopo y en consecuencia las especies que allí habitan. Las poblaciones que habitan las tierras a acaparar, suelen ser familias campesinas que practican agricultura intensiva. A cambio de un sueldo a menudo interesante -por lo menos en un primer momento- los responsables de la familia llegan a aceptar ceder sus tierras o las tierras que arrendaban a cambio de convertirse en peones de los latifundios. Quienes no aceptan el trato se ven a menudo forzados a desplazarse, sea a causa de intimidaciones o de mecanismos de presión indirectos -como el cercamiento de las parcelas con monocultivos y agrotóxicos-. Algunos terminan yéndose, otros negociando, y otros quedándose. Entre quienes se quedan -negociando o no-, cuentan cada vez más casos de enfermedades vinculadas a la intoxicación por agroquímicos (Fogel, 2001).

El fenómeno implica no sólo la concentración del dominio sobre la tierra y los recursos, sino también la imposición de un modo determinado de producción basado en tres pilares: el monocultivo, la utilización de los denominados “paquetes tecnológicos”, que implican semillas transgénicas y los agroquímicos asociados a ellas (Ortega, 2010).

Los alcances de este fenómeno de concentración sobrepasa las fronteras estatales: aproximadamente cuatro corporaciones transnacionales controlan el mercado global de semillas y unas diez el mercado global de alimentos (FIAN, 2020).^[3]

Estos costos empiezan con el tiempo a entreverse. El sistema suele traer en un principio ciertos beneficios vinculados con la narrativa del desarrollo: algo de bienestar, infraestructura, sueldos estables, tecnología. Sin embargo, aunque parezca asegurar beneficios a corto plazo -que implican cierta ampliación y ejercicio de derechos, sobre todo sociales-, en el largo plazo las consecuencias del acaparamiento y la intoxicación socio-ecológica terminan mostrándose negativas.

La combinación de monocultivo con agrotóxicos desgasta rápidamente los suelos. Los químicos contaminan también el agua y el aire. La biodiversidad se ve afectada no sólo por la monocultura que implica que cada vez se cultivan menos especies -sólo las protegidas comercialmente que son las resistentes a los químicos- en perjuicio de la riqueza y variedad que venían custodiando las generaciones y pueblos desde antaño. También los agrotóxicos suelen afectar negativamente a la fauna local -sea directamente, por las fumigaciones como indirectamente por la contaminación de agua y aire-.^[4]

Cuando la tierra deja de rendir o las condiciones económicas tornan insostenible económicamente la producción, las empresas se retiran. De pronto queda la tierra devastada, los campesinos desempleados y sin recursos para producir por sí mismos, la infraestructura desmejorada -y sin mantenimiento en poco tiempo deteriorada- y la tecnología incorporada desactualizada. Los recursos fueron exportados, las ganancias también, dando lugar a un nuevo flujo de recursos sur-norte que recibe el nombre de neoextractivismo -en alusión al primero llevado a cabo en las colonias- (Svampa, 2019). Queda la tierra, pero también la cultura y la biodiversidad devastadas. El corrimiento barre todo el ecosistema local: humanos y no humanos se ven desplazados en la imposición del modelo del desarrollo.

La pedagogía extractivista de la ilustración colonial sigue siendo replicada en el discurso desarrollista de la producción, el consumo y la explotación de los recursos naturales, dando lugar así no sólo a un nuevo extractivismo sino también a una nueva colonización -o neocolonialismo (cf. Méndez, Bacon y Cohen, 2013, p. 15)- sustentado en los postulados del desarrollo, incluso con sus enmiendas sociales y ambientales. La imposición directa o indirecta de un único modelo - el del desarrollo -, despoja a las poblaciones locales de sus modos tradicionales de producir, comer y vivir. Con la monocultura se va perdiendo la diversidad de especies que se venían cultivando, pero también la diversidad de saberes que guiaban las prácticas de agricultura desde tiempos ancestrales (Hocsman, 2015).

3. Agroecología para la recuperación de la diversidad biológica y cultural

El concepto de agroecología.^[5] viene asociado a la gestión ecológica de los sistemas agroalimentarios. El prescindir de los suministros extranjeros contribuye tanto a la sustentabilidad ambiental como a la autonomía social respecto de las empresas transnacionales. Ello implica la recuperación de la sabiduría popular ligada a la tierra y la cultura y la limitación de los procesos de colonización sobre los recursos, sometidos estos al dominio local.

Bajo el término se vienen acogiendo sin embargo corrientes muy diversas que van desde la complementación del modelo occidental a través de prácticas tradicionales,^[6] hasta la profundización de una auténtica transición hacia modelos diversos enfocados en prácticas más ecológicas: más amigables con lo no humano y con los demás humanos (cf. Wezel et al. 2009). Estos enfoques más radicales del término - orientados a una transición socio-ecológica sistémica - advierten acerca de aplicaciones anodinas que procuran conciliarlo con el modelo vigente; puesto que de alguna manera terminan funcionando como enmienda de las fallas del mismo y de ese modo contribuyendo a sostenerlo.

La pretensión de abordaje ecológico-sistémico que atraviesa las acepciones más radicales, conlleva un enfoque de complejidad que acarrea metodológicamente hacia la transdisciplinariedad. La orientación del término a la acción le exige una articulación entre investigación con prácticas participativas (Méndez, Bacon y Cohen, 2013, p. 10), abarcando diversos ámbitos que exceden el de la producción (Minkler y Wallerstein, 2008). Bajo este enfoque el término conjuga conocimientos basados en la experiencia empírica, saberes locales y prácticas campesinas (Aeberhard y Rist 2009). Contribuye de este modo a la interculturalidad a partir del intercambio colaborativo, bajo condiciones de respeto mutuo, entre culturas y sistemas de conocimiento (Méndez, Bacon y Cohen, 2013, p. 12–13).

El reconocimiento y favorecimiento de la diversidad socio-ecológica existente constituye un eje clave de cualquier enfoque agroecológico de transición. Implica en este sentido un desafío para los abordajes académicos de la actividad agrícola vinculados a las prácticas hegemónicas de producción, comercialización y consumo (cf. Cuéllar-Padilla y Calle-Collado 2011).

La promoción de la diversidad refiere no sólo a las especies y saberes, sino también a la integración de los sectores involucrados en los procesos que conforman el sistema agroalimentario. Esta promoción implica por eso el establecimiento de mecanismos de participación activa y efectiva de sectores tradicionalmente relegados por el modelo de la hegemonía, como trabajadores agrícolas, pequeños agricultores, comunidades indígenas, mujeres campesinas (cf. Kremen et al. 2012).

A nivel de comercialización el enfoque de transición socio-ecológica viene apuntando a la relocalización de los sistemas de abastecimiento. Ello significa la recuperación de mercados de cercanía, ferias de agricultores, sistemas de apoyo comunitario, cooperativas y producción de subsistencia (Iles y Marsh 2013).

Por su proyección de sostenibilidad a largo plazo, los enfoques de transición se muestran amigables tanto social como ambientalmente con las generaciones futuras (cf. Fox 2005).

Como enfoque de transición y por implicar una revisión del modelo de socialidad vigente, la agroecología conlleva una fuerte connotación política. El enfoque ecológico que la atraviesa procura articular con mecanismos no sólo ambientalmente, sino también socialmente sostenibles. En este sentido posee una dimensión de justicia eco-social, que convierte a la política agroalimentaria en plataforma de debate sobre el modelo de socialidad.

4. Perspectivas

La explotación de humanos no humanos -reducidos a recursos sea humanos o naturales- constituye el principal sostén del 'modo de vida imperial' (Brand y Wissen, 2017, p. 9) del norte global (ref). Aunque con nuevos y refinados mecanismos, este 'neoextractivismo'^[7] (Portillo Riascos, 2014, p.17.) reproduce la dinámica jerárquica y dominial que los procesos coloniales de antaño, formando parte por eso de lo que se viene denominando como nueva colonización o 'neocolonialismo'. Esta lógica colonial y extractivista -expandida y naturalizada a nivel global por el derecho internacional (Rajagopal, 2010, p. 69)-, funciona como marco de garantía de la hegemonía del norte global (cf. Goodman et al., 2011).^[8]

Las vinculaciones de las graves crisis socio-ecológicas vigentes con la falta de acceso a bienes fundamentales -como el agua, los alimentos, los medicamentos o un medio ambiente saludable- señalan la impostergabilidad de un replanteo del modelo de gestión global de tales bienes. La lógica de acceso que subyace al derecho humano a la alimentación colisiona con la lógica de exclusión que rige el sistema dominial del comercio internacional.

Por su lógica participativa, local y ecológica, la agroecología tiene potencial para responder a estas urgencias. La prosperidad de tal potencial amerita sin embargo la gestación de un contexto propicio. Requiere del fortalecimiento de las iniciativas locales, la promoción de la diversidad ecosistémica, la sinergia de acompañamiento de prácticas ecológicas.

En esta línea cuentan tanto las políticas públicas como las iniciativas ciudadanas de promoción de espacios comunitarios de producción de alimentos, los mercados populares y de la economía social y solidaria, las iniciativas de cooperación en la producción y los modelos de garantía comunitaria de los riesgos de la misma.

A nivel macro, es fundamental el ordenamiento territorial orientado a garantizar suficientes tierras para la producción local de los alimentos. La planificación de cordones verdes alrededor de cada ciudad es uno de los principales ejes en este sentido.^[9] Vinculado a la tierra, otro factor macro a revisar tiene que ver con el acceso a la misma. La garantía de acceso tiene que ver con un replanteo del modelo de concentración de la tierra y la gestación de mecanismos de redistribución.

Decisivo para una implementación seria y a largo plazo de cualquier modelo agroecológico es su abordaje desde enfoques complejos y holísticos, abiertos a las dinámicas participativas y plurales que implican la multiplicidad de saberes y la biodiversidad. En este sentido no alcanza con fomentar huertas, repartir semillas o imprimir folletos sobre el consumo de alimentos locales. Por su dinámica participativa y desde abajo, la promoción de la agroecología implica también un replanteo del modelo verticalista, jerárquico y absolutista del Estado moderno. Exige en cambio políticas flexibles, abiertas y dinámicas, que hagan lugar a la diversidad, que se adecúen a los contextos socio-ecológicos, a la riqueza que habita cada lugar.

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Notas

Notas de autor