Introducción

La relación de las mujeres con la esfera política se modificó en forma sustancial durante el primer peronismo, a partir de una serie de cambios entre los que se destaca la ley de sufragio femenino de 1947. Quizás por ello el tema ha sido considerado por numerosas investigaciones y presenta una larga tradición en la producción historiográfica contemporánea. Entre los principales aportes pueden destacarse aquellos estudios interesados en analizar los cambios que el peronismo generó en el plano de los derechos políticos y la participación ciudadana (Valobra, 2019). Como así también los trabajos orientados a considerar la dinámica que se configuró en torno al Partido Peronista Femenino (Barry, 2009), el liderazgo ejercido por Eva Perón (Bianchi y Sanchis, 1988; Barry, 2011; Navarro, 1994) y la conformación de las políticas públicas de asistencia social, en particular aquellas implementadas por la Fundación Eva Perón (Barry, Ramaciotti y Valobra, 2008).

Con matices en sus enfoques, perspectivas teóricas y base empírica, estos estudios coinciden en que la relación que las mujeres entablaron con la esfera política durante el primer peronismo estuvo marcada por profundos cambios que, en su conjunto, permitieron que las mujeres asumieran posiciones y roles que con antelación habían sido estrictamente masculinos.

La ruptura institucional generada por el golpe de estado de septiembre de 1955 interrumpió el gobierno constitucional y originó un período de proscripción y persecución que afectó tanto al personal político peronista que ocupó funciones electivas o de gestión como a los militantes de base. Por entonces, la aplicación combinada de los decretos 3855 y 4258 promulgados por el gobierno de facto, determinó la disolución del Partido Peronista, tanto Masculino como Femenino, y la inhabilitación a todos aquellos dirigentes que hubiesen cumplido funciones legislativas, ejecutivas o partidarias en representación del peronismo. En la práctica la persecución judicial provocó tanto la desarticulación funcional de la que había sido hasta el golpe la principal fuerza partidaria, como la proscripción de un amplio y heterogéneo elenco político que se había incorporado a la función pública en la etapa 1946-1955.

A partir de entonces el peronismo generó estrategias de acción acordes al nuevo escenario, que oscilaron entre la oposición inicial representada por la “resistencia” (Melón Pirro, 2009) y la progresiva integración propuesta por un conjunto de fuerzas de escala provincial, genéricamente nominadas “neoperonistas” (Arias y García Heras, 2004). Estas últimas, se conformaron con diverso éxito en ciertas provincias del interior del país, presentando en algunos casos aspiraciones autonómicas respecto de la autoridad del líder exiliado. El ritmo de estos procesos, en ocasiones friccionados, estuvo marcado por las aspiraciones e intereses de diversos sectores del peronismo, pero muy especialmente por las estrategias diagramadas por Perón desde el exilio, trazadas con el fin último de lograr reinsertar el peronismo en la trama electoral.

La participación de las mujeres en esos procesos fue solo parcialmente considerada, siendo su intervención en las acciones que genéricamente se reconocen como “resistencia peronista”, a partir de procesos centrados en el área metropolitana de Buenos Aires, las que han recibido mayor atención por parte de la historiografía (Gorza, 2016, 2017, 2018). No obstante, como advierte Anabella Gorza, resulta escasa la atención que recibieron las mujeres “resistentes”, en contraste con “la abundancia de estudios que han proliferado en los últimos quince años respecto de la militancia femenina durante la etapa de los dos primeros gobiernos peronistas y en el proceso de radicalización política de los años setenta” (2017: 13). En el mismo sentido, Adriana Valobra concluye en relación al ámbito bonaerense que el estudio del vínculo de las mujeres con la política entre 1955 y 1983 tiene todavía un limitado desarrollo, en especial por la falta de bases empíricas para su comprensión (Valobra 2014: 281).¹

Teniendo en cuenta esto el presente trabajo tiene como objetivo analizar el rol que asumieron las mujeres en el peronismo bonaerense durante el periodo que se inicia con el golpe militar de 1955 y culmina con el regreso de Perón en 1973. Pero en este caso el interés se concentrará en explorar y visibilizar las formas de participación que estas tuvieron en las experiencias de reorganización partidaria ocurridas en vísperas de instancias electorales, como en la integración del personal político que el peronismo conformó para participar en esos comicios. El recorte espacial de la investigación encuentra justificación en la relevancia que presenta la provincia de Buenos Aires, tanto en el plano electoral como en la incidencia que asume ese distrito en la dinámica general del peronismo.

La hipótesis de trabajo se sostiene en la idea de que una vez culminado el período más activo de la denominada “resistencia”, en las postrimerías de la década de 1950, los sucesivos intentos de reorganización emprendidos por el peronismo bonaerense con el fin de articular una estructura partidaria como instancia previa a la reinserción electoral, presentaron una participación femenina que se intensificó en forma progresiva. Una tendencia que, si bien responde a aspectos constitutivos de la cultura política peronista, también debe ser analizada a la luz de la centralidad que la militancia femenina asumió en tiempos de la resistencia como del escenario de cambio que presentó la década de 1960 en materia de derechos para las mujeres.

En relación a esto último resulta necesario aclarar que este estudio no pretende ser una historia de mujeres ni adoptar la perspectiva de género, sino hacer una historia política con mujeres, que permita visibilizar su participación en la dinámica política del peronismo en una etapa donde la proscripción se alterna con momentos de participación restringida.

La conformación en el orden nacional del Partido Justicialista

Luego de un período inicial donde primaron acciones emprendidas por una resistencia basada en comandos autónomos y de carácter inorgánico como la estrategia más visible de un peronismo proscripto, se iniciaron los contactos entre sectores del antiperonismo con el líder exiliado. En especial luego que la elección de convencionales constituyentes de 1957 puso en evidencia la existencia de un importante sector del electorado que se reconocía como peronista y votaba en consecuencia. El elevado nivel de votos en blanco fue un ejemplo de ello.

Esto originó el acuerdo que Perón asumió con el sector intransigente del recientemente fracturado radicalismo, por el cual el electorado peronista fue instruido para votar a la fórmula encabezada por Arturo Frondizi en las elecciones del 23 de febrero de 1958. Como contrapartida el candidato ucrista se comprometió, una vez que alcanzara la primera magistratura, a permitir una progresiva reinserción electoral de los proscriptos. Alternativa objetada por sectores de las Fuerzas Armadas conjuntamente con diversas organizaciones partidarias, que miraban el acuerdo con desaprobación.

No obstante la resistencia de estos grupos, poco después de iniciarse la gestión del presidente Arturo Frondizi, el gobierno nacional atemperó el clima persecutorio vigente sobre el peronismo y promovió acciones tendientes a su reinserción, como lo fue posibilitar la conformación del Partido Justicialista (PJ) a finales de 1958. Este intento de institucionalización, a través de una fuerza partidaria que se reconocía explícitamente como una continuidad del peronismo, constituyó la iniciativa más concreta para sortear el cerco inhibitorio que lo rodeaba. Más aún porque la reconstitución de su trama organizativa era requisito indispensable para regresar al juego electoral por fuera de un formato neoperonista.²

Con ese fin Perón dispuso en octubre de 1958 la integración del Consejo Coordinador y Supervisor del Movimiento Peronista (CCySMP), que operaría como órgano de conducción local, supeditado a su arbitraje, colaborando con la dirección táctica (Melón Pirro, 2014: 151). Una tarea que asumiría en forma conjunta con el Delegado Nacional del Consejo Superior, la denominación formal elegida para apelar al dirigente designado por el ex presidente para representarlo en el país. La composición del CCySMP fue resuelta por Perón, que dispuso integrar en él a la dirigencia política de la rama masculina y femenina, al igual que a sectores ligados a la resistencia, mientras que los representantes de las entidades sindicales se agruparon en torno de las 62 Organizaciones Peronistas, el ente integrado por los gremios afines luego del fallido congreso unificador de la CGT de 1957.³

La representación femenina estuvo conformada por tres referentes del disuelto Partido Peronista Femenino (PPF) Delia Degliumoni de Parodi, Ceferina Rodríguez de Copa y María Elena Solari de Bruni. De ellas fue Parodi quien asumió una posición central en los diversos procesos organizativos ensayados por el peronismo, al menos hasta mediados de la década de 1960, un protagonismo que no puede desligarse de su pertenencia al círculo inmediato de Eva Perón, lo que la llevó a ocupar la función de presidente del consejo superior del PPF luego del fallecimiento de la primera dama. Asimismo, cuando John Williams Cooke asumió la representación de Perón en el país con carácter de delegado, Parodi intentó, sin éxito, recomponer la estructura del partido femenino, para luego monopolizar la presencia femenina en la estructura del CCySMP, relegando a otras dirigentes que habían ganado protagonismo en tiempos de la resistencia (Gorza, 2014: 111-113).

La legitimidad de este cuerpo, al igual que la de sus antecesores, se sustentaba en su vinculación con el ex presidente, a quien consultaban a través de las periódicas visitas que sus principales referentes efectuaban a Ciudad Trujillo, por entonces el lugar de residencia del líder exiliado, o bien mediante un fluido tráfico epistolar. Durante esos encuentros los asistentes recibían personalmente las directivas del ex presidente, que luego eran retransmitidas al conjunto de la militancia peronista. En ocasiones el carácter personal de esta modalidad informativa suscitaba diferencias en cuanto a la interpretación de las indicaciones del líder, dando lugar a discrepancias en torno al sentido de las instrucciones. Del mismo modo, en algunas oportunidades las directivas variaban de acuerdo a los interlocutores, generando fricciones entre los diversos dirigentes que suponían ser los transmisores de las indicaciones correctas. Una práctica que, según advierte Samuel Amaral (2004), se justifica en las intenciones del líder exiliado de neutralizar las ambiciones individuales de los principales referentes, que inexorablemente se enfrentaban en la defensa de instrucciones cruzadas. En ambos casos, las situaciones que se generaban no hacían más que complejizar aún más la convulsionada dinámica interna del peronismo.

Luego de su conformación y con el fin de profundizar y extender el proceso de institucionalización, el CCySMP dispuso la integración de juntas provinciales, departamentales y, en los niveles de base, de centros de acción justicialistas, con funciones y fines similares a las tradicionales unidades básicas, tales como el adoctrinamiento y la afiliación.⁴

Con ello buscaba acelerar la reorganización partidaria, a través de una labor coordinada de las dirigencias peronistas provinciales, constituidas tanto por referentes de la resistencia al igual que por integrantes de los equipos políticos y sindicales que operaron con anterioridad a 1955. Estas entidades se encargarían de organizar las estructuras partidarias, impulsar la afiliación y realizar las presentaciones necesarias ante la justicia electoral, para así obtener la personería jurídica que legalizara al Partido Justicialista (PJ). Con ese fin el CCySMP solicitó al presidente Frondizi, en enero de 1959, que posibilitara las condiciones que permitiesen la reinstitucionalización del peronismo a través del PJ, para de esa manera equiparar sus oportunidades electorales al de las restantes fuerzas partidarias.⁵

Asimismo, luego de culminar el proceso formativo de las juntas provinciales sus presidentes fueron convocados por el mismo CCySMP, presidido por el ex ministro del interior de Perón, Oscar Albrieu, para conformar la Junta Nacional Promotora del Partido Justicialista (JNPPJ),⁶ que según la declaración efectuada ante la prensa tendría a su cargo “(…) la dirección en el orden político de los sectores adictos al ex dictador”.⁷ Al frente de este cuerpo se ubicó el gremialista bonaerense Federico Durruty. Lo acompañó un grupo de dirigentes pertenecientes a la segunda línea de los equipos políticos que habían conducido los respectivos gobiernos peronistas provinciales durante la etapa previa a 1955, que incluía tanto a ex legisladores como a ex funcionarios de diversos rangos.

La reinstitucionalización del peronismo con la formación del Partido Justicialista bonaerense

El proceso formativo del Partido Justicialista en la provincia de Buenos Aires comenzó el 6 de diciembre de 1958, mediante una asamblea de dirigentes y militantes peronistas realizada en La Plata, en la que se determinó constituir la organización en el distrito y designar una Junta Promotora para que ejerciera la conducción provisoria. A la reunión constitutiva asistieron referentes tanto del Gran Buenos Aires como del interior provincial, un dato que permite suponer la existencia de una red informativa que vinculaba a la dirigencia de, al menos, los principales distritos, al igual que de instancias de negociación que posibilitaron consensuar, en forma expeditiva, la constitución de una dirección provincial.

Al frente de la Junta distrital fue designado Federico Durruty, mientras que el resto del cuerpo lo integró un heterogéneo grupo de dirigentes donde figuraban referentes seccionales que habían desempeñado funciones políticas o sindicales de cierta importancia durante el periodo previo a 1955. Conjuntamente con ignotos militantes, y entre estos últimos un importante número de mujeres, que ya no contaron en esta etapa con una organización partidaria propia.

Entre los dirigentes con experiencia se destacaban los ex senadores provinciales Angel Siri y Jorge Simini, y los ex diputados nacionales Oscar Bidegain y Héctor Lannes. Así como los ex intendentes de Chascomús y General Alvear, Horacio Marino y Alberto Molina, y Clemente Rodríguez Jauregui, ex concejal por Quilmes. También un grupo de abogados que habían desempeñado funciones dentro del poder judicial provincial bonaerense y que luego del golpe de septiembre de 1955 habían sido cesanteados: Roberto Guaresti (La Plata), Dionisio Pereyra (Mar del Plata), Alfredo Raúl Sivori, Andres López Camelo (Bahía Blanca), Diego Vicini (La Plata) y Roberto Volpe (Bahía Blanca).

Por su parte, y como era de esperarse, las organizaciones sindicales también aportaron representantes, es el caso del propio Durruty, ex diputado provincial y secretario general del gremio de la lana de Avellaneda, de Pedro Gomis, ex legislador nacional y secretario general del sindicato de obreros y empleados de YPF de Ensenada y de Miguel Musachio, ex parlamentario nacional y dirigente de la seccional Azul de la Unión Ferroviaria. En todos los casos se trataba de gremialistas de proyección local, con antecedentes limitados en el universo sindical provincial y con jerarquías intermedias en las estructuras de sus respectivos gremios.

El tercio restante, respetando los equilibrios tradicionales del movimiento, fue conformado por referentes femeninas distritales, que si bien no presentaban antecedentes dentro del personal político que el oficialismo había mantenido antes de 1955, en algunos casos habían asumido una activa participación en las acciones de la resistencia.⁸ Es el caso de Elena Nizán de Kubinsky (San Fernando), Noemí Riande (Pergamino), Maria Mallafre de Pintos (La Matanza), Esther Baraglia de Abas (Castelli), Juana Miriacco de Matti (Tres Arroyos) y Haydeé Begbeder (Azul).⁹ De todas ellas, solo Riande se había desempeñado como delegada censista y secretaria de una Unidad Básica Femenina del Partido Peronista Femenino.

Luego de superar el ordenamiento inicial, la Junta Promotora progresó en las instancias formales inherentes al proceso constitutivo de un partido político: dispuso una carta orgánica junto a una declaración de principios, delineó una plataforma electoral y comenzó las gestiones necesarias para obtener la personería ante la justicia electoral.

En la Carta Orgánica se establecieron los diversos organismos de conducción partidaria, conjuntamente con las vinculaciones que entre ellos existían y los mecanismos de selección de las candidaturas. El diseño partidario resultante establecía subunidades locales – los centros de acción justicialista -, organismos locales – las asambleas y los consejos de partido –, entes seccionales – las asambleas de sección electoral- y cuerpos provinciales – la Asamblea y el Consejo provincial-. En su conjunto conformaba un modelo partidario en el que cada instancia estaba supeditada al control que ejercía el cuerpo de gobierno partidario inmediatamente superior, un factor que resultaba funcional a un manejo centralizado de las acciones políticas. Dentro de ese esquema, la selección de los candidatos partidarios que participarían en los comicios generales estaría a cargo de los diversos organismos asamblearios. El de carácter provincial determinaría las candidaturas a gobernador y vice conjuntamente con la de legisladores nacionales, mientras que la instancia seccional resolvería los postulantes a la legislatura provincial y el consejo local haría lo propio configurando las listas de nivel municipal.

Un viejo modelo organizacional para una nueva coyuntura: los centros de acción justicialista

Poco después de conformarse, la Junta Promotora bonaerense fomentó la constitución de centros de acción justicialista en los diversos partidos del distrito, con el fin de reorganizar al movimiento en los niveles de base, en lo que se suponía sería un proceso de reinstitucionalización previo a la reinserción electoral, que tendría lugar en las elecciones legislativas nacionales del 27 de marzo de 1960. Con ese fin, en su primer boletín informativo el organismo comunicó a sus adherentes que

En el trabajo a realizar, en el que tienen participación todas las mujeres y hombres peronistas de la Provincia, han de dejarse de lado los grupos, los nombres propios, las rencillas locales, los presuntos méritos antiguos o nuevos, las opiniones personalistas, las dificultades materiales, las tácticas del enemigo, los rumores maliciosos.¹⁰

Dejando entrever un escenario partidario aquejado por un extenso y variado inventario de problemas internos, que debían ser superados o al menos moderados si se pretendía alcanzar la anhelada reorganización.

Para ordenar el proceso formativo de los centros, la Junta dispuso que el cronograma de organización, así como la afiliación y confección de los padrones, debía culminar en febrero de 1959. Esto posibilitaría luego la realización de las elecciones internas, que permitirían la conformación de los diversos órganos del gobierno contemplados en la carta orgánica. Sin embargo, los plazos iniciales no se cumplieron y se prorrogaron en sucesivas ocasiones, culminando solo la primera parte del proceso, recién en el mes de julio. Esta demora puede explicarse a partir de una evaluación equivocada acerca de la complejidad de la tarea que debía realizarse, en un contexto de crónica escasez de recursos materiales, o una errónea valoración de las disputas internas. Estas presentaban como principales contendientes a los dirigentes que habían participado en la conducción del peronismo en la etapa previa a 1955, junto a nuevos liderazgos surgidos en los años de la resistencia.

Por ese motivo, con el fin de atenuar los personalismos y las disidencias faccionales en las disposiciones formativas de los centros, la Junta provincial dispuso una restricción similar a aquella en la que se había reglamentado el funcionamiento de las unidades básicas antes de 1955. Se trató de la expresa prohibición de cualquier individualización externa más allá de los datos partidarios elementales; una regulación que también se había empleado en 1949 cuando el peronismo realizó la última interna en el distrito bonaerense. Los centros presentaban una lógica de funcionamiento de carácter territorial, al constituirse sobre la base de, al menos, cien adherentes de un mismo circuito electoral. Quienes se autoconvocaban en asamblea, para proceder a la elección secreta a sus autoridades y solicitar el reconocimiento a la Junta Promotora provincial, procedimiento que otorgaba legalidad a la filial. Según disponía la carta orgánica los CAJ tendrían una comisión electa mediante el sistema de lista completa a simple pluralidad de sufragios, por el voto directo y secreto de sus afiliados.

Respecto de la escala que asumió este proceso reorganizador, resulta difícil cuantificar su alcance en el medio bonaerense, debido a la ausencia de registros partidarios que den cuenta de su evolución. A pesar de ello, a través de las sucesivas presentaciones efectuadas por la propia Junta provincial ante la justicia electoral federal, se puede apreciar que desde finales de 1958 y hasta agosto de 1959, se conformaron un total de 309 Centros de Acción Justicialista, 215 masculinos y 94 femeninos.

La distribución de los mismos no resultó uniforme, más allá de las lógicas desproporciones demográficas del distrito, y se concentró en el área del Gran Buenos Aires y el Gran La Plata. Solo 19 municipios de esas áreas urbanas concentraron 192 de las unidades partidarias. Las restantes se dispersaron por otras 41 comunas del interior provincial, mientras que en 58 municipios no se conformó centro alguno, dejando entrever el grado de desarticulación que el peronismo aún presentaba en una parte significativa del territorio provincial.

En tal sentido, resulta conveniente recordar que posiblemente el número de centros haya sido mayor a la cifra consignada en el expediente generado por la justicia electoral, que solo contempló aquellas unidades que completaron el procedimiento de reconocimiento formal ante la Junta provincial. Una evidencia que alienta esta presunción es el hecho que en repetidas ocasiones la dirección partidaria provincial recibió pedidos de oficialización en los que solicitaba la apertura de, por ejemplo, el veinteavo centro del distrito, cuando aún no se había concretado la oficialización de la totalidad de los diecinueve anteriores. Es decir, posiblemente existieron numerosos centros que no culminaron el proceso formal de acreditación ante la autoridad correspondiente, pero que en la práctica cumplieron el rol de ser una unidad de información y difusión, sin llegar, por su situación, a recibir afiliaciones. Si se pudiera corroborar empíricamente que esta tendencia se manifestó en el conjunto de los distritos de la provincia, posiblemente la cantidad de centros de acción justicialista que se formaron en la primera mitad del año 1959 superase ampliamente la cifra de 309 unidades mencionada en primer término y se acercase más a las 1109 unidades básicas (608 masculinas y 501 femeninas) con las que contaban en conjunto el Partido Peronista Masculino y el Femenino en la provincia para 1955.¹¹

La participación femenina en las elecciones de 1962 y 1963, del Partido Justicialista a la Unión Popular

Al acercarse las elecciones de marzo de 1962, siguiendo las instrucciones de Perón el CCySMP resolvió la concurrencia electoral e inició las acciones políticas necesarias para movilizar al electorado peronista (Tcach, 2012). En el distrito bonaerense las restricciones que aún pesaban sobre el Partido Justicialista, motivaron que el peronismo optara por emplear el sello del partido neoperonista Unión Popular, una alternativa que fue aceptada por el gobierno nacional. Esta determinación revela un cambio de posición de la administración frondicista, que dos años antes había impedido la intervención electoral del PJ, en parte motivado por los buenos resultados alcanzados por el ucrismo en las elecciones provinciales de Santa Fe, San Luis o Catamarca. Un desenlace que según reconoció el propio CCvSMP, se debió a la falta de organización de las estructuras partidarias del justicialismo y a maniobras de carácter fraudulento propiciadas por el gobierno nacional.¹² Por su parte, la intensidad organizativa que el peronismo había alcanzado en el período 1958-1959, con la integración del PJ y la formación de cuerpos directivos locales y de base, en los principales distritos bonaerenses, en forma progresiva perdió fuerza, no solo por la falta de recursos y las diferencias internas, sino particularmente por la presión de las fuerzas de seguridad, en especial luego de la implementación del Plan Conintes a comienzos de 1960. En el caso de la Junta Promotora bonaerense, la detención de sus principales dirigentes determinó que la vicepresidenta segunda Elena Nizán de Kubinsky asumiera la presidencia del cuerpo en 1961.

La determinación de intervenir en las elecciones de 1962 implicó para el peronismo bonaerense la necesidad de seleccionar candidatos en los diversos niveles de representación: municipal, provincial y nacional. Ante esta situación se abrió un período de negociación interna entre las diversas facciones y sectores que integraban el complejo universo peronista. Por un lado, se situaban las organizaciones gremiales, representadas colectivamente por las 62 Organizaciones Peronistas, por el otro los sectores “políticos” tanto femeninos como masculinos.

En lo que se refiere a la lista de diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires, la última palabra la tuvo el propio CCySMP y allí prevaleció la injerencia de los dirigentes gremiales.¹³ A tal punto que la mitad de los 18 candidatos titulares designados para ocupar bancas en la legislatura nacional por el distrito bonaerense eran de extracción obrera varios de los cuales, al igual que Andrés Framini, integraban incluso la mesa directiva de las 62 Organizaciones.¹⁴ Esta proporción superaba a la participación por tercios que tradicionalmente había recibido el sector sindical que, en esta oportunidad, se impuso a la rama política masculina y femenina, siendo esta última la más perjudicada con solo una candidata: la dirigente platense y miembro de la Junta Promotora bonaerense María Dora Brau de Luna. Una mujer de 55 años sin antecedentes en el primer peronismo que declaró, al momento de cumplimentar su inscripción en la justicia electoral, dedicarse a los “quehaceres domésticos”.¹⁵

En este punto resulta conveniente recordar, a los efectos comparativos, que la proporción femenina en la composición de las listas legislativas nacionales no mantuvo relación con lo ocurrido con antelación a 1955; en 1951 fueron seis las diputadas nacionales mujeres electas por el distrito bonaerense, más una senadora, y tres en 1954.

En cuanto a la selección de las candidatas a legisladoras provinciales, la tarea estuvo a cargo de asambleas distritales integradas por referentes de los diversos municipios. Las designaciones se realizaron a partir de las propuestas elevadas por los consejos locales que luego fueron puestas a consideración en las reuniones seccionales, donde también incidieron las recomendaciones procedentes de la Junta Promotora Provincial. A diferencia de lo ocurrido con las diputaciones nacionales, en la escala seccional la disputa por las bancas no se resolvió en favor del sector sindical, a pesar que la información brindada por la prensa reveló que la recomendación del CCySMP fue que el 50% de los cargos se cubrieran con dirigentes gremiales. De los 40 candidatos a senadores y diputados provinciales de quienes fue posible reconstruir la trayectoria previa, sobre un total de 75, solo una decena provenía del movimiento obrero, mientras que el resto estaba integrado por dirigentes del sector político, con antecedentes en funciones políticas y partidarias en la etapa previa a 1955, tales como cargos legislativos, intendencias y funciones judiciales. En relación al resto, la imposibilidad de establecer sus antecedentes permite suponer cierto grado de renovación en la integración de los equipos políticos en las instancias seccionales, en especial a partir de la incorporación de dirigentes surgidos en los años de la resistencia, tanto hombres como mujeres. En ese marco, la rama femenina alcanzó un nivel de participación poco significativo, como lo indica el hecho de que solo en cuatro de las ocho secciones hubo presencia de mujeres al momento de conformar las listas. No hubo candidatas a senadoras y fueron solo cuatro las aspirantes a diputadas, frente a las 16 que integraron las listas de 1951 o las nueve que participaron en 1954 en las nóminas a nivel seccional.

Localmente las candidaturas municipales se resolvieron en encuentros previos entre dirigentes, seguidos por asambleas de afiliados que por “aclamación” legitimaban las designaciones, que luego eran elevadas para su aprobación a la Junta Promotora Provincial. Estas negociaciones comenzaron en enero y se resolvieron en menos de un mes, para de esa forma cumplir con los plazos requeridos por la justicia electoral, según la cual las listas debían presentarse el 29 de enero para comenzar una etapa de tacha y reemplazos que culminaba el 16 de febrero.

La información brindada por la prensa comercial permite reconocer tensiones y desacuerdos en el proceso de selección de los candidatos, que fueron procesados tanto en las instancias locales como por la Junta Promotora de la provincia de Buenos Aires, que ofició como instancia de reclamo, al mismo tiempo que como espacio de negociación. Ante ella, las facciones internas demandaron una mediación en aquellos municipios donde no se llegó a un acuerdo, o bien si se llegó, no fue respetado por alguna de las partes. A pesar de la celeridad con la que debió actuar y las tensiones facciosas que afectaban a algunos distritos, la Junta cumplió su labor de manera eficiente, al oficializar ante la justicia electoral las candidaturas municipales en una amplia mayoría de los 122 distritos comunales.

Al respecto, resulta necesario destacar que, a diferencia de lo ocurrido en la etapa 1948-1955, por primera vez en el peronismo fueron incluidas mujeres al momento de integrar las boletas para cargos municipales. Si bien esto ocurrió solo en 17 comunas tanto del GBA como del interior provincial, representó una variación sustancial en lo que respecta al lugar de representación que se le asignaba a la mujer en el peronismo.

Del mismo modo, candidatas mujeres integraron las listas de aspirantes a los consejos escolares en 67 distritos, aunque en ese caso resulta conveniente reconocer que la particularidad de ser una función vinculada con la gestión docente y, por lo tanto, apegada a los roles que tradicionalmente se les asignaba a las mujeres, parece restarle excepcionalidad a la medida.¹⁶ No obstante, parece necesario reconocer que, a pesar de lo antes mencionado, cuando el peronismo conformó listas para cubrir en forma electiva esos cargos en 1948 prescindió de las mujeres, desconociendo su relación profesional con el medio educativo. Luego de esa oportunidad se modificó la estructura de los consejos escolares y su integración dejó de ser electiva.

Con esa conformación electoral y sobre la base de una propuesta que reivindicaba los logros socioeconómicos de la década 1945-1955, la Unión Popular resultó victoriosa en 66 de las 112 municipalidades bonaerenses, siendo la UCRP la segunda fuerza y relegando a la UCRI a una tercera ubicación.¹⁷ Al igual que en 1960 fueron los distritos del primer y segundo cinturón del GBA los ámbitos donde el peronismo ganó con mayor amplitud, en algunos casos superando el 45% de los votos. También se impuso en los distritos de más de 40.000 habitantes no pertenecientes al área metropolitana, pero en los distritos del interior provincial con poblaciones inferiores de entre 10.000 y 30.000 habitantes, la Unión Popular solo obtuvo una parte minoritaria de las comunas.

Esta tendencia exitosa de la UP parece consolidarse, si se analiza la cantidad de votos obtenidos en términos absolutos para gobernador y diputados nacionales, donde alcanzó 1.171.757 (37%) contra 731.877 (24%) de la UCRI y 637.094 (20%) de la UCRP. Con ese resultado el peronismo superó tanto el 30% de los sufragios obtenidos en el distrito bonaerense por el voto en blanco en 1960 como el 31,9% que las listas peronistas de legisladores obtuvieron a nivel nacional, pero distó de alcanzar los porcentajes que reunía en la primera mitad de la década de 1950. Un resultado similar se dio en diez de las catorce provincias en las que se eligieron gobernadores, donde se impusieron diversas versiones del frente justicialista. Como consecuencia de ello, las fuerzas armadas presionaron hasta lograr la anulación de los comicios y provocar la destitución del presidente Frondizi y su reemplazo por José María Guido. Esta determinación fue seguida por una nueva etapa de persecución hacia la conducción del peronismo, representada por el cierre de locales partidarios y la detención de dirigentes.

Al siguiente año, la convocatoria a elecciones de 1963, originó un nuevo intento de reorganización que culminó con la integración de listas peronistas empleando nuevamente el sello partidario de UP, que en esa oportunidad se integró en un Frente Nacional y Popular junto al frondizismo y una serie de fuerzas menores. Los mecanismos de selección de candidatos fueron similares a los de 1962, al coexistir dispositivos asamblearios seccionales con disposiciones emanadas “desde arriba”.

En un principio la opción frentista fue aceptada por la corporación militar. Sin embargo, cuando Perón declaró que apoyaría la candidatura presidencial de Vicente Solano Lima, que expresó públicamente su afinidad con el líder exiliado, la justicia electoral invalidó la presentación frentista. En consecuencia, votar en blanco fue la directiva que recibió el electorado peronista, que la acató sin el entusiasmo de antaño como parece indicar el magro 19% que obtuvo en el orden nacional y el 26% en territorio bonaerense.

La participación femenina nuevamente fue exigua en la integración de las listas, al igual que en la elección precedente. En el caso de los diputados nacionales solo incluyó a dos mujeres Dora Braun de Luna, candidata también en 1962, y Juana Miracco de Matti, de Tres Arroyos e integrante de la conducción distrital del PJ bonaerense en 1959 y candidata a legisladora por la Sexta Sección en 1962. En las listas seccionales la proyección fue similar: solo doce diputadas y cinco senadores en un total de siete secciones aspiraron a ocupar una banca.

Respecto de los antecedentes de las candidatas a legisladoras que figuran en las listas presentadas por UP en 1962 y 1963, un análisis exhaustivo implicaría reconstruir las trayectorias personales de un amplio grupo de militantes. Puede afirmarse que no habían integrado listas con antelación a 1955 y que, entre ambos comicios, 1962 y 1963, no hubo continuidades en el personal político femenino. Solo existieron dos excepciones a esta tendencia, una fue Teresa Riande, maestra de 40 años oriunda de Pergamino (Segunda Sección Electoral), que luego en 1965 resultó electa diputada nacional por la provincia de Buenos Aires. El otro caso es el de Eufemia Musso, directora de escuela primaria, de la Séptima Sección Electoral, electa diputada provincial en 1965 y nacional en 1973. De las restantes dirigentes las referencias disponibles son fragmentadas y las menciones permiten suponer, solo en algunos casos, la existencia de experiencias ligadas a la resistencia peronista.

Por su parte las listas locales incorporaron 108 candidatas a concejales en 50 municipios y 266 a consejeras escolares, en 107 comunas. El dato aquí no lo constituye solo el mayor número de nominadas, algo esperable por otra parte teniendo en cuenta que la cantidad de cargos en juego era mayor, sino que se triplicó el número de localidades que presentó participación femenina en las listas.

En función de estos ejemplos se puede inferir que el nivel de participación femenina se incrementó, en particular en el nivel municipal, entre 1962 y 1963. A pesar que en ambas oportunidades el trabajo político que conllevó la confección de las listas no culmino con una inserción efectiva en los espacios legislativos. Su conformación permite reconocer cómo en la escala local se legitimó la intervención de las mujeres como parte activa del personal político en condiciones de asumir funciones de poder.

Es factible suponer que este cambio se originó a partir del contexto de persecución generado por el golpe de 1955, cuando en tiempos de la resistencia peronista las mujeres se ocuparon de tareas de “adoctrinamiento y conducción que tradicionalmente habían asumido los varones. Este protagonismo se trasladó después a las experiencias organizativas, como se pudo apreciar en el proceso formativo del Partido Justicialista en 1959, para incidir luego en las experiencias electorales de la década de 1960.

Asimismo, parece innegable que esta activación política femenina, que se inicia en 1962 y se profundiza en 1963, está asociada a las profundas transformaciones en los vínculos sociales que regulaban la vida cotidiana en los espacios urbanos bonaerenses (Gallo y Miguez, 2014). Estos cambios comprendieron aspectos tales como una mejor formación educativa de las mujeres o su incorporación a nuevos espacios laborales. De esa forma, el ingreso a la política en el plano local progresivamente comenzó a ser aceptado con una naturalidad antes impensada.

Lo señalado en el párrafo anterior fue una tendencia que también se manifestó en las restantes fuerzas políticas, aquellas que pudieron intervenir legalmente en la elección, en los comicios de 1963, y donde la participación femenina alcanzó niveles nunca antes observados. A tal punto, que 24 mujeres resultaron electas como concejalas en 19 distritos, en su mayoría del interior de la provincia, y por un amplio abanico de fuerzas, desde el radicalismo hasta la Unión del Pueblo Argentino (UDELPA) el partido de derecha conformado por los adherentes al General Pedro Aramburu. En relación al alto nivel de participación femenina resulta necesario recordar que en esa oportunidad se renovaron la totalidad de las concejalías, por lo tanto la cantidad de cargos en juego fue el doble del habitual, una circunstancia que quizás disminuyó las tensiones relacionadas con el armado de las listas municipales.

El peronismo se reorganiza: el proceso de internas de 1964 y la formación del Partido Justicialista

El progresivo avance del neoperonismo, que incluso alcanzó gobernaciones y escaños legislativos en las elecciones de 1963, al igual que el agotamiento de la estrategia “votoblanquista”, fueron factores que motivaron a Perón a reorganizar al movimiento bajo un esquema partidario propio. Una aspiración compartida por buena parte de la dirigencia que operaba en el país. En esta oportunidad la reestructuración se articularía nuevamente en torno del Partido Justicialista, al que deberían incorporarse aquellas fuerzas provinciales que nucleaban al electorado de sensibilidad peronista.¹⁸ El proceso ordenador lo coordinaría una comisión interventora en el plano nacional, inicialmente integrado por cuatro dirigentes, luego serían siete (heptunvirato), en su mayoría vinculados al entorno del dirigente metalúrgico Augusto Vandor.¹⁹ Entre ellos Delia Parodi, una dirigente con importantes antecedentes en el Partido Peronista Femenino, quien fue designada por Perón en 1958 para representarlo ante las mujeres del movimiento, para ocupar en 1961 el rol de secretaria femenina en el CCySMP.

El heptunvirato dispuso como primera medida de gestión la integración de juntas interventoras de orden provincial, constituidas por un representante de cada una de las tres ramas del movimiento, que tendrían a su vez la misión de nombrar a los delegados electorales seccionales encargados de coordinar la afiliación y confeccionar los padrones en el plano local. Una vez terminado el empadronamiento, se efectuaría la elección interna que designaría a las direcciones distritales, así como también a los convencionales que integrarían los congresos provinciales del Partido Justicialista.

Como parte de ese desarrollo en marzo de 1964, los integrantes de la Junta Promotora del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires, un organismo remanente de la fallida reorganización de 1959, junto con los delegados interventores escogidos por el heptunvirato, solicitaron a la Justicia Electoral bonaerense la designación de Pedro Michelini como apoderado partidario.²⁰ La siguiente instancia de este proceso fue reconstituir el tejido partidario, afectado por la proscripción y la ausencia de una continuidad institucional. Este proceso de reorganización, que se extendió durante el primer semestre de 1964, estuvo signado por la disputa interna entre dos facciones. Por un lado, el sector que respondía a la dirección del gremialista textil Andrés Framini y por el otro el liderado por el secretario general de la poderosa Unión Obrera Metalúrgica (UOM) Augusto Vandor.²¹

Asimismo, si bien no existen registros partidarios que den cuenta de los pormenores del acto electoral, más allá de algunas menciones incompletas de los resultados, la información periodística coincide en que la elección no presentó el nivel de participación que se hubiese esperado teniendo en cuenta el caudal de votantes del peronismo. Una situación que se originó, según concluyeron algunos medios, en la intención del “vandorismo” por controlar el procedimiento, motivo por el cual se limitó intencionalmente la labor de afiliación.²² No obstante, sin desconocer la posibilidad de que el proceso preelectoral interno haya sido manipulado, el número de afiliados/votantes así parece indicarlo, sería conveniente matizar esa presunción a partir de la apreciación de otros factores y perspectivas de análisis. En primer término, el nivel de cobertura que presentó la reorganización, que alcanzó a 89 municipios bonaerenses sobre un total de 121.²³ Una proporción elevada si se tiene en cuenta el tiempo empleado, la ausencia de recursos y el progresivo avance que fuerzas políticas no peronistas habían experimentado. Al menos eso parecían indicar los resultados de la elección de 1963, en una parte significativa de los distritos bonaerenses. Por lo que, para las direcciones peronistas locales, en su mayoría alejadas del impulso que representaba la rama sindical, emprender un nuevo proceso reorganizador implicaba un esfuerzo significativo en términos de recursos materiales y de prestigio personal. A pesar de lo cual, el ordenamiento que emprendió el peronismo en la provincia de Buenos Aires durante la primera mitad de 1964 resultó exitoso.

Una vez concluida la interna, la comisión interventora provincial dispuso convocar a los delegados electos para un congreso que, con carácter constituyente, tendría lugar el 19 de julio de 1964 en la localidad de Lanús. Al encuentro, que fue precedido por una victoria “vandorista” en la convención peronista de Capital Federal, fueron invitados congresales, provenientes de 89 de las 112 comunas bonaerenses y, a diferencia de lo que ocurrió en el distrito porteño, el predominio “vandorista” no resultó tan evidente. A tal punto que algunos medios gráficos indicaban una paridad de fuerzas de 72 representantes para cada sector respectivamente, “framinismo” y “vandorismo” (144 en total), mientras que el resto eran independientes “con predominio de dirigentes sindicales”.²⁴ Las sesiones se iniciaron con la conformación de la mesa directiva del congreso que tuvo a las dirigentes Elvira Serpa de Sosa Molina, Eva Ale y Sara Cejo como integrantes.²⁵ Sin embargo, poco después de comenzar la reunión la facción “framinista” abandonó el encuentro y luego de un cuarto intermedio el congreso se reorganizó sobre la base de 175 delegados, de los cuales 36 correspondían a la rama femenina, en su mayoría provenientes del GBA.

Al terminar la instancia formativa, el congreso votó un proyecto de carta orgánica de acuerdo con el estatuto de los partidos políticos vigente y con un sentido similar al estatuto partidario nacional. El documento sintetizaba el formato organizativo que debía asumir el PJ en el distrito, el cual contemplaba dos organismos provinciales de conducción: el Congreso Provincial y la Junta Ejecutiva Provincial, en ambos casos la integración debía respetar la proporcionalidad de un tercio para cada una de las ramas del movimiento (sindical, política masculina y femenina). Por debajo de ellos, la carta orgánica dispuso que en cada municipio se conformara un Consejo de Partido, electo por el voto de los afiliados y encargado de hacer cumplir las resoluciones de los órganos de las conducciones provinciales y de elegir los candidatos a cargos municipales. Por último, la normativa dispuso que los organismos de base, las unidades básicas, tuvieran una base territorial y se organizarían en femeninas y masculinas.²⁶ Es decir, el modelo dispuso la integración de cuerpos colegiados sobre la base tripartita del movimiento, estableciendo organismos diferenciados solo a nivel de base.

Una vez superadas las instancias formales se procedió a la integración de la Junta Ejecutiva Provincial y a designar a los delegados al Congreso Partidario Nacional y a la Mesa Ejecutiva Nacional. En esta oportunidad la representación femenina alcanzó al tercio de la totalidad de los integrantes, quedando las otras dos partes en manos de la 62 Organizaciones Peronistas y la rama masculina.²⁷ El proceso de reorganización prosiguió y el 31 de julio sesionó por primera vez la junta provincial presidida por el ex intendente de Lanús Alberto Natiello.²⁸ El resto del cuerpo lo integraron como vicepresidente Teresa Noemí Riande, secretario general Antonio Alvarez, secretario de acción política Alberto Armesto, secretario de organización Antonio Barreiro, secretario de finanzas Gerardo Risso, secretaria de acción social Ana López, secretario de prensa Angel Castellanos, secretario de actas Mario Mansilla. Mientras que como vocales lo hicieron Rufino Herce, Ana Garello de Leonetti, Eugenio Oraciuk, Francisco Vistalli, Celia Etchart, Edgar Dante Vallini, Francisco Alonso, Dina Pontonti de Morales y Francisco Vidilli. En su mayoría eran referentes seccionales con antecedentes políticos o sindicales de cierta importancia durante el periodo previo a 1955, junto a individuos nuevos en al campo político, y entre estos últimos un importante número de mujeres que, excepto por Riande, no acreditaban una trayectoria significativa en el peronismo. En relación a su composición, resulta necesario reconocer que esta nueva formación directiva no presentó continuidades con el personal político que integró la comisión partidaria justicialista bonaerense de 1959, cuando se ensayó el primer intento de institucionalización, una situación que revela el surgimiento de nuevos liderazgos que renovaron la dirección del peronismo bonaerense.

En el orden nacional, la instancia terminal del proceso de reorganización no contó con la adhesión del conjunto de los peronismos provinciales, en algunos casos porque no se habían realizado elecciones internas,²⁹ en otros porque la influencia de los partidos neoperonistas, algunos de los cuales intentaron incluso conformar una Confederación de fuerzas peronistas con carácter federal, impidieron el envío de delegados. Es por ello que cuando el 26 de julio de 1964 se reunió, en la sede del Sindicato Cervecero de Buenos Aires, el Congreso Nacional del Partido Justicialista que tendría a su cargo la designación de la Junta Ejecutiva Nacional, fueron varios los distritos ausentes. A pesar de esto, la instancia final de la reorganización se produjo recién en el mes de julio cuando se integró el congreso nacional del Partido Justicialista. El encuentro reunió a 166 representantes de los distritos provinciales que habían integrado sus conducciones luego de las correspondientes internas y fue presidido por el jujeño José Humberto Martiarena.

Para permitir la posterior incorporación de delegados pertenecientes a las provincias donde no se había normalizado el peronismo, se eligieron solo 10 de los 15 miembros de la Junta Ejecutiva/Secretariado Nacional (5 por cada rama del movimiento) y a pesar que en los medios periodísticos trascendió que

Se pudo saber que los delegados del interior, hicieron conocer su deseo de que las provincias pudieran tener mayor representatividad en el organismo nacional de conducción y que se elevara de nueve a quince el número de miembros del secretariado a designarse.³⁰

Así más de la mitad de los electos fueron bonaerenses o porteños, entre ellos el secretario general Carlos Lascano, uno de los “cinco grandes”³¹ del peronismo de entonces junto a Andrés Framini, Augusto Vandor, Delia Parodi y Alberto Iturbe. De esta forma, la iniciativa estuvo lejos de presentar el carácter federal que sus organizadores le adjudicaron, al no participar en la integración de su cuerpo directivo delegados de varios distritos provinciales, entre ellos Córdoba. En tanto que las delegaciones de Santa Fe y Mendoza, vieron mermada su legitimidad por la organización de convenciones provinciales paralelas promovidas por el “framinismo”. Como consecuencia de ello, la integración del Secretariado Nacional no contó con la presencia de representantes de los principales distritos del interior del país, siendo convencionales porteños o bonaerenses quienes ocuparon la mayor parte de las secretarías.

La integración de las listas en vísperas de los comicios legislativos de 1965

Al igual que en los episodios electorales previos, en 1965 la justicia electoral no legalizó al PJ por lo que el peronismo apeló nuevamente al sello de la Unión Popular, cuyos directivos en esta oportunidad negociaron la inclusión de algunos candidatos propios al momento de definir la lista de diputados nacionales.

Con respecto a la representación femenina, su presencia en la lista de legisladores nacionales no respetó el tercio representacional que le correspondía por integrar el movimiento peronista y que sí había alcanzado en los organismos partidarios. Fueron solo cinco las candidatas en una lista de 25 postulantes, de las cuales solo dos tenían posibilidad por su ubicación de alcanzar una banca, como efectivamente ocurrió con Teresa Riande y Rosaura Isla. Ambas habían sido delegadas censistas del PPF durante el primer peronismo y a partir de 1958 habían desempeñado funciones partidarias. Más atrás en las ubicaciones se encontraba Elvira Serpa de Sosa Molina, reconocida militante y viuda del general Arnaldo Sosa Molina, Ana Garello y Celia Etchart, estas últimas integrantes de la Junta Partidaria provincial del PJ. Si bien sus trayectorias como militantes presentaban diferencias, sus biografías convergían en dos aspectos: edad y ocupación declarada. Según consta en los registros de la justicia electoral todas ellas tenían al momento de formularse sus candidaturas entre 50 y 53 años y declaraban dedicarse a los “quehaceres domésticos”. Una franja etaria que permite apreciar la ausencia de un recambio generacional y por el contrario la existencia de una dirigencia femenina con fuerte arraigo en el primer peronismo. Lamentablemente, la escueta información presente en las fichas personales y la escasa atención brindada por la prensa comercial a los candidatos peronistas, no permite conocer mejor la relación de estas mujeres con ámbitos de la sociabilidad formal o sus roles familiares y hogareños.

Por su parte, en la integración de las listas de aspirantes a legisladores bonaerenses provinciales -diputados y senadores-, se priorizó tanto la inclusión de candidatos provenientes del movimiento obrero como de dirigentes con fuerte arraigo local, varios de los cuales incluso habían sido intendentes municipales en la etapa previa a 1955. La presencia femenina estuvo compuesta por 12 candidatas a diputadas y 7 a senadoras, resultando electas 2 y 4 de ellas respectivamente. Un porcentaje escaso si se tiene en cuenta que el peronismo logró 23 de las 46 diputaciones provinciales que estaban en juego y 13 de las 21 senadurías.

En el nivel local, en las 122 municipalidades bonaerenses se eligieron 879 concejales, y el intendente de Carlos Tejedor, comuna que había sido intervenida un año antes. La UP presentó candidatos en 114 de los distritos y ganó en 69, un resultado que le permitió obtener 420 bancas. De ellas, 24 fueron obtenidas por mujeres, en 23 distritos diferentes, debido a que el peronismo dispuso su inclusión al momento de conformar las listas de candidatos en al menos 51 comunas. Esta proporción representó un cambio significativo en la composición del personal político peronista, en especial si se realiza una comparación con las candidaturas presentadas por UP para la fallida elección del 18 de marzo de 1962, cuando solo en 14 comunas se incluyeron mujeres en las listas, mayoritariamente en posiciones sin oportunidades reales de alcanzar una banca (Marcilese, 2014: 16).

Asimismo, aun cuando la inclusión de candidatas femeninas en las listas por parte del peronismo en 1965 presentó una escala significativa por lo que puede considerarse un punto de inflexión, es preciso destacar que en su mayoría las nominaciones se concentraron en los municipios del área metropolitana, donde sí se respetó la distribución por tercios. Fue el caso de Almirante Brown, Avellaneda, La Matanza, Lanús, Lomas de Zamora y Moreno; al igual que los distritos de Navarro (la única comuna donde una mujer encabezó la lista), Tres Arroyos, La Plata y Lobos. Lo que equivale a decir que en los espacios comunales del GBA la cultura política del peronismo resultó más permeable a reconocer que las mujeres podían asumir funciones electivas de orden local, una tendencia que puede enmarcarse dentro de las modificaciones que afectaron a los roles femeninos en la década de 1960, que se evidenciaron en esos ámbitos con antelación a los distritos del interior bonaerense.

Este amplio conjunto de dirigentes asumieron en mayo de 1965 y permanecieron ejerciendo sus funciones legislativas hasta junio de 1966, cuando un nuevo golpe de estado interrumpió sus mandatos, dando inició a la Revolución Argentina. Los meses previos al golpe fueron testigo de fuertes tensiones internas entre los sectores ortodoxos y la línea vandorista, sindicada como la responsable de fomentar un “peronismo sin Perón”. Este creciente desacuerdo devino en una ruptura interna que afectó no solo a las organizaciones sindicales, en particular las 62 Organizaciones Peronistas, sino también a los bloques legislativos en el plano tanto nacional como bonaerense. En esa disputa asumió un rol central María Estela Martínez de Perón, Isabel en adelante, que arribó al país en octubre de 1965 para realizar una extensa gira por el interior del país y luego por la provincia de Buenos Aires buscando consolidar un frente “ortodoxo” que disputara localmente el liderazgo ejercido por Augusto Vandor.

A partir de esa recorrida por los diversos espacios provinciales en representación de su esposo, la presencia de Isabel operó como una reafirmación de la jefatura del ex presidente hacía el interior del peronismo, al mismo tiempo que ofició como un factor aglutinador de las facciones peronistas no alineadas con la línea “vandorista”. Para ello resultó esencial la mediación de un grupo de dirigentes que reguló y, posiblemente orientó, los acuerdos que entabló la esposa del ex mandatario con grupos peronistas políticos y sindicales en los diversos distritos provinciales. En su comitiva participaron algunas mujeres, entre ellas las referentes bonaerenses Rosaura Isla y Haydeé Pesce. Sin embargo, la principal referente de la rama femenina. Delia Parordi, no se sumó a la comitiva debido a su estrecha relación con el “vandorismo”, un vínculo que la apartó definitivamente de los espacios de conducción de la rama femenina (Barry, 2013: 158; Gorza, 2018: 146).

Luego de culminar el proceso de articulación de contactos con la dirigencia peronista política y sindical en la mayoría de los distritos provinciales, Isabel y su comitiva arribaron a la provincia de Buenos Aires para instalarse durante el verano de 1966 en Mar del Plata. Fue entonces que la ruptura con el “vandorismo” se formalizó con la integración de la Delegación del Comando Superior Peronista, un organismo liderado por Isabel que buscaba establecer una dirección paralela a la estructura orgánica del Partido Justicialista. Fue integrado por un heterogéneo conjunto de cuarenta dirigentes provenientes tanto de los núcleos políticos ortodoxos o neoperonistas como de los sectores gremiales. Entre ellos un importante conjunto de mujeres, tanto bonaerenses como de los diversos espacios provinciales del interior del país.³²

La ruptura se trasladó luego a los bloques legislativos en todos sus niveles, para luego incidir de manera definitoria en la elección provincial mendocina de abril de 1966, en la que el peronismo dividido apoyó a dos candidatos diferentes, uno patrocinado por Perón y por lo tanto por la línea isabelina y el restante por la conducción pejotista en manos del “vandorismo”. Al igual que en los meses anteriores Isabel asumió un fuerte protagonismo en ese proceso, que la terminó de consolidar como una referente no solo del peronismo sino también de la rama femenina.

El movimiento nacional justicialista y la rama femenina

El gobierno de facto del General Juan Carlos Onganía dispuso como una de sus disposiciones fundacionales la disolución de los partidos políticos, resolución que no hizo más que restablecer la proscripción que alternadamente había afectado al peronismo desde 1955. En respuesta a la medida la indicación táctica que dispuso Perón desde el exilio fue iniciar un nuevo proceso de reorganización, pero en esta oportunidad bajo el esquema articulador del movimiento, que por definición permitía la inclusión de las diversas ramas y no requería de la institucionalización formal propia del partido. Una opción esta última que, por otro lado, no resultaba pertinente para un escenario que no presentaba la opción electoral como alternativa cercana (Marcilese, 2018).

En ese marco y cuando aún las tensiones internas entre “vandoristas” e “isabelinos” continuaban, se impuso un cese de toda actividad político-partidaria, una circunstancia que en el plano institucional implicó la desarticulación del entramado organizativo que se había generado en torno al Partido Justicialista, particularmente en Capital Federal y Buenos Aires.

El nuevo escenario relegó al peronismo nuevamente a la clandestinidad, una modalidad a la que estaba acostumbrado su personal político, y originó la conformación de un nuevo organismo de conducción: la Junta Coordinadora Nacional del Movimiento Nacional Justicialista (MNJ). Su integración fue resuelta por Perón, quien designó a Héctor Lannes, Roberto García, Mabel Di Leo, Alberto Brito Lima y Héctor Sampayo, en representación de los diversos sectores internos del peronismo.³³ Este organismo tenía como principal autoridad a Lannes, que oficiaba al mismo tiempo como Secretario General del organismo y delegado de Perón.34 Mientras que Di Leo, cuyo origen político se sitúa en la Juventud Peronista de Vicente López, asumió en 1966 la representación de la rama femenina.

En la práctica las acciones impulsadas por el nuevo organismo presentaron una trascendencia limitada, debido no solo a las restricciones impuestas por el gobierno de facto que pretendía clausurar la vida política, al mismo tiempo que implementaba un férreo control sobre la sociedad que permitiera el desarrollo del plan económico racionalizador impulsado por el ministro Adalberto Krieger Vasena; sino también a los desacuerdos internos existentes en el propio peronismo.

En marzo de 1967 Perón dispuso que el mayor Bernardo Alberte –su antiguo edecán- asumiera la función de Secretario General de la Junta Coordinadora Nacional del MNJ , luego de desplazar de esa función a Héctor Lannes debido tanto al fracaso del Plan de Lucha impulsado por la CGT como al frustrado proceso de reunificación del peronismo sindical, que continuó escindido entre ortodoxos y “vandoristas” (Marcilese, 2018).

En la provincia de Buenos Aires la gestión de Alberte comenzó con una serie de reuniones con dirigentes locales y seccionales.³⁵ En ese proceso Perón dispuso como factor determinante la “(…) movilización de las bases y de los dirigentes de segunda línea (…)”, con el fin de generar las condiciones necesarias para la promoción de cuadros salidos de los sectores jóvenes del movimiento.³⁶ Para ello Alberte estableció que parte de la arquitectura organizativa de los diversos comandos regionales estuviera a cargo de jóvenes militantes, aunque le advirtió al “líder” que esta decisión generaría la reacción de los “políticos”. El sentido de esta medida residía, según el esquema propuesto por el ex militar, en brindarle al peronismo la dinámica revolucionaria necesaria, para lo cual la renovación de cuadros resultaba indispensable.³⁷

Sin haber podido progresar en ese proceso de recambio en 1968 Alberte fue sucedido como representante de Perón por Jorge Paladino, que fue el encargado de coordinar las acciones para la implementación de la arquitectura organizativa del Movimiento Nacional Justicialista (MNJ) en cada uno de los espacios subnacionales. Para asumir esa labor en territorio bonaerense resultó designado como secretario delegado Héctor Sainz, mientras que Héctor Campora y Oscar Bidegain fueron nombrados como delegados a la Junta Nacional del MNJ. A su vez el Consejo Provincial bonaerense fue integrado por Rodolfo Kelly (Bahía Blanca), Luis Oscar Ratti (Lobos), Amer Iriart (Mercedes), y Carlos Seeber (Vicente Lopez), ocupando también los tres primeros los roles ejecutivos de secretario político, de organización y de finanzas respectivamente, para de esa forma “(…) intercomunicar y acercar la información y el esfuerzo”.³⁸ Todos ellos eran dirigentes con fuerte arraigo territorial y largas trayectorias en la rama política del peronismo.

En la provincia de Buenos Aires el desarrollo a nivel seccional y municipal del MNJ fue particularmente eficiente al momento de recomponer las articulaciones que habían dado lugar en 1964 a la integración del PJ. Sin embargo, en esta ocasión el formato organizativo “movimiento” reservó a Perón el control sobre la designación de los cuerpos directivos, una forma de evitar el surgimiento de estructuras de conducción electivas y mecanismos formalizados para procesar y resolver las tensiones internas. De esa forma, la tradicional función legitimadora ejercida por el ex presidente, por medio de delegados, indicaciones epistolares o a través de la concurrencia periódica de dirigentes a su exilio madrileño, no se vería afectada. Un aspecto significativo si se considera el impacto que el “vandorismo” presentó en la etapa precedente, a partir de su intento por “rutinizar” el funcionamiento del peronismo mediante el proceso de institucionalización que se generó en torno del PJ en 1964.

En lo que respecta a la integración del personal político que conformó la dirección del MNJ en el medio bonaerense resulta evidente que el grado de renovación fue limitado y se mantuvieron en las posiciones centrales un núcleo de dirigentes de la rama masculina que en algunos casos habían iniciado sus carreras en los años del primer peronismo. No se constata en los registros disponibles de estos encuentros la presencia de representantes de la rama femenina o sindical. Del mismo modo, y a pesar de las alusiones iniciales de Perón sobre el trasvasamiento generacional, en la provincia de Buenos Aires los jóvenes no asumieron roles significativos en las estructuras organizativas que se integraron con posterioridad al golpe militar de 1966, sino que por el contrario se reafirmó el rol de las jefaturas territoriales. Las cuales también tuvieron una activa participación en el proceso de reorganización del PJ que comenzó a finales de 1971 y estuvo a cargo de Juntas Promotoras de Reorganización Partidarias de orden provincial y municipal, reiterando los protocolos de institucionalización anteriores. Un proceso que culminó recién con las conflictivas elecciones internas de 1972 (Ladeuix, 2012: 10-15).

En forma simultánea comenzó un proceso organizativo diferenciado del sector femenino que estuvo a cargo de Juana Larrauri, quien había sido parte del proceso formativo del Partido Peronista Femenino, ocupando la función de subdelegada censista en la provincia de Corrientes, distrito por el que resultó electa senadora nacional en 1951. Fue designada el 8 de octubre de 1968 como secretaria nacional de la rama femenina, reservando para Isabel Martínez el rol de delegada ante el Comando Superior. La acompañaron en la labor de organización Elvira Sosa Molina, Honores Paz, Rosaura Isla y Chola Arauj, que fueron secundadas a su vez por un conjunto de subdelegadas provinciales, que articularon una comisión nacional de la rama femenina.

La condición de referente para la rama femenina ejercida por Isabel se evidenció cuando comenzó a editarse con formato de folletín y periodicidad mensual, el boletín Las Bases. A partir del número inicial, distribuido en enero de 1969, se incluyó la sección “Mensaje a la mujer” que, con la firma de la propia Isabel, y desde una perspectiva tradicional de sesgo católico, estaba destinada a la rama femenina del movimiento. Si bien esta publicación realizada en España tuvo una circulación acotada, en comparación con la segunda etapa, que comenzó a editarse con formato comercial de revista en noviembre de 1971, fue reconocida desde sus inicios como la vocera oficial del movimiento nacional justicialista. A pesar de la potencialidad que esa condición le otorgaba a la publicación la columna no promovió acciones concretas en relación a la rama femenina ni dispuso estrategias de acción en el marco de la reorganización del movimiento peronista.

Al igual que en la rama masculina la cuestión del trasvasamiento fue un aspecto central de la gestión de Larrauri, quien declaró “Nuestra tarea prioritaria es marcar a la juventud nuestra experiencia de Patria con 10 años de Perón en el poder y los posteriores 16 de lucha (…) queremos cumplir la orden del trasvasamiento generacional de nuestro Lider”.³⁹ La imposibilidad de acceder a registros que den cuenta del personal político femenino que asumió la dirección de la rama en los diversos espacios provinciales no permiten apreciar si la renovación se dio en forma efectiva o fue simplemente una formulación discursiva.

La dirección ejercida por Larrauri fue cuestionada por Haydeé Pesce, dirigente bonaerense oriunda de Pilar vinculada al nacionalismo y cercana a Jorge Paladino, con quien Larrauri no mantenía una buena relación (Grammático, 2009: 36; Besoky, 2016:151).⁴⁰ A tal punto que en noviembre de 1971 por iniciativa de Pesce la sede porteña del Consejo Superior del Movimiento Peronista fue ocupada violentamente por un grupo de militantes que solicitaban la continuidad de Paladino como delegado de Perón y la destitución de Larrauri.⁴¹ A pesar de estas diferencias ambas dirigentes reconocían el liderazgo ejercido a la distancia por Isabel sobre la rama femenina, una relación equivalente a la que Perón detentaba con el movimiento en su conjunto.

Sin embargo, a pesar del trabajo político realizado por Pesce, no se permitió su asistencia ni la de su entorno a las sesiones del segundo congreso de la rama femenina (el primero había sido en 1949) en diciembre de 1971. Ese encuentro, que constituyó un episodio central tanto en la organización como en la visibilización de la rama femenina, fue encabezado por Isabel Perón, que junto con Juanita Larrauri tuvo a su cargo la dirección de las sesiones. Ambas dirigieron la reunión que se realizó en las instalaciones del Club Boca Juniors con la presencia de 200 delegadas de todo el país. A pesar de la presencia de un heterogéneo conjunto de delegadas provinciales el desarrollo de la reunión fue ordenado y solo “Fueron justamente algunas representantes de la Juventud quienes consiguieron, pese a estar en minoría, elevar el voltaje del ambiente”.⁴² Este grupo argumentó que el peronismo debía asumir un sentido “revolucionario”, a partir del impulso de las organizaciones juveniles, en oposición a aquellos sectores que promovían el divisionismo y los acuerdos con el gobierno militar (Grammático, 2009: 46) El cierre del encuentro estuvo a cargo de la esposa del ex mandatario que resaltó tres ejes de acción: organización, planificación y adoctrinamiento, para luego apelar a la unidad como eje de acción en el proceso de institucionalización que estaba en marcha.

Frente a ese nuevo proceso de reorganización la rama femenina intentó, con moderado éxito, consolidar una estructura propia que le permitiera disputar espacios de poder a los restantes sectores del movimiento, al igual que lugares en las listas que se conformaron en vísperas de la elección de 1972. En primer término, porque los sectores juveniles finalmente consiguieron ser reconocidos como cuarta rama del movimiento,⁴³ sumando así a un nuevo sector al momento de distribuir bancas y designaciones. En segunda instancia porque las jóvenes militantes peronistas priorizaron reivindicar su condición etaria por sobre el género, en detrimento de las aspiraciones de la rama femenina en tanto colectivo político.⁴⁴

Asimismo, la carta orgánica resultante del nuevo proceso de institucionalización del PJ en la provincia de Buenos Aires no contempló la existencia de unidades básicas femeninas ni determinó la proporción de representación que le correspondía a cada una de las ramas. Mientras que, en el reglamento partidario formulado en 1964, se dispuso la obligación de respetar la distribución por tercios, cuando aún no existía la rama juvenil, en la conformación del congreso partidario provincial o el tribunal de disciplina.

Un nuevo proceso electoral cierra el ciclo de la proscripción

Este proceso interno fue posible a partir del creciente descontento que la dictadura generó en amplios sectores de la ciudadanía y que forzó al gobierno militar, dirigido desde 1971 por el General Lanusse, a buscar una salida electoral. La estrategia consistió en establecer un Gran Acuerdo Nacional (GAN) con el conjunto de los actores políticos, para de esa forma lograr una transición controlada. Desde el exilio Perón se opuso a ese acuerdo y exigió una convocatoria a elecciones sin proscripciones ni condicionamientos, recibiendo el apoyo de otras fuerzas políticas como el radicalismo. Ante esa situación, Lanusse dispuso legalizar los partidos políticos, para convocar luego a elecciones, y permitió el regreso de Perón al país. Sin embargo, como última restricción dispuso la proscripción de la candidatura del líder exiliado, quien finalmente retornó el 17 de noviembre de 1972 con el fin de reorganizar el peronismo y dialogar con los políticos y particularmente con el jefe del radicalismo, Ricardo Balbín, sellando un compromiso democrático. El objetivo de reorganización partidaria incluyó una serie de acuerdos políticos y sectoriales con diversos núcleos del Partido Justicialista, el movimiento obrero, las organizaciones juveniles peronistas, como así también con otros sectores políticos, concretándose el Frente Justicialista de Liberación (FREJULI), una alianza integrada por el Partido Justicialista, el MID (Movimiento de Integración y Desarrollo), el Partido Conservador Popular y el Partido Popular Cristiano.

Bajo ese formato partidario el peronismo bonaerense, luego de culminado el proceso de internas, acordó con las representantes locales y seccionales de las restantes fuerzas que integraban el frente la conformación de las listas. Fue así como algunos dirigentes externos se sumaron en posiciones secundarias en las listas del peronismo.⁴⁵

En esa oportunidad, como advierten Ferrari y Pozzoni (2014), fueron dos los criterios que se tuvieron en cuenta al momento de conformar las listas legislativas seccionales. Por un lado, una disposición excepcional en la carta orgánica partidaria dispuso que las candidaturas de los diputados y senadores provinciales serían elegidas por una convención seccional ad hoc integrada por los congresales de cada distrito de la sección electoral a la que representaban y por un número igual de mandatarios de cada uno de los consejos de partido de las secciones electorales. Una modalidad que ya había sido aplicada entre 1962 y 1965. Por otro lado, se dispuso necesario respetar la proporcionalidad que implicaba la división en ramas del movimiento, que por primera vez dejó el formato tripartito para incorporar a la mesa de negociación al sector juvenil.

La aplicación conjunta de ambos principios no favoreció la participación femenina en las listas seccionales. Su presencia fue restringida, solamente ocho mujeres conformaron las listas para la cámara baja y cinco para el senado, resultando electas siete y dos respectivamente.⁴⁶ Una cantidad poco relevante frente a los 57 diputados y 30 senadores que resultaron electos por el FREJULI.

Figura 1
Expedientes partidarios disponibles en el Juzgado Electoral de la Provincia de Buenos Aires.

Figura 2
Expedientes partidarios disponibles en el Juzgado Electoral de la Provincia de Buenos Aires.

Esta tendencia también definió la integración de las listas de diputados nacionales, solo fueron 13 las mujeres que participaron de una extensa nómina de 65 candidatos titulares, 39 de los cuales fueron electos, 6 de ellas mujeres. Se trató de Clara Servini Garcia , María Acevedo de Literas,⁴⁷ Irene Graciela Román, Eufemia Musso, Arolinda Bonifatti⁴⁸ y Clotilde Urdinez de Volpe.⁴⁹ En proporción la representación femenina disminuyó en relación a 1965, una modificación que puede originarse en la inclusión de una cuarta rama al movimiento, la juventud, que negoció la inclusión de sus miembros al momento de integrar las listas, al igual que las conducciones de los partidos menores que conformaron el FREJULI.

A nivel municipal el peronismo no presentó candidatos en 20 distritos, las tensiones internas no permitieron acordar listas unificadas, mientras que en los 101 distritos donde sí lo hizo se impuso en 77 (Antunez, 2015: 92-93). Allí la distribución de cargos mostró una tendencia diferente a lo ocurrido con las listas legislativas, evidenciando la continuidad de una proyección en aumento que se había iniciado con la integración de las listas municipales en 1962. En el plano de las concejalías 200 mujeres fueron candidatas en 71 comunas, de las cuales 85 resultaron electas en 51 distritos. Una proporción que permite suponer un mejor posicionamiento al momento de conformar el orden de las candidaturas, en relación a la participación femenina alcanzada en 1965. Por otra parte, resulta necesario reconocer que la representación femenina también fue aportada por la rama juvenil, aunque no fue posible determinar en qué magnitud debido a la falta de estudios locales que den cuenta de las trayectorias personales de las elegidas. Al igual que en 1965 un porcentaje significativo de las concejales electas se concentró en los distritos pertenecientes al GBA, en tanto que fueron comunas de la sexta y cuarta sección aquellas que presentaron la menor proporción o incluso la ausencia de mujeres al momento de formular las listas de candidatos.

Figura 3
Expedientes partidarios disponibles en el Juzgado Electoral de la Provincia de Buenos Aires.

En relación a las restantes fuerzas políticas resulta necesario destacar que en esta oportunidad en el plano municipal también resultaron electas mujeres y no solo para aspirar a cargos de consejeras escolares, sino también de concejales. A diferencia de 1965 cuando solo cuatro mujeres representando a la UCRP alcanzaron una banca en 1973 fueron 42 las elegidas. De ellas 21 pertenecían a la UCR y el resto a partidos como el Intransigente o el Renovador, e incluso a fuerzas vecinales. En el plano legislativo seccional si bien la cantidad de representantes electas por el peronismo fue exigua, en el caso de las restantes fuerzas fue aún menor, siendo la única elegida para ocupar una banca en el senado provincial Antonia Moscoso de Herrea, perteneciente al Partido Intransigente de la Tercera Sección. El radicalismo también incluyó candidatas en varias secciones, pero en ubicaciones que no posibilitaron su ingreso a las cámaras.

En relación a lo anterior resulta necesario reconocer que las fuerzas de izquierda como el socialismo o el Partido Comunista presentaban una larga tradición de participación femenina al momento de conformar las listas en todos los niveles de representación e, incluso, para ocupar cargos ejecutivos. Sin embargo, los magros resultados alcanzados por esas fuerzas en territorio bonaerense luego de la aparición del peronismo no permitió que las candidaturas se trasladaran a espacios de representación. Fue así que solo la marplatense Judith López Fagan, una dirigente del Partido Socialista de la Quinta Sección, resultará electa en 1958 para ocupar una banca como diputada provincial, cargo para el que fue nuevamente electa en 1965, mientras que en 1973 llegó a ocupar una banca en el concejo deliberante de Mar del Plata.

Consideraciones finales

El golpe de estado de 1955 representó la desarticulación del entramado partidario y sindical que el peronismo había conformado a lo largo de una década, así como el inicio de un periodo que presentó como rasgo central la proscripción de la que había sido hasta entonces la principal fuerza política argentina. Asimismo, constituyó el fin de un periodo en el que la ciudadanía femenina experimentó profundos cambios, no solo por el acceso al voto sino también por el ingreso de las mujeres a espacios de representación legislativos.

Teniendo en cuenta las singularidades del nuevo escenario político-institucional que se inicia luego de 1955 este artículo procuró analizar qué características asumió la participación femenina en el peronismo bonaerense, en un período caracterizado por la alternancia de gobiernos semidemocráticos y de facto, que cuestionaron al mismo tiempo que obstaculizaron los sucesivos intentos de participación electoral o reorganización partidaria que promovió la fuerza proscripta.

Al respecto es posible afirmar que, en los sucesivos intentos de reorganización emprendidos por el peronismo bonaerense con el fin de articular una estructura partidaria, la participación femenina resultó significativa e incluso se intensificó en forma progresiva. Una tendencia que, si bien responde a aspectos constitutivos de la cultura política peronista, también debe ser analizada a la luz de la centralidad que la militancia femenina asumió en tiempos de la resistencia, cuando un conjunto de mujeres debió asumir funciones de conducción y militancia, frente a la inhabilitación y el encarcelamiento de centenares de referentes peronistas en todos los niveles de su jerarquía político-partidaria. Esta situación posicionó a determinadas mujeres como eslabones de una arquitectura organizativa que, frente a la imposibilidad de constituir nuevamente el Partido Peronista Femenino, debieron compartir con sus pares varones.

Por otra parte, en lo que respecta a la formulación de las candidaturas, en vísperas de los diversos comicios que ocurrieron a partir de 1958, la participación femenina se vio afectada por dos tendencias que si bien no se contraponen tampoco presentan el mismo desarrollo. En el armado de las listas legislativas de orden seccional o distrital, la integración de mujeres fue limitada, sin alcanzar los niveles de la etapa 1951-1955. Mientras que en el plano local las sucesivas conformaciones de las listas municipales revelan un incremento progresivo en el número y proporción de candidatas.

En relación a este desarrollo ambivalente de la participación femenina es viable ensayar una explicación a partir de dos argumentos principales. Por un lado, es posible afirmar que uno de los rasgos de la dinámica interna del peronismo en la etapa considerada fue la constante tensión entre la rama sindical y política, una situación que colaboró para que la rama femenina fuese relegada a una instancia secundaria. Al respecto, resulta necesario considerar también que el grado de representación que alcanzó la rama femenina en el primer peronismo se originó en buena medida en la injerencia que Eva Perón tuvo sobre el entramado político y estatal que el peronismo construyó a partir de 1946. Luego de su muerte ese protagonismo se vio asegurado por el esquema equilibrado resultante de la fórmula organizativa dispuesta por la proporcionalidad tripartita del Movimiento, donde el Partido Peronista Femenino operó como un colectivo político autónomo. La desarticulación de esa arquitectura organizativa con el golpe de 1955 terminó con ese modelo equilibrado, pero, en cierto punto, artificial; sin un correlato efectivo en la forma en la que amplios sectores aun concebían la política en Argentina y, en especial, determinaban quienes estaban legítimamente autorizados a participar en los espacios legislativos nacionales y provinciales.

Por otro lado, en el plano local el protagonismo asumido por numerosas mujeres, cuando la proscripción se extendió sobre el peronismo afectando a su personal político mayoritariamente masculino, fue un factor que legitimó de manera progresiva su presencia al momento de conformar las listas municipales, algo que no había ocurrido con antelación a 1955. En un primer momento aspirando a cargos como concejeras escolares, labor afín con aquello que la tradición reservaba a las mujeres, luego como concejales. Es por ello que la representación femenina se incrementa en cada elección, a diferencia de otras fuerzas políticas, en las que asume cierto protagonismo en 1963 para disminuir en las elecciones siguientes. Aunque en relación a este tema es preciso aclarar que la tendencia a incluir personal político femenino se extiende con mayor intensidad en los distritos del GBA, siendo la elección de 1965 un ejemplo de ello. Lo que equivale a decir que la proporción más alta de representación femenina se dio en aquellos municipios donde las transformaciones sociales ocurridas en la década de 1960, se desarrollaron en forma más temprana.

En síntesis, es posible sostener que historia de la participación política femenina en la provincia de Buenos Aires para el período 1955-1973, si bien presenta continuidades inescindibles con el primer peronismo requiere ser considerada a partir de otros factores inherentes tanto a la particular dinámica que asume el movimiento en tiempos de proscripción, como a los cambios que afectan a las sociedades occidentales en la segunda mitad del siglo XX.

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Notas