Introducción

La pandemia provocada por el covid-19 implicó la contracción de la actividad productiva y generó una recesión económica con consecuencias sociales de gran magnitud a escala global. Como consecuencia, en 2020, todos los países sufrieron un impacto negativo sin precedentes en sus mercados de trabajo, cuya característica central, señala la Cepal (2021), fue la destrucción de puestos de trabajo. En América Latina, la pandemia encontró a los mercados de trabajo en un marco de fragmentación estructural ya que subsisten una amplia informalidad laboral y una alta proporción de trabajadores en actividades de baja productividad (Maurizio, 2021; OIT, 2020). La Argentina comparte estos rasgos dado que tiene un extendido sector informal y una alta incidencia del empleo desprotegido (Beccaria y Maurizio, 2012; Bertranou et al., 2014), a lo que se agrega una reciente tendencia a la precarización de la estructura ocupacional en un marco de bajo crecimiento y alta inflación (Poy, Robles y Salvia, 2020).

Alrededor del 40% de la fuerza de trabajo se encuentra en una fracción del mercado de trabajo que opera en condiciones irregulares o eludiendo las normativas laborales, lo que incluye también actividades por cuenta propia de baja calificación. Este segmento más desestructurado del mercado de trabajo se desenvuelve principalmente en actividades de comercio, construcción y servicios personales (Donza, 2021; Poy, Robles y Salvia, 2020). Entre los/as trabajadores/as pobres predominan los/as informales que llegaron en 2020 al 70% (Betranou y Maurizio, 2020).

Desde la órbita estatal, a nivel nacional se llevaron a cabo diversas políticas públicas con el propósito de disminuir los efectos de la pandemia. En lo referido a la protección social, se implementaron bonos destinados a titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y jubilados/as; un refuerzo, de monto variable, de acuerdo a la composición del grupo familiar para la Tarjeta Alimentar^[6] y el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), considerado el dispositivo con mayor impacto para morigerar la pobreza monetaria (Poy, 2021a). Alcanzó a 9 millones de desempleados/as, ocupados/as informales y cuentapropistas de bajos ingresos entre abril y agosto de 2020 (Poy, 2021b).

Con respecto al mercado de trabajo, se destaca la implementación del programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP). Entre una batería de medidas, el programa incluyó el pago por parte del Estado de hasta el 50% del salario neto de los trabajadores/as de las empresas más afectadas por las consecuencias económicas de la pandemia y créditos a tasa 0 para monotributistas^[7].

Por su parte, el gobierno de la provincia de Mendoza puso en marcha programas de incentivos económicos y retornos a la inversión a través del programa Mendoza Activa y para contrarrestar la destrucción de empleos, implementó el programa Enlace, Enlazados y la Red de Empleo^[8].

No obstante, en nuestro país, como así también en la provincia, la pandemia agudizó el deterioro del mercado de trabajo que ya se observaba en el período 2015-2019 y, por lo tanto, aumentó las desigualdades sociales preexistentes. Frente a las crisis, quienes tienen trabajos precarizados, no registrados o son monotributistas, están en situaciones de mayor vulnerabilidad y exposición -entre ellos, jóvenes y mujeres-, y resultan los grupos más castigados (Pol et al., 2019; Pol et al., 2020).

Para analizar el contexto de la pandemia y sus consecuencias, un eje indispensable resultan las restricciones a la movilidad implementadas, como efecto de las medidas de cuidado de la salud, que implicaron la disminución de la demanda de bienes y servicios, afectando especialmente a los/las trabajadores/as informales y por cuenta propia que no contaban con igual respaldo económico ni cobertura de la seguridad social, en comparación con quienes estaban en relación de dependencia. A su vez, es altamente relevante ahondar en las diferencias según grupos socioocupacionales, ya que, entre las ocupaciones que por sus características no pudieron desarrollarse de manera remota, es mayor la proporción de trabajadores/as informales y cuentapropistas con niveles educativos y calificación más bajos (Bonavida y Gasparini, 2020). Estos grupos se vieron mayormente afectados por la interrupción de sus actividades o disminución de ingresos en comparación a los/as asalariados/as formales, dado que se encuentran sobrerrepresentados/as tanto en ocupaciones compatibles con la modalidad remota como en actividad consideradas esenciales (Poy, 2021b).

Enfocándonos en la provincia de Mendoza, la paralización de la economía agravó el negativo desempeño del empleo privado, que registró en 2020 una abrupta caída interanual del 5,8%. En diciembre, el número de trabajadores/as del sector se ubicó en 227 950, contabilizando 13 223 menos que a finales de 2019, según datos del MTEySS-Sipa^[9]. En el momento más álgido, durante el segundo trimestre de 2020, la contracción del mercado de trabajo provocó una disminución de la informalidad laboral en 6 pp (ubicándose en el 32%), lo que se explica, precisamente, por el alto nivel de informalidad de los sectores económicos más castigados por la crisis. La posterior recuperación del empleo estuvo impulsada por la creación de puestos de trabajo de baja calidad haciendo disparar la informalidad, en el tercer trimestre del año, al 41,4%, según datos de la EPH (Pol et al., 2020).

Por su parte, las consecuencias agudizadas de la crisis de empleo, para las juventudes de Mendoza en 2020, fueron fuertes, ya que se insertan mayoritariamente en comercio, construcción, servicios personales y servicio doméstico; sectores que funcionan con una elevada rotación de sus trabajadores/as y altos niveles de informalidad. Por otra parte, la reducción de la participación laboral, principalmente de las mujeres, asociada a las restricciones a la movilidad, al cierre de escuelas y a la necesidad de proveer servicios de cuidado junto con la contracción del empleo en sectores con alta participación femenina, constituye una clara marca del período pandémico (Martín et al., 2020).

Podemos decir que desde diversos estudios se registró que el cuentapropismo constituyó un espacio de refugio para la obtención de ingresos y la magnitud del fenómeno llevó a la revitalización de un profundo debate, aunque en esta oportunidad la crisis era irrefutable.

El crecimiento del sector por cuenta propia se desarrolla fundamentalmente como mecanismo de respuesta frente a la debilidad en la generación de ocupaciones asalariadas y no como un comportamiento asociado a la existencia de mayores posibilidades de implementar negocios (Beccaria y Maurizio, 2020). Incluso, algunos estudios hace tiempo constatan cierta relación inversa entre el nivel de desarrollo económico y la participación del cuentapropismo en la estructura ocupacional (Lépore y Schleser, 2006).

Una vez más, ante las crisis, surgió la multiplicación de pequeñas iniciativas, organizaciones y experiencias económicas populares y emerge lo más interesante: la movilización y activación económica del mundo de los pobres en búsqueda de soluciones autónomas frente a las necesidades tal como señalaba en los 90 Razeto Migliaro. Este pionero de los enfoques de la economía popular reconoce como sus principales formas: a) El trabajo por cuenta propia de innumerables trabajadores independientes que producen bienes, prestan servicios o comercializan en pequeña escala; b) Las microempresas familiares, unipersonales o de dos o tres socios; y c) Las organizaciones económicas populares. Más allá de las tipologías, en la última década muchas organizaciones sociales fueron gestando nuevas concepciones respecto de sus propias experiencias organizativas y también impulsaron el concepto de Economía Popular (EP), haciendo referencia a prácticas económicas heterogéneas, independientemente del tipo de organización (Chena, 2017). Retomando a Razeto, desde su perspectiva,

estas formas combinan capacidades y recursos laborales, tecnológicos, organizativos y comerciales de tipo tradicional con otros de carácter moderno. Operan buscando intersticios y oportunidades en el mercado, buscan aprovechar servicios y subsidios del sector público, se insertan en experiencias promovidas por ONG y a veces logran restituir lazos de cooperación y reciprocidad que caracterizan a las formas tradicionales de organización económica. (Razeto, citado en Maldovan, 2018: 48)

Por otra parte, la pandemia dejó en evidencia el lugar central que las tareas de cuidado tienen y el rol protagónico de las mujeres en ellas y en las tareas comunitarias. Como sostiene Díaz Lozano:

El barrio como espacio de producción política de los sectores populares encuentra en las mujeres los artífices principales de los entramados comunitarios que lo dinamizan. La persistencia y prevalencia de las mujeres en las organizaciones populares barriales se relaciona con el hecho de que son las garantes de la mayor parte del trabajo de cuidados (Pérez Orozco, 2014), por lo que su participación en esta u otras instancias colectivas supone –más allá de los cambios económicos– la posibilidad de reproducir su vida y la de su familia. (2020: 4)

El interés^[10] se centra en explorar experiencias concretas, durante la pandemia, de organizaciones de la economía popular en Mendoza^[11] y cómo lograron articular estas redes y el acceso a los dispositivos que desde las políticas públicas se implementaron en esas experiencias relevadas.

Es importante mencionar que, desde la perspectiva de este artículo, se entienden las políticas públicas como productos de prácticas en las que intervienen diversos actores, que entraman formas propias de relación enmarcadas en particulares configuraciones socioeconómicas, por lo que resulta indispensable un abordaje situado.

Las páginas siguientes parten de la heterogeneidad de la categoría por cuenta propia y la desigualdad de condiciones que se encuentran agrupadas en el marco de esa nominación y ahondan en el cuentapropismo de mayor vulnerabilidad, en las políticas dirigidas desde el Estado nacional y provincial, y en algunas estrategias colectivas desde el relato de las experiencias de dos redes de organizaciones con amplio alcance en la provincia.

Consideraciones metodológicas

Este artículo se propone: a) Describir la evolución de la composición del cuentapropismo para distintos grupos poblacionales (jóvenes y mujeres), considerando las consecuencias de la pandemia en las condiciones laborales para la región de Cuyo entre 2011 y 2020; y b) Caracterizar las políticas nacionales y provinciales destinadas al empleo y las estrategias de las organizaciones seleccionadas ante la emergencia de la crisis por la pandemia en la provincia de Mendoza.

Considerando los datos disponibles en el marco de la investigación desplegada y las limitaciones que las fuentes de información tienen para abordar el fenómeno cuentapropista a escala local, se despliega una estrategia metodológica complementaria entre técnicas cuantitativas y cualitativas de investigación. Así, cada abordaje permite obtener aspectos diferentes en vistas a profundizar la comprensión de los hechos (Bericat, 1998).

El alcance del primer objetivo aporta una mirada general del comportamiento del cuentapropismo antes y durante la pandemia en la región. Las fuentes de datos utilizadas son la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) y la ESAyPP/Pisac-covid-19. Por su alcance muestral, estas fuentes imponen trabajar con los datos agregados a nivel regional a los efectos de lograr aprehender el fenómeno del cuentapropismo e impiden ahondar en la provincia de Mendoza.

Se optó por un análisis con la EPH que abarcara un extenso período temporal (2011-2020), con el propósito de observar la crisis por la pandemia y el período anterior, incluyendo el deterioro que el mercado de trabajo ya venía registrando. Se analiza la evolución de la composición de trabajadores/as por cuenta propia para distintos grupos poblacionales (jóvenes y mujeres). A fin de realizar una aproximación empírica a esa composición, se desagregaron en dos grupos de acuerdo con la calificación de los puestos según el Clasificador Nacional de Ocupaciones (CNO): calificados/as (profesionales y técnicos/as) y no calificados/as (operativos/as y no calificados/as).

Luego, se caracterizan las consecuencias de la pandemia para ocupados/as en dichas categorías en 2020. Los datos provienen de la Encuesta nacional sobre la estructura social de argentina y políticas públicas durante la pandemia por Covid-19 (ESAyPP/Pisac-covid-19) relevada en la Argentina urbana entre octubre y diciembre de 2020^[12].

A partir de conocer esa situación general, el segundo objetivo busca focalizar en la situación de las políticas públicas dirigidas, desde el Estado nacional y provincial, hacia el sector y en las experiencias de algunas organizaciones que trabajan articuladamente con amplios sectores cuentapropistas e informales de la economía popular mendocina. Para ello, recurrimos, durante 2020 y 2021, a entrevistas semiestructuradas a informantes clave: por un lado, al referente de la Agencia Territorial de Mendoza del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación^[13] y a la Directora General de Empleo y Capacitación del Ministerio de Economía y Energía de la Provincia de Mendoza, indagando sobre los dispositivos que se desplegaron para llegar al sector cuentapropista; por el otro, a referentas de dos organizaciones integrantes de amplias redes sociocomunitarias con gran alcance territorial, ambas vinculadas a la producción de alimentos^[14] y, por último, atendiendo a esa característica de las organizaciones relevadas, a la Coordinadora Regional del Programa Prohuerta del Inta, con alcance a las provincias de Mendoza y San Juan.

Las entrevistas se desarrollaron de manera presencial y virtual, con guías semiestructuradas^[15] que contenían dimensiones comunes a la diversidad de informantes relevados, entre ellas resultan de especial relevancia para este artículo los siguientes ejes: estrategias y relaciones en el territorio local, regional y nacional, y la presencia del Estado. Siguiendo ambos objetivos, en primer lugar se presenta la perspectiva teórica y los antecedentes respecto al abordaje del cuentapropismo. En segundo lugar, se analiza la evolución de la composición de la categoría por cuenta propia para distintos grupos poblacionales en la región de Cuyo, incluyendo el período de deterioro del mercado de trabajo y su crisis en contexto de emergencia. Finalmente, a partir de conocer las particularidades de esta población, se analizan, para el caso de la provincia de Mendoza, las estrategias desde el Estado nacional y desde las organizaciones para generar dispositivos de contención en el transcurso de la pandemia.

1. El trabajo por cuenta propia: una categoría caracterizada por la heterogeneidad

La dimensión principal a partir de la cual los organismos oficiales establecen la categoría ocupacional es el uso de la fuerza de trabajo. Así, la población ocupada es clasificada en “los que compran fuerza de trabajo (patrones), los que usan su propia fuerza (cuenta propia) y los que venden su fuerza de trabajo en el mercado (asalariados)” (Neffa, 2014: 66). La categoría de trabajo por cuenta propia se define como:

la persona que desarrolla su actividad utilizando para ello sólo su propio trabajo personal, es decir sin emplear personal asalariado y sólo sus propias instalaciones, instrumental o maquinaria. También se incluye en esta categoría a la persona que es socio activo de cooperativas de producción o de sociedades de personas que no emplean asalariados y a la persona que es trabajador a domicilio o en su domicilio y que mantiene relación con más de un establecimiento. (EPH-Indec, Manual de instrucciones, Cuestionario individual, citado en Ahumada, 2002)

Como se evidencia en la descripción, concentra a un grupo diverso de ocupaciones con desiguales niveles de ingreso, condiciones de trabajo y acceso a la seguridad social. Además de esta heterogeneidad, es preciso señalar que los cambios en los modelos de desarrollo y las diversas formas que el trabajo va asumiendo constituyen un gran desafío teórico que demanda constantemente problematizar las categorías analíticas y metodologías tradicionales de medición (Neffa, 2014). Es decir, la realidad concreta de los mercados de trabajo encuentra límites para traducirse de forma certera en las categorías estadísticas operatorias.

Ahora bien, aunque la gran diversidad a la que alude el término “cuentapropismo” es reconocida en los estudios sobre la temática, no hay acuerdo sobre las dimensiones a la que se refiere esa heterogeneidad (Busso, 2003). Algunos analizan dicha heterogeneidad en función de las características individuales de sus trabajadores/as (nivel educativo, competencias, etc.), a las actividades a las que refiere el concepto (rama de actividad, tipo de tareas, etc.) o a la articulación de ambas dimensiones de análisis.

Desde una perspectiva complejizadora y no lineal, para abordar la relación entre cuentapropismo y mercado de trabajo, Gallart, Moreno y Cerruti (1991) sostienen que existen profesionales liberales, cuentapropistas estructurales, vinculados a la pequeña producción mercantil y quienes, con niveles educativos e ingresos más bajos, desarrollan su actividad como refugio, alternativa al desempleo. Este último grupo es el que aumenta como producto de la insuficiencia en la generación de empleo.

Por su parte, Lépore y Schleser (2006) realizan una clasificación en la que distinguen cuentapropistas profesionales, cuentapropistas de oficio y cuentapropistas de subsistencia, este último grupo conformado por quienes se desempeñan en posiciones ocupacionales no calificadas. Son quienes trabajan independientemente, pero con recursos y productividad tan bajos que no pueden obtener ganancias, sino ingresos de subsistencia. A los efectos de este artículo, este último constituye el grupo de interés.

En el contexto de crisis en la pandemia, diferentes formas colectivas desplegaron heterogéneas estrategias de representación, organización y/o autogestión. Así, esta categoría que agrupa diversidad de situaciones permite observar en un contexto de crisis sobre todo la profundización de las desigualdades en su interior.

1.1. El cuentapropismo como estrategia de refugio ante las crisis prepandemia y por pandemia en la región de Cuyo

De acuerdo con la perspectiva planteada en el apartado precedente, a continuación se describe la composición del trabajo por cuenta propia en la región de Cuyo, Argentina, entre 2011 y 2020[16]. En esta región, el comportamiento de la economía se encuentra ligado al ritmo de crecimiento o recesión de la agroindustria que constituye la más importante base exportable regional y la principal productora de ingresos (De la Torre, 2008), a lo que se suman la minería y los hidrocarburos, configurando así una estructura económica estrechamente dependiente de los recursos naturales. Esta característica económica estructural implica determinadas relaciones interregionales, extrarregionales y entre agentes e instituciones distintivas de ese espacio territorial y que, por lo tanto, le imprimen características específicas a los mercados de trabajo cuyo análisis, no obstante, debe emprenderse considerando las dinámicas nacionales.

Luego de 2014, la dinámica económica recesiva nacional del período implicó una tendencia descendente de la participación de asalariados/as. Su participación relativa se redujo de 77,4% en 2014 a 72,6% en 2019, en efecto, aumentó el cuentapropismo en el total nacional, de 17,7% en 2014 a 22,7% en 2019. Específicamente en la región de Cuyo, la proporción de trabajadores/as asalariados/as descendió de 74,8% en 2014 a 71,5 % en 2019 y, en consecuencia, aumentó el cuentapropismo de 20,1% en 2014 a 22,5% en 2019, por lo que el deterioro del mercado de trabajo en la crisis prepandemia estuvo en buena medida explicado por la pérdida de empleo en el sector formal.

La evolución ascendente del cuentapropismo tuvo su pico máximo en el año de mayor incidencia de las medidas preventivas contra el covid-19. En 2020 alcanza al 26,4% a nivel nacional y un 25,9% de las personas ocupadas de la región de Cuyo, como consecuencia de una disminución de la participación relativa de asalariados/as y empleadores/as.

La crisis ya registrada en la etapa prepandemia (2015-2019) impactó más sobre el empleo asalariado registrado, mientras que la crisis de la pandemia afectó más en términos relativos al empleo asalariado no registrado (Dalle y Actis, 2021) pero, como efecto de ambas crisis, creció el peso relativo del trabajo por cuenta propia.

Al interior de este grupo, 8 de cada 10 cuentapropistas de la región de Cuyo realizan ocupaciones de baja calificación. El acrecentamiento del grupo socioocupacional a partir de la pandemia se refleja en una sobrerrepresentación de ocupaciones de baja calificación. Así, en el pico histórico registrado en 2020 aumenta la proporción del cuentapropismo no calificado como actividad refugio para contrarrestar la desocupación: el 84,5% se desempeñaba en ocupaciones de baja calificación, asociadas a niveles bajos de ingresos y alta informalidad.

Tabla 1. Proporción de ocupados/as entre 15 y 64 años por categorías ocupacionales y proporción de cuentapropia por calificación según sexo. Región de Cuyo, 2011-2020
Fuente: elaboración propia con base en microdatos de la Encuesta Permanente de Hogares-Indec.

El análisis de la proporción de cuentapropistas en ocupaciones con calificación y no calificadas asume particularidades relevantes cuando se compara entre varones y mujeres. Entre 2011 y 2017, la participación relativa de ocupaciones calificadas en el grupo de mujeres es sistemáticamente menor que entre los varones, situación inversa a la que se registra entre 2019 y 2020, debido a que el peso relativo de los varones en las ocupaciones calificadas disminuye notablemente (-7,6 pp).

Esto se explica a partir del impacto diferencial, para ambos grupos comparados, que tuvieron los efectos en el mercado de trabajo durante la pandemia. Las consecuencias en la pérdida de empleo afectaron en mayor medida las posibilidades de inserción en el empleo asalariado formal de los varones, que recayeron en trabajos por cuenta propia no calificados como estrategia de subsistencia. En cambio, en las mujeres el impacto principal se registra en la reducción de la participación laboral, la que estuvo asociada a las restricciones a la movilidad y al cierre de escuelas que implicaron la necesidad de proveer servicios de cuidado, lo que se desarrolló junto con la contracción del empleo en sectores con alta participación femenina como servicio doméstico, comercio y turismo (Cepal, 2021).

En cuanto a los/as jóvenes, históricamente la relación de dependencia es la forma de las primeras inserciones laborales vinculadas a empleos en condición de informalidad, en mayor medida que la población adulta. Como hemos reseñado, fueron justamente las actividades informales y precarias las que se vieron más afectadas por la crisis sanitaria, lo que conlleva un mayor impacto en el empleo de estos grupos poblacionales, entre ellos, especialmente mujeres y jóvenes que se insertan principalmente en actividades del sector informal (Cepal, 2020). Por lo tanto, el aumento de 8 pp de jóvenes por cuenta propia entre 2019 y 2020 puede leerse como una respuesta ante la expulsión del mercado de trabajo informal. De ese aumento de cuentapropistas, a su vez, 9 de cada 10 se insertaron en ocupaciones de baja calificación^[17].

Tabla 2. Proporción de ocupados/as jóvenes (15 a 29 años) por categoría ocupacional y proporción de cuentapropia por calificación. Región de Cuyo, 2011-2020
Fuente: elaboración propia con base en microdatos de la Encuesta Permanente de Hogares-Indec.

El cuentapropismo constituyó una de las estrategias con las que los grupos más vulnerables pudieron atravesar la crisis de la pandemia, asumiendo formas de trabajo diversas, mayoritariamente asociadas a la ausencia de derechos laborales, situación en términos generales crítica y que en un contexto sanitario como el atravesado asumen aún mayor relevancia, dada la inexistencia de obra social, seguros de riesgo del trabajo, licencia por enfermedad, etc.

Ante el análisis de las formas en las que los distintos grupos poblacionales utilizaron el cuentapropismo como estrategia para paliar el desempleo, resulta de interés conocer las consecuencias particulares que implicaron las medidas sanitarias para este tipo de ocupaciones, entendiendo que, a las restricciones a la movilidad y la disminución de la demanda de bienes y servicios diversos, se sumaron las dificultades que habitualmente tienen las políticas públicas de protección y empleo para llegar a esta población, lo que quedó de manifiesto frente a la gran envergadura de la inscripción al IFE.

A partir de la base Pirc, se puede conocer que en 2020 el 28,6% de la categoría por cuenta propia tuvo que cerrar su negocio o taller. Del 71,4% que pudo sostener su trabajo, el 35,8% destacó una reducción de ventas, servicios o clientes, en consecuencia, el 50,1% tuvo una disminución de los ingresos. En el contexto de restricciones del ASPO y DISPO, las posibilidades de reconvertir productos o servicios, de adaptarse al teletrabajo o de sostenerse para ofrecer el producto o servicio propio se vieron condicionadas según el tipo de ocupación y las consecuencias fueron dispares en función de la calificación.

Los datos de las Tablas 1 y 2 muestran que durante 2020 dentro del cuentapropismo se produjo un aumento de la sobrerrepresentación de ocupaciones de baja calificación. Es decir, se evidencia una incorporación débil en la estructura económico-laboral y además una fuerte afectación por la crisis económica, con ausencia de respaldo en la seguridad social.

Tabla 3. Consecuencias de la pandemia para cuentapropistas. Región de Cuyo, 2020
Fuente: elaboración propia sobre la base del Pirc-Pisac-covid-19, 2020.

En un contexto extraordinario como la pandemia resulta de interés conocer cuáles fueron las condiciones de trabajo, dado que ellas definen en buena medida las estrategias posibles. Podemos aproximarnos a conocerlas indagando sobre la inscripción y el pago del monotributo y la calificación de la tarea.

Gráfico 1. Proporción de ocupados/as cuentapropia según calificación de la tarea por inscripción al monotributo. Región de Cuyo, 2020
Fuente: elaboración propia sobre la base del Pirc-Pisac-covid-19, 2020.

De los/as cuentapropistas calificados/as, el 60,8% se encontraba inscripto/a como monotributista, en comparación al 17,1% de los/as no calificados/as. Entonces, 8 de cada 10 cuentapropistas realiza ocupaciones de baja calificación y de esa proporción, el 82,9% no registra inscripción en el monotributo, lo que se traduce en la ausencia de previsión social, de obra social y de posibilidades de bancarización. Los datos evidencian que entre quienes se definieron en esta categoría de ocupación priman las ocupaciones de baja calificación y endeble inserción en la estructura económica de la región de Cuyo.

2.1. Sostener los ingresos en tiempos de pandemia

Muchas personas de acá son personas que trabajan el día a día, ¿me entendés? Y con el tema de la pandemia no podían salir a trabajar. No tenían qué comer, no tenían para pagar la luz, no tenían para el gas, para la garrafa, no tenían para darle de comer a los pibes. Y como que se nos desbordó todo, pero todo mal, ¿eh? Todo mal. (Referenta de una organización social, comunicación personal, 26 de octubre de 2021)

Esta situación se reproducía y profundizaba en distintos lugares del país. Atravesar la crisis generada por la pandemia suscitó la puesta en marcha de múltiples estrategias hacia y al interior del sector cuentapropista. Como se mencionó, entre las políticas nacionales se implementó la protección de los puestos de trabajo a través de la prohibición de despidos (Decreto 329/20), también el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP) que incluyó préstamos a tasa cero para monotributistas (una estrategia potencialmente accesible para el exiguo grupo de cuentapropistas que se encuentran inscriptos/as en el monotributo) y el IFE, una política de transferencia de ingresos implementada dada “la necesidad de proteger a los sectores más vulnerables de la economía” (D'Alessandro et al., 2020: 2), incluyó a los/as cuentapropistas en condiciones más frágiles.

Así, el Estado resultó ser un actor clave a través de la implementación de diversas políticas para contener la crisis del mercado de trabajo en el contexto de pandemia^[18], sin embargo, parece existir consenso respecto a que sus medidas llegaron con mayor peso al sector registrado.

No obstante, una parte del cuentapropismo pudo encontrar un respaldo relativo en los créditos a tasa cero que también formaron parte del ATP y en otra de las políticas implementadas, el IFE, ya que este bono incluía a trabajadores/as de la economía informal y monotributistas de categorías inferiores definidos como cuentapropistas de alta vulnerabilidad^[19], junto a personas trabajadoras de casas particulares y quienes estuvieran en situación de desocupación (que no percibieran prestación por desempleo).

Los/as cuentapropistas pusieron en juego algunas de dichas políticas, también recursos propios, y apelaron a las redes organizacionales y comunitarias desplegando diversas estrategias para enfrentar la crisis. Para acercarnos a esta rica dinámica, resulta indispensable un análisis situado en los entramados locales, donde las múltiples interacciones de diversos agentes participantes toman forma.

En este sentido, a fines de engarzar múltiples niveles de análisis, retomamos la mirada bourdiana que nos señala que las políticas sin duda son:

Producto de una larga serie de interacciones cumplidas bajo una coacción estructural, las medidas reglamentarias que son constitutivas de esa política se interpretarán y redefinirán a través de nuevas series de interacciones entre agentes que en función de su posición dentro de estructuras de poder definidas en el plano de una unidad territorial –región, departamento- encaran estrategias diferentes o antagónicas. (Bourdieu, 2013: 146)

Sostenemos entonces que las políticas y sus resultados concretos son producto de las prácticas de gran variedad de agentes sociales, individuales y colectivos anclados territorialmente, portadores de orientaciones políticas, intereses y valores que defienden y desde los cuales construyen diversas estrategias, donde el Estado tiene un papel relevante.

Desde este punto de vista, estrategias estatales y colectivas que buscan sostener el trabajo remunerado o los ingresos junto al lugar preponderante que durante la pandemia tuvieron las vinculadas al trabajo de cuidado fueron dando forma al abordaje de situaciones problemáticas en un contexto de emergencia.

Si bien esta dinámica en modo alguno es novedosa entre los sectores populares, es preciso resaltar el lugar central que las estrategias vinculadas al trabajo de cuidado tuvieron en el contexto pandémico, lo que les dio enorme visibilidad.

En este trabajo, el interés se dirige a las estrategias desplegadas para y desde el sector más débil del cuentapropismo, con especial foco en una de sus modalidades: la colectiva y en organizaciones sociales dedicadas a la producción de alimentos, actividad emblemática para la configuración socioproductiva local.

Guía esta selección, una perspectiva que comprende que no se trata de una relación de linealidad entre el nivel nacional que concibe la política y el nivel local que ejecuta, sino de mutuas redefiniciones de acuerdo con las posiciones dentro de las estructuras de poder de los agentes que participan en la interacción (Bourdieu, 2001).

Con propósitos analíticos, se abordan las estrategias puestas en marcha en la coyuntura con eje en las siguientes dimensiones: las estrategias que diseñaron las organizaciones, las vinculaciones de las organizaciones con los distintos niveles estatales y la relevancia de las redes comunitarias para atravesar la crisis.

2.2. La cotidianidad transformada y las estrategias para sostenerla

La llegada de la pandemia supuso un impacto y transformación en la vida cotidiana de las organizaciones sociales consultadas y sus integrantes, sobre todo en las limitaciones que traían aparejadas la movilidad y los encuentros grupales. Dado que se consideraba esencial a todos sus equipos de trabajo, las actividades productivas durante el período continuaron desarrollándose y se ampliaron:

trabajamos el doble, como organización, porque también implementamos algunos dispositivos de asistencia concreta de alimentos […] a todos nuestros compañeros. Bolsones de verduras, bolsones de alimentos, de comida, todo lo que logramos gestionar a través del Estado nacional o provincial. Pusimos mucha más energía en distribuirlo, sobre todo en las zonas del campo. (Referenta de cooperativa agroalimentaria, comunicación personal,2 de noviembre de 2021)

Desde las organizaciones se encaminaron a generar algunas estrategias para sostener el trabajo, la alimentación y la educación de las comunidades. Una de las organizaciones realizó un diagnóstico de cada comunidad a partir de un mapeo colectivo en el que presentaban las limitaciones y las posibilidades de cada una, y la otra retomó un diagnóstico que habían realizado de los barrios en los que tienen influencia, para clarificar datos referidos a la cantidad de integrantes por hogar, edades, nivel educativo y condición de actividad.

En esta situación de crisis se puso en evidencia la compatibilidad del trabajo de cuidado con el cuentapropismo. Una de las referentas destaca que en aquellas familias donde quien participaba de la cooperativa era la mujer y el marido se dedicaba a hacer changas, con el aislamiento se vieron limitadas, esa distribución permitió que ellas mantuvieran sus trabajos productivos. Esta realidad es reconocida en las expresiones del funcionario del Estado nacional. También lo afirma la coordinadora de Prohuerta,

trabajamos con lo que tiene que ver con el alimento, con el cuidado, con el ocuparse del otro, ocuparse del alimento y todo eso. Y en eso las mujeres se involucran mucho más, tal vez por la temática que es el alimento y el cuidado de la familia [...] los promotores voluntarios que trabajan con nosotros, la mayoría son voluntarias, la mayoría son mujeres. Vinculadas con las escuelas, pero también vinculadas con… las referentes barriales, de las que organizan en los barrios con la comunidad y todo eso. Sí, son mujeres. (Coordinadora de Prohuerta, comunicación personal, 2 de noviembre de 2021)

Desde ambas perspectivas se visualiza claramente que la economía de subsistencia es un espacio de trabajo feminizado. Estas percepciones se encuentran en plena consonancia con los registros cuantitativos analizados en el apartado anterior, dando cuenta que hasta la pandemia las mujeres tenían mayor participación relativa en el cuentapropismo no calificado.

Por otra parte, si nos enfocamos en las líneas de acción impulsadas por las organizaciones en el marco de la crisis sanitaria, es de particular interés la referencia a las modalidades de contención alimentaria. Una entrevistada menciona que se generaron redes solidarias que llegaron a sus integrantes, como así también a personas que no participaban del espacio y, entre ellas, destaca la Red Respaldar^[20]:

Estábamos preparando en la pandemia para poder trabajar con las Ferias Alimentar, de la Tarjeta Alimentar, para poder ser proveedores de la tarjeta. Entonces, rápidamente modificamos toda nuestra estructura, que habíamos armado para la Red Respaldar, para armar bolsones de verdura, que se distribuían, que obviamente se pagaban a un precio muy bajo. (Referenta cooperativa agroalimentaria, comunicación personal, 2 de noviembre de 2021)

Así, el dispositivo se modificó respecto del que habían diseñado en función de una estrategia política previa a la pandemia y lo refuncionalizaron constituyendo uno propio de asistencia en función de la emergencia.

Otro dispositivo que venía trabajando este espacio cooperativo fue la denominada Mesa Agroalimentaria, lanzada en el contexto de pandemia y conformada por la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Tierra, el Movimiento Nacional Campesino Indígena Somos Tierra y la Federación de Cooperativas Federadas, como espacio de debate y de elaboración de propuestas sobre el modelo agropecuario.

La otra organización se enfocó en generar fuentes de trabajo desde lo que sabía hacer cada integrante y con los recursos disponibles, coordinando a través del grupo de WhatsApp,

en una camioneta chacra por chacra, los chicos agricultores recorrían la verdura y le llevaban a cada familia una bolsa con verdura para ir aportando, para ir ayudando. Las otras chicas con el pan, otras con jabón, otras con lavandina… Y así íbamos ayudando un poco en cada lado, pero siempre con un esfuerzo total de la agrupación y de los mismos compañeros. (Referenta de una organización social, comunicación personal, 26 de octubre de 2021)

Algo central en un contexto donde no ingresaba dinero en las familias fue el intercambio de productos entre integrantes de los distintos grupos productivos de la organización, “las chicas de panificación hacían intercambio con los productores que les llevaron la verdura” (Referenta de una organización social, comunicación personal, 26 de octubre de 2021).

En este mismo sentido, las redes colectivas continuaron fortaleciéndose. Tal es el caso de los vínculos con La Terre^[21], cooperativa que realizó donaciones de alimentos deshidratados y productos de limpieza y lavandina e intercambio de productos:

un arroz que vos lo ponías a hervir y ya estaba todo deshidratado, te salía el guiso. Imaginate, nos ayudó muchísimo. Hacíamos bolsas de 2 kilos, bolsas de 10 kilos que nos mandaban para los merenderos [...] y ahí los chicos de La Terre también lograron articular con otras agrupaciones y llegamos a coser 20 mil barbijos, en donde dábamos 500, 600 barbijos para cada textil [...] La Terre nos daba la lavandina que era cloro muy lindo, jabón [...] bueno, el compromiso es que la vendan y les va a salir tanto, y lo demás es de ustedes. (Referenta de una organización social, comunicación personal, 26 de octubre de 2021)

En este mismo sentido, las redes colectivas continuaron fortaleciéndose. Tal es el caso de los vínculos con La Terre^[21], cooperativa que realizó donaciones de alimentos deshidratados y productos de limpieza y lavandina e intercambio de productos:

un arroz que vos lo ponías a hervir y ya estaba todo deshidratado, te salía el guiso. Imaginate, nos ayudó muchísimo. Hacíamos bolsas de 2 kilos, bolsas de 10 kilos que nos mandaban para los merenderos [...] y ahí los chicos de La Terre también lograron articular con otras agrupaciones y llegamos a coser 20 mil barbijos, en donde dábamos 500, 600 barbijos para cada textil [...] La Terre nos daba la lavandina que era cloro muy lindo, jabón [...] bueno, el compromiso es que la vendan y les va a salir tanto, y lo demás es de ustedes. (Referenta de una organización social, comunicación personal, 26 de octubre de 2021)

Estos lazos colectivos también son identificados por la Coordinadora Regional de Prohuerta:

una de las diferencias fundamentales que tiene la economía social y popular con la economía formal es la vocación de servicio, el querer colaborar, el colaborar con tus pares, entendernos a todos como parte de una sociedad, que nos necesitamos. (Coordinadora Regional de Prohuerta, comunicación personal, 2 de noviembre de 2021)

A partir de esta primera descripción sobre cómo las organizaciones resolvieron dispositivos de contención, en el siguiente apartado buscamos problematizar las formas de relación entre el Estado y el cuentapropismo de alta vulnerabilidad.

2.3. Relaciones con el Estado en clave local

Al indagar con el entrevistado sobre las estrategias que implementó la Agencia Territorial del Ministerio de Trabajo de la Nación para abordar este sector, detalla que existen dos programas. Por un lado, el Programa de Trabajo Autogestionado, destinado a cooperativas, sobre todo las que tienen que ver con la Economía Social y solidaria que, según explica, surge como una contención a las empresas recuperadas. Por otro lado, el Programa de Empleo Independiente es una herramienta de intermediación que intenta acompañar con tres meses de formación y ejecución de proyectos incipientes vinculados al autoempleo, no articulados a una red.

Los vínculos de la agencia se establecen principalmente con los gobiernos municipales para la gestión de sus políticas. Las relaciones entre el Ministerio y sus Agencias Territoriales con los/as trabajadores/as es un vínculo en el que no existen fuertes mediaciones con organizaciones y movimientos sociales, de acuerdo con las palabras del funcionario entrevistado, más que derivar casos que esos espacios les planteen a las Oficinas de Empleo municipales.

Desde su mirada, el Programa de Empleo Independiente permitió generar cierta contención aun siendo crítico de sus alcances: “Me parece que la pandemia hizo visible la posibilidad de aprovechar más estos programas” y comenta que una de las grandes limitaciones para la implementación de las estrategias fue adaptar la presencialidad de las actividades a la virtualidad, lo cual se convirtió en un desafío: “cómo hacer un Estado presente en un contexto de aislamiento”.

A ello se sumaba la situación en la que se encontraron las políticas públicas cuando llegó la pandemia. Muchas Oficinas de Empleo no estaban con pleno funcionamiento en la gestión anterior al 2019, por lo que se decidió acompañarlas en el proceso de activación de programas y reestructuración de los equipos de trabajo. Es, en ese sentido, que resalta la importancia del trabajo territorial que realizan los municipios y del respaldo que la agencia podía brindarles: “Todos estos programas implican gestión local, y ahí tenemos nosotros un gran desafío en la formación de esos equipos locales y el municipio de verlo... cuando el Intendente lo ve como recurso que puede aprovechar, le pone fuerza” (Funcionario del Estado nacional, comunicación personal, 28 de septiembre de 2021).

La funcionaria provincial también señala la relevancia del rol municipal cuando expresa: “Si el Municipio tiene una difusión activa de los programas de empleo, sean nacionales o sean provinciales, que lleguen a las personas, las personas participan”.

Son los municipios y no la agencia territorial quienes establecen articulaciones más fuertes con las demás áreas del Estado, dado que dependen de áreas municipales que a su vez se vinculan con otros niveles del Estado. Y es precisamente en este punto donde el entrevistado plantea la necesidad de la complementariedad entre los organismos estatales, lo cual es crucial en términos del diseño e implementación de estrategias laborales para el colectivo analizado.

Igualmente, surge el papel de los gobiernos locales al analizar las acciones desde el programa Prohuerta, donde registramos la distribución de paquetes de semillas, “con mucho más apoyo de los municipios, como que nos volcamos mucho más a los municipios para hacer llegar las colecciones^[22] a las familias. Se trabajó con muchas más colecciones, se entregaron muchas más colecciones” (Coordinadora regional Prohuerta, comunicación personal, 2 de noviembre de 2021). Esto implicó que se “fortalecieron vínculos con muchas organizaciones, de las instituciones con las organizaciones” (Coordinadora regional Prohuerta, comunicación personal, 2 de noviembre de 2021).

En cuanto a la relación de la cooperativa con los distintos niveles estatales, su referenta sostiene que la pandemia no modificó sustancialmente el esquema de alianzas y de contactos con el Estado. En ese sentido, uno de sus vínculos principales fue con el municipio de Lavalle, departamento donde esa organización tiene su principal asiento y con quienes lograron coordinar la gestión llevada a cabo en la Red Respaldar, en articulación con organismos nacionales. En este caso, el municipio se encargaba de la movilidad y en conjunto organizaban la distribución de las verduras, “el Inta [Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria] que tenía, camioneta y combustible, listo, suficiente. Nosotros organizamos a los productores; vos, el compañero que va a estar manejando el vehículo y distribuimos los alimentos” (Referenta de una cooperativa agroalimentaria, comunicación personal, 2 de noviembre de 2021). Fue de suma importancia el vínculo con los organismos del Estado de base territorial en este caso, aunque ello no fue homogéneo en todo el territorio provincial.

Por su parte, desde la experiencia transitada por la organización social consideran que hubo muchas dificultades para vincularse con el municipio de San Martín: “fuimos a pedir acá alcohol y nos dijeron que… para los 18 merenderos, 4 comedores que teníamos, nos daban un litro de alcohol”.

Con el nivel provincial, las entrevistadas de ambas organizaciones sostienen que tienen una relación dificultosa. Ese nivel estatal acuerda con la política agroeconómica que es objeto de duras críticas desde la cooperativa y, a su vez, dificulta la relación el claro encasillamiento que sufren desde ese nivel estatal en tanto organización social aunque productiva.

cada vez que nosotros vamos a reclamar algo, nos sientan con el Ministerio de Desarrollo Social, no te sientan ni con el ministro de Economía, ni de Agricultura, que no existe, ni con la secretaria de Agricultura. O sea, un alguien al cual plantearle tus ideas. (Referenta de una cooperativa agroalimentaria, comunicación personal, 2 de noviembre de 2021)

Desde el nivel nacional, una de las entrevistadas afirma que no existió ninguna línea especial de crédito ni subsidio estatal en contexto de pandemia, como una forma específica de reconocer las problemáticas del colectivo. Sí destaca que luego, en 2021, a partir de un pedido realizado al Ministerio de Agricultura, reaparece el Monotributo Social Agropecuario que durante la gestión del presidente Macri fue dado de baja. En sus palabras:

El papel de la Secretaría de Agricultura Familiar fue bastante pobre en todo sentido, en términos de reflejo en una pandemia. O sea, esto que nosotros armamos, con las otras organizaciones, en una semana, bueno, no atinaron. (Referenta de una cooperativa agroalimentaria, comunicación personal, 2 de noviembre de 2021)

Por su parte, la referenta de la organización social sí refiere a la llegada de asistencia nacional para abastecer merenderos y comedores comunitarios y de servicios de conectividad de celulares para garantizar el acceso a la educación. Además, menciona que cuando el contexto comenzó a mejorar, recibieron herramientas para los grupos productivos, tales como máquinas para el grupo de textil y hornos para panificación: “de los recursos de cada compañero que van aportando que son solidarios [...] de esa manera se trabaja la agrupación. También de las donaciones que muchas empresas a lo mejor le hacen una donación a la agrupación” (Referenta de una organización social, comunicación personal, 26 de octubre de 2021).

Esta capacidad de acción es reconocida como una potencialidad de este tipo de trabajadores/as por el funcionario entrevistado en relación con la modalidad de abordaje de la situación de crisis que implicó la refuncionalización del dispositivo de contención colectivo diseñado por las organizaciones:

la posibilidad de vincularse rápidamente, de intercambiar rápidamente sin... una carga necesariamente burocrática. Como que va rozando, digamos, estar dentro, como en el borde del sistema y por momentos por afuera. Cuando el sistema no permite, no contiene, digamos, bueno, tiene esa flexibilidad para también rearmarse por fuera. (Funcionario del Estado nacional, comunicación personal,28 de septiembre de 2021)

2.4. El cuentapropismo como red de contención

Desde el Estado nacional, el funcionario considera que la pandemia logró poner en agenda algunas problemáticas que estaban invisibilizadas: la existencia de redes comunitarias y el tiempo requerido para las tareas de cuidado. Esa trama comunitaria funciona como una especie de sostén:

redes comunitarias, territoriales, barriales que estaban implícitas y que este juego entre lo global y lo local, digamos, una pandemia con alcance global, pero el aislamiento que hizo como que miremos lo local [...] me parece que hizo visible un conjunto de redes locales que capaz que estaba implícita y no tan aceitada, pero como que la puso como en agenda. (Funcionario del Estado nacional, comunicación personal, 28 de septiembre de 2021)

Como surge de los distintos relatos, estas redes incluyen tanto a las personas que integran movimientos u organizaciones sociales, tal como la mencionada Red Respaldar y los vínculos con La Terre, como quienes no lo están y requieren financiamientos para emprendimientos individuales.

En relación con las debilidades que presenta esta forma de ocupación, el funcionario considera que la principal se encuentra en la etapa de comercialización de los productos y lo convierte en un desafío para la política pública de acompañamiento de generación de autonomía. Además, entiende que la fragmentación de las áreas del Estado, su superposición y los altos niveles de burocracia generan mayores dificultades de acceso a las herramientas. Por ello, otro desafío en términos de políticas públicas es, para el entrevistado, el trabajo articulado y complementado de las distintas áreas del Estado para alcanzar a las poblaciones con distintas propuestas, sin que por las segmentaciones que realizan los programas las personas no puedan acceder:

hay que pensar para adelante la articulación entre el salario social, sobre todo Anses y Ministerio de Trabajo, digamos. Cómo pensamos mismos destinatarios con propuestas... pasa que, bueno, ahí también al interior de cada uno de los Ministerios, de cada una de las áreas, etcétera, hay sin duda disputas políticas. (Funcionario del Estado nacional, comunicación personal, 28 de septiembre de 2021)

Esta cuestión se articula fuertemente con la descripción realizada por la referenta de la cooperativa en función de la relación con los distintos niveles estatales durante el período de pandemia. Desde diferentes puntos de vista, denotan un Estado con dificultades de articulación, complementariedad e integralidad en sus estrategias de intervención y, en contraposición, organizaciones colectivas que han generado redes de contención y creado dispositivos para el abordaje de situaciones coyunturales utilizando las herramientas públicas disponibles desde la adaptación creativa de cada espacio local.

Reflexiones finales

En la región de Cuyo, el deterioro del mercado de trabajo y la pérdida de puestos de trabajo formales en el período prepandemia, entre sus consecuencias, implicó un aumento del cuentapropismo en ocupaciones de baja calificación, situación que se acrecentó en la pandemia, con la pérdida empleos informales, lo que afectó en mayor medida a poblaciones históricamente desfavorecidas en los procesos de inserción laboral. En el caso de las juventudes, históricamente vinculadas a inserciones en empleos en relación de dependencia informal, se evidenció un aumento pronunciado de la participación relativa en la categoría por cuenta propia no calificada.

Se observó, asimismo, un aumento del cuentapropismo de mayor vulnerabilidad que implica una inserción débil en la estructura económico-laboral con ausencia de respaldo en la seguridad social y además una fuerte afectación como consecuencia de la pandemia en las efectivas posibilidades de prestar sus servicios, vender productos o llevar adelante sus actividades.

La heterogeneidad de realidades aglomeradas en la categoría por cuenta propia implica condiciones muy desiguales. Esta desigualdad se profundizó a partir del impacto de la pandemia, lo cual se vislumbra en las entrevistas realizadas junto con la necesidad de intervención en materia de políticas públicas dirigidas al sector. Esta heterogeneidad se convierte en una complejidad al momento de definir a las personas y grupos que la integran y que se traduce en diversas estrategias fragmentadas.

Además, estas estrategias se implementan de acuerdo con las posibilidades de gestión de los espacios locales donde ocurren articulaciones de actores de diversos sectores y niveles, es decir, enmarcadas en las particulares configuraciones socioproductivas locales. En este sentido, uno de los desafíos mencionados por el funcionario nacional es generar propuestas articuladas, complementarias e integradas para los mismos grupos destinatarios sin fragmentar las intervenciones. Esta necesidad de constituir una red efectiva del Estado en el espacio local es también una demanda de la referenta de la cooperativa.

En las condiciones estructurales y relacionales propias de la provincia de Mendoza se evidencia que una de las características que asumen las estrategias de las organizaciones es su base territorial. Las articulaciones posibles para paliar las consecuencias de la pandemia la establecieron con agentes estatales de esa realidad local (Inta, municipalidad, referentes nacionales con trabajo en el territorio), lo cual se asocia fuertemente a la importancia de la figura de los agentes territoriales, especialmente los municipios.

En efecto, en la lectura desde las configuraciones socioproductivas de las que forman parte, en sus posibilidades relacionales, es que se hacen concretas las iniciativas colectivas que promueven el desarrollo de los dispositivos de contención a uno de los sectores más débiles del cuentapropismo.

Asimismo, surge de las entrevistas lo que podría denominarse “capacidad instalada” en materia de estrategias estatales, muchas de las cuales habían sido puestas en desuso por la gestión nacional anterior y fueron readaptadas a la situación de emergencia, lo que permitió abordar situaciones problemáticas desde el saber hacer. En el plano de las organizaciones, esto también sucedió. Ambas consideraron oportuno partir de diagnósticos comunitarios elaborados por sus propios espacios. Se pusieron en juego formas de hacerse conocidas por sus integrantes, se diseñaron dispositivos de acompañamiento a las comunidades y se multiplicaron las iniciativas en búsqueda de respuestas a las necesidades, en las que las mujeres aparecen con un rol central como dinamizadoras de los entramados comunitarios. De este modo, el Estado jugó un papel central habilitando estrategias de intervención para la emergencia, pero fueron las iniciativas colectivas, fundamentalmente sostenidas por mujeres, las que posibilitaron generar las redes locales de contención necesarias en los sectores más vulnerables para sobrellevar laboralmente -y no solo eso- la crisis.

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Notas