Artículos de reflexión derivados de investigación

Dinámicas y conflictos por acaparamiento de la tierra en la Orinoquía y Amazonía colombiana

Land Grabbing Dynamics and Conflicts in the Orinoquian and Amazonian Colombian Regions

Burbano Narváez, Luis Alfredo

Luis Alfredo Burbano Narváez

albur@redcolombia.org

CEDINS Colombia

Revista Kavilando

Grupo de Investigación para la Transformación Social Kavilando, Colombia

ISSN: 2027-2391

ISSN-e: 2344-7125

Periodicidad: Semestral

vol. 14, núm. 1, 2022

revistakavilando@gmail.com

Recepción: 05 Enero 2022

Aprobación: 20 Abril 2022

URL: http://portal.amelica.org/ameli/journal/377/37737333773733005/

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Resumen: El acaparamiento y extranjerización de tierras busca forzar un cambio en el uso y el modelo económico, pasando así de dinámicas de economías campesinas, étnicas o comunitarias a usos agroindustriales, legales o ilegales. Los actores que mueven estas dinámicas son tanto empresas transnacionales, como monopolios nacionales transnacionalizados que, contando con un entramado de poder político y económico se hacen a las tierras, muchas veces violando la ley o haciéndo trampas a la legalidad. Es el caso de la región de la Orinoquía y la Amazonía en el país.

Palabras clave: Acaparamiento de tierras, Despojo, Violencia, Monopolios, Desarrollo, Amazonía, Orinoquía.

Abstract: Land grabbing and land alienation seek to force a change in land use and economic model. Thus, shifting from peasant, ethnic, or community economies to legal or illegal agro-industrial uses. The actors driving these dynamics are both transnational companies and transnationalized national monopolies which, by relying on a network of political and economic power, take control of the land, often, by violating the law or cheating legality. This is the case of the Orinoquian and Amazonian regions of the country.

Keywords: Land Grabbing, Dispossession, Violence, Monopolies, Development, Amazonian, Orinoquian.

Introducción

El proceso de acaparamiento y extranjerización de tierras, alimenta el ya histórico conflicto social y político, abriendo nuevos frentes de choque y conflictividad, que extenderán hacia el futuro las dinámicas de violencia, despojo y resistencias que se multiplican en el país desde hace más de 50 años.

En la consolidación de un régimen alimentario hegemónico global, a la medida de los monopolios transnacionales (McMichael, 2015) la compra, arrendamiento, despojo, contratación bajo modalidad de leasing de tierras, en países principalmente latinoamericanos, africanos o asiáticos, juega un papel central, como motor de la acumulación capitalista.

Este régimen alimentario hegemónico tiene como base la lógica de la globalización neoliberal, acentuando la división internacional del trabajo agrícola, la monopolización y concentración de los graneros en el norte global, un comercio mundial de alimentos dominado por los excedentes del norte, la imposición de aranceles al comercio del sur y el acaparamiento de tierras, dejando como resultado un sistema agroalimentario global industrial que arrasa las culturas alimentarias locales, la soberanía alimentaria y agrava la debacle climática y ambiental que amenaza con extinguir el planeta.

Colombia, país dependiente adscrito a la dominación y sujeción de los poderes globales, no ha estado exento de la aplicación de políticas y medidas con enfoque extractivista y se le asigna un papel en la división internacional del trabajo agrícola, el cual es proveer de determinadas materias primas y alimentos de consumo directo, a los centros capitalistas globales y a los países del llamado primer mundo. Esto implica reordenamientos forzosos de los territorios y del uso del suelo.

El acaparamiento y la extranjerización de la tierra ha estado en el debate público desde el año 2010, cuando se conoció de la adquisición aparentemente legal de tierras por parte de la transnacional Cargill en la Orinoquía colombiana. (Oxfam, 2013). A partir de ese momento fueron saliendo a la luz compras masivas de tierras que se venían haciendo en estos territorios, por lo menos desde el 2002, transacciones que han sido monitoreadas, denunciadas y rechazadas tanto por movimientos campesinos y ambientales, bancadas parlamentarias de oposición, como por la academia crítica.

Este artículo pretende hacer una caracterización general sobre el problema del acaparamiento de tierras en la Orinoquía y Amazonía colombiana, los cambios de uso de la tierra y las formas y sujetos implicados en esta forma de despojo.

Problema agrario y estructura de la tenencia de la tierra en Colombia

Colombia tiene una de las estructuras agrarias más desiguales del continente, desigualdad que se ha convertido históricamente en una de las causas del conflicto social, político y armado. Este problema y conflicto por la tierra y el territorio, se expresa en forma de un entramado complejo de procesos de largo plazo, entre los cuales Machado destaca:

La concentración y el acceso inequitativo a la tierra; conflictos por el uso del suelo; el despojo y abandono de la tierra generado por actores violentos pero también por el mercado (tema en discusión); el poder fundamentado en su propiedad, la violencia e ilegalidad; la tierra tomada como factor especulativo y de baja tributación; el uso de la misma como instrumento de guerra y el lavado de activos de capitales ilícitos; la alta informalidad en cuanto a la tenencia de la tierra; y la falta de un sistema de información moderno y actualizado de catastro. (Machado, 2012)

La tierra y el territorio, su tenencia y usos, sigue estando al centro del conflicto social y político, con expresiones armadas que se desarrolla en el país. El despojo de los territorios, la implementación del extractivismo violento, el desplazamiento forzado y la destrucción de ecosistemas, son los resultados de este alto nivel de contradicciones y conflictividad. Conflictos que se siguen alimentando por las lógicas del capital, ampliados por la necesidad de seguir acumulando riqueza, hoy en medio de una revolución científico técnica e industrial que sigue demandando tierras para la implementación de nuevas y potentes formas productivas.

Sobre la tierra y los territorios se aplican tecnologías con el objetivo de elevar su productividad, controlar las condiciones ambientales y sincronizar los ritmos productivos con el mercado global de alimentos. La llamada “agricultura digital” o “agricultura con tecnologías de precisión” conecta la tierra y sus condiciones ambientales, con plataformas de software que leen y analizan las condiciones de producción, imponiendo paquetes tecnológicos con semillas mejoradas y agro tóxicos que garanticen los rendimientos esperados en los mercados. (Clapp & Ruder, 2021)

Y aún más, puesto que se realizan ediciones del ADN, agregando o quitando rasgos y patrones genéticos, que darán como resultado un alimento vegetal con sabores, consistencias, contenido nutricional, tamaño, a la medida del mercado (Clapp & Ruder, 2021). Por supuesto la edición del genoma de las plantas permite a las grandes corporaciones alimentarias, optimizar los costos de producción y mercadeo.

Los datos, su gestión y control, se convierten en un factor de poder, puesto que la información que de ahí se deriva, orienta el desarrollo de los negocios globales alimentarios. También plantea retos y nuevos escenarios de conflicto al campesinado y comunidades locales, quienes, sin acceso a la información, son impactados por nuevas oleadas de despojo o de llegada de inversiones transnacionales.

Estos conflictos complejizan y vuelven aún más inequitativa la estructura agraria del país. Según datos del último Censo Nacional Agropecuario, realizado en el 2014,

El 70,4% de las Unidades de Producción Agropecuaria (1.669.287 unidades) tiene menos de 5 hectáreas y ocupa el 2,0% (2.160.347 ha) del área rural dispersa censada.

Mientras que el 0,2% de las UPA tiene 1.000 hectáreas o más y ocupa el 73,8% del área rural dispersa censada.

El 45,7% de las personas que habitan en el campo, están en condición de pobreza. Pero en los departamentos de la Amazonía y Orinoquía, tales como Vichada, Guainía y Vaupés, la pobreza es de más del 67%.

En cuanto a las áreas de Parques Naturales Nacionales, el censo revela predominancia de los bosques naturales, con 89,3% (11,5 millones de hectáreas), mientras que el 9,9% presenta una cobertura de uso agropecuario y pastos (1,2 millones de hectáreas). (Minagricultura y Dane, 2016)

Esta situación socio económica y de tenencia de la tierra se refleja finalmente en el índice de concentración que es medido por el indicador Gini, según el cual Colombia es el país de Latinoamérica con más desigualdad en la tenencia de la tierra, pues 1% de las explotaciones de mayor tamaño controlan el 81% de la tierra, mientras que el 99% restante se aglomeran en el 19% de la tierra. (Oxfam, 2017).

Es en medio de esta inequidad histórica, acelerada por el conflicto armado y las necesidades del capital global, donde se enmarcan las dinámicas de acaparamiento de tierras en el país.

Acaparamiento de tierras, necesidad vigente del capital transnacional

La tierra fue, y sigue siendo, un medio de producción fundamental para el desarrollo y la acumulación de capital. En los albores del capitalismo, miles de productores libres y campesinos fueron despojados de su tierra, de donde derivaban su sustento, en un doble fenómeno violento que permitió la acumulación originaria de capital: por una parte, al ser expropiados y expulsados de sus tierras, se creó una masa de proletarios libres, que se incorporaron al régimen salarial, como poseedores únicamente de su fuerza de trabajo. Por otra, las tierras despojadas se incorporaron al régimen de producción capitalista. Dice Marx:

La expropiación de la gran masa del pueblo, privándola de la tierra y de los medios de vida e instrumentos de trabajo, esta horrible y penosa expropiación de la masa del pueblo forma la prehistoria del capital. Abarca toda una serie de métodos violentos, entre los cuales sólo hemos pasado revista aquí a los que han hecho época como métodos de acumulación originaria del capital. ( (Marx, 1990)

Y así mismo

La “Glorius Revolution” (Revolución Gloriosa), llevó al poder, con Guillermo III de Orange, a los terratenientes y capitalistas productores de plusvalor. Ellos consagraron la nueva era realizando en escala colosal el robo de dominios fiscales, perpetrado hasta el momento en dimensiones modestas. Estas tierras eran regaladas, vendidas a precios irrisorios o bien anexadas por usurpación directa a fincas privadas. (Marx, 1990)

Estas dinámicas no han desaparecido, más bien se complementan con nuevas formas de despojo, en una permanente extensión del proceso de acumulación originaria, que David Harvey conceptualiza como acumulación por desposesión. (Harvey, 2005).

Sin dejar las formas violentas de expulsión, amenaza y asesinato, hoy la acumulación por desposesión se nutre de las ventajas que otorga el desarrollo de la ciencia y la tecnología, como por ejemplo el acceso privilegiado a la información sobre los predios y territorios, las cotizaciones en bolsa de productos agrícolas a futuro, el conocimiento sobre las condiciones climáticas para la producción, entre otras, que no poseen los propietarios y propietarias de los predios, generalmente campesinas y campesinos o comunidades indígenas y afrodescendientes, sino que es conocimiento monopolizado por gobiernos del norte global y las corporaciones transnacionales.

El engaño, la presión jurídica a través de grandes compañías de abogados o la promesa de distribución de futuras utilidades en falsas y asimétricas asociaciones, son las formas en que grandes corporaciones transnacionales, empresas y terratenientes monopolistas nacionales se quedan con la tierra.

El acaparamiento de tierras no ha cesado un solo momento, desde la configuración de las relaciones socio económicas capitalistas, aunque se pueden identificar ciclos al alza o a la baja de estas prácticas. Hoy estamos asistiendo a un nuevo ciclo de auge en la carrera global por el control de la tierra, para ser usadas en los procesos productivos predatorios de los agronegocios y otros usos extractivistas. (Pereira & Fernandes, 2021).

Existe un consenso en que el ciclo actual de auge en el acaparamiento de tierras, se origina en el momento de crisis capitalista global de 2008, donde se desplomó el sistema inmobiliario y financiero de los EEUU, generando, entre otros efectos, una elevación de los precios de las materias primas minero energéticas y de los alimentos, (Pereira & Fernandes, 2021) y ( (Borras, Kay, Gómez, & Wilkinson, 2013).

El acaparamiento de tierras, involucra una serie de procesos y conflictos socio económicos, políticos y ambientales, que buscan el control territorial por parte de agentes hegemónicos del sistema capitalista. (Pereira & Fernandes, 2021). En esa perspectiva se pone en juego las correlaciones de fuerza y el ejercicio del poder, para definir sobre territorios enteros y sus bienes naturales como el agua, los suelos, la infraestructura pública, la fuerza de trabajo local y las instituciones de seguridad. (Borras, Kay, Gómez, & Wilkinson, 2013).

En el caso colombiano, este entramado de relaciones de poder para el control territorial se vuelve más complejo, dada la existencia de un conflicto político con expresiones armadas insurgentes, y una fuerte presencia de grupos ligados a la industria del narcotráfico, que se diputan el control territorial, bajo la concepción de teatros de operaciones militares o para el desarrollo de negocios ilegales de carácter capitalista. Legalidad e ilegalidad, actores nacionales y extranjeros, se mezclan y confunden en prácticas de acaparamiento de las tierras, bajo la acción a veces indolente y otras activa del Estado.

Un fenómeno que destaca la centralidad del conflicto armado en la configuración del problema agrario y territorial, y de forma especial en la Orinoquía y Amazonía colombiana, se expresa en la multiplicación y agrandamiento de los conflictos por el control de la tierra luego de la firma del acuerdo de paz entre las fuerzas guerrilleras de las Farc y el gobierno colombiano.

De alguna manera las Farc ejercían, desde su poder armado, una regulación de las actividades económicas y las inversiones, en zonas diagnosticadas como de gran diversidad y riqueza natural, pero a las cuales no se podía tener acceso, incluidas algunas áreas protegidas bajo la figura de Parque Nacional Natural.

En 2017, el primer año después del desarme del grupo rebelde FARC, la deforestación en la región amazónica colombiana se disparó, más del doble de las 70,074 hectáreas (173,000 acres) del año anterior, hasta llegar a 144,147 hectáreas (356,000 acres), según la agencia de monitoreo climático IDEAM…La devastación creciente no muestra signos de detenerse pronto. Los datos satelitales muestran que se registraron cerca de 267.000 alertas de deforestación en los departamentos de Caquetá, Guaviare y Meta en una sola semana de febrero.

Sin la amenaza de las FARC, el valor de la tierra se ha disparado hasta en un 300 por ciento en San Vicente del Caguán desde que se firmó el acuerdo de paz. La inyección de capital ha ayudado a mejorar la economía, que se basa principalmente en la ganadería para la producción de leche y queso, pero ha creado un mercado especulativo en auge que impulsa el acaparamiento de tierras. Los colonizadores también están desplazando a los grupos indígenas de sus tierras ancestrales. (Volckhausen, 2019)

De igual manera, a pesar de haberse firmado un proceso de sustitución de cultivos de uso ilícito, y programas de desarrollo rural para las zonas de conflicto, el sistemático incumplimiento y la persistencia del conflicto armado a través de otros actores, generan renovados conflictos entre campesinos, Estado y fuerzas irregulares. La llamada guerra contra las drogas ha vuelto a presionar la ampliación de la frontera agrícola en la Orinoquía y Amazonía, y la fumigación de los cultivos de coca con glifosato afectan tanto los cultivos de pancoger de los campesinos, afros e indígenas, así como los componentes ambientales diversos y delicados de estos territorios.

En síntesis, tierras comunales, privadas y familiares pertenecientes a campesinos, estatales o bajo la figura de Áreas Protegidas, son objeto de despojo, enajenación o cambio de propiedad, para ser usadas en negocios legales o ilegales bajo el enfoque extractivista, en una oleada de acaparamiento y nueva concentración de tierras en manos de narcotraficantes, empresas transnacionales y terratenientes y ganaderos.

Acaparamiento y extranjerización de la tierra en la Orinoquía y Amazonía colombiana.

En el año 2013 la Contraloría General de la Nación publicó el Informe Acumulación Irregular de Predios Baldíos en la Altillanura Colombiana, donde da cuenta de los procesos complejos de adquisición aparentemente legal de tierras que serían utilizadas para proyectos de agronegocio e industrias extractivas. El Informe consolida una serie de denuncias y estudios realizados por senadores de la oposición, pertenecientes al partido Polo Democrático Alternativo, plataformas y ONG ambientalistas e investigaciones de universidades, así como las denuncias realizadas por organizaciones campesinas, afrodescendientes e indígenas. En sus primeras páginas el informe señala que:

Se detalla la información recopilada con respecto a los casos objeto de análisis: Grupo Mónica de Colombia S.A.S., Multinacional Cargill, Riopaila Castilla S.A., la Organización Luis Carlos Sarmiento Angulo - Corficolombiana, Fiducia Helm Trust S.A. Predio “El Brasil”, The Forest Company (Wood / Timberland - Holdings Limited), Agroindustria Guarrojo S.A., Carlos Aguel Kafruni, Aceites Manuelita S.A., Poligrow Colombia Ltda., familia Lizarralde - Ocampo, familiares del ministro del interior Aurelio Iragorri y Camilo Pabón Puentes, quienes de manera directa o a través de empresas constituidas para el efecto, adquirieron y acumularon de manera irregular predios originalmente baldíos contrariando lo dispuesto en el artículo 72 de la Ley 160 de 1994. (Contraloría General de la República, 2013).

El listado de algunos de los involucrados permite entender el entramado de poderes económicos y políticos, nacionales y extranjeros, que están detrás del acaparamiento de tierras en el país. En él se encuentran subsidiarias de Empresas Transnacionales norteamericanas, europeas y latinoamericanas, monopolios económicos y financieros nacionales (hoy articulados a negocios y cadenas globales) y funcionarios gubernamentales de cuna terrateniente y ganadera.

En esa perspectiva, se comprende que el capital y su lógica de explotación y acumulación no tiene fronteras, pero especialmente que hay una unidad de propósitos entre las empresas capitalistas y los Estados, quienes, en últimas, facilitan el desarrollo y las operaciones de las primeras. No hay un Estado que vele por el bien común, sino uno al servicio del capital, como regla general.

Quienes, dónde y cómo acaparan tierra en la Orinoquía y Amazonía colombiana

La disputa por la tierra en Colombia, en un contexto de conflicto político armado, involucra a nuevos actores y nuevas formas de conflicto. Si bien los movimientos socio territoriales históricos (Campesinos, indígenas y afrodescendientes), encabezan las dinámicas y propuestas de lucha por la tierra y el territorio desde una perspectiva de los pueblos, desde el Estado, a través de los Planes Nacionales de Desarrollo y las actuaciones del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, se promueve el agronegocio, las inversiones de capital transnacional y el cambio del uso del suelo, por encima y en contra de las construcciones de comunidades locales.

En este contexto de inequidad de fuerzas, es que salen a flote las dinámicas de acaparamiento de tierras y el cambio, la mayor de las veces forzoso, de uso del suelo en la Orinoquía y Amazonía colombiana, teniendo como protagonistas a empresas transnacionales, fondos de inversión internacionales, grupos empresariales monopólicos colombianos, terratenientes y ganaderos, grupos armados ilegales y narcotraficantes. Hay que advertir que los grupos empresariales monopólicos nacionales, desde hace años tienen como socios a fondos de inversión internacionales. En el caso del grupo Aval de Luis Carlos Sarmiento Angulo, mencionado en el informe de la CGR, esta internacionalización data de 2014. Antes ya lo habían hecho Bancolombia, Ecopetrol y Avianca. (Ramírez, 2014).

En el caso del acaparamiento de tierras en la Orinoquía, se destaca el papel de los Fondos de Inversión internacionales:

El Black River Asset Management, un fondo de inversión del sector agropecuario, subsidiario de la empresa Cargill, que maneja activos de inversionistas como Utimco relacionado con la Universidad de Texas, La Universidad de Texas A&M, el fondo de pensiones holandés PGGM al igual que el fondo de pensiones de los profesores del estado de Illinois (OXFAM , 2013) citado por (Ortega, 2016)

Cargill es una de las mayores empresas del comercio de cereales del mundo, participa también de una parte importante del mercado de café, fertilizantes y alimentos para animales y actúa muchas veces a través de un fondo propio de inversiones, como el ya mencionado Black River Asset Management. (Ortega, 2016).

Entre los años 2010 y 2012, Cargill adquirió a través de 36 sociedades creadas exclusivamente para ese fin, 39 predios en los municipios de Santa Rosalía, Cumaribo y La Primavera en el departamento del Vichada, con una extensión total de al menos 52.575,51 hectáreas cuyo uso específico estaría destinado a la producción de maíz, soya y palma aceitera. Se pensó en ese tiempo que la totalidad de la producción sería para la exportación. (Oxfam, 2013).

Sin embargo, Cargill a partir del año 2017 se posicionó de forma monopólica en el mercado del pollo, los huevos y los alimentos procesados para animales, adquiriendo empresas nacionales líderes hasta ese momento en el sector. Para completar esta centralización del negocio alimentario, Cargill se hizo socia de tres de los principales puertos de carga del país: Buenaventura, Cartagena y Tolú. (Semana, 2020).

Cargill con esta integración vertical del ciclo alimentario avícola, controla territorialmente puertos y fincas productoras, al tiempo que va copando toda la cadena de valor nacional, de unos de los sectores más dinámicos y de mayor consumo. El acaparamiento de tierras gana con Cargill dimensiones de orden monopólico estratégico.

Pero Cargill no ha sido la única empresa extranjera en acaparar tierras en la Orinoquía colombiana. En dinámicas y acciones similares han estado involucradas al menos otras tres transnacionales:

Mónica Semillas, de origen brasileño, lleva el nombre de Mónica Marchett, hija de Sérgio João Marchett, uno de los principales accionistas de la empresa. Esta empresa es una de las principales inversoras en el proyecto de agronegocio llamado Cerrado Brasileño.

Para desarrollar sus operaciones en Colombia, Mónica Semillas constituyó en el año 2008 la empresa Mónica Colombia LTDA.

Con un capital de 4.800 millones de pesos, siendo el ciudadano brasilero, Sergio Joao Marchett, el socio mayoritario ya que aportó el 80% de los recursos, posicionándose a su vez como el gerente de la empresa. (Valencia, 2015)

Mónica Semillas actúo de la misma forma que Cargill para hacerle esguinces a las leyes colombianas, y para ello constituyó 6 nuevas empresas subsidiarias de Mónica Colombia LTDA, a través de las cuales adquirió tierras en la Orinoquía colombiana. Estas empresas fueron: Monicol LTDA/SAS, Tilava LTDA/SAS, Agrocaxias LTDA/SAS, Agromarchett LTDA/SAS, Manacacias LTDA/SAS y Catanaribo LTDA/SAS. Mónica Semillas se hizo al control de 8.886 Hectáreas de tierra en los municipios de Mapiripán, Meta y Cumaribo, Vichada. (Valencia, 2015).

En los años siguientes vinieron una serie de demandas, pleitos y multas contra estas adquisiciones fraudulentas, pero el entramado de poder político que rodea a los inversionistas, fue aplazando o invalidando la actuación de la justicia. Para el año 2017 la plataforma Grain identificó que esas 8.886 hectáreas estaban sembradas en soya y maíz. (Castilho, 2017).

Timberland Holdings Limited y Wood Holdings Limited, subsidiarias de The Forest Company y con sede en Islas Vírgenes Británicas, está en Colombia desde 2010 centrando su actividad en plantaciones forestales de rápido crecimiento. Según (Contraloría General de la República, 2013), citado por Ortega, esta empresa transnacional maderera adquirió en el municipio de La Primavera, Vichada, 13.248 Has, divididas en doce predios. Sin embargo, en su página web reportan que en Colombia poseen 24.172 Has, de las cuales tienen sembradas con pino 6.641 Has. (The Forest Company, 2020).

Poligrow, de capital español, es una empresa que se especializa en el cultivo de palma aceitera. Constituyó a Poligrow Colombia Ltda. en el año 2008. Poligrow compró tres predios en el municipio de Mapiripán, Meta, (Mancondo 1, 2 y 3) con una extensión de 5.577 hectáreas. (Ortega, 2016). Pero en página web, ya reporta 7.000 Has. sembradas y proyecta llegar a 15.000 hectáreas. Además, Poligrow reporta que en el 2011 constituyó, en alianza con el Ministerio de Minas y Energía de Colombia y la gobernación del Meta, una empresa que provee energía eléctrica al municipio de Mapiripán (Poligrow, 2021), en un mecanismo muy utilizado de privatización parcial de los servicios públicos denominada alianzas público-privadas.

En estos cuatro casos, de empresas transnacionales forestales y alimentarias, que fueron las más cuestionadas por acaparamiento y extranjerización de la tierra en Colombia, encontramos las siguientes similitudes:

Son empresas consolidadas que en su proyección utilizaron la compra de tierras fuera de sus países de origen para expandir sus negocios, en un momento de alza de los precios de las materias primas agrícolas y forestales y de los alimentos en general (años 2008 en adelante). Es decir, su posicionamiento y acceso a la información del mercado global, les permitió actuar rápidamente.

Utilizan fondos de inversión para sus transacciones. Entendido de otra forma, se mueven aprovechando la libre circulación de capitales y el poco control sobre los sistemas financieros para realizar inversiones de grandes masas de capital en muy poco tiempo y en cualquier parte del mundo.

Generan una serie de relaciones de poder con gobiernos y Estados, que les permite violar o saltarse las legislaciones nacionales para las transacciones de tierras, e incluso hacer inversiones conjuntas con entes gubernamentales o poderes locales. Para su llegada al país se apoyan en alianzas con empresas monopólicas nacionales y bufetes de abogados, que tienen puertas giratorias con instancias de gobierno.

Constituyeron empresas para fraccionar las compras y ponerse aparentemente en la legalidad. Los entes gubernamentales dejaron pasar estas jugadas legales y administrativas que claramente tenían la intención de acaparar la tierra.

A pesar de los intentos de movimientos socio territoriales y entes de control para revertir o frenar el acaparamiento de tierras, todas siguieron sus operaciones y negocios, algunas aumentando las hectáreas inicialmente adquiridas y desarrollando plenamente el agronegocio.

Pero en el acaparamiento de tierras en la Orinoquía y Amazonía no solo participan empresas transnacionales, sino, que como se dijo antes, monopolios nacionales en tránsito a expandirse a todo el continente. Entre ellas se destacan:

Corficolombiana, que al día de hoy es el más grande holding de inversiones del país, perteneciente al grupo empresarial de Sarmiento Angulo. Corficolombiana tiene inversiones en 5 áreas estratégicas, entre ellas la agroindustria, donde desarrollan negocios en caucho, palma, algodón, arroz, heno, piscicultura y ganadería. (Corficolombiana, 2021). Al igual que lo hicieron las empresas transnacionales mencionadas anteriormente, Corficolombiana constituyó empresas con otra razón social para comprar tanto predios baldíos, como otros que habían sido entregados en procesos de reforma agraria. En total entre 2011 y 2012 se quedaron con 14.710 Has. en los municipios de Puerto López y Puerto Gaitán, Meta (Contraloría General de la República, 2013)

Grupo económico Manuelita. Este monopolio, inicialmente nacional, pertenece a una familia de terratenientes y luego capitalistas agroindustriales: los Eder. Como lo indican en su sitio web, se dedican tanto a la producción de azúcar, como al procesamiento de agrocombustibles derivados de caña y palma aceitera. (Grupo Manuelita, 2021). Durante la carrera por acaparar tierras de los años 2008 a 2013, el Grupo Manuelita a través de varias subsidiarias se apoderó de 5.884 Has. en el municipio de San Carlos de Guaroa, Meta. (Contraloría General de la República, 2013).

En la actualidad el Grupo Manuelita es un socio importante del mercado de aceites de palma con Holanda, que compite en el mundo a través de su transnacional Unilever, en Colombia representada por su subsidiaria Unipalma S.A, que a su vez tiene como socios a Corficolombiana y a la Federación Nacional de Cafeteros. (Delgado, 2020)

Con estos dos ejemplos, de la participación de empresas monopólicas nacionales, podemos inferir:

Que los monopolios nacionales se expanden a través de alianzas con empresas transnacionales, de quienes aprenden y aprovechan los circuitos de acumulación y comercio globales.

Que, al ser constituidos por oligarquías locales, con fuerte incidencia sobre estados y gobiernos, les abren puertas, relaciones y venden información a empresas transnacionales para el desarrollo de sus inversiones. El capital compite, pero también coopera.

Ganadería y cultivos de uso ilícito: nuevas dinámicas que empujan el despojo y acaparamiento de tierras.

A la par que se consolidó el modelo del agronegocio en la Orinoquía, hacia la Amazonía se expandieron las dinámicas de acaparamiento y cambio del uso de la tierra con el establecimiento de grandes fincas ganaderas, extracción legal e ilegal de minerales, actividad petrolera, construcción de infraestructuras y el agronegocio de cultivos para el narcotráfico.

Para este trabajo son de especial interés la expansión de la ganadería y los cultivos de uso ilícito, puesto que afectan tierras de comunidades indígenas, tierras de campesinos y territorios ordenados como Parques Naturales Nacionales. Dentro de las áreas más afectadas se encuentra el Área de Manejo Especia de la Macarena AMEM, dentro de la cual se localizan 4 Parques Naturales Nacionales: Macarena, Picachos, Tinigua y Sumapaz; además de resguardos indígenas, Distritos de Manejo Integrado, Reservas forestales y Zonas de Reserva Campesina ZRC. (FCDS, 2021)

En el AMEM y Noroccidente de Amazonía en 2019 se contaba con 3.734.770 ha de bosques, que disminuyeron a 3.638.340 ha en 2020; es decir, se perdieron 96.430 ha, a una tasa anual de deforestación de 2.6%. Allí se concentra más del 60% de la deforestación colombiana en el periodo 2019-2020.

De los 14 municipios que cuentan con jurisdicción en el área, entre 2019 y 2020 el 54% de la deforestación se concentra en La Macarena (14.489 ha), San Vicente del Caguán (13.131 ha), Vistahermosa (13.018 ha) y San José del Guaviare (11.492 ha). Entre Puerto Rico, Cartagena del Chairá, Calamar y Uribe la deforestación fue de 30.544 ha, correspondientes al 32% de la deforestación total. (FCDS, 2021b)

La deforestación para incorporar tierras al uso agrícola, es la primera parte de una cadena de varios tipos de agronegocio y ganadería.

Según la (Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), 2018), citado por (DNP, 2020) :

El establecimiento de actividades ilegales conllevan el cambio de uso de suelo en los territorios y ocasiona pérdidas irrecuperables en la biodiversidad del país, esto se debe a que las actividades ilegales dinamizan la deforestación y otra serie de actividades como la praderización del bosque, la compra y concentración de tierras o el incremento de la ganadería extensiva; esto obedece a que la deforestación en Colombia responde en parte a una relación directa con mercados y cadenas ilegales. (DNP, 2020)

La instalación de fincas ganaderas, para producir leche o para venta de carne, así como el despojo y apropiación de tierras para cultivos de coca, marihuana o amapola, implican un círculo vicioso y perverso, donde no es fácil a veces identificar a los actores de los eslabones más rentables.

En el extremo más precarizado está el campesinado que se ve empujado a ampliar la frontera agrícola para tener un pedazo de tierra, sembrar coca o tener unas cuantas vacas. Esta tierra es despojada por ganaderos medianos, que a la vez aprovechan las inversiones estatales en infraestructura y los créditos. Por último, llegan los grandes ganaderos, agroindustriales o mafiosos, que “compran veredas completas, mecanizan los suelos, llevan a cabo una ganadería extensiva con mejoramiento genético, y remueven con retroexcavadora lo que queda del bosque”. (FCDS, 2020).

La cadena de valor de la leche está identificada. Para el caso del amazónico departamento del Caquetá, “el 42 por ciento de la distribución de leche, de acuerdo con el Comité departamental de Ganadería de Caquetá, corresponde a Quesería Rural; un 52 por ciento, al acopio de industrias transformadoras y un 5 por ciento es vendida a Nestlé, multinacional que les compra a 750 productores certificados en el departamento.” (Valenzuela, 2021).

No ocurre lo mismo con el comercio de ganado en pie o en canal. Se mencionan algunos frigoríficos como Guadalupe S. A.S., San Martín de Porres Ltda. de Bogotá y centrales ganaderas de Medellín y Cali. (Valenzuela, 2021).

Sin embargo, tanto el ganado bovino criado en estos márgenes de la frontera agropecuaria, con bajos costos en mano de obra y en tierras (ganadería extensiva), como el que se levanta con paquetes tecnológicos, empieza a ser muy competitivo en el mercado global. Según el portal Contexto Ganadero, las cifras de exportación de carne y de animales en pie viene creciendo:

De enero a julio de 2021 Colombia exportó USD 120 millones (29 031 toneladas) en carne bovina mientras que en todo el 2020 las ventas internacionales de la proteína alcanzaron USD 123,3 millones (34 124 toneladas) … El pódium de países que más compran carne 100 % colombiana lo integran Chile, en el primer puesto, con 4.347 toneladas (USD 22,7 millones); le sigue Rusia con 4.798 toneladas (USD 17,7 millones); y luego Hong Kong, 3.624 t (USD 16,5 millones). (Contexto Ganadero, 2021).

El acaparamiento de tierras es un medio para anclarse en la cadena global de los cárnicos. Consumidores globales no saben o no les interesa la forma en que se produce la carne que consumen y las graves violaciones a los derechos humanos que sirven de contexto a estos negocios.

En cuanto a la cadena global del procesamiento de cocaína, el eslabón de la producción de hoja de coca sigue teniendo en Colombia un peso significativo. Este eslabón igualmente tiene en la base a miles de campesinos pobres que amplían bajo presión la frontera agrícola. A partir de ahí entran en operación una serie de actores económicos locales, nacionales y globales, que actúan en los procesos de asistencia técnica a los cultivos (semillas mejoradas, paquetes tecnológicos para mejorar la productividad), en el procesamiento del clorhidrato de cocaína, en la compra local y luego el comercio global.

Si bien el comercio de cocaína al por mayor es ilegal, la cadena de valor que lo soporta no se podría realizar sin el entramado legal y el uso de tecnologías que van desde mejoramientos genéticos de la planta, el uso de la infraestructura de transporte global, marítima y aérea, hasta su articulación con el sistema financiero que apalanca el negocio. (Saviano, 2014).

Según UNODC (2021), en Colombia “El área sembrada con coca alcanzó 143.000 hectáreas a 31 de diciembre del 2020… De los 20 departamentos registrados con coca en el 2020, cinco concentran el 84 % del área total con coca; en su orden, Norte de Santander, Nariño, Putumayo, Cauca y Antioquia.” (UNODC Colombia, 2021).

Como se dijo más arriba, el establecimiento de cultivos de coca y otros de uso ilícito, tiene su eslabón inicial en procesos de despojo, acaparamiento y cambio forzoso del uso del suelo, tanto sobre tierras de propiedad colectiva, individual y tierras de propiedad del Estado, bien sea ordenadas como Áreas de protección o baldíos. Para el interés de este artículo señalamos el siguiente balance de hectáreas plantadas en coca en el año 2020, en tres subregiones de la Amazonía y Orinoquía:

(UNODC Colombia, 2021)

En el Mapa No.1 se observa la dinámica de extensión del acaparamiento de tierras y los municipios afectados por cambios de uso del suelo en el período 2010-2020. Incluye datos parciales tanto de establecimiento de agronegocio legal, ganadería y agronegocio ilegal, principalmente cultivo de hoja de coca.

Espacialmente se observa un desplazamiento y ampliación del territorio afectado por cambio de uso, de la Orinoquia a la Amazonía. Tanto la industria legal de la ganadería como la ilegal del narcotráfico, utilizan la deforestación mediante la quema de la selva, para apropiarse de grandes extensiones de tierra e implantar los negocios. En los últimos meses este despojo o apropiación ilegal afecta no solo a territorios de comunidades indígenas y campesinas, sino al sistema de parques y áreas protegidas.

Mapa No.1

Fuente: El autor, con datos de Oxfam (2013), Contraloría General de la República (2013), UNODC (2021) y FCDS (2021)

Conclusiones

El acaparamiento de tierras, para forzar un cambio en el uso, pasando de dinámicas de economías campesinas o comunitarias, a usos agroindustriales, legales o ilegales, se ha normalizado en el país, siguiendo una curva ascendente y afectando cada vez más municipios de la Orinoquía y Amazonía colombiana.

Los actores de estas dinámicas son tanto empresas transnacionales, como monopolios nacionales transnacionalizados, que, contando con un entramado de poder político y económico, adquieren tierras, muchas veces violando la ley o haciéndole trampas a la legalidad. Una de las formas más comunes de saltarse la ley es la constitución de un sinnúmero de empresas fachada temporales, a través de las cuales adquieren grandes extensiones de tierra fraccionando la compra.

El acceso y control de las tecnologías de la información y los datos, les permite a estas empresas ganar una posición privilegiada al momento de pujar por un territorio especifico, del cual ya conocen sus condiciones ambientales y productivas. Así mismo, al desarrollar el agronegocio, imponen paquetes tecnológicos que mejoran la productividad y hacen competitivo el proceso.

En la Orinoquía y Amazonía colombianas, se configura un paulatino copamiento de territorialidades indígenas, afrodescendientes, campesinas y estatales, para ser sustituidas por agronegocios legales e ilegales, y por industrias extractivas. Geográficamente, el proceso se extiende desde norte y occidente amazónico, hacia el sur oriente de la región. Demográficamente de las zonas más pobladas hacia las más alejadas dónde se ubican la mayoría de territorialidades indígenas.

El proceso de acaparamiento y extranjerización de tierras, alimenta el ya histórico conflicto social y político, abriendo nuevos frentes de choque y conflictividad, que extenderán hacia el futuro las dinámicas de violencia, despojo y resistencias que se multiplican en el país desde hace más de 50 años.

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