Introducción

En la última década, algunos historiadores argentinos han estudiado procesos de modernización, burocratización y profesionalización en el Ejército en la Argentina de principios del siglo XX, reconociendo antecedentes y conexiones con transformaciones propiciadas o alcanzadas en las últimas décadas del siglo XIX. Su comprensión ha aportado nuevos conocimientos en un campo disciplinar principalmente interesado en la ideología, participación política e intervención represiva de las conducciones de las Fuerzas Armadas. Sin omitir la relevancia de esto último, esos historiadores comprendieron las concepciones y prácticas burocráticas y profesionales castrenses enfocándose en las perspectivas y experiencias de los militares. Tales investigaciones pueden compararse con procesos similares en otras instituciones y actores estatales de la época.

A partir de un análisis historiográfico crítico se propone reconocer cómo fueron definidos esos procesos de modernización, burocratización y profesionalización militar, respondiendo a las siguientes preguntas: ¿Cuál es el sentido analítico de esas categorías y qué perspectivas teóricas o historiográficas las informan? ¿Es posible y hasta necesario diferenciar los sentidos analíticos de dichos términos –es decir, los otorgados por los historiadores– y, eventualmente, los sentidos atribuidos por los actores sociales? ¿Cómo lidiar con las concepciones teleológicas que suelen imprimirse a los sentidos de esos términos, tanto por los académicos como por los actores sociales? Pienso que estas preguntas y sus respuestas son de interés no sólo para comprender la historia del Ejército y de los militares sino, más ampliamente, del Estado y de los actores estatales.¹

Sentidos y usos de la modernización, burocratización y profesionalización

En 2010, Fernando García Molina publicó La prehistoria del poder militar en la Argentina. La profesionalización, el modelo alemán y la decadencia del régimen oligárquico. Procesos de modernización, burocratización y profesionalización son categorías analíticas que están presentes en este libro desde sus primeras páginas. Las preguntas que habían motivado su investigación eran: ¿qué relaciones existían entre el modelo militar alemán y el proceso de profesionalización iniciado en el Ejército durante la segunda presidencia de Julio Argentino Roca? ¿Qué impacto tuvieron la profesionalización y la germanización del Ejército en la génesis del poder militar en la Argentina?² Esos procesos no podían comprenderse como exclusivamente impulsados por actores castrenses; tampoco al margen de los conflictos externos de la Argentina con Chile y el Brasil. Roca y su elenco gubernamental estimularon esas reformas para sustraer a la oficialidad de los conflictos internos de la elite política librados en el plano armado en los años 1874, 1880, 1890 y 1893.³ Siguiendo a Samuel Huntington [1957] (1995), García Molina definió la profesionalización militar como la adquisición de una capacidad específica o maestría en la administración de la violencia estatal, la afirmación de una autonomía institucional, la implementación de mecanismos de control interno que regulan el comportamiento de sus integrantes, el espíritu corporativo y el sentido de responsabilidad social de sus miembros respecto de su métier.⁴ De este modo, los atributos de la profesionalización en el Ejército quedaron establecidos en las leyes 4.031 del Servicio Militar Obligatorio de 1901, 4.707 Orgánica del Ejército de 1905 y 9.675 de Cuadros y Ascensos de 1915. Sin embargo, para este historiador, la profesionalización tuvo un resultado paradojal en las primeras décadas del siglo XX. ¿Por qué? Porque Huntington sostenía que los ejércitos occidentales modernos maximizaban la profesionalización concentrándose en el desarrollo de sus capacidades de administración del ejercicio de la violencia física estatal y subordinándose a la conducción política; en tanto que en el caso argentino la profesionalización había desligado a los militares de las disputas políticas facciosas de la sociedad civil pero autonomizándolos respecto de su subordinación al poder político.⁵ En este sentido, el golpe de estado del 6 de septiembre de 1930 encabezado por el general José Félix Uriburu habría consagrado esa tendencia histórica configurada en el marco de esos procesos de modernización, burocratización y profesionalización del Ejército desde principios del siglo XX.

En 2014, Enrique Dick publicó La profesionalización en el Ejército Argentino (1899-1914).⁶ Su tesis era que los procesos de modernización y profesionalización fueron obra de un reflexión y decisión de los altos mandos de la Fuerza, que tuvieron por referencia el modelo del ejército prusiano considerado a nivel internacional desde su victoria en 1871 en la Guerra Franco-Prusiana como una fuerza de guerra ejemplar.⁷ Aquellos procesos –y las reformas que habilitaron– se desplegaron en torno de tres ejes: el envío de oficiales argentinos a Alemania para su capacitación en academias, unidades operativas y en grandes maniobras; la contratación de oficiales alemanes como profesores en los institutos castrenses; la adquisición de armas, municiones y pertrechos de producción alemana. Dick sostiene que la profesionalización tuvo antecedentes desde la Guerra de la Triple Alianza contra el Paraguay con la creación en 1869 del Colegio Militar de la Nación como instituto para la formación de los oficiales, la ley 1.254 de 1882 que reguló los ascensos militares, la conformación en 1884 del Estado Mayor General, la Escuela de Ingenieros y la Escuela Normal de Tiro en 1886, la incorporación de cañones Krupp entre 1864 y 1884, fusiles de repetición y carabinas Mauser en 1891 y ametralladoras Maxim. La inauguración de la Escuela Superior de Guerra para oficiales de Estado Mayor en 1900 y las leyes 4.031 de 1901 del Servicio Militar Obligatorio y 4.707 Orgánica del Ejército de 1905 constituyen para este autor los “grandes logros en el camino de la profesionalización” (Dick, 2014: 35).⁸ El libro se cierra en 1914 con el comienzo de la Primera Guerra Mundial, que clausuró la proyección directa de Alemania sobre los ejércitos en América del Sur, pero que continuó con la observación y aplicación de los resultados de aquellos procesos de modernización y profesionalización bajo la impronta del modelo prusiano desplegadas por los oficiales argentinos en los años siguientes. Dicha continuidad es objeto de otro libro de Dick y Gustavo Schiavo (2020): La profesionalización en el Ejército Argentino. Período de observación y aplicación (1914-1928).

En 2018 Hernán Cornut publicó El pensamiento militar argentino. 1920-1930. La profesionalización, causas y consecuencias.⁹ Al igual que en las pesquisas de Dick, enfoca las perspectivas y experiencias castrenses en sus propias lógicas institucionales. En este sentido, ambas se diferencian del enfoque adoptado por Potash, Rouquié y García Molina, pues estos últimos subsumieron los procesos de modernización, burocratización y profesionalización al proceso de construcción de la autonomía corporativa y política de los oficiales del Ejército como corporación del Estado nacional o como “partido militar” respecto de la dirigencia política y de otros sectores de la sociedad argentina. Sin descuidar las implicancias que la conflictividad política doméstica, regional e internacional aparejaba en las concepciones y comportamientos de los oficiales, Cornut aborda una diversidad de perspectivas expresivas del pensamiento militar de la época, así como las complejas tentativas de realización práctica de las mismas. Su estudio es comprehensivo, pero pone énfasis en lo profesional antes que en lo ideológico, vinculando la burocratización con la doctrina y los modelos militares de referencia de los actores castrenses. Los cambios en la segunda mitad del siglo XIX en el plano político y en el Estado por la emergencia de la sociedad de masas y en el plano militar por el impacto producido por el desarrollo tecnológico del capitalismo industrial en las concepciones y las prácticas de la guerra, fueron factores que –para este autor– incidieron en los procesos de profesionalización de los ejércitos. En el caso argentino, a su vez, la burocratización en el Ejército a comienzos del siglo XX centró esfuerzos en la implementación del servicio militar obligatorio, la unificación del reclutamiento de los oficiales en el Colegio Militar de la Nación y en la organización de los estados mayores con carácter permanente y su capacitación específica en la Escuela Superior de Guerra –entre otras acciones– (Cornut, 2018a: 26-27).¹⁰ El objetivo final de aquellas reformas era adecuar el instrumento militar terrestre a sus funciones primarias: el mantenimiento del orden interno y la defensa contra agresiones externas. En este sentido y tal como este autor señala en otros trabajos (Cornut, 2019 y 2021a), la atención de hipótesis de conflicto internas también influyeron en la doctrina, organización y funciones del Ejército de comienzos del siglo XX, es decir, no constituyeron una innovación específica de la politización o de la autonomía política y corporativa sustanciada desde el golpe de estado de 1930 ni mucho menos, efecto de la ulterior impronta doctrinaria francesa o norteamericana de las décadas de 1950-1960. Asimismo, la contribución efectuada por este libro se complementó con otros textos en los que Cornut se ocupó del perfil social de los oficiales superiores (Cornut 2011), el pensamiento militar y sobre la defensa nacional de los oficiales (Cornut 2018b, 2021b, 2021c) y el análisis comparado del pensamiento castrense e influencias doctrinarias prusiano/alemanas en los ejércitos de Argentina, Brasil y Chile (Cornut 2017 y 2020).

Las categorías analíticas modernización, burocratización y profesionalización, por mi parte, han servido para comprender la génesis y desarrollo del servicio de sanidad del Ejército entre los años 1888 –con la sanción de la ley 2.377 Orgánica del Cuerpo de Sanidad del Ejército y de la Armada– y 1938 –con la reestructuración orgánica del Ejército producida en vísperas de la Segunda Guerra Mundial–. Mis contribuciones sobre estos procesos son más limitadas en su alcance que las de Cornut. Y ello no sólo porque el objeto de mis investigaciones está acotado a los oficiales y suboficiales del cuerpo de sanidad “asimilados” al Ejército que cumplían servicios de apoyo a las armas combatientes (infantería, caballería, artillería e ingenieros), sino porque hasta el momento he dado cuenta sobre todo de las lógicas y prácticas institucionales castrenses sin sopesar sistemáticamente la incidencia sobre las mismas de otras determinaciones sociales extra-institucionales. Ciertamente, en algunos trabajos he referido al desempeño de los médicos militares en otras agencias estatales nacionales y hospitales públicos, asociaciones profesionales de galenos y como legisladores nacionales y funcionarios gubernamentales provinciales. Mis pesquisas debieran enfocarse, además, no sólo al estudio de los oficiales médicos sino en los farmacéuticos y dentistas y continuar avanzando en el conocimiento de los suboficiales de sanidad –enfermeros, ayudantes y preparadores–. ¿Qué sabemos sobre el cuerpo de sanidad en esos años? Sabemos acerca de su organización, funciones y despliegue en el territorio nacional (Soprano, 2019a), la táctica y técnica de la sanidad militar (Soprano, 2020), la formación universitaria y militar de los oficiales médicos (Soprano 2021a) y de los suboficiales de sanidad (Soprano 2021b), los perfiles y trayectorias profesionales de los médicos militares (Soprano, 2022) y su desempeño en las unidades operativas del Ejército (Soprano, 2021c).

Recientemente, en el estudio introductorio a un dossier sobre la profesionalización en el Ejército Argentino entre los años 1900-1930, con Hernán Cornut sostuvimos que nos interesaba orientarnos a la comprensión de los aspectos específicamente militares de los cambios y continuidades producidas en el instrumento militar terrestre en aquel período, esto es, enfocándonos en cuestiones que otros historiadores desatendieron porque otorgaron primacía unilateral a las determinaciones políticas e ideológicas, se centraron excluyentemente en las conducciones superiores, carecían de conocimientos sustantivos sobre asuntos de defensa, guerra, estrategia y táctica o bien porque no indagaron en acervos y fuentes documentales castrenses. Pero también advertíamos que esos procesos de modernización, burocratización y profesionalización no tuvieron un desarrollo lineal, que su realización muchas veces acabó siendo parcial, incompleta, que alcanzó resultados no siempre propiciados por los reformadores militares y que no tuvo un cierre orgánico que permitiera constatar su plena implementación programática en el curso de las décadas siguientes.¹¹ Por último, sostuvimos que además de estudiar los cambios en esas décadas era preciso indagar en las continuidades respecto de procesos que reconocían su génesis en el mundo hispano-colonial o decimonónico del Río de la Plata/Argentina (Cornut y Soprano, 2020).¹²

Otras interpretaciones y categorías analíticas: los militares entre la persistentepolitización y la producción del gobierno de sí mismos

En 2014, Hugo Quinterno publicó Fuego amigo. El ejército y el poder presidencial en Argentina (1880-1912). En esta investigación el énfasis está puesto en la construcción de un poder ejecutivo nacional fuerte y en la sujeción de las situaciones provinciales a dicho poder. El autor inscribe en ese proceso al Ejército como instrumento del poder presidencial, reconociendo como un hito relevante en dicho proceso a la sanción de la ley 4.031 de 1901 –conocida como ley Riccheri o del servicio militar obligatorio– que buscó resolver un problema crónico como la provisión de tropa, en este caso, para el ejército de línea en desmedro de las atribuciones que tenían las provincias en el reclutamiento para las Guardias Nacionales.¹³ El período objeto de análisis se abre, pues, en 1880 con el triunfo de las fuerzas nacionales sobre los autonomistas porteños y se cierra en 1912 con la sanción de la ley 8.871 –conocida como ley Sáenz Peña– que entre otras cuestiones determinó la confección de los padrones electorales en base al enrolamiento militar, ampliando con ello la injerencia del Ejército en los procesos políticos, pero sin autonomía respecto del poder político sino sirviendo a la centralización del poder presidencial.¹⁴

La irrupción de la política en los cuarteles –tras las revoluciones de 1890 y 1893– se hizo nuevamente presente en 1905 cuando “buena parte de los oficiales, sobre todo los cuadros inferiores que debían ser los más permeados por las ideas de profesionalización, se levantaron contra el gobierno apoyando los reclamos de los radicales” (Quinterno, 2014: 251). En este sentido, las leyes que regularon las carreras profesionales de oficiales y suboficiales –4.031 de 1901 y 4.707 de 1905– buscaron restringir los derechos electorales de los oficiales mientras tuvieran mando de tropa o cumplieran funciones en reparticiones del Ministerio de Guerra, pero esto tuvo su contrapeso en las leyes electorales –4.161 de 1903 y 8.871 de 1912– que no limitaron su participación política ni electoral –sí, la de los suboficiales y soldados–.¹⁵ En consecuencia, hacia 1910, “los militares actuaban y se movían –en general a título personal– dentro de las facciones partidarias por donde pasaba la distribución del poder” y en 1913 el general de división Pablo Riccheri –entonces presidente del Círculo Militar– llamó la atención sobre la politización creciente en el Ejército (Quinterno, 2014: 249-261).

¿Qué dice Quinterno sobre la modernización y profesionalización? Para este historiador se trata de dos categorías “particularmente complejas y engañosas” que expresan “palabras elegantes” que no se adecuan bien a las “realidades” que pretenden explicar (2014: 39-236). Sus sentidos y usos historiográficos –dice– han buscado establecer una discontinuidad significativa entre el “viejo ejército” de la segunda mitad del siglo XIX atravesado por las disputas de facciones de la vida política nacional y la génesis de un “ejército nacional” de comienzos del siglo XX. En su opinión, si la modernización del Ejército en cierta medida se alcanzó como resultado de la intervención de factores externos a la institución como fueron el desarrollo de los medios de transporte y de comunicación en el país y el financiamiento para la adquisición de armamentos; por su parte, la confluencia entre la modernización y la profesionalización requería en tiempo de paz de la realización periódica de grandes maniobras, las cuales sólo se produjeron episódicamente –sobre todo debido a falta de recursos presupuestarios– y cuando se llegaron a efectuar hicieron ejercicios elementales –conforme los testimonios de algunos oficiales argentinos y extranjeros recabados por este autor–. Por ello, Quinterno concluía que en la Argentina del cambio del siglo XIX al XX, el Ejército estaba “lejos de cuadrar dentro de este concepto de profesionalidad, fuera de su innegable aggiornamiento” (2014: 238). Algo muy diferente sucedía con el proceso de burocratización, pues esa “modernización sin combate, ejercicios y maniobras también dio como resultado un aumento formidable de la complejidad administrativa” con la incorporación de “información antropométrica”, “legajos personales”, “comunicaciones oficiales escritas” y “reglamentaciones”, cuestión que motivó en 1901 la creación del Archivo General del Ejército –dependiente del Estado Mayor– para conservar y administrar dicho corpus documental (Quinterno, 2014: 245).

En 2017 Aldo Avellaneda concluyó su tesis de doctorado Hacia el gobierno de sí mismos. Formas de problematización de la vida militar. 1880-1930.¹⁶ En dicha tesis –inédita como libro– y en diferentes artículos (Avellaneda, 2016, 2017a, 2017b, 2019a, 2019b, 2019c, 2021) alcanzó resultados sustantivos originales para el conocimiento de los oficiales del Ejército desde una perspectiva teórica y metodológica innovadora como los estudios anglosajones de gubernamentalidad.¹⁷ Su pesquisa es sobre formas de pensamiento que definieron formas de vida militar y de gobierno de sí mismos, plasmados en ensayos, diagnósticos y propuestas producidos por los cuadros militares.¹⁸ Que su objeto de estudio esté centrado en las formas y contenidos específicos del pensamiento o de la racionalidad militar no supone que desconsidere las relaciones entre los actores castrenses y los políticos, toda vez que se ocupa de abordar esas relaciones en determinadas coyunturas críticas como las revoluciones de 1890, 1893 o 1905, el impacto local de la Primera Guerra Mundial y de la Revolución Rusa, los cambios en el sistema político aparejados por la ley Sáenz Peña o la primera presidencia de Hipólito Yrigoyen. El recorrido que comprende su investigación en cinco décadas permite reconocer cómo se produjo la génesis y el desarrollo de una racionalidad militar sui generis que, no obstante, sus formas históricas locales, se construyó en diálogo con referencias o modelos castrenses internacionales. Se abre en la década de 1880 cuando el Estado nacional comienza a afirmar su poder a través del ejército de línea sobre los poderes de los Estados provinciales encarnados en las guardias nacionales –un proceso que no alcanzará a imponerse sino hacia principios del siglo XX, tal como lo demostró Hugo Quinterno (2014)-. En tanto se cierra hacia 1930 cuando los cuadros militares habían definido claramente sus propias artes de gobierno, pero también proyectado su presencia sobre espacios de gobierno civiles.¹⁹

¿Qué debe entenderse por el concepto de artes de gobierno militares? Refiere a las “formas de reflexión, cálculos de posibilidades, expectativas, intereses y preocupaciones involucrados en la definición de formas específicas” de organización del Ejército, en particular, de aquellas destinadas a procurar sus recursos humanos, instruyéndolos y dándoles “un entorno de sociabilidad” o desplegando “sus unidades en el territorio” (Avellaneda, 2017: 7).²⁰ El concepto comprende las dimensiones ideológicas y políticas, pero no las erige en el centro excluyente de su interpretación, sino que las reconoce como “uno de los elementos en juego” relacionados con los “saberes pertinentes a la formación profesional”, “patrones del deber ser y deber hacer” y “modelos organización militar extranjera” (Avellaneda, 2017c: 7). De este modo, el estudio de las “redes socio-técnicas” es un aspecto decisivo del conocimiento de las “artes de gobierno”.²¹

Ahora bien, si la perspectiva teórica y metodológica de Avellaneda es explícitamente crítica de los enfoques centrados en las adscripciones políticas de los actores castrenses en el período (Potash, Rouquié, entre otros) como deus et machina de las interpretaciones historiográficas ¿lo es también de aquellos enfoques que invocan la relevancia de los procesos de modernización, burocratización y profesionalización militar? Entiendo que sí, pues –en sus propios términos– el enfoque de gubernamentalidad se centra en “los modos de reflexión sobre sí mismos” de los cuadros militares –particularmente de los oficiales–, “su campo de intervención” y en la singularización de un ethos y un modo de vida militar respecto del resto de la población (Avellaneda, 2017c: 8-14-52-53).²² En otras palabras, pareciera que en su interpretación esas tres categorías estuvieran asociadas a una comprensión de procesos carentes de sujetos o de prácticas o unos en los que los actores sociales serían meros instrumentos de determinaciones estructurales. Por mi parte, considero que este llamado de atención hecho por Aldo Avellaneda es certero al advertir contra ciertos sentidos y usos esencialistas de esas categorías; sin embargo, entiendo que el mismo no es atribuible al conjunto de quienes los invocamos para explicar los cambios producidos en el Ejército en el pasaje del siglo XIX al XX.²³ En el siguiente apartado trataré de fundamentar por qué.

Los militares y los estudios sociales del Estado en la Argentina

Aunque me siento tentado a afirmarlo, pienso que no sería lícito decir en estas páginas –cuál exégeta académico– que los resultados de las investigaciones de Enrique Dick, Hernán Cornut, Hugo Quinterno o Aldo Avellaneda podrían ser comprendidos en el movimiento intelectual multidisciplinario que se expresa en los últimos veinte años en los denominados estudios sociales del Estado. Personalmente, sí, me reconozco en ese campo académico, pues mis investigaciones históricas y etnográficas sobre militares iniciadas en 2008²⁴ se inscriben en largo plazo en los estudios sobre políticas, instituciones y actores estatales que he cultivado desde la década de 1990.²⁵ La configuración de dicho campo tiene un hito fundante con la publicación en 2004 de Intelectuales y expertos. La constitución del conocimiento social en Argentina, editado por Mariano Plotkin y Federico Neiburg y otro hito expresivo de su consolidación en 2015 con la creación de la revista Estudios Sociales del Estado que –conforme sus editoras– generó un espacio de diálogo interdisciplinario que tiene como objeto al Estado, priorizando la comprensión de sus manifestaciones institucionales, sus elencos políticos, técnicos y burocráticos, los saberes y las prácticas que modulan el accionar estatal y las relaciones con los distintos grupos sociales.²⁶

Los procesos de modernización, burocratización y profesionalización en diferentes instituciones y actores estatales en la Argentina desde mediados del siglo XIX han sido objeto de los estudios sociales del Estado. En otros trabajos hemos problematizado los resultados alcanzados en las últimas dos décadas (Di Liscia y Soprano 2017; Rodríguez y Soprano, 2018). En esta oportunidad quisiera destacar su análisis como procesos expresivos de proyectos definidos e impulsados por determinados actores sociales en ciertos escenarios. ¿Por qué es relevante invocar la noción de proyecto? Porque pone el énfasis en las concepciones y prácticas de los actores sociales que promueven esos procesos en forma programática o tácita. Procesos con sujetos antes que explicados de un modo teleológico o finalista al margen de los actores sociales o considerando a estos últimos como carentes de agencia o meros instrumentos pasivos de lógicas estructurales. En este sentido es que en un trabajo anterior decíamos que los atributos sociales que definen la profesionalización no pueden ser entendidos como si estuvieran hilvanados en una secuencia lineal evolutiva, aun cuando históricamente sea plausible reconocer que los individuos y grupos pueden tenerlos como momentos necesarios de un proyecto de consagración profesional y, como tal, produzcan efectos “performativos” en sus comportamientos presentes, expectativas y resultados futuros. Así pues, el recurso al concepto de profesionalización es válido para dar cuenta del proceso por el cual los científicos sociales reconocemos la génesis y el desarrollo de una determinada profesión o configuración profesional, pero también para identificar el diseño y ejecución de un proyecto profesional desde las perspectivas de los actores sociales.

¿Es preciso diferenciar los sentidos analíticos de los términos modernización, burocratización y profesionalización? Pienso que sí, pues, aunque son categorías que comprenden atributos sociales relacionados y que pueden solaparse, una definición precisa de cada una –lejos de cualquier pretensión clasificatoria esquemática– debería permitirnos destacar algún o algunos atributos particulares. Veamos esta cuestión.

Con modernización se suele aludir a los cambios producidos en diferentes esferas sociales en el mundo occidental desde fines del siglo XVIII y a su extensión mundial en las décadas siguientes como efecto de la globalización capitalista. Como señala Gianfranco Pasquino (2005), la modernización no es un proceso de difusión lineal homogéneo ni operado desde un único centro, pues supone múltiples y complejas interacciones de actores sociales que generan diversas adecuaciones y reformulaciones locales. En la historiografía sobre los militares argentinos se ha empleado esta categoría para comprender los proyectos e iniciativas de cambio en la doctrina, educación, organización, carrera militar, armamento, materiales, equipos e infraestructura; también planteando un contraste (muchas veces más programático que real) entre el denominado “viejo ejército” decimonónico –forjado en las disputas de facciones en “guerras civiles” y “revoluciones”, “campañas contra el indio” y en las “fronteras” y en la “Guerra del Paraguay” – y el “ejército moderno” –concebido a principios del siglo XX bajo inspiración del modelo prusiano/alemán pero que, en los hechos, fue resultado de realizaciones sui generis–.

Burocratización, por su parte, refiere a la extensión de lógicas y prácticas burocráticas en una organización y grupo social. Como recuerda Pier Paolo Giglioli, el término “burocracia” fue empleado por primera vez por los economistas fisiócratas franceses a mediados del siglo XVIII para cuestionar el poder del cuerpo de funcionarios de la monarquía. En el siglo XIX, no obstante, la categoría adquirió un sentido connotado positivamente en los estudios jurídicos y de la administración pública prusiana para referir a la organización de tareas, atribución de competencias delimitadas y criterios normalizados de admisión y de carrera en la función pública (Giglioli, 2005: 165). En este sentido, la concepción weberiana de la burocracia como forma de dominación legal-burocrática es tributaria de esta concepción y forma histórica. Tampoco debemos olvidar que Max Weber caracterizaba críticamente el creciente proceso de burocratización de las esferas sociales en la modernidad.²⁷ Desde el siglo XIX, los ejércitos constituyen un caso paradigmático de burocracia estatal.²⁸ A los efectos de los estudios sobre el Ejército en la Argentina del cambio del siglo XIX al XX, la burocratización daría cuenta de la producción de lógicas y prácticas legal-burocráticas en las organizaciones castrenses y en la sociabilidad militar, por ejemplo, a nivel normativo, doctrinario, orgánico-funcional, en las carreras de oficiales y suboficiales, en el reclutamiento, instrucción y adiestramiento de cuadros y soldados, en el alistamiento de las unidades operativas, en la adquisición y mantenimiento del armamento, materiales y equipos, en la creación y conservación de archivos, etc.

Por último, en la teoría social weberiana, la profesión es una categoría constitutiva del orden social en la modernidad. Contrariamente con definiciones y usos de sentido común que la identifican exclusivamente con saberes y prácticas técnicas, científicas o disciplinares específicas, en la Ética protestante y el espíritu del capitalismo, Max Weber también la asoció con atributos morales. De modo que, el significado de la “beruf” remitía, a la vez, a los sentidos habitualmente otorgados a la categoría “profesión” –en tanto saberes y prácticas seculares– y a la de “vocación” –una dimensión trascendental–. Como sintetizáramos en un trabajo previo (Rodríguez y Soprano, 2018), la historia y sociología de las profesiones tienden a clasificar los procesos de configuración profesional o de profesionalización en torno de dos amplios modelos ideales: uno que tiene su génesis y desarrollo en proyectos e iniciativas de grupos societales o de la sociedad civil y otro donde el protagonismo reside en actores estatales. La configuración de los militares como grupo profesional es expresiva del segundo modelo, aun cuando –como hemos dicho en otras oportunidades– su estudio no debe desconsiderar su inscripción en y relaciones con otros grupos de la sociedad (por ejemplo: grupos que definen su membresía como clase social, por una religión, etnia, identidad de género, entre otros). La historiografía producida en la última década, precisamente, ha explorado esa dialéctica que comprende a los oficiales del Ejército en su constitución como grupo socio-profesional estatal singular en sus relaciones con el Estado, la política y la sociedad entre el siglo XIX y XX.

Decía que los académicos en ocasiones –consciente o inconscientemente– imponen sentidos finalistas a las categorías modernización, burocratización y profesionalización. También esto es algo que pueden hacer y hacen los actores sociales. Y así como hay actores sociales que impulsan esos procesos, cabe estar atentos a aquellos que programática o tácitamente se oponen a los proyectos o pretensiones impulsadas por los primeros. En el cambio del siglo XIX al XX, los oficiales reformadores argentinos solían identificar a aquellos como sus camaradas del “viejo ejército”. Otra cuestión a tener presente es que los términos modernización, burocratización y profesionalización, así como moderno, burocracia y profesión, a menudo son empleados por los actores sociales que estudiamos. En tales casos es importante no dar por sentado que los sentidos que atribuimos como científicos a esos términos y aquellos dados por los actores sociales son similares. No se trata de producir un careo entre unas y otras definiciones o imponerles a los sujetos estudiados sin mediación alguna de nuestros propios sentidos. Por el contrario, el valor heurístico de las categorías analíticas reside en su capacidad para comprender (en el sentido de interpelar) y para comprehender (en el sentido de abarcar) situacionalmente los sentidos nativos.²⁹ La importancia dada entonces en el análisis social a la identificación de los términos nativos, sus definiciones y usos situados conlleva un desafío interpretativo: reconocer qué significan los actores sociales cuando –eventualmente– aluden a lo “moderno” o “modernización”, a la “burocracia” y “burocratización”, a la “profesión” y “profesionalización”.³⁰

Ahora bien ¿Por qué comparar los procesos de modernización, burocratización y profesionalización entre oficiales y suboficiales del Ejército en la Argentina del cambio del siglo XIX al XX, respecto de procesos similares desplegados contemporáneamente entre otros actores y agencias estatales en este país?³¹ Pienso especialmente en aquellos actores y agencias estatales actualmente mejor conocidos por la historiografía de ese período como médicos y enfermeros, maestros y profesores normales, ingenieros, abogados y policías –entre otros–.³² Quisiera dar una primera respuesta a esta pregunta recurriendo a un principio metodológico elemental: por un lado, comparamos porque como analistas reconocemos atributos sociales semejantes y diferentes en procesos, instituciones, actores, ideas, valores, etc. que se comprenden mejor en su contraste; por otro lado, comparamos cuando advertimos que los propios actores sociales objeto de nuestras investigaciones definen o establecen comparaciones con otros actores sociales en los cuales –ya sea por sus similitudes o por sus diferencias– se reflejan. La primera opción es expresiva de procesos que se estaban desenvolviendo más o menos simultáneamente en agencias del Estado nacional desde aproximadamente la década de 1880 y en agencias de los Estados provinciales desde comienzos del siglo XX (Ortiz Bergia, 2015; Rodríguez Vázquez y Raffa, 2016) –el recorte temporal, en ambos casos, es evidentemente grosero y requiere de especificaciones por caso–. En tanto que la segunda opción es una que todavía estamos explorando, por ejemplo, en la comparación que en las primeras tres décadas del siglo XX formulaba los maestros respecto de los militares (Rodríguez y Soprano, 2021). Así pues, los primeros reclamaban a las autoridades del Estado nacional el reconocimiento de una carrera como funcionarios de Estado como la que tenían los militares argentinos que, como hemos visto, consiguieron definir y objetivar en un corpus de leyes, particular pero no excluyentemente, aquellas sancionadas en 1901, 1905 y 1915. Diferentemente, si los maestros se percibían desfavorecidos como funcionarios públicos respecto de los militares, por su parte y como ha señalado Hugo Quinterno (2014: 279), a principios del siglo XX los oficiales reconocían las desventajas de su salario y estatus social si se lo comparaba con el de los abogados. Una tercera comparación que hemos identificado es aquella que mutuamente establecían los militares y maestros entre sí cuando definían su quehacer como funcionarios públicos como una vocación o misión trascendental al servicio de la nación o la patria. Tales comparaciones nativas –entre otras– deben ser relevadas y comprendidas situacionalmente.

Reflexiones finales

En estas páginas he tratado de presentar –en sus propios términos y en su lógica argumental– los problemas, perspectivas de análisis y resultados de las investigaciones de historiadores que en la última década produjeron en forma sistemática renovadas pesquisas con el objetivo de comprender la historia del Ejército en la Argentina del cambio del siglo XIX al XX. En ese recorrido no he ocultado mi punto de vista y eventuales diferencias respecto de otros colegas; pero he querido demostrar que ese esfuerzo colectivo –no siempre sincronizado– extendió y complejizó los conocimientos sobre aquella historia respecto de los aportes precedentes.

Dicha renovación historiográfica no ha sido ajena, por un lado, al proceso de normalización de la inscripción de las Fuerzas Armadas en el Estado y en la sociedad nacional, consolidada desde el 3 de diciembre de 1990, cuando la conducción del Ejército reprimió el último “levantamiento militar carapintada”. Desde entonces los militares argentinos han estado subordinados a la conducción política de las autoridades democráticamente electas, concentrándose en las misiones que la Constitución Nacional, la ley 23.554 de Defensa Nacional de 1988 y otras leyes y decretos le imponen al instrumento de la defensa externa del país. Esta situación –que contrasta con el ejercicio de roles políticos, gubernamentales y represivos en la seguridad interna por parte de las Fuerzas Armadas durante buena parte del siglo XX– está asociada con el incipiente interés historiográfico suscitado en el siglo XXI en favor del estudio de las perspectivas y experiencias de los militares como miembros de la burocracia estatal nacional y profesionales de la guerra, particularmente, en un período como las tres primeras décadas del siglo pasado en que los proyectos y procesos de modernización, burocratización y profesionalización del Ejército fueron contemporáneos de la subordinación castrense al poder político.

Por otro lado, esta renovación en la historiografía sobre el Ejército también participa de procesos experimentados en la disciplina histórica en la Argentina desde la “apertura democrática” de los años 1980. Particularmente, en el siglo XXI –y como una manifestación relativamente tardía y minoritaria de esos cambios historiográficos e institucionales en el campo disciplinar– historiadores formados en las universidades nacionales y con actividad académica en éstas y/o en el CONICET –García Molina, Quinterno, Avellaneda, Soprano– desarrollaron pesquisas sobre doctrina, educación, organización, funciones, despliegue, medios, infraestructura y, más ampliamente, sobre el pensamiento profesional castrense a principios del siglo XX, es decir, cuestiones que otrora eran atendidas casi exclusivamente por los denominados “historiadores militares”. En tanto que, oficiales del cuerpo comando del Ejército que efectuaron sus doctorados en historia en universidades privadas –Cornut, Dalla Fontana y, en menor medida, Dick– excedieron los marcos intelectuales e institucionales de la historia corporativa castrense y pusieron sus investigaciones en diálogo con la historiografía enseñada y hecha en las universidades y el CONICET. A su vez, en los últimos cinco años, unos y otros convergieron en eventos académicos y publicaciones especializadas, sobreponiéndose a la reproducción de arraigados estereotipos que –a menudo no sin fundados motivos- caracterizan el mundo científico-universitario de las ciencias sociales y el mundo militar de la Argentina contemporánea como compartimentos estancos e incluso beligerantemente contrapuestos.

La construcción del conocimiento científico es un producto laboriosamente hecho por investigadores de diversas generaciones, con distintas concepciones e intereses historiográficos y experiencias sociales. No se trata de un proceso meramente acumulativo, pues además son necesarios los cambios –a veces radicales– de enfoque, método, de problemas, objetos, hipótesis y objetivos, el recurso a nuevos acervos y fuentes documentales o la interpelación desde otras miradas de aquellos habitualmente explorados. La renovación en curso en la historia sobre el Ejército en la Argentina se ha servido de los saberes producidos precedentemente, de la exploración de distintos enfoques sobre temas semejantes o relacionados, así como del diálogo entre investigadores con variadas trayectorias académicas y profesionales cuyas diferencias no pueden reducirse a la oposición “civiles” y “militares” o “historia académica” e “historia militar”. También pienso que el conocimiento acerca de los procesos de modernización, burocratización y profesionalización en el Ejército a principios del siglo XX debe continuar siendo investigado en una secuencia temporal de más largo plazo y en comparación con procesos similares proyectados y experimentados por otras burocracias estatales en la Argentina de los siglos XIX y XX.

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Notas