I- Introducción

A partir de la década de 1970 en México, diversos académicos comenzaron a discutir seriamente los temas relacionados con el patrimonio cultural nacional. No obstante, fue en los albores de la década de 1990 cuando se intensificó en nuestro país un sentido de compromiso hacia la construcción de museos, la protección de monumentos arqueológicos, la conservación de áreas naturales, así como la salvaguarda de múltiples colecciones de arte. De esta forma, los bienes materiales como los recursos naturales fueron los principales portadores de la idea de preservación del patrimonio cultural tangible en México, mientras que el patrimonio cultural intangible no ha contado con la misma suerte hasta nuestros días.

Estos especialistas en la materia cuestionan las concepciones que se le han hecho al patrimonio cultural desde el Estado, según las cuales el patrimonio cultural es común a todos los miembros de una nación, y por tanto, expresión de su identidad, su cultura y su historia que los enlaza como sociedad.

Dicha concepción, apuntan sus críticos, oculta las diferencias sociales y culturales de la sociedad, omite el conflicto y esconde los mecanismos institucionales a través de los cuales las clases hegemónicas seleccionan los bienes culturales que han de formar parte del patrimonio cultural de una nación y construyen los discursos políticos de unidad y homogeneidad cultural. (Pérez, 1998, p. 183)

En contraste a este razonamiento, para estos pensadores no hay bienes culturales que por sí solos tengan un valor patrimonial, porque ese valor únicamente es añadido e incorporado a determinados bienes tangibles e intangibles, en ámbitos socioculturales, ideológicos o colectivos. Por ello, el patrimonio cultural es una construcción social² (Pérez, 1998).

La construcción social que se tiene del patrimonio cultural nacional desde el Estado incidió en la forma en la que quedó constituida la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos. Sin embargo, esta posee lagunas jurídicas que afectan directamente la salvaguarda del patrimonio cultural nacional. En esas lagunas jurídicas están algunos de los retos que deben atender las instituciones de cultura en el país. Por ello, esta normativa requiere ser revisada, para posteriormente proponerse y legislarse nuevas leyes, apegadas a la realidad social contemporánea, que permitan una adecuada salvaguarda del patrimonio cultural nacional, el cual debe enorgullecer a la memoria colectiva del pueblo de México. En especial aquellas sociedades como la nuestra, donde se debe de confrontar el sentimiento de identidad³ en una época de inestabilidad social nacional y mundial, siendo que esta riqueza no es renovable.

II- Desarrollo

Desde hace poco más de medio siglo, varios autores se han centrado en el estudio del patrimonio cultural en México. A través de sus obras, estos han plasmado su perspectiva sobre la definición del concepto, sus diferentes significados y los usos sociales que le ha dado la población como el Estado (Arispe, 2006; Bonfil, 1993; Florescano, 1993; García, 1999; Nalda, 1993; Nivón, 2007; Novelo, 1993)⁴.

Por su parte, las acciones que los gobiernos e instituciones encargadas de producir, promover, difundir y divulgar la cultura, como son el INBA, INAH, CENART, FCE, entre otras, que dependen actualmente de la Secretaría de Cultura, han configurado una forma peculiar de asimilar el patrimonio cultural material e inmaterial en el país.

En ese sentido, el significado del concepto patrimonio cultural se ha vuelto flexible, diverso, líquido y versátil.⁵ Sin embargo, cuando comenzaron las discusiones para definir qué era el patrimonio cultural, únicamente se contemplaban los sucesos históricos, las expresiones artísticas y los restos arqueológicos. En esta definición no se contempló al patrimonio natural ni a las culturas populares. Actualmente esta noción se ha ampliado, por lo cual estas categorías se han incorporado como algunas otras, entre las que sobresalen el patrimonio biocultural⁶, el patrimonio oral, el patrimonio bibliográfico y documental, el patrimonio cívico, el patrimonio gastronómico, el patrimonio artístico, las fiestas y los rituales, entre otros.

A decir de Néstor García Canclini (1999):

En México, como en otros países, la legislación, las declaraciones de organismos nacionales e internacionales, y sobre todo los debates recientes, muestran movimientos de redefinición y reconcentración de los discursos referidos al patrimonio cultural:

a) Se afirma que el patrimonio no incluye sólo la herencia de cada pueblo, las expresiones “muertas” de su cultura –sitios arqueológicos, arquitectura colonial, objetos antiguos en desuso–, sino también los bienes actuales, visibles e invisibles –nuevas artesanías, lenguas, conocimientos, tradiciones–.

b) También se ha extendido la política patrimonial de la conservación y administración de lo producido en el pasado, a los usos sociales que relacionan esos bienes con las necesidades contemporáneas de las mayorías.

c) Por último, frente a una selección que privilegiaba los bienes culturales producidos por las clases hegemónicas -pirámides, palacios, objetos legados a la nobleza o a la aristocracia-, se reconoce que el patrimonio de una nación también está compuesto por los productos de la cultura popular: música indígena, escritos de campesinos y obreros, sistemas de autoconstrucción y preservación de los bienes materiales y simbólicos elaborados por grupos subalternos. (p. 16-17)

Esta ampliación del concepto de patrimonio, parcialmente recogida en algunos documentos del Gobierno de México como de organismos internacionales en los que participa este, no cuentan todavía con la legislación suficiente para proteger tan diversas expresiones culturales, para poder intervenir en sus usos contemporáneos. A menudo, las leyes existentes no prevén las prácticas de organismos oficiales y de agentes particulares, o bien, entran en conflicto con ellas.

En ese tenor, la Secretaría de Cultura, como las dependencias que de ella emanan, no han terminado de adaptar su estructura a esta mutación conceptual. Muestra de ello, es que el INBA y el INAH se encargan de preservar todo lo concerniente a los aspectos artísticos, históricos y arqueológicos. Pero esas instituciones no han podido cumplir con la totalidad de sus funciones que son las de investigar, proteger, conservar, restaurar y recuperar los monumentos arqueológicos, artísticos e históricos y de las zonas de monumentos de la nación, como se establece en la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 6 de mayo de 1972.⁷

Por ejemplo, hasta donde se sabe, no hay un catálogo de Arte Sacro en México, cuando se tiene pleno conocimiento que hay poco más de 19 mil iglesias ubicadas en el país y se han reportado en los últimos diez años al menos 200 denuncias por robo en templos, aunque el número real de sustracciones es mucho mayor.

De acuerdo con el Centro Católico Multimedia, México ocupa el primer lugar en el robo de arte sacro. Cada semana 26 iglesias católicas en el país son robadas y al menos un 42% de los hurtos están vinculados con el crimen organizado, debido al comercio ilegal de las piezas que, según datos de la Interpol, genera ganancias por más de seis mil millones de dólares en el país. (Ávila, 2021, párr.2)

Esto es responsabilidad directa del INBA como del INAH, porque entre sus funciones está la conservación, protección y resguardo del patrimonio cultural nacional. En la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos (Diario Oficial de la Federación, 2018) se especifica que ambas instituciones tienen como obligación hacer un inventario del patrimonio cultural nacional, pero ninguna lo ha hecho en su totalidad. Por ahí hay uno que otro inventario o registro. Sin embargo, esta es una omisión grave, porque si no sabemos qué tenemos ¿cómo vamos a salvaguardarlo a estudiarlo?

En primer lugar, requerimos tener un registro para contar con un inventario, y posteriormente catalogar el patrimonio cultural nacional. Con ello, robustecer la política adecuada de conservación, protección, resguardo y estudio. De igual forma, se necesita un registro común del patrimonio cultural nacional, el cual pueda actualizarse de manera permanente en las bases de datos de las instituciones. Obviamente, este es un trabajo arduo que va a llevar varios años, tal vez hasta décadas, por ello se requiere de constancia, de no interrumpir los trabajos que se vienen haciendo.

Esa es otra de las disyuntivas, porque los directores de esas instituciones generalmente son cambiados cada seis años con el ingreso del nuevo gobierno. Y en muy pocas ocasiones, las personas que quedan al frente de las instituciones le dan continuidad a los trabajos que venía haciendo la administración anterior. Lo más complejo de esto, es que en ocasiones se dejan de realizar las actividades que están estipuladas en la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos. Por ello, la continuidad es uno de los retos más complejos a los que se enfrenta el inventario, el estudio, la catalogación y la salvaguarda del patrimonio cultural nacional.

Otro de los retos para estas instituciones es que deben generar las condiciones para trabajar en equipo con un objetivo común. Para que se considere un trabajo en conjunto, este debe contar con una estructura organizativa que coadyuve a la cooperación y a la solución de problemas en equipo. Por ejemplo, para realizar un catálogo de arte sacro en el estado de Tabasco, deberían unir esfuerzos distintas instituciones, como la Secretaría de Cultura Estatal, el INAH, el INBA, las Universidades estatales, los Gobiernos Municipales y la Diócesis de Tabasco. Por ello, trabajar en equipo es otro de los retos que tienen estas instituciones, para cumplir con sus obligaciones estipuladas en la ley.

Por tal razón, considero pertinente que las instituciones encargadas de velar por el patrimonio cultural nacional tendrían que abrirse y permitir la participación de la ciudadanía que esté interesada en colaborar en la conservación, protección, restauración, recuperación y estudio de este. A partir de esa participación ciudadana, se generaría una nueva reflexión en torno al significado del concepto de patrimonio cultural de la nación. Esto nos conduciría como país a encarar estos nuevos retos y perspectivas con una visión holística, integral y propositiva.

Por otra parte, las instituciones encargadas de la conservación, protección, restauración y recupera- ción del patrimonio cultural en México carecen de personal como de presupuesto para realizar su labor. Por ejemplo, en febrero de 2022, la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH), organismo que depende del INAH, realizó una serie de paros y manifestaciones por los recortes al presupuesto que les hicieron, afectando directamente a la planta docente, a los proyectos de investigación, a los laboratorios donde hacen parte de sus investigaciones los estudiantes y académicos, como al dinero que reciben los alumnos para hacer trabajo de campo durante su formación.

Al respecto, la Asamblea General de la ENAH, señaló lo siguiente:

Continuaremos con las movilizaciones y, de considerarlo necesario, escalaremos el tono de la protesta en los siguientes días. Consultaremos ampliamente a la comunidad de profesores, estudiantes y trabajadores de nuestra escuela para definir y consensuar nuestra ruta de lucha; pasaremos de los mítines y festivales a las marchas y plantones, tomaremos edificios, museos, monumentos y zonas arqueológicas de interés nacional, organizaremos paros escalonados de 24, 48, 72 horas y, como última vía, estallaremos la huelga de ser necesario. (Vargas, 2022, párr.2)

Asimismo, hay lagunas jurídicas que afectan directamente el desempeño de los trabajadores y la salvaguarda del patrimonio. Muestra de esto, es que en la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, no se indica que estos espacios pueden tener una apertura comercial, cuando en sus instalaciones hay centros comerciales, fusiones empresariales, comercialización de productos y servicios, mercantilización de imágenes, retratos, figuras u objetos patrimoniales.

Tal situación ha generado polémicas en torno al patrimonio de la nación, como la venta del acervo cultural privado más importante del país al consorcio extranjero Citigroup. Me estoy refiriendo al acervo de Fomento Cultural Banamex, el cual cuenta con infinidad de colecciones de fotografía, de pintura novohispana, piezas de arte popular mexicano, edición de libros de arte, catálogos de exposiciones, archivo de recortes de prensa, volúmenes monográficos, el edificio del Palacio de Iturbide y el del Foro Valparaíso, tan sólo por mencionar algunas de sus propiedades; el establecimiento de Walmart en Teotihuacán y McDonald’s en los portales de Oaxaca, que son lugares de un gran valor patrimonial, o bien, la mercantilización de los artistas Frida Kahlo y Diego Rivera en una línea de perfumes y ropa juvenil (Ávila, 2022; Lara, 2005).

De igual forma, el plagio de la vestimenta autóctona por casas de moda, que van desde la mexicana Pineda Covalin, pasando por Carolina Herrera, las francesas Isabel Marant y Dior, Nestlé, la estadounidense Madewell y las españolas Mango, Desigual, Hoss Intropia y Zara (Fuentes, 2019). Como estos, hay un sinnúmero de casos y un prolongado etcétera.

Otro de los retos que tienen las instituciones de cultura es la restauración y modernización de los monumentos históricos, artísticos y arqueológicos, respecto a lo que han hecho otros países, para implementarles elementos novedosos que enriquezcan a los mismos. Estos esfuerzos se vienen haciendo desde hace dos décadas, cuando comenzaron con la renovación de los museos y con el rescate de sitios históricos, artísticos y arqueológicos. Como muestra, está la renovación de la Sala de Orientación del Museo Nacional de Antropología, que comenzó en septiembre de 2016 y concluyó en noviembre de 2018.

Cabe señalar que la Sala de Orientación, inaugurada en 1964, tiene la finalidad de darle a los visitantes del museo una idea general del contexto histórico y geográfico en el que se desarrollaron las culturas prehispánicas de nuestro país. Ahora incluye una experiencia audiovisual de 30 minutos que explica la historia de las culturas autóctonas. De esta forma, la Sala de Orientación, por donde los visitantes pasan al momento de ingresar al museo, sigue siendo la misma, pero se nutre de una inyección de tecnología del siglo XXI que hace más atractivo el aprendizaje sobre los pueblos originarios de México (Berruecos, 2018). En ese sentido, lo que se requiere es que se repliquen esos ejemplos por todo el país.

A su vez, ha habido una política de Estado para destinar los inmuebles antiguos, que tengan un valor histórico y/o artístico, a fines meramente culturales. No obstante, se necesita la colaboración de la iniciativa privada como de la sociedad civil, para utilizar esos espacios correctamente. No podemos seguir pensando que esa responsabilidad es asunto exclusivo de los gobiernos y de las instituciones de cultura. Como sociedad debemos poner nuestro granito de arena en esa labor tan importante.

Respecto a la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, es evidente que la sociedad se ha transformado, mientras que la ley no ha tenido ningún cambio significativo desde su promulgación en 1972. Lo que quiere decir que el 6 de mayo de 2022 esta ley cumplió 50 años. Pienso que medio siglo es tiempo suficiente para que se comience a dialogar y a legislar la actualización de dicha ley. Asimismo, pienso que en esta discusión no deben estar solamente aquellas personas consideradas como “especialistas” y los representantes parlamentarios, sino también aquellas personas de la sociedad civil interesadas en el tema.

A propósito de esta ley, hay otro reto importante, el cual tiene que ver con el tráfico comercial de piezas arqueológicas. Como todos lo sabemos, México es un país con una inmensa riqueza arqueológica, que los agricultores, las empresas constructoras y todo aquel que excava encuentra piezas arqueológicas en el territorio nacional. Muestra de ello, es que en septiembre de 2022, el INAH informó que en la construcción del Tramo 5 Sur del Tren Maya encontraron un complejo de más de 300 edificios, que por su dimensión obligará a realizar ajustes en el proyecto ferroviario.

Algunas de las estructuras encontradas entre Playa del Carmen y Tulum tienen más de 8 metros de altura, ante lo cual se prevé su resguardo y protección mediante la creación de un corredor ecológico y arqueológico bajo la supervisión del propio INAH (Vázquez, 2022).

Sin embargo, como está estipulado en la ley, estos objetos no los puede comprar ningún gobierno, ni empresarios, ni particulares o sociedades financieras. De tal modo, que estas piezas terminan siendo contrabandeadas como mercancía de lujo fuera del país y en muchas ocasiones son adquiridas por casas de subastas internacionales. En 2021, Diego Prieto, director del INAH, anunció que esta institución crearía una policía contra el tráfico ilegal de piezas arqueológicas, para combatir ese delito que genera miles millones de dólares en todo el mundo, al mismo tiempo que la casa de subastas Christie´s vendería en Francia un lote de 33 piezas arqueológicas de distintas culturas prehispánicas (Bautista, 2021).

Así también, nos debe preocupar la inexistencia de un fondo económico para modernizar las colecciones de los museos, ya que por falta de presupuesto salen del territorio nacional colecciones que deberíamos conservar en estos espacios culturales. Se puede afirmar que ningún museo en el país cuenta con los recursos suficientes para modernizar sus colecciones. Los gobiernos únicamente ayudan a los museos cuando estos se construyen y se inauguran, posteriormente padecen carencias.

Sobre esto, Cecilia Mingüer, exdirectora del Museo de Arte Contemporáneo de Oaxaca, expresó que:

Desde hace años los trabajadores de museos se truenan los dedos por ver de dónde obtienen recursos para subsistir, la pandemia los ha dejado en una situación raquítica, al grado que el pasado mes de mayo el Frente ProMuseos lanzó un llamado SOS al Presidente Andrés Manuel López Obrador para exigir que apoye a los recintos que anularon sus programas educativos y sociales, rompieron acuerdos interinstitucionales y disminuyeron sueldos por falta de dinero. (Góchez, 2020, párr.5)

Por lo mencionado, es inadmisible que no se haya reformado la ley, para salvaguardar el patrimonio cultural nacional ni se destinen los recursos suficientes para su atención. Tal vez se debería hacer un fondo nacional de adquisición de bienes artísticos, históricos y arqueológicos, que no permitiera salir de nuestro país esos objetos invaluables. De igual forma, deberíamos recapacitar sobre la premisa ridícula que alude que los bienes históricos, artísticos y arqueológicos no se pueden comprar ni vender, cuando nos percatamos que sucede lo contrario, como hoy pasa con la venta del acervo Banamex. Estas son cuestiones que tendríamos que reflexionar con mayor detenimiento, para regularlos adecuadamente.

Por último, quiero señalar que nosotros deberíamos ser los más interesados en estudiar la historia y el patrimonio cultural. Hoy en día, se han incrementado las investigaciones históricas, arqueológicas y antropológicas sobre estas temáticas. El problema es que en su mayoría son académicos extranjeros los que realizan estas pesquisas en nuestro país. Por tal razón, pienso que como científicos sociales deberíamos comprometernos en hacer más investigaciones sobre el patrimonio cultural de México.

III- Conclusiones

Si bien, el patrimonio cultural es frágil en sus manifestaciones tangibles, sus expresiones intangibles todavía lo son más en el mundo contemporáneo, el cual está caracterizado por una globalización desmedida y acelerada en las esferas económicas, políticas, sociales y culturales⁸, lo que ha impactado de forma considerable en los aspectos intangibles de la cultura, como aconteció con aquellas expresiones prehispánicas que produjeron ciudades, centros ceremoniales y objetos de arte.

El hecho de que algunas de estas riquezas hayan sobrevivido entre nosotros, no significa que los bienes del patrimonio constituyan una evidencia de un pasado que se valora y protege por su valor intrínseco. Se trata de elementos que se entretejen de hecho en prácticas vivas de la sociedad. (Gutiérrez, 2004, p. 7)

La asimilación del patrimonio cultural nacional obedece a una perspectiva peculiar, determinada por criterios estéticos e históricos que fueron establecidos por la oligarquía, quien otorgó un valor a los elementos materiales de la cultura.

No obstante, ha llegado el momento de que se instaure una concepción más humanista comprometida con la salvaguarda del patrimonio cultural, porque tan significativo es el patrimonio material como el inmaterial, puesto que este también es parte del patrimonio nacional de México.

Por tal razón, debemos concientizar a la sociedad a través de una idea antropológica humanista, la cual esté orientada a destacar la importancia de valorar la investigación, la protección, la conservación, la restauración y la recuperación del patrimonio tangible e intangible en el país.

De esta forma, la noción de diversidad cultural pasará a ser trascendental en las cuestiones relativas sobre el patrimonio, lo que nos llevará a admitir que en este terreno existe la viabilidad para la creación de más y mejores espacios culturales municipales, estatales y nacionales, que puedan llegar a contribuir en el desarrollo sociocultural de la población en México. Sin embargo, la sociedad debe considerar la prioridad de los elementos patrimoniales y definir los usos que desean hacer de estos lugares, no con una mentalidad de nostalgia, sino con una mentalidad de conciencia.

Referencias

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Notas

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