Artículos de reflexión

Reconocimiento de derechos indígenas: construcción de una nueva geopolítica de la diversidad para y desde América Latina

Recognition of Indigenous Rights: Construction of a New Geopolitics of Diversity for and From Latin America¹

Dávila Cruz, Carlos Alberto

Carlos Alberto Dávila Cruz

cadavilac@umanizales.edu.co

Centro de Estudios en Conocimiento y Cultura en América Latina-CECCAL, Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, Universidad de Manizales Colombia

Revista de Investigaciones de la Universidad Católica de Manizales

Universidad Católica de Manizales, Colombia

ISSN: 2539-5122

ISSN-e: 0121-067X

Periodicidad: Semestral

vol. 16, núm. 28, 2016

revistaeducacion@ucm.edu.co

Recepción: 31/07/2016

Aprobación: 30/08/2016

URL: http://portal.amelica.org/ameli/journal/498/49839934983993012/

Modelo de publicación sin fines de lucro para conservar la naturaleza académica y abierta de la comunicación científica

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Resumen: El propósito de la investigación que respalda esta reflexión es plantear la necesidad de construir una geopolítica de la diversidad a partir del reconocimiento de los derechos étnicos, vulnerados por los poderes hegemónicos desde la época de la Conquista de América, bajo la imposición de modelos coloniales que han actuado como fuentes del proceso de modernidad europea, transformando la realidad de los pueblos originarios que habitaban el territorio denominado por el imperio español como el Nuevo mundo. Lo anterior se intentará analizar desde la teoría decolonial, la cual nos permite realizar un análisis sociopolítico de los siglo XVI, XVII y XVIII, mostrando las relaciones de poder que se fundamentaron en el continente latinoamericano hasta la consolidación del Estado en los siglos XIX y XX. La metodología que se propone es la fenomenología-hermenéutica o también conocida como la fenomenología ontológica, con la intención de revelar los fenómenos ocultos (tensiones) y sus significados entre el campo jurídico-territorial indígena y el campo jurídico-territorial estatal.

Palabras clave: derechos constitucionales, diversidad, geopolítica, pueblos indígenas, territorio, territorialidad.

Abstract: The purpose of the research that supports this reflection is to propose the need to build a geopolitics of diversity based on the recognition of ethnic rights. Such violated rights by hegemonic powers since the time of the Conquest of America under the imposition of colonial models have acted as sources of the process of European modernity, transforming the reality of the original peoples who inhabited the territory called by the Spanish Empire as the New World. The above will be analysed from the decolonial theory, which allows us to carry out a socio-political analysis of the sixteenth, seventeenth and eighteenth century, showing the power relations that were based on the Latin American continent until the consolidation of the State in the nineteenth and twentieth centuries . The methodology proposed is phenomenology-hermeneutic or also known as ontological phenomenology, with the intention of revealing hidden phenomena (tensions) and their meanings between the Indigenous legal-territorial field and the State legal-territorial field.

Keywords: constitutional rights, diversity, geopolitics, indigenous peoples, territory, territoriality.

Introducción

Sin lugar a duda, el reconocimiento de derechos constitucionales a los pueblos indígenas en Latinoamérica ha provocado una serie de cuestionamientos frente a la relación de estos y los Estados nacionales. El reconocer la existencia de “otros mundos”, “otras culturas” dentro de los Estados, ha sido sinónimo de procesos intensos provocadores de fracturas y a la recomposición de las fronteras culturales, entendiendo estas como límites impuestos por la sociedad dominante o hegemónica desde varios aspectos políticos, sociales, económicos, religiosos y territoriales para mantener a los pueblos indígenas en sus antiguas zonas de fragmentación, logrando que nuestras culturas originarias se mantengan aisladas y refugiadas en su propio mundo, con el fin de no desaparecer como elemento cultural de nuestro continente a causa de los fenómenos sociales de nuestra época, como la pobreza, la guerra, gobiernos autoritarios, el neoliberalismo, además de persecuciones más directas, como es el caso del racismo extremo producto del desprecio por nuestra historia y costumbres.

No cabe duda que las luchas de los pueblos indígenas por el reconocimiento de sus derechos ha puesto a los Estados latinoamericanos en una posición diferente en el mundo, instaurando una estructura geopolítica “Otra”, que denominaremos en este artículo como “geopolítica de la diversidad”, colocando en serios aprietos a la hegemonía que se impone desde el Estado moderno como herencia de la estructura imperial que se instauró desde la Conquista en el siglo XVI y que se ha mantenido aún con la independencia, desde otras lógicas de gobierno, cuestionando lógicamente la coexistencia de múltiples cosmovisiones, lo que ha creado tensiones y conflictos dentro de los Estados-nación latinoamericanos.

A partir del reconocimiento de la diversidad cultural en diferentes países del mundo, se ha demostrado que los 184 Estados independientes existentes contienen dentro de sus fronteras 5000 grupos étnicos y 600 grupos lingüísticos (Bonilla, 2006, p. 20). De esta manera, el reconocimiento de derechos a los pueblos indígenas por medio de las Constituciones Políticas confronta las realidades políticas, territoriales, sociales y económicas de los Estados modernos, generando una serie de interrogantes frente a temas relacionados con los derechos reconocidos, como es el caso de la lengua, la autodeterminación, la autonomía territorial, las jurisdicciones especiales, el reconocimiento de la existencia de su sistema jurídico, entre otros.

Por lo tanto, se convierte en un reto para el Estado-nación crear respuestas viables y sostenibles de acuerdo con las realidades expresadas por la “geopolítica de la diversidad cultural” de sus sociedades. Con respecto a lo anterior, el Estado colombiano es un buen paradigma para el estudio de este fenómeno socio-político, pues si bien Colombia hace parte de los países que han reconocido la existencia de la diversidad cultural, la presencia de los grupos indígenas ha partido de la exclusión. Es evidente que el reconocimiento de derechos por parte de la Constitución Política de 1991, ha traído para los pueblos originarios, nuevas bases para sus luchas, quedando claro que en muchas ocasiones, las exigencias de las comunidades étnicas no han sido acatadas por las autoridades de los diferentes niveles (nacionales y locales) del Estado-nación.

Si bien Colombia en los últimos 25 años ha desarrollado un referente constitucional que puede ser tomado como progresista si lo comparamos con otros países del continente, se ha quedado atomizado en aspectos que hoy resultan importantes en la transformación del Estado-nación colombiano no como un simple aspecto interno, sino como construcción del mismo en el orden global. La Constitución Política de 1991 desarrolla una serie de derechos que según Bonilla (2006) se pueden clasificar en tres categorías:

Los primeros son aquellos que proponen el autogobierno de las minorías como es el caso de la jurisdicción especial indígena, la autonomía territorial y política; los segundos son aquellos que intentan promover la participación política de las minorías, tales como los derechos electorales especiales enmarcados en la participación indígena en el Senado y en la Cámara de Representantes; y los terceros son aquellos que proponen proteger la expresión, defensa y reproducción del patrimonio cultural como es el caso de los derechos lingüísticos y educativos. (p. 29)

Podemos decir entonces, que el reconocimiento de estas tres categorías ha traído para los pueblos indígenas factores positivos en su desarrollo como comunidades originarias. Si observamos la segunda categoría de derechos, se nota que es la más evolucionada, entendiendo que es la más fácil de materializar en la realidad democrática del Estado colombiano, pero la primera y la tercera, las cuales hacen referencia a lo territorial y a la igualdad en cuanto educación, así como al respeto y protección de la cultura, han resultado ajenas en los procesos del Estado-nación, excluidas por la posición hegemónica del poder estatal, constituyéndose en polos de tensión entre el Estado-nación como estructura del orden moderno aceptado por la sociedad y lo que a partir de este ensayo denominaremos como “territorios indígenas”.

Por lo tanto, estudiaremos la tensión constitucional a partir de la diversidad cultural desde la primera categoría constitucional de derechos constitucionales otorgados a los pueblos indígenas colombianos, denominada como autogobierno, que abarca la jurisdicción especial indígena y la autonomía territorial, permitiendo con esto interpretar desde los estudios territoriales las tensiones provocadas a raíz del cuestionamiento a lo que el Estado-nación ha denominado como: “unidad cultural”, entendiendo que el reconocimiento de derechos crea campos, los cuales están atravesados por fuerzas, por sujetos que poseen voluntad y poder, que se estructuran en universos específicos, como lo menciona Dussel (2006), “no son un simple agregado de individuos, sino sujetos intersubjetivos, relacionados ya desde siempre en estructuras de poder o instituciones de mayor o menor permanencia. Cada sujeto, como actor es un agente que define la relación con los otros” (p. 17).

La Constitución Política de 1991 introdujo una nueva institucionalidad, por lo cual se impulsaron cambios, como fue la introducción de la jurisdicción especial indígena, que a nuestro entender, tiene una importante dimensión territorial que no está del todo estudiada por los análisis territoriales o por disciplinas que puedan aportar una visión más allá de la idea jurídica de jurisdicción.

El problema de investigación que se desarrolla en este texto hace parte de la tesis doctoral, la cual busca indagar sobre la emergencia de nuevas territorialidades en las comunidades indígenas y en el Estado-nación colombiano, a partir de las tensiones provocadas por el reconocimiento de la jurisdicción especial indígena y su implantación dentro del ordenamiento jurídico ordinario que rige para el territorio nacional, en relación con la estructura jurídico-política y de administración de justicia.

Perspectiva de un orden geopolítico

Los cambios en el escenario internacional se han caracterizado por la rapidez con que actúan, generando consigo el declive de grandes imperios y el nacimiento de otras estructuras imperiales que se instauran como modelos hegemónicos culturales, económicos y políticos en su afán de dominar los nuevos territorios. Como lo menciona Méndez (2011):

Hace aproximadamente un siglo, en un período marcado también por cambios rápidos en el escenario internacional, cuando se asistía al declive de grandes imperios (británico, otomano, austro-húngaro) se presencia el nacimiento de potencias emergentes (Estados Unidos, Japón y Alemania), así como la generación de nuevos Estados, al tiempo de profundas transformaciones tecnológicas y económicas identificadas por la segunda revolución industrial se acompañaban de convulsiones sociales y políticas no menos intensas (explosión de nacionalismos, revolución bolchevique, fascismos) que desembocaron en grandes guerras tuvo lugar el nacimiento y consolidación de la geografía política. (p. 13)

El nacimiento de la geografía política le permitió al mundo comprender las nuevas relaciones de poder que se enmarcaban desde un ámbito global, involucrando de esta manera, no solo la expansión del modelo económico circunscrito al capitalismo, sino la percepción de la necesidad de entender dichos cambios como una interrelación entre el territorio y lo político, donde el Estado y la consolidación del mismo se situaba en el centro de la discusión, y así, el poder empieza a colocarse en las diferentes escalas del territorio mediante el uso de argumentos que se originan en la geografía de los actores que ejercen el poder sobre las mismas.

De esta manera, la geopolítica entendida como el “estudio de la relación que existe entre la política internacional de poder y las correspondientes características de la geografía” (Méndez, 2011, p. 15), muestra la existencia de tensiones que se materializan en el territorio a partir de la existencia de relaciones de poder que buscan imponer el dominio sobre los espacios sociales existentes.

Para expertos como Méndez (2011), la geopolítica como ciencia se inicia después de la Segunda Guerra Mundial, puesto que las potencias aliadas se organizaron con el fin de instaurar un nuevo orden mundial, al alcanzar la derrota de Alemania y Japón el 14 de agosto de 1945. La Segunda Guerra Mundial no solo consolidó el poder bélico de Europa y Norte América, sino que se perfilaron los nuevos rumbos de la economía capitalista, puesto que surgieron dos organizaciones encargadas de colocar el nuevo espacio global económico en circulación, así el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial emergen en febrero de 1945 con los “acuerdos en Yalta” (Méndez, 2011, p. 23), en los cuales definieron el mapa geopolítico de la posguerra, dividiendo el mundo en desarrollados y sub-desarrollados.

Finalmente la Carta de San Francisco, firmada por los 50 Estados en junio de ese mismo año, sentó los fundamentos de la Organización de las Naciones Unidas, constituida en situación de la Sociedad de Naciones para intentar regular las relaciones entre los Estados, defender la paz y la seguridad mundiales, así como promover la defensa de los derechos humanos. (Méndez, 2011, p. 23)

De esta manera, el mundo se convierte en un gran territorio multipolar, donde América Latina se inserta como el último botín después de la postguerra europea, es decir, la bipolaridad impuesta por la potencias de momento, Rusia y Estados Unidos de Norte América, colocan en la mitad de sus intereses a los nuevos Estados independientes, proponiéndoles una forma de dominación diferente, pero con consecuencias similares para los pueblos originarios de América.

América Latina entra a la geopolítica mundial como una especie de territorio que se debe reconquistar. El declive de las potencias europeas, dado el enfrentamiento oeste-este, preserva el Eurocentrismo mantenido desde el siglo XVI y resalta el Nortecentrismo reclamado por el Estado Norteamericano, es decir, la occidentalidad sobre el continente latinoamericano se confirma con la bipolaridad de occidente, que se instituye con los hechos que se enmarcan con la Guerra Fría, hechos que se consolidan como útiles en la interpretación del mundo, puesto que es desde dichos espacios que se consolidan dos sistemas de valores con pretensiones universalistas que condujeron la historia de los nuevos Estados latinoamericanos en la lógica de la “megahistoria” contada desde Europa y Norte América.

La idea de una geopolítica con América Latina

Para plantear una geopolítica con América Latina, iniciaremos en la idea que nos presenta Mignolo (2007) sobre la existencia de una “herida colonial y la opción decolonial”, con el fin de comprender la ontología de las divisiones continentales que han excluido a América Latina de la historia del mundo. Como observamos en el aparte anterior, la geopolítica vista como división territorial del mundo da su inicio con la Segunda Guerra Mundial, que desde este momento denominaremos “Segunda Guerra Europea”, para entablar un diálogo entre los debates frente a lo que se ha denominado como las “geografías de la dominación” que se instauraron desde la idea de América Latina.

Como bien lo describe Mignolo (2007), América no aparecía en los mapas hasta la llegada de Cristóbal Colón en el año de 1492, los valles de Anáhuac (territorio azteca) y Tawantinsuyu (territorio Inca) no eran conocidos por los navegantes españoles y portugueses que decidieron embarcarse a conquistar nuevos territorios. La llegada a dichos territorios desconocidos geográficamente por lo europeos, les permite no solo generar todo su accionar en la Conquista del territorio, sino reinventar y bautizar el continente, lo desconocido pasó a ser inexistente. Así, la palabra de los Conquistadores inventó a la América que hoy conocemos. A raíz de esto, Mignolo (2007) diría

el territorio existía y los pobladores también, por supuesto, pero ellos daban su propio nombre al lugar donde vivían: Tawantinsuyu a la región Andina, Anáhuac a lo que en la actualidad es el valle de México y Abya-Yala a la región que hoy ocupa Panamá. (p. 28)

Lo confuso del asunto, reclama Mignolo (2007), es que una vez el “continente recibió el nombre de América en el siglo XVI” (p.28), las instituciones políticas, sociales y económicas fueron borradas en el transcurso de la historia hasta nuestros días.

De esta manera, América más que una Conquista, fue la “invención forjada” (Mignolo, 2007, p. 28) de los españoles y portugueses que impusieron bajo el calor de la violencia, la nueva historia que empezaría desde el régimen colonial con la expansión de las ideas e instituciones occidentales. Así como después de la Segunda Guerra Europea, los relatos de la Conquista fueron expuestos por las potencias imperiales de la época, España asumiría la batuta para contar una invención que después sería asumida por la conciencia criolla del mundo de habla hispana y portuguesa. Frente a lo anterior, Mignolo (2007) destaca: “mirando al continente desde su propia historia fragmentada. América y luego América Latina y América Sajona son conceptos creados por europeos y criollos de ascendencia europea. Los indios y los criollos descendientes de africanos no fueron invitados al diálogo” (p. 29).

Si hablamos de la Conquista de América como descubrimiento o como invención, no es solamente un juego de palabras o de interpretaciones de la historia del continente, sino que tiene implicaciones paradigmaciones paradigmopca sconocidos retaciones de la historia del continente, sino que tienen implicaciones paradigmopca sconocidos áticas que, según Mignolo (2007), corresponden a la transformación en la geopolítica del conocimiento, es decir, “no se trata solamente de una diferencia terminológica sino también del contenido del discurso” (p. 29). Cuando hablamos del descubrimiento de América Latina, se enmarca dentro de la perspectiva imperialista, en la cual coloca a España en el caso nuestro, en la esfera del triunfo, es quizás la representación de la llegada de la modernidad como discurso liberador y emancipador del “estado de naturaleza” como fueron catalogados los pueblos originarios, en otras palabras, es la historia del progreso, del desarrollo a la pertenencia a la cultura de la civilidad.

Con lo anterior, se empezaba a construir una forma de vida para la América Latina que implicaba no solo la apropiación del territorio geográfico, sino la colonización del ser, la cual consiste en “generar la idea que ciertos pueblos no forman parte de la historia, de que no son seres humanos”(Mignolo, 2007, p. 30). Así, nuestros pueblos originarios fueron enterrados tras la narrativa europea del descubrimiento, la cual se imponía en este como una nueva experiencia que sepultaría los relatos conceptuales de los indígenas al ser considerados como no humanos.

Los relatos silenciados de indios y africanos entre los siglos XVI y XVII se instaurarían como los condenados de la tierra, categoría expuesta por Frantz Fanon (2011). Entonces, los hombres del imperio español cargados de desarrollo aparecerían como el opresor que en su “zona hace existir el movimiento, movimiento de dominio, de explotación, de pillaje” (p. 44), mientras tanto, la zona colonizada, dominada por ese movimiento, se alimenta de la herida colonial que va “sin cesar desde las márgenes del territorio a los palacios y los muelles de la metrópoli” (p. 44). De allí es que Fanon ve al indígena como un ser acorralado, que se mantiene hasta nuestros días en un apartheid, y este, según la definición del autor, es una “modalidad de la división de compartimentos del mundo colonial” (p. 45).

El indígena como “condenado de la tierra” aprende a ponerse en su “lugar”, a no “pasarse de sus límites. Por eso sus sueños son sueños musculares, sueños de acción, sueños agresivos” (Fanon, 2011, p. 45). Los misioneros, los encomenderos y los letrados se arrojaron a escribir la historia de la modernidad de América Latina, que al contrario de la europea, no fue escrita para la emancipación, sino para la regulación.

La configuración geopolítica desde la modernidad sería de esta manera instrumentalizada con un único fin que era la medición de la naturaleza de los seres humanos, con “base en la historia que los cristianos occidentales consideraban como única idea verdadera y aplicable a todos los habitantes del planeta” (Mignolo, 2007, p. 30). La modernidad entonces, se podría considerar como una matriz de instituciones que materializaron y estructuraron la vida de lo que sería denominado como América; el “nuevo continente” sería el receptor del poder colonial que justificaría la violencia del mismo en nombre de Dios y la civilización, así la evangelización y la civilización se convertirían en la estrategias de la geopolítica de los siglos XVI y XVII.2

La modernidad entonces, fue construida como metarrelato del desarrollo y el progreso de América Latina, puesto que fue entendida y enseñada como la “dirección de la historia”, cuyo modelo y objetivo era Europa. Solo hasta los años 80, el sociólogo peruano Aníbal Quijano mostraría para el mundo la necesidad de contar el relato escondido de la modernidad, por lo menos la modernidad que se había vivido desde la Conquista de América y que representaba toda una trayectoria histórica, económica y política del continente; de esta manera, el autor traería la colonialidad en tanto “lado oscuro de la modernidad”. Para Quijano (2014) la colonialidad “es uno de los elementos constitutivos y específicos del patrón mundial del poder capitalista” (p. 67), puesto que se funda en la “imposición de una clasificación racial étnica de la población del mundo como piedra angular de dicho patrón de poder y opera en dimensiones materiales y subjetivas de la existencia cotidiana” (p. 67).

Es de anotar que la colonialidad es un concepto diferenciado del concepto de colonialismo, aunque están estrechamente vinculados. Para Quijano (2014), el colonialismo se refiere estrictamente “a una estructura de dominación/explotación, donde el control de autoridad política, de los recursos de producción y del trabajo de una población determinada lo detenta otra de diferente identidad y cuyas sedes centrales están además, en otra jurisdicción territorial” (p. 67). Frente a la colonialidad se puede pensar que fue engendrada dentro del colonialismo, logrando con esto apropiarse de la subjetividad de los sujetos colonizados.

Por lo tanto, modernidad/colonialidad se constituyen en dos caras de la misma moneda, donde la colonialidad consiste en “develar la lógica encubierta que impone el control, la dominación y la explotación, una lógica oculta tras el discurso de la salvación, el progreso, la modernización y el bien común” (Mignolo, 2007, p. 32). La transformación geopolítica que vive el mundo occidental con el descubrimiento de América le transfiere una nueva gramática moral. Para Mèlich (2014), dicha lógica constituye un marco moral que tiene correspondencia con el ser persona, si es ciudadano, si es hombre, si es blanco, entonces “la moral es una poderosa gramática, es una lógica compuesta de signos, categorías, principios, ritos, hábitos, valores... que fabrica, ordena y organiza el mundo” (p. 55), en otras palabras, la invención de América se caracterizó porque nos construye, además de decirnos cómo debíamos comportarnos, como si la intensión hubiera sido mantenernos bajo la incertidumbre de qué y quiénes somos.

El imperio español configuró la nueva geopolítica desde la identidad de los pobladores de la América, lo nuevo no solo significó el nombre de un territorio, lo nuevo fue la imposición de los “Otros” como nuestra identidad, en palabras de Mignolo (2007): “la noción de mundo impuesta por el imperio español se fundó en la teología y la egología, que oculta sus cimientos geopolíticos, como una forma de ocultar las geopolíticas que se adentran en las historias de las fronteras” (p. 34).

Estado-nación y jurisdicción especial indígena: confrontación de territorialidades

Con el proceso de mundialización y la creciente interdependencia de las sociedades contemporáneas, las potencias que dominan las relaciones económicas y políticas en el mundo llegaron a suponer que el modelo de la democracia liberal se había convertido en el único régimen político legítimo, la caída del muro de Berlín y por ende, la desaparición de los sistemas socialistas materializaban dicha afirmación. Como lo afirmaba Fukuyama, se constituiría el punto final de la ideología de la humanidad, “el fin de la historia”.

Pero otra cosa empezaría a mostrar el mundo. Lejos de progresar el modelo liberal como única ecuación del mundo, en diferentes partes de este se instalaban procesos de fragmentación que se representarían por medio de las guerras culturales y el choque de civilizaciones; antes de avanzar hacia la homogenización de las formas de organización política, social, económica, territorial y jurídica, el proceso mundo reflejaba una serie de acontecimientos que colocarían a los científicos sociales a cuestionar lo que hoy conocemos como Estado-nación; contrario a lo pretendido por la modernidad, es en él donde se ven enfrentados todo un conjunto de nuevos fundamentos que llevan a reconfigurar toda clase de organización surgida desde occidente.

El Estado aparece como forma de organización política, lo cual marcó la entrada de los países al proceso de modernidad, como lo indicó Chevallier (2011, p. 17), “esta modernidad se caracteriza por la conjugación de una serie de elementos, técnicos, científicos, económicos, políticos, que se traducen en un proceso de racionalización”, que se puede entender como una forma de organización social, imponiendo una nueva visión de mundo, de hombre y de valores, constituyéndose en polos esenciales de la humanidad.

Así, el Estado se convierte en emblema de la modernidad, las exigencias de la vida internacional contribuyeron en que a partir de la paz de Wesfalia en el siglo XVII, la adopción de la forma estatal que se caracteriza por ser un instrumento de organización de las sociedades que para la época, reclamaban la presencia de un ente superior que lograra agrupar en torno a su poder a individuos y colectividades.

La especificidad del modelo estatal europeo no se hace esperar, fueron cinco los elementos que el modelo eurocentrista propuso no solo como forma de Estado, sino como forma de dominación del mundo. El primer elemento tiene que ver con la existencia de un grupo humano, la nación implantada dentro de un territorio, rompiendo con el contexto del momento de diversidad que ha existido en el mundo, la nación se convierte en el centro de la relación entre individuo y Estado, como lo menciona Chevallier (2011, p. 36) “apoyándose en la nación, el Estado es la expresión de la potestad colectiva; es la forma superior de la nación, la proyección institucional que le confiere permanencia, organización y poder”.

El segundo elemento hace relación a la creación del Estado como una figura abstracta y como fuente de la identidad social y de autoridad, “el Estado constituye así la referencia suprema, indispensable para poder garantizar la permanencia y la continuidad de los valores, convirtiéndose en el soporte permanente del poder, detrás del cual se eclipsan los gobernantes para decir en su nombre” (Chevallier, 2011, p. 36).

El tercer elemento se refiere a la percepción de la sociedad sobre el Estado, el cual es visto como fundamento del orden y de la cohesión social, según Chevallier (2011), “mientras la sociedad civil recubre las actividades privadas, el Estado está encargado del interés general” (p. 36), lo cual lo hace ver como principio de integración y de unificación de la sociedad.

El cuarto elemento es el monopolio de la fuerza, aquí el Estado aparece como única fuente de coacción y coerción dentro de los límites territoriales, “el poder de la coacción se traduce en un doble poder: el poder de la coerción jurídica y el de utilizar la fuerza material” (Chevallier, 2011, p. 37). Si bien el autor citado nos menciona un doble poder, la estructura de la gubernamentalidad, entendida como “la tendencia, la línea de fuerza que, en todo occidente, no dejó de conducir y desde hace mucho, hacía la preeminencia del tipo de poder que podemos llamar gobierno” (Foucault, 2006, p. 136), en otras palabras, la estructura de justicia de la Edad Media convertida en Estado administrativo, aumentó su poder al orden territorial con la intensión de crear orden y dominio en el territorio, como poder de dominación del individuo, manteniéndolo dentro de la esfera del poder social, político y económico.

El quinto elemento se relaciona con la conformación de un aparato estructurado que se encarga de materializar los poderes anteriormente mencionados, lo cual recrea a escala real su forma de dominación, “el Estado se presenta así bajo el aspecto de una máquina, animada por agentes encargados de servirle y compuesta de engranajes que se articulan y se ajustan de manera coherente” (Chevallier, 2011, p. 37).

Con lo anterior se revive lo que Foucault (2006) denominaría como una fascinación por el Estado, colocándolo como el amor y el horror que tienen los sujetos por el mismo, en esencia diría:

Encontramos una sobrevaloración del problema del Estado en dos formas. En una forma inmediata, afectiva y trágica: es el lirismo del monstruo frío frente a nosotros y la otra es la forma paradójica, que sería una forma reduccionista, pues es convertir al Estado a una serie de funciones (p. 136).

De allí que para Foucault se deba romper la estructura mitificada del Estado impuesta tras su abstracción, lo importante para este filósofo no es la “estatización de la sociedad”, sino más bien lo que llamaría “gubernamentalización del Estado” (Foucault, 2006, p. 137), que representa un fenómeno de juego del poder, donde “la gubernamentalidad y las técnicas de gobierno se convirtieron en la única apuesta política y el único espacio real de lucha por las justas políticas” (p. 137). Lo anterior se puede entender desde la lógica de Foucault como la única forma de supervivencia del Estado, a través de un poder que se llama gobierno, es decir, el Estado en nuestra actualidad corresponde a las prácticas y tácticas generales de la gubernamentalidad.

A raíz de lo expuesto, el Estado colombiano como la mayoría de los países latinoamericanos entre finales del siglo XX y principios del XXI, ha provocado un sinnúmero de reformas constitucionales e institucionales, dando paso al reconocimiento de ciertos derechos diferenciados, permitiendo la declaración dentro de sus Constituciones de identidades culturales y derechos especiales, los cuales se han presentado como una forma de legitimar los procesos democráticos de dichos países.3

En el caso del Estado colombiano, una de sus mayores transformaciones fue el reconocimiento de la población indígena en el marco constitucional, mediante una serie de artículos que reconfiguraron la relación del Estado colombiano con las poblaciones indígenas. Dichas relaciones no solo parten del reconocimiento de la propiedad comunal o colectiva de la tierra y la existencia legal de la comunidad, sino de derechos como territorio, autonomía, jurisdicción, administración de justicia y la creación del derecho propio, lo que ha generado una serie de cuestionamientos de las instituciones del Estado moderno, así como su papel en la construcción del orden jurídico, producto de su hegemonía heredada de la modernidad.

La visión como actores políticos de los pueblos indígenas, llevó a la Constitución Política de 1991 a reconocer mediante su artículo 246, la “jurisdicción especial indígena”, provocando junto a otros factores constitucionales, un contexto novedoso para el ámbito territorial nacional e internacional. En el primero podemos observar el reconocimiento de la diversidad cultural, las políticas neoliberales y la descentralización administrativa; y en el segundo, la protección de los derechos humanos por parte de Cortes Internacionales, así como de tratados internacionales ratificados por el Estado, ejemplo de ello es el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo [OIT]. Así, el aspecto de novedad constitucional no solo estaría a cargo del reconocimiento que se le otorgó a la diversidad cultural o a la misma jurisdicción especial indígena, sino en la forma en que estos derechos han servido como procesos en la creciente politización de las categorías étnicas reconocidas por la Constitución Política de 1991.⁴

Según Giraudo (2007), estas nuevas conquistas constitucionales por parte de la población indígena, representan la aparición de lo que ella denomina como neoindigenismo: “una nueva política hacia la población indígena que incluye el reconocimiento y la aceptación de derechos indígenas, así como las políticas neoliberales y de descentralización” (p. 23).

De esta manera, el neoindigenismo reconoce la existencia jurídica de una territorialidad indígena asociada con derechos específicos o especiales, como es el caso de la jurisdicción indígena. Esto ocurre en un contexto especial donde no solo se presentan dichos reconocimientos a las minorías étnicas, sino la adopción de políticas neoliberales que influyen de manera directa en las estructuras del Estado-nación, lo que ha generado que este tienda a descentrarse de las políticas sociales, sobre todo en las zonas rurales, produciendo nuevos agentes que van suplantado el orden administrativo y territorial del Estado.⁵

Territorialidades superpuestas, construcción de una nueva geopolítica de la diversidad

Como lo mencionamos, el reconocimiento de la primera categoría de derechos que propone el autogobierno de las minorías, como es el caso de la jurisdicción especial indígena, la autonomía territorial y política han provocado una serie de confrontaciones que deben ser leídas a partir de los estudios territoriales, puesto que desde la constitucionalización de dichos derechos, podemos observar una serie de territorialidades superpuestas que pueden generar la construcción de una nueva geopolítica frente y desde los Estado-nación latinoamericanos.

Para tener una mayor claridad frente a la idea anterior, debemos comprender que la territorialidad es un “valor o sistema de valores que los actores sociales conceden a un determinado territorio o a un sentido de pertenencia territorial” (Monnet, 2013, p. 143), esto implica que el territorio del Estado-nación como concepto único y uniforme sea cuestionado por los actores que reclaman que se les sea respetada su territorialidad, puesto que dicho valor otorgado al territorio está basado en la subjetividad humana, lo que constituye ver al territorio como un sistema socio-territorial que “obliga a tomar ciertas distancias al respecto de la visión habitual, que define al territorio como una superficie” (Monnet, 2013, p. 145).

Usualmente, el concepto del territorio bajo la influencia de la modernidad era limitado y se caracterizaba por sus dos dimensiones tradicionales, territorio y mapa se confabulaban en las más truculentas formas de poder, con el fin de imponer el dominio y el imperio. De esta manera, el mapa se consideraba como “la representación por excelencia del territorio” (Monnet, 2013, p. 145), dejando atrás la vida fundante del territorio. La constitucionalización de un derecho, como es el caso de la jurisdicción especial indígena, da paso a que pensemos que esta no es solo la competencia que tiene una comunidad indígena de juzgar a un individuo indígena dentro de su territorio, sino que por el contrario, ese territorio adquiere una nuevas significaciones que confrontan la estructura territorial del Estado-nación, puesto que el territorio se “convierte entonces en un fragmento de la nación, ya no como unidad nacional, ya que ahora se lo considera como local y múltiple” (Monnet, 2013, p. 141).

Es por eso que a partir de los años 90, época en la cual las Constituciones latinoamericanas empiezan a hablar de los “Estados multiculturales”, el debate sobre los movimientos “socio-territoriales” y los “tipos de territorios” adquieren una mayor relevancia. La llegada de la globalización con el sistema neoliberal, convierte a los territorios y a los movimientos socio-territoriales en fuentes de contrahegemonía del poder estatal. Podríamos decir que el punto de partida para entender que la jurisdicción indígena es una construcción de territorialidad, lo ubicamos sobre la existencia de un territorio y un espacio indígena, que como lo venimos mencionando, choca con la estructura de Estado-nación moderno, mirado este como poder hegemónico.

Razón por la que debemos entender que el espacio es “la materialización de la existencia humana” (Lefebvre, 1991, p. 102). Si reconocemos la existencia de un espacio indígena, debemos preguntarnos ¿cómo ha materializado el espacio las comunidades indígenas?, y esto no quiere decir que el espacio indígena sea un fragmento dentro del espacio que podemos considerar como totalidad, el cual corresponde al Estado-nación, al contrario, debemos entender que el “espacio indígena” es una totalidad. Utilizando la teoría de Milton Santos (1996), podemos entender dicha afirmación, puesto que para él, “el espacio, es un conjunto de sistemas de objetos y sistemas de acciones, que forman el espacio de modo inseparable, solidario y contradictorio” (p. 51).

Así, el sistema de acciones y de objetos resulta de vital importancia, puesto que se comprende al espacio indígena no solo como creación de la Constitución de 1991, sino que se contempla con el movimiento de la vida, donde las relaciones sociales reproducen espacios y los espacios reproducen relaciones sociales, en otras palabras, el espacio indígena es una construcción histórica que produce espacios y territorios, entendiendo que el “espacio es anterior al territorio” (Raffestin, 1993, p. 144).

Los derechos constitucionales que aparecen durante los siglos XX y XXI en materia indígena no solo traen para los Estados-nación del continente la existencia de una diversidad étnica, sino consecuencias estructurales dentro de los mismos. La diversidad étnica implica la fragmentación del territorio estatal en múltiples territorialidades, conduce a que las resistencias producto de la defensa de las mismas, se comporten como líneas de fuga territoriales. Para Jiménez & Novoa (2014, p. 48) estas líneas son “micro-poderes que se revelan o autovalorizan en las nuevas condiciones biopolíticas de producción del espacio y del territorio”, es decir, las relaciones que se presentan entre territorialidades y subjetividades hacen más evidente la necesidad de estructurar el modelo geopolítico del mundo.

Los movimientos sociales, entre ellos las comunidades indígenas, al cartografiar sus territorios han empezado a percibir una “transvalorización territorial”⁶, la cual conduce a una topología de la dominación que se puede entender como . la s dos dimensiones tradicionna transvalorizaciir los que Dades y subjetividades hacen miento. la s dos dimensiones tradiciónun proceso de “colonialidad territorial”, y esta, según Dávila (2015), es:

La utilización del territorio como una estructura lógica del poder colonial que marca, restringe, limita desde dispositivos de poder como raza, persona, condición social, cognición, sexualidad, género, creando nuevos territorios que manifiestan una clara dependencia a partir del reconocimiento por quien impone el dominio territorial.

Las tensiones y disputas de territorialidades implican la introducción de la espacialidad como factor significante en la compresión de nuestra contemporaneidad, si bien los países del continente latinoamericano se reconocen como diversos culturalmente, la estructura geopolítica de los mismos debe cambiar, entendiendo que los adelantos constitucionales no solo se quedan en los marcos jurídicos internos, se sustentan en tratados internacionales que ratifican los derechos, en este caso, de los pueblos originarios.

En este sentido, los Estados-nación de América Latina deben pensar en la necesidad de construir una geopolítica de la diversidad, que rompa con la complicidad histórica del continente en la producción de formaciones espaciales imperiales “marcadas por el olvido de la colonialidad” (Maldonado, 2014, p. 333). Esta geopolítica de la diversidad debe partir de reconocer al “Otro” como distinto y no como meramente diferente, en palabras de Dussel (2014), es construir una “analéctica o ana-dia-léctica” (p. 24), descrita por el autor como “dialéctica desfondada del Otro como revelación, la cual no viene desde arriba o desde el cielo, sino desde lo que la totalidad ha negado siempre” (p. 24).

Por eso, es un error que los Estados latinoamericanos sigan por el camino trazado desde el siglo XVI por la Europa occidental, no deben seguir razonado consigo mismo, entre los mismos, entre el poder fundante del racismo que elimina aquel “Otro” que nos altera, es la hora del diálogo, pero no un diálogo desde la voz del poder, sino entre “sujetos que provienen de lo mismo, y el “Otro” que proviene del más allá de mi mundo” (Dussel, 2014, p. 24).

La geopolítica de la diversidad no solo puede partir del reconocimiento culturalista, sino de la ruptura de la dominación, en este sentido, “el Otro no es otro alter ego, sino quien ha sido negado en su humanidad por la totalidad occidental y cuyo reconocimiento implica el cuestionamiento del carácter colonizador” (Dussel, 2016, p. 24).

La geopolítica de la diversidad debe estar en contradicción con la geopolítica ortodoxa, la misma que ha salido de las potencias imperiales desde la Segunda Guerra Europea; la misma que en un momento determinado dividió en dos formas de racismo y de imperialismo al mundo, puesto que como decía Fanon (2011), “el mundo colonial es un mundo de compartimentos. Sin duda resulta superfluo, en el plano de la descripción, recordar la existencia de ciudades indígenas y ciudades europeas, de escuelas para indígenas y escuelas para europeos” (p. 32), pero quizás el traer a la memoria dichos espacios, nos permitirá construir los territorios de la sociedad descolonizada.

Referencias

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Santos, M. (1996). La Naturaleza del Espacio. Barcelona: Editorial Ariel, S.A.

Notas

¹ El artículo abarca el problema de investigación de la tesis doctoral del autor, la cual busca indagar sobre la emergencia de nuevas territorialidades en las comunidades indígenas y en el Estado-nación colombiano.

² Norbert Elías (2012) trae consigo un concepto de civilización que nos permite visualizar de mejor manera la intensión civilizatoria del imperio Español, así como la posición eurocéntrica del mismo cuando se instaura en una cultura diferente a la que ejerce el dominio, de esta manera es como el concepto de civilización “atenúa hasta cierto punto las diferencias nacionales entre los pueblos y acentúa lo que es común a todos los seres humanos o debiera serlo desde el punto de vista de quienes hacen uso del concepto. En él se expresa la conciencia de sí mismos que tienen los pueblos cuyas fronteras y peculiaridades nacionales hace siglos que están fuera de discusión porque están consolidadas, de pueblos que hace mucho tiempo han desbordado sus fronteras y realizado una labor colonizadora más allá de ellas” (p. 85). Mientras tanto, la evangelización mediante misiones, convierte a los indios en objetivo de la fe cristiana, la religión se instrumentaliza y se consagra como instrumento efectivo de la Conquista para explicar los crímenes hacia los pueblos originarios.

³ Los cambios constitucionales e institucionales que presentó el Estado colombiano a partir de 1991 como un ejercicio de poder, en el cual no demuestra que su ejercicio de poder no sea posible de comprender como “pura violencia o rigurosa coacción, sino que el poder está hecho de relaciones complejas, las cuales involucran un conjunto de técnicas racionales, cuya eficacia proviene de una aleación sutil de tecnologías de coacción y tecnologías” (Foucault, 2016, pp. 45-46).

⁴ La categoría “jurisdicción especial indígena” sin lugar a dudas, es el reconocimiento indígena más controvertido que presenta la Constitución en materia indígena, puesto que el Estado no solo reconoce la pertinencia del derecho indígena, sino la existencia de un poder jurisdiccional representado en la construcción de un nuevo “ámbito territorial”, que en muchas ocasiones, confronta la postura territorial que enmarca al Estado-Nación. Por lo tanto, el Estado colombiano no solo se enfrenta al reconocimiento de un pluralismo jurídico, sino a una pluralidad de jurisdicciones, término que resulta confuso para el mismo constituyente primario, puesto que ve a la jurisdicción como una simple competencia territorial y personal donde los pueblos indígenas administran su propia justicia

⁵ El descentramiento estatal es considerado por los gobiernos como legítimo y unido al reconocimiento de derechos especiales, como es el caso de la jurisdicción especial indígena, la autonomía y el derecho propio. Podemos decir que el Estado moderno se enfrenta a una serie de pluralismos de órdenes jurisdiccionales que afectan el concepto de orden territorial del mismo. Si bien el Estado colombiano acepta que es multicultural, no se puede desconocer que la Constitución Política reconoce la existencia de principios neoliberales, lo que ha llevado a fuertes enfrentamientos entre dichos principios y los derechos reconocidos a los pueblos indígenas. Esto es mirado por Charles Hale (2002, p. 485- 524), quien menciona que el multiculturalismo no desconoce los principios neoliberales y que no necesariamente se puede leer como una nueva tensión, ya que es posible que exista un multiculturalismo de corte neoliberal que puede leerse como una estrategia para lograr la cooptación y la debilitación del movimiento indígena.

Notas de autor

(*) Carlos Alberto Dávila Cruz. Abogado. Magíster en Derecho, Universidad de Manizales. Magíster en Derecho Administrativo, Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario. Doctorando en Estudios Territoriales, Universidad de Caldas. Profesor investigador del Centro de Estudios en Conocimiento y Cultura en América Latina-CECCAL, Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, Universidad de Manizales.