1. Introducción

El Mar Argentino con su plataforma continental constituye un ambiente de gran importancia ecológica y económica. Es una de las áreas con mayor productividad del hemisferio sur y es por ello que constituye uno de los caladeros de pesca más importantes a nivel mundial. Predadores tope, como aves marinas y grandes mamíferos, utilizan este ecosistema como área de alimentación (Seco Pon et al., 2018). Existe una superposición espacial y temporal de aves marinas y de las pesquerías comerciales que resultan en muchas ocasiones en la captura incidental de las mismas (Vouilloz y Tamini, 2020).

Las formas de producción de la actividad pesquera han ido variando conforme las modificaciones en los flujos de intercambios financieros y de bienes y servicios de las últimas décadas, consecuencia del proceso de globalización y de los cambios tecnológicos, lo que trajo también aparejado cambios en el territorio asociado a dicha actividad (Lende, 2018). Como resultante del constante aumento de la presión sobre el recurso, el rápido desarrollo de tecnologías pesqueras y la falta de un acompañamiento en la regulación, se incrementó la tasa de mortalidad de aves marinas hasta tal punto que se convirtió, a nivel mundial, en el grupo de aves más amenazado de extinción (Croxall et al., 2012). A raíz de esta situación, se han desarrollado instrumentos tales como el Plan de Acción Internacional para reducir las capturas incidentales de aves marinas en la pesca con palangre (PAI Aves Marinas-FAO, 1999) y el Acuerdo sobre la Conservación de Albatros y Petreles (ACAP, 2004). El ACAP fue aprobado en Argentina en 2006, a través de la Ley Nº 26107. Cuatro años más tarde, se generó el Plan de Acción Nacional para reducir la interacción de aves con pesquerías en la República Argentina (PAN Aves, 2010). Entre sus objetivos específicos figuran: obtener datos confiables para determinar la naturaleza y alcance de las interacciones de las aves marinas con las pesquerías, reducir al mínimo la captura incidental letal y no letal de aves marinas, capacitar a observadores a bordo y personal embarcado, concientizar a las comunidades de pescadores y al público en general sobre el estado de conservación de las aves marinas y las amenazas que sobre ellas se ciernen, y fortalecer las líneas de investigación científica y la articulación entre la academia y la sociedad (PAN Aves Marinas, 2010).

Si bien ha habido aportes técnicos^[5] para reducir la mortalidad incidental, como la colocación de líneas espantapájaros y el calado nocturno, la problemática continúa vigente. De este modo, el territorio marítimo de la plataforma continental argentina se expresa como un espacio de encuentro entre diferentes actores con diversos intereses, los cuales no siempre han sido tenidos en cuenta desde un abordaje sistémico e integral para la gestión del recurso marino. A partir de ello, el interrogante que guía este estudio es: ¿Es la actual problemática entre la actividad pesquera comercial y la mortalidad incidental de aves marinas un conflicto ambiental^[6]? Entendiendo por conflicto ambiental, en palabras de Svampa (2019: 32), a:

Aquel ligado al acceso y control de los bienes naturales y el territorio, que supone por parte de los actores enfrentados intereses y valores divergentes en torno de los mismos, en un contexto de gran asimetría de poder. Dicho conflicto expresa diferentes concepciones sobre el territorio, la naturaleza y el ambiente.

2. Devenir histórico del abordaje de los recursos naturales

La teoría del crecimiento de la década de los cincuenta y sesenta como de los primeros años de los setenta del siglo XX olvidó por completo el papel de los recursos naturales en la economía. El capital natural era visto como un factor productivo y prevalecía el supuesto de la sustitución entre capital natural y capital fabricado.

Legitimando una falsa idea de progreso, la civilización moderna dominó y controló a la naturaleza mercantilizando sus beneficios. Ello generó procesos de destrucción ecológica y degradación ambiental conocidas como “externalidades” del sistema (Leff, 1998). El incremento en la explotación de los recursos naturales como consecuencia del afán de crecimiento y expansión de capital tuvo consecuencias tanto en lo ambiental como en la esfera de lo social. Todo ello dio lugar para que, a partir de la década de los setenta, la crisis ambiental tomara visibilidad poniendo de manifiesto un saber que cuestionaba la racionalidad de la modernidad.

3. Latinoamérica y el extractivismo

En lo que respecta a los países latinoamericanos, el pasado colonial está fuertemente ligado al abastecimiento de recursos naturales. La lógica del progreso, heredada de la visión eurocentrista, se tradujo en la posmodernidad en un fuerte extractivismo. En un sentido amplio, el término extractivismo es empleado para las actividades que remueven importantes cantidades de recursos naturales, los cuales no son procesados –o si lo son, es de una forma más bien limitada– y son directamente exportados (Gudynas, 2009). Gudynas y Acosta (2011) recalcan que es allí, en el extractivismo, donde tiene lugar uno de los terrenos concretos de estas tensiones entre regiones, con la apropiación intensa y masiva de los recursos naturales, lo que conlleva a grandes impactos en lo social y lo ambiental.

El estilo de desarrollo que se expande actualmente en Latinoamérica continúa siendo a base de minería, petróleo y monocultivos. Incluso, distintos gobiernos de izquierda, desde su modelo nacional-popular anticapitalista, conservaron –y aún lo hacen– su impronta desarrollista, priorizando la expansión de las fuerzas productivas, el modelo fabril y el rol del obrero. Es esta condición una posible explicación a la reticencia por parte de los gobiernos progresistas de abordar a la problemática ecológica como tal y adjudicar que la misma es una preocupación a la cual solo pueden atender los países ricos, no aplicable a la realidad socioeconómica latinoamericana (Svampa, 2011).

Como contrapartida a la postura del poder político predominante o, mejor dicho, como otra forma de analizar el abordaje de la cuestión ambiental y la relaciones norte-sur, autores como O´Connor (2001) plantean que las orientaciones políticas “ecológicamente correctas” de países con economías fuertes suponen para nuestra región impactos muy negativos para el ambiente como, por ejemplo, la transferencia de industria contaminante, proyectos de basureros nucleares y megamonocultivos de agrocombustible.

Acorde a Alimonda (2011), la dinámica colonial de entonces permitió a lo largo del tiempo, y con vigencia actual, conformar una matriz de poder que continúa expresándose bajo el capitalismo, la globalización y la crisis ambiental. Estas relaciones de poder, que exceden a lo meramente económico, son causantes de distintas desigualdades que se expresan en el territorio. En cuanto a la definición de territorio, Rodríguez y Di Virgilio (2011) lo entienden como un elemento esencial de las acciones e intervenciones que devienen de las agencias estatales, siendo que este trasciende la simple proyección de las iniciativas estatales para convertirse en una construcción social con intereses, acciones y deseos que pueden incidir en una determinada política. El territorio se conjuga como un eje central que posee distintos roles y dinámicas. Por un lado, como la expresión física de las desigualdades entre la sociedad por el control y uso diferenciado del mismo y, por el otro, como construcción social que expresa las disputas de poder y los intereses divergentes a lo largo del tiempo.

4. La noción de sustentabilidad y la crisis ambiental

En 1987, a partir del Informe Brundtland, se internacionalizó la definición comúnmente aceptada de desarrollo sostenible como aquel que “satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades”.^[7]

Más de 30 años han pasado desde la implementación de dicho término. A pesar de avances en investigaciones, de distintos acuerdos internacionales y de cambios constitucionales en pos del desarrollo sustentable, la crisis ambiental se hace cada vez más presente. Una crisis ambiental que queda en evidencia no solo con el cambio climático, el cual es respaldado por los informes que realiza el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), sino también por consecuencias como la pandemia de 2020 (debido a la alteración que se realiza sobre los ecosistemas naturales). Cada vez son más frecuentes las distintas protestas a nivel mundial por proyectos económicos que avanzan por sobre el derecho a un medio ambiente sano.

En el marco de un sistema capitalista y de la posmodernidad, se cuestiona actualmente la modalidad de desarrollo prevaleciente y autores como O’Connor (2002) reflexionan si es factible el desarrollo sustentable bajo este contexto de globalización. Según Leff (2011: 10), “en la era de la globalización, la crisis ambiental no es el único problema emergente de escala planetaria. Junto con el riesgo ecológico y la degradación socioambiental surgen nuevos conflictos y se agudizan viejos problemas sociales”.

5. El territorio marítimo argentino y la actividad pesquera

Argentina es un país costero con un extenso litoral marítimo sobre el océano Atlántico sudoccidental, con importantes recursos pesqueros (Pagani y Gualdoni, 2018). La actividad pesquera comercial es una de las principales actividades económicas en la plataforma continental argentina. Su relevancia radica en la contribución al desarrollo de centros pesqueros localizados a lo largo del litoral marítimo, siendo esta generadora de empleo y actividad económica local y, a nivel nacional, por su aporte en la generación de divisas a través de sus exportaciones (Ministerio de Hacienda, 2017).

A nivel nacional, la pesca está regulada por el Régimen Federal de Pesca (Ley Nº 24922), el cual establece que los recursos vivos y existentes en las aguas de la Zona Económica Exclusiva (ZEE) y en la plataforma continental argentina son de dominio y jurisdicción exclusivos del Estado nacional. Las provincias que cuentan con litoral marítimo poseen dominio sobre aguas interiores y el mar territorial argentino adyacente a sus costas, hasta las 12 millas marítimas desde las líneas de base (Pagani y Gualdoni, 2018).

Como ha sucedido con otras actividades del sector primario, la pesca como actividad comercial ha transitado por distintos períodos de crecimiento y desarrollo en el país. A principios del siglo XX se caracterizaba por tener una impronta artesanal. En la década de los 60 fue perdiendo esta característica con la consolidación de las empresas integradas, es decir, aquellas que reprocesaban en sus plantas en tierra las capturas obtenidas por sus propios buques. La década de los 70 y los 80 estuvo marcada por un fuerte proceso de industrialización en la actividad, alcanzando la máxima capacidad de procesamiento instalada en tierra. Hacia finales de los 80 se inició un período de transformación productiva en el sector, que llevó a una expansión de las capturas y de la producción que no se había logrado hasta el momento con una estrategia empresarial de integración de todas las etapas productivas (Bertolotti, 2002). Para mediados de los 90, el cambio estructural en la actividad era notable, destacándose la expansión de cupos para la flota pesquera extranjera, una reducción de las flotas menores en beneficio de grandes buques congeladores con procesamiento a bordo y la aparición de cooperativas de trabajo (Mateo et al., 2011). La creación de cooperativas de trabajo y su vinculación con la pesca ameritaría todo un trabajo de investigación en sí, pero es de destacar que esta introducción modificó de manera notable las relaciones laborales, tornándolas más precarias y haciendo más vulnerables a los eslabones más débiles en la cadena productiva. El modelo pesquero menemista, el sobredimensionamiento de la flota y su afán de inserción en un mercado internacional más competitivo llevó entre 1997 y 2001 a una crisis de sobrepesca que puso cerca del colapso a la merluza común (Merluccius hubbsi), principal especie comercial de nuestro mar^[8](Solimeno, 2015). Frente a esta situación se llevaron a cabo medidas de conservación, reduciendo el volumen de pesca permitido con su consecuente impacto en la disminución de materia prima y pérdida de ganancias. Si bien el número de ejemplares de merluza aumentó en los últimos años, durante las últimas décadas, el territorio marítimo argentino no estuvo exento de la racionalidad extractivista y depredatoria basada en el creciente sesgo exportador, la extranjerización y la consiguiente pérdida de soberanía pesquera (Lende, 2018)^[9].

6. La actividad pesquera, sus consecuencias y las aves marinas

Cuando a finales de los 80 se evidenció que los recursos pesqueros no podían sostener los ritmos acelerados que se mantenían de explotación, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) propuso la formulación de un Código de Conducta para la Pesca Responsable^[10](Pagani y Gualdoni, 2018). En el 95 fue adoptado por unanimidad y Argentina, en línea con lo propuesto a nivel internacional, acogió medidas locales.

Casi cuarenta años han pasado desde que empezaron a visibilizarse, a nivel mundial, los límites necesarios a los cuales debía acotarse la pesca, para asegurar la existencia del recurso. A pesar de que ha habido avances en pos de una gestión sustentable a través de tratados y acuerdos internacionales, tanto el medio biofísico (subsistema natural) como la organización social (subsistema social) perciben consecuencias de un uso y manejo del recurso aún sectorizado y, en el caso argentino, fuertemente extractivo.

En los últimos años ha habido intentos de implementar el Enfoque Ecosistémico en la Pesca (EEP). Este enfoque está basado en la interacción sociedad-naturaleza, lo cual significa abordar la problemática dando especial importancia a aquellos factores que dan identidad a la comunidad, las acciones de educación y preservación, como también el vínculo generado en tanto recurso natural y productivo. Considerar al medio marítimo y a la pesca como un sistema complejo significa asumir que a dicha interacción la conforman factores interdependientes ante lo cual una modificación abrupta en alguno de sus subsistemas generará inevitablemente un cambio en la dinámica de los otros elementos conformantes. Es así como cambios en las políticas públicas, la sobrepesca o la existencia de flotas pesqueras con diferentes formas de llevar a cabo la actividad generan distintos tipos de impactos en el ecosistema.

Uno de los efectos no deseados de la actividad pesquera es su impacto en las aves marinas y otras especies de megafauna. Las aves marinas son el grupo de aves más amenazado de extinción en todo el mundo. De las 22 especies de albatros reconocidas por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), 15 están en riesgo de extinción (BirdLife, 2022). Una de las principales causas de ello es su captura incidental debido a la actividad pesquera (Croxall et al., 2012).

Diferentes actores del sector académico, organizaciones no gubernamentales (ONG) y agencias gubernamentales han brindado soluciones técnicas^[11] para reducir la mortalidad incidental de las aves marinas y contribuido con distintos informes para propiciar, desde la toma de decisiones, acciones en pos de la conservación. A su vez, el Consejo Federal Pesquero (CFP), organismo del Estado que define la política pesquera del país, determinó cuatro resoluciones:

· Resolución 03/01: oficializó la incorporación en la agenda estatal de la captura incidental de megafauna marina.

· Resolución 08/08: estableció para barcos palangreros la obligatoriedad de utilización de pesos agregados o integrados para aumentar la velocidad de hundimiento de las líneas, calado nocturno, utilización de líneas espantapájaros y liberación de ejemplares vivos cuando sea posible (PAN Aves, 2010).

· Resolución 03/10: aprobó el PAN-Aves.

· Resolución 03/17: instauró el empleo de dos líneas espantapájaros (LEP) en las operaciones pesqueras por parte de los buques congeladores con red de arrastre de fondo, para impedir el contacto de las aves marinas con los mismos.

A pesar de las obligaciones y multas que implican estas resoluciones (en especial la 08/08 y la 03/17), y de que Argentina ha avanzado a nivel técnico en esta problemática, adhiriendo al ACAP (2006) y realizando el PAN Aves (2010), la problemática continúa vigente.

7. ¿Problemática ambiental o conflicto ambiental?

Un impacto en el ambiente implica que un determinado proyecto o actividad productiva genera un efecto en el mismo que puede verse expresado como un cambio en el/los ecosistemas, alteraciones en la salud y/o modificaciones en otras actividades humanas. La toma de conciencia sobre la gravedad de ese impacto ambiental, asociado al acceso a la información y a la interpretación de la misma, sobre la base de los intereses y valores de los distintos actores que entran en juego, hace que se convierta en un problema ambiental (Sabatini, 1997).

A partir del recorrido histórico del abordaje sobre los recursos naturales y de cómo se gestiona actualmente, en el territorio argentino, la actividad pesquera y sus impactos en el ambiente, podemos afirmar que nos encontramos frente a una problemática ambiental en lo que respecta a la mortalidad incidental de aves marinas. La toma de conciencia de la misma y el denunciarla o expresarla hacia las autoridades locales ha venido por parte de la academia y a su vez por parte de organizaciones como la ONG Aves Argentinas^[12].

A grandes rasgos, hay tres grandes grupos de actores en la problemática pesquerías-conservación marina: la sociedad civil, las empresas y el Estado. La sociedad civil abarca a la comunidad costera, los consumidores, las ONG y los comunicadores. Las empresas pesqueras engloban a los gerentes y a sus trabajadores, aquellos que se embarcan y los que se encuentran en tierra. El Estado es un actor presente en tres niveles: nacional, provincial y local, a través de sus diferentes agencias tales como el Conicet, el Consejo Federal Pesquero, el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (Inidep), la SSPyA y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MAyPS). Cada uno de estos actores posee una forma particular de relacionarse y hacer uso del recurso marino, lo cual implica, a su vez, diversos intereses y perspectivas detrás de su vinculación con la actividad pesquera y con la conservación marina. Cuando en un mismo espacio de uso de recursos naturales coinciden actores con concepciones e intereses distintos del ambiente y de su manejo, comienza una disputa entre los mismos.

Entonces, ¿cuándo se convierte en un conflicto ambiental? El conflicto se desencadena cuando la formación de conciencia, al vincularse con el contexto social y cultural, genera en la comunidad local una acción organizada para resistir el impacto ambiental y sus externalidades asociadas. Los conflictos ambientales se originan a partir de disputas políticas en torno a los modos diferenciados de producción, apropiación, uso y significado de los bienes naturales y expresan, en realidad, conflictos sociales por el control del territorio (Sabatini, 1997). Ello ha podido evidenciarse en la producción pesquera durante los últimos años del siglo XX y los primeros del XXI, la cual se manejó, en Mar del Plata, en medio de protestas de los diferentes actores: marineros, obreros industriales y transportistas, entre otros. Los efectos de esa crisis pesquera se vieron levemente matizados a partir de 2002 con la devaluación monetaria y con una pequeña recuperación de los recursos pesqueros, generándose un período de relativo crecimiento económico. Sin embargo, los problemas de fondo no fueron resueltos, con lo cual no han dejado de ser frecuentes los conflictos sociales relacionados con la actividad (Mateo et al., 2011).

Merlinsky (2017: 223) señala que:

Explorar la constitución de conflictos que ponen en cuestión un nuevo orden de problemas transformándolos en asuntos públicos permite avanzar hacia una comprensión más profunda del modo en que los actores sociales piensan sus ámbitos cotidianos de vida. Los conflictos son verdaderos analizadores sociales que permiten entender aspectos sociales más complejos relacionados con los modelos de desarrollo, el rol del Estado y las formas de estructuración de las relaciones entre actores en una determinada sociedad, comunidad o región.

8. Reflexiones finales

Si tenemos en cuenta la definición de un conflicto ambiental como aquel que representa un conflicto social y político, que implica luchas de poder (generalmente asimétricas) en torno a recursos naturales (denominados bienes comunes) llevadas a cabo por organizaciones socioambientales o comunidades locales organizadas (Wagner, 2016), podemos concluir que la problemática planteada no es al momento actual un conflicto explícito en sí. Es decir que no se manifiesta de manera tangible un conflicto entre los actores involucrados con relación a la captura de las aves, la actividad pesquera y su consecuencia en el estado de conservación de las mismas. Sin embargo, como problemática ambiental es inherentemente conflictiva y a su vez corre el riesgo de poder ser un conflicto a futuro, especialmente por la toma de conciencia de la población. A partir de ello, se abren distintas posibilidades para otras investigaciones, como por ejemplo analizar el rol de cada uno de los actores en la problemática, la respuesta de los mismos cuando ha habido incorporación de nuevas legislaciones y reglamentaciones sobre cómo llevar a cabo su actividad o comparar cuál fue la reacción desde el sector privado y cuál desde lo público.

Los problemas ambientales son problemas sociales por el control del territorio (Arqueros Mejica, 2020). Para que los impactos se conviertan en problemas, es necesario un complejo proceso de construcción social, que involucra percepciones, valoraciones y definiciones, en cuyo marco estos eventos son asumidos como peligrosos e incorporados al registro del riesgo (Sabatini, 1997). Es este otro posible campo de investigación, ahondando en los intereses de los actores, sus motivaciones, perspectivas y prácticas en torno a la pesca y la sustentabilidad. Esta construcción social, como proceso, puede ser entendida como parte de ese conflicto en gestación, lo cual torna más complejo el debate ambiental y se asocia con mayor fuerza al campo de la política. Este campo tiene diversos matices y escalas, otra posibilidad de análisis es el rol que Argentina ha tenido frente a los tratados internacionales y cuál es su relación con los organismos supranacionales, los que en cierta forma determinan los lineamientos generales de actuación.

Retornamos de este modo a un análisis macro y a preguntarnos, frente a la actual gestión de los recursos marítimos, en un contexto latinoamericano aún caracterizado por el extractivismo, y donde paralelamente a nivel mundial la noción de sustentabilidad se asienta con mayor firmeza en distintos ejes: ¿son compatibles ambas actividades? ¿Es posible un Enfoque Ecosistémico de la Pesca y una gestión sustentable frente a un modelo históricamente productivista y un mundo capitalista?^[13]¿Qué lugar puede ocupar la conservación marina?

A lo largo de los años, Argentina pasó de una pesca casi artesanal a la sobreexplotación de varias especies con una marcada orientación hacia la exportación. El consumo interno a nivel nacional es mucho más bajo en comparación a las carnes vacunas, porcinas y avícolas. A ello se le suma un aumento del mercado externo de productos con bajo nivel de procesamiento, es decir, prácticamente de exportación de materia prima sin valor agregado (Pagani y Gualdoni, 2018).

La tendencia del país ha sido de un crecimiento a espaldas del mar y al aprovechamiento de sus recursos, a pesar de la riqueza de la plataforma continental argentina. Sin embargo, esta riqueza fue y es aprovechada por actores internacionales y por un grupo reducido de actores locales. Los conflictos entre actores con relación a la actividad pesquera de momento han estado relacionados principalmente con factores económicos y sociales, pero dado el contexto actual de puja por la demanda de incorporación de las cuestiones ambientales en las agendas nacionales y en los tratados comerciales puede existir la posibilidad de apertura hacia un abordaje de la problemática planteada.

Como señala Merlisnky (2014: 30):

En contextos de incertidumbre, los actores sociales que pueden verse afectados por las decisiones que se van a tomar irrumpen en el debate sobre “escenarios futuros” o “estados del mundo posibles”, y con su intervención amplían el campo de las decisiones técnicas, para transformarlas en cuestiones políticas.

Teniendo en cuenta esta forma de abordaje, un conflicto, en lugar de ser una situación negativa, se torna una oportunidad para el cambio, la expresión y la acción (Arqueros Mejica, 2020). Será quizá la toma de conciencia por parte de la comunidad local en combinación con una voluntad política y empresarial, la puerta de acceso hacia un abordaje más participativo y una posible gestión sustentable de la pesca que contemple no solo lo económico y político, sino también lo social y ambiental. Queda, a su vez, como pregunta abierta, si esta hipotética situación es factible en el contexto capitalista actual.

Bibliografía

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GLOSARIO

Aparejos de pesca: conjunto de elementos o útiles empleados para la pesca (e.g. redes, anzuelos, cabos).

Artes de pesca: métodos utilizados en la captura y extracción de peces u otras especies acuáticas (e.g. palangre, arrastre).

Albatros: los albatros (Diomedeidae) son una familia de aves marinas de grandes dimensiones que pertenecen al orden Procellariiformes.​ Se distribuyen en los océanos Antártico, Pacífico y el Atlántico Sur. Los grandes albatros (género Diomedea) tienen la mayor envergadura alar de cualquier especie existente en la actualidad.

Buques congeladores: buques con capacidad de procesamiento y congelado rápido a bordo, lo que les da la capacidad de tener mayor autonomía para pescar en el mar.

Calado: despliegue de los aparejos de pesca en el agua.

Caladero: zona marina frecuentada por los barcos por su abundancia de presas de importancia comercial.

Captura incidental (bycatch): es la parte de la captura realizada que no es parte de su objetivo de pesca o que no desea pescar. Dicha captura puede ser una amenaza para la diversidad de especies y bienestar del ecosistema, ya que parte de esta captura usualmente no está reglamentada.

Externalidades: los efectos que produce una actividad económica sobre las empresas o los consumidores ajenos a la misma y que no se reflejan en el mercado. Las externalidades pueden ser negativas, cuando generan un costo externo, o deseconomía externa, este tipo de externalidad existe cuando se dan las dos condiciones siguientes: 1. Una actividad de un agente provoca una pérdida del bienestar a otro agente, y 2. La pérdida de bienestar no es compensada. En la actividad pesquera se presentan en general externalidades negativas debido a que los usuarios del recurso no tienen en cuenta los efectos de su actividad sobre los demás, como tampoco sobre la sustentabilidad del recurso.

Líneas espantapájaros: aquel aparato que, al ser utilizado, durante el calado de la línea de palangre, espanta a las aves evitando que estas se enganchen en los anzuelos encarnados. Consiste en una línea que se cuelga desde una altura determinada del barco hasta la superficie del agua, el extremo que se arrastra libre sobre el agua debe tener una boya en la punta para crear resistencia. La línea debe tener colgados tanto cintas como cabos coloridos (chicotes), lo suficientemente largos como para tocar la superficie del agua, que se muevan con el viento y ahuyenten las aves.

Medidas de mitigación: una modificación al diseño del aparejo u operación de pesca que reduce la probabilidad de capturar especies no deseadas, en este caso, aves marinas. Estas medidas difieren para busques palangreros o arrastreros.

Palangre: el palangre consiste en una larga línea (línea madre), a la cual se unen líneas secundarias (brazoladas) que llevan en sus extremos anzuelos con carnadas. La longitud de la línea madre, la distancia entre las brazoladas, la carnada y otras características del arte varía dependiendo del área que se desee abarcar, la especie objetivo y las tradiciones de cada lugar.

Plataforma Continental Argentina: jurídicamente la plataforma continental comienza donde termina el lecho y el subsuelo del mar territorial que, en la Argentina, llega a las 12 millas marinas medidas desde las líneas de base. Más allá de ese punto todo, el Estado ribereño tiene reconocida una plataforma continental de, por lo menos, hasta las 200 millas marinas medidas desde las líneas de base (Comisión Nacional del Límite Exterior de la Plataforma Continental)

Red de arrastre de fondo: arte de pesca que consiste en una bolsa cónica, construida con paños de red, con una boca ancha que es arrastrada por el fondo marino. La boca de la red mantiene la abertura vertical con una serie de boyas que se colocan en la parte delantera superior para darle flotación y se mantiene pegada al fondo por el agregado de cadenas o pesos en la parte inferior. La abertura horizontal de la boca de la red se logra mediante portones hidrodinámicos que fuerzan las puntas de la red hacia afuera al ser arrastrados por el buque. Los portones se conectan a la red por cables de acero llamados bridas. La red retiene todo lo que está a su paso y que no puede escapar en relación con el tamaño de la malla de los paños de red, especialmente en su parte final donde se acumula la captura, llamada copo o bolsa.

Soluciones tecnológicas durante el calado: durante la maniobra de calado hay tres grandes grupos: (a) medidas que ahuyentan a las aves, (b) medidas que disminuyen el tiempo de exposición de los anzuelos (en el caso de barcos palangreros), y (c) medidas que evitan el contacto del ave con la carnada (en el caso de barcos palangreros).

Zona Económica Exclusiva (ZEE): es una zona del mar en la que un Estado soberano tiene derechos especiales en relación con la exploración y el uso de los recursos marinos. Se extiende desde la línea de base hasta las 200 millas marinas.

Notas