Introducción

La irrupción de la pandemia del covid-19 a inicios de 2020 trastocó profundamente la dinámica de la vida cotidiana de los distintos sectores que integran la sociedad a nivel global. Las medidas de Aislamiento y Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO y DISPO), orientadas a disminuir la propagación del virus y evitar el colapso del sistema sanitario, exhortaron a la población en su conjunto a replegarse en sus respectivos hogares por un periodo de tiempo indeterminado, interrumpiendo el habitual despliegue de sus rutinas y formas de socialización.

Como plantea el antropólogo mexicano Lins Riveiro (2020), la pandemia del covid-19 puede ser considerada como un “evento crítico” en la historia de humanidad, ya que combinó una ruptura en la continuidad temporal de la reproducción de la vida, la ausencia de sentidos adecuados para comprender la nueva situación y la necesidad de crear nuevos modelos interpretativos en torno a la misma (Veena Das, 1995 citado en Lins Riveiro, 2020). La pandemia provocó un proceso de “descotidianización masivo”, sin precedentes a escala mundial, bajo el cual las y los agentes descotidianizados no logran reproducir su cotidianidad (Lins Riveiro, 2020). Esto se tradujo en un quiebre con la “conciencia práctica” o el conocimiento tácito que todos adquirimos por medio de la repetición y la naturalización de comportamiento, interacciones, actividades, lugares y movimientos cotidianos. Esta circunstancia engendra la necesidad de reconstruir una nueva cotidianidad^[4] en pro de la previsibilidad y la disminución del gasto de energía que significa monitorear todo y a todos, todo el tiempo (Lins Ribeiro, 2020).

Si bien la pandemia afectó de manera transversal a los distintos sectores de la sociedad, lejos de impactar de manera homogénea e igualitaria sobre el conjunto de la población mundial, al operar sobre estructuras de desigualdades y diferencias preexistentes, afectó principalmente a aquellos sectores de la población históricamente golpeados por los procesos de desigualdad social y de opresión sexo-genérica y racial. Esto explica el hecho de que, en los diferentes escenarios nacionales y locales, las consecuencias funestas del virus se repartieran de manera desproporcional (Lins Riveiro, 2020).

La Economía Popular y Solidaria (EPS) ha sido uno de los sectores más fuertemente afectados por la pandemia y el confinamiento social. Se trata de un amplio conjunto de la población trabajadora que vive sin salario, y cuyas ocupaciones y oficios se desenvuelven entre la “informalidad” y la acumulación ampliada (Gago et al., 2020), quedando por fuera de los dispositivos formales de protección social (Hopp y Maldovian, 2020). Un porcentaje cada vez más importante de esta población participa en organizaciones sociales y políticas de diversa tradición y procedencia, las cuales constituyen el heterogéneo campo de la EPS organizada. Estas organizaciones tienen por común denominador no solo el hecho de aglutinar y representar a un segmento de la población trabajadora que vive sin salario, sino también el trabajo colectivo y la cooperación en la base de cada organización (Herrera, 2021).

Durante los primeros meses de confinamiento, muchas de las actividades que engloba la EPS no fueron consideradas por el gobierno nacional como esenciales. Esto produjo una fuerte discontinuidad del trabajo y de sus ingresos cotidianos (Azzati et al., 2021), al mismo tiempo que motorizó un proceso de lucha por su reconocimiento e incorporación dentro del conjunto de trabajos permitidos o esenciales, a raíz del cual se obtuvieron diferentes resultados según la rama de actividad (Boletín Oficial, 2020).

En el presente artículo, nos proponemos analizar la forma específica en que afectó la irrupción de la pandemia del covid-19 en el heterogéneo sector de la EPS de la ciudad de Rosario y su región. En particular, nos detendremos en las experiencias de dos organizaciones específicas que, siendo de tradiciones y procedencias diferentes, durante la pandemia convergen en estrategias y acciones políticas conjuntas, configurando un fenómeno novedoso: la rama rural del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE-UTEP) y la Red de Comercio Justo del Litoral (RCJL). Nos interesa indagar no solo las principales problemáticas que la pandemia acarreó para su habitual desenvolvimiento y sus rutinas cotidianas, sino también examinar la construcción de nuevas cotidianidades a partir del despliegue de estrategias organizativas orientadas a hacer frente a la situación. Por último, partiendo de la noción de que los “eventos críticos” tienen la capacidad de generar nuevas formas de acción y sentidos de lo político (Vecchioli, 2000 citado en Lins Rivero, 2020), nos proponemos explorar los reposicionamientos político-gremiales de largo aliento de estas organizaciones habilitados bajo esta coyuntura.

Algunas aclaraciones metodológicas

Para la realización de esta investigación, hemos diseñado una estrategia metodológica de tipo cualitativa, adaptada a la coyuntura extraordinaria de la pandemia. Como es de público conocimiento, los riesgos de transmisión/contagio y la obligatoriedad del aislamiento social y preventivo suspendieron toda posibilidad de realizar trabajo de campo “tradicional”, instancia presencial durante la cual las investigadoras y los investigadores construyen la denominada “autoridad etnográfica” a partir de visitas a las comunidades o espacios de interacción habituales de los sujetos de la investigación.

Debido a esta situación, para la elaboración de este trabajo planteamos como estrategia de investigación el uso de herramientas de la etnografía virtual (Hine, 2004), específicamente la realización de un taller de intercambio virtual y de entrevistas por WhatsApp. Esta opción se vio facilitada debido al involucramiento previo con los sujetos de la investigación, lo cual nos permitió repensar y desplegar rápidamente estrategias metodológicas que nos posibilitaron mantener cierta cercanía a distancia con las interlocutoras y los interlocutores.

Entre las limitadas posibilidades de construcción de la información, optamos por la realización de un “Taller de Intercambio”, una metodología de construcción conjunta de conocimiento entre las investigadoras y los sujetos de la investigación (Achilli, 2008). El taller, denominado “La economía popular en tiempos de pandemia”, fue realizado en el marco del XV Pre-Congreso de la ASET y XII Encuentro Regional de Ciencias Sociales y Sindicalismo, organizado por el Núcleo de Estudios del Trabajo (NET) de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) y llevado a cabo en agosto de 2021, bajo modalidad virtual. El mismo apuntó a la recuperación y reconocimiento de aspectos del quehacer de cada organización participante bajo la pandemia, a partir de tres ejes de conversación y debate: i) los retos y problemáticas que la pandemia configuró para estas organizaciones, ii) las estrategias con las cuales enfrentaron tales retos, y iii) las demandas que elaboraron bajo esta coyuntura.

Además de la rama rural del MTE-UTEP y la RCJL, al taller asistieron otras organizaciones de la EPS de la ciudad de Rosario: Impulsar del Frente Ciudad Futura, rama cartonera del MTE-UTEP, CAUSA y Movimiento Evita. Se convocó a las organizaciones por vía telefónica o WhatsApp y, tras la confirmación de su participación, se les envió un documento con la presentación del evento y los ejes temáticos sobre los cuales cada organización debía organizar su intervención. Durante el taller, cada organización contó con un tiempo preestablecido de aproximadamente 20 minutos para desarrollar sus intervenciones y luego se abrió un espacio para el intercambio y el debate, donde además cada organización tenía la posibilidad de desarrollar aspectos que no habían sido contemplados en los ejes preestablecidos, pero que consideraban importantes en el balance de sus experiencias durante la pandemia.

La información construida a partir de esta instancia fue reforzada por la realización de entrevistas por WhatsApp o vía telefónica a las y los referentes de las organizaciones participantes. Las mismas se orientaron a profundizar ciertos aspectos que emergieron en el taller, pero que, dadas las limitaciones de tiempos preestablecidos para la actividad, permanecieron sin desarrollarse lo suficiente. A su vez, con estas entrevistas se buscó avanzar sobre puntos que no fueron mencionados en el taller y que consideramos de importancia. Entre estos aspectos, destacan la confluencia de estrategias conjuntas entre diferentes organizaciones de la EPS bajo la emergencia sanitaria y la crítica enfática al modelo de producción capitalista que involucra particularmente a las dos organizaciones en las que nos concentramos para este artículo y que retomamos en el último apartado.

En términos expositivos, es importante mencionar que, dada la heterogeneidad de problemáticas y estrategias relevadas en estas instancias de intercambio, para este trabajo hemos decidimos realizar un recorte del universo seleccionado y focalizar analíticamente en dos de las organizaciones participantes, nos referimos a la rama rural del MTE-UTEP y la RCJL. El criterio de selección se basó en que estas se encuentran ligadas a la producción, elaboración y comercialización de alimentos, y nos permitieron profundizar en algunos elementos comunes con relación a las problemáticas atravesadas por ambas organizaciones. Asimismo, resultó relevante dar cuenta del grado de articulación y construcción de demandas conjuntas que pusieron en marcha para sobrellevar las problemáticas antedichas.

Trabajo colectivo y cooperación en el origen y la dinámica de la EPS

La EPS designa al amplio y heterogéneo universo de trabajadores y trabajadoras sin salario que realizan una multiplicidad de actividades económicas orientadas a garantizar sus ingresos monetarios y su reproducción social. Se trata de un numeroso segmento de la población trabajadora que se desenvuelve entre la “informalidad” y la acumulación ampliada (Gago et al., 2020) y que, lejos de representar un fenómeno social novedoso de la actualidad, cuenta con una dilatada presencia en la historia nacional. Algunos de estos trabajadores y trabajadoras forman parte del campo de la “Economía Popular y Solidaria organizada”, integrado por movimientos sociales y organizaciones políticas diversas, entre las que se encuentra el MTE rural y la RCJL.

Los orígenes de ambas organizaciones se remontan a principios de los 2000, en un contexto sumamente regresivo para el conjunto de la clase trabajadora. La implementación de medidas de corte neoliberal durante los 90 provocó un significativo deterioro estructural que tuvo entre sus principales consecuencias una retracción inusitada del mercado laboral (Véntola et al., 2014). Tras la pérdida de su empleo, un porcentaje para nada insignificante de trabajadoras y trabajadores se vio obligado a inventar su propio trabajo como “forma de ganarse la vida” (Fernández Álvarez y Perelman, 2020; Pérsico y Grabois, 2014) y pasó a engrosar las filas de lo que hoy denominamos como EPS. Bajo este escenario, signado por un clima de conflictividad social ascendente, emergieron diferentes procesos de organización colectiva, los cuales desbordaron las formas organizativas tradicionales de los sindicatos y partidos, y trascendieron las demandas y reivindicaciones laborales clásicas de la clase obrera asalariada (Manzano, 2011). Las características que asumieron muchas de estas organizaciones incluyen la construcción territorial, el sostenimiento de diferentes iniciativas económicas populares −entre las que destacan la conformación de cooperativas de trabajo− y las apelaciones a la autoorganización y la democracia directa (Vitali et al., 2019).

Los procesos de organización colectiva que emergieron en este contexto son diversos y presentan sus particularidades. Algunos de ellos asumieron un carácter predominantemente gremial. Este es el caso del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), el Movimiento Evita y Barrios de Pie. Sus acciones se centraron no solo en la organización de las trabajadoras y los trabajadores desocupadas/os en unidades económicas −cooperativas, polos, asociaciones, merenderos, entre otras−, sino también en la disputa por el reconocimiento de los derechos laborales y por mejoras en las condiciones de trabajo y de vida de los sectores más vulnerables^[5]. Estas organizaciones desplegaron acciones en los sectores cartonero, textil, rural, de venta ambulante, de la construcción, entre otros (Herrera, 2021).

Para la segunda década del 2000, algunas de estas experiencias se consolidaron en organizaciones de alcance nacional. En 2011, con el objetivo de unificar a un heterogéneo conjunto de sujetos y experiencias, el MTE, el Movimiento Evita y Barrios de Pie conformaron la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP)^[6] y hacia 2019 emerge la Unión de los Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), primer sindicato de las trabajadoras y los trabajadores del sector, impulsado por la CTEP, la Corriente Clasista y Combativa (CCC), Barrios de Pie y el Frente Popular Darío Santillán (FPDS)^[7]. Desde este nucleamiento se promueve el reconocimiento de las actividades productivas que esta población realiza en tanto trabajo, reivindicando a la Economía Popular como una categoría identificatoria de este sector^[8](Pérsico y Grabois, 2014). En el caso específico de Rosario, las organizaciones protagonistas de esta confluencia en la CTEP primero y luego en la UTEP fueron el MTE, la CCC y Barrios de Pie, las cuales, hacia el 2020, ya representaban a unos 5000 trabajadores y trabajadoras, aproximadamente^[9].

Paralelo a estas organizaciones de carácter predominantemente gremial, emerge dentro del campo de la EPS un conjunto de organizaciones que apostaron más que a la lucha gremial y a la disputa por derechos laborales al Estado, a la construcción de un tipo de economía alternativa a la capitalista: la economía solidaria. Estas organizaciones conciben a sus experiencias y prácticas de trabajo como “alternativas”, “distintas a las capitalistas” (Orzuza et al., 2015). Muchas de ellas surgen en el contexto del 2001, ligadas a experiencias de trueque y las asambleas barriales, y es en este marco que se ven convocadas, por lo que entienden otras formas de participación y compromiso político, orientadas a la conformación de una “economía alternativa”, basada en la autogestión, la horizontalidad, la autonomía, la democracia directa y la no explotación de mano de obra (Cavigliasso, 2015).

Entrada la primera década del 2000, algunas de estas cooperativas y asociaciones de la economía solidaria comienzan a tejer redes de “intercambio” solidario. Estas redes pronto logran trascender el ámbito local, incorporando a organizaciones de diferentes puntos del país orientadas a la producción de diversos tipos de bienes, entre los que se destacan producciones primarias, alimentos, producciones textiles, artesanías, entre otros. Los dos ejemplos más representativos de este tipo de organización de la economía solidaria son la Red de Comercio Justo de Argentina (RCJA) en el 2001 y, posteriormente, la Red de Comercio Justo del Litoral (RCJL) en 2009 (Orzuza et al., 2015).

Una mirada de conjunto sobre ambos procesos de organización colectiva −los gremiales y los de la economía solidaria− evidencia que, más allá de sus particularidades y tradiciones divergentes, se trata de fenómenos que comparten algo más que un origen común. Por un lado, ambos procesos reúnen a un segmento diverso de la población trabajadora sin salario y, por el otro, su funcionamiento y sostenibilidad demandan una constante socialización, ya que descansan en la colectivización del trabajo y la cooperación entre las diversas trabajadoras y los diversos trabajadores que en cada caso integran la organización. Teniendo en cuenta estos pilares sobre los cuales gravita la dinámica cotidiana de las organizaciones de la EPS, es que adquiere centralidad la pregunta por las dificultades que trajo aparejadas la pandemia −en particular el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio− y las acciones a partir de las cuales estas fueron sorteadas.

Presentación de los casos de estudio: el MTE rural y la RCJL

Como hemos venido mencionando, este estudio analiza las experiencias construidas durante la pandemia, focalizando en dos organizaciones de la EPS de Rosario: la rama rural del MTE-UTEP y la RCJL. La primera se conforma hacia finales de 2015 en el cinturón verde del Gran La Plata, al calor del proceso de organización colectiva de un grupo de familias de pequeños productores y productoras hortícolas de la zona. Se trata de familias que en la gran mayoría de los casos alquilan terrenos donde viven y producen los alimentos sobre la base del trabajo familiar. Los productos de su trabajo los destinan tanto al autoconsumo como a la venta en diferentes mercados locales de verduras y alimentos (Lazarte et al., 2021).

En el Gran Rosario, el MTE rural comienza a constituirse en 2016. Se define como una organización con fines gremiales que busca nuclear a las familias trabajadoras del sector para mejorar sus condiciones de trabajo. De acuerdo a lo señalado por uno de los referentes de esta organización en el taller de intercambio, en la actualidad son más de 200 familias productoras de las áreas periurbanas de la ciudad las que integran la organización, y la mayoría de ellas pertenece a la colectividad boliviana. Con la excepción de un solo caso, donde el productor es propietario de la tierra, el resto de las y los integrantes de la organización es arrendatario o bien produce bajo contrato de mediería. En ningún caso estas familias se encuentran inscritas en el Monotributo, por lo cual no cuentan con aportes, cobertura de salud ni ningún tipo de protección social.

La situación de precariedad que signa las condiciones de trabajo de estas familias se encuentra agravada por otro conjunto de problemáticas estructurales. En primer lugar, la dificultad en el acceso a la tierra y los elevados precios de los alquileres como consecuencia de los negocios inmobiliarios y del agronegocio. Como lo narra el referente: “Hay un encarecimiento año a año de las tierras para producir los alimentos, que hace que los productores cada vez se alejen más de los centros urbanos a los que alimentan” (Referente MTE rural, taller de intercambio, agosto de 2021). A su vez, las familias se enfrentan a condiciones de comercialización sumamente desfavorables, ya que la venta de sus productos en mercados locales se realiza a través de intermediarios que encarecen los productos y se apropian de un porcentaje significativo del valor de la producción. En palabras del referente: “La cadena a través de la cual nos llegan los productos que consumimos está cargada de intermediarios y esto tiene un recargue de alrededor del 200%. O sea, que al productor original le llega, vamos a decir, entre un 15 y un 20% del precio final” (Referente MTE rural, taller de intercambio, agosto de 2021).

A las condiciones de comercialización desfavorables habría que agregar también otros elementos u obstáculos para la producción, como el elevado precio de la maquinaria y la dolarización de los insumos (fertilizantes, agroquímicos, etc.) que deriva del monopolio de su producción y comercialización en manos de grandes empresas trasnacionales. Todos estos factores elevan los costos de producción y obligan a las familias a intensificar el trabajo para poder lograr cierta ganancia a costa de su salud. Aun así, la sumatoria de estos factores conduce a que, por lo general, las familias trabajen para la subsistencia y las “ganancias” alcanzan apenas para reinvertir en la siguiente temporada (Lazarte et al., 2021).

Para hacer frente a este modelo productivo tan desfavorable para las familias productoras, el MTE rural ha venido promoviendo desde antes de la pandemia la creación de redes de comercio justo en busca de suprimir la intermediación y garantizar ventas directas. Un ejemplo es la creación en 2016 de la comercializadora Pueblo a Pueblo que distribuye bolsones con los productos de las familias horticultoras en varias ciudades del país y que en Rosario funciona desde 2018. Además, la organización ha venido apostando a la transición agroecológica orientada a producir alimentos sanos en resguardo de la salud de las productoras y los productores y consumidores/as. Dicha transición permitiría, asimismo, abandonar la dependencia a determinados insumos que encarecen significativamente el costo de producción (Lazarte et al., 2021). En Rosario, la primera Escuela de Agroecología del MTE rural se fundó promediando el 2021, cuando las restricciones impuestas por el contexto de la pandemia comenzaron a menguar.

En cuanto a la dimensión político-organizativa, la rama rural del MTE se organiza a través de asambleas de base, las cuales se realizan una vez al mes y donde se discute en torno a la política sectorial y a la situación del movimiento. A su vez, cada una de las asambleas cuenta con delegados y delegadas por área (comercialización, administración, tesorería, proyectos y gestiones, género, agroecología, juventud y salud), quienes están a cargo de proponer proyectos productivos o comunitarios en diálogo con las necesidades de cada localidad. Las asambleas cuentan con delegados y delegadas con roles de coordinación política que son quienes integran la mesa de conducción política a nivel regional junto a delegados y delegadas de otras regiones, así como con delegados y delegadas de otras ramas de la organización. El plenario anual del MTE rural se realiza en febrero. Allí se delinean orientaciones generales para el año que comienza. A su vez, las delegadas y los delegados participan en los plenarios a nivel nacional del MTE, el cual se realiza trimestralmente y donde se analiza y discute sobre la situación del país y del sector; así como sobre las reivindicaciones, luchas, victorias o derrotas obtenidas, se discute sobre los planes de lucha y se hace un seguimiento de las áreas (Lazarte et al., 2021).

Por su parte, la RCJL es una organización de alcance regional orientada a la promoción del comercio justo que fue fundada a nivel nacional en 2009. Emerge a partir de una mirada crítica hacia la experiencia de la Red de Comercio Justo de Argentina (RCJA), un proyecto económico-político fundado poco después del 2001, ligado al Comercio Justo Europeo, que sostenía entre sus objetivos el fair trade^[10]. La RCJL busca diferenciarse de esta experiencia generando formas propias y locales de distribuir e intercambiar sus producciones, habilitando a la multiplicación de sus puntos de venta “cada vez que una organización productora asume la tarea de producir y comercializar sus propias producciones y las de sus organizaciones hermanas” (Orzuza et al., 2015: 19).

Se trata de un espacio de encuentro que propicia el “intercambio” de producciones de la economía solidaria y autogestiva, sin explotación de la mano de obra ni reventa comercial. En la red circula una variedad de productos (desde producciones primarias agroecológicas, harinas integrales, hasta libros, cosmética natural y textiles) elaborados en primera instancia por las organizaciones que integran la red y por organizaciones hermanas: movimientos campesinos e indígenas, cooperativas y asociaciones de productores familiares, fábricas recuperadas, empresas sociales^[11]. Según señaló una referente de la red en el taller de intercambio, el objetivo de esta organización es básicamente la producción autogestiva y colectiva de bienes (en su gran mayoría alimentos) y el “intercambio” de producciones dentro de la Economía Social y Solidaria.

La red mantiene vínculos económicos con organizaciones, cooperativas o asociaciones de las provincias de Santa Fe, Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Salta, Misiones, Formosa, Corrientes, Jujuy y La Rioja, las cuales abastecen el circuito de una diversidad de productos que son comercializados en los distintos nodos o espacios de venta^[12]. Las organizaciones que integran la red cumplen los siguientes requisitos: i) que las unidades que las integren sean productoras de bienes o servicios, ii) que no exploten mano de obra, y iii) que no exista la reventa, que asuman la comercialización de sus productos de forma voluntaria, es decir, sin intermediarios. Bajo este esquema se pretende unir e integrar formas de producción, distribución y consumo, en tanto esferas indisociables y organizadas. Así se busca ampliar los horizontes en el desarrollo de “otra economía”, generando un “mercado alternativo” que reduzca la dependencia de estas formas económicas con el mercado capitalista (Orzuza et al., 2015).

Las organizaciones que participan de la red comportan tres modalidades. Por un lado, se encuentran aquellas que operan como nodos de consumo organizado, esto es, organizaciones que asumen el consumo de los productos que circulan en la red producidos por ellas mismas u otras organizaciones, garantizando un mínimo de ventas para cada organización y al mismo tiempo propiciando que cada organización productiva extienda más allá de la propia organización esta política de consumo para dirigirse a nuevos colectivos de consumidores. Por otro lado, se encuentran aquellas que operan como nodos de venta o espacio físico abierto al público, pudiendo desarrollarse tanto en locales como en ferias. Finalmente, las organizaciones que se comportan como nodos de distribución solidaria o como espacio físico para el acopio, gestionado por una o varias organizaciones de la red, las cuales disponen de un lugar de recepción y redistribución de los productos, favoreciendo la provisión al conjunto de la red (Orzuza et al., 2015).

Las organizaciones participantes de la red se distinguen según el grado de compromiso en la política de comercialización en Organizaciones Integrantes (OI) y Organizaciones de la Red Amplia (ORA). Las primeras son aquellas que operan como nodo de consumo organizado y como nodos de venta (Orzuza et al., 2015). Actualmente, las organizaciones que se constituyen como nodo de venta son: Mercado Solidario, Encuentro de Productores Rurales, Almacén Ambulante, Centro Ecuménico Poriajhú, Granja Agroecológica La Verdecita, en la provincia de Santa Fe, y la Asamblearias, Amigos de la Tierra y Eloísa Cartonera en Buenos Aires^[13]. Aunque no contamos con cifras exactas, las organizaciones de consumo organizado son muy numerosas, ya que solamente en la ciudad de Rosario para el 2015 se contabilizaron unas once (Orzuza et al., 2015). Estas organizaciones propician el crecimiento de la red y sostienen las relaciones económico- políticas con las organizaciones de la ORA. Por último, las organizaciones de la ORA son aquellas que deciden distribuir sus productos a través de la RCJL, pero que no necesariamente asumen la totalidad de las modalidades de funcionamiento de la economía solidaria. Se contabilizan aproximadamente unas veinticinco organizaciones desempeñando esta función (Orzuza et al., 2015).

En cuanto a la dimensión organizativa, la puesta en funcionamiento y sostenimiento de la red demanda un gran trabajo en la logística y coordinación no solo al interior de cada unidad productiva (cooperativas, asociaciones productoras), sino también entre las diferentes organizaciones integrantes. La toma de decisiones se realiza por medio de asambleas de la red, donde participan representantes de las organizaciones integrantes y en las cuales se discute sobre la coyuntura económica y la situación de la red, se evalúan problemáticas y discuten propuestas e incorporaciones.

Continuidades y rupturas con las dinámicas de trabajo cotidianas

Al inicio de la pandemia, Argentina ya atravesaba una profunda crisis económica que redundaba en una devaluación de la moneda, aumento de la inflación, quita de subsidios a servicios públicos básicos y un incremento de la tasa de desocupación abierta, la cual en 2019 se posicionaba alrededor del 10%, 4 pp por encima de 2015, según datos del Indec (Brown y Vitali, 2021). A esto se añadía el proceso de renegociación de la deuda pública con los acreedores privados y el Fondo Monetario Internacional (FMI), tras el ciclo de endeudamiento externo llevado adelante durante el gobierno de Mauricio Macri (Azzati et al., 2021). En este contexto regresivo, la irrupción del covid-19 y la disposición de medidas de prevención y aislamiento provocaron un agravamiento de situaciones preexistentes y complejizaron particularmente la situación de las trabajadoras y los trabajadores de la EPS y de sus organizaciones.

En el caso del MTE rural y la RCJL, la llegada de la pandemia y el aislamiento configuró un proceso de descotidianización en los términos de Lins Riveiro (2020), ya que ambas organizaciones se vieron ante la imposibilidad de sostener sus prácticas habituales, tal y como las venían desarrollando en el periodo anterior. En efecto, los testimonios de las y los referentes de ambas organizaciones indican que la pandemia, y en particular el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio, afectaron profundamente la dinámica de su trabajo cotidiano en sus dos dimensiones: por un lado, en lo que respecta a la dimensión económico-productiva, es decir, al conjunto de actividades de producción y de comercialización desarrolladas por la organización y, por el otro, en lo que refiere a la dimensión político-organizativa, esto es, los mecanismos colectivos que dan sustento a la organización, tales como las asambleas y los espacios de discusión y toma de decisiones internas.

Si atendemos a la dimensión económico-productiva, el tipo de dificultades a las que se enfrentó cada organización varió de acuerdo a las singularidades de las actividades y a la forma en que la misma se organiza. En el caso del MTE rural, si bien la especificidad del trabajo en las quintas (en particular, la unicidad de la unidad productiva y la reproductiva, el trabajo al aire libre y a escala familiar) posibilitó el sostenimiento de las jornadas en el campo sin grandes modificaciones, los referentes indicaron que la continuidad del trabajo de estas familias se vio amenazada por una diversidad de factores que podemos denominar “asociados” o “indirectos”. Por un lado, al inicio de la pandemia, estas familias se enfrentaron a la falta de insumos agrícolas (principalmente, de semillas) provocada por la paralización del transporte, pero principalmente por el accionar especulativo de las empresas proveedoras. Por otro lado, los insumos existentes en el mercado, al encontrarse atados al dólar, experimentaron un incremento significativo en sus precios como consecuencia del proceso inflacionario que, profundizado desde la gestión macrista, continuó empeorando durante la pandemia.

La suba en los precios de los insumos derivó en un aumento importante de los costos de producción de estas familias, situación que se torna todavía más dramática debido a la gran incertidumbre en torno a la colocación de sus productos que gobernó a inicios de la pandemia a causa del cierre de los espacios de comercialización y de la prohibición de su circulación por el espacio público. Al mismo tiempo, estas familias experimentaron gran incertidumbre con relación a la continuidad de sus emprendimientos productivos, debido a que los alquileres de las unidades productivas y domésticas se realizan, en la mayoría de los casos, bajo acuerdos de palabra, con lo cual la continuidad del mismo descansa, en última instancia, en la voluntad del propietario o arrendador. Como bien sintetiza uno de los referentes de la organización:

Las condiciones de trabajo en los cinturones hortícolas se mantuvieron, no hubo cambios en la cantidad de horas, ni en las formas de producción. Lo que aumentó fue la incertidumbre en torno al destino final de la producción y a la continuidad de los alquileres. (Referente del MTE rural, entrevista por WhatsApp, septiembre de 2021)

En el caso de la RCJL, las unidades productivas que integran esta organización sí experimentaron dificultades de manera “directa” en la concreción de los procesos productivos, los cuales fueron suspendidos en numerosas ocasiones. Uno de los integrantes de la organización señaló al respecto:

Nosotros tuvimos contagiados de covid-19 y mucho aislamiento, y muchas dificultades en la concreción de los procesos de producción. Producciones que se suspendieron temporalmente porque los que las llevaban adelante estaban aislados o contagiados, independientemente de mujer u hombre, nos afectó a todos por igual [...] el año pasado fue caótico, este no tanto. Pero el año pasado fue una fiesta, un festival, tuvimos paradas varias producciones directamente [...] La dificultad la vinculo directamente con el contagio, con el coronavirus. (Referente de la RCJL, entrevista por WhatsApp, septiembre de 2021)

Los contagios que paralizaron parte de los procesos productivos de esta organización se entienden a la luz de las mayores dificultades de aislamiento que se dan en las unidades productivas de estas organizaciones. En efecto, a diferencia del trabajo a escala familiar y a campo abierto de los productores hortícolas, muchas de las unidades productivas que integran la RCJL no trabajan de manera aislada, sino bajo un concepto de fábrica flexible que supone que los miembros de la organización colaboran en los diversos procesos productivos de acuerdo a la necesidad de cada unidad de producción. Este sistema de ayuda mutua y colaboración permanente supone una rotación continua de las trabajadoras y los trabajadores de la organización, que en el contexto de la pandemia implicó una mayor exposición frente al virus.

Además de las dificultades emergentes relacionadas con la naturaleza singular de las actividades en las quintas hortícolas del MTE rural y en las unidades productivas de la RCJL, los y las referentes de ambas organizaciones coinciden en señalar importantes problemas relacionados al sostenimiento de los circuitos de comercialización de sus productos. En el caso del MTE rural, el aislamiento no solo cercenó la posibilidad de los productores de salir a vender sus verduras de manera individual, sino que también puso en vilo la reproducción de la estrategia colectiva de comercio justo Pueblo a Pueblo, como comenta un referente:

Los problemas de los inicios de la pandemia fueron fundamentalmente las restricciones para la circulación y la disminución de los circuitos de comercialización [...] la prohibición de circulación generó dificultades en el armado de los bolsones de verduras entre los productores de las diferentes localidades que forman parte de la estrategia Pueblo a Pueblo. (Referente del MTE rural, entrevista por WhatsApp, septiembre de 2021)

En el caso de la RCJL, se presentaron problemas de tipo logístico, ligados a la restricción del transporte que desafió la sostenibilidad de la red. En efecto, las dificultades que se presentaron para trasladar los productos de una región a la otra implicaron serios problemas en la alimentación de los circuitos de intercambio que integran la RCJL. A esto hay que agregar el encarecimiento que experimentaron las tarifas de transporte y flete, problemática que ya se venía generando en el periodo previo y que se acentúa durante la pandemia^[14]. Como señalan dos referentes de la organización:

Y el problema más complejo de todos es la logística, que permita unificar lo que son los recorridos de la yerba misionera, los vinos cafayateños salteños, los condimentos de Cachi, Salta; la miel formoseña, del norte de Córdoba, los vinos de San Rafael, Mendoza; el azúcar de mascabo de Santiago del Estero. Hay dificultades en la logística que encarecen muchísimo la conformación del precio final al consumidor, aun practicando la distribución solidaria que es el camino inverso a la reventa comercial. (Referente de la RCJL, entrevista por WhatsApp, agosto de 2021)

Nosotros tuvimos dificultades en lo que respecta a los altísimos costos de flete, dificultades para poder ingresar la mercadería, para poder sacarla de nuestra ciudad y de esa manera llevar adelante los intercambios con las otras organizaciones del país. (Referente de la RCJL, taller de intercambio, agosto de 2021)

Otra situación que emergió durante la pandemia y que configuró una de las principales rupturas con el desenvolvimiento habitual de ambas organizaciones se relaciona con el cierre de los espacios de comercialización para el comercio justo y la economía solidaria en el marco de la implementación del ASPO y DISPO, y que se extendió hasta bien entrada la mitad de 2021:

El principal problema que tuvimos durante el primer año de la pandemia fue el desvinculo entre la familia consumidora y nuestros nodos de distribución, es decir, empieza a cercenarse y a restringirse la circulación de personas y nuestros nodos de distribución empiezan a ser menos visitados, al punto tal de haber sido cerrados por las propias restricciones. Un ejemplo sería el “Almacén de Tres Ecologías”. (Referente de la RCJL, entrevista por WhatsApp, septiembre de 2021)

Finalmente, y a tono con lo experimentado por el resto de las organizaciones de la EPS, la pandemia configuró enormes desafíos para el MTE rural y la RCJL en lo que respecta a la dimensión político-organizativa. Las asambleas presenciales relativas a diferentes instancias del trabajo organizativo tuvieron que suspenderse al inicio de la pandemia y verse reemplazadas por el uso de TIC: resoluciones por llamadas telefónicas, por mensajes de WhatsApp y más adelante por el uso de plataformas virtuales, como veremos en el siguiente apartado. La situación ha sido todavía más desafiante en el caso del MTE rural, ya que el grueso de las familias productoras cuenta con un acceso deficitario −o directamente no cuentan con acceso− a servicios de Internet y soportes tecnológicos como computadoras y celular aptos para participar de reuniones virtuales.

La reconfiguración de las estrategias organizativas

“Desde las organizaciones sociales pudimos dar las respuestas en la pandemia que no pudo dar el Estado". Referente de RCJL

Las dificultades configuradas tras la irrupción de la pandemia y la disposición del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio, lejos de paralizar a estas organizaciones, motivaron el despliegue de una densa trama de actividades y estrategias orientadas al sostenimiento de sus actividades productivas y organizativas las cuales, con el correr de los meses y al internalizarse como parte de sus “nuevas rutinas”, engendraron “nuevas cotidianidades” o “cotidianidades pandémicas”. La celeridad con la que ambas organizaciones elaboraron estrategias frente a la situación crítica demostró, una vez más, la enorme capacidad de acción del campo de la EPS organizada.

Durante la pandemia, nosotros nos dimos la oportunidad de poder sostenernos. Durante el 2020, que fue el momento más duro de la pandemia, pudimos mantenernos con un grado muy importante de actividad y organización. ¿Qué pusimos en juego para poder llegar a ese punto? Todas las estrategias organizativas que como grupo teníamos anteriormente y lo que hicimos fue volcarlas con mucha energía en ese momento y, por supuesto, siempre manteniendo todos los cuidados a nivel sanitario y, en ese sentido, estamos bastante satisfechos. Todo lo demás es parte de la tragedia social general en la que nos estamos moviendo, que participa nuestro país. (Referente de la RCJL, taller de intercambio, agosto de 2021)

Para sostener las actividades productivas, en primer lugar, ambas organizaciones adoptaron protocolos de salud e higiene, entre los que mencionaron aquellos elaborados por el Inta y por el Senasa. Esta medida ha sido de central importancia para reactivar tanto el mencionado sistema de fábrica flexible bajo el cual se trabaja en las unidades de producción de la RCJL como el armado de bolsones de verduras agroecológicas comercializadas por el sistema Pueblo a Pueblo en el caso de las familias productoras del MTE rural. A su vez, como ya se adelantó, para enfrentar las dificultades relativas a la dimensión político-organizativa, cada organización adoptó la modalidad virtual para el sostenimiento de reuniones y asambleas, experimentando ciertas dificultades iniciales en lo que respecta a las familias productoras, pero que las organizaciones supieron sortear.

Pero además de la introducción de estas modificaciones “básicas”, comunes al resto de los sectores que integran el mundo del trabajo, la coyuntura motivó el surgimiento de una serie de acciones conjuntas o arreglos entre diferentes organizaciones de la EPS que anteriormente no existían. Dichos arreglos se expresaron en el armado de redes y articulaciones orientadas no solo a paliar sus propias problemáticas, sino también a responder a las necesidades más urgentes de los sectores populares de la ciudad de Rosario profundamente afectados por la pandemia. En este sentido, bajo el contexto de la emergencia sanitaria emerge un fenómeno novedoso dentro del campo de la EPS: la convergencia y coordinación de acciones conjuntas entre organizaciones de procedencia y tradiciones divergentes, como se indicó en el segundo apartado de este artículo.

i) Las estrategias conjuntas para afrontar dificultades sectoriales

Respecto de las redes puestas en marcha para afrontar las dificultades sectoriales, las y los referentes de estas organizaciones destacan que, durante el aislamiento preventivo, recurrieron al armado de espacios de encuentro virtuales que nuclearon a organizaciones de diferentes encuadramientos nacionales y locales, a los fines de poder intercambiar información sobre las nuevas restricciones y habilitaciones, y sobre las medidas de cuidado adecuadas para elaborar protocolos de salud e higiene. Estos espacios también sirvieron para desarrollar intercambios orientados a la gestión conjunta de diferentes recursos, así como para la elaboración conjunta de proyectos a presentar en determinadas convocatorias del Estado.

Entre las acciones conjuntas generadas a partir de estos espacios de intercambio sobresale el diseño de estrategias de comercialización y distribución orientadas a activar la circulación de las producciones frente a la suspensión de ferias y al cierre de locales y de gran parte de los nodos de distribución y venta de sus producciones. Como indicó uno de los referentes de la RCJL:

Lo que hicimos para resolver este problema [de la paralización de los circuitos de comercialización] fueron estrategias de distribución que terminaron siendo un buen empuje porque determinaron un movimiento económico inusitado. Una de ellas es El trocadero va a tu casa, que es un reparto de bolsones de verduras agroecológicas y de la economía solidaria en general a través de la cooperativa Mercado Solidario [...] Otra estrategia es el Pueblo a Pueblo en alianza con el MTE rural, se hace un reparto también con verduras agroecológicas en otros circuitos; y una tercera estrategia fue abrir un nodo de distribución al público en la zona rural del Gran Rosario que es nuestro espacio de producción: granja La Carolina. (Referente de la RCJL, taller de intercambio, agosto 2021)

Como se lee en este fragmento, las estrategias conjuntas diseñadas por las organizaciones bajo esta coyuntura lograron activar la comercialización a partir de la reconversión a entregas a domicilio de la estrategia de comercio justo preexistentes. Esto aconteció con El Trocadero, nodo de distribución perteneciente a la RCJL que se reactivó a partir de su conversión en el El Trocadero va a tu casa, y también sucedió con Pueblo a Pueblo, estrategia de comercialización del MTE rural a la que ya hemos hecho referencia, la cual se reactivó a partir de las entregas de los bolsones agroecológicos a domicilio. Otra de las iniciativas conjuntas fue la apertura de nuevos nodos de distribución en diferentes zonas rurales apartadas del centro de Rosario, como es el caso de la granja La Carolina en la zona de Piñero.

Si bien el trabajo conjunto entre el MTE rural y la RCJL permitió la diversificación y ampliación de los canales habituales de intercambio o venta de sus productos, y con ello se experimentó un crecimiento económico “inusitado”, es importante subrayar que las transformaciones configuraron algunas complicaciones y dificultades nuevas relacionadas al trabajo, como narra en el siguiente fragmento un referente de la RCJL:

Hay un incremento en las horas de trabajo. No tienen que ver con la demanda. Yo creo que tiene que ver con que estamos muy poco tecnificados y seguimos poniendo más horas a una producción, porque las estrategias de distribución se diversificaron y en una de esas vendemos lo mismo, pero hay que llevar a distintos lugares, a diferentes puntos, tal vez la misma cantidad. Y esto implica muchas más horas en el packaging, diferenciación de logística, subirse a la camioneta y estar horas repartiendo. Sí, le metemos más horas y no estamos analizando el por qué, y no vemos que la retribución de ese trabajo se traslade, por ejemplo, a una capitalización para hacer un salto en calidad a una máquina... es una meseta, es laburar más, pero económicamente sigue la meseta. (Referente de la RCJL, entrevista por WhatsApp, septiembre de 2021)

Un aspecto derivado de este proceso de articulación entre la RCJL y el MTE rural que resulta novedoso y sumamente relevante radica en el hecho de que las organizaciones analizadas comienzan a nombrarse como parte “de un único movimiento de trabajadores”, más allá de sus diferencias en torno de las estrategias y tradiciones organizativas correspondientes. Esto se evidencia en el siguiente relato de una de las referentes de la RCJL:

Me gustaría acercarme a esta cuestión del sindicalismo y las economías populares. Tanto la cooperativa Mercado Solidario como la Red de Comercio Justo del Litoral, de alguna manera tenemos una deuda en esto de sentirnos parte de un movimiento de trabajadores, no porque no lo seamos, porque todos somos productores y somos trabajadores, sino que de alguna manera, al habernos centrado en una práctica autogestiva, colectiva, de trabajo en red, nos hemos de alguna manera corrido un poco de vernos como trabajadoras y trabajadores organizados, que tenemos derechos a reclamar determinadas cosas, en este caso frente al Estado [...] Nuestra propia condición de trabajadores sin patrón nos ha hecho olvidar la posibilidad de reclamar determinadas condiciones laborales, fundamentalmente al Estado. En ese sentido ha sido muy importante e iluminador el trabajo que se ha hecho tanto desde la CTEP como de la UTEP en los últimos tiempos, que es justamente volver a pensar esta cuestión. (Referente de la RCJL, taller de intercambio, agosto de 2020)

Como se desprende de este fragmento, si bien en el origen de estas experiencias organizativas se marcaba una distinción entre la necesidad de “construcción de otra economía” encarnada en los proyectos de la RCJL y la “lucha gremial y de reconocimiento del Estado” llevado adelante por el MTE-UTEP, durante la pandemia estas fronteras se desbordan con la consolidación de una agenda común entre la RCJL y el MTE rural, así como entre estas y otras organizaciones de la EPS organizada. En este proceso, el reconocimiento y la autoidentificación de quienes integran la RCJL en tanto que “trabajadores”, antes velado por su énfasis en la autogestión, adquiere un lugar central para comprender la construcción de demandas conjuntas por mejores condiciones laborales frente al Estado.

II) Las estrategias conjuntas para colaborar con otros sectores

Como señalamos anteriormente, además de las acciones conjuntas para resolver problemáticas sectoriales, la coyuntura de la pandemia motivó, a su vez, la elaboración de prácticas conjuntas y construcción de redes orientadas a colaborar con la situación de la población con necesidades más urgentes durante el aislamiento. En efecto, ambas organizaciones indicaron haber orientado parte de sus acciones y producciones a la asistencia de merenderos y comedores en los barrios populares de la ciudad. Para esto, mencionan que se reforzaron y/o construyeron nuevos vínculos, principalmente con comedores, clubes de barrios y con diferentes instituciones localizadas en los barrios más vulnerables como escuelas y centros de salud, muchos de los cuales no se encontraban integrados en sus marcos organizativos más amplios. Como relata el referente del MTE rural:

Como organización pudimos salir a dar respuesta o aportar a la respuesta de muchas de las problemáticas que estaban surgiendo por la pandemia que tenían que ver con el acceso a los alimentos. Para nombrar así un pequeño dato, por ejemplo, durante la pandemia, no tengo el número exacto, pero estoy seguro de que más de 20 toneladas fueron donadas a través de mecanismos de subsidiar con nuestra propia comercialización o como donación de los productores. Deben haber salido alrededor de 20 toneladas para llevar a los sectores más vulnerados en los barrios de la ciudad. (Referente del MTE rural, taller de intercambio, agosto de 2020)

A la distribución o donación de alimentos de los propios productores, también sumaron la provisión de elementos de seguridad e higiene y el desarrollo de campañas y protocolos de prevención sanitaria diseñados por las propias organizaciones, tanto en los espacios de trabajo internos a las organizaciones como en aquellos ubicados en los barrios populares con los cuales colaboraron. Algunas de estas iniciativas fueron incorporadas en diferentes instancias de gobierno para poder intervenir en esos sectores, lo cual da cuenta de la centralidad del papel que jugaron las organizaciones sociales en los barrios populares durante la pandemia. Al respecto, sostuvo uno de los referentes del MTE rural:

Yo voy a recalcar un punto, que me parece el más importante de lo que nos dejó la situación pandémica: en nuestro sector, no en todo el sector de toda la EP, pero en nuestro sector, la pandemia nos permitió darnos cuenta de las capacidades que tenemos como organización para dar respuestas [...] Toda respuesta que llegó del Estado, llegó tarde. Mientras que las respuestas desde las organizaciones fueron del segundo cero. Yo recuerdo que se decretó la pandemia y nosotros como organización estábamos sosteniendo el sistema de comercialización y no solo sosteniendo, sino que modificándolo para poder llegar, por ejemplo, con los alimentos frescos a la casa de cada una de las personas que nos compraba, para respetar los criterios sanitarios que la situación ameritaba. Entonces, eso como lo principal que nos dejó la pandemia es eso: reconocer las herramientas y a través de las herramientas que tenemos, la potencialidad que tiene la organización para dar respuestas. (Referente del MTE rural, taller de intercambio, agosto de 2021)

Este rol desempeñado por ambas organizaciones durante la pandemia, lejos de representar una situacion o un caso excepcional, se inscribe dentro de la tendencia general ampliamente documentada a escala nacional por otros estudios. Algunos de ellos registraron el rol de las organizaciones de la EPS en el aprovisionamiento de comedores populares a partir de la donación de una parte de su producción, lo cual permitió ampliar turnos y raciones y, por esta vía, amortiguar la crisis alimentaria. Otros registraron la reconversión de muchas cooperativas y empresas recuperadas de los rubros textiles, alimenticio y farmacéutico, que se volcaron a la producción de elementos tales como barbijos, guantes, jabón, alcohol en gel y otros para abastecer la emergencia sanitaria (Herrero, 2021; Mate y Stefanetti, 2021; Molina y Sayago Peralta, 2020). En este sentido, las acciones desplegadas por el MTE rural y la RCJL para abastecer a las necesidades más urgentes de los barrios populares de Rosario ratifican desde la escala local el hecho de que bajo la coyuntura de la pandemia las organizaciones de la EPS operaron como “un resorte esencial para hacer frente a la crisis sanitaria y socioeconómica, colaborando tanto en la distribución de recursos básicos, en la prevención y asistencia sanitarias, como en la contención social en estos momentos difíciles” (Mapeo colaborativo, 2020: 2).

La centralidad que asumieron bajo la pandemia las organizaciones del EPS no se redujo a la celeridad y eficacia en sus respuestas durante la emergencia sanitaria. También se expresó en el plano del debate político a escala nacional, ya que participaron activamente en las discusiones que se abrieron en torno a la definición oficial de la esencialidad y la salud, así como a la noción de “nueva normalidad” imperante.

Reposicionando viejas reivindicaciones políticas

“Estamos en un momento en el que tenemos que levantar más fuerte que nunca algunas de nuestras banderas”. Referente del MTE rural

La pandemia del covid-19 configuró un renovado escenario para reposicionar viejas demandas y reivindicaciones políticas sostenidas por el MTE rural y la RCJL de cara a la pospandemia. La situacion de crisis abrió un espacio para debatir respecto al ordenamiento de prioridades sociales y para disputar el sentido convencional y reduccionista de la noción de salud hacia una concepción más amplia e integral, relacionada con el sistema productivo capitalista, el extractivismo y el agronegocio.

Durante los primeros meses de la pandemia, el gobierno nacional decretó el estado de excepción y el aislamiento social, y al mismo tiempo estableció una serie de actividades “esenciales en la emergencia” para la producción y abastecimiento de bienes y servicios considerados fundamentales. En este marco, una de las primeras peleas de la EPS fue por el reconocimiento de la esencialidad de sus trabajos para poder sostener la actividad y la necesidad de un ingreso universal que permita garantizar las medidas de aislamiento de quienes no cuentan con un salario mensual y se encuentran por fuera de los dispositivos formales de protección social. Sin embargo, sus demandas fueron desatendidas: a pocos meses, el gobierno nacional amplió el número de actividades “esenciales” dejando por fuera a la EPS, habilitando una serie de emprendimientos extractivos, tales como distribución y comercialización forestal y minera, curtiembres, exploración, prospección, producción, transformación y comercialización de combustible nuclear, fumigaciones, entre otras.

Las organizaciones de la EPS en su conjunto sostuvieron una posición crítica en torno al relanzamiento de estas actividades y a su presunto carácter esencial. Enfatizaron en la incongruencia subyacente a dicha designación, en contraste con la centralidad que encierran para la reproducción de la vida otras actividades que fueron excluidas del nuevo decreto, tales como las labores de las organizaciones sociocomunitarias de la EPS −comedores, merenderos, etc.− En el caso de la RCJL y del MTE rural, las discusiones que se abrieron en torno a la definición de la “esencialidad” operaron como puntapié para reposicionar en la palestra del debate público la crítica al modelo de producción capitalista y a su actual carácter extractivista. Apelando a una concepción más amplia e integral de la salud, denunciaron públicamente la vulneración de este derecho que suponía la habilitación de las actividades contempladas en el nuevo decreto y la profundización del extractivismo en plena pandemia. Esto se observa en las demandas realizadas durante las principales movilizaciones en la ciudad de Rosario, donde se impugnaba el dragado de la hidrovía Rosario, la ley de trigo transgénico y las fumigaciones producidas por el agronegocio. Uno de los referentes de la RCJL sostiene al respecto:

La pandemia pone al descubierto la inviabilidad de un modelo productivo vinculado al agronegocio y el extractivismo. El primero de todos los derechos es el derecho a la salud pública. Otro derecho es el acceso a la tierra, otro derecho es el acceso al agua, que hoy estamos redescubriendo toda una problemática con el agua. No es solamente el problema de la Hidrovía/río Paraná. Es todo lo que significan los desmontes, la sequía. Bueno, toda una problemática que no se puede seguir tolerando. (Referente de la RCJL, taller de intercambio, agosto de 2021)

Como se desprende del relato, los integrantes de la RCJL no solo cuestionan y demandan al gobierno nacional la falta de reconocimiento de sus labores como actividades “esenciales”, sino que además critican su renovada apuesta por un modelo productivo extractivista, bajo el cual se devasta a la naturaleza y el cual afecta a la salud de la población en su conjunto, en el sentido amplio del concepto. De esta manera, se reposicionan sus proyectos y demandas de larga data hacia una disputa que amplía la concepción de salud incorporando dimensiones de cuidado del medio ambiente y de la población en su conjunto basadas en cómo producimos y trabajamos. Como lo relata uno de los referentes de la RCJL al referirse al proyecto político de la organización:

Pensar en estrategias políticas, nos llevó a la lucha socioambiental y nos llevó a pensar la producción agroecológica. En realidad, como una herramienta gremial, como una herramienta de transformación de lo que son los modelos hegemónicos de producción, pero también como una herramienta para repensar seriamente cómo tenemos que empezar a vincularnos frente a la vulneración de derechos que tiene que ver con los no accesos. (Referente de la RCJL, taller de intercambio, agosto de 2021)

Estas apelaciones en torno a la ampliación de las concepciones del cuidado de la salud también fueron explicitadas en los lineamientos de diferentes documentos y demandas construidas a escala nacional. Uno de los productos de este proceso consiste en el “Manifiesto Nacional por la Soberanía, el Trabajo y la Producción” firmado por un conglomerado heterogéneo de organizaciones gremiales, sociales y populares^[15], donde no solo se plantean demandas por asistencia o en reclamo de respuestas del Estado a problemáticas puntuales del sector, sino que demandan una transformación del rumbo de las políticas económicas hacia medidas que atiendan a los sectores populares en general frente a la profundización de la crisis económica y social (Mate y Stefanetti, 2020).

La situación configurada durante el primer año de pandemia, bajo la cual las organizaciones de la EPS demostraron amplias capacidades de respuesta para atender las necesidades de los sectores más desfavorecidos de la sociedad en contraste a la debilidad del Estado y el avizoramiento de un emergente escenario pospandémico hacia mediados de 2021, habilitó a las organizaciones de la EPS a demandar con mayor firmeza algunas de sus históricas reivindicaciones políticas. Como expresa un referente del MTE rural:

Es momento de salir a reclamar por el fortalecimiento de las economías regionales. Salir a luchar por el tema del acceso a la tierra para quienes consumimos los alimentos en la ciudad. Salir a defender los sistemas de comercialización de los activos que se salen de la lógica de los grandes supermercados. Levantar la bandera de la agroecología como cambio del sistema productivo posible, beneficioso, tanto para el medio ambiente como para la salud pública. Son, creo, banderas en lo que respecta, por lo menos, a la alimentación, que es el rubro que me compete, pero quizás hay más cosas. Salir a defender el trabajo de las trabajadoras y trabajadores que estuvieron en los barrios, en los comedores y merenderos, y las políticas públicas de distribución de alimentos. Creo que nos tenemos que poner de acuerdo en levantar con más fuerza que nunca estas banderas en esta situación pospandemia. (Referente MTE rural, taller de intercambio, agosto de 2021)

Ahora bien, a pesar de que desde las organizaciones se alienta a levantar más fuerte que nunca algunas de sus banderas e instalar el debate en el conjunto de la población, hacia agosto de 2021 las y los referentes que participaron del taller de intercambio manifestaron gran preocupación por la escasa atención que se prestaba a dichos debates durante la transición a la pospandemia, como señala en el siguiente fragmente uno de los referentes del MTE rural:

Durante la pandemia se desataron muchos de estos debates. Pero la pospandemia, de repente la lectura o nuestra lectura es que hay un interés por retomar una normalidad que ya es inexistente. Digamos que es imposible, pero hay un interés por retomar esa normalidad tapando todo, metiendo la basura debajo de la alfombra. (Referente del MTE rural, taller de intercambio, agosto de 2021)

Así mismo lo consideró uno de los referentes de la RCJL:

No hay un discurso pospandemia a nivel partidos políticos, ninguno. Escuchamos ahora todo lo que son las manifestaciones que son de carácter electoral y no hay un discurso pospandemia. Tal vez, porque la gente no lo quiera escuchar, porque no estaremos maduros como sociedad. Pero no hay estrategias de carácter pospandémico, no queremos aprender que el capitalismo es el generador de la crisis. (Referente RCJL, taller de intercambio, agosto de 2021)

En síntesis, si bien la pandemia iluminó las inconsistencias y la inviabilidad del modelo productivo vinculado al extractivismo y al agronegocio y, en este sentido, habilitó el debate político respecto del rumbo económico del país y la necesidad de reordenar las prioridades hacia el sostenimiento de la vida de la población en general, según los referentes de estas organizaciones, camino a la pospandemia, las demandas y reivindicaciones políticas sostenidas por estas y otras organizaciones de la EPS orientadas a torcer el rumbo de esta política económica imperante del país, fueron perdiendo peso entre el conjunto de la población al ser negados por la retórica oficial que, “tapando todo” y “metiendo la basura debajo de la alfombra”, apostó por la reinstauración de la “normalidad” capitalista preexistente y reafirmó el rumbo extractivista y del agronegocio con una insuficiente intervención social hacia los sectores más desprotegidos.

Conclusiones

En este artículo nos propusimos analizar las experiencias de dos organizaciones de la EPS de Rosario durante la pandemia y pospandemia: la rama rural del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE-UTEP) y la Red de Comercio Justo del Litoral (RCJL). Puntualmente, nos concentramos en analizar los desafíos que sembró esta coyuntura para la reproducción de su dinámica de trabajo cotidiana y las estrategias organizativas que ambas organizaciones construyeron para hacer frente al escenario de crisis sanitaria.

Sobre la base de las intervenciones de referentes de estas dos organizaciones en un taller de intercambio virtual realizado en agosto de 2021 y de posteriores entrevistas vía WhatsApp, identificamos un amplio conjunto de problemáticas que trajo aparejadas la pandemia para el desenvolvimiento de su dinámica de trabajo cotidianas, las cuales agrupamos en dos dimensiones: la económico-productiva y la político-organizativa. Entre las primeras registramos las suspensiones de sus procesos productivos debido a los contagios de los integrantes de sus organizaciones y el cierre de los circuitos de comercialización de los productos, un importante aumento de sus costos de producción, derivado de la falta y encarecimiento de diferentes insumos agrícolas producto de la paralización del transporte, el accionar especulativo de las empresas proveedoras y el proceso inflacionario. El segundo orden de dificultades se relaciona con la imposibilidad de sostener espacios de toma de decisiones presenciales, tales como asambleas, reuniones, mesas de trabajo, etc.

Los registros etnográficos nos permitieron identificar además el campo de las respuestas construidas por estas organizaciones. Frente a estas dificultades productivas y organizativas despunta el despliegue de una amplia trama de actividades y arreglos conjuntos frente a la crisis sanitaria y la débil respuesta del Estado en sus diferentes niveles (nacional, provincial y municipal) ante las demandas de los sectores sociales más desfavorecidos. El MTE rural y la RCJL no solo introdujeron cambios en sus propias dinámicas de trabajo económico-productivas y político-organizativas, tales como la adopción de protocolos de bioseguridad y modalidad de trabajo virtual. Un análisis más profundo de sus respuestas permite vislumbrar la construcción de estrategias conjuntas tanto para responder a necesidades sectoriales como en colaboración con los sectores sociales mayormente afectados por la pandemia. En esta línea, entre las acciones y estrategias desplegadas por ambas organizaciones se destacó la articulación entre sus canales de intercambio y venta, lo que les permitió diversificar y ampliar los productos ofrecidos y cantidad de consumidores alcanzados. También cooperaron mutuamente en el intercambio de información sobre las nuevas restricciones, habilitaciones y las medidas de cuidado adecuadas para elaborar protocolos de salud e higiene y la gestión conjunta de diferentes recursos demandados al Estado. A esto se sumó que las organizaciones analizadas reforzaron y/o construyeron nuevos vínculos con comedores, clubes de barrios y con diferentes instituciones localizadas en los barrios más vulnerables como escuelas y centros de salud para colaborar con sus problemáticas alimenticias y sanitarias.

La participación conjunta en reuniones virtuales para compartir las diversas situaciones y problemáticas de cada organización y elaborar respuestas, y la planificación de donaciones de recursos y otras acciones orientadas a colaborar con los barrios populares de la ciudad formaron parte de la dinámica de trabajo cotidiana de estas organizaciones durante la pandemia y en la transición a la pospandemia. Fueron estas estrategias las que les posibilitaron sobrellevar sus dificultades sectoriales de la mejor manera posible. Si atendemos esta situacion a la luz de los procesos de emergencia de estas organizaciones y sus diferenciaciones, tal como señalamos en el primer apartado, este accionar conjunto del MTE rural y la RCJL representa un fenómeno novedoso interesante. Se trata, en efecto de la confluencia y convergencia en acciones políticas y en la elaboración de una agenda común de demandas hacia el Estado de dos organizaciones de la EPS con tradiciones y procedencias diferentes: la primera de carácter gremial y la segunda vinculada a la construcción de una economía alternativa a la capitalista.

De hecho, identificamos que las y los integrantes de ambas organizaciones comenzaron a nombrarse como parte “de un único movimiento de trabajadores” y avanzaron así hacia la construcción de una agenda común en la que disputaron el ordenamiento de prioridades sociales y cuestionaron la concepción oficial de la salud hacia una concepción más amplia e integral, relacionada con el sistema productivo. La crítica a la noción oficial de la esencialidad operó como puntapié para cuestionar al gobierno y a su política económica basada en el extractivismo y en el agronegocio, sentidos políticos que bajo esta coyuntura hicieron eco en distintos sectores de la población. Más allá de los resultados alcanzados por su participación activa y crítica en el debate público, que de cara a la pospandemia parecía no provocar más eco, resulta interesante subrayar la emergencia de este fenómeno novedoso de convergencia entre dos organizaciones de tradiciones distintas en la elaboración de una agenda política común como uno de los saldos positivos que deja la pandemia y cuya continuidad en la pospandemia amerita ser indagada en investigaciones futuras.

Referencias bibliográficas

Achilli, E. (2008). Investigación y Formación Docente. Colección Universitas, Serie formación docente. Laborde Editor.

Azzati et al. (2021). Informe de investigación “Economías populares en la pandemia. Cartografía provisoria en tiempos de aislamiento y crisis global. Grupo de Trabajo Clacso Economía popular: mapeo teórico y práctico. https://bit.ly/3EZB4nu

Cavigliasso, C. (2015). Entre la configuración de una “economía alternativa” y la hegemonía del mercado: prácticas y sentidos en una organización cooperativa de la ciudad de Rosario. Tesis de grado en antropología. Facultad de Humanidades y Artes, Universidad Nacional de Rosario.

Cavigliasso, C., Vitali, S. y Lilli, L. (2019). Debates y perspectivas en torno a la economía popular, social y solidaria: una aproximación a diferentes experiencias organizativas de la ciudad de Rosario. XIV Jornadas rosarinas de Antropología Sociocultural Antropología(s) en el contexto sociopolítico actual. Debates y desafíos en clave Latinoamericana. Facultad de Humanidades y Artes-UNR.

Fernández Álvarez, M. I. y Perelman, M. (2020). Perspectivas antropológicas sobre las formas de (ganarse la) vida. Cuadernos De antropología Social, (51). https://doi.org/10.34096/cas.i51.8270

Gago, V., Cielo, C. y Gachet, F. (2018). Presentación del dossier. Economía popular: entre la informalidad y la reproducción ampliada. Íconos: Revista de Ciencias Sociales, (62), 11-20

Hine, Ch. (2004). Virtual Ethnography. The SAGE handbook of online research methods (257-270).

Hopp, M. V. y Maldovan, J. (2021). La economía popular frente a la pandemia COVID-19. Informe sobre la situación de vendedores/as callejeros en la Ciudad de Buenos Aires.

Herrera, V. (2021). Pandemia y economía popular: desafios y estrategias en tiempos de aislamiento social. Escenarios. Revista de Trabajo Social y Ciencias Sociales. Universidad Nacional de La Plata.

Mapeo Colaborativo: Las organizaciones sociales hacen frente a la pandemia (2020). Instituto del Conurbano de la Universidad Nacional de General Sarmiento (ICO-UNGS). http://observatorioconurbano.ungs.edu.ar/?p=12931.

Lazarte et al. (2021). La organización de la patria precarizada. Apuntes para pensar la economía popular a partir de la experiencia del Movimiento de Trabajadores Excluidos. Instituto Tricontinental de investigación Social, oficina Buenos Aires. https://bit.ly/3gi6awb

Mate, E. y Stefanetti, C. (2021). Las organizaciones sociales de la economía popular frente a la pandemia de la Covid 19 en Argentina. Revista Socio Debate. Revista de Ciencias Sociales.

Molina y Sayago Peralta (2020). Experiencias de la economía popular en el contexto de la pandemia Covid 19 en Argentina. Abordaje de casos en Córdoba Capital y la ciudad de Santiago del Estero, ante el aislamiento social, preventivo y obligatorio. Revista Idelcoop, (231), 145-176.

Orzuza, S. M. et al. (2015). Red de comercio justo del Litoral (Argentina): un ejemplo de la construcción de mercados alternativos al hegemónico. Revista del Observatorio Social sobre Empresas Recuperadas y Autogestionadas, 12(2), 18-26.

Pérsico, E. y Grabois, J. (2014). Organización y economía popular: nuestra realidad. Cuadernos de formación para trabajadores, militantes, delegados y dirigentes de organizaciones populares.

Ribeiro, G. L. (2021). Descotidianizar” el mundo. La pandemia como evento crítico, sus revelaciones y (re) interpretaciones. Desacatos. Revista de Ciencias Sociales, (65), 106-123.

Véntola, V., Castagna, A., Gutiérrez, S. y Romero, L. (2014). Informalidad y Precariedad laboral en Santa Fe. Un análisis de los sectores más vulnerables en la última década. III Jornadas Nacionales sobre estudios regionales y mercados de trabajo. Universidad Nacional de Jujuy (Facultad de Cs. Económicas y Unidad de Investigación en Comunicación, Cultura y Sociedad de la Facultad de Humanidades y Cs. Sociales) y Red Simel.

Vitali, S. y Brown, B. (2021). Las políticas de «Economía Social, Solidaria y/o Popular» en Argentina, 2001-2019. Revista Reflexiones, 101(1), 1-22. https://bit.ly/3TEn6LS

Notas