Dossier

Imágenes para vivir en un planeta dañado. Activismos ecosociales y formas de resistencias en Entre Ríos

Images of living on a damaged planet. Ecosocial activism and forms of resistance in Entre Ríos

Gutiérrez, Laura

Laura Gutiérrez

laura.gutierrez@uner.edu.ar

CONICET (FCEDU-UNER) Argentina

De Prácticas y Discursos. Cuadernos de Ciencias Sociales

Universidad Nacional del Nordeste, Argentina

ISSN-e: 2250-6942

Periodicidad: Semestral

vol. 13, núm. 21, 2024

depracticasydiscursos.ces@unne.edu.ar

Recepción: 10 Octubre 2023

Aprobación: 10 Febrero 2024

URL: http://portal.amelica.org/ameli/journal/476/47648934764893005/

DOI: https://doi.org/10.30972/dpd.13217491

Modelo de publicación sin fines de lucro para conservar la naturaleza académica y abierta de la comunicación científica

ePub generado a partir de XML JATS4R

Resumen: El trabajo es parte de una investigación mayor de construcción de archivos que recupera las intervenciones callejeras de diferentes colectivos sociales en la ciudad de Paraná. En este artículo, me centraré en las experiencias de los activismos ecosociales que iniciaron tempranamente en la década del 90, tomaron resonancia nacional con el conflicto de la instalación de las pasteras sobre la vera del río Uruguay durante la primera década del 2000 y se expandieron en la última década a partir de la lucha contra el uso de agrotóxicos para la fumigación de campos de la megaproducción. Durante los últimos años, los reclamos se han unido en la resistencia la quema de humedales de todos los territorios de la cuenca del Paraná. Nos interesa indagar los desbordes estético-políticos producidos en las estrategias utilizadas por los activismos en la ocupación del espacio público, así como las alianzas multisectoriales entre distintos colectivos sociales de la ciudad y la provincia que se articularon alrededor de los discursos contra la precariedad de la vida y el ecocidio, e indagaron sobre el buen vivir, el cuidado de la vida y la relevancia de la defensa del territorio.

Palabras clave: activismos ecosociales, prácticas artísticas, Entre Ríos.

Abstract: This work is part of a larger archival research project that recovers the street interventions of different social collectives in the city of Paraná. In this article, I will focus on the experiences of eco-social activism that began early in the 1990s, took national resonance with the conflict over the installation of pulp mills on the banks of the Uruguay River during the first decade of 2000 and expanded in the last decade from the struggle against the use of pesticides for the spraying of mega-production fields. During the last few years, the claims have been united in the resistance to the burning of wetlands in all the territories of the Paraná basin. We are interested in investigating the aesthetic-political overflows produced in the strategies used by the activisms in the occupation of public space, as well as the multisectoral alliances between different social collectives of the city and the province that were articulated around the discourses against the precariousness of life and ecocide, and inquired about good living, the care of life and the relevance of the defense of the territory.

Keywords: ecosocial activisms, artistic practices, Entre Ríos.

Prácticas estético-políticas como estrategias de intervención pública

Este artículo forma parte de una investigación mayor que indaga sobre las estrategias de intervención estético-políticas en el espacio público de diferentes colectivos sociales en la ciudad de Paraná y la región de Entre Ríos. Así mismo, forma parte de la Red Constelaciones [3] que viene desarrollando desde hace dos años un trabajo colectivo sobre la construcción de archivos de imágenes y acciones de intervención en el espacio público producidas en distintas ciudades del país, no centrados en la ciudad de Buenos Aires. La red tiene como objetivo final producir un archivo de acceso libre que aún se encuentra en etapa de producción y desarrollo de los prototipos. Particularmente, nos abocaremos a recuperar parte de la extensa trayectoria que tienen en la ciudad de Paraná y la provincia de Entre Ríos los reclamos y el activismo ecosocial y, dentro de ellos, algunas experiencias de prácticas estético-políticas que se produjeron en pos de visibilizar estos reclamos y que, a la vez, construyen parte de la imaginación política producida en la provincia y centrada en sus problemáticas ambientales.

En este sentido, nos basamos en los debates alrededor de los cruces entre arte y política en nuestro país [4] que han atravesado largas tensiones en torno a los usos y diferencias entre categorías como arte político, arte y política, arte activista, artivismo, activismo artístico o la dimensión estética de la política, sólo por nombrar algunos. Todas estas denominaciones producen desbordes, quiebres, expansiones de las relaciones y diferentes modos de hacer en las intersecciones entre el arte y la política que sirven a los fines de este trabajo.

Aquí seguimos, por un lado, los desarrollos de Ana Longoni (2009), quien delimita el concepto de activismo artístico a sabiendas de su complejidad e imposibilidad de asir en él una definición unívoca de las tensiones que se dan entre ambos conceptos. Para la investigadora, este cruce supone articular acciones gráficas, performáticas o de intervención en la trama pública que apelan a modos de hacer colectivos. Es decir, “producciones y acciones, muchas veces colectivos, que abrevan en recursos artísticos con la voluntad de tomar posición e incidir de alguna forma en el territorio de lo político” (Longoni, 2009, p. 18). Longoni recupera estas estrategias de enunciación haciendo énfasis en distinguir los modos en que las mismas intervienen en los procesos particulares en los que se inscriben. En una línea similar se ubican Expósito, Vidal y Vindel (2012), quienes establecen la preferencia por el concepto de activismo artístico antes que arte activista, ya que en este último “pareciera que el activismo es un adjetivo o un apellido del arte, mientras que, en aquél, es el activismo lo que prima permitiéndonos al mismo tiempo subrayar la dimensión artística de ciertas prácticas de intervención social” (Expósito, Vidal y Vindel, 2014, p. 43). Los autores se encargan de enfatizar que, cuando decimos activismo artístico, se ha de considerar como la síntesis práctica de una multiplicidad: el activismo artístico no es un estilo, ni una corriente, ni un movimiento, sino una política de la interrupción e intervención en la trama pública que disputa el territorio de lo político. Formas del hacer que, muchas veces, pasan completamente desapercibidas como “intervenciones de arte”, pero que cobraron fuerza como intervenciones en el campo de lo social. Su inscripción históricamente localizada es clave para pensar cómo intervienen estas prácticas en los marcos locales de aquellos procesos en los que se realizan. En este caso nos abocaremos a los cruces con el activismo ecosocial de la provincia de Entre Ríos.

Por otro lado, y debido a las características locales, debemos expandir la categoría de activismo artístico hacia los análisis que exceden ese concepto y se anclan en los estudios que indagan alrededor de la estética en lo político [5] dentro de los movimientos sociales. Esto nos permite expandir y analizar las intervenciones que se producen en el espacio público por organizaciones sociales como activistas, no necesariamente “artísticas”, pero que incorporaron una variedad de recursos expresivos en su hacer.

Por último, vinculados a la metodología colectiva de rastrillaje de archivos que la red viene llevando adelante -y de la que se desprende parte de esta indagación- debemos mencionar algunos aspectos clave. En primer lugar, cada nodo trabaja de forma independiente registrando las formas de intervención que se han agrupado según pertinencia temática. En Paraná se trabaja ligado a tres movimientos que han tenido relevancia en las últimas décadas en el espacio público de la ciudad: a) los activismos ecosociales, b) los activismos feministas y LGBTIQ, y c) los activismos de trabajadorxs de la cultura [6] durante el período 2010-2023 (ampliando y expandiendo los períodos de acuerdo con cada particularidad concreta). El criterio se estableció por una delimitación de zonas temáticas, dejando de lado las agrupaciones vinculadas al tipo de formatos de la intervención o al seguimiento particular de una organización específica a lo largo del tiempo [7] . Durante todo el proceso se han utilizado para la recolección de datos la recuperación y catalogación de archivos personales de artistas y activistas, las entrevistas en profundidad a actores clave, notas de diarios locales y los distintos posteos en redes sociales de las organizaciones, particularmente Facebook e Instagram.

Siguiendo todos estos desarrollos, construimos un primer acercamiento a cómo se dieron esos cruces entre activismos ecosociales y sus intervenciones en el espacio público en la ciudad de Paraná y la provincia de Entre Ríos en el período comprendido entre 1995 y 2020.

Entre el Capitaloceno y el “buen vivir”. Aproximaciones en torno a los debates socioambientales en el escenario argentino de las últimas dos décadas

Contra la noción implantada en las últimas décadas de que estaríamos viviendo en la era del Antropoceno, numerosxs autorxs han debatido sobre las raíces coloniales, capitalistas e imperiales que dicha noción neutraliza. Como señala Horacio Machado Aráoz (2023): “Hablar de Antropoceno, a secas, supone la universalización de la condición humana bajo el molde de la mundialización de ‘Occidente’, una inaceptable naturalización de la propia violencia civilizatoria sobre la que dicha experiencia se ha constituido” (p. 413).

Ante ello, ha ganado terreno la noción de Capitaloceno (Fraser, 2020; Moore, 2020), haciendo énfasis en que es el capitalismo y no “la humanidad” (abstractamente entendida) el principal impulsor sociohistórico de la crisis civilizatoria del planeta. Las transformaciones producidas a lo largo y a partir del siglo XVI (el modo social de apropiación y producción de la naturaleza como reservorio de recursos y las prácticas extractivistas [8] y esclavistas de territorios y poblaciones) nos ha puesto en extrema vulnerabilidad, amenazando de forma radical la vida en la Tierra. Estamos, entonces, frente a un momento bisagra no sólo geopolítico, sino ético, científico, jurídico y moral. Como bien señala en sus últimos análisis Donna Haraway, “si tan solo pudiéramos tener una palabra para estos tiempos, debería ser, sin duda alguna, Capitaloceno” (2019, p. 84).

La noción de Capitaloceno permite enfatizar alrededor de las formas en que se transformaron, intensificaron y complejizaron no sólo las estrategias de explotación de la fuerza de trabajo, sino las relaciones coloniales y de depredación de la naturaleza. Formas que no son excesos del capitalismo, ni tampoco sólo parte de los efectos contingentes de cierto tipo de régimen de acumulación como el del neoliberalismo, sino que hace parte inherente del propio metabolismo social del capital. Esta constatación de su acción intrínseca, al decir de Nancy Fraser, “no es un juicio de valor, sino una afirmación empírica, una declaración de causa y efecto” (2021, p. 105) que tienen a la violencia como hilo conductor que une colonialismo-capitalismo-objetualización y patriarcado.

Contra eso, Haraway enuncia un programa desde la “fabulación especulativa feminista […] una cosa sencilla, pero capaz de cambiar el juego: Importa qué ideas usamos para pensar otras ideas” (2019, p. 65). Haraway apuesta a una ecojusticia multiespecie y en esa línea reclama la imaginación feminista como estrategia para la teoría y la acción para repensar las genealogías de parentesco y especies. Así, al referirse al Antropoceno y al Capitaloceno, Haraway resaltaba que: “quiero seguir con el problema, y la única manera que conozco de hacerlo es con alegría generativa, terror y pensamiento colectivo” (2019, p. 60). Desde esa posición lejana al pesimismo de la tragedia que expresa el colapso ambiental de los territorios donde vivimos, es que la autora proyecta formas de articular y seguir imaginando alternativas con otrxs humanos, pero también un llamamiento al reconocimiento multiespecie. Fabular y apostar antes al riesgo de la incesante contingencia que a los programas seguros.

Además, Haraway recoge de forma oblicua un concepto clave para los feminismos de las últimas décadas como es el de precariedad ante el fracaso de las “promesas del progreso moderno”. Retoma el pensamiento de Ann Lowenhaupt Tsing (2019), quien recupera la capacidad de vida y resistencia de ciertos hongos aún en paisajes devastados por el fuego, particularmente el relato popular centrado en Hiroshima que señala que, luego de la bomba, lo primero que resurgió en el escenario del desastre fue un hongo matsutake. Ante ello sostiene que: “La predisposición del matsutake a brotar en paisajes devastados nos permite explorar la ruina en la que se ha convertido nuestro hogar colectivo” (p. 23).

En otra línea, también podríamos sostener que los activismos ecosociales se hacen eco de las formas en que se ha repensado la precariedad de la existencia contemporánea en líneas butlerianas. Nos resulta clave aquí enunciar la genealogía que Judith Butler (2017) propone de ese concepto cuando distingue precariedad (precariousness) de precaridad (precarity). Para Butler, la primera es parte de nuestra constitución como humanos, como sujetxs precarixs, en el sentido de comprender el carácter social e interdependiente de nuestra existencia que siempre es dependiente de otrxs. De allí que la posibilidad de la vida vivible dependa indefectiblemente de nuestra relación con otrxs. La precaridad, por el contrario, es la distribución diferenciada de la precariedad. Una condición inducida sistemáticamente en la que algunxs están más expuestos a los daños y violencias impuestos política, social y estatalmente pero también en la vida callejera y doméstica. En otras palabras, podríamos decir que la precaridad es la ausencia de las redes necesarias que nos garantizan la propia vida e induce a diferentes y sistemáticas poblaciones, especies, cuerpos e individuos a condiciones de vida invivibles. En tiempos de urgencia, muertes y extinciones donde se mira sin precedentes hacia otro lado, estos planteos permiten pensar y articular estrategias de invención y acción para una vida posible.

Sobre este diagnóstico, es imposible resumir aquí todo lo que se viene desarrollando alrededor de la amplia movilización social surgida contra la “crisis civilizatoria” y en defensa de los territorios ante los avances de distintos proyectos extractivistas en Argentina y en América Latina en general. Por supuesto que este no es un debate nuevo y los conflictos socioambientales tienen una larga tradición en nuestra región.

Sin embargo, el diagnóstico del agotamiento de la tierra, el surgimiento de diferentes movimientos de resistencia y la escalada de la conflictividad social producida en las últimas décadas ha vuelto a poner sobre la encrucijada de la vida nuestras formas de invención y resistencia colectiva.

Esto, en efecto, ha sido uno de los bucles clave luego de los años 2000, a partir de la emergencia de los denominados gobiernos progresistas del “giro a la izquierda latinoamericano”, que han sido claves en nuestra región. En términos socioambientales, estos gobiernos no sólo profundizaron e intensificaron la matriz productiva de crecimiento extractivista de los gobiernos conservadores anteriores, sino que produjeron y sostuvieron nuevas dinámicas de represión y criminalización de la protesta social, así como el enfrentamiento de las propias bases sociales bajo la minimización, descalificación o directamente el borramiento de las resistencias socioambientales bajo rótulos tales como “irrelevantes”, “excéntricos”, “poco urgente en comparación con el hambre”, “políticamente ingenuos” o con propuestas inviables en el marco del capitalismo actual, sólo por citar algunos.

En nombre del crecimiento progresivo, la mejora de las condiciones de vida de diferentes sectores de la población latinoamericana y la propia retórica de “justicia social” se han profundizado proyectos extractivistas “de gran envergadura orientados a la explotación de bienes naturales, prioritariamente destinados a la exportación y generalmente controlados por grandes empresas transnacionales” (Machado, 2015, p. 21), legitimados a base de políticas represivas que han operado profundas fragmentaciones del tejido social, descalificando y debilitando los movimientos socioterritoriales. Los discursos basados en el crecimiento y el desarrollo local/nacional siguen esgrimiéndose como la base argumental contra la crítica extractivista, y también se articulan como una preocupación de “clases medias” y clases acomodadas, reacios a las urgencias sociales de sectores populares[9]. Coincidimos con Machado cuando señala que:

pretender que lxs ‘ambientalistas’ son (sólo o principalmente) sectores de clase media, es mucho más que un error empírico-sociológico; se trata de la expresión de una profunda actitud colonial de desconocimiento hacia los sujetos indígenas y campesinos, cuya participación en las resistencias antiextractivistas ha sido y es no sólo cuantitativamente (sociológicamente) importante, sino también cualitativamente, (políticamente), fundamental. (2015, p. 35)

El trabajo de Machado continúa con un agudo desarrollo de cómo los discursos oficialistas “progresistas” en distintos países latinoamericanos produjeron un círculo vicioso entre “extractivismo-desarrollo-destrucción de ecosistemas-resistencia-represión”. Gobiernos como los de Correa en Ecuador, Evo Morales en Bolivia o la propia Cristina Fernández de Kirchner en Argentina propiciaron el enfrentamiento entre sectores populares acusando a vastos movimientos socioambientales y de pueblos originarios de ser “funcionales a la derecha”, “terroristas, “ambientalistas románticos”, de “impedir el desarrollo del país” o hasta de “ser agentes encubiertos del imperialismo” [10] .

En este contexto general, y junto al recrudecimiento de los conflictos socioterritoriales, no es de extrañar que pasado el 2022 y con los avances discursivos aún más conservadores la disputa social sobre los territorios alcance directamente el desconocimiento, la persecución o directamente el asesinato de diferentes líderes ambientales [11] , o el hostigamiento a comunidades de pueblos originarios acusadas de “usurpadoras de tierras”. Lugares como Famatina, Andalgalá, Tinogasta, distrito Hualfin, La alumbrera, Basavilbaso, el Acuífero guaraní, Vaca Muerta, Telsen y Gaste, sólo por citar algunas de las regiones, no sólo cobraron relevancia en el mapa argentino, sino que marcan las luchas de resistencia. La megaminería a cielo abierto, la explotación y privatización de tierras y bosques nativos, la fumigación con agroquímicos o la explotación y cerramiento de la cuenca del Paraná “signaron emblemáticamente el ciclo de resistencias y represiones que el extractivismo fue dejando en la memoria oculta de la década ganada” (Machado, 2015, p. 24).

El cuidado del agua: entre represas y pasteras. Inicios de una tradición de resistencia (1996-2010)

Desde que en 1996 se aprobara el cultivo con semillas transgénicas que permitían el uso de agroquímicos como el glifosato, Entre Ríos no sólo se transformó en una de las regiones imprescindibles para el monocultivo y la producción y exportación de soja y maíz, sino que modificó radicalmente sus suelos cultivables y su propia matriz productiva. Pero 1996 marca también el inicio de un activismo territorial clave en la región que tendrá sus altibajos a lo largo de las siguientes tres décadas y que gestará una lucha colectiva resistente contra diferentes avances extractivistas sobre el uso del territorio. Nos referimos al intento de la construcción del proyecto Paraná Medio, impulsado por el entonces presidente Carlos Menem y el gobernador de Entre Ríos, Pedro Busti. El mismo era un megaproyecto faraónico de instalación de dos grandes represas con el fin de generar energía hidroeléctrica. Su construcción dejaría 800.000 hectáreas bajo el agua, lagos artificiales, desplazamiento de más de 50 mil familias y cientos de kilómetros de terraplenes de hormigón que, literalmente, dividían el paso del río Paraná en dos rompiendo el ecosistema migratorio de alrededor de 300 especies que migran hacia el norte y bajan luego hacia el Río de la Plata.

Las represas estarían emplazadas en diferentes puntos nodales de la región. Una de ellas, Patí, estaría emplazada en el extremo norte de la provincia (lindante con Reconquista en Santa Fe y Goya en Corrientes) y la segunda, el Chapetón, que pretendía ser ubicada apenas 25 km al norte de la capital entrerriana (lindante con la localidad de Zapallos en Santa Fe y la costera ciudad de Villa Urquiza en Entre Ríos). La insistente organización popular sostenida durante todo el año 96 se cristalizó en la Asociación de Entidades Ambientalistas bajo el eslogan “entre ríos sí, entre represas no” (una consigna que se reactualizó los últimos años bajo el lema “entre humedales sí, entre el humo no”). Nucleados, realizaron numerosas actividades que incluyeron festivales populares, creación de la murga Las Aguas Vivas y una travesía río abajo durante 22 días que llevaron adelante pescadores de la región con la embarcación La enamorada del río.

La lucha dio como fruto la Ley antirrepresas Nº 9092, del 25 de septiembre de 1997, por la que se festeja el Día de la Libertad de los Ríos. Además, culminaría en el año 2008 con el artículo 85, incluido en la última reforma de la Constitución provincial, que prohibía el emplazamiento de nuevas represas tanto en los ríos Paraná, Uruguay como Gualeguay. En esa carta magna ya aparecía también un debate que es clave en la actualidad: la protección e importancia de los sistemas de humedales para la región y se sostenía que los mismos “se declaran libres de construcción de obras de infraestructura a gran escala que puedan interrumpir o degradar la libertad de sus aguas y el desarrollo natural de sus ecosistemas asociados”.

A pesar de todo esto, el proyecto hidroeléctrico ha intentado reflotarse varias veces. Una particularmente importante en el año 2012 y otra durante el 2020, con la última bajante histórica del río, pero aún no ha podido implementarse.

El segundo hito, que tomó alcance nacional y es mucho más conocido en el país, fue la lucha iniciada en abril de 2005 contra la instalación de una fábrica de producción de pasta de celulosa (“las pasteras” de la empresa Botnia) emplazada en el margen del río Uruguay y ubicada en la frontera con la República Oriental del Uruguay. Contra ese emplazamiento se crea la Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú, que convocó en su primera manifestación a aproximadamente 40 mil personas en una marcha que cortó el puente internacional General San Martín que une la localidad de Gualeguaychú con Fray Bentos. De allí en más, se inició un conflicto que duró más de cinco años y que fue tomando distintos alcances gubernamentales, llegando al punto de la presentación formal del gobierno argentino contra el uruguayo en la corte de La Haya. La asamblea organizó sistemáticamente cortes, asambleas y acciones populares bajo la consigna “Sí a la vida. No a las papeleras”, enunciando sistemáticamente los riesgos que se cernían sobre el cauce de la vida del río Uruguay.

Desde estas experiencias pioneras y bajo la agudización de la vulnerabilidad producida en el Capitaloceno, el activismo ecosocial en la región ha ganado terreno en la construcción de diferentes asambleas populares, particularmente contra el fracking, la utilización del glifosato como un fumigador letal que se utiliza en los campos de la zona cultivable (que ha llegado a una media escandalosa de cálculo promedio en más de 8 litros de químicos por persona, convirtiéndose en una de las tasas de utilización más alta del mundo), la privatización extractivista y especulativa de la tierra que cercena los espacios públicos y el reclamo por la protección de la zona de humedales de la costa ribereña. Estas experiencias han aglutinado estas demandas en una amplia red de reclamos y resistencias, y se han hecho visibles, con diferentes estrategias, en la ocupación de los escenarios de protesta y la visibilización en los espacios públicos de la ciudad.

Entre los barbijos y el “basta es basta”. Articulaciones de lucha en territorios fumigados (2013-2019)

Bajo esta tradición que hemos enumerado muy sucintamente, nos interesa detenernos en las articulaciones que se produjeron en los últimos años contra los extensos avasallamientos socioambientales producidos en la región. Nos interesa destacar las articulaciones que se fueron produciendo entre el movimiento ecosocial, ambientalista, feminista y artístico en la formación de diferentes intervenciones locales que, durante el 2022, culminaron en una amplia formación asamblearia y multisectorial en defensa de los humedales. Estrategias que construyen diferentes posibilidades de vida en las ruinas capitalistas o, parafraseando a la teórica y activista Anna Tsing (2019), estrategias que construyen “artes de vivir en un planeta dañado".

El martes 16 de enero de 2018, un grupo de activistas medioambientales pertenecientes al Foro ecologista de Paraná -una organización surgida al calor del conflicto por la instalación de las obras de Paraná Medio- se situó frente a la casa de gobierno provincial con carteles, fotografías y gigantografías para denunciar las consecuencias de la fumigación sobre los pueblos entrerrianos y para enunciarse contra el modelo productivo sojero. Adentro del recinto sesionaba la Cámara de Diputados que había mantenido silencio ante la aprobación del Decreto N° 4407 del gobernador entrerriano Gustavo Bordet. El mismo permitía la fumigación con agrotóxicos en zonas rurales habitadas y a 100 metros terrestres y 500 metros aéreos de las escuelas rurales de la provincia [12] .

El reclamo no era nuevo. Había sido iniciado por numerosas maestras rurales desde al menos el año 2013 y, en ese año 2018, se estimaba que eran más de 1.000 las escuelas directamente rociadas con glifosato en la provincia. Esta situación venía siendo cada vez más reconocida debido a la cobertura de los medios nacionales que levantaban las noticias sobre el uso y las consecuencias de agrotóxicos en las escuelas rurales de la región Centro y Litoral que sistemáticamente debían ser evacuadas. Las maestras acuñaron las consignas “envenenan a nuestros gurises” y “paren de fumigar las escuelas”, pero insistentemente eran silenciadas a favor de los grandes productores sojeros que insistían en que “los productos eran muy caros para desperdiciarlos”. Como señala Estela Lemes, directora de la Escuela rural N° 66 ubicada en el departamento Gualeguaychú, al sur de la provincia: “nuestras vidas valen menos que su veneno” (en Aquino, 2019, s/p).

Así, más de 20 años después de la aprobación del uso de agrotóxicos en la región y más de miles denuncias por enfermedades producto del agronegocio, numerosas asambleas territoriales tomaron las calles, pensaron estrategias comunes y se aunaron en una fuerte resistencia que, hasta entonces, no habían podido tomar alcance regional ni nacional [13] . La iniciativa enunciaba el mayor conflicto ambiental de la provincia desde el reclamo de las pasteras y rápidamente recuperó la fuerza política que el movimiento ecosocial siempre ha tenido en la región.

En el medio de la escalada del conflicto, ese martes caluroso de enero, los activistas recuperaron una vieja estrategia conocida en la memoria popular y acudieron a la casa de gobierno para realizar una ronda de antorchas acompañada de una marcha de silencio y de escraches en las puertas de la casa de gobierno provincial. Tal como cuenta Daniel Verzeñassi, uno de los activistas históricos de la región: “Nos propusimos pararnos en las dos puertas con carteles para que nos vean, cuatro personas de cada lado. Hicimos dos movidas así y decidimos largarnos a dar una vuelta a la casa de gobierno, con velas. Así como rondan las Madres, rondamos nosotros” (en Alonso, 2020, s/p). Desde entonces, los martes son ininterrumpidos y, actualmente, llevan más de 300 “rondas de los martes” con más o menos presencia de personas de acuerdo con la coyuntura provincial (ver Figura 1).

El establecimiento de una fecha constante permitió expandir los reclamos y las acciones del foro que rápidamente se transformó en una coordinadora provincial, con alcance regional, la llamaron Basta es basta: coordinadora por una vida sin agrotóxicos. Desde allí, las prácticas activistas y artísticas se fueron entretejiendo para poner la imaginación especulativa al alcance del reclamo. Un año después, la coordinadora era una de las más activas no sólo en la provincia, sino en la región.

Figura 1. Coordinadora por una vida sin agrotóxicos en Entre Ríos, Basta es basta. Imagen de las “100 rondas por el futuro”, diciembre de 2019.

Entre junio y agosto de 2019, en el medio de la escalada por el conflicto de las fumigaciones de escuelas rurales, comienzan a organizar diferentes campañas de intervención pública. Bajo las consignas “el veneno está adentro” o “nunca puede ser alimento lo que se cultiva con veneno” trabajaron junto a la cooperativa cultural Antílope, en lo que fue quizá una de sus campañas más recordadas y viralizadas: Evea (El veneno está adentro). Antílope es una cooperativa cultural con sede en Paraná que actualmente está motorizada por Sergio Otero y Rocío Fernández Doval que viene interviniendo desde 2016 en diferentes acciones alrededor del espacio público, sus usos y privatizaciones en la ciudad de Paraná.

Figura 2. Colectivo Antílope-EVEA. Imagen de pegatina sobre edificios de la ciudad de Paraná.

La primera parte de la acción con Basta es basta consistió en ir dejando una intriga a lo largo de la ciudad, y para ello pegaron en distintos puntos de la capital entrerriana uno de los símbolos típicos de la producción agrícola: la naranja, y dentro de su contorno se veían las siglas Evea (ver Figura 2). Acompañado, dejaban el registro de un manifiesto en las paredes: “El veneno está adentro / Adentro de lo que comés / De la tierra donde crece / De los arroyos que la surcan / Del río y de los peces / de tu cuerpo y del mío / El veneno está adentro / Del poder que sostiene / Que el alimento / Se cultiva con veneno” (Evea, 17 de agosto de 2019). Luego de este empapelado por las calles, darían lugar a la primera marcha y performance -que fue coordinada por la directora de teatro Nadia Grandón- que cortó el túnel subfluvial que une las ciudades de Paraná y Santa Fe. En una acción tremendamente premonitoria de lo que vendría, en la acción de Evea observamos una marea humana que recorre la marcha vestida de negro con barbijos puestos (la única protección contra el aire contaminado). Además, cuando replicaron la acción en las redes sociales, escribieron:

¿Es alimento lo que parece que lo es, lo que se ve colorido, lo que se dice que es saludable y vitamínico? ¿Somos citrícolas o la soja gana cada vez más hectáreas en nuestro territorio? ¿Cómo la producen, quiénes y por qué hay cada vez más enfermedades? ¿El problema es la soja o el sistema de producción? (Evea, 2019)

Meses después repetirán la acción para los festejos del Día de las infancias que, a lo largo de la campaña, irán tomando relevancia como locus de enunciación del futuro. Durante ese agosto de 2019, la coordinadora realizó una acción simultánea en distintas ciudades de la provincia (Paraná, San José, Colón y Concepción del Uruguay) organizando un “festival por la gurisada sin escuelas fumigadas” que contó con el apoyo de numerosas figuras locales y de alcance nacional como Liliana Herrero o Gerardo y Mauricio Dayub. Allí se observan lxs gurisxs llevando dos símbolos clave: por un lado, las naranjas en sus manos como símbolo de la vieja alimentación y actual contaminación. Por otro, su vestimenta estaba también cargada de simbolismo: un guardapolvo antes blanco ahora cubierto de negro ceniza (ver Figura 3).

Figura 3. Colectivo Antílope-EVEA. Performances por el festival Paren de fumigar a la gurisada, Paraná, agosto de 2019.

Otro símbolo resulta relevante de la acción para recuperar sus significaciones. El uso del barbijo, previo a su masificación mundial en el 2020, fue un símbolo perteneciente a la lucha de distintos colectivos por los territorios y de comunidades afectadas por el agronegocio. El antecedente clave es el de la Marcha de los Barbijos del año 2012, que fue impulsada por las madres del barrio Ituzaingó al sudeste de la ciudad de Córdoba que llevó adelante un juicio (conocido como el Juicio por las fumigaciones [14] ) contra la firma Monsanto y grandes productores sojeros por las consecuencias producidas por el uso de agrotóxicos. Acompañadas de sindicatos y organismos de derechos humanos, realizaron una marcha por el centro de la ciudad y hasta la intendencia con barbijos y con aviones “mosquitos” en cartón para denunciar las consecuencias de las fumigaciones y para reclamar contra el permiso de la radicación de Monsanto en el partido de Malvinas Argentinas de esa provincia. Ellas mismas organizaron solitariamente un mapeo de niñxs y adultxs afectados por las fumigaciones y el tipo de enfermedades a los que se vieron expuestos (ver Figura 4 y 5).

Figura 4. Marcha de los barbijos, Córdoba Capital, julio de 2012.

Figura 5. Mapa de consecuencias en la salud producida por los agrotóxicos. Madres del barrio Ituzaingó, Córdoba, 2012.

Esta experiencia fue retomada en 2017, en Córdoba, como Ronda de Barbijos y en junio de 2019 y octubre de 2022, en la ciudad de Rosario, con la Marcha plurinacional de los barbijos que denunciaba las consecuencias del extractivismo y la contaminación ambiental ya con un discurso articulado entre extractivismo, colonialismo y patriarcado. Así lo enunciaban en el documento colectivo leído al final de la concentración:

En la actualidad las ideas de “Progreso” y “Desarrollo” están sostenidas por lógicas extractivas, coloniales, xenófobas y patriarcales. Los modelos de producción y consumo económico y cultural, han acrecentado las desigualdades sociales llegando a organizar y modificar nuestros ciclos vitales. Avasallando además los Cuerpos-Territorios por feminicidios y femicidios que aumentan año a año”. (Documento Marcha Plurinacional de los Barbijos, 2022)

Al calor de estas experiencias colectivas, no podemos dejar de mencionar la ronda 200 de la coordinadora Basta es basta, que fue conmemorada en noviembre de 2021 con una gran marcha multitudinaria que presagiaba las convocatorias de acciones futuras contra la quema de humedales que tuvo su punto álgido durante 2022. A lo largo de esa manifestación no sólo se llenaron las calles que marcan el recorrido hacia los centros del poder, sino que incluyeron diferentes estrategias visuales. Por un lado, llevaron en gigantografía las imágenes realizadas años antes por el fotógrafo documentalista Pablo Piovano reunidas en el trabajo documental El costo humano de los agrotóxicos. Imágenes que habían ayudado al reconocimiento y visibilización nacional del reclamo de los pueblos fumigados. Además de las clásicas pegatinas, serigrafías y stencils de las paredes, incorporaron la utilización de las señaléticas clásicas del activismo artístico de nuestro país que reformula irónicamente la cartelería de los espacios públicos. Esta vez, el contradiscurso se reformulaba en pancartas octogonales de color negro que reinscribían los etiquetados frontales de alimentos bajo consignas de reclamo socioambiental, “Exceso de organismos genéticamente modificados”, “Exceso de agronegocio”, “Exceso de políticos ecocidas”, “Exceso de lobby sojero” y “Exceso de agrotóxicos”, entre otras (ver Figuras 6 y 7).

Figura 6. Instalación de fotos en la casa de gobierno de Entre Ríos de El costo humano de los agrotóxicos (P. Piovano). Ronda 200 de Basta es basta. Paraná, noviembre de 2021.

Figura 7. Etiquetado. Ronda 200 de Basta es basta, Paraná, noviembre de 2021.

En síntesis, el debate alrededor de los agrotóxicos marcará el inicio de un activismo con una incidencia clave en los procesos de resistencia colectiva alrededor de las problemáticas ecosociales de la ciudad y la búsqueda de articulaciones con otros colectivos sociales, tanto feministas como artísticos. Además, se vislumbra el corrimiento y aprendizaje en la utilización de las estrategias estéticas y políticas en sus acciones. Formas que tomarán definitivo impulso durante la quema de los humedales en 2022 y la lucha contra la privatización y gentrificación de los terrenos públicos de la ciudad [15] .

Los humedales en el centro de la escena (2020-2022)

Marzo de 2020 no sólo marcó el inicio de una pandemia desconocida a nivel mundial, sino la bajante más importante en la historia del río Paraná en su recorrido frente a la capital entrerriana que lleva su nombre [16] . Imágenes desoladoras de sequía y cauces del río sin agua que se debía no sólo a la falta de lluvias histórica en la región, sino a la deforestación y los cambios en la utilización del suelo que transformaron radicalmente la vida ambiental del litoral.

En agosto de 2020, todavía con los atisbos de los distanciamientos preventivos de la pandemia del covid-19, frente a la capital entrerriana se observaba una gran nube de humo: las islas Puente y Curupí se quemaban sin freno frente a la ausencia de políticas públicas locales, regionales o nacionales que frenaran el avance del fuego. Los incendios intencionales para fines extractivistas se repetían una y otra vez en toda la provincia y en muchos otros puntos del país y la región [17] . Esta práctica -al día de la fecha- ha arrasado con el 70% del territorio de esas islas entrerrianas. Como señalaba Rafael Lajmanovich: “el fuego se ha extendido por la extrema sequía que se traduce en un masivo ecocidio y un enorme impacto para el ambiente. Nuestros reservorios de agua, aire y vida arden y ardemos con ellos” (en Análisis, 2022).

Desde esos días de quema y humo, la Ley de Humedales “para proteger la biodiversidad de las islas” se volvió lengua común entre la ciudadanía, las asociaciones civiles autoconvocadxs y lxs baqueanos de las zonas costeras de la ciudad.

En este contexto se consolidaron a nivel nacional diferentes Multisectoriales por los humedales, que en la ciudad de Paraná están integradas por la propia coordinadora Basta es basta, diferentes activistas, artistas y organizaciones sociales de la ciudad y la región. La Multisectorial reclama el urgente tratamiento del proyecto consensuado de la Ley de Humedales de alcance nacional que se viene disputando desde el año 2013 -con el primer proyecto presentado por una senadora de la provincia de Entre Ríos, Elsa Ruiz Díaz, que perdió estado parlamentario- [18] . Desde entonces, hace más de una década que la ley es evitada tanto en debate como en su votación definitiva, aunque crecen, cada vez más, las disputas por su aprobación y las movilizaciones populares. Aprendiendo de los movimientos feministas y su larga trayectoria de alianzas, disputas y movilización popular para la aprobación de la ley IVE, las multisectoriales por los humedales en todo el país vienen creando una red de apoyo y acciones comunes estratégicas que permitan la visibilización, la concientización sobre su importancia y la aprobación definitiva.

Como venimos enunciando, el año 2020 signa la organización colectiva que llevaba años activando las calles de la ciudad y cobra especial relevancia el debate alrededor del cuidado, la quema y la falta de protección sobre los humedales de la región. La visibilidad del problema y las consecuencias sobre la vida cotidiana que hace que se expandan los cruces entre prácticas artísticas y activismos ecosociales.

En este camino toma forma la convocatoria regional Humedales para mapear. Prácticas territoriales [19] convocada por artistas y activistas de la región preocupadxs por la situación de la tierra y el agua, y facilitada por Diana Campos, Cristina Aimaretti y Francisco Paredes.

La convocatoria estaba pensada para encontrarse con personas que vengan desarrollando prácticas territoriales en el cruce entre la práctica artística y el activismo ambiental. Las obras que se seleccionaron formaron parte, primero, de una exposición virtual en la plataforma Ambartlab.com.ar y luego se organizó la muestra colectiva Humedales para mapear en la casa de la cultura de la ciudad de Paraná y en el Museo de Arte Contemporáneo de la ciudad de Santa Fe (marzo y septiembre de 2022). La muestra reunió 35 proyectos que utilizaban lenguajes diferentes como performances, grabado, serigrafía, intervención y activación en territorios, video, objetos, grabado, dispositivos interactivos o dibujos.

Allí se conformó la grupalidad que llevó adelante el proyecto Ensayos Anfibios integrada por tres artistas paranaenses: Victoria Larrateguy, María Jesús Álvarez y Pamela Villarraza, que fueron seleccionadas en dicha convocatoria pero que luego trabajaron más allá de ella. En sus ensayos, realizados a lo largo de la segunda mitad de 2021 y organizados en muestras colectivas en 2022, las artistas proponían la exploración de los humedales entrerrianos a través de ensayos abiertos a la comunidad que se orientaron a construir una cartografía sensible que vinculaba humedales y territorio común para indagar alrededor del modo de estar y relacionarse con la naturaleza. Las acciones fueron variadas y recorrieron humedales, ríos y arroyos entrerrianos como Bajada Grande, Thompson, Puerto Sánchez y Colonia Celina relacionados al río Paraná. Luego, sumaron Sauce Montrull, el arroyo Las Conchas y el arroyo El Espinillo, entre otros lugares. Allí fue clave la deriva de recorrer y redescubrir el territorio desde el lenguaje de la performance, el registro fotográfico, de audio o video, o el trabajo en territorio con las comunidades costeras (ver Figura 8).

Figura 8. Performances Huellas Anfibias en la muestra Humedales para mapear. Colectivo Ensayos Anfibios (Victoria Larrateguy, María Jesús Álvarez y Pamela Villarraza). Casa de la cultura, Paraná, abril de 2022.

Sin embargo, esa temporalidad necesaria para la calma y la escucha que proponen los Ensayo Anfibios también fue atravesada por el tiempo de la urgencia que volvió a ganar la calle en 2022. Ese año, como dijimos, fue quizá el de mayor movimiento regional de articulación asamblearia y reclamos de los movimientos ecosociales en la ciudad debido a la exponencial pérdida de territorio que unía una sequía histórica con la imposibilidad de respirar debido al humo de la quema. No casualmente está considerado el de la mayor catástrofe ambiental vinculada a incendios rurales, forestales, pastizales y de bosques nativos.

La extensa quema de las zonas del delta del Paraná y sus humedales (que abarcan gran parte de la región de Entre Ríos, Santa Fe y norte de la provincia de Buenos Aires) tomaron gran relevancia nacional desde el momento en que el humo y la imposibilidad de respirar llegó a la capital del país. Una quema que duró casi todo el año con más de 25 mil focos de incendios contabilizados sólo el primer semestre del año y abarcando una superficie total de aproximadamente el 20% de los deltas del país y perdiendo más de 200.000 hectáreas protegidas, según los datos de la coordinadora Grupo de Investigación en Ecología de Humedales (GIEH) de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA.

Desde allí se comenzaron a replicar consignas tales como “no podemos respirar”, “ardemos”, “somos humedal” o “Humo, sequía y desolación” que fueron parte de la marcha multitudinaria del 3 de septiembre de ese año, donde se desplegaron gran cantidad de estrategias estético-políticas y activistas que signaron colaboraciones que siguen hasta la actualidad. La marcha con la cartografía de etiquetado horizontal, los grafitis y serigrafías con consignas, así como el andar festivo con máscaras de especies autóctonas en peligro de extinción por las quemas, son ya parte de las estrategias instaladas en los recorridos (ver Figura 9).

Figura 9. Marcha plurinacional por los humedales, Paraná, septiembre de 2022.

En esa ocasión, la marcha fue convocada en distintas ciudades del país como Marcha Plurinacional [20] por los humedales y por el reclamo de la aprobación de la ley consensuada por más de 350 organizaciones ambientales de todo el país. Se denunciaba, además, que en todo el territorio argentino la quema de los humedales cercanos al cauce del río Paraná llevaba más de 1 millón de hectáreas perdidas. Ante este panorama, septiembre culminó con una “concentración, música y artivismo”. Un llamado que se realizó en la ciudad el 23 de septiembre de 2022, en el marco de la huelga mundial por el clima. El documento leído da cuenta de las acciones realizadas, así como de las transformaciones teórica, éticas y políticas que se fueron transformando en el marco de los últimos diez años (desde aquel primer proyecto presentado). Allí narraban:

Hace 10 años la ley de humedales se escribía, ahora que la crisis climática arde, el fuego parece ser la evidencia, no hay más tiempo […] Nuestra vida depende de los ecosistemas vivos […] Reconocemos las raíces de este sistema patriarcal, extractivista y neocolonial que nos somete a costa de la degradación de la naturaleza, la sociedad y la economía. Desarrollo sustentable para el bolsillo de las corporaciones con la complicidad del gobierno, bajo las directivas del FMI. (Documento en convocatoria a la marcha. Septiembre, 2022).

Por último, si bien podríamos decir que cuando la urgencia de las quemas mermó, la cantidad de personas que se congregaban y manifestaban disminuyó. Sin embargo, es importante destacar que las marchas y acciones no han cesado de producirse y, por el contrario, podríamos decir que en este tiempo se ha consolidado la creación e instalación de una agenda colectiva de fechas que se hacen cada vez más representativas de los movimientos ecosociales, más acá y más allá de la coyuntura. Demandas que se van instituyendo en el hacer y la memoria colectiva y que, de a poco, han ocupado los escenarios del espacio público de la ciudad a partir de la articulación con otros movimientos sociales y sus demandas, en pos de imaginar un futuro para nuestro hábitat colectivo.

A modo de cierre: la fabulación especulativa colectiva ante el pesimismo

Tal como viene sucediendo en distintos países de América Latina y de diferentes ciudades de nuestro país, la defensa de los territorios y los recursos naturales, así como las formas de imaginación alrededor de cómo vivir juntxs, han sido clave en los últimos años. La pandemia exponenció la pregunta alrededor de las propias condiciones de posibilidad de la habitabilidad y nos empujó a indagar alrededor de las formas de invención no antropocéntricas de futuro. Disputar la vida en contextos de Capitaloceno puso en escena diferentes acciones y alianzas estratégicas para imaginar una vida posible.

Impulsados por los aprendizajes producidos por la coordinación conjunta al interior de la ciudad y la provincia, los movimientos ecosociales de la región entrerriana han producido y sostenido diferentes estrategias estético-políticas para incidir en los debates públicos sobre las formas del cuidado del territorio y la resistencia ante su avasallamiento. A través de un extenso período de tiempo -aún antes de que estos debates tuvieran cobertura nacional-, han sostenido rondas de silencio, acciones fotográficas, performances, manifestaciones y construcción conjunta de distintas coordinadoras interprovinciales.

Como decíamos al inicio, las prácticas analizadas en el presente artículo desbordan las fronteras tanto del arte como de la política para poner el énfasis en sus borrosas intersecciones, enfatizando en las formas de intervenir en lo público. En la provincia de Entre Ríos, a lo largo de casi tres décadas, se han realizado diferentes acciones no sólo en las marchas masivas, sino en pequeñas intervenciones urbanas que han dejado su huella en la imaginación colectiva a lo largo de la ciudad. Desde aquellas primeras caravanas que bajaban al río se construyó un saber-hacer social que fue puesto en escena en diferentes contextos. Desde las marchas y festivales contra las pasteras, pasando por la construcción de imágenes alrededor de las consecuencias corporales que tienen las fumigaciones en los cuerpos de lxs niñxs y adultxs, así como la insistencia en modos performáticos que versan sobre el vínculo con la naturaleza, estas acciones permiten imaginar y articular formas de reclamar e impedir la devastación, pero también de vivir y resistir aún en contextos extremos de vulnerabilidad.

Estas acciones conjuntas pusieron el eje en la necesidad del cuidado del territorio y, en muchas ocasiones, incidieron no sólo en las formas de llamado a la acción colectiva de la población, sino también en la consecución de leyes provinciales de protección de la tierra y el agua, y de prohibiciones del área de fumigación. Si bien han estado muy atravesadas por la urgencia de intervenir sobre los territorios y los problemas específicos de sus habitantes (particularmente durante las quemas, las sequías, las insistentes fumigaciones y los modos de producción extractivistas), también se han logrado establecer alianzas multisectoriales que permiten poner en el centro del espacio público una pregunta más silenciosa y lenta pero alrededor de la invención de prácticas posibles del buen vivir.

En este sentido, durante la última década, las formas de visibilización de estos reclamos se han articulado bajo estrategias colectivas, en muchos casos, junto a los movimientos feministas y articulando parte de sus interrogaciones. No sólo aprovechando las formas de masiva visibilidad que estos colectivos produjeron en la región pos-2015, sino articulando un discurso conjunto alrededor del cuidado de la vida y las formas de resistencia ante la violencia sistemática sobre los cuerpos y los territorios.

Activismos ecosociales y movimientos feministas se dan la mano en la lucha contra las políticas extractivistas, las fumigaciones y la quema de humedales. Estas formas de articulaciones colectivas que sobrepasan los reclamos sectoriales son quizá acciones que nos recuerdan, como sostiene Haraway, “que el desorden establecido no es necesario; que otro mundo no solo es urgentemente necesario, sino también posible, pero solo si no sucumbimos al hechizo de la desesperación, al cinismo o al optimismo y al discurso de la creencia y la incredulidad del Progreso” (2019, p. 89).

En las experiencias que analizamos, los colectivos que se preguntan por las formas de sostener y habitar los territorios han sido capaces de reapropiarse de viejas estrategias utilizadas por los activismos y los movimientos sociales en las calles para llevar adelante prácticas de imaginación, resistencia y revuelta como parte de las estrategias de visibilidad contra largos procesos de extractivismo, extermino y ecocidio. Acciones que proponen interacciones sensibles y nos invitan a pensar especulativamente otras formas de vivir juntxs.

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Artículos de periódicos

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Alonso, N. (11 de junio de 2020). La experiencia de Basta es basta: coordinadora por una vida sin agrotóxicos. La tinta. https://acortar.link/DBr4N7

Aquino, M. (18 de junio de 2019). Docentes rurales, docentes fumigados. Cítrica. https://acortar.link/bkMW0M

Russo, P. (1 de febrero de 2022). Con la marca de Agua. 170 escalones. https://acortar.link/n7hZ1x

Notas

[1] Recibido 10 de octubre de 2023. Aceptado 10 de febrero de 2024.

[2] Doctora en Ciencias Sociales (UBA); Mg. in Women’s and Gender Studies (Univ. de Granada y Bologna) y Licenciada en Comunicación Social (FCEdu, UNER). Es Investigadora Asistente del CONICET (FCEDU-UNER) y docente de grado (UADER). ORCID: 0000-0002-1197-5204, Contacto: laura.gutierrez@uner.edu.ar

[3] Me refiero a la Red Constelaciones. Archivo de active callejero que todavía se encuentra en etapa de creación de los prototipos digitales de la web. Es llevada adelante por el impulso de la investigadora Marjolaine David y fue creado con la intención de conectar activistas, investigadorxs y creadorxs digitales interesadxs en las preguntas por el archivo de hechos políticos y artísticos que tienen lugar en las calles. Por el momento, el proyecto tiene nodos de análisis en las ciudades de La Plata, Rosario y Paraná en Argentina y la ciudad de Tomé en Chile.

[4] Las relaciones entre arte y política en nuestro país son extensas y cobran un marcado desarrollo a partir de los años 60 con la radicalización de las vanguardias artísticas locales (cf. Giunta, 2001; Gutiérrez, 2022; Longoni, 2014; Longoni y Bruzzone, 2008; Longoni, Mestman, 2000).

[5] Para un análisis de estos estudios vinculados a los contextos de protesta social en nuestro país, remitimos a los trabajos de Di Filippo (2015, 2019), Cabral y Scribano (2009), López (2017) y Bertolaccini (2019).

[6] En otros nodos de la red se incorporan otras particularidades dependiendo de la relevancia en la región. Por ejemplo, el grupo rosarino dirigido por Marilé Di Filippo y anclado en la UNR incluye, además de los activismos mencionados, una indagación sobre activismos en torno a la violencia institucional y los contextos carcelarios.

[7] Nos referimos a que no nos guiamos por intentar agrupar intervenciones similares en formato (por ejemplo, analizar sólo el activismo performático, o sólo las intervenciones gráficas, o sólo las fotografías, etc.). Lo mismo con el recorrido específico de una agrupación u organización. Esto se debe a la variedad de recursos expresivos que ya utilizan la mayoría de agrupaciones tanto sociales como de activismo artístico. Por otro lado, nos interesa ampliar esa distinción entre organizaciones sociales y/o activismo artístico, analizando los desbordes entre las distintas formas de intervención estético-política y los distintos actores sociales involucrados.

[8] En palabras de Machado, el extractivismo no hace referencia sólo a un modo de explotación de la naturaleza-exterior, no es algo que sólo refiere a efectos o dimensiones ambientales de una economía política, sino que expresa “un fenómeno ontológico-político: la estructuración de una nueva matriz de relaciones sociales y de un nuevo patrón de poder, cuya emergencia y configuración da lugar a un nuevo régimen geosociometabólico de alcance propiamente mundial” (2023, p. 425).

[9] No resulta menor recordar que similares argumentos se esgrimieron durante años y desde sus inicios en la década de los 70 ante los reclamos y preocupaciones feministas en la Argentina. La acusación de preocupaciones “burguesas” ante la urgencia de la revolución social.

[10] Como recuerda el autor, por ejemplo, al enunciar a Rafael Correa y su disputa con los pueblos originarios del Ecuador cuando sostenía que: “no crean a los ambientalistas románticos, todo el que se opone al desarrollo del país es un terrorista”. O Evo Morales, quien en pleno conflicto por el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Secure (Tipnis) acusó a los indígenas de “imperialistas” por impedir el desarrollo del país, afirmando que el ambientalismo es el nuevo colonialismo del siglo XXI. Por su parte, en pleno debate alrededor de la minería, la por entonces presidenta argentina, Cristina Fernández, recurrió “a la imagen de un obrero minero que, con su empleo digno da de comer a su familia” y cuyo sustento se vería amenazado por los movimientos ‘anti-mineros’, más preocupados por el ambiente que por el hambre y la desocupación” (Cf. Machado, 2005).

[11] Como señala el autor, en Argentina “la expansión de la frontera sojera ha resultado el frente más luctuoso, con más de una decena de asesinatos de miembros de comunidades campesinas e indígenas en Santiago del Estero, Tucumán, Salta, Jujuy, Formosa y Chaco; en tanto que las políticas de persecución y represión se hicieron más intensivas en las provincias cordilleranas y patagónicas, por conflictos por proyectos de megaminería e hidrocarburos” (Machado, 2015, p. 23).

Para seguir el conflicto y la represión vinculada a la minería en Argentina y América Latina, se recomienda el sitio https://mapa.conflictosmineros.net que lleva un mapeo y una contabilización de todos los casos donde se realiza una criminalización de la protesta social en la región.

[12] Ante esta situación, la coordinadora presentó numerosos amparos ambientales de protección a las escuelas rurales en todo el territorio provincial. El primer fallo tuvo sentencia favorable a la coordinadora en primera instancia, pero fue apelado por el propio gobierno provincial presionado por los enormes negociados del agronegocio del que forma parte. Luego, otro fallo fue confirmado a favor de la coordinadora por el Superior Tribunal de Entre Ríos en 2019 y, además, declaraba la prohibición de fumigaciones terrestres a menos de 1.000 metros de las escuelas y 3.000 metros para fumigaciones aéreas. Sin embargo, las presiones de los lobbys sojeros, políticos y económicos de la provincia siguieron apelando y produjeron una acción inaudita: que el propio gobierno provincial sacara otro decreto para anular el fallo de la corte provincial. Este nuevo decreto fue, otra vez, apelado por inconstitucional por la organización ambientalista y, nuevamente, apelado por el gobierno provincial. Luego de idas y vueltas, la disputa culminó recién en febrero de 2023 a favor del gobierno provincial por parte de la Corte Suprema de la Nación que volvió a permitir las fumigaciones terrestres a 100 metros y las aéreas a 500 metros. Actualmente -luego de una nueva apelación de los movimientos ecosociales-, el pleito se ubica en la Corte Interamericana de Derechos Humanos por violación de derechos elementales a la salud y la vida.

[13] Es quizá la carta de denuncia pública “Paren de enfermarnos, paren de matarnos”, de Ana Zabaloy, directora de la Escuela rural N° 11 de San Antonio de Areco, provincia de Buenos Aires, la que hace público el conflicto a nivel nacional. Ana muere en 2019, producto de la enfermedad a la que se vio expuesta por la exposición durante años a las fumigaciones con agrotóxicos en la zona. La carta puede leerse acá: https://www.revistacitrica.com.ar/paren-de-enfermarnos-paren-de-matarnos.html

[14] El juicio inició en 2012 y condenó al productor Francisco Parra y al piloto Edgardo Pancello a tres años de prisión en suspenso al considerar que mediante el uso de agroquímicos envenenaron de "modo peligroso" suelos, salud y el ambiente en general en la zona del barrio Ituzaingó Anexo, en el sudeste de la ciudad de Córdoba. Si bien, años después, el productor fue sobreseído.

[15] No podemos detenernos en este debate en este escrito, pero es parte de las mismas alianzas que se vienen generando en los últimos años. En ese sentido, nos interesa enunciar otra acción de la cooperativa Antílope, ¿De quién es el paisaje?, que recuperaba una pregunta crítica alrededor del aniversario de los 20 años de un hito clave de la ciudad como fue la privatización de una extensa playa pública conocida como “Los Arenales”, donde actualmente hay un barrio privado. En octubre de 2022 lanzaron la pregunta “¿De quién es el paisaje?”, y en marzo de 2023 organizaron no sólo una pegatina por el centro de la ciudad, sino una recuperación fotográfica de la playa y los usos culturales por parte de la población. Como señalaban: “La historia de la privatización de la playa de Los Arenales tiene ya 20 años. La recordamos porque es una forma de reponer su existencia. De preguntarnos en qué espacios nos reconocemos, cuáles están en peligro. De nombrar los lugares que amamos y los que no queremos perder. La ciudad es un derecho. El paisaje, también” (14 de marzo de 2023).

[16] La bajante tuvo su punto álgido en marzo de 2020 y hasta el día de la fecha no se han recuperado los valores “comunes” previos a las transformaciones climáticas producidas en los últimos tres años. Hasta el momento es considerado como el estiaje más largo de la historia de la ciudad desde 1884.

[17] Por cuestiones de espacio, no podemos explicitar aquí el contexto regional y sudamericano vinculado a la quema de tierras que tiene no sólo particularidades en cada región, sino una extensa lucha colectiva en cada una de las ciudades en que se produce. Por ello, sólo nos limitamos a la ciudad de Paraná. Agradecemos un comentario en la evaluación de este artículo que nos remitió al libro Argentina en llamas. Voces urgentes para una ecología política del fuego (2023) para un análisis regional de la situación.

[18] En 2013 y 2016 hubo media sanción de los proyectos de leyes por los humedales en la Cámara de Senadores, pero nunca logró pasar a la de Diputados. En 2018 hubo una presentación en la Cámara de Diputados que también perdió estado parlamentario. Con la gran movilización popular a partir de las quemas del 2020, ese año se presentaron 15 proyectos de Ley de Humedales. Con la puesta en disputa pública a nivel nacional, el momento de mayor presión por la ley unificada se dio en 2021, ya que en noviembre de ese año el proyecto consensuado de Ley de Humedales obtuvo dictamen de mayoría en la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara de Diputados, pero desde allí no pudo ser movida, por lo que quedó sin estado parlamentario.

[19] En la convocatoria se seleccionaron proyectos de diferentes provincias del país, entre ellas, Tierra del Fuego, Chubut, Mendoza, Misiones, Entre Ríos, Buenos Aires y Santa Fe, así como de comunas de la costa ecuatoriana y uruguaya. Como parte integrante del proyecto estaban el programa de arte y ambiente de la asociación civil Espacio Paternal Arte y Cultura, La Paternal Recicla (LPR), junto a la asociación civil Taller Flotante, Ambart.com, el espacio Casa Río (punta Lara), la ONG Fundación Eco Urbano (Paraná) y La Costa no es Basural (organización de vecinxs de Colastiné, Rincón y Arroyo Leyes, Santa Fe). Se pueden ver todos los grupos seleccionados aquí: https://www.arte-online.net/Notas/Humedales-para-Mapear

[20] Podemos ver aquí otro cruce clave con los procesos de los movimientos feministas locales que desde el año 2019 llevan el debate sobre el nombre de los Encuentros Nacionales de Mujeres, que sean denominados Encuentro Plurinacionales de Mujeres, Lesbianas, Trans, Travestis, Bisexuales, Intersexuales y No Binaries. Una disputa que en el nombre marca el reconocimiento y reclamo contra las fronteras coloniales nacionales, así como las corporales biológicas.