A modo de introducción

La zona norte, específicamente el sector entre Chagualo y Moravia, está perfilado como el epicentro del “distrito especial de Innovación” planteado en el POT 2014-2026, con la pretensión de un entorno de “industria del conocimiento” (Binimelis Espinoza, 2009). La construcción del estereotipo de ciudad basado en “la innovación tecnológica” (Ruta N, 2016), es una idea réplica inspirada en el prototipo 22@Barcelona, transformación urbana en el sector de Poblenou que culminó en 2007, donde se renovaron 200 hectáreas de suelo industrial en un innovador distrito productivo, al que se doto de espacios modernos y tecnológicos en el centro de Barcelona para la concentración estratégica de infraestructura de conocimiento; adaptación a la colombiana que se hace forzando el contexto sociocultural y la subjetividad que se ha construido en dicha territorialidad. Lamentablemente, se siguen buscando las transformaciones “río arriba”, con el agravante para la economía de las mayorías que se ocasiona en las alianzas o mixturas público-privadas a la hora de intervenir la infraestructura urbana. Asunto que sigue dejando muchos interrogantes, por su trasfondo problémico, nombrado como la privatización de los recursos y los espacios públicos (Cisneros, 2007).

Es así como encontramos que el ideario de renovación es de un gran interés para la clientela urbanística neoliberal, escenario a donde llevan todos los caminos en las innumerables inversiones de la política modernizante de los últimos 30 años en la ciudad. Estas clientelas, al parecer, tienen hoy un premio mayor, pues al formalizarse la conversión municipal a “distrito especial”, habrá un aumento en las transferencias del Sistema General de Participaciones (SGP), allí está en juego la expectativa de la contratación. Los privilegios de las arcas nacionales, por ser una política de innovación, tienen que ver con beneficios arancelarios y menos impuestos para las empresas de tecnología nacionales y extranjeras que deseen establecerse en Medellín, como una especie de zona franca de negociantes de las tecnologías de punta. Pero aun esa ruta no existe legislativamente, la tienen en la incubadora.

En la “zona norte” entre Chagualo y Moravia, un nuevo gremio impulsa el “cambio”, la convergencia de instituciones públicas y privadas interesadas en la gestión de proyectos y vinculadas a la dinámica de la tecnología, la administración de la salud, las comunicaciones y la Información, logran articularse como fuerza, impulsan una mesa de trabajo y logran construir la planeación institucional estratégica del territorio en cuestión, potenciando una única vocación para los suelos focalizados “con un propósito educativo comercial y de servicios”, con la excusa de “ formular los proyectos claves para el desarrollo del sector”, sin otro diagnóstico que sus intereses, logrando utilizar los estamentos públicos, para conjugar proyecciones que desde la administración municipal, se nombran como la “renovación de la Zona Norte”, sin que la comunidad “de a pie” tenga voz en tal convergencia decisoria. Como lo plantea un habitante del sector: “El comité interinstitucional (UdeA, Ruta n, Explora y otras empresas del sector) se apropió de la planeación del territorio sin convocar a la ciudadanía” (Villa Holguín, & Insuasty Rodríguez, 2014)¹

Que la comunidad no participe es muy grave, teniendo en cuenta la magnitud de las obras y lo que significan los cambios de infraestructura para la mayor parte de los habitantes que han construido su tejido territorial en esa zona de la ciudad. Según los testimonios de personas habitantes del sector, no se realizó ningún encuentro para debatir las propuestas con la comunidad. Y si no son los moradores en el territorio los que, en diálogo y concertación con la administración, generan los mecanismos de planeación de las transformaciones de las condiciones y posibilidades desde las comunidades, se podría concluir que son solo los dueños y los representantes de las entidades privadas que usufructúan el sector quienes terminan beneficiados de la alianza con lo estatal, que no necesariamente ha significado interés o beneficio público.

Si el derecho a la participación se garantizará en la planeación de la ciudad, otros actores sociales, como lo son los procesos organizativos comunitarios que se asumen como sujetos del cambio, podrían aportar para que el ordenamiento territorial sea realmente legítimo, relevante y pertinente. En el plano de lo real y concreto, son algunos pocos los que planifican y usufructúan, además del suelo, los dineros públicos con sus propuestas, para que las mayorías vivan en proyectos ajenos a sus propios territorios e intereses como comunidad, es allí donde las disonancias, los descontentos y las resistencias sociales cobran sentido.

Aspectos metodológicos

El accionar metodológico del que se deriva esta reflexión tiene que ver con un escenario de investigación generado en la alianza Redipaz, al que se denomina laboratorio urbano, desde donde se realiza un acompañamiento formativo a las comunidades moradoras en tópicos como la planeación territorial, la incidencia pública y defensa del territorio en el contexto urbano, a partir de lo que Orlando Fals Borda nombraba como Investigación Acción Participante: “experiencia del conocimiento, que llega hasta el punto de romper la tradicional vinculación de subordinación entre investigador e investigado en las tareas implicadas” (Fals Borda, 1993, p. 13).

Se buscó mantener el vínculo entre comunidad y proceso, consolidando un plan con las organizaciones de moradores, tratando de fortalecer las iniciativas de cambio y transformación de cara a las propuestas de ciudad desde la expectativa de las comunidades moradoras. Con alrededor de 70 personas participantes, se plantearon, de forma grupal, algunas herramientas jurídicas, formativas y comunicativas de defensa del territorio de las poblaciones de moradores afectadas por los proyectos de ciudad. Se realizaron algunos ejercicios cartográficos para ubicar gráficamente los territorios y allí identificar puntos de intervención, disputa y problemáticas derivadas de ello en los territorios.

Con la participación de las poblaciones moradoras afectadas por los megaproyectos de modernización de la ciudad, se logran caracterizar los contextos con la intención de focalizar las problemáticas, que se fueron especificando en reuniones por subgrupos y entrevistas colectivas; todas las acciones, desde el principio, llevadas a cabo de acuerdo y con el consentimiento con las personas participantes. En dichos espacios se logran nombrar y visualizar sucesos del contexto inmediato de los participantes, quienes logran mapear y reflexionar las situaciones problema que ocurren dentro de las comunidades, igual que los actores e intereses en tensión buscando ocuparse colectivamente de indagar las medidas adoptadas por la administración en los territorios, para proponer alternativas de defensa desde la perspectiva territorial.

En paralelo a la propuesta de identificar y problematizar el plan municipal de desarrollo y el POT. 2014. (el plan del antagonista) desde el equipo metodológico se escucha y se pregunta, tratando de fomentar la construcción de un plan participativo por parte de la comunidad. Asunto que tiene una gran cantidad de implicaciones formativas, partiendo de la necesidad de conocerse y reconocerse en términos de quiénes, y cómo plantear el problema, para revertir el plan antagonista.

A modo de contexto

¿Qué viene sucediendo políticamente para que se den las últimas transformaciones planteadas en los planes de ordenamiento territorial y en los planes de desarrollo, específicamente, las que tienen epicentro entre Chagualo y Moravia en la zona norte?. Cuando la ciudad sea formalmente distrito especial, se supone tendrán más autonomía financiera y podrá acceder a beneficios en materia tributaria, fiscal y administrativa contemplados en la Ley 1617 de 2013, que enmarca las facultades, instrumentos y recursos de los distritos en el país. Y a partir de allí enfocarán los presupuestos y objetivos de la municipalidad según las expectativas de la ciudad. Pero ¿cuáles son esas expectativas y cómo se han construido desde el punto de vista de los habitantes de Medellín?

Según la información consultada, la administración de la “Bella Villa”, concretamente, desde 2013, guiada por las mesas de convergencia de los mercaderes de la “economía del conocimiento”, prosiguen las adecuaciones locativas inconsultas, entre Chagualo y Moravia, logrando localizarlo como perímetro a intervenir desde el POT, formalizando así la expropiación de los hogares de los moradores de la zona, generando además muchas incertidumbres en términos de lo que implicaría un nuevo reordenamiento territorial para la ciudad.

Se entiende así, el por qué las últimas administraciones de la ciudad de Medellín y el área metropolitana, de la mano los sectores políticos afincados a la región antioqueña, como trabajadores de grupos muy especiales de las elites locales y de hegemonías internacionales, que vienen acuciosamente consolidando un accionar legislativo, para elevar a la categoría de “distrito especial” a la ciudad de Medellín. Al presente sabemos que la iniciativa sigue una ruta de interés en el Congreso de la República, que al 2022 tendrá ya algunos frutos y usufructos.

Hay varios frentes en el congreso colombiano que van a todo motor en la maratónica idea de impulsar actos legislativos, a como dé lugar, que lleven a tal fin, uno tras otro: es decir, primero, lograr que sea distrito especial de innovación y luego legislar para que otras reformas posibiliten sacar ventajas concretas de este tipo de honores, pues según las proyecciones de esos grupos políticos y sus financistas, la ciudad tendrá grandes beneficios, uno muy especial el de las zonas francas. Esto último es el sustento del argumento de la gerencia del centro, que se puede parafrasear en lo imprescindible y conveniente que es para la administración “la focalización económica del suelo, del centro de la ciudad” (Ospina Trejos, 2019, p. 21).

Pero, ¿para qué y para quién?, estas preguntas implican la búsqueda del tesoro que está en juego y que, por ahora, para efectos del marco legislativo hace que se alineen los astros que le patinan a los proyectos por conveniencia particular en el Congreso colombiano y que en el mundo mediático los presenta como enfrentados (la bancada del Centro Democrático de la región y los parlamentarios vergonzantes que representan “por separado” al Grupo Empresarial Antioqueño y al alcalde Daniel Quintero).

En esta búsqueda de transformar la infraestructura urbana de la ciudad, durante el 2021 las mesas directivas del Senado y la Cámara, votaron el documento de acto legislativo 03/2020, por el cual se crea la nueva entidad territorial y otorga la calidad de Distrito especial de ciencia, tecnología e innovación a Medellín y el proyecto de ley orgánica que es el que determinará el marco normativo para la financiación de tal figura. Las preguntas seguirán rodando en torno a la perversión de la época, que se evidencia cuando al buscar el supuesto “desarrollo territorial y social” se cogobierna entre entidades públicas e intereses privados, delegando a los diferentes actores del sector privado local y multinacional la vanguardia de la gerencia del ordenamiento de sus inversiones en la ciudad, en la concreción del nuevo modelo de ocupación territorial.

La ciudadanía en general no sabe cuál es la finalidad y qué pasa con las finanzas del municipio al mutar a “distrito especial”. Se puede suponer que no le interesa, realmente es más factible que no entienda en qué consiste la magia de este cuento y cuál es la naturaleza de dichos cambios, es decir, ¿qué implicaciones tiene para la población y a quién beneficia realmente?, asunto que solo tendrá muy claro cuando le toque recibir los impactos de tales transformaciones, que históricamente han sido negativos para el ciudadano de a pie.

Se conoce también por información oficial, que, al convertirse en distrito, la ciudad tendrá que replantear su ordenamiento y con ello el fenómeno político de repartición de poderes locales. Lo concreto es que habrá variaciones por lo menos en la organización jurídica, en beneficio de las organizaciones económico-políticas que hoy controlan a “la ciudad de la eterna primavera” y su área metropolitana. Haciendo un paréntesis, el interrogante no sobra: ¿cómo será eso de nombrar alcaldes locales, cuando la “gobernanza” está secuestrada por las clientelas politiqueras, sus financiadores, los contratistas y el gobierno paralelo de quienes hacen control real del territorio a partir de las armas?

Un cuestionamiento sustancial sobre el tema, gira en las academias críticas, y tiene que ver con la categoría “distrito especial” y el apellido “de innovación”, pues al hurgar en el trasfondo de la película política, lo que al parecer mediático es convincente, para la ciudadanía crítica son solo nuevos apodos que rondan “la ciudad de los apelativos” a los que nos hemos visto abocados por los administradores de turno que se empecinan en convertirnos en la ciudad “más innovadora” o “la sociedad de las oportunidades”. En perspectiva tecnológica, en este “el país de las maravillas”, como lo planteó el propio jefe del gobierno colombiano a inicios de septiembre del año anterior, durante la inauguración de Andicom 2020: “Llegaremos a ser el Silicon Valley de la región” (Portafolio, 2020).

Los mandatarios hacen creer a los incautos, que el país y las ciudades, se posicionan a partir de las estrategias mediáticas, es así como en Medellín, cada burgomaestre viene con sus propios apelativos. Desde el 2004, en tiempos del alcalde Sergio Fajardo, se ha soñado desde el espejismo de la “ciudad más: más educada, más innovadora…” y otros rótulos propagandísticos, según el turno del cacicazgo y su séquito de contratación. Un ejemplo concreto, es qué quien ostenta hoy el trono de la ciudad, la nombra como la ‘eco-ciudad’, según sus proyecciones en una de las líneas de su Plan de Desarrollo “Medellín Futuro 2020-2023”, define: “la ciudad que promueve acciones para un crecimiento sostenible, que protege sus recursos naturales y que integra sus territorios urbano y rural…como la semilla de lo que será la eco-ciudad a partir de proyectos estratégicos” (Mercado, 2020).

En lo real y concreto, los significados que se quieren mover se mantienen en la nebulosa semántica, con poco fondo. Además de caracterizar la retórica del planeador del desarrollo, el motivo de la eco-ciudad, fuera de ser la propaganda para implementar la renovación urbanística neoliberal que está en el trasfondo, es críticamente importante visibilizar la imposibilidad de iniciativas formativa de “eco-ciudadanos”, asunto que no parece viable, mientras el recurso público, no llegue, ni sea considerado para la transformación cultural de la ciudad desde el punto de vista del habitante, para el caso, el morador entre Chagualo y Moravia. Hasta ahora la focalización en la infraestructura o el “embellecimiento” de las aceras, parece una burla a la ciudadanía, o la muestra del desconocimiento de lo que está movilizando el malestar de la gente real y concreta.

Al parecer el programa de gobierno del presente alcalde, le apuesta a trascender el apelativo y plantea concretar el “Valle de Software” soñado por sus antecesores al lograr acomodarle al suelo medellinense el carácter de “distrito”, aunque el apellido “innovación” aún no tenga asidero legal ni conceptual. Lo clave a comprender es qué “la eco-ciudad”, no podrá darse, por lo menos entre Chagualo y Moravia, para no hablar de las comunas periféricas, sin garantías sociales de vida digna para la mayor parte de la población en condiciones de subsistencia. La evidencia histórica data que los últimos 40 años de planeación de cultura ciudadana de escritorio no han servido, pues se ha ignorado al sujeto real y concreto que habita, siente y construye el territorio de acuerdo a sus circunstancias.

Es así como van sumándose más elementos a la incertidumbre de la ciudadanía crítica, que aún no tiene claro cuáles son los efectos y el devenir para los habitantes del “distrito especial de innovación” y específicamente cómo se abordarán las afectaciones de la población moradora que está ubicada en el perímetro escogido como pilotaje en el experimento, es decir la territorialidad entre los barrios El Chagualo y Moravia.

A modo de problematización

Las oportunidades que se abren desde el punto de vista del sector inmobiliario y de movilidad, en lógica de renovación urbanística dentro del plan de la “ecociudad” a partir del proyecto “valle del Software” entre Chagualo y Moravia, deja ver lo ambicioso que es el proceso, donde las transformaciones físicas y tecnológicas, tendrían que reflejarse en las mejoras económicas y sociales de toda la ciudadanía, no solo para el empresariado urbanista, mercader o el político tecnócrata. Como se ha entendido en la realidad, sabemos que no será así y nos preguntamos: ¿Qué implica para Medellín ser Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación? y ¿qué consecuencias trae para los moradores y para el territorio construido las últimas transformaciones planteadas en los planes de ordenamiento territorial y en los planes de desarrollo, específicamente, las que tienen epicentro en la zona comprendida entre Chagualo y Moravia?

La transformación neoliberal proyectada en Medellín, que hoy plantea, el “Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación”, tiene como antecedente el cambio de vocación económica y de uso del suelo, ocurrido durante la primera década del siglo XXI, desmontando la industria local, con la promesa de un tipo de transformación sociocultural basado en lo técnico-tecnológico, en lógica de una supuesta demanda laboral como ciudad “Panamericana”. La ciudad educadora proyectaba el ciudadano cosmopolita que atendería la internacionalización de la ciudad desde el bilingüismo y el emprendimiento turístico, asunto que cayó de perlas al entretenimiento de los inversores mineros, pues a inicios de la década que termina, se había instalado la ensoñación del puerto seco, pensando en el modelo de ciudad de negocios, convenciones e intercambios bursátiles, aprovechando el escenario de feria gubernamental de la locomotora minera y la bonanza de licitaciones para la mega-minería.

Un somero balance de tal agenciamiento, desde el aspecto cultural y económico, nos deja una ciudad sin industria, pero posicionada globalmente en “las narrativas del género urbano”, además del fortalecimiento el tour “mágico” por la senda de los carteles de extravagancia de los nuevos ricos y la generación del prepaguismo, como las habituadas maneras de generar ingreso, además del gota a gota y la vacuna, que suman al ochentero fomento del microtráfico de cualquier cosa que deseara consumir el visitante.

Medellín, con la creación de un distrito de ciencia, tecnología e innovación, extrapolando el modelo barcelonista en la idea que se asienten en el territorio empresas extranjeras de capital abierto, enfocadas en la industria con un alto componente tecnológico, con la promesa de la generación de empleo según las competencias técnicas, reafirma el cambio de vocación económica de la ciudad, ya no solo desde el uso del suelo sino en la proyección curricular de los centros universitarios, tecnológicos y técnicos, en función del anhelado desarrollo científico de innovación, que potencie el comercio bajo el principio del emprendimiento en el marco de la condición neoliberal.

Al leer en línea de tiempo, la transformación de la vocación económica en la pretensión oficializada de los últimos 70 años, la ciudad pasa del hito industrial (producción de textiles y comestibles) a la ciudad de los servicios y las convenciones de alianzas público-privada (centro comercial extractivo) y hoy la ciudad inteligente e interconectada (articulada a redes de conectividad y telecomunicaciones) este escalón presente prioriza los servicios tecnológicos y se especializa en la subjetividad de la mercadotecnia a partir de la idea de educación como industria, cuyo producto es hasta hoy un escenario de ciudad para el individualismo (individuo cosificado, solitario y deprimido) al que se le generan nuevas realidades y necesidades, en lógica de servicios comerciales.

El proyecto Ruta N tiene el propósito, de asesoramiento internacional en la creación de un espacio donde se concentre la infraestructura necesaria para las exigencias de la innovación pensada para el mejoramiento del comercio de la región en perspectiva del modelo económico internacional, “La ciudad se transforma según las dinámicas del mercado global y no las necesidades propias” (Villa Holguín, & Insuasty Rodríguez, 2014). Se subvalora el desarrollo con énfasis territorial y aplazando el propio bienestar social, urbano y económico de la población moradora, en sus contextos y circunstancias, pues hasta hoy es un supuesto que una gran parte de la ciudadanía tendrá ingresos a partir de la dinámica “del valle del Software”.

Hay que estar conscientes que estos cambios se hacen, sobre todo, para cumplir la exigencias del mercado neoliberal impulsado tanto por el gobierno central conocido como economía naranja, que impulsa el emprendimiento y el uso de las nuevas tecnologías para innovar en el desarrollo económico del dueño del capital en la región; lógica que responde a las exigencias económicas de los gremios colaboradores de los gobernantes a nivel nacional y local (aunque se crea una imagen social de desacuerdo en los medio de comunicación, en sus proyectos, han mostrado ser afines igual que en sus visiones de progreso), para el caso el proyecto “Valle del Software” que unifica el pensamiento burgués de la región (Centro Democrático, GEA, verdes e independientes).

Pero ¿Cuáles son los obstáculos que se le generan a la comunidad “de a pie” para que participe en las convergencias decisorias del propio desarrollo del territorio? Desde el punto de vista de algunas personas en condición de moradoras que nos compartieron sus testimonios, son varios los obstáculos, evitando que la población participe:

algunos son inherentes a las dinámicas de las comunidades y otros devienen de la acción de la institucionalidad. Entre los primeros, está el desconocimiento de las comunidades sobre lo que es, en el caso de Distrito, la renovación urbana y las consecuencias que ella trae a la vida y al desarrollo de las comunidades, Además de que existe un desconocimiento de las herramientas de defensa jurídica a las que se pueden acudir para evitar dichas vulneraciones, sumado a los niveles de "resignación" entre algunos miembros de la comunidad que asumen la idea de que no hay nada que hacer pues la normatividad establecida no admite la contradicción de las comunidades y sólo los propietarios pueden alcanzar cierto nivel de defensa y que quienes no tengan esa condición no tienen derecho "legal" al territorio”² (Villa Holguín & Insuasty Rodríguez, 2014).

La gente de a pie, tiene infinidad de demandas que implican cambios estructurales, pero no ve como como participar de la alteración de las dinámicas opresivas y de las alternativas de trámite a lo que no se les ha resuelto históricamente, como la vida digna, con equidad y justicia social en los territorios.

En cuanto a los obstáculos generados desde la institucionalidad derivan del enfoque que se asume desde ella y que tiene que ver con una mirada economicista e impositiva donde la participación Ciudadana incidente no hace parte de las intenciones reales de la institucionalidad en los procesos, por el contrario, pareciera que mientras menos se participe más cómoda se siente la municipalidad. La Gestión social se convierte en una actividad sin trascendencia real en el resultado final del proyecto el cual viene diseñado desde arriba y con mucha anterioridad. La gestión Social también se convierte en el espacio para exacerbar las contradicciones entre los miembros de la comunidad, desinformar o entregar información técnica incomprensible para el ciudadano de a pie, la intención de cooptación y señalamiento de quien intente la organización de la comunidad o la oposición o crítica al proyecto, además de que la gente no cree que las consecuencias de la intervención puedan generar vulneraciones tan graves como las que en efecto produce (Villa Holguín & Insuasty Rodríguez, 2014)³.

Los costos sociales y de revictimización los asume nuevamente la ciudadanía del sector, que sigue sin entender cómo las transformaciones de infraestructura que les despojan de su hábitat, salen de su propio bolsillo, pues se hace con dinero público de las transferencias creadas, que se supone son para resolver los problemas de la población, pero serán destinadas a la acumulación del despojador.

Parafraseando la voz comunitaria, lo que desde Ruta N se nombra como “renovación económica del sector” no es más que el escenario de transformación urbanística, intervencionista, impositivo y de corte rentable para las alianzas público privadas y los sectores políticos que son representados en ellas, lo cual hace más evidente que las decisiones que afectan el territorio se seguirán tomando desde las instancias institucionales,

“pues como no se tiene cultura de participación comunitaria, se usa a la población, la cual no ha sido convocada más allá de las reuniones informativas de decisiones ya tomadas, no ha espacios deliberativos y en vista de la precaria o nula participación real de los directamente afectados, es prioridad la organización barrial que propenda por la búsqueda de la permanencia, la participación real”⁴

Siguiendo el modo de paráfrasis del testimonio de los habitantes, se es consciente que en estos procesos de transformación territorial aún es muy complejo pensar en reivindicar el derecho a la ciudad y el derecho a realizar actividades económicas en los territorios, que, entre otras, fueron forjados desde el esfuerzo comunitario, donde los sectores considerados en condición de informalidad, tuvieron un gran aporte. Hablar de resistencia y de defensa del territorio aún es idealizado, por ahora se necesita generar los espacios para que los habitantes se escuchen de manera propositiva, tratando de trascender la queja y el reclamo, buscando escenarios de formación política, organizativa y jurídica. “Los procesos de organización de las comunidades son lentos y se forjan sobre intereses variados y muchas veces contradictorios. Es difícil lograr unidad pues muchas veces la labor institucional de aumentar estas contradicciones logra su objetivo y las personas terminan encontrando en sus propios vecinos al enemigo que no le permite alcanzar sus objetivos de bienestar”⁵

A modo de conclusiones

El real ambiente de la mutación urbanista al que asistimos quienes habitamos la ciudad, consiste en preparar la infraestructura para la feria inmobiliaria y de licitaciones que desencadenará la zona franca para el software, situación que sigue a la nueva denominación de distrito de innovación, proyectadas por las alianzas público-privadas para quienes se tomarán “tacita de plata”.

La ciudad de los apelativos y los estereotipos, asume un nuevo escalón, hoy se plantea como la ciudad llamada a liderar en la región latinoamericana la adaptabilidad a la Cuarta Revolución Industrial y para ello tendrá que consolidar avances en la renovación urbanística en las dimensiones físicas, mobiliarias, tecnológicas y culturales del área metropolitana.

La “tacita de plata”, en la que solo la élite toma decisiones, a partir de las mega obras, intensifica la gentrificación, la segregación social, la expropiación y la reafirmación de la tradición relacional con el poder, a partir de la expectativa burbuja de producción futurista, estetizada y aséptica socialmente, donde vía administración de turno, los especuladores de la construcción montan el negocio de sus vidas, en detrimento de valores como la equidad y la justicia social para la población moradora del sector.

La visión de progreso enquistada en la población, condiciona la gobernanza en la región, dando más elementos para entender por qué el ambiente societal del Valle de Aburrá, no logra trascender los intereses de cacicazgos y clientelas, que se fortalecen en la cultura de la representación, en detrimento del principio de la participación y la democracia directa.

El impulso del proyecto Ruta N en el plan de desarrollo territorial y la conversión a distrito de ciencia, tecnología e investigación, implica exacerbar en problemáticas que aparecen como heridas que no han sanado socialmente, en el perímetro a intervenir, sus afectaciones presentes y futuras deben invitar a la reflexión sobre el contexto de lo que nos pasa como sociedad. Aunque no hay como medir las consecuencias futuras, si es necesario advertir según lo que ha vivido en especial la población moradora en dicho contexto, la intervención en la cotidianidad de la comunidad es el relato aún por registrar.

¿Qué pasará con los espacios intervenidos por el plan de distrito de innovación y en especial en el entorno de la Eco-ciudad? espacios que tradicionalmente ya tienen unas dinámicas sociales. Lo más seguro es que una gran arte de personas pertenecientes a las comunidades moradoras entre chagualo y Moravia tendrán que salir de su tejido territorial en pro del desarrollismo neoliberal. Estas maniobras de privatización de los suelos y territorios, implica en actitud formativa a las ciudadanías organizadas y a las academias críticas a construir con las comunidades los elementos para que la ciudadanía entienda que no solo los negocios de los dirigentes y sus clientelas mercantiles beneficiadas, representan el desarrollo integral de la población de Medellín y la región.

La participación y la educación son derechos integradores de muchos otros derechos por ende los colectivos y comunidades sensibles con las problemáticas de las poblaciones moradoras víctimas del desarrollismo neoliberal, tendrán que prepararse para agudizar los debates y las controversias como sociedad. Se hacen urgentes las campañas de concientización a la población de que los cambios proyectados en el POT en su mayoría, responden a unas finalidades ajenas al bienestar común. Y que está en desarrollo el despojo soterrado de los territorios comunitarios.

Referencias bibliográficas

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Cisneros, J. (febrero-marzo de 2007). La Privatización del Espacio Público. Análisis conceptual. Razón y Palabra, (55). http://www.razonypalabra.org.mx/anteriores/n55/jcisneros.html

Fals Borda, O. ( julio-septiembre de 1993). Investigación participativa y la intervención social. Documentación Social. Revista de estudios sociales y de sociología aplicada(92), 9-22. https://docplayer.es/63328755-La-investigacion-participativa-y-la-intervencion-social.html

Mercado, D. A. (17 de mayo de 2020). ¿Qué significa que Medellín se convierta en una 'ecociudad'? El Tiempo. https://www.eltiempo.com/colombia/medellin/que-significa-que-medellin-se-convierta-en-una-ecociudad-496218

Ospina Trejos, O. M. (mayo de 2019). Caracterización económica y empresarial de la Comuna 10 - La Candelaria. Revista Antioqueña de Economía y Desarrollo – RAED, (21). https://www.camaramedellin.com.co/DesktopModules/EasyDNNNews/DocumentDownload.ashx?portalid=0&moduleid=569&articleid=500&documentid=153

Portafolio. (2 de septiembre de 2020). Llegaremos a ser el Silicon Valley de la región’: Iván Duque, Bogotá. Portafolio. https://www.portafolio.co/economia/gobierno/llegaremos-a-ser-el-sillicon-valley-de-la-region-ivan-duque-544236

Ruta N. (2016). Medellín: de polo industrial a hub mundial de innovación. de Ruta N: https://www.rutanmedellin.org/es/nosotros/ruta-n/medell%C3%ADn-hub-mundial-de-innovaci%C3%B3n

Villa Holguín, E., & Insuasty Rodríguez, A. (2014). Capital, sujeto y ciudad. Lecturas de la ciudad y la crisis humanista. El caso Medellín. El Ágora USB, 14(1), 87-96. https://doi.org/10.21500/16578031.122

Notas